El Tribunal Constitucional, mediante sentencia dictada por su Sala Primera el pasado 20 de junio de 2011, y notificada ayer a las partes, ha otorgado amparo a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, reconociendo su derecho de petición ejercido ante las Cortes de Aragón, y ha anulado los acuerdos de la Mesa de las Cortes de Aragón de 14 y 30 de abril de 2009, por los que se inadmitieron las peticiones de la Asociación en las que se solicitaba la creación de una Comisión especial para la elaboración de un código de conducta pública aplicable a las instituciones de la Comunidad Autónoma y de una Comisión de investigación para esclarecer las posibles irregularidades existentes en los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, por el uso fraudulento de una parte importante de sus puestos.
La Mesa de las Cortes no dio curso a ninguna de las dos peticiones y decidió inadmitirlas, alegando que la Asociación peticionaria no disponía de legitimación para realizar tal tipo de peticiones y que, además, las mismas constituían una injerencia en la actividad parlamentaria, razones que el Tribunal Constitucional rechaza con absoluta rotundidad, al entender que tales peticiones tenían perfecto amparo en el derecho de petición y que la Mesa efectuó un juicio de oportunidad respecto a su contenido que sólo le correspondía realizar a la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón.
La Asociación valora muy positivamente el inequívoco pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que viene a restablecer la función de mecanismo de participación directa en los asuntos públicos que la Constitución Española otorga al derecho de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española y regulado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, derecho calificado en la citada Sentencia como “derecho de participación democrática y ciudadana”.
El Tribunal Constitucional, en los fundamentos jurídicos de la sentencia, señala: “La petición ejercida en el ámbito parlamentario, además de una libertad civil, es también expresión, cuando responde a un interés público o general, de un derecho de participación política, ejercitado individual o colectivamente. Un derecho político democrático que permite a los ciudadanos comunicarse con el poder político, y que potencia la interrelación entre los Parlamentos y los ciudadanos y coopera a que los parlamentarios conozcan las preocupaciones de la sociedad a la que representan, así como las demandas políticas y las opiniones de los individuos y de los actores sociales. Aunque evidentemente las Cámaras no queden comprometidas a actuar en el sentido reclamado por el peticionario, sin duda la petición puede estimular la actividad parlamentaria, favorecer que se lleve a cabo de modo más eficaz la función de control del ejecutivo, o incluso que se articulen nuevas inicitivas legislativas. El derecho de petición es en ese ámbito, materialmente, un derecho de participación democrática y ciudadana”.
Frente a los argumentos esgrimidos por la Mesa de las Cortes de Aragón para inadmitir las peticiones efectuadas por la Asociación, afirma el Tribunal Constitucional en su sentencia: “La Asociación recurrente no pretendía ni interferir en el funcionamiento parlamentario, ni menos aún sustituir el procedimiento de creación de esas comisiones o sustituir en el mismo a los órganos parlamentarios competentes, sino, antes bien, como hemos dicho ya, hacer llegar su propuesta (que en este caso suponía también una queja) para que aquellos órganos, los grupos parlamentarios o los parlamentarios individuales legitimados para instar la creación de dichas comisiones, pudieran considerar la oportunidad de constituirlas”.
Concluye la sentencia del Tribunal con una afirmación que coloca a los ciudadanos en el centro del sistema democrático: “No cabe, en principio, excluir ningún asunto público de la esfera de preocupación o interés público de los ciudadanos, por lo que ha de concluirse que la Mesa de la Cámara ha lesionado el derecho de petición (art. 29.1 CE) en el presente caso”.
La Asociación celebra que su batalla jurídica en defensa de un derecho fundamental de participación en los asuntos públicos como es el derecho de petición, que ha ejercido de forma reiterada ante las Cortes de Aragón y el Gobierno de Aragón, se haya visto respaldado por el Tribunal Constitucional ante una vulneración frontal como la realizada por la Mesa de las Cortes de Aragón, al haber llegado a sostener la falta de legitimación de la Asociación para solicitar o proponer la constitución de determinadas comisiones parlamentarias –para tareas de avance en cuestiones de ética pública o control de abusos del Gobierno en la utilización de puestos de personal de confianza- y tildar incluso las propuestas de injerencia en la actividad parlamentaria.
Como bien dice el Tribunal Constitucional, no hay injerencia alguna en el ejercicio de un derecho constitucional de participación política como es el derecho de petición, sino comunicación, colaboración e interrelación entre el Parlamento y los ciudadanos a los que representa. Esta declaración del Tribunal Constitucional recompensa todo el esfuerzo realizado para defender el respeto y la vigencia del derecho de petición en el seno de las instituciones de nuestra Comunidad Autónoma. Esperamos que al igual que el Tribunal Constitucional ha declarado vulnerado tal derecho por la actuación de la Mesa de las Cortes de Aragón, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo declare igualmente vulnerado por la reiterada falta de respuesta al conjunto de peticiones que desde la Asociación se han dirigido al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, durante los últimos cuatro años.
Es un motivo de enorme satisfacción para la Asociación que el presente fallo del Tribunal Constitucional, sobre el derecho fundamental de petición, se sume al obtenido hace unos meses del Tribunal Supremo, sobre el derecho fundamental de acceso a la función pública. Cuando desde esta Asociación hemos venido denunciando el desdén por la legalidad y la reiterada vulneración de derechos fundamentales por los responsables institucionales de nuestra Comunidad Autónoma, sin lograr modificación alguna en las actitudes denunciadas, no podemos negar el enorme valor que representa que nuestras denuncias se hayan visto respaldadas por los dos órganos jurisdiccionales de mayor relieve de nuestro Estado, como son el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Esas ilegalidades que nosotros hemos venido denunciando, hoy han quedado declaradas por sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Confiamos en que ambos pronunciamientos sirvan para que los nuevos responsables de las instituciones afectadas –Cortes de Aragón y Gobierno de Aragón- reflexionen sobre el alcance de ambos fallos, y ajusten su conducta a las exigencias que impone el ejercicio del poder público en un Estado de Derecho que atribuye a los ciudadanos derechos tan trascendentes en el ejercicio de la función pública y en la toma de decisiones públicas como son el derecho de acceso a las funciones públicas y el derecho de petición.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
14 comentarios:
Enhorabuena, aunque era de esperar este desenlace desde que supimos el contenido de las alegaciones del Fiscal. Vamos a ver ahora cómo digieren esta sentencia en las Cortes de Aragón.
¡Vaya exitazo! Cuiroso que no se haya obtenido ninguna sentencia favorable en Aragón y que en el Supremo y en el Constitucional sí. ¿Habrá que empezar a pensar en la sombra alargada del poder del Pignatelli?
Long live to Greece.
enhorabuena!
Las recientes Sentencias del Supremo y del Constitucional favorables a la Asociación demuestran, por si alguno aún no se había querido enterar, la seriedad y el rigor con que trabaja, además de las fundadas demandas y pretensiones que plantea.
Esperemos que el próximo Gobierno de Aragón sea más receptivo a la Asociación.
Por el contrario, de las nuevas Cortes de Aragón y de su Presidente, visto lo visto, ¿qué cabe esperar?
Muchas felicidades, se empiezan a recoger los frutos de cuatro años de trabajo, muchos funcionarios estamos en deuda con vosotros...
Algo de esto se recoge en la página tres del Heraldo, pero no veo nada en el resto de la prensa aragonesa. ¿No le concederán importancia al tema?
Me sumo a ese comentario que destaca cómo en Aragón se han perdido todos los recursos, mientras que se ganan en las instancias judiciales nacionales. Lo que confirma lo que siempre he pensado: que los jueces son culpables en más del cincuenta por ciento del deterioro de nuestra democracia. Y que esto es especialmente cierto en Aragón.
El Justicia coincide con el 15M en que «hace falta una regeneración democrática».
europa press
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, se ha mostrado de acuerdo con algunas de las peticiones del movimiento 15M porque «hace falta una regeneración del régimen democrático», mientras que otras de sus propuestas «son utopías» y «está bien tener utopías en la vida, pero son de difícil realización».
García Vicente ha manifestado, en una entrevista concedida a Europa Press, que el movimiento 15M «ha ido evolucionando» de forma que «en un principio era una cosa y, probablemente, ahora es otra diferente».
Este movimiento, que reúne a ciudadanos que se consideran 'indignados' con la situación política actual, promovió acampadas por todo España, ya finalizadas, en continuidad con las protestas que tuvieron lugar el domingo, 15 de mayo, bajo el lema 'Democracia real `ya!', y ante la celebración de elecciones municipales y autonómicas el pasado 22 de mayo, pasándose a denominar 15M.
El Justicia ha estimado que «es bueno que haya una sociedad civil que tenga una opinión», si bien «sería malo si esto acabara siendo el brazo de otros».
Respecto a las propuestas del 15M con las que coincide, ha considerado que es necesario estudiar la reforma de la ley electoral. En este sentido, se ha referido al sistema inglés, en el que las circunscripciones electorales son «mucho más pequeñas» y se presenta un candidato de cada partido.
De esta forma, «la vinculación del candidato con sus electores es mayor que la vinculación del candidato con su partido», mientras que en España «algunos son diputados porque los ha puesto su partido, en lugar de porque tengan una vinculación muy estrecha con los ciudadanos».
Otra opción, ha apuntado, sería el sistema francés, «donde hay una posibilidad de realizar una segunda vuelta en algunos casos, por ejemplo, en los ayuntamientos para la elección del alcalde». «No sé cuál es el sistema mejor, pero el de circunscripciones más pequeñas en las que se presenta un sólo candidato me parece un buen sistema», ha apostillado.
Nuevo Gobierno
El Justicia de Aragón ha aprovechado la reciente celebración de elecciones autonómicas para solicitar al nuevo Gobierno aragonés que «nos contesten siempre» y que «haga caso a los ciudadanos en su relación con ellos».
Por un lado, ha dicho, en estos momentos la Administración «deja de responder alrededor de 15 por ciento» de las sugerencias y recomendaciones que le formula el Justicia, mientras que antes ese porcentaje era del diez por ciento. «No responde porque ha hecho tal barbaridad que no sabe qué decir», ha argumentado García Vicente.
Respecto a los ciudadanos, ha asegurado que «la mayoría de la gente se queja aquí no porque no les den la razón en la Administración, sino porque no les hacen caso». Según García Vicente, «hay que ser amable con todo el mundo, pero más con quien no le vamos a dar la razón» ya que «a la gente hay que explicarle muchas veces porque no tiene la razón y si se lo explicas, lo entienden, sino, no».
El Justicia también ha estimado que en la labor de gobierno de una administración, «cuando hay escasez, hay que priorizar» y «hay unas cosas que son imprescindibles y otras prescindibles» y «dentro de la sanidad y la educación también hay cosas más necesarias que otras».
García Vicente ha apostado por «volver a la cultura del trabajo, del esfuerzo» y también ha comentado que «para que la gente invierta es fundamental transmitir confianza» y «el nivel de confianza ha disminuido».
heraldo.es
Veo que el artículo de hoy de Encarna Samitier en el Heraldo está dedicado a vosotros.
Es limitadísimo el eco que, por el momento, ha tenido esta sentencia, pese a su importancia. Por supuesto, nadie de la Mesa de las Cortes de Aragón se ha pronunciado respecto a la radical desautorización que el TC ha dado a los acuerdos de la Mesa, contrarios al derecho de petición.
Felicidades por vuestro trabajo, beneficia a todos los empleados públicos y a los ciudadanos. Algunos sindicatos mayoritarios en la administración autonómica tendrían que replantearse la actitud de enfrentamiento contra vuestra asociación que por cierto está haciendo el trabajo que deberían hacer ellos y que no lo hacen. ¿Se volverán más radicales con el nuevo gobierno autonómico?
Enhorabuena a la Junta de la Asociación. Es un éxito judicial más.
También quiero felicitarlos por su tesón en esta lucha. Es encomiable una actitud así puesto que vemos como el Estado de Derecho hace aguas en España: la Sentencia del Tribunal Supremo sigue sin ser ejecutada. Esta de ahora, la del Tribunal Constitucional seguramente seguirá un camino similar. Tampoco hay trascendencia pública de este tipo de pronunciamientos judiciales. No sólo le da igual a la práctica totalidad de los ciudadanos, sino que tampoco los funcionarios muestran un interés especial.
Ganamos sentencias, pero la fuerza de los partidos políticos (en general una fuerza contra los ciudadanos que somos todos, salvo ellos, los nuevos señores feudales) las convierte en papel mojado.
El poder judicial ha desaparecido como poder. Ahora sólo hay dos poderes: el económico y el político.
Estado democrático y de derecho, R.I.P.
Saludos.
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