ELECCIONES, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN: GOBERNAR O COBRAR EL BOTÍN.

Como si se tratara de secuencias sucesivas de un mismo proceso, esta semana, por fin, tras haber transcurrido casi dos meses desde la celebración de las elecciones de 22 de mayo de 2011, se procederá al debate de investidura de la candidata a Presidente del Gobierno de Aragón, y tras ello, la nueva Presidenta determinará la planta departamental de la nueva Administración de la Comunidad Autónoma y nombrará a los titulares de los Departamentos como miembros del nuevo Gobierno de Aragón. En un mismo acto se decide la composición del Gobierno y la estructura departamental de la Administración, a falta de ulteriores desarrollos.

En todo ello, como puede verse, se entrelaza la voluntad popular, el acuerdo entre los grupos parlamentarios de la Cámara elegida, la voluntad del Pleno de las Cortes de Aragón, la decisión de la Presidenta del Gobierno de Aragón y, finalmente, desemboca, como no podía ser de otro modo, en la Administración autonómica, en su estructura y en los nuevas orientaciones y objetivos políticos que han de presidir su actividad.

Llama la atención lo prolongado y lento que resulta todo este proceso, lo que incide en la tardanza en dotar de impulso a la estructura administrativa, cuya pérdida de actividad puede retrotraerse en algunos casos al momento de convocatoria de las elecciones, es decir, dos meses antes de su celebración. Si a ello se añaden las fechas veraniegas en que nos hallamos, que indefectiblemente inciden en el proceso de recambio de los órganos directivos de cada Departamento, podríamos pensar que el relevo del nivel político de la Administración Pública es un proceso que se prolonga cerca de cinco meses, algo que obviamente no parece razonable ni asumible para la gestión de los asuntos públicos.

Cinco meses sin objetivos ni rumbo, a salvo de lo que impone la inercia administrativa o la demanda de los ciudadanos en cada área de atención, es un indicio de la inadecuada articulación existente hoy entre Gobierno y Administración, o lo que es lo mismo, entre Estado democrático y Estado de Derecho, pues a ellos hay que vincular, separadamente, la naturaleza propia de uno y otra.

Habría que buscar fórmulas técnicas y organizativas que corrijan esta disfunción institucional que sufre la Administración como resultado del relevo que se produce, cada cuatro años, en su dirección política y administrativa, como son el Gobierno de Aragón y los respectivos Consejeros. ¿Por qué se detiene el trabajo administrativo, que queda sin dirección ni impulso, mucho antes del cambio de Gobierno? ¿Por qué se abandonan objetivos que son mandatos legales y no simples decisiones gubernativas? ¿Por qué los niveles de responsabilidad administrativa, como son los órganos directivos y los órganos administrativos de libre designación quedan, en su totalidad, al albur de la remoción y ocupación por los nuevos responsables?

Nos gustaría creer que las elecciones tienen como exclusiva finalidad la de generar representación, gobierno y legitimidad, que se concreta en la definición de la mayoría parlamentaria de las Cortes de Aragón y en el color político del Gobierno de Aragón al que la Cámara otorga la confianza parlamentaria, pero lamentablemente las cosas no quedan nunca ahí y alcanzan también a la ocupación de los cargos directivos y profesionales de la Administración, como son direcciones generales y jefaturas de servicio, mostrando con ello que es la Administración y una importante parte de sus puestos, en gran medida, el botín obtenido como resultado de las elecciones.

Mientras esto sea así –y en esta legislatura que ahora comienza tenemos la evidencia del pretendido reparto de los altos cargos de la Administración entre los dos partidos coaligados, como elemento de su pacto de gobierno-, hablar de la profesionalización de la Administración resulta tan necesario como quimérico, aunque bien se podrá replicar que dejar las cosas como están sería tolerar el botín de puestos cobrado por el anterior Gobierno. Deberíamos transitar hacia un cambio de cultura política y administrativa que permita reconstruir la lógica institucional de la Administración Pública y posibilitar que ésta deje de ser considerada un botín para el partido político que gane las elecciones, y pasar a estar dirigida y gestionada por profesionales imparciales que persiguen los objetivos políticos marcados por el Gobierno democráticamente elegido, desde el estricto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.