EN VÍSPERAS DE LA INVESTIDURA: CARTA DIRIGIDA A LUISA FERNANDA RUDI.

A pocos días ya del cambio de Gobierno en Aragón, dado que la semana próxima tendrán lugar el debate de investidura y el previsible nombramiento de Luisa Fernanda Rudi como Presidenta del Gobierno de Aragón, así como la reestructuración de los Departamentos de la Administración autonómica y el nombramiento de sus titulares, integrantes del nuevo Gobierno de Aragón, se ha considerado oportuno remitir un escrito a la futura responsable del Ejecutivo aragonés.

En dicho escrito venimos a reiterarle los planteamientos que ya le fueron expresados, en su día, en la reunión que mantuvo con la Asociación en su calidad de Presidenta regional del Partido Popular, y aprovechamos para expresarle la confianza en que su equipo coloque el restablecimiento de la legalidad administrativa entre las prioridades de la acción de gobierno, planteando un extenso programa de regeneración para la Administración y la función pública aragonesas.

Nos gustaría que, en el programa de gobierno que formule en el debate de investidura, el fortalecimiento de la ética pública en las instituciones autonómicas y el restablecimiento de la legalidad en la ordenación de la función pública y de la eficiencia en la gestión pública ocupen un lugar destacado, figurando como una necesidad prioritaria en sus futuras medidas de gobierno.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito remitido:

“Excma. Sra. Dª. Luisa Fernanda Rudi Úbeda
Grupo Parlamentario Popular
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería

Zaragoza, 7 de julio de 2011.

Estimada señora:

Como asociación que agrupa a un conjunto de servidores públicos a los que une la voluntad de promocionar y defender los valores y principios constitucionales que han de presidir el ejercicio de la función pública –como son, entre otros, los de legalidad, profesionalidad y ética pública-, deseamos dirigirnos a Vd. para felicitarle, en primer lugar, por haber obtenido el respaldo mayoritario de los ciudadanos aragoneses en las pasadas elecciones del 22 de mayo de 2011 y ser, por ello, la candidata a convertirse, tras el debate de investidura que tendrá lugar la semana próxima en las Cortes de Aragón, en la futura Presidenta del Gobierno de Aragón.

Ya tuvimos oportunidad en el pasado de intercambiar con usted, en el transcurso de una cordial reunión mantenida en la sede del Partido Popular, a la que acudimos atendiendo a su convocatoria, opiniones sobre el estado de la función pública aragonesa. Aprovechamos entonces la ocasión para trasladarle nuestra preocupación por la crisis de legalidad que vivía la Administración aragonesa, en especial en todo lo referido a la ordenación de la función pública. Algunas de las opiniones o iniciativas que entonces le expresamos son hoy pronunciamientos inequívocos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, en los que se constatan vulneraciones de derechos fundamentales por parte del Gobierno de Aragón, pero también de las Cortes de Aragón. Lo que dichas sentencias ponen de manifiesto no cabe, en nuestra opinión, ignorarlo o minimizarlo.

Creemos que la labor de gobierno a desarrollar, tras su investidura, ha de tener uno de sus ejes prioritarios en la ordenación de la función pública y en la racionalización del sector público generado en pasadas legislaturas, pero no sólo con el fin de procurar eficiencia y contención del gasto público, sino sobre todo con el objetivo de recuperar para nuestra Comunidad Autónoma una Administración y una función pública plenamente comprometidas con el principio de legalidad y las restantes exigencias del Estado de Derecho.

Nos agradaría que tales preocupaciones formasen parte de su propuesta en el debate de investidura y que, posteriormente, se vieran confirmadas por medidas claras de gobierno dirigidas a situar la legalidad y la transparencia, la eficacia y la evaluación de resultados como núcleo imprescindible de una nueva cultura administrativa, que permita hacer reconocible a la Administración aragonesa como organización al servicio del interés general.

Lógicamente, desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa seguiremos defendiendo, como hemos venido haciendo desde nuestra constitución en febrero de 2007, los principios constitucionales de la función pública, formulando propuestas y ejerciendo, de forma crítica, el uso público de la razón. Estamos convencidos de que con ello contribuimos al fortalecimiento de nuestras instituciones y de la cultura cívica que precisa la vida democrática.

Junto con el deseo de acierto en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y en la confianza de que las aportaciones que se hagan desde esta Asociación puedan resultar útiles para reforzar la profesionalidad y la eficacia de la Administración autonómica, reciba nuestro más atento y respetuoso saludo.


Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”