IRREGULARIDADES QUE MARCAN UNA LEGISLATURA, DE PRINCIPIO A FIN.

Hay hechos que, por su singularidad, marcan una legislatura y ponen al descubierto una forma de gobernar y de gestionar lo público. Pueden parecer asuntos menores a muchos, pero son enormemente representativos, sintomáticos de un modo de entender la función pública, como botín político y como prebenda que se concede a los leales y afines. La irregularidad, la arbitrariedad, el abuso y la desviación de poder se condensan todos juntos en la situación en que, durante estos últimos cuatros años, ha permanecido el puesto de director/a de la Biblioteca Pública de Aragón, bajo la responsabilidad de las Consejeras que sucesivamente han dirigido el Departamento de Educación, Cultura y Deporte: Eva Almunia y María Victoria Broto.

Un puesto que fue modificado arbitrariamente, con argumentos peregrinos, a comienzos de la legislatura que ahora acaba, para ajustar sus condiciones de desempeño al perfil profesional de Pilar Navarrete, tras cesar ésta en su puesto de Directora General de Cultura. Se rebajaron las condiciones de desempeño del puesto para que quedara al alcance de la directora cesante, y se abrió su cobertura a funcionarios de la administración local, para que Navarrete, funcionaria del Ayuntamiento de Zaragoza, pudiera acceder a él.

La reacción de esta Asociación ante los Tribunales, al recurrir judicialmente dicha modificación, sigue en el limbo, tras negársenos por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón interés directo para cuestionar la legalidad de una modificación que aprobaron los Consejeros de Presdencia y Economía, Javier Velasco y Alberto Larraz. Al parecer, no incumbía a esta Asociación el que los puestos de trabajo se manipulasen a antojo de los miembros del Gobierno para adecuarlos ad personam, liquidando con ello la objetividad de la organización administrativa y la racionalidad a la que ésta debe responder.

Aún hoy seguimos esperando a que el Tribunal Supremo se pronuncie no sobre la legalidad de la modificación del puesto, sino sobre la capacidad de esta Asociación para impugnar dicha modificación ante los Tribunales. Cuando llegue el fallo del Supremo, la maniobra realizada para favorecer a Pilar Navarrete estará plenamente consumada, al habérsele garantizado el destino querido durante los cuatro años de legislatura. ¿Puede alguien sentirse satisfecho con este funcionamiento del control jurisdiccional de la actuación administrativa?

Lograda la modificación del puesto para adecuarlo al perfil de Pilar Navarrete, se procedió a la cobertura del puesto, mediante una comisión de servicios. Este forma de provisión acumula igualmente numerosas irregularidades: al recaer sobre una funcionaria de otra administración, debió justificarse la ausencia de personal adecuado en la Administración autonómica, lo cual implicaría en su momento un falseamiento absoluto de la realidad, pues lógcamente existe personal idóneo y cualificado para el desempeño del puesto; las comisiones interadministrativas son de exclusiva asistencia técnica, sin poderse utilizar, como en este caso, para cubrir puestos de jefatura de unidades administrativas; existe un periodo máximo de duración de tales comisiones -de dos años, en este caso- claramente rebasado; y, por último, el puesto no ha sido incluido en concurso de provisión alguno, para que pudieran concurrir al mismo todos los interesados y ser adjudicado conforme a estrictos criterios de mérito y capacidad, haciendo valer en su caso Pilar Navarrete su idoneidad para ocuparlo.

Acondicionar un puesto expresamente para una persona -que, además, cuenta con la condición de alto cargo cesante- y atribuirle provisionalmente su desempeño con vulneración de todas las condiciones de provisión de los puestos de trabajo es algo que no cabe ignorar en estos momentos en que concluye la legislatura, sobre todo cuando las irregularidades denunciadas por esta Asociación -cuyos recursos siguen atascados en los tribunales- permanecen inalteradas como el primer día.

Las Consejeras pasan, las irregularidades permanecen. No nos queda otra opción -cuando la justicia se muestra incapaz de corregir los abusos con la agilidad deseable- que volver a insistir en los hechos y señalar a sus responsables.

No es la única irregularidad destacada en el Departamento de Educación, ni acaso la más grave, pero la irregular situación de algún alcalde de la provincia de Huesca, que cobra un sueldo público desde hace años sin haber acudido ni un solo día a su puesto de trabajo, merece un comentario específico. Cuando se habla de absentismo, no cabe silenciar el absentismo que, para algunos funcionarios y militantes de cierto partido, forma parte de sus condiciones de trabajo, irregularmente pactadas con la titular del Departamento.