El pasado 15 de marzo, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa celebró su asamblea anual y renovó su Junta Directiva, cuya primera sesión tendrá lugar este próximo martes 5 de abril. Estamos ya en pleno proceso electoral, tras la convocatoria de elecciones autonómicas y municipales publicada el 29 de marzo. Pero no por ello pueden dejar de aplicarse las leyes o los derechos de los ciudadanos pueden verse suspendidos, como parece suceder nuevamente con el referido al acceso a la función pública.
La apelación a las urnas, al final de cada legislatura, señala el carácter democrático de nuestro sistema político, pero los procesos electorales no son más que eso: el mecanismo para renovar la dirección política de nuestras instituciones.
El Estado de Derecho ha de preservarse en todo momento, haya o no elecciones convocadas. No parecen entenderlo así, sin embargo, algunos responsables políticos de nuestra Comunidad Autónoma, dada la necesidad que la coyuntura les impone de atender simultáneamente sus tareas de gobierno y sus compromisos como candidatos. Ante semejante dilema, parecen manejar a conveniencia esa doble condición, subordinando la agenda de gobierno a intereses electorales, al no ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 -y seguir aplicando los mismos criterios desautorizados- o permitir el vergonzoso estado de ejecución en el que se encuentra el proceso selectivo para Administrativos, posponiendo cualquier decisión a la fecha electoral.
Nuestro compromiso con la legalidad de la función pública nos impone justamente recordar al Gobierno de Aragón, y en particular a la Consejera de Presidencia, Eva Almunia, como miembro del Gobierno responsable de función pública, la obligación de cumplir las leyes y de ejecutar las sentencias dictadas por los Tribunales. Todo hace pensar, por los datos que van apareciendo en prensa, que la Oferta de Empleo Público para 2011 viene a ser un nuevo ejercicio de arbitrariedad política y administrativa, que no se ajusta ni a las necesidades de personal de la Administración ni al contenido esencial del derecho de los ciudadanos para acceder a la función pública.
Una Oferta como la que se nos propone, con apariencia de ajuste presupuestario, por el reducido número de plazas previsto, no es más que una doble burla a la ciudadanía: en primer lugar, porque se lesiona uno de sus derechos fundamentales, como el ya expresado; y en segundo lugar, porque tal Oferta no supone recorte del gasto público, sino precariedad del empleo público, contraviniendo con ello el principio de inamovilidad que se establece para la función pública. Resulta incomprensible que una Oferta así pueda aprobarse tras la sentencia reciente del Tribunal Supremo, y se equivoca el Gobierno si cree que puede manejar a su antojo los plazos de ejecución de las sentencias y la aplicación de las leyes.
Es preocupante observar el contexto en el que se producen decisiones como la aprobación de dicha Oferta: existe una total falta de transparencia respecto a la gestión de la función pública -no hay datos estadísticos sobre la función pública, no se publican las relaciones de puestos de trabajo, ni siquiera se publican los nombramientos del personal eventual como exige la ley-; se produce una vulneración generalizada de las normas de provisión de puestos de trabajo -la comisión de servicios desplaza al concurso de méritos, convirtiendo la excepción en regla-; y nos hallamos instalados, gracias a la irresponsable actitud de Gobierno y sindicatos, en una permanente ilegalidad retributiva, con el cobro de anticipos de una carrera profesional que ni ha llegado ni, de momento, se le espera.
Todo ello -más los enormes desafíos que nos parecen aguardar tras las elecciones, y que los candidatos prefieren no mencionar o hacerlo con sordina- obligará a la nueva Junta Directiva, saliente de la asamblea de 15 de marzo y que comenzará sus tareas esta próxima semana, un trabajo especialmente comprometido y exigente, que cabe abordar con la confianza de que los principios estatutarios de esta Asociación no sólo son cada día más necesarios, sino que constituyen el mejor criterio para afrontar la realidad actual y el posible futuro de la función pública, pues no son otros que los principios constitucionales.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
5 comentarios:
Ánimo a la nueva Junta. Somos muchas las personas que depositan en vosotroa la confianza en que alguien trata de hacer bien las cosas y luchar por nuestros derechos como ciudadanos y por que se cumpla la legalidad.
Gracias por expresaros con tal claridad sobre los rumores de la nueva Oferta Pública, que parece que será otra tomadura de pelo más. Como bien decís: ¿pero cómo se atreven a algo así después de lo dicho por el Tribuanl Supremo? ¿Este Gobierno de Aragón se cree por encima del bien y del mal?
Pero en concreto, si pudierías responderme desde la Asocación, o alguien que sea de derecho: ¿qué posibilidades hay de que se salgan con la suya?,o al revés mejor ¿¿¿no se les puede obligar a cumplir la snetencia??? Gracias por vuestra respuesta
No se publican las RPTs de trabajo, NO se publican los nombramientos del personal eventual como exige la ley,se vulnera las normas de provisión de puestos de trabajo, LA COMISION de servicios ha desplazado al CONCURSO DE MERITOS; nos hallamos instalados en la cultura del cortijo que desplazó al Estado de derecho.
Lo peror es que se produce con la anuencia del empleado público
hola como ha dicho el anterior comentario nos gustaria saber que pasos va a dar la asociación para que ejecuten la sentencia del TS y que si piensan tomar medidas también con la idea de la DGA de quitar los laborales de clase E para privatizarlos ya que en esta oep 2011 no ha salido ninguna plaza. GRACIAS Y ANIMO.
El empleado publico serio, lo que quiere es tener la oportunidad de aprobar unas oposiciones para dejar de pertenecer al "grupo mangoneado" y defender el cumplimiento de la legalidad con el respaldo de ocupar una plaza por meritos propios, capacidad, igualdad y publicidad. Ya sea por una concurrencia libre o una provisión de puestos de trabajo. Y no como hasta ahora, a través de interinajes y comisiones de servicio. En la actualidad estan los serviles del politico con sus comisiones de servicio en el aire y los siervos con una interidad de duración indeterminada.
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