NO CEDER A LA INERCIA NI AL FATALISMO.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa no tiene intención de ceder o abandonarse a la inercia y al fatalismo que parecen ganar el ánimo de un importante y creciente número de ciudadanos y servidores públicos –la ética cívica y la ética del servicio público son vasos comunicantes, y el tono de cada una de ellas inevitablemente incide en el tono de la otra-, pues estamos convencidos de que la vida pública se puede y debe regir por valores y principios de mayor transparencia y exigencia. Y a ello debemos contribuir desde nuestra doble condición de ciudadanos y de servidores públicos.

Sin renunciar a la libertad de los modernos –la independencia personal y la autonomía para conducir la propia vida-, aspiramos a practicar la libertad de los antiguos –la intervención en los asuntos públicos mediante el ejercicio activo de la ciudadanía-, rechazando la idea de que ambas dimensiones de la libertad se interfieran o excluyan. Por el contrario, consideramos que ambas libertades se potencian recíprocamente y su ejercicio conjunto son la expresión más ajustada de la ciudadanía en un Estado democrático y de Derecho.

De libertad y responsabilidad cívica hablamos. Las cosas no suceden porque tengan que suceder, no hay leyes inexorables que determinen el desarrollo de los acontecimientos y nos impongan un progresivo e inevitable deterioro de nuestras instituciones y de nuestra forma de gobieno: queremos seguir pensando que las ideas, actitudes y voluntades de las personas resultan decisivas para configurar la realidad social y política de un país y para determinar las pautas de conducta de los poderes públicos e instituciones. La sociedad decente y la sociedad civilizada a la que debiéramos aspirar no se alcanzará sin el esfuerzo y el concurso de todos.

Todos contribuimos, con nuestra actitud, a la cultura organizativa vigente en nuestras Administraciones y también al grado de civismo y de cultura democrática de nuestra sociedad. No somos los únicos responsables, ni tal vez los principales, pero somos responsables también, por acción o por omisión. Quien no reacciona frente a una injusticia o una ilegalidad, está contribuyendo a su repetición o consolidación. Por eso, tantas veces nos hemos visto obligados a reaccionar en defensa de la legalidad –ante los incumplimientos del Gobierno de Aragón y de otras instituciones públicas-, pues ni ciudadanos ni servidores públicos podemos admitir con normalidad o indiferencia que las leyes se vulneren o inapliquen por los responsables políticos, sustituyendo el gobierno de las leyes por el dominio de la arbitrariedad.

Esta Asociación seguirá firme en su compromiso con los valores de la legalidad y la ética pública e invita a todos, ciudadanos y servidores públicos, a abandonar actitudes de desistimiento y a retomar la defensa activa de los valores democráticos y de los principios constitucionales.