viernes, 8 de enero de 2010

LA ASOCIACIÓN PIDE A LAS CORTES GENERALES GARANTÍAS PARA LA LEGISLACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO.

El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, se ha dirigido hoy por escrito al Congreso de los Diputados y al Senado, para reclamarles medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de la legislación básica estatal –contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público- en materia de acceso al empleo público, al entender que su respeto afecta al ejercicio del derecho fundamental de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad por parte de los ciudadanos españoles, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Dicha petición se hace a la luz de la reciente sugerencia del Justicia de Aragón, motivada por la falta de aprobación de Oferta de Empleo Público por el Gobierno de Aragón en 2008, en la que dicha Institución recuerda al Ejecutivo autonómico la obligación de aprobar anualmente la Oferta de Empleo Público, tal y como prevé la legislación aplicable.

Los derechos fundamentales son indisponibles por parte de los poderes públicos, lo que motiva que ningún poder público –estatal o autonómico- pueda dejar de adoptar aquellas medidas que establece el ordenamiento jurídico para asegurar su realización óptima por los ciudadanos.

La aprobación anual de la Oferta de Empleo Público constituye, así, una medida de ordenación administrativa imprescincible para la realización de los posteriores procesos selectivos que aseguren el acceso de los ciudadanos a las funciones públicas conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Su falta de aprobación, cuando existen necesidades claras de personal, como lo evidencia la presencia de un innumerable contingente de funcionarios interinos en el conjunto de la Administración –en una proporción que puede rondar entre el 25 y el 30 por ciento del total de la plantilla-, constituye un claro exponente de la arbitrariedad con que el Gobierno de Aragón, y muy en particular los responsables de función pública -como son el Consejero de Presidencia, Javier Velasco, y el Director General de la Función Pública, Antonio Brun- gestionan la política de personal en la Administración autonómica.

Ante dicha arbitrariedad, que ha llevado a la no aprobación de Oferta de Empleo Público en 2008 –como ya sucedió en los años 2005 y 2006-, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa apela al papel que han de jugar las instituciones del Estado –Gobierno y Cortes Generales- para asegurar el respeto en todas las Comunidades Autónomas de las obligaciones que impone el Estatuto Básico del Empleado Público.

Sin dicha función de vigilancia y garantía en el respeto de la normativa estatal, en particular cuando incide en el ejercicio y disfrute de derechos fundamentales, difícilmente cabría hablar de una ciudadanía española. Los derechos que la misma comporta –los que la Constitución reconoce- no pueden conculcarse por las Comunidades Autónomas, de forma arbitraria, sin que tal actitud conlleve la oportuna reacción o sanción por parte de los órganos del Estado.

Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito de petición dirigido por el Presidente de la Asociación al Congreso de los Diputados:

“Mesa del Congreso de los Diputados
Congreso de los Diputados
C/ Floridablanca, s/n.
28071-MADRID

Zaragoza, 8 de enero de 2009.

Estimados señores:

En mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, me permito remitirles una copia de la resolución del Justicia de Aragón, motivada por la queja formulada por esta Asociación, en la que dicha Institución recuerda al Gobierno de Aragón el deber de aprobar anualmente la Oferta de Empleo Público, tal y como prevé la legislación aplicable.

El Gobierno de Aragón, en los últimos cinco años, no ha aprobado Oferta de Empleo Público para el ámbito de la Administración General en los años 2005, 2006 y 2008. Frente al incumplimiento de dicha obligación en el año 2008 esta Asociación, constituida en febrero de 2007, formuló la oportuna queja ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo, sobre la cual se ha pronunciado recientemente la primera de dichas instituciones, en el sentido ya expresado.

El acceso al empleo público en condiciones de igualdad es un derecho fundamental de los ciudadanos, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Por tratarse de un derecho fundamental de configuración legal, lo cual no lo priva de su indisponibilidad por parte de los poderes públicos, su ejercicio ha de efectuarse en los términos previstos por la Ley, imponiendo ésta a las respectivas Administraciones la obligación de aprobar anualmente una Oferta de Empleo Público con la que atender las necesidades de personal de nuevo ingreso, debiendo incluir en dicha Oferta, de forma necesaria, las plazas cubiertas por personal interino.

El incumplimiento de dicha obligación, prevista tanto en la legislación básica estatal como en la legislación autonómica propia, no sólo supone un deterioro en el funcionamiento de la función pública, con las numerosas disfunciones generadas por amplias tasas de interinidad, sino que, fundamentalmente, lesiona de forma antijurídica –por incumplimiento del deber legal establecido- el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad.

Creemos que las diferentes instituciones del Estado –fundamentalmente, el Gobierno y las Cortes Generales- han de mostrar un cuidado especial en garantizar el respeto de la legislación básica estatal por parte de todas las Comunidades Autónomas, asegurando con ello el propio contenido de los derechos atribuidos a la ciudadanía que corresponde a todos los españoles.

En consecuencia, en ejercicio del derecho de petición recogido en los artículos 29 y 77 de la Constitución Española, nos dirigimos a esa Cámara para instarle la adopción de aquellas medidas que estime más oportunas para garantizar el cumplimiento de la legislación básica estatal, en lo que atañe al acceso al empleo público, en el conjunto de las Administraciones Públicas, evitando que puedan darse situaciones como la de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la que, en los últimos cinco años, se acumulan ya tres ejercicios en que se incumple el indicado deber legal.

Agradeciéndoles anticipadamente su atención, reciban nuestro más atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

36 comentarios:

Anónimo dijo...

Sin desfallecer, cansinos como la gota malaya.

Anónimo dijo...

Aquí en Aragón se dice lo mismo de forma más grosera: pero dejemos las clases de "oregonés" para el erudito Javier Coronas.

Anónimo dijo...

Gracias compañeros, seguid así.Los aragoneses no merecemos esta Administración opaca, arbitraria, feudo de unos cuantos con derechos de pernada dribladores de la ley y la norma, con privilegios que ningun estado de derecho debería consentir.
Somos ya muchos los que estamos con vosotros y es de esperar que la cosa vaya a mas. Enhorabuena, este es el camino. De paso deberían tomar nota otras "organizaciones" mejor consideradas por el gran poder, al que presten su servicio, chupadores de nuestros impuestos.

Anónimo dijo...

Aprecio que el nuevo año no ha privado de su empuje a los miembros de esa asociación. Avanti.

Anónimo dijo...

Es vital acudir a las instituciones políticas del Estado: lo que sucede en Aragón debe resonar en las instituciones de Madrid, para que reaccionen los que todavía tienen sentido de Estado, preocupación por la construcción de un sistema respetuoso de valores y derechos.
Aquí todo parece perdido.

Anónimo dijo...

NOTICIA EN ARAGON DIGITAL:

El alcalde de Teruel se compromete a impulsar un código de buen gobierno en el Consistorio.

El alcalde de Teruel, Miguel Ferrer, va a impulsar la aprobación de un Código de Buen Gobierno en la ciudad de Teruel según ha informado la Asociación para la Defensa de la Función Pública. Desde esta entidad han mostrado su “satisfacción” por la decisión del primer edil turolense, aunque recuerdan que llega tarde.

Zaragoza.- El alcalde de la ciudad de Teruel, Miguel Ferrer, ha comunicado a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa que impulsará la aprobación de un código de buen gobierno para la administración municipal de la ciudad de Teruel.

La asociación ha expresado su “satisfacción” por la respuesta del máximo responsable del Ayuntamiento de Teruel, cuyos términos resultan claros e inequívocos. Sin embargo recuerdan que esta decisión ha llegado tarde.

“Hubiera sido igualmente deseable que la respuesta ahora dada por el responsable del Ayuntamiento turolense se hubiese producido sin necesidad de la intervención del Justicia de Aragón para recordarle la obligación legal de dar contestación expresa a la petición formulada”, han indicado desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública.

No obstante, desde la asociación han destacado el “valor” de la decisión de Ferrer. "Dicha iniciativa contiene un compromiso muy superior al adquirido por los Ayuntamientos de Zaragoza o de Huesca", han añadido fuentes de la Asociación para la Defensa de la Función Pública

Anónimo dijo...

Todo fluye, nada permanece.

Anónimo dijo...

Si ni siquiera se atienden las necesidades de personal de la Administración de Justicia, como lo demuestra el reportaje publicado hoy por José Luis Barbería en "El País", cuyo primer párrafo es este:

"Dentro de tres días me iré al paro y ya estoy viendo la cara de perplejidad que me pondrán en el Inem cuando me pregunten mi oficio. '¿O sea, que usted es juez y está en paro. ¿Se está quedando conmigo?', me dirán eso o algo muy parecido. Como en ocasiones anteriores, tendré que convencerles para que llamen a su oficina central y le confirmen que digo la verdad. La gente no se cree que pueda haber jueces en paro", dice la magistrada del Tribunal Superior de Madrid Esther Morales.

Anónimo dijo...

Buena parte de la justicia que se administra en nuestro país es obra de licenciados en Derecho que no hicieron las oposiciones de acceso a la carrera judicial, pero que, basándose en sus méritos académicos y su experiencia son nombrados anualmente para ejercer de jueces sustitutos o de magistrados suplentes. Son ya más de 1.400 que se suman a una plantilla de 4.439 jueces y magistrados titulares. Pese a que los suplentes intervienen en todas las jurisdicciones -lo mismo juzgan un caso de lo penal que presiden una sala de lo civil o completan un tribunal de lo social o de lo contencioso administrativo-, la Administración les niega los cursos de formación y eso que, a veces, ellos son los que dan continuidad a juzgados sobrecargados de trabajo y poco solicitados.

JOSE LUIS BARBERIA.

Anónimo dijo...

Comentario:

Los gobernantes que hemos elegido en los ultimos años, han demostrado todos ellos poco interes por la Justicia, su desarrollo y su potenciación. Claro esta que nadie tira piedras sobre su propio tejado, pero son los políticos los menos interesados en que tengamos una Justicia eficaz, rápida y gratuita para quien no pueda pagrla. Con esas premisas y aunque los juzgados estén saturados, la mayoría preferimos un mal arreglo que un buen juez. ¡Pleitos tengas y los ganes!, dice el dicho que asegura que es la maldición del gitano, que lamentablemente es bastante ajustado a la verdad.

Anónimo dijo...

Comentario:

No es normal que exista un desfase de un 20% entre el número de magistrados necesarios y el número de funcionarios. Lo justo es que se cubran las necesidades con personal que haya opositado y sólo muy excepcionalmente se recurra a interinos en condiciones laborables dignas . No me parece normal ni conveniente que una persona pueda estar 20 años trabajando de juez interino sin presentarse a oposiciones, sin que se respeten sus derechos como trabajador, pero también sin cotizar de manera continua como el resto de ciudadanos. ¡Lo uno va con lo otro! Respecto a las dificultades de conciliar la vida familiar con la profesional por el hecho de aprobar las oposiciones, pues estas personas se encuentran con las mismas que el resto de funcionarios administrativos, docentes, sanitarios, etc... Es así: lo tomas o lo dejas. No me gustaría a mí que mi suerte estuviera en manos de una señora entre dolores de pre-parto o de un señor con una úlcera de estómago aguda.

Anónimo dijo...

Comentario:

Pues no estaría mal que este epriódico hiciera una serie de reportajes sobre las precariedades en distintos sectores y las consecuencias del deterioro de los servicios públicos y las administraciones. A ver si los ciudadanos empezamos a defender lo que es nuestro y exigimos a los políticos que hagan lo mismo, en vez de repartir la tarta entre los que tienen dinero.

Anónimo dijo...

Comentario:

Si en la empresa privada existen los contratos basura, la subcontratación, y la externalización de actividades, es triste que en la Administración Pública pase lo mismo en sectores básicos: enseñanza, sanidad y tantos otros. Y ahora nos enteramos de que en la justicia pasa lo mismo, ¡País!.

Anónimo dijo...

Comentario:

La precariedad en la administración pública es algo que afecta a muchos más sectores. Si la gente lo supiera estaría espantada. Lo digo con conocimiento de causa ya que soy interino y "fijo discontinuo".

Anónimo dijo...

Siempre estamos con lo mismo. ¡Póbrecitos funcionarios interinos! Vamos a ver, ¿cuánto cobran estos jueces interinos? ¿3000 o 4000 euros al mes? Bueno creo que a la gente "normal", les parecerá que están bien pagados. Además, ¿qué queremos? ¿que se cubran las bajas temporales (enfermedad maternidad, excedencias, estudios y muchas otras..) con personal fijo para que luego sobren y cobren toda la vida porque son funcionarios?

Anónimo dijo...

Comentario:

Por favor, hagan otro artículo hablando -con nombres y apellidos-, de los que ingresan en la carrera judicial a propuesta de los políticos amigos de turno a los que luego les resuelven, vía sentencia o auto, sus problemas con la justicia. En Canarias tenemos algunos o algunas que no se cortan un pelo en intervenir en los asuntos de quienes le han dado el cargo para taparles las vergüenzas.

Anónimo dijo...

Comentario:

Es increíble que en un país donde nos consideramos europeos, la precariedad laboral de las distintas administraciones sea superior a la de las empresas. Con lo que la imagen del estado que debería estar por encima de todo, se deteriora más cada día. Señores políticos, es necesario que se pongan de acuerdo y solucionen los problemas que tienen todos los ciudadanos, tanto privados como públicos, y podamos presumir de tener algo bueno en este país.

Anónimo dijo...

Comentario:

Me parece terrible.En la Universidades públicas se contrata a personas con Masters y demás como "auxiliar administrativo" y sólo como fijo discontinuo, cuan de les exige una cualificación enorme ¿Cómo puede criticar nadie lo que hagan los empresarios si la empresa pública hace estas cosas?

Anónimo dijo...

Comentario:

Estoy preparando una oposición por turno libre del grupo A2, y superado el primer exámen, me cae la cara de vergüenza viendo lo "preparados" que van los de promoción interna. Para ellos la mitad de las plazas y las que queden sin cubrir de los libre, para ellos la nota de corte para aprobar más baja, para ellos la plaza directamente.

Anónimo dijo...

Comentario:

Todo eso de la estabilidad , de a igual trabajo... está muy bien.El problema es que la forma objetiva de obtener eso es una OPOSICION y quien no la pasa ya puede dar gracias(y él sabrá a quien) por estar trabajando.Lo más grave es cuando piden oposiciones con mochila, porque cuando entran , entran con los mismos derechos que quien ha ganado la plaza en un proceso limpio y seguramente, con lo acostumbradosque están a "orientarse" acabarán por encima de aquel.

Anónimo dijo...

Comentario:

Sin dejar de reconocer el trabajo de los jueces sustitutos y la vergüenza que supone que el Estado no les reconozca ciertos derechos como a otros trabajadores, es iinclasificable el hecho de que tengan que cubrir el 20% de plazas así, y con 4000 opositores no sean capaces de llenar 300 plazas todos los años, casi 400 temas, 3 exámenes (2 de ellos en el Tribunal Supremo), y todo ello encerrado varios años en tu habitación...para que el tribunal considere que los opositores somos unos vagos, ineptos, y no estamos preparados; y sin embargo por "meritos" más que discutibles otros ya puedan estar ejerciendo ahorrándose los años varado en tierra de nadie.

Anónimo dijo...

Comentario:

¿Qué tal si en medicina, en ausencia del cirujano titular, operara un estudiante de tercero de carrera... primo del cirujano ausente? La verdad es que sería una buena solución para las listas de espera, me parece: al paciente lo operarían en tiempo y encima probablemente casque enseguida. Doble beneficio para el seguro. Pues en la judicatura esto viene pasando desde siempre con toda normalidad.

Anónimo dijo...

Comentario:

Os dais cuenta de lo que esto significa ? En un "estado de derecho" con el que se llenan la boca nuestros politicos ? Dios nos guarde !!!!!

Anónimo dijo...

Comentario:

Qué fácil (y qué manido) criticar el sistema de ingreso en la Carrera Judicial!... pero vivirlo, pasarlo y aprobarlo... ay! eso es harina de otro costal! Y cuando después de sufrir los 4 o 5 años de oposición, y los 2 de formación resulta que hay plazas que no salen a concurso para los nuevos jueces y están ocupadas por sustitutos, realmente es para preguntarse, ¿quien es el juez de segunda? Los sustitutos tienen a su alcance, como cualquier otro ciudadano, la posibilidad de ser titulares... OPOSITAR!!

Anónimo dijo...

Comentario:

Es el mismo problema que con los miles de funcionarios interinos que trabajan en los Juzgados. De reprente se produce una baja o todo un Juzgado y a los quince días te llegan siete u ocho personas que nunca han trabajado en la Justicia. Ya se pueden imaginar el caos, ya que estamos hablando de un trabajo muy técnico y en el que se compromete derechos de personas y temas económicos muy serios. Solución: convocatoria de miles de puestos en oposiciones.

Anónimo dijo...

Comentario:

Porqué razón los medios públicos sólo hablan de los funcionarios de más rango, cuando miles y miles de administratitivos y otras especialidades están en la misma situación. Sr. Corbacho, salga a la palestra pública e informe sobre la composición de la estructura funcionaral del Estado y de las CCA. Cumpla con su trabajo y deje de presumir en las mesas sociales y empresariales.

Anónimo dijo...

Comentario:

un juez es el que aprueba una oposicion, lo de los "meritos". que risa maria luisa.....Para trabajar en justicia, oposicion pura y dura, desde el agente al juez, ni concursos, ni meritos, ni chorradas...o p o s i c i o n...por cierto los sustitutos no me dan ninguna pena, saben a lo que van y ejercen por un tiempo un cargo que en circunstancias normales requiere aprobar una oposicion dura....lo que hay que hacer es cambiar el sistema...los jueces sustitutos deben ser tambien con oposicion ..se les paga un plus por disposicion,km dietas o lo que sea. pero es una barbaridad que haya gente poniendo sentencias.." por meritos" una barbaridad!, y repito no me dan pena.ya que ellos son los primeros que se quieren aprovechar de este anomalo sistema..quieres ser juez y no estar en el paro?..pues no te apuntes a la bolsa, aprueba una oposicion...pero pena ninguna

Anónimo dijo...

Comentario:

Y tenemos de vicepresidenta 1ª del gobierno una Jueza, "toma congruencia"

Anónimo dijo...

Comentario:

Leer artículos como este es más "informativo" sobre el verdadero nivel del pais que hacerlo sobre los muchos informes del Mº de Economia que intentan convencernos de que somos la octava potencia económina. Si a alguien le queda alguna duda sobre el nivel de pais solo tiene que analizar los valores sobre los que asentamos nuestro desarrollo social dedicando unas horas a observar de manera crítica lo que nos presenta la televisión (corrupción política, ensalzamiento de figuras cuyo único mérito ha sido llevarse a la cama al famoso de turno, juventud que si pudiera viviría en un "botellón" permanenente ... En fin, reconozco que tambien hay otra España que trabaja y lucha por contrarrestar esta forma de hacer instlada.

Anónimo dijo...

Comentario:

esto de la función pública hay que racionalizarlo mejor (unos puestos donde no se hace nada, porque no hay trabajo suficiente y demás "causas", y otros puestos sobrecargados).

Anónimo dijo...

Comentario:

Nunca se solucionara. En USA los terratenientes sureños jamas se plantearon liberar a sus exclavos, tuvo que haber una guerra civil para solucionarlo. Es mas barato un exclavo que un trabajador, es mas barato sacar continuamente nuevas leyes en la television que hacer cumplir las existentes, es mas barato que los ordenadores se usen en los juzgados como simple maquina de escribir que interconectarlos, es mas barato una justicia africana que una europea. Además, ningun partido la informatizarira porque exige una inversion a 10 o 20 años, y sera otro el que se lleve el merito del que comienze. Nadie se saldra jamas del simple calculo politico-economico.

Anónimo dijo...

Comentaro:

El problema no son esas condiciones, sino que no se permiten a los pequeños empresarios cuando, como vemos, tanto el estado, las autonomías y todas las multinacionales con políticos comprados, pueden hacer lo que les venga en gana. Desde contratos ILEGALES durantes décadas sin despido o con salarios por debajo del mínimo, cuando una pyme se le obliga a hacer indefinido a todo el mundo. DEMOCRACIA=VENDIDA, queda demostrado que manda el dinero

Anónimo dijo...

Comentario:

Lo digo por experiencia, los jueces sustitutos NO tienen ningún filtro técnico para ser nombrados como tales. Y, por lo general, trabajan peor que los titulares (por falta de dedicación o por falta de preparación o por ambas cosas). Es decir, dan una justicia de peor calidad, sobre todo en la primera instancia. Además, algunos de los jueces sustitutos les entra tal engreimiento con el "cargo" que hacen cosas más raras que los titulares. Supongo que lo mismo pasa con los médicos. Por ello creo que es imprescindible superar la interinidad en áreas tan claves como la Justicia y la Sanidad. Redundaría en beneficio del ciudadano

Anónimo dijo...

Comentario:

En esta sociedad todos queremos cruzar el rio sin mojarnos, hacer tortilla sin romper huevos. Pues o lo uno o lo otro, queremos una justicia digna, pues hay que pagarla. Los peces grandes siempre se comeran a los chicos. Todos vamos al gran Carrefour porque nos vende mas barato que la pequeña tienda, el gran Carrefour por su parte consigue esos precios exprimiendo y pagando una miseria al pequeño agricultor. Cuando los agricultores protestan, entonces vemos que a lo mejor hay que pagar mas al Carrefour. El problema se agrava porque el corrupto Carrefour sube los precios tras las protestas y dice que ahora les paga lo que les corresponde, pero luego nos enteramos de que ahora les paga todavia menos y que lo que ha hecho es aumentar sus margenes. Que queremos justicia europea o africana. Si la queremos buena hay que pagar el sobrecoste, eliminando tambien a los comisionistas ministeriales. Porque se pone en libertad a los presos al poco de entrar en la carcel, porque prometen endurecer penas y luego es al reves, pues por que no hay sitio fisico en las carceles y para solucionarlo habria que pagar carceles nuevas. La pregunta es queremos pagar el sobrecoste de todo esto. Tendra la valentia algun partido de decirnos que la solucion existe pero que tenemos que pagarla.

Anónimo dijo...

Comentario:

En las oposiciones a Judicatura, cada año quedan plazas sin cubrir (curiosamente un numero similar por tribunal), por lo que es facil deducir que es una consigna "no oficial", porque no es estadisticamente comprensible esa igualdad en dejar plazas. Sobre el criterio parta designar a los Jueces y Fiscales sustitutos, no existe transparencia para saber como se han designados, pero en el caso de los Jueces y Magistrados ¿que independencia pueden tener? si su empleo o renovación de su contrato, depende de una decisión administrativa no muy clara.

Anónimo dijo...

¿Y la publicación de las relaciones de puestos de trabajo?