GRACIAS A LA INTERVENCIÓN DEL JUSTICIA DE ARAGÓN.

Gracias a la decidida intervención del Justicia de Aragón, al admitir y tramitar las quejas formuladas por esta Asociación por la falta de respuesta a sus escritos de petición dirigidos a alcaldes y presidentes de diputaciones provinciales, unos y otros se han visto en la necesidad de cumplir con la obligación legal de dar respuesta a las solicitudes formuladas al amparo del derecho fundamental de petición. La propuesta planteada se refería a la aprobación de un Código de Buen Gobierno para su Corporación -local o provincial-, a semejanza de lo ya hecho por el Gobierno de España en el año 2005 y conforme a lo propugnado para todas las entidades locales españolas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

No se trata de incidir, en este momento, en la oportunidad y eficacia que puedan tener los códigos de buen gobierno que adoptan las instituciones públicas, sino en destacar la eficaz protección dada al derecho de petición ejercido por esta Asociación por parte del Justicia de Aragón. Con ello, es cierto, no ha hecho sino cumplir la misión de protección de los derechos que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Aragón. Pero esa protección, aunque solicitada, no fue dispensada por el Defensor del Pueblo, y ello a pesar de invocarse un derecho fundamental reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española y constituir su protección la razón de ser de dicha institución estatal. ¿Qué puede haber más frustrante para un ciudadano de un Estado democrático que no ser atendido por las instituciones que tienen la misión de proteger sus derechos?

Constatar que el Justicia de Aragón ha estado una vez más a la altura de su misión institucional es un elemento de profunda satisfacción y de confianza. Los órganos de control suelen ser incómodos para quienes se ven fiscalizados -en determinados casos, como ha ocurrido con el Consejero de Presidencia, Javier Velasco, no se les facilita la información que demandan y se impide, con ello, la labor de supervisión que les corresponde-, pero, aun así, una cosa es que el Justicia de Aragón se vea impedido de resolver una queja, por falta de colaboración de la Administración supervisada, y otra muy distinta es que se resista o niegue a dar protección a un derecho de un ciudadano, incrementando así la sensación de menosprecio e impotencia provocada por la vulneración padecida, y con ello el sentimiento de desapego y escepticismo frente a las instituciones. Algo que nadie debiera tomar a la ligera.

Un ciudadano que vive bajo un régimen democrático, como titular de derechos fundamentales que la Constitución le reconoce y cuya protección proclama solemnemente, aspira lógicamente a que las instituciones los respeten cuando los ejerza. Si alguien ejerce el derecho de petición, aguarda una respuesta razonada a su petición. No espera, necesariamente, que le den la razón, pero sí que le contesten y le den las razones de la aceptación o del rechazo a su propuesta.

A algunos les puede parecer poca cosa -qué más da recibir una respuesta, si no se consigue que prospere la propuesta realizada-, pero acaso olvidan el valor que tiene por sí solo el respeto a los derechos fundamentales ejercidos por la ciudadanía. En el recibir o no respueta se resuelve la cuestión del respeto a la condición de ciudadano que invoca el peticionario, como titular de un derecho fundamental.

Son muchos los responsables políticos -entre ellos, lamentablemente, la práctica totalidad de los miembros del Gobierno de Aragón- los que se permiten despreciar de forma reiterada el derecho de petición ejercido por esta Asociación. Acaso creen que con ello dan muestras de una especial condición, cuya accesibilidad no está al alcance de cualquiera que quiera importunarlos con sus impertinentes escritos de petición, pero debieran saber que con ello lo único que logran es incrementar, eso sí, su poder, pero a costa de una merma de autoridad y de credibilidad. Un poder efímero, pues se fundamenta en el incumplimiento de las leyes y en la violación de los derechos de los ciudadanos, dos cosas radicalmente incompatibles con un sistema democrático y un Estado de Derecho.

Afortunadamente, sin embargo, la coherente intervención del Justicia de Aragón, en este caso, ha reconducido el comportamiento institucional de las diferentes autoridades locales aragonesas al marco de la legalidad constitucional, dando amparo al derecho fundamental de esta Asociación y restableciendo así la dignidad de todos, instituciones y ciudadanos. Debemos felicitarnos por ello y felicitar muy sinceramente al Justicia de Aragón por su actitud y por el éxito de su intervención.