Zaragoza, 14 de julio de 2009.
Hoy se ha conocido, a través de los medios de comunicación, que el informe emitido por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón sobre el Anteproyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad (Gran Scala) formulaba numerosas objeciones jurídicas al texto elaborado. También sugería dicho informe la conveniencia de que se solicitase un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora, máximo órgano consultivo del Gobierno de Aragón.
El dato es muy elocuente sobre el funcionamiento de nuestras instituciones y el modo en que el Gobierno de Aragón ha ejercido en este caso la iniciativa legislativa. Una información necesaria para el debate de la Ley ha sido hurtada por el Gobierno de Aragón a las Cortes de Aragón. Pero no sólo eso. No sólo no se facilitó, en su momento, a las Cortes de Aragón el informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, sino que el Vicepresidente del Gobierno, José Ángel Biel, y el Consejero de Industria, Arturo Aliaga, afirmaron una y otra vez, para hacer frente a las objeciones de los Letrados de las Cortes de Aragón, que el Proyecto de Ley venía avalado por los informes jurídicos favorables de los que disponía el Gobierno de Aragón. Un aval que ahora se revela falso.
Se dirá ahora que a los informes a los que se referían Biel y Aliaga eran los elaborados por la propia Vicepresidencia para contraargumentar a los Servicios Jurídicos. Pero no era eso lo que se decía entonces, haciendo creer a todos –diputados y ciudadanos- que los Servicios Jurídicos habían dado su visto bueno al Proyecto de Ley. Constatamos, pues, que el Gobierno de Aragón no facilitó información relevante a las Cortes de Aragón para pronunciarse sobre el Proyecto de Ley y que, además, ocultó deliberadamente el informe crítico de los Servicios Jurídicos. ¿Es ésta la forma de legislar que se quiere para nuestra Comunidad Autónoma? ¿Sin transparencia, sin información, sin veracidad y sin garantías jurídicas?
El Presidente de las Cortes de Aragón, Francisco Pina, en este proceso no ha garantizado la correcta labor de debate parlamentario del Proyecto de Ley remitido por el Gobierno de Aragón. Ni recabó del Gobierno de Aragón los informes preceptivos sobre el Proyecto de Ley, inaplicando con ello el artículo 122 del Reglamento de las Cortes de Aragón o admitiendo su incumplimiento, ni dio amparo expreso a los Letrados de las Cortes de Aragón cuando fueron públicamente descalificados por el Vicepresidente Biel por alertar sobre dudas de constitucionalidad del Proyecto normativo.
Colofón de este deficiente funcionamiento institucional es la noticia publicada hoy sobre el negativo informe de los Servicios Jurídicos sobre el Anteproyecto de Ley elaborado por el Gobierno de Aragón. Una noticia que viene, una vez más, a confirmar las sospechas expresadas desde esta Asociación. Es posible que los responsables del Proyecto de Ley, el Vicepresidente Biel y el Consejero Aliaga, menosprecien este dato, una vez logrado el objetivo de la aprobación de la Ley. Olvidan tal vez que la democracia no sólo es una forma de acceder al poder, sino sobre todo una forma de ejercer el gobierno, y los valores democráticos son incompatibles con todos los criterios por los que se ha conducido el Gobierno de Aragón en este caso.
Por todo ello, esta Asociación se va a dirigir al Presidente del Gobierno de Aragón y al Presidente de las Cortes de Aragón para expresarles la necesidad de que ambas instituciones aseguren de forma plena la transparencia y la seguridad jurídica en la tramitación de los proyectos legislativos. Igualmente va a dirigirse al Justicia de Aragón para que investigue si el Gobierno de Aragón ocultó deliberadamente información al Parlamento y faltó a la veracidad en cuanto al contenido del informe de los Servicios Jurídicos.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
14 comentarios:
¿Y no se les cae la cara de vergüenza?
PUBLICADO HOY EN HERALDO:
Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón también plantearon dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que permite la instalación de Gran Scala en la Comunidad, al igual que los letrados de las Cortes, que en un dictamen posterior se pronunciaron en el mismo sentido. Precisamente, el Ejecutivo y, sobre todo el PAR -principal impulsor de la norma-, siempre han defendido que el texto contaba con todos los informes favorables. La ley ya está aprobada en las Cortes.
El dictamen, que tiene carácter preceptivo pero no vinculante, advierte en varias ocasiones de que la norma puede afectar al principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución (lo cita hasta cuatro veces en las 22 páginas del informe).
En una de las ocasiones, incluso asegura que "hay una indefinición del marco jurídico a aplicar en esta materia (el juego) que quiebra el principio de seguridad jurídica", en referencia a que la ley solo establece que las normas atenderán a los principios y reglas de los juegos en ámbitos internacionales de configuración similar a los centros de ocio de alta capacidad. Pero no especifica qué centros ni qué reglas.
Es en este asunto en el que más contundentemente se manifiestan los servicios autonómicos. Pero también plantean "riesgos jurídicos" que podrían afectar al mismo artículo de la Constitución por "la falta de coherencia y conexión con el ordenamiento jurídico actualmente vigente en materias como turismo, ordenación territorial, urbanismo y juego". Además, señala que en algunos preceptos es "contradictoria" con la ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
En relación con la regulación del juego, los jurídicos argumentan que la doble normativa puede afectar también "a la regulación de derechos estatutariamente reconocidos", como la protección de la salud de los consumidores o la protección de la infancia.
Además, argumenta que esta ley se desvincula del ordenamiento jurídico existente sin que pueda considerarse como una ley singular o de caso único, una figura incluida en la Constitución.
¿A dónde vamos por este camino?
Vamos camino de nada, como decía en su día Labordeta.
Después de esto, ¿qué credibilidad le queda al gobierno?
Este gobierno desconoce las reglas más básicas del respeto institucional: mentir al parlamento es lo último que cabe en una democracia.
¿Hemos vuelto al antiguo régimen, justo hoy que fue abolido?
14 DE JULIO.
VIVE LA LIBERTÉ!
¿En qué piensan las instituciones?
¿Al servicio de quién trabajan?
Algo dirán los grupos parlamentarios de las Cortes, espero, y no sólo los de la oposición. ¿O es que el Parlamento y su dignidad no nos importa a todos por igual?
Panticosa, Candanchú ... algo pasa en el Pirineo, hemos matado a la gallina de los huevos de oro o de nieve, o es el resultado de la gestión de Aramón, quién sabe.
Un nuevo paso en la degradación de nuestras instituciones, con la firma inconfundible de Biel.
¿Y el visto bueno de Iglesias?
No sé por que nos escandalizamos. LOs funcionarios hacen su trabajo de una forma profesional y escrupulosamente legal. Otra cosa es lo que luego hacen los que "mandan", sin autoridad", pero con mucho poder. No es si no un ejemplo más, un peldaño más, de como se gestiona los recursos, de personal y económicos, en esta C.A. La legalidad, el respeto a la ciudadanía y a las normas, la responsabilidad ... hace tiempo que éstos políticos la olvidaron. A Biel le interesa, o más a Aliaga? Quién sabe... Y el Presidente, con dividir a la derecha en esta Comunidad, tiene su estrategia hecha.
Lo que faltaba: un Gobierno que miente al Parlamento. Y no pasa nada.
La historia continúa ...
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