Zaragoza, 15 de julio de 2009.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se dirige hoy al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, en ejercicio del derecho fundamental de petición, para solicitarle que la remisión de los Proyectos de Ley a las Cortes de Aragón se haga con todos los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos, incluidos los informes emitidos por la Dirección General de Servicios Jurídicos, asegurando con ello el cumplimiento de la obligación que el Reglamento de las Cortes de Aragón impone al Gobierno de Aragón.
No parece sostenible que tanto el análisis jurídico del proyecto normativo realizado por la Dirección General de Servicios Jurídicos como las razones del Gobierno de Aragón para aceptar o rechazar sus observaciones no se conozcan por el Parlamento ni, por lo tanto, puedan ser consideradas en el curso de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley.
Resulta del todo incoherente que unos informes no facilitados al Parlamento puedan luego ser invocados –en ocasiones, en vano- por los miembros del Gobierno de Aragón para contrarrestar objeciones jurídicas formuladas por los Letrados de las Cortes de Aragón al proyecto normativo remitido, como ha sucedido en fechas recientes con el Proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad (Gran Scala).
Al mismo tiempo que se formula tal sugerencia al Presidente del Gobierno de Aragón, se dirige similar petición al Presidente de las Cortes de Aragón, para que garantice el debido respeto a lo exigido por el Reglamento de la Cámara.
Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito de petición dirigido al Presidente del Gobierno de Aragón:
“Zaragoza, 15 de julio de 2009.
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Edificio Pignatelli
50071-ZARAGOZA
Estimado señor:
De acuerdo con lo que establece el artículo 42.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, la iniciativa legislativa corresponde a los miembros de las Cortes de Aragón y al Gobierno de Aragón, en los términos que establezcan la Ley y el Reglamento de las Cortes.
El Reglamento de las Cortes de Aragón, al regular el procedimiento legislativo común, en lo relativo a los proyectos de ley, dispone en su artículo 122.1 que “los proyectos de ley remitidos por la Diputación General de Aragón irán acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos”.
El Reglamento de las Cortes de Aragón, conforme al cual ha de ejercerse la iniciativa legislativa que el Estatuto de Autonomía de Aragón reconoce al Gobierno de Aragón, viene a exigir la remisión a las Cortes de Aragón, en cuanto antecedentes necesarios del proyecto de ley, de todos los informes preceptivos emitidos en la tramitación y aprobación del Proyecto de Ley, incluido el emitido por la Dirección General de Servicios Jurídicos.
La reciente tramitación del Proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad ha permitido poner de manifiesto la no remisión del informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos a las Cortes de Aragón, al tiempo que determinados miembros del Gobierno se referían a dicho informe para avalar la corrección del proyecto normativo.
Un buen funcionamiento institucional en materia legislativa debe garantizar al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón y a los propios servicios del Parlamento todos los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre el proyecto de ley, debiéndose entender incluido entre tales antecedentes los informes emitidos por la Dirección General de Servicios Jurídicos.
De acuerdo con ello, y al amparo del derecho fundamental de petición reconocido por el artículo 29 de la Constitución española, le solicito que, en ejercicio de su responsabilidad en la dirección y coordinación de la acción del Gobierno de Aragón, considere las medidas necesarias para que la remisión a las Cortes de Aragón de los proyectos de ley aprobados por el Gobierno de Aragón se haga conforme a lo exigido por el Reglamento de las Cortes de Aragón, acompañando cada proyecto de ley de todos los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre el mismo, incluyendo entre tales antecedentes los informes emitidos por la Dirección General de Servicios Jurídicos.
Atentamente,
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
5 comentarios:
Leo en prensa y no doy crédito al hecho de que fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón califiquen de "pobre y rebatible" el informe de los servicios jurídicos sobre el proyecto de ley de gran scala.
No tienen bastante con atacar a los letrados de las Cortes y ahora atacan también a los letrados del Gobierno de Aragón.
La falta de compostura y de saber estar de la Vicepresidencia es antológica y está causando un daño irreparable a la credibilidad de los letrados de la DGA, pero parece que buena parte de estos no se quieren dar por enterados y siguen haciéndole el juego a la Vicepresidencia. Allá ellos.
Asael significaría en hebreo "Lo hecho por Dios".
Pues si lo hace Dios, que no lo deshaga el hombre.
¿Pretende esa asociación convertirse en un observatorio de la función pública aragonesa?
No debe descartarse esa idea.
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