Zaragoza, 24 de julio de 2009.
Miguel Fernández-Palacios, Director del Gabinete del Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha dirigido un reciente escrito a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en el que señala que la petición formulada por el Presidente de esta Asociación, Julio Guiral, en relación con la necesidad de que las Cortes Generales estudien si el Defensor del Pueblo está otorgando el debido amparo al ejercicio del derecho fundamental de petición, ha sido atendida por el Presidente de la Cámara y remitida a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados para su eventual toma en consideración.
El Presidente de la Asociación se dirigió, por escrito, el pasado día 7 de julio, a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, para manifestarles su preocupación por la decisión de archivo adoptada por las Comisiones de Peticiones de ambas Cámaras, respecto al escrito remitido por esta Asociación ante la falta de protección por parte del Defensor del Pueblo al ejercicio del derecho de petición.
Esta Asociación estimó necesario dirigirse a las Cortes Generales por considerar que el Defensor del Pueblo no estaba dando el amparo debido al derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación ante los Alcaldes de las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel y los Presidentes de las tres Diputaciones Provinciales aragonesas, a quienes se solicitó, al amparo del artículo 29 de la Constitución Española, el impulso y aprobación de un Código de Buen Gobierno, peticiones que quedaron sin respuesta, salvo en el caso del Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Las Comisiones de Peticiones del Congreso de los Diputados y del Senado archivaron, sin más trámite, los escritos remitidos por esta Asociación en relación con la falta de protección por parte del Defensor.
A la vista de tal decisión, el Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, se dirigió a los máximos responsables del Congreso de los Diputados y del Senado, para insistir en la necesidad de que las Cortes Generales velen por la garantía del ejercicio del derecho de petición por parte de los ciudadanos y por que el Defensor del Pueblo, de acuerdo con la misión constitucional que le corresponde, otorgue el amparo oportuno en los casos en que dicho derecho se vulnere.
El derecho de petición, configurado como derecho fundamental por el artículo 29 de la Constitución Española, es un mecanismo de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, a través del cual cabe formular propuestas, sugerencias o iniciativas diversas a los distintos poderes públicos -que tienen la obligación legal de contestar a tales peticiones-, y su ejercicio, considera esta Asociación, debiera recibir un tratamiento y una protección muy diferentes a los que le están dispensando las diferentes instituciones del Estado, incluyendo al Defensor del Pueblo. Dicha petición se formuló, por escrito, tanto al Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, como al Presidente del Senado, Javier Rojo.
Confiamos en que las Cortes Generales, como institución que ostenta la máxima representación del puebo español, adopten una posición activa en defensa de los derechos de participación política del conjunto de los ciudadanos, incluido el derecho de petición, fortaleciendo con ello los valores democráticos de nuestra sociedad.
Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito remitido por el Director General del Gabinete del Presidente del Congreso de los Diputados:
“Madrid, 20 de julio de 2009.
Sr. D. Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
Estimado Presidente.
Acuso recibo en nombre del Señor Presidente de su carta del pasado 7 de julio en la que adjunta, en su condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, copia del escrito que le dirige la Comisión de Peticiones de esta Cámara.
El Señor Presidente ha tomado nota de su escrito y ha remitido el mismo a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados para su eventual toma en consideración.
Sin otro particular le saluda atentamente,
Miguel Fernández-Palacios M.
Director General del Gabinete del Presidente
Congreso de los Diputados”.
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Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
2 comentarios:
Bueno, lo de contestar es algo que ya habla bien del Presidente del Congreso.
Nada que ver con el desdén mostrado por el Presidente de las Cortes de Aragón a todos los escritos de la Asociación.
Si lo de la separación de poderes ya es dudoso que exista, en Aragón no cabe albergar ninguna duda: no existe. Pina antepone su condición de militante del PSOE -y delegado del Gobierno en las Cortes- antes que presidente de esa institución.
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