Zaragoza, 10 de junio de 2009.
La semana pasada concluyó el plazo para la posible impugnación de la Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón para el año 2009, sin que a esta Asociación le conste que la misma haya sido recurrida ante los Tribunales por alguno de los sindicatos mayoritarios – UGT, CCOO y CSIF- a los que se solicitó tal medida.
¿Cómo es posible que los sindicatos consientan decisiones de personal tan arbitrarias como la Oferta de Empleo Público aprobada para 2009? ¿Cómo es posible que el Gobierno de Aragón condene a la precariedad un año más, por no se sabe cuánto tiempo, a un alto porcentaje de su personal, mientras subvenciona a las empresas privadas la conversión de empleo temporal en fijo? ¿Qué clase de incoherencia domina la política de personal del Gobierno de Aragón? ¿Cuál es el sentido de la legalidad de los responsables del Departamento de Presidencia y de la Dirección General de la Función Pública?
La Oferta contenía un número de plazas ridículo en el sector de Administración General, incumpliendo las exigencias del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, en lo que hace tanto a las necesidades de personal requeridas por los diferentes servicios públicos como a la obligación de incluir en la oferta anual de empleo público las plazas ocupadas por personal interino.
Como ejemplo, baste señalar que en tal Oferta no se incluía ni una sola plaza de la Escala Auxiliar Administrativa, a pesar del ingente número de interinos que ocupan puestos de trabajo de dicha Escala. ¿Por qué las condiciones de trabajo de todos esos empleados públicos han de ser distintas a las que regula el Estatuto Básico del Empleado Público? ¿Cómo es posible que los responsables públicos incumplan la Ley sin consecuencia alguna? ¿Quién defiende el derecho de los ciudadanos, interinos o no, a acceder al empleo público en las condiciones que exige la Constitución?
La debilidad de la función pública que resulta de este irregular sistema de acceso a la misma, que lamentablemente no es exclusivo de la Administración Pública de Aragón, no supone sólo un incumplimiento de las exigencias constitucionales de nuestro modelo de Administración, sino una vulneración constante del derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos.
La crisis económica podría ser motivo para la reducción de puestos de trabajo en la Administración, pero no puede constituir una razón invocable para que las plazas estén ocupadas de forma contraria a lo exigido por la Ley.
La crisis económica no puede justificar una crisis de legalidad como la que vivimos en materia de acceso al empleo público, crisis que en estos años de recesión no es inferior a la sufrida en los años pasados de expansión, en los que el Gobierno de Aragón igualmente no sólo incumplió las normas en materia de selección de personal, sino que pareció impulsar un modelo alternativo al de la función pública mediante la creación de entidades y empresas públicas que progresivamente fueran desplazando la labor de los funcionarios.
El caso de Sodemasa y la cesión ilegal de trabajadores al Departamento de Medio Ambiente ha sido el caso más llamativo de este antimodelo, pero en absoluto ha sido el único, aunque sean muchos quienes, interesadamente o no, olvidan el resto de entidades y empresas- como Sirasa- de que se ha ido dotando, con similares fines, el Gobierno de Aragón a lo largo de los últimos años.
Un Gobierno que incumple la legalidad en materia de oferta de empleo público, deteriorando con ello la Administración Pública y menoscabando el derecho fundamental de acceso a la función pública de los ciudadanos, no debiera contar con el respaldo tácito que le brindan los sindicatos al consentir año tras año la no aprobación de oferta de empleo público o la aprobación de ofertas manifiestamente irregulares, como la de 2009.
Resulta muy preocupante que algo tan esencial en el modelo de función pública, como es el régimen de selección de personal, haya alcanzado tal nivel de degradación y que ni Gobierno ni sindicatos parezcan dispuestos a corregir la situación.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
5 comentarios:
¿para qué están los sindicatos, me pregunto?
¿Se considera peligrosa a esta asociación, o es una leyenda sin fundamento?
¿Qué es Sisara? ¿Una nueva?
¿Qué es Sisara? ¿Una nueva?
El tema de la Oferta de Empleo es sangrante. Estremece darse cuenta de la impunidad con la que el Gobierno actúa en este campo y la ligereza con la que utiliza conceptos tan elevados como el de "interés público" para amparar semejante atropello al Estado de Derecho con la connivencia "particularmente interesada" de los Sindicatos. Sorprende lo "elástica" que puede ser una norma jurídica cuando lo que se pretende es, precisamente, vulnerarla.
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