ARAGON PARTICIPA: UNA OPORTUNIDAD DE DIÁLOGO ENTRE INSTITUCIONES Y SOCIEDAD CIVIL.

Zaragoza, 18 de junio de 2009.

Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa celebramos todos aquellos avances que se impulsen desde el Gobierno de Aragón para profundizar en los mecanismos y cauces de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, sean de naturaleza ejecutiva o normativa.

En este sentido, valoramos muy positivamente la utilización de las tecnologías de la información para profundizar en los mecanismos de participación y posibilitar la intervención directa de entidades y ciudadanos –de la sociedad civil, en suma- en el proceso de elaboración de proyectos normativos que cuenten con una indudable incidencia social.

Somos defensores de un diálogo permanente entre las instituciones y la sociedad civil que sirva para que unas y otra puedan intercambiar planteamientos sobre las diferentes cuestiones de interés general, madurar y enriquecer las posiciones sostenidas, razonar públicamente las propuestas respectivas y hacer todo ello, además, de forma transparente, en un ámbito accesible a todos los ciudadanos, sin la opacidad de las reuniones a puerta cerrada, sin negociaciones secretas llevadas en paralelo a los debates públicos ni modulando las posiciones respectivas en función de concesiones alcanzadas en otros espacios de negociación.

Pero consideramos que ese diálogo, para resultar posible y fructífero, requiere de unas condiciones previas de confianza y credibilidad, por ambas partes, pero muy especialmente desde las instituciones públicas.

El poder político debe ser consciente de que el diálogo con la sociedad no puede ser, en ningún caso, razón para que los ciudadanos dejen de ejercer la necesaria función de control sobre la acción pública, con el nivel de exigencia crítica que las circunstancias requieran.

Tampoco compartimos que se pretenda que el diálogo sea unidireccional y dirigido desde el poder, sin que la sociedad civil pueda introducir en la agenda política aquellas cuestiones que no entren en los planes del Gobierno o de los grupos políticos.

El diálogo es bastante más que consultar la opinión a terceros. El diálogo implica que las instituciones democráticas incorporen entre sus hábitos los de escuchar y responder a las peticiones de los ciudadanos, y razonar el porqué tales peticiones no se consideran adecuadas o prioritarias.

Nos parece lógico que los ciudadanos quieran saber por qué el Gobierno de Aragón no considera necesario incorporar al funcionamiento institucional de la Comunidad Autónoma instrumentos de buen gobierno auspiciados desde el Consejo de Europa, la Unión Europea o Naciones Unidas y plenamente aceptados por la Administración General del Estado. No es difícil concluir que sin compromiso de buen gobierno, el diálogo ha de verse inevitablemente devaluado.

La participación en los asuntos públicos es una manifestación de responsabilidad de los ciudadanos, de preocupación por los problemas que conciernen a todos, y ese ejercicio de ciudadanía legitima la demanda de condiciones de buen gobierno, porque la participación sólo adquiere verdadero valor en el marco de una forma de gobierno que busca acrecentar su legitimidad con una forma de actuar respetuosa con los valores éticos de la sociedad.