Zaragoza, 16 de junio de 2009.
Esta Asociación, en fechas recientes, se dirigió tanto al Congreso de los Diputados como al Senado para expresarles la preocupación causada por el proceder de la Institución del Defensor del Pueblo, al no otorgar el adecuado amparo al ejercicio del derecho fundamental de petición llevado a cabo ante los Alcaldes de las ciudades de Huesca, Teruel y Zaragoza y los presidentes de las tres Diputaciones Provinciales aragonesas, quienes, en aquel momento, no habían acusado recibo ni respondido a la petición de establecer un Código de Buen Gobierno para los responsables políticos de tales entidades locales. A fecha de hoy, sólo el Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza ha dado respuesta a tal petición, adquiriendo el compromiso de impulsar un Código de Buen Gobierno para la institución provincial.
En la semana pasada, se recibió acuse de recibo del Presidente de la Comisión de Peticiones del Senado, en el que se comunica la recpeción de nuestro escrito en dicho órgano y su inclusión en el orden del día de su próxima sesión. Nuevamente, como ya hicimos con el acuse de recibo por parte del Congreso de los Diputados, debemos celebrar la transparencia de la actuación de las Cortes Generales, cuyo modo de proceder destaca en relación con el de las Cortes de Aragón, toda vez que éstas jamás han efectuado acuse de recibo –en el sentido propio que debe atribuirse a tal comunicación- de las peticiones formuladas por esta Asociación.
Entendemos además que el escrito remitido al Senado no es un escrito menor o rutinario, sino una queja altamente sensible, al dirigirse frente al proceder de la institución del Defensor del Pueblo, por desatender, a nuestro juicio, la labor de protección del derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación. De la decisión que, sobre tal cuestión, pueda adoptarse por parte de los órganos del Senado se dará cuenta en este blog.
Se reproduce, a continuación, el escrito de acuse de recibo remitido:
“Don Julio Guiral Pelegrín
Madrid, a 5 de junio de 2009
Estimado amigo/a:
Acuso recibo del escrito enviado por Vd. y recibido en esta Comisión con el número de expediente 870/000080/0001, comunicándole que será tramitado en la próxima reunión de la misma.
Esperando podamos enviarle una respuesta lo antes posible, le saluda atentamente.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PETICIONES, Gonzalo Javier Piñeiro García-Lago”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
20 comentarios:
Bueno, veremos en que queda la actuación de la Comisión de Peticiones. De entrada, no está mal que se acuse recibo del escrito.
Sucedía en mayo de 2008:
El senador del PP por Cantabria, Gonzalo Piñeiro, resaltó ayer la importancia de la Comisión de Peticiones de la Cámara Alta debido a que se trata de «un instrumento al servicio de los ciudadanos para que puedan hacer llegar sus peticiones a los organismos públicos».
Piñeiro, que presidirá esta comisión, subrayó que supone una gran satisfacción que el Grupo Popular haya decidido otorgarle esta responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que el PP sólo tiene la presidencia de cuatro de las 27 comisiones en el Senado.
La designación de Piñeiro tuvo lugar el lunes, como ya adelantamos ayer, en la reunión del Grupo Parlamentario en el Senado que presidió Mariano Rajoy, acompañado por el portavoz popular Pio García-Escudero.
Asimismo, Piñeiro mostró su satisfacción por haber sido elegido vocal de otras cuatro Comisiones del Senado. Se trata de la Comisión de Suplicatorios; la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo; la Comisión para la Administraciones Públicas y la Comisión de Entidades Locales.
¿Quién nos defiende de los Defensores del Pueblo? .Comentario de Sevach:
El reciente encuentro de Defensores del Pueblo autonómicos y del Defensor del Pueblo Estatal acaecido en Oviedo, le recuerda a Sevach una reunión de monaguillos en la sacristía, que ni dicen misa, ni son imprescindibles para la liturgia y que por tocar las campanas se creen que hacen milagros, igual que un gallo cree que debido a su kikirikí tempranero el sol sale a escucharle.
1. Y es que la institución del Defensor del Pueblo es la institución mas desnuda de la democracia. Para Sevach hay Defensores del Pueblo autonómicos que merecen todo el respeto por su prestigio personal atesorado y porque intentan cumplir su labor, como una luciérnaga intenta iluminar un estadio. Lo cierto es que a treinta años de la Constitución ya no necesitamos copiar figuras decorativas suecas, sino acometer el bisturí, no sólo para el Senado (como cementerio de elefantes) sino para el Defensor del Pueblo y similares. Con eso se ahorrarían no sólo grandes cantidades de fondos públicos, sino lo mas importante, se ahorraría el daño en los sueños y esperanzas de los ciudadanos que acuden al Defensor del Pueblo y solo encuentran buenas palabras, o un “correveidile”, que tras admitir a trámite pomposamente la queja, la inmensa mayoría de las ocasiones la archiva dejando al reclamante sumido en un estado de cabreo y perplejidad considerable.
Sigue afirmando Sevach:
Sigue afirmando Sevach:
2. Por eso, por encima de las plúmbeas Memorias que el Defensor del Pueblo eleva a las Cortes, y de los expedientes “a la brisca” (cortados, barajados y repartidos), Sevach reta a que cualquier lector exponga su satisfacción por alguna queja fructífera ante tal institución. O no resuelve nada, o se resuelve por otros medios (recursos administrativos, quejas y reclamaciones, sindicatos y partidos políticos, etc), o no se resuelve porque no tiene solución. Aunque en honor a la verdad, el Defensor del Pueblo cuesta, pero al menos no estorba al poder establecido ni al no establecido. Un jarrón chino: enorme y decorativo, pero inútil.
3. Así pues, escuchar a Múgica afirmar que al juez Tirado habría que separarlo de la carrera judicial en una entrevista periodística demuestra muchas cosas.
En primer lugar, un desconocimiento real del problema, o al menos una infantil simplificación, a todas luces populista (quizás porque para ser Defensor del Pueblo hay que “decirle al pueblo” lo que quiere oír).
En segundo lugar, supone una falta de respeto a un procedimiento disciplinario que además está en fase jurisdiccional. ¿O es que Tirado no es un ciudadano que forma parte del pueblo y no tiene derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo y pena proporcional?
En tercer lugar, supone olvidarse que el propio Mújica fue ministro de Justicia y el arrastre procesal y demoras de la justicia le deben mucho (por acción o por omisión).
En cuarto lugar, con ello Mújica reconoce la propia incompetencia, ya que el Defensor del Pueblo tiene la llave para promover iniciativas sobre la Administración de Justicia (no olvidemos que el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano jurisdiccional sino un órgano de gobierno administrativo), de igual modo que puede interponer recursos de inconstitucionalidad contra las leyes o recursos de amparo.
Y en quinto lugar,¿habría que separar al Defensor del Pueblo del cargo si alguna queja frente a la Administración – de Justicia, o general- duerme el sueño de los justos en sus archivos o pasa sin pena ni gloria por sus expedientes?
4. Por eso hay que recordar la frase lapidaria del filósofo Wittgenstein de que “de lo que no se puede hablar, mejor es callarse” , aunque en el caso de nuestro Defensor del Pueblo podría decirse que ” de lo que no se sabe hablar, mejor es callarse”.
Otra opinión crítica:
El defensor del pueblo (tan ampuloso nombre para tan insignificantes resultados), e imitaciones autonómicas, son instituciones absolutamente prescindibles, por no servir para nada, y ser un gasto supérfluo. Lo mismo cabe decir de los consejos consultivos y de las sindicaturas de cuentas, correlatos regionales del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas respectivamente. Son ejemplos de la obsesión por duplicar a nivel de cada comunidad autóma instituciones del Estado. Centrándonos por ejemplo en el Consejo de Estado y el Consejo Consultivo, ¿ gana algo nuestra Comunidad por tener un consejo consultivo?. No, al contrario, pierde mucho. Pierde la oportunidad de tener unos dictámenes excelentes por lo general, que emanan de un cuerpo de letrados, funcionarios de carrera que han acceedido a esas plazas previa opisición libre con un temario de cerca de quinientos temas. Por no hablar del pleno del Consejo con lo más granado del mundo del Derecho. Eso, que nos salía gratis, lo hemos cambiado por un consejo con mayoría de políticos, y varios letrados, unos interinos que no han pasado ninguna oposición, y sí han hecho un supuesto práctico para entrar, y otros funcionarios de la Administración del Principado en comisión de servicios. Las comparaciones no dejan lugar a las dudas. Yo felicito a Cantabria y a la Comunidad de Madrid por seguir contando con los dictámenes del Consejo de Estado. Son más prácticos y más sabios. Aplíquese lo dicho del Consejo a la sindicatura y a la procuradora general.
UNa más:
Disiento. Primero por su propia exigencia constitucional, segundo por que constituye una via residual para algunos “problemillas”, y tercero por que sus costes son infimos. Afirmado lo anterior si que es cierto que algunos que desempeñan ese cargo no son todo lo eficientes que debieran. Y hay una gran excepción que yo conozca, en Andalucia ese gran cura que es “Chamizo”. Entiendo que un Defensor del Pueblo no es la panacea, pero cumple su función constitucional. Ahora bien de ahi a tomar partido en la luchas de altos vuelos hay un paso. Un Defensor del pueblo debe estar con los mas débiles, con los desarrapados, debe ser un Apostol de las causas imposibles. Pero nunca, nunca, nunca enjuiciar. Tener el valor de exponer y luchar por las causas justas.
Y una tercera:
Para más inri en algunas diputaciones provinciales ante la inexistencia de nuevos rincones en los que colocar a los compromisos políticos han creado el “Defensor del Ciudadano“, donde una figura de postín y previo paso por caja con grandes emolumentos hace….hace…hace…pues si no hace nada el defensor del pueblo imaginen…
Dice Rosa Cobos:
Todos somos conocedores de las irregularidades (enchufes, nombramientos a dedo) que comete la Administración en material de personal y que son la causa principal del hastío, de la apatía y de la falta de automotivación. Todos lanzamos nuestras críticas hacia un sistema que no nos gusta y con el que estamos en desacuerdo.
Pero por otro lado, cada vez se aprueban más leyes en materia de función pública que, supuestamente, reconocen más derechos a los funcionarios y son la base legal que impide esa supuesta corrupión; por consiguiente, deberíamos estar más contentos y motivados con el desempeño de nuestra función pública, puesto que el marco legal que nos ampara se va ampliado progresivamente, a la par que se van mejorando derechos adquiridos hace años. Pero no es así, la indiferencia del funcionario hacia su trabajo es cada vez mayor. Entonces ¿qué sucede? ¿dónde está el fallo?.
Si cada año que pasa estamos más protegidos por las leyes pero, también, cada año que pasa se cometen más irregularidades tanto en el acceso a la función pública como en el desarrollo de la promoción interna, ¿no será que falta alguna institución que vele de verdad por nosotros, pobres e indefensos funcionarios? ¿no será cada vez confiamos menos en la justicia?
¿Cuándo los funcionarios de la Administración aragonesa daremos nuestra opinión con nombre y apellidos?
Tomado del Blog "Enfoque Ciudadano":
Política 2.0 como actitud.
18/04/2009
En los últimos tiempos se habla mucho sobre 2.0 como una de las tendencias de mayor progresión en Comunicación Política. Cada vez son más los que, con más o menos acierto, se suben al carro de la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso comunicativo de partidos e instituciones. El compromiso con esta forma de hacer política, pensada desde un enfoque ciudadano, es fundamental en una sociedad que vive aún con escasa preocupación (algo realmente preocupante, valga la redundancia) el desapego de ciudadanos con respecto a su sistema político y a los protagonistas de éste. No obstante, entre quienes se autoproclaman ‘dospuntoceristas’ se encuentran muchos despistados, desconocedores ingenuos de su auténtico trasfondo, y también muchos listillos que se suman a lo que consideran una moda con la que conseguir una etiqueta innovadora.
Más allá de una tendencia pasajera, aupada a lo más alto gracias a la apuesta de grandes líderes como Obama, la Política 2.0 debe ser entendida como una actitud, como una disposición constante, una voluntad firme hacia una manera de entender la relación entre políticos y ciudadanos, entre representantes y representados, entre instituciones y sociedad… Lejos de considerarse una mera técnica de márketing debe ser asumida por unos y otros como una garantía de diálogo permanente que entronca con el significado de la democracia real, participativa, en la que la ciudadanía, verdadera protagonista de la Política, no es escuchada sólo cada cuatro años o el tiempo que transcurre entre unas elecciones y otras. En un entorno 2.0 los ciudadanos participativos se convierten en el eje central de la Política, con capacidad para opinar, sugerir, influir sobre las decisiones de manera instantánea.
Nos encontramos en un momento en el que afortunadamente vuelve a hablarse de política de valores, quizá porque la ausencia de ellos, con figuras como el ex presidente norteamericano George Bush como principal baluarte, nos ha conducido a una situación de crisis generalizada. Tenemos una excelente oportunidad para reivindicar esta manera de hacer política, de entender la política. Absténganse de bombardearnos con inútiles proclamas electoralistas quienes emprendan este apasionante camino como simple mímesis de otros y sin el convencimiento de que en lo más profundo de él se encuentran valores como la igualdad, el diálogo, la solidaridad, la libertad…
Hay que fomentar el diálogo con las instituciones, incluida la del Defensor del Pueblo cuando no se compartan sus decisiones.
Buen ritmo el del blog, aprecio.
Recordemos el discurso del primer Defensor del Pueblo Europeo, Jacob SODERMAN en Madrid, el año 2001:
Estimados colegas,
Señoras y señores
Una de las líneas de trabajo que han caracterizado tradicionalmente al estatuto del Defensor el Pueblo ha sido la defensa de los derechos individuales frente a la actuación de las administraciones públicas. Este compromiso con la defensa de los derechos humanos ha sido también, ya desde la creación de la institución del Defensor del Pueblo Europeo en 1995, uno de los ejes de mi trabajo como garante de la buena administración a nivel comunitario. Con la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en Niza en diciembre de 2000, esta línea de actuación se ha convertido, aún más, en el objetivo esencial de mi trabajo.
Permítanme que, en esta breve intervención, les describa las competencias de la institución, las iniciativas que he adoptado para la mejor defensa de los derechos consagrados a nivel europeo y los retos que deberemos afrontar.
El mandato del Defensor del Pueblo Europeo Cuando el Tratado de Maastricht introdujo el concepto de ciudadanía europea, se decidió instituir un Defensor del Pueblo. Esta figura se ocuparía de las reclamaciones de los ciudadanos en posibles casos de mala administración resultantes de las actividades de las instituciones y órganos de la Comunidad. Es importante subrayar que el Defensor del Pueblo Europeo carece de mandato respecto de las autoridades públicas nacionales. Sólo se ocupa del nivel europeo.
Siendo la mala administración el elemento central de mi trabajo, el Parlamento Europeo me pidió al comienzo de mi primer mandato que delimitara este concepto. La definición que propuse en mi Informe Anual de 1997 y que tanto el Parlamento como la Comisión aceptaron fue la siguiente:
"Se produce mala administración cuando un organismo público no obra de conformidad con las normas o principios a que ha de atenerse obligatoriamente".
Desde mi punto de vista este concepto debía incluir el no respeto a los derechos humanos. No hay duda que entre esas normas y principios que informan la actuación de todo órgano o institución comunitarios, se encuentran los derechos humanos fundamentales, tal y como recoge el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.
Continúa:
Esta obligación se ha hecho todavía más patente tras la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en Niza en diciembre de 2000, y cuyo texto les he incluido como parte de la documentación.
Aunque el lugar de la Carta en el sistema jurídico comunitario es todavía tema de discusión, las principales instituciones de la Unión se han comprometido a respetar los derechos consagrados en su texto. Ello me ha llevado a concluir que la violación de esos derechos debería considerarse como mala administración. Mi posición ha sido claramente respaldada en la reciente resolución del Parlamento Europeo sobre mi informe anual del año 2000, uno de cuyos considerandos indica que
"el deber más importante del Defensor del Pueblo Europeo es proteger los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea frente a la mala administración de las autoridades comunitarias".
Es muy significativo que la Carta misma se refiera en su Artículo 43 al Defensor del Pueblo, reconociendo el derecho de todo ciudadano o residente de la Unión de someterle casos de mala administración en la acción de las instituciones y órganos comunitarios.
Uno de los aspectos más innovadores de la Carta ha sido la consideración del derecho a la buena administración como derecho fundamental de los ciudadanos. Su Artículo 41 establece que toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente, y dentro de un plazo razonable. A tal fin esa actuación deberá respetar,
- el derecho de audiencia,
- el derecho de toda persona a acceder a un expediente que puede afectarle, o
- la obligación de motivar las decisiones administrativas.
Por otra parte, el derecho a la buena administración exige también que,
- toda persona que haya sufrido daños causados por las instituciones comunitarias y sus agentes pueda exigir una indemnización, así como
- el derecho a dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las doce lenguas de los Tratados y a recibir una respuesta en esa misma lengua.
Continúa:
Para hacer realidad el derecho a una buena administración es preciso que los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos respecto a la administración y que los funcionarios conozcan la actuación que se espera de ellos. Esto sólo es posible reflejando formalmente esos derechos y obligaciones en un texto escrito, ya sea por medio de un código, o bien a través de una ley.
Con este objetivo y siguiendo la propuesta del parlamentario europeo, Sr. Roy PERRY, inicié una investigación de oficio. Como fruto de la misma mis servicios redactaron un proyecto de Código de buena conducta administrativa dirigido a las instituciones y órganos comunitarios. Los resultados de la investigación fueron presentados recientemente al Parlamento Europeo por medio de un informe especial.
En su resolución de 6 de septiembre de este año, el Parlamento Europeo aprobó un Código de Buena Conducta Administrativa, basado en mi propuesta, cuyos contenidos deberán ser respetados por las instituciones y órganos de la Unión, así como por sus funcionarios, en sus relaciones con los ciudadanos. El texto ha sido incluido en la documentación que les he distribuido.
La resolución invita a la Comisión Europea a presentar una propuesta de reglamento, es decir una ley, sobre este tema. Requiere también al Defensor del Pueblo Europeo a aplicar el Código, a fin de comprobar si existe o no mala administración, dando con ello efecto al derecho de los ciudadanos a una buena administración, establecido en el Artículo 41 de la Carta.
Continúa:
La defensa de los derechos humanos es una tarea en la que el Defensor del Pueblo Europeo está plenamente comprometido. Sin embargo, para asegurar el respeto de esos derechos en Europa y con ello que la Carta de Niza llegue a ser una realidad viva para todos y cada uno de los ciudadanos europeos, hace falta una firme dedicación y un ingente trabajo. Frente a las vagas propuestas que se están poniendo hoy de moda en la Unión en torno a la idea de gobernanza, he propuesto tres medidas concretas en favor de una Europa de los ciudadanos:
Primera medida: Aumentar la transparencia:
La Unión Europea habla con frecuencia de medidas para aumentar la transparencia, pero los avances efectivos parecen difíciles de realizar.
A mi entender la transparencia implica:
(a) que los procesos de toma de decisiones sean comprensibles,
(b) que las propias decisiones estén motivadas,
(c) que, en la medida de lo posible, la información en la que se basan esos motivos sea accesible al público y
(d) que las reuniones de los órganos públicos que tomen decisiones sobre asuntos de repercusión directa para los ciudadanos sean abiertas y públicas, de forma tal que éstos puedan seguirlas y escuchar los argumentos.
También sería práctico que las propuestas se sometiesen a debate público antes de tales reuniones.
Cuanto mayor sea la transparencia en un órgano público, menores son las posibilidades de fraude o corrupción. Los ciudadanos europeos reclaman una administración honrada, y la manera más sencilla de promover esta meta consiste en garantizar la mayor transparencia posible.
Segunda medida: Establecer normas de buena conducta administrativa:
En las últimas décadas, los Estados miembros han aprobado muchas leyes de buena conducta administrativa en beneficio de los ciudadanos. Un buen ejemplo es la Ley española de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, modificada en 1999. El hecho de que esta leyes se hayan adoptado en toda Europa, desde España hasta Suecia, desmiente la idea de que el Norte tenga un enfoque de la buena administración distinto al del Sur.
A nivel europeo, y tras mi iniciativa sobre la aplicación de códigos de buena conducta administrativa, el Parlamento, la Comisión y el Consejo de Ministros adoptaron tal tipo de códigos. En mi opinión, sin embargo, esos códigos no alcanzan a cumplir los requisitos de la Carta de Niza. Tras la reciente resolución del Parlamento Europeo, la Comisión Europea deberá presentar en el futuro una propuesta de reglamento (esto es, un acto jurídico vinculante), cuyo objeto sea un Código comunitario de Buena Conducta Administrativa.
Esta iniciativa sería muy importante puesto que tanto la Unión Europea como sus Estados miembros necesitan contar con normas que definan la buena conducta administrativa. Tal legislación haría posible que los ciudadanos supiesen cuáles son sus derechos respecto a la Administración y que los funcionarios conociesen qué se espera de ellos.
Concluye:
Tercera medida: Garantizar el respeto del Estado de Derecho:
De las reclamaciones inadmisibles que recibo se deduce que el Derecho comunitario todavía no se respeta plenamente en los Estados Miembros. Esas normas no suelen ser bien conocidas ni entendidas. Parecen funcionar bien para las grandes empresas, pero no cumplen sus promesas para el ciudadano ordinario.
¿ Cómo pueden tener los ciudadanos confianza en la Unión si su legislación no es respetada por los Estados miembros ? Ante esos problemas el ciudadano puede presentar peticiones al Parlamento Europeo, o quejas ante la Comisión, si bien su tramitación es larga. Es más, en el caso de la Comisión, la manera de proceder en su papel de guardiana de los Tratados no resulta transparente.
Como Defensor del Pueblo Europeo he tratado de promover un mayor conocimiento entre los demás defensores del pueblo y comisiones de peticiones de los Estados miembros, promoviendo una red de contacto que permita compartir informaciones y conocimientos sobre Derecho comunitario. Sería muy útil para los ciudadanos europeos que todos los defensores del pueblo y órganos similares de los Estados miembros estuviesen en condiciones de ayudarles con los problemas de Derecho comunitario. Ello exige un pleno apoyo de la administración europea y, por encima de todo, de la propia Comisión.
Algunos pasos se han dado ya en esta dirección y existen redes de cooperación entre los Defensores del Pueblo e instituciones similares, a nivel nacional y regional, en la Unión Europea. Es preciso profundizar en esta línea de actuación, porque mucho está en juego. Frente a los grises nubarrones que parecen amenazar nuestra convivencia democrática, es preciso que nuestras instituciones se esfuercen por afianzar las tradiciones democráticas de nuestro viejo continente, y por hacer de Europa un espacio de libertades, donde el respeto a los derechos de todos nuestros ciudadanos es la regla y no la excepción.
Muchas gracias por su atención,
Jacob SÖDERMAN
¿Tiene algún sentido todo este volumen de escritos que se archivan, inadmiten, desestiman?
¿Vale la pena el esfuerzo que implica todo ello?
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