Zaragoza, 29 de junio de 2009.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa va a dirigirse a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, solicitándoles que analicen la legalidad del anticipo de carrera abonado por el Gobierno de Aragón a los empleados públicos de la Administración autonómica, como resultado del acuerdo alcanzado entre Administración y Sindicatos el 12 de agosto de 2008, en la Mesa Sectorial de la Administración General.
Entiende la Asociación que, como ha quedado declarado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en una reciente sentencia, no es posible anticipar el pago por razón de carrera profesional a la regulación legal de dicha carrera, pues la previa regulación de ésta es condición necesaria para el establecimiento de un concepto retributivo actualmente inexistente y para su abono. La negociación colectiva no puede sustituir la potestad legislativa y presupuestaria que corresponde al Parlamento autonómico, salvo que pretendamos subvertir las reglas del funcionamiento democrático de nuestras instituciones.
Grave es alterar las reglas del funcionamiento de las instituciones democráticas, ignorándose las funciones reservadas al Parlamento, y grave es degradar la legalidad del régimen retributivo de la función pública aragonesa, haciendo que las retribuciones de los servidores públicos pierdan su fundamento legal y con ello su legitimidad. El régimen retributivo de quienes trabajan para la sociedad lo establecen los representantes de los ciudadanos, es decir, el Parlamento y no el Ejecutivo. Es un signo muy preocupante que algo tan elemental se olvide o se obvie, creyendo que un beneficio salarial al margen de la legalidad pueda ser algo distinto a simple y mera corrupción.
Si los responsables de función pública del Gobierno de Aragón no han tenido el menor problema en dar luz verde a un régimen retributivo ilegal para buena parte de la función pública aragonesa, en un ejercicio de irresponsabilidad pública incomprensible, queda la esperanza de que las Cortes de Aragón, en cuanto representantes de todos los ciudadanos, velen por los intereses de los aragoneses y por el escrupuloso respeto de la legalidad, requiriendo al Gobierno de Aragón para que adopte, de inmediato, las medidas necesarias para garantizar la legalidad de las retribuciones de quienes trabajan en la Administración aragonesa.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
11 comentarios:
Esperemos que sea así, pero también es mucho confiar en los grupos.
Si todo esto fuera verdad, sería un desastre absoluto, como dijo Ana de Salas en las Cortes de Aragón, con motivo de la comparecencia de la Asociación ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos.
Bueno, veremos, si, como se dice en algunas cartas al director, esta Asociación dice la verdad, o al menos sus denuncias son veraces, pues la verdad parece un concepto abstracto que no está al alcance de los mortales.
No hay desastre absoluto, sólo es un ejemplo más de eso que se ha dado en llamar el desgobierno de lo público.
¿Qué estrategia sigue la asociación con este asunto? ¿Llevarlo a las instituciones y no a la opinión pública? ¿O lanzarlo a los medios cuando todos los responsables públicos tengan el asunto sobre sus mesas?
CONTRA LA CORRUPCIÓN.
Aun con las salvedades que hay que hacer a este tipo de informes, no deja de ser preocupante que España esté a la cola de los países industrializados de la OCDE en las categorías de buen gobierno y lucha contra la corrupción, según un informe del Banco Mundial (BM), que evalúa la situación en más de 200 Estados. España está bajo la media y sólo por encima de países como Italia, Grecia o Chipre, lo cual es magro consuelo y debería hacernos reaccionar a todos.
bien, ahora preguntémonos en qué medida contribuye Aragón a la corrupción en España. Hemos pasado a ser contribuyentes netos, tengo la impresión.
¿Hay que aplicar el bisturí?
Interesante opinión en el foro de heraldo sobre el escándalo asael:
La caza de brujas fue una persecución de la libertad de expresión. El control de los convenios públicos es la vigilancia del uso de los recursos públicos. Comparar la caza de brujas con el control del gasto público supone una desvergüenza impresionante. Debería dimitir toda la junta directiva de ASAEL. Han incumplido su función de control. No vale estar en el cargo y tener que enterarse por el periódico de lo que ocurre.
¿CAZA DE BRUJAS?
El Ejecutivo autonómico ha optado por pasar de largo sobre el convenio entre el Instituto Aragonés del Agua, dependiente del departamento de Medio Ambiente, y Asael. Con este dinero se ha pagado desde hace dos años las nóminas de alcaldes y ediles del PAR, e incluso de técnicos que trabajaban en la sede aragonesista.
El Ejecutivo autonómico ha rechazado hacer públicos los convenios que mantiene la asociación con los departamentos del Gobierno de Aragón. Según fuentes de la DGA, no son partidarios de abrir una eventual "caza de brujas" con esta medida.
¿No será caza de malverdadores de fondos públicos?
¿Tiempos de crisis, en plural?
Me entero que ha dimitido Jesús Solá como presidente de ASAEL. Pero pienso que sería un error centrar toda la cuestión en su presencia al frente de la entidad. El verdadero problema, el meollo de la cuestión es la misma existencia de esa asociación, su utilidad, sus fines, su financiación, la colocación en ella con cargo a los presupuestos públicos de agentes de un partido político en el gobierno, el desvío, en definitiva, de fondos públicos a favor de la misma. Porque al final, la financiación de esa asociación, no elegida por nosotros, ni obligatoria por ley, la estamos pagando todos. Y puesto que la pagamos, tenemos derecho a preguntarnos ¿queremos que esa asociación siga existiendo? ¿queremos seguir pagándola?
A ver si a esto contestan algo Velasco y Larraz, o tampoco se dan por aludidos esta vez.
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