Zaragoza, 24 de junio de 2009.
El debate al que hemos asistido con motivo de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, como consecuencia de las objeciones jurídicas formuladas por los Letrados de las Cortes de Aragón y la improcedente reacción del Vicepresidente del Gobierno de Aragón, cuestionando por ello la profesionalidad de los Letrados, debiera permitir analizar las posibles insuficiencias que aquejan al actual procedimiento.
Una de dichas insuficiencias, que parece evidente a esta Asociación, es la falta de remisión por parte del Gobierno de Aragón de los antecedentes del Proyecto de Ley, entre los cuales hay que incluir la memoria justificativa de la norma y todos los informes jurídicos preceptivos para la elaboración del anteproyecto de ley, como son los de la Secretaría General Técnica del Departamento al que afecte la elaboración de la norma y de la Dirección General de Servicios Jurídicos. La finalidad de tales trámites es asegurar la corrección jurídica de los proyectos normativos elaborados por el Gobierno de Aragón.
La nueva Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, en su artículo 37, al regular la iniciativa legislativa del Gobierno, establece la necesidad de que todo anteproyecto de ley debe ser objeto de diversos informes preceptivos –entre ellos, el de la Dirección General de Servicios Jurídicos-, pero no se establece luego la obligatoriedad de que dichos informes se remitan, junto con el proyecto de ley aprobado, a las Cortes de Aragón.
Tal previsión contrasta con lo señalado en la regulación de la iniciativa legislativa del Gobierno de España, pues la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organización, competencias y funcionamiento del Gobierno, establece en su artículo 22.4 la obligación del Consejo de Ministros de remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de ley aprobado, “acompañándolo de una exposición de motivos y de la memoria y demás antecedentes necesarios para pronunciarse sobre él”.
No parece razonable que al debate político que supone la tramitación parlamentaria del Proyecto de ley se hurte el análisis de legalidad del proyecto de ley realizado por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, pues si bien la tramitación de una ley reviste un carácter fundamentalmente político, no cabe desconocer el ineludible análisis respecto a la corrección jurídica del proyecto de ley tramitado y de las enmiendas planteadas, desde el momento en que las Cortes de Aragón no pueden aprobar nada que colisione con la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Aragón y la legislación básica estatal.
Ese control, que en última instancia corresponde al Tribunal Constitucional, para depurar normas inconstitucionales del ordenamiento jurídico, exige que los proyectos de ley lleven incorporadas las necesarias garantías de corrección jurídica del texto. De ahí que resulte preceptivo el informe por parte de la Dirección General de Servicios Jurídicos sobre el contenido y tramitación del anteproyecto de ley. Pero también la necesidad, no garantizada en este momento, de que tales informes y demás antecedentes se remitan a las Cortes de Aragón junto con el Proyecto de Ley y se encuentren a disposición de todos los Grupos Parlamentarios, con el fin de madurar el criterio político y técnico para pronunciarse sobre el mismo.
Con el fin de subsanar esta deficiencia , esta Asociación se va a dirigir al titular del Departamento de Presidencia, en ejercicio del derecho fundamental de petición, para expresarle la necesidad de que, al igual que se prevé expresamente en la Ley del Gobierno de España, el Gobierno de Aragón, al remitir a las Cortes de Aragón los Proyectos de Ley aprobados, adjunte con el texto normativo, la exposición de motivos, la memoria justificativa y todos los demás antecedentes necesarios para pronunciarse sobre el mismo, incluyendo entre ellos los informes jurídicos emitidos por la Dirección General de Servicios Jurídicos y, en su caso, por la Comisión Jurídica Asesora (ahora, Consejo Consultivo).
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
5 comentarios:
Estado, burocracia y red analiza la Administración electrónica, y toma como caso práctico el programa de la Administración Abierta de Cataluña en el gobierno autonómico (poniendo énfasis en el sistema de atención ciudadana) y los usos de internet en el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona. Este proyecto es el resultado de una investigación sobre la sociedad de la información codirigida por los reconocidos profesores Manuel Castells e Imma Tubella, y llevada a cabo por investigadores del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, con la colaboración de diferentes entidades y personas en las tareas de encuesta y documentación.
Bien por insistir en el tema, pero hay que incidir también en la identificación de los gabinetes que han elaborado los anteproyectos de ley, cuando como en este caso se encargan fuera de la Administración.
¿Hay garantías de que esos gabinetes no tienen conexión con las entidades interesadas en el tema que se legisla?
Larga y exitosa vida a la asociación.
Mañana, el desenlace, pero la vida sigue.
Del artículo de Jesús F. Frago en el Heraldo de hoy, día 25 de junio: “El informe de la Letrada Mayor está redactado desde una prudencia política excesiva y desde un escaso entusiasmo por el trabajo propio, lo que indica que ha hecho mella la inaceptable presión de José Ángel Biel”.
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