Zaragoza, 24 de junio de 2009.
En la tarde de ayer, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza y conforme a la convocatoria realizada, se celebró una nueva reunión de la Junta Directiva de la Asociación , abierta a la participación de los socios.
Tras aprobar el acta de la anterior sesión celebrada, se procedió a tratar los diferentes puntos incluidos en el orden del día, comenzando por el análisis del anticipo de carrera que se viene abonando a los funcionarios de la Administración autonómica, como resultado del acuerdo alcanzado entre Administración y sindicatos en agosto de 2008.
El Presidente informó de una reciente Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la que se anula el anticipo de carrera establecido para los funcionarios del Principado de Asturias, igualmente acordado por Administración y Sindicatos. Las razones para su anulación son coincidentes con lo expresado por esta Asociación en una nota de blog publicada el pasado 7 de enero: no se puede sustentar el pago de un concepto retributivo nuevo en un simple acuerdo alcanzado en el marco de la negociación colectiva, pues éste no puede suplir a la norma legal necesaria para el desarrollo de las previsiones del Estatuto Básico del Empleado Público ni a la necesaria autorización de la Ley de Presupuestos. La propia denominación del concepto, “anticipo de carrera”, pone de manifiesto su falta de cobertura, pues se busca exclusivamente anticipar el pago de algo, como es la carrera administrativa, todavía no regulado. Las dudas de legalidad manifestadas en su día por esta Asociación se ven ahora confirmadas por el pronunciamiento judicial del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Dado que esta Asociación tiene entre sus principios de actuación la defensa de la legalidad, dicha defensa ha de ejercerse también para preservar el cumplimiento de la ley en aquellas materias que, como el régimen retributivo de los empleados públicos, pueden suponer un conflicto de intereses de los propios funcionarios. Tales conflictos deben resolverse a favor del respeto a la legalidad y al interés general, sin sacrificar éstos a los intereses económicos de los servidores públicos. Cualquier pretensión legítima de mejora salarial pierde su legitimidad si su obtención se produce vulnerando la legalidad.
En consecuencia, y tras la deliberación oportuna entre todos los miembros presentes de la Junta Directiva , se acordó dar traslado de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias a los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, a los Secretarios Generales Técnicos de los Departamentos, a la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón y a los diferentes Grupos Parlamentarios, así como al Justicia de Aragón, para que, conforme a la responsabilidad institucional que corresponde a cada uno de ellos, puedan adoptar las medidas que consideren necesarias para restablecer la legalidad en materia retributiva, si entendiesen, como entiende esta Asociación, que el anticipo de carrera abonado a los empleados públicos de la Administración autonómica es contrario a la Ley.
A continuación, se pasó a tratar el siguiente punto del orden del día, relativo a los puestos de libre designación en la Administración autonómica y a la necesaria revisión de los mismos, conforme a la reciente jurisprudencia sobre la excepcionalidad de tal figura de provisión frente al concurso de méritos. Se acordó solicitar al Departamento de Presidencia información sobre el número total y tipo de puestos que en las relaciones de puestos de trabajo están configurados como de libre designación, así como requerir que los mismos, salvo los casos en que pueda considerarse justificada tal definición, se modifiquen para ser provistos mediante la fórmula de concurso específico. Igualmente se decidió pedir al Departamento de Presidencia que se asegure el conocimiento de los contenidos de las relaciones de puestos de trabajo mediante acceso electrónico.
Posteriormente, se informó al conjunto de la Junta Directiva de la reciente reunión mantenida por cinco miembros de la Junta con el Director General de Participación Ciudadana, Ignacio Celaya, y el escaso resultado de la misma, ya que dicho responsable no adquirió compromiso alguno para garantizar el respeto al derecho constitucional de petición ejercido por esta Asociación ante los diferentes órganos de la Administración autonómica.
Finalmente, y en relación con el coloquio público proyectado sobre “Administración y función pública en el Informe anual del Justicia de Aragón”, el presidente de la Asociación informó de las gestiones realizadas ante la Oficina del Justicia de Aragón y de la respuesta favorable dada a la propuesta de esta Asociación, razón por la cual la celebración de dicho acto público será programada, de común acuerdo con la Oficina del Justicia, durante la primera quincena del mes de julio.
No habiendo ruegos y preguntas, al margen de la satisfacción general expresada por el apoyo que las iniciativas de la Asociación están teniendo en los medios de comunicación, y posponiendo para una futura sesión el punto del día relativo a la campaña pública de divulgación de la Asociación , se dio por terminada la sesión.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
36 comentarios:
MUcha mies, mucha, y pocos obreros por lo que se dice en la nota que suscribe el Presidente.
¿60 socios y ningún liberado?
¿A dónde se puede ir con eso?
Prosigue el debate en Asturias:
Fuentes oficiales del Tribunal de Cuentas señalaron ayer que el órgano fiscalizador no abrirá procedimiento de oficio para la devolución de los pagos ilegales a los funcionarios por parte del Principado, pese a conocer los hechos de forma oficiosa. El Tribunal no actuará a menos que se le comunique oficialmente y por los cauces previstos la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que declaró ilegales las subidas, un fallo judicial adelantado por LA NUEVA ESPAÑA.
Fuentes del tribunal indicaron que para iniciar un procedimiento respecto a este asunto puede haber varias vías, pero en ningún caso una actuación de oficio. Oficialmente, el tribunal no tiene conocimiento de la sentencia dictada por el TSJA. Pueden ser los propios afectados los que denuncien los hechos, o el propio TSJA, que emitió el fallo que declara ilegal las subidas aplicadas a los 14.000 funcionarios que se acogieron a la «carrera».
No son las únicas vías, las mismas fuentes indicaron que puede ser la fiscalía asturiana la que comunique a la fiscalía del Tribunal de Cuentas la existencia de posibles responsabilidades contables (que han sido cuantificadas en 21 millones de euros al año, lo que cobraron los funcionarios), de forma que se solicite la apertura de un procedimiento. O incluso, añadieron las fuentes, puede ser la Sindicatura de Cuentas la que informe de lo ocurrido. Esto último no será posible este año, puesto que, en su informe de la Cuenta General de 2007, que ha de ser remitido al Tribunal de Cuentas, la sindicatura no hace referencia a irregularidad alguna referente a los pagos hechos a los funcionarios, al no haberse detectado. Podría ser en el informe de la Cuenta General de 2008 cuando se haga referencia a esos pagos ilegales. Faltan varios meses para que ese nuevo informe se elabore (en el último trimestre del año se presentan sus objetivos), de forma que se comunicarían las irregularidades ya bastante avanzado 2010. En caso de que el Tribunal de Cuentas decida actuar, puede encargar a la sindicatura la apertura del procedimiento.
Ser funcionario conlleva eso:
Hoy y gracias a estos sindicatos, ayatolas de los más altos valores, somos una Administración más legalista que ayer, que cumple con las normativas a rajatabla, pero también una Administración en la que gracias a los denodados esfuerzos de estos paladines de la moral, miles de empleados/as públicos somos mucho más pobres de lo que éramos antes.
Se refiere a los sindicatos que, con su recurso, han forzado la anulación del anticipo de carrera: se refieren a CSIF, por ejemplo.
¿Para cuándo la autocrítica necesaria?
Lo único que estáis consiguiendo los funcionarios con vuestros continuos chantajes y reclamaciones es que el común de los mortales, o sea nosotros, los curritos, los que sudamos la gota gorda y hacemos equilibrios para llegar a fin de mes os veamos como una casta egoísta e insolidaria que no mira más allá de vuestros propios intereses. La cuenta es muy fácil, 14.000 maestros (que ya son, eh?, que ya son..) a razón de 300 euros de subida, más de 4.000.000 euros al mes y cerca de 60 millones de euros al año, bah, casi nada, si total es para "equipararos al resto de comunidades". ¿De dónde sadrá ese dinero? Sencillo, a mí me subirán el IRPF, la gasolina, el tabaco, las cañitas y la sidra que me tomo el fin de semana,me tendré que apretar el cinturón todavía un poco más y todo eso con el temor continuo de perder mi trabajo. No hay por donde cogeros.
De como un enriquecimiento ilícito pasa a ser un daño irreparable:
Esta suspensión se mantendrá en tanto no se de cobertura legal a la carrera y desarrollo profesional mediante la aprobación tanto de la Ley de Función Pública como del Estatuto del Personal Docente. Es decir, estamos hablando de años de espera (¿cuántos? nadie lo sabe), lo que provocará daños irreparables y de valor incalculable en las retribuciones de los/as empleados/as públicos/as.
Un ciudadano agradecido:
Gracias funcionarios por vuestra inmensa colaboración en hundir la hacienda pública,ya que con un 34% menos de ingresos no puede ni tocar su principal gasto, vosotros,gracias por colaborar inestimablemente en la quiebra del estado del bienestar,gracias por quebrar la sanidad pública donde tenemos las mayores listas de espera y contra lo que inventa la propaganda el mayor número de médicos por habitante de la UE,quizá falten unos especialistas y sobren otros el problema es irresoluble si todos tienen trabajo garantizado de por vida,por convertir el sistema educativo en el peor de europa teniendo la menor ratio de alumnos por profesor y estando estos a diferencia de los médicos entre los mejor pagados de la UE, gracias por estar solo para exigir más y más,nunca más trabajo o mejor hecho, gracias por llevar al país al grado de irritación al que vuestras continuas exigencias cuando sois los trabajadores mejor tratados y con mejores condiciones economicas y laborales siendo los únicos que disfrutan 35 horas e indignándose si un organismo público de control ?aconseja?,cuando debería exigir,que se controle la asistencia al puesto de trabajo,gracias a estos compañeros vuestros que se ríen desde la prepotencia llamando envidioso a quien solo discrepa en la forma en que se gasta o despilfarra el dinero de todos. Muchas gracias,os queremos
Hay que tener poca vergüenza!! Con una crisis galopante que no se sabe cuándo terminará el Tribunal de Cuentas no va a reclamar ese dinero que todo el mundo sabe que es ILEGAL?? Qué clase de órgano corrupto e inútil es?
Todo el mundo era consciente de que no había soporte legal; no se puede decir ahora que se ha hecho bien»
¡ Hecho en Asturias !
¡Copiado en Aragón!
¿Eran retribuciones o botín?
Hay que felicitar también a estos sindicatos por su contribución a la reducción del gasto público ayudando a la Administración al ahorro de más de 20 millones de euros anuales. Que este ahorro se haga a costa de nuestras retribuciones poco parece importarles a estas organizaciones que se dicen representantes de los/as trabajadores/as.
¿Alguien recuerda lo de carrera para todos?
Conviene en este punto echar la vista atrás y recordar el momento en que se firmó por parte de CC.OO. y UGT el Acuerdo de Carrera y Desarrollo Profesional y las condiciones y circunstancias en que esta firma se produjo. Nos encontrábamos a finales de 2007 y la Administración estaba dispuesta, en aplicación de la normativa reguladora del personal sanitario, a establecer un modelo de carrera profesional únicamente para médicos/as y enfermeros/as del Servicio de Salud. Las movilizaciones iniciadas en aquel momento por CC.OO. consiguieron que la Administración rectificara su postura inicial incluyendo en el Acuerdo inicial un Desarrollo Profesional para el resto del personal estatutario del Servicio de Salud, así como un compromiso de pago a cuenta de las cuantías del primer nivel para el resto del personal de la Administración del Principado de Asturias con efectos 1 de enero de 2007. Este acuerdo fue firmado en diciembre de 2006
¿Habrá responsabilidad penal?
Areces, Riopedre y Migoya...DIMISIÓN POR PREVARICACIÓN
Con razón, si nadie asume responsabilidad por el caso:
A los funcionarios se les ha pagado un dinero ilegalmente, que proviene de los impuestos de todos, y no hay dimisiones ni en el gobierno de Areces que lo pagó, ni en los sindicatos que impulsaron esos pagos, y tampoco hay reclamaciones de los que no somos funcionarios y hemos perdido ese dinero público. Conclusión: Tenemos la Asturias que nos merecemos.
¿Prerrogativa administrativa?
Si alguien recibe dinero público,en forma de subvención,devolución,desgrava ción o cualquier pago si un tribunal lo declara ilegal o devuelves el dinero o te embargan o te vas a Villabona, ¿están los funcionarios y el gobierno por encima de la ley?,sí.
¿Son equiparables ambas situaciones?
Nosotros no hemos robado el dinero, si se nos pagó de forma ¿ilegal? es porque los políticos responsables actuaron de forma ilegal. Es, por tanto, a ellos a quien hay que pedir cuentas. ¿acaso los trabajadores son los responsables de los desaguisados que se están cometiendo en muchas empresas asturianas? ¿No serán los dirigentes los responsables?
por favor, Srs funcionarios.... nadie duda que Uds cobren menos que sus homologos de otras CCAA. Eso debe ser resuelto, pero no mediante un pago ilegal... Las cosas deben hacerse bien, porque si no da imagen de chapuza y republica bananera. Solución: 1 se devuelve y se hace bien, 2 se paga a los que no firmaron ni cobraron... Desde luego la imagen de los funcionarios la deben limpiar Ustedes... porque son fijos de por vida ¿o es que no sabian el dia que se presentaron a las oposiciones que se cobraba poco pero seguro? ¿o ahora que sacaron la plaza quiren cobrar como si fuesen de la privada? un poco de autocritica es buena...
hay que decirle a la sociedad asturiana que por encima de los intereses sindicales de uno y otro signo (bajo manga me da la impresión que hay entendimiento), hay transparencia y con el dinero público no se juega. Todo lo demás es cerrar la herida en falso. O sea: es someter la decencia de unos all oportunismo de la mayoría. Los sindicatos mayoritarios o minoritarios van también a lo suyo: perpetuarse en la poltrona.
Entonces si no pasa nada por "defraudar" 52 millones de euros ,supongo que si no hago la declaración de la renta y no pago mas impuestos tampoco pasara nada...¿no es asi?
Los funcionarios son los que estan más cerca de los políticos y por tanto los que ven y callan, los que permiten muchos demanes, y los que se pasan de bando por el rico dinerito.
Ojalá la opinión pública pudiera frenar el pago de la dichosa carrera profesional, la mayor estafa al contribuyente hasta ahora conocida,siendo como no pionero en ello el gobierno de los funcionarios,o de la productividad,¿produc......qué ?,juaaaaaaaaaaaaaaas,si se pagara la productividad a quien la tiene la mayoría deberían devolver dinero. No se preocupen,si en la crisis más criminal que se conoció siguen ustedes siendo intocables,es que hay una sociedad aborregada así que la nobleza puede seguir tranquila cobrando sus rentas cada vez más altas a cambio de dar una mierda de servicio públiico.
Por favor, basta ya de hablar de este tema.Lo único que se hace es el caldo gordo al Gobierno para echar a la sociedad contra el funcionariado y darle el respaldo necesario para frenar el pago de la dichosa carrera profesional, o de la productividad. Es decir ahorro al Gobierno.
¿Molesta la voz de los ciudadanos?
Siento discrepar de vosotros, pero la sustitución indiscriminada de los concursos de libre designación por los concursos específicos no es una solución válida. El sistema de provisión ordinario es el concurso de méritos, objetivamente valorados y a él deben ajustarse el mayor número posible de plazas y regularse de forma precisa los niveles para los que se debe emplear. Cualquier otro sistema introduce elementos de discrecionalidad que son -que serán- exprimidos al máximo. Y los concursos específicos, si pueden emplearse como sustitutos de la libre designación, serán también exprimidos hasta el límite. Sobre eso no deberíais albergar ninguna duda.
No os hagáis ilusiones: esta Administración, o los políticos que la dirigen, apuran todas las fórmulas de abuso del poder que se les ponen en las manos. ¿Ejemplos?: el “interés social” de Gran Scala, de Motorland… ¿Más ejemplos?: la “capacidad auto-organizativa” de la Administración para decidir si publica o no las Ofertas anuales de Empleo. ¿Que no pueden convocar concursos de libre designación? No pasa nada: convocarán concursos específicos. Pero el resultado será el mismo: arbitrariedad, colocación de las personas preseleccionadas por afinidad, amistad o militancia, blindaje de plazas… El resultado, el mismo. La experiencia no permite extraer otras conclusiones más optimistas o más indulgentes.
¿Quiénes son los abogados de ILD? ¿El Gobierno de Aragón?
Vamos a ver: los funcionarios fiscalizamos que las subvenciones públicas se ajusten a la ley, pero ¿no nos preocupa que nuestras retribuciones no se ajusten a la legalidad? ¿Aplicamos un doble rasero, uno para el contribuyente y otro para nosotros? Uf, qué feo.
Toda persona investida de autoridad, tiende a abusar de ella.
Publicado en prensa:
Batacazo judicial para el Gobierno del Principado. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado el modelo de carrera profesional, aprobado por el Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces en 2007, y que afecta a 19.000 funcionarios de la administración autonómica, todos menos los 16.000 del sector sanitario. Tal como advirtieron algunos sindicatos, la sentencia estima que el texto elaborado por los socialistas «no era conforma a Derecho».
La trascendencia del litigio obligó a que los once magistrados del TSJ de Asturias votaran el fallo. Los recursos de los cuatro sindicatos disconformes parcialmente con el modelo implantado estimaban que se dejaba fuera al personal temporal y se abría la posibilidad de que se aplicase la arbitrariedad a la hora de conceder las mejoras retributivas.
Sin embargo, el Principado siempre ha defendido el texto. A la espera de una respuesta oficial tras la sentencia, el pasado 27 de mayo insistió en que esta medida había permitido a los empleados públicos percibir un adelanto salarial a cuenta «que no se cobra en ningún otro sitio de España» y consideró que la decisión de los sindicatos iba «en contra» de los intereses de este colectivo. El Ejecutivo había anunciado además que Asturias sería la primera comunidad autónoma en desarrollar la carrera profesional de todos sus trabajadores en aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado hace dos años para el conjunto del país.
Pero el Alto Tribunal dice ahora que «no es posible regular de forma idéntica un régimen de carrera para funcionarios públicos y personal laboral, que exige no sólo procedimientos distintos, sino también cauces e instrumentos jurídicos distintos», añade. El error del Gobierno de Vicente Álvarez Areces, según la sentencia, ha sido no determinar un modelo concreto para ambos tipos de empleados y limitarse a prever en exclusiva unas determinadas cantidades salariales si se dan ciertos requisitos o circunstancias.
Movilizaciones
Los sindicatos que recurrieron la decisión del gobierno autonómico, que ha convocado varias movilizaciones en los últimos meses en señal de protesta, aplaudieron ayer la decisión del TSJ de Asturias. Incluso la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras dio ayer un paso más al solicitar el cese o la dimisión de la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, ya que «se ha puesto en entredicho» su gestión.
Asimismo incidió en que en los trabajadores del Principado «no deben pagar la incompetencia de sus gobernantes» y exigió a la administración que negocie una solución para asegurar «el pago a todo el mundo y que no se tenga que devolver cantidad alguna». En el caso de los docentes, las suman suponen entre 1.600 y 2.500 euros.
Por su parte, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que llevó también a los tribunales el modelo de carrera profesional, emplazó a la responsable socialista a reconocer «sus errores» y a no buscar el argumento fácil de «asustar e indisponer a los empleados públicos con el mensaje de que las cantidades percibidas deben ser devueltas, pues de ella y solamente de ella depende, la solución».
A juicio de CSIF, los pagos que ha realizado hasta ahora la administración autonómica lo han sido en concepto de productividad «y ésta u otra fórmula son perfectamente válidas».
Asimismo, emplaza al Gobierno a adoptar los mecanismos necesarios para hacer efectivo a la mayor brevedad el derecho de todos los empleados públicos de percibir el complemento de productividad «eliminando las desigualdades y sin penalizarlos por errores que no les son imputables».
TAL VEZ LO MAS GRAVE, DESDE UN PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL:
EL GOBIERNO ARECES HURTÓ LA POTESTAD LEGISLATIVA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA DESARROLLAR LA CARRERA PROFESIONAL.
Las sentencias de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que se acaban de conocer, en las que se anula la llamada “carrera profesional” de los empleados públicos, constituyen un varapalo judicial con escasos precedentes en los Estados Democráticos, por la dureza de sus términos.
Así, en el fundamento de derecho cuarto el Tribunal afirma, literalmente, que “no se puede por tanto hurtar a los representantes de la soberanía su potestad de efectuar ese desarrollo, no siendo en consecuencia la vía convencional, y ni siquiera la reglamentaria sin ese soporte legal previo, instrumentos ni cauces adecuados para establecer una carrera profesional, ni siquiera de forma provisional”
De este modo, el máximo órgano judicial de Asturias está imputando al Gobierno del Sr. Areces una de las más graves agresiones que se pueden concebir en un sistema democrático de división de poderes: la suplantación del poder legislativo por el ejecutivo.
Sin perjuicio de la necesidad urgente de dar cobertura legal al agujero negro normativo creado por la actuación irresponsable del Gobierno, procede exigir de inmediato la dimisión de los responsables políticos de este monumental estropicio, empezando por los causantes directos del mismo, los consejeros Rabanal y Migoya.
Uviéu, 17 de xunu de 2009
La Xunta Xestora del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies
En el tema del anticipo a cuenta de la carrera profesional observo que no habéis entrado a considerar la improcedencia de "anticipar" el sentido de una futura e hipotética regulación de la carrera profesional por parte de las Cortes y el régimen retributivo que resultaría de aplicación. Regulación que podría ni siquiera abordarse por las Cortes, o producirse en sentido diferente o incluso contrario al acordado prematuramente en la Mesa Sectorial.
Deberíais hacer hincapié, a mi juicio, en la intromisión que se ha permitido el poder ejecutivo en las funciones del legislativo, prejuzgando el resultado de sus posibles deliberaciones y decisiones, sobre una normativa cuyo proyecto no ha sido ni siquiera remitido a las Cortes.
Ya no se guardan las formas ni se respeta la ficción de la división de poderes. Para qué andarse con sutilezas.
Arduo tema el que toca ahora abordar, pero no se puede escurrir el bulto de ningún modo.
Iremos a donde nos lleven nuestras fuerzas, seamos los que seamos.
La misma existencia de una Función Pública (así, con mayúsculas), está fundamenteda en que haya personas que puedan llegar a resistir las consabidas presiones del "mando de turno" a la hora de tomar decisiones técnicas. Porque si solo van a firmar lo que les pongan delante, sea lo que sea, para eso se paga a cualquier "firmón" y santas pascuas. Ya hubo un técnico, Ingeniero de Montes, que en su día se atrevió a firmar un informe desaconsejando la ubicación de un frágil camping en pleno cono de deyección de un barranco de alta montaña; fue calificado públicamente (en este mismo HERALDO DE ARAGÓN) de "oscuro funcionario"; su carrera administrativa se acabó en seco, y hasta su mismo informe se volatilizó de los archivos de la Administración responsable de todo aquel entuerto, eso sí, hubo más de 80 muertos (desatre de Biescas). Así de delicadas son estas cuestiones
Zaragoza.- La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) considera que con la aprobación de la Ley de Gran Scala, las Cortes han desacreditado a Aragón y se ha declarado “en venta”.
Para Apudepa, esto supone una auténtica aberración jurídica, que supone la creación de “reservas de alegalidad” en el terreno de la Comunidad Autónoma. La Ley de Gran Scala es el cartel de “Se Vende” clavado en el suelo de Aragón.
Por todo ello, Apudepa solicitará al Defensor del Pueblo de España la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por la Constitución Española.
La asociación considera que el PAR y el PSOE han llegado demasiado lejos, incluso forzando las instituciones, en su intento por dar gusto a los determinados empresarios que han puesto "las condiciones de una ley especial y sumarísima".
“Esta Ley prostituye la legislación aragonesa y desvirtúa la autonomía política de la Comunidad. Aunque no conduzca a nada, es uno de los pasos más nefastos en la historia de la autonomía de Aragón”, concluyen desde Apudepa.
Esto marcha.
He oído decir en ciertos ámbitos que sois una asociación muy "cañera". Se puede tomar como un elogio, supongo.
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