Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
15 comentarios:
Traído del debate asturiano:
Argumento de los sindicatos firmantes: tenemos un acuerdo político y esto se seguirá cobrando. La legalidad ni mencionarla, faltaba más. Eso se llama ser correa de trasmisión del poder. Muy bien, no les preocupa que sea o no sea legal, en eso no entran, pero eso no es defender a los trabajadores, eso es meterlos en la boca del lobo, pidiéndoles firmar cosas que a corto plazo irán en contra suya. Dicen que se cobrará de nuevo y hablan de respaldo de 14.000 sin acordarse para nada de los 5.000 " que con mucha mas visión de futuro "no han tragao" . Correrlos a gorrazos es poco, pero a los firmantes, eh. No se puede ser más irresponsable, máxime cuando sabían que lo que hacían era ilegal. Ahora despotrican contra quien les levantó la liebre. Ya está bien de chanchullos hombre
Informa La Voz de Asturias:
El presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces, aseguró ayer que ni se cometió ningún error al establecer el pago a cuenta a los funcionarios por la carrera profesional, ni exigirá responsabilidades políticas en su Gobierno tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que lo anuló y que dejará a partir de julio a 14.000 funcionarios que se acogieron al acuerdo con una nómina en la que habrá entre 200 y 400 euros menos.
Areces reiteró que la aplicación de la carrera profesional es "algo positivo" porque, lejos de ser una medida electoralista, la negociación se inició año y medio antes de las elecciones, se trataba de extender los logros que alcanzaron los profesionales sanitarios al resto de los empleados públicos del Principado y que, como no había "marco legal suficiente", se vinculó a la productividad.
Areces, en una entrevista concedida ayer a la cadena SER, criticó "el interés de alguna gente en darle una bofetada al Gobierno en la cara de los funcionarios", en referencia a los sindicatos que recurrieron la articulación de la carrera y a los que el TSJA les ha dado la razón: CSI, CSIF, USO, Suatea y la Federación de Enseñanza de CCOO.
A estos sindicatos Areces les acusó de estar buscando una manera de "originar un perjuicio" a los funcionarios que han cobrado la carrera y que se encuentran en una situación compleja sin tener ninguna culpa. Los 5.000 funcionarios --la práctica totalidad del sector de la enseñanza-- que no se acogieron a la carrera profesional ya anunciaron que reclamarán el dinero que ellos no han percibido en estos dos años y medio y que otros compañeros sí han ingresado a través de una figura que ha sido declarada ilegal.
Areces quiso subrayar que la anulación de la carrera profesional por el TSJA no quiere decir que se tenga que devolver el dinero que han percibido a cuenta los funcionarios, sino que la sentencia supone que se anula, pero se "reconstruirá".
En este sentido, el presidente del Principado apuntó que la carrera profesional "arrancará de nuevo" cuando se disponga de la ley autonómica de Función Pública y el Estatuto del Docente, marco éste que depende del Ministerio de Educación. Sin embargo, los sindicatos que respaldaron la carrera profesional, CCOO y UGT, ya han advertido de que no están dispuestos a esperar ese tiempo y, presionados por los funcionarios, ya han pedido que se reúna la mesa general en la que está la Administración, para que se busquen soluciones que permitan seguir adelante con el acuerdo.
Areces negó que el Gobierno esté pensando en aprovechar la coyuntura para ahorrarse por un tiempo los 21 millones al año que supone el pago de la carrera profesional, sino que lamentó la situación que se ha generado. En este sentido, el presidente recordó que no solo se trata de dar un dinero a los funcionarios, sino que este dinero es un incentivo para que se impliquen en la mejora en la calidad de los servicios y la atención al ciudadano.
De nuevo tenemos que padecer el discurso rancio del Vicepresidente:
El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, afirmó este martes que "el Derecho es opinable" y recordó que no todos podrán recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la futura Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que permitirá poner en marcha el complejo de ocio y juegos de azar Gran Scala en Ontiñena.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Biel aludió a la aprobación, en el Pleno que las Cortes de Aragón celebrarán el próximo jueves, 25 de junio, de la Ley de Gran Scala. El también portavoz del Ejecutivo autónomo dijo que los juristas de la Administración autónoma que han trabajado en este texto legal "son de reconocida competencia" e insistió en que "en Derecho depende de quién opine, quién lo diga y la tendencia de cada juez" el resultado es uno u otro.
José Ángel Biel prosiguió afirmando que la supuesta inconstitucionalidad de este proyecto de ley es un asunto que "sólo puede dilucidar el Tribunal Constitucional" (TC), tras lo que explicó que el recurso de inconstitucionalidad sólo lo pueden plantear el Gobierno de España, el Ejecutivo aragonés, las Cortes autónomas, 40 diputados al Congreso o 40 senadores y añadió que "si eso no se produce no hay sentencia del TC".
Por supuesto, no se desdice ni disculpa de sus impertinencias del otro día.
Tal vez, pedir disculpas no entre en su lógica.
Comentario de José Luis Valero:
Parece mentira que el vicepresidente de la DGA y líder del PAR, José Ángel Biel, que ha sido letrado, es todavía en excedencia, de la administración pública, concretamente del antiguo Insalud, hoy transferido a Aragón y denominado Servicio Aragonés de Salud, ponga en entredicho la trayectoria personal y profesional de los letrados de las Cortes de Aragón. Claro que de sus palabras se deduce su concepto de la política y de la ética con la que deben ejercer sus labores los empleados públicos.
Dejando claro que esto no es una tecnocracia y que las directrices políticas deben ser las que marquen las líneas de la gestión institucional y de los recursos públicos, también es obvio que los altos cargos están para enmendar la plana y marcar los límites de la legalidad y del cumplimiento de las normativas de todo tipo. Una vez realizada esa función, el político debe tomar la decisión que crea oportuna y queda en su haber si incurre en un posible delito o no. Porque si no fuera así, ¿de qué estamos hablando en el caso de La Muela, Marbella, Madrid, Valencia, etc?
El derecho es intepretable, no opinable como dice el vicepresidente. Pero la interpretación corresponde a los jueces y no a la parte interesada en no se sabe muy bien qué. Y menos en el asunto de Gran Scala. No se trata de renunciar a él, si es que tiene posibilidad de salir y desarrollarse, sino de hacerlo bien para que nadie quede en entredicho.
De todas formas, si a juicio de Biel, el Derecho es como él dice, ¿por qué no interviene y pone fin al bochornoso espectáculo de La Muela, que al fin y al cabo todos los concejales, empezando por Pinilla y Rodrigo Vela, se presentaron bajo la siglas de su partido? ¿O es que ésto no es opinable porque no le interesa?
APARECIDO EN RRHH DIGITAL:
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa celebra su segundo aniversario y anima a "sumar esfuerzos" a todos aquellos ciudadanos que no sean indiferentes al buen funcionamiento de la Administración aragonesa. El sitio oficial de la entidad ha emitido 400 notas con toda clase de críticas hacia los responsables de la Administración autónoma, indican en un comunicado.
La asociación ha dedicado su actividad durante estos dos años a la "reflexión y denuncia" sobre el funcionamiento de la Administración autónoma, por ejemplo, respecto a la "cesión ilegal" de trabajadores entre las empresas públicas y los Departamentos del Gobierno de Aragón.
También destacan su defensa de los letrados de las Cortes de Aragón frente a los "intolerables ataques" del vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, respecto al proyecto de ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad.
La entidad continúa afirmando que uno de los resultados obtenidos es que "esos temas han pasado a estar presentes en el debate público", aunque lamentan que la reciente reforma de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón no haya reforzado los mecanismos de control. La Asociación exige la creación de la Cámara de Cuentas.
La "tendencia" a la "falta de exigencia democrática", que la asociación advierte en el caso aragonés, "no puede ser compartida ni secundada por los servidores públicos, en su condición de ciudadanos expresamente comprometidos con el respeto de la legalidad y la realización de los valores constitucionales", concluyen.
Ojo a este elocuente titular de la web de CCOO en Asturias:
Un debate entre el sindicalismo pragmático en el que los trabajadores cobran y el sindicalismo legalista en el que los trabajadores no cobran …
Ya se traduce la información de la Asociación en la blogosfera o ciberespacio:
The Association for the Defense of the Public Function celebrates its second anniversary and animates to add efforts
The Association for the Defense of the Aragonese Public Function celebrates its second anniversary and animates “to add efforts” to all those citizens who are not indifferent to the good operation of the Aragonese Administration.
The official site of the organization has emitted 400 notes with all class of critics towards the people in charge of the independent Administration, indicate in an official notice.
Bien por la Letrada Mayor:
La letrada mayor de las Cortes de Aragón, Vega Estella, apeló al principio de "autonomía funcional" de todos los letrados que pertenecen a los servicios jurídicos del Parlamento autónomo a la hora de realizar su trabajo técnico-jurídico, también el caso del letrado que realizó un informe en el que manifestaba una duda sobre la constitucionalidad de algún aspecto del proyecto de ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad.
En un informe, demandado por la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, Estella recordó que los servicios jurídicos son autónomos en su quehacer, siempre profesional, y ajenos a cualquier valoración política. Asimismo, expresó que el informe primero elaborado por un letrado sobre la Ley de Gran Scala se ajusta completamente al proceder ordinario de un jurista parlamentario.
ARAGON DIGITAL:
Zaragoza.- El vicepresidente José Ángel Biel ha recordado que en la redacción de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad han participado juristas “de reconocida competencia” que consideran que el texto es constitucional. De ahí que haya confiado en una resolución favorable. El portavoz del Ejecutivo autonómico ha añadido que “el derecho es opinable” y ha puesto como ejemplo la polémica generada en torno a la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña.
Por eso el vicepresidente ha concluido que “sólo el Tribunal Constitucional puede dilucidar esta cuestión”. Además, ha recordado que para plantear un recurso de estas características se requiere que lo soliciten 40 diputados, 40 senadores, el Defensor del Pueblo, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de España o el Parlamento de Aragón.
De todas formas, ha manifestado que este proyecto de ley regula una materia que puede abrir una puerta interesante en tiempos de crisis. “Si se para este ilusionante proyecto que respalda la mayoría de las aragoneses, el que lo pare tendrá que dar explicaciones de si es un caprichito o no”, ha afirmado.
Algo sobre Administración en Red:
La Administración en red sería “un punto de encuentro y lugar de colaboración”. Supone otorgarle el máximo aprecio al valor participación, maximizando el principio de comunidad e integrando creativamente el de discrepancia, para construir una Administración relacional. Aquí contemplamos varios escenarios:
El de las Administraciones colaborando entre sí.
El de las personas de la Administración, que superan las barreras departamentales y jerárquicas.
La convergencia entre el universo de los cargos políticos y el de los funcionarios, entre el Gobierno y la Administración.
El de la ciudadanía participando en la toma de decisiones.
El efecto red sólo se establece entre individuos, cada uno participando por su libre voluntad y su soberano interés. “Las conexiones entre personas son las que valen”. Ahora mismo, muchos proyectos superan los obstáculos gracias a que, en el fondo, se construyen bottom-up, de abajo arriba. Cuando la red se construye sobre personas y no sobre entes, es más fácil activar el valor intensidad, más fácil provocar el entusiasmo y más aceptable proceder con humor, relativizar la importancia de cada uno mediante la ironía.
En algún momento he comparado al Gobierno Vasco con un pueblo pequeño. Las Administraciones en red no forman uno, sino varios pueblos pequeños, enredados entre sí. Para conectarse en red deben funcionar como si ellas mismas fueran “web pequeños capaces de sindicar contenidos”, “con un manejo ágil de la información que debe entrar y salir fácilmente”. Volviendo al principio de ironía, conviene considerar que ninguno de los organismos tiene la solución definitiva, sino que están en “un estado beta permanente”.
Las Administraciones en red progresan gracias a la práctica constante de la innovación, dispuesta a subvertir el orden existente, pero con la visión bien orientada hacia el servicio, con la humildad del que sabe que no será útil si los cambios no son los que la ciudadanía desea. La innovación no es propiedad de un departamento o un organismo, sino que simplemente hay más personas orientadas a lo nuevo y más personas orientadas a crear valor.
Las Administraciones en red hacen un uso intensivo de la tecnología, pero su presencia tiende a ser invisible. La infraestructura tecnológica del eGovernment aporta un medio ágil que se pone al servicio de los fines y que posibilita el intercambio intensivo de información entre todos los actores: cargos políticos, funcionarios, ciudadanos, empresas, otras Administraciones, la comunidad hacker, …
Las Administraciones en red son transparentes y se constituyen como organizaciones que aprenden gracias a que exponen y comparten su información, con claridad y obscenidad, sacando a la luz las buenas y las malas prácticas, “usan copyleft y saben que cualquier inversión en guardarse las cosas es tiempo perdido”. Aplican la emulación, la reciprocidad y la simbiosis en lugar de la competitividad.
Las Administraciones en red tienden a la autoorganización, pero regulada mediante el valor equidad, donde la voluntad de inclusión sutura la brecha digital en una sociedad diversa. Una Administración que responde creativamente a las demandas de los hackers y de las tías Begoña –o de las Adele. En nuestro modelo, estoy pensando, más que en Singapur o en los EE.UU., en Finlandia, donde la Sociedad de la Información crece de la mano de la Sociedad del Bienestar, soportadas ambas por fuertes sentimientos de comunidad y de identidad colectiva.
El beneficio esperado es el aumento de la legitimación de la labor pública ante la ciudadanía. Volvemos al principio del artículo. El reto consiste en ir regenerando ese “campo quemado”, de poner las bases para asentar una confianza mutua entre la Administración, los funcionarios y la ciudadanía.
Traido del Blog Salmón:
Nos gusta compararnos con Obama, con sus políticas, con las virtudes que propugna el nuevo presidente de EEUU. Me parece bien, siempre y cuando copiemos las cosas que sean buenas para nosotros.
Dentro de los muchos gestos que ha llevado a cabo el presidente americano ha sido publicitar su declaración de la renta. Está a golpe de click, accesible para todo aquel que la quiera consultar y eso que nadie se la ha pedido. Este gesto a copiar debería ser transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico por decreto ley, dado que voluntariamente sólo encontramos datos ambiguos sobre ingresos.
En la actualidad, existe un código de buen gobierno, una declaración de actividades para altos cargos de la administración y una serie de votaciones secretas y a puerta cerrada en donde todos nuestros políticos deciden qué actividades son compatibles o incompatibles con su actividad política y qué pueden desarrollar y qué no.
Además de esta autoprotección de la manada, tampoco sabemos las implicaciones e intereses económicos que tienen los distintos dirigentes en distintas empresas, entidades financieras o propiedades inmobiliarias suceptibles de pelotazo a nivel local, tal y como vemos a diario en las noticias.
Por si fuera poco, algunos de nuestros políticos hacen unas declaraciones públicas de ingresos, sin que exista una certeza plena que esas declaraciones que se hacen corresponden con las cantidades realmente declaradas. Y por si fuera poco, muchas veces dudo incluso que nuestros dirigentes tributen adecuadamente por los impuestos.
Vaya un ejemplo, cualquier trabajador que ostente el uso de una vivienda a nivel gratuito tiene que integrar los rendimientos del trabajo en especie en su IRPF por dicho uso. Muchos políticos tienen a su disposición viviendas cedidas con carácter gratuito, desde la Moncloa a algunos alcaldes. Dejemos el beneficio de la duda sobre su tributación, pero me gustaría ver las distintas declaraciones de la renta, para comprobar este mero detalle.
En definitiva, el dinero público se tiene que manejar con bolsillos de cristal, pero no es de recibo que pueda obtener más información patrimonial que la empresa que me vende los folios que sobre los políticos que manejan nuestro dinero. Pero claro, esto no le interesa a ninguno de los dirigentes.
La denominada Administración 1.0 (aquella Administración pública que resulta del estancamiento al no haber considerado el ”cambio de requisitos” presente en la sociedad) no pasa a ser Administración 2.0 (resultado de un proceso de transformación al aplicar unas iniciativas encaminadas a dar valor e innovar los servicios ofertados), con la simple inclusión de RSS, un foro, un blog y poco más…, al igual que no es lo mismo modelizar un procedimiento que automatizarlo. La palabra transformación no es gratuita y tiene un significado de metamorfosis, innovación y reforma de sus características.
Podríamos enumerar los rasgos principales que podrían transformarse de la Administración 1.0
De una administración tutelar que decide sobre los servicios que reciben los ciudadano y no estudia la demanda a receptiva, en la que los ciudadanos pueden opinar sobre los servicios que reciben y cuáles son sus prioridades.
De conservadora, apegada a la separación de competencias y a los viejos procesos en los que aplica las nuevas tecnologías a innovadora y colaborativa, que identifica las oportunidades de las nuevas tecnologías, las posibilidades de utilizarlas en los procedimientos y la interoperabilidad entre Departamentos y Administraciones.
De la pasividad de trasladar al ciudadano parte de sus tareas (hacer de mensajeros entre administraciones, estar pendiente de las renovaciones, plazos, etc.) a hacer la declaración, solucionar los asuntos, intermediar, evitar el trámite, ser proactiva.
De rígida y controladora por encima de la eficacia a adaptar sus estructuras y cultura a los cambios de la sociedad.
De subvencionar con poco control sobre el retorno de la inversión a incentivar la innovación y el desarrollo y la promoción de las empresas del país fuera de sus fronteras.
De la consabida burocracia cuyo exagerado cumplimiento de las normas fomentan una resistencia pasiva al cambio, y tendente a la desconfianza y a la ineficiencia a modernizar la organización, la gestión y el marco normativo para estar acorde con el nuevo contexto.
De distante para el ciudadano, que es ajeno a sus cambios, a reconocer el derecho a participar en las decisiones e incluso en el diseño de servicios en la administración. Ser próxima, ser mi administración.
De compleja en el lenguaje administrativo y laberínticos procedimientos a sencilla y transparente.
En definitiva una administración que genera confianza.
Sigue:
A esta administración transformada podemos aplicar los 7 principios constitutivos de las aplicaciones Web 2.0 que describe O´Reilly :
La World Wide Web como plataforma. Las herramientas y sus contenidos existen en la propia Web y no en la computadora del usuario.
Se aprovecha la inteligencia colectiva (1). Como apunta Surowiecki en la Sabiduría de las Multitudes, 100 piensan mejor que 1.
Los datos son el ‘Intel Inside’.
El fin del ciclo de las actualizaciones del software.
Modelos de programación ligera: simple, transformable, rápida. Adiós aplicaciones monolíticas, bienvenido el ensamblado de servicios.
El software no limitado a un solo dispositivo.
Experiencias enriquecedoras del usuario: por ejemplo valorar y comentar los servicios, marcar las oficinas, comentar normas, etc.
A las que añadiría:
Los usuarios crean contenidos.
Hay interactividad, se hacen cosas o se resuelven problemas juntos.
Aprender del consumo de los usuarios, ensamblando servicios con creatividad para ofrecer así mayor valor añadido y mejorándolos en forma continua.
Me gustaría terminar apuntando una lista de ideas que para no aburrir no voy a desarrollar:
• Atención al público colaborativa, aprovechando la inteligencia colectiva de los empleados públicos responsables.
• La reutilización por entidades privadas de datos y contenidos que la administración produce para obtener ventajas y mayores beneficios
• La adopción de la licencia EUPL en todo el software de la Administración para ser reutilizado no sólo por otras administraciones si no también por suministradores.
• La creación de un Portal web 2.0 sobre reutilización de soluciones (CTT)
• La elaboración de un Admipedia
• Fomentar los Edublogs
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