zaragoza, 28 de junio de 2009.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa va a formular una queja ante el Justicia de Aragón por la falta de publicidad y objetividad en los procesos de selección de personal de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma.
Dichas empresas, principalmente SODEMASA y SIRASA, suelen encomendar la selección de su personal a empresas consultoras privadas o de selección de personal, sin ajustarse a los principios de publicidad y mérito que ha de regir el acceso al empleo público, en el que ha de incluirse también las empresas públicas.
La publicidad de tales procesos, efectuada mediante anuncios en prensa en los que en ocasiones no hay siquiera una identificación precisa de la empresa contratante, pues se cita bajo el rótulo de “empresa pública de servicios de ámbito regional”, no contiene los elementos básicos para asegurar la igualdad y objetividad del proceso selectivo.
Dichos procesos, en concreto, no incorporan, entre las garantías requeridas por el Estatuto Básico del Empleado Público para la selección de los candidatos más idóneos, el establecimiento de un órgano de selección, compuesto por miembros imparciales y profesionales, función que a juicio de esta Asociación no puede ejercerse por empresas consultoras privadas, como se viene haciendo con frecuencia por las citadas empresas públicas.
El Departamento de Presidencia, como responsable de la política de personal del conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma, en la que se incluyen organismos públicos y empresas públicas, se ha negado hasta la fecha, y a pesar de las reiteradas peticiones formuladas desde esta Asociación, a establecer unos criterios comunes a aplicar por el conjunto de organismos y empresas públicas en sus procesos de selección de personal, para salvaguardar el principio de igualdad en el acceso al empleo público de todos los ciudadanos y evitar que tales procesos conculquen los criterios establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Ante la inhibición del Departamento de Presidencia en el ejercicio de sus responsabilidades administrativas, y vista la persistencia de las empresas públicas SODEMASA y SIRASA en llevar a cabo procesos de personal a través de empresas consultoras privadas, como puede observarse por las ofertas de empleo publicadas en la prensa aragonesa, esta Asociación va a formular una queja ante el Justicia de Aragón, con el fin de que recuerde a los Departamentos de la Administración autonómica su obligación de respetar el Estatuto Básico en la selección de personal, en el conjunto de los entes públicos que tengan adscritos, y recomiende al Departamento de Presidencia el establecimiento de criterios comunes a los que hayan de ajustarse organismos y empresas para la selección de su personal, descartando en todo caso la utilización de consultoras privadas para la realización de dicha selección.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
51 comentarios:
A ver qué dice el Justicia, última esperanza para enderezar el rumbo de nuestra Administración.
Muy alineados con Heraldo, ¿no os parece?
Lo dice la Cámara de Comptos de Navarra:
La mayoría de las empresas públicas elige personal a dedo y hace contrataciones opacas.
RESUMEN DEL INFORME.
Empresas Públicas de Navarra: selección de personal, contratos, encomiendas e ingresos por transferencias, ejercicio 2004
La Cámara de Comptos de Navarra ha remitido al Parlamento un informe sobre diversos aspectos de la gestión de las empresas públicas. En concreto, se ha analizado la selección de personal, los contratos de obras, asistencia técnica y suministros, las encomiendas y la gestión de los ingresos por transferencias recibidas del Gobierno de Navarra.
En la introducción del informe, la Cámara de Comptos señala que existen 28 empresas públicas. Si bien la gestión analizada corresponde al ejercicio de 2004, el informe indica que en 2005 y 2006 se crearon otras tres: Riegos del Canal de Navarra S.A, Sociedad de Promoción de Inversiones e Infraestructuras de Navarra S.A. y Producción Informática de Navarra S.L.
El informe señala que las sociedades públicas se rigen por el ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de las exigencias que por su carácter público deben cumplir en materia presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. Al estar sometidas al régimen de contabilidad pública, sus cuentas forman parte de las cuentas generales de Navarra y sus programas de actuación se integran en los presupuestos. Además, están sujetas al control financiero del Gobierno y al control externo de la Cámara de Comptos.
En cuanto a la contratación, la Cámara de Comptos destaca que, de acuerdo a la legislación contractual vigente en el ejercicio de 2004, las sociedades públicas debían cumplir los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad, salvo que la naturaleza de la operación fuera incompatible con estos principios, debiendo aplicar las normas y procedimientos de adjudicación previstos en la legislación contractual si los importes superan los umbrales comunitarios: 5.923.624 euros para contratos de obras y 236.945 para suministros, asistencia y gestión de servicios públicos.
Respecto a personal, a las empresas públicas se les aplica el Derecho Laboral, aunque a la hora de seleccionar a sus empleados deben respetar los principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad, igualdad, mérito y capacidad. El informe señala que “estos principios requieren, para ser efectivos, la aplicación de otros como los de publicidad, concurrencia y objetividad, que garanticen la realización de un proceso de selección de personal objetivado y motivado”.
A la hora de planificar el trabajo, la Cámara de Comptos seleccionó 53 contrataciones de personal, 51 contratos de obras, asistencia y suministros por importe de 38 millones de euros, 25 encomiendas del Gobierno de Navarra a estas empresas cuyo precio ascendió a 24 millones y 30 transferencias de la Administración Foral por un importe total de 13 millones.
Selección de personal
En cuanto a la contratación de personal, el informe concluye que de las 14 empresas analizadas seis realizaron selecciones de personal con procedimientos que garantizan el cumplimiento de los citados principios. Dichas empresas son: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, S.A., Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas S.A, Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones S.A, ITG Agrícola S.A, Navarra de Infraestructuras Locales S.A y Obras Públicas y Telecomunicaciones de Navarra S.A.
En ocho de las 14 empresas, por el contrario, no se ha podido constatar la aplicación de procedimientos que garanticen un sistema de selección objetivo y motivado. De hecho, esas empresas “no contemplan la realización de pruebas objetivas sino solamente entrevistas a los diversos candidatos al puesto a contratar”, de cuya realización y valoración tampoco queda constancia escrita. El informe señala que en algunos casos ni siquiera queda constancia del procedimiento seguido por la empresa pública para la contratación de personal.
Algún caso de arbitrariedad en Anadalucía, detectado también por la Cámara de Cuentas regional:
El PSOE ha tenido muchas facilidades para hacer su "tela de araña" por la falta de control absoluto de las instituciones y empresas públicas que ha consentido desde sus gobiernos. Ahora, es la Cámara de Cuentas la que nos alerta de que, más que probablemente, la mayoría del personal de Aljarafesa, una empresa pública de agua del Aljarafe sevillano, ha podido entrar a dedo sin haberse realizado pruebas objetivas sólo por la voluntad de su gerente. Igualmente, el descontrol que manifiesta de los bienes públicos y del agua, incluso de los contadores, es sorprendente y escandaloso. La pregunta es: ¿En todas las empresas públicas controladas por el PSOE se ha seguido el mismo procedimiento? De ser así, estaríamos ante un "coladero" de familiares y amigos en el entramado laboral de la Junta de Andalucía, al margen de todo control, justicia e igualdad de oportunidades para todos. El informe completo puede leerlo aquí.
Dice la Cámara de Cuentas sobre Aljarafesa:
"A continuación se exponen los resultado obtenidos de la fiscalización realizada.
1. Con respecto a los principios y normas de control interno establecidos por la empresa, las debilidades detectadas han sido las siguientes:
• La competencia para la contratación de personal recae directamente en el gerente. La gestión de los contratos y custodia de los expedientes de personal es responsabilidad del servicio de Asesoría Jurídica.
• La empresa no dispone de normas ni procedimientos para la selección y contratación del personal aprobados por el Consejo de Administración.
• En ninguno de los expedientes de personal analizados constaba la documentación correspondiente a la fase de selección del personal, por lo que no ha sido posible comprobar que el acceso al puesto de trabajo en la empresa pública se ha realizado según los principios de igualdad, mérito y capacidad.
También en la Comunidad Valenciana:
La contratación de personal de las empresas públicas incumple el principio de igualdad.
Una de las advertencias que se repiten en la auditoría de las cuentas públicas de 2006 respecto a años anteriores se refiere a las irregularidades en la contratación de personal por parte de las empresas públicas. De hecho, en la mayoría de las firmas en las que participa la Generalitat el Síndic pone énfasis en todo tipo de incumplimientos, que van desde no dar cumplimento al principio de igualdad o los méritos, a la ausencia de informes de justifiquen la creación de nuevos puestos de trabajo o el informe preceptivo de la Conselleria de Economía, como es el caso del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa).
En el caso del grupo Radio Televisió Valenciana (RTVV), el apartado de revisión del cumplimiento de la legalidad advierte de que la contratación temporal de personal no se ha realizado en algunos casos conforme a lo establecido en el convenio colectivo y en la normativa interna.
En la empresa creada para construir los colegios, Ciegsa, por poner otro ejemplo, el informe del Síndic observa que la contratación de los arquitectos no responde a los principios de publicidad, mérito, concurrencia, igualdad y capacidad. Esta misma observación del Síndic, puede apreciarse en las auditorías a del Ente Gestor de la Red de Transportes.
Además, insta a Ciegsa a que en las contrataciones en que se sirve del Servef como intermediario exija más requisitos, puesto que en algún caso se piden unos requisitos tan particulares que sólo concurre un candidato.
La empresa de saneamiento de aguas residuales, Epsar, tampoco «atiende a los criterios básicos de selección de personal al servicio de la Generalitat».
Oid lo que dicen nuestros amigos de Asturias:
El artículo 1 de la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2009 relaciona un total de treinta y una – 31 - entidades integradas en el sector público autonómico y sometidas en su funcionamiento al Derecho privado.
Todos estos entes y empresas públicas deben quedar sometidos inexcusablemente al cumplimiento de los principios de selección de personal regulados en el artículo 55 del Estatuto del Empleado Público, pero sin embargo y salvo contadas excepciones, se vienen incumpliendo de forma sistemática: ni existe publicidad de las convocatorias y sus bases, ni procedimientos de selección transparentes, ni se acredita la imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, ni la independencia en la actuación de dichos órganos, ni la adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
Es decir, en la mayor parte de los casos, su vulneran de forma manifiesta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que deben regir el acceso a los puestos de trabajo de estas entidades públicas, de acuerdo con las exigencias del artículo 23.2 y 103.3 de la Constitución española y, en consecuencia, no se dan las condiciones necesarias e imprescindibles para el ejercicio de un derecho humano fundamental en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
En la gran mayoría de los entes y empresas relacionadas no se conocen convocatorias públicas transparentes y regladas conforme a bases objetivas y cuando, en algún caso puntual, se hacen públicas convocatorias de cobertura de puestos de trabajo vinculadas a alguna de dichas entidades, estas revelan procedimientos de selección manifiestamente ilegales.
Citaremos a modo de ejemplo las convocatorias de empleo público efectuadas por las empresas públicas Sociedad de Servicios del Principado de Asturias S.A. (SERPA) en su página web , en las que se describe el proceso de selección en los siguientes términos: “Se formará una Comisión de Valoración que preseleccionará un número de candidatos a los que invitará a una entrevista personal. En función del resultado de las entrevistas se valorará la conveniencia de alguna prueba práctica”, o Viviendas del Principado de Asturias S.A. (VIPASA), en el periódico La Nueva España de 8 de marzo de 2009, sin bases de selección conocidas o la información sobre selección de personal que proporciona en su página web la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias, que se limita a indicar lo siguiente: “si quiere participar en futuros procesos de selección puede enviar su currículum a : fundación@fasad.org”
Valiosa recapitulación de Sevach:
El caso de los trabajadores que sirven a la Administración Pública sin haber superado procedimiento selectivo alguno es un vivo ejemplo que ilustra una situación jurídicamente esquizofrénica. En el plano de las premisas teóricas, subyace la tensión entre Derecho Administrativo (mérito y capacidad en el acceso al empleo público) y Derecho Laboral (protección del trabajador aunque haya accedido al margen de procedimiento selectivo alguno). Y en el plano de las consecuencias prácticas, la Administración se encuentra con que los funcionarios interinos de incorporación irregular son expeditivamente puestos “de patitas en la calle” mientras que los trabajadores en régimen laboral por idéntico cauce adquieren la condición de “indefinidos”. La Jurisprudencia, tanto contencioso-administrativa como laboral, se ha esforzado en armonizar el puzzle, cuyo último hito comentará Sevach y viene dado por la recientísima Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 3 de Abril de 2009.
1. En efecto, de acuerdo con la Constitución, y con la convicción popular, el mérito y la capacidad son la única vía legítima para acceder a la condición de empleado público. La Administración es cosa de todos y por tanto debe haber igualdad de oportunidades y otorgar prioridad al mas capacitado. O sea, el amiguismo, el chanchullo, la parcialidad o la filtración de ejercicios son ilegítimas
Asimismo, el Derecho laboral protege a quien de buena fe presta servicio a un empleador (sea público o privado) cuando éste incumple la normativa laboral en cuanto a forma exigible o condiciones de la modalidad temporal.
2. La primera etapa jurisprudencial (1983-1991) social primó el interés público subyacente en el Derecho Administrativo, con lo que sin mérito y capacidad ya podía cualquier trabajador prestar servicios a la Administración por cauce irregular y por largo tiempo, que jamás adquiriría plaza fija ni indefinida.
La segunda etapa jurisprudencial (1992-1995) social primó el interés privado subyacente en el Derecho del Trabajo y consideró que un trabajador no tiene por qué ser perjudicado por los errores de una Administración Pública, con lo que nada impedía que por este atajo sin pruebas selectivas se adquiriese la condición de trabajador fijo.
Continúa:
La tercera etapa jurisprudencial (1996-2009) social optó por una fórmula mixta ingeniosa. Quien accedía de forma ilegítima a trabajar para la Administración (p.ej. un amiguete contratado a dedo por el Alcalde de turno para un trabajo supuestamente temporal y que se prolongaba largo tiempo, o alguien que encadenaba sucesivos contratos temporales) accedía a la condición de “indefinido pero no fijo” ( en términos coloquiales de estabilidad laboral “ni tanto ni tan calvo”), ingeniosa condición por la que este trabajador seguiría prestando servicios hasta que algún lejano día, otra persona por el procedimiento del mérito y capacidad ocupase su lugar. Así lo declara la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de Enero de 1998 (rec.317/1997), que constituye el leading case de este ambito, y en la que, a partir de la diferencia entre el reconocimiento del carácter indefinido y la fijeza en la plantilla, se señala que el primero “implica desde una perspectiva temporal que el vínculo no está sometido, directa o indirectamente a un término”, pero “esto no supone que el trabajador convalide una condición de fijeza en plantilla que no sería compatible con las normas sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas”. De esta forma, la Administración afectada “no puede consolidar la fijeza en plantilla con una adscripción definitiva del puesto de trabajo, sino que, por el contrario, está obligada a adoptar las medidas necesarias para la provisión regular del mismo y, producida esa provisión en la forma legalmente procedente, existirá una causa lícita para extinguir el contrato”. En otras palabras, el trabajador de la Administración Pública que se ha incorporado soslayando los principios de mérito y capacidad, o mediante encadenamientos fraudulentos de contratos temporales o prescindiendo de las formas esenciales de los contratos especiales laborales, no se verá expulsado “por ahora” de la Administración sino que seguirá prestando servicios mas tiempo todavía ( de ahí el término “indefinido”) aunque la bicoca se acabará el día en que la Administración tenga a bien convocar tal puesto de trabajo y cubrirlo conforme al mérito y capacidad, y con publica concurrencia. En la práctica, ante este nuevo escenario jurisprudencial, las Administraciones han optado:
a) O por extinguir el contrato laboral indefinido pero no fijo, y provocar un despido improcedente para indemnizar sustancialmente al trabajador (al fin y al cabo la pólvora del rey puede servir para expulsar trabajadores “incómodos”);
b) Lo más habitual, dejar la situación en un limbo indefinido, y no convocar el procedimiento selectivo, para asegurar la estabilidad de tales trabajadores ( lo que suele ser negociado con la representación sindical );
c) Lo mas correcto e infrecuente, promover con celeridad un procedimiento selectivo de nuevo cuño para incoporar un nuevo trabajador bajo la “pureza de la sangre del mérito y la capacidad”.
Concluye:
La última vía, inexplorada realmente, es la abierta por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en su sentencia de 12 de Febrero de 2007 (rec.1234/2002) que considera que para acceder a la condición de funcionario de carrera puede establecerse un turno especial, exclusivo y excluyente para facilitar la funcionarización de los trabajadores “indefinidos pero no fijos”.
La cuarta etapa jurisprudencial la abre la recientísima Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 3 de Abril de 2009 (rec.773/2007) que aborda la interesante cuestión de la situación de los trabajadores irregulares en las sociedades públicas, campo en que es sabido abundan las corruptelas y accesos laborales bajo criterios “digitales”, “de hecho” o de “clientelismo”. La llamada “huida del Derecho Administrativo” al crear Empresas públicas se convirtió en el “refugio del Derecho Laboral para compadres sorteando oposiciones”. En este caso, la Sala declara valientemente idéntica consecuencia que para las Administraciones Públicas. Los trabajadores que acceden en condiciones fraudulentas o irregulares a tales sociedades públicas no son trabajadores fijos, sino les corresponde esa sutileza de “indefinidos pero no fijos”.
Por tanto, dado que la Administración se sirve con generosidad de la técnica de las sociedades mercantiles de capital público (sociedades estatales,autonómicas, locales e incluso institucionales), estamos ante una nueva vía en que la fuerza de los principios de publicidad y concurrencia, a partir de esta doctrina jurisprudencial social, provocará que todos aquéllos que ronroneaban aliviados al colarse por la “gatera” de la contratación laboral irregular, en la confianza del “Santa rita, rita, lo que se da no se quita”, se verán ahora sometidos a la espada de Damocles de que su estabilidad caducará como los yogures: cuando alguien por procedimientos de publicidad, mérito y capacidad obtenga dicha plaza.
5. La gran cuestión es qué sucede con las Fundaciones de titularidad pública, donde el problema del “entrarás pero no saldrás” laboral es especialmente acuciante, y que probablemente, en un ejercicio de pronóstico judicial, será el próximo hito jurisprudencial, (aunque los razonamientos del Tribunal Supremo son aplicables igualmente a las Fundaciones públicas).
6. En todo caso, habrá que estar muy atento a los desarrollos del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/07, ya que el mismo impone en su Disposición Adicional Primera los principios de concurrencia, publicidad, mérito y capacidad a todas las entidades del sector público estatal, autonómico y local, si bien deja en manos de la legislación de desarrollo el establecimiento de los cauces de acceso, integración o reconversión de categorías laborales en funcionarios y viceversa. O sea, echémonos a temblar.
Las empresas y fundaciones públicas son una especia de administración paralela que se organiza al margen de la Administración Pública, restando a esta el ejercicio de determinadas competencias. y colocando con mucha más facilidad a los amigos, amiguetes y amiguinos. Cada día tengo más claro que el objeto social verdadero de muchas de esas sociedades mercantiles es realmente la mencionada colocación de afines, sin los filtros que tiene el acceso al empleo público en el ámbito de aplicación plena del derecho de la función pública. El cumplimiento en este tipo de sociedades de los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad, al día de hoy es una quimera. Sentencias como la que comentamos son una muy buena noticia. Ahora queda la segunda y más complicada parte: cómo se ejecutan esas sentencias.
Nada nuevo bajo le soleil. El pan nuestro de cada día. Entras en Entes, Organismos Autonómos y otras entidadades similares del Estado, las Comunidades Autonomas y las entidades locales y encuentras lo que encuentras, accesos a puestos de trabajo via “digital”, salarios descomunales, poca o nula formación de los susodichos, en fin el compadreo general. Et voilâ. En un momento dado la Administración se da cuenta de que no puede soportar la ineficacia e ineficiencia de ese ente y de los empleados a su servicio.
Me alegro de comprobar que todavía hay personas que luchan por lo público y defienden los principios constitucionales.
Soy funcionaria del Gobierno de Cantabria y estoy escandalizada de lo que pasa todos los días, de la permisibilidad de la justicia y de la pasividad de los empleados públicos.
En nuestra administración se está conviviendo personal funcionario, laboral y de empresas públicas y privada en un mismo centro de trabajo.
Las encomiendas a las empresas públicas y a través de estas a los amigos de turno, no tiene fin, en unos casos se publican y en otros no.
El empleo público se congela, la contratación de los amigos y afiliados a los partidos gobernantes copan el empleo público y los fondos públicos sin ningún tipo de publicidad ni concurrencia, a este empleo no podemos acceder todos los ciudadanos, únicamente los relacionados y afines al poder.
Las sentencias en el Gobierno de Cantabria donde se reconoce el carácter indefinido no fijo son muchas, se ocultan y en unos casos se asume la misma y el trabajador pasa a ser laboral indefinido no fijo y en otros se indemniza, con indemnizaciones muy altas, como se dice en algún comentario se tira con pólvora del Rey.
También los becarios han entrado en esta espiral de sentencias y en algun caso parece que como castigo, cobra el sueldo, se le impide trabajar y sus funciones se han derivado a una encomienda de funciones, externa a la Administración.
¿dónde está el principio de lo público?, ¿a donde nos llevan nuestros gobernantes con sus intereses?.
Me gustaría tener la sentencia del 3 de abril de 2009 y si ahora mismo sería exigible la publicación en los boletines oficiales de las convocatorias de selección de personal tanto para las empresas públicas como fundaciones.
Creo que se deberia de vigilar a las empresas públicas,este es un caso mas de tantos que se estan dando en los últimos tiempos.No se si el Defensor del Pueblo o incluso el Tribunal Constitucional tendrian algo que decir de estos casos,estas empresas son públicas y las pagamos todos,luegos todos tendremos derecho a optar a trabajar en ellas.
En argentina sufrimos el mismo problema, pero desde hace 20 años. Es una de las razones de gran tragedia de mi pais. Españoles, luchen contra el nepotismo.
Sencillamente avergonzado de vivir en un pais como este.
Lo dice la CADENA SER:
Las Auditorías internas realizadas a la Sociedad Pública de la Generalitat Valenciana encargada de gestionar los grandes eventos han detectado irregularidades en los procesos de selección de personal y de adjudicación de contratos a empresas.
Las dos primeras auditorías que se realizan a esta sociedad en los años 2006 y 2007 critican la contratación a dedo de los empleados. En concreto señalan que el proceso de selección se hace sin publicidad, sin garantizar los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad y sin que haya ningún informe que recoja porqué debe ser elegido un candidato en detrimento del resto.
¿no hay libertad sin cadenas?
Mensaje de www.malaadministracion.com.
No importa que tu página tenga pocas visitas. Aprovecha el valor multiplicativo de tus ideas. Cada visitante que visite tu sitio, si tienes razón y claridad de ideas. Va a transmitir tus ideas y conocimientos en la sociedad. Y luego estos contagiados, contagiarán a otros en el conocimiento de la mala admon.. Y con el paso el tiempo. Todo el mundo lo sabrá aunque no sepa ni lo que es la internet.
Esfuérzate y aplícate para lograr tus objetivos. Busca aliados y cambia enlaces con páginas dedicadas a la mala admon.. Entre todos, potenciaréis vuestras capacidades.
Si tienes algún caso que denunciar de la malas prácticas y gestiones, escríbenos un correo, o publica tu página en el foro.
Malaadministración, combate la Mala administración
Los enfants terribles de Malaadministración:
Hartos de ser pisoteados por miembros de la administración, directa o indirectamete, hemos decidido crear esta página, para pisotear nosotros líbremente, sin que "nos pase nada, aunque no seamos funcionarios".
Además de pisotear, también te queremos ayudar, para que no te pase a ti lo mismo. Y si te pisotéan, haz tu lo mismo que nosotros.
Esto, nos ocurre por ser hijos de obreros, que si fuésemos hijos de funcionario de carrera, político ó de gente de pela, seguro que no nos pasaría todo esto. Y tendríamos una brillante carrera.
NO ROTUNDO A LA EXTERNALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. LOS PUESTOS CUBIERTOS POR EMPRESAS EXTERNAS DEBEN LIMITARSE A LAS EMPRESAS PÚBLICAS, PREVIO PROCESO DE SELECCIÓN Y EXCLUSIVAMENTE PARA PUESTOS DE TRABAJO NO INCLUIDOS EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
¡¡¡¡ NO SE PUEDE CONSENTIR QUE EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DIGA A LOS OPOSITORES QUE LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO ES UNA MEDIDA CONTRA LA CRISIS, CUANDO LA JUNTA DE ANDALUCÍA ESTÁ GASTANDO MÁS DINERO QUE NUNCA EN CONTRATAR A TRAVÉS DE LAS EMPRESAS EXTERNAS!!!.
La Junta comenzó a usar las empresas públicas externas, que, por ministerio de la LAJA, deben realizar la selección de su personal con respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Actualmente, la tendencia es a usar Fundaciones y Empresas de trabajo temporal, entre ellas multinacionales, de naturaleza privada, que contratan a personal a bajo coste, exclusivamente por amiguismo o por una explotación mísera de sus condiciones de trabajo. No hay más que acercarse a la Consejería de Urbanismo y Vivienda, que fue creada después de la última Oferta Pública. ¿De donde creéis que ha venido la gran mayoría del personal de esa Consejería? De las Empresas privadas. Y, siguiendo el ejemplo, las Consejerías de Medio Ambiente, Agricultura, Empleo, y, todas las Consejerías, tienen un panorama deplorable en materia de Función Pública.
En Andalucía.
La contratación de enchufados por la Fundación Andaluza de Servicios sociales es escandalosa. Trabajan en las Delegaciones como funcionarios y mientras, las bolsas de interinos están paradas.
En Vizcaya:
El Tribunal de Cuentas ve anomalías en la política de personal de empresas forales
Se hicieron contratos de alta dirección en 4 entidades en 2004 sin cumplir criterios de «publicidad, mérito y capacidad»
El TVC analiza la política de personal de las empresas forales. Según consta en el informe, Aparcabisa y el Palacio Euskalduna hicieron sendos contratos de personal temporal «sin desarrollar el correspondiente proceso selectivo». Por su parte, Bizkailur, Garbiker, Interbiak y Lantik formalizaron contratos de alta dirección «sin aplicar los principios de publicidad, mérito y capacidad». En sus alegaciones, tanto Interbiak como Lantik aluden a la necesidad de contar con personas de «confianza» para estos puestos.
Incrementos salariales
Lantik, la firma especializada en informática, encargó dos procesos de selección de cinco y once trabajadores a firmas especializadas que dieron publicidad a la convocatoria. Sin embargo, la sociedad «alteró el orden de selección propuesto por la empresa sin justificación suficiente», sostiene el tribunal. Además, convirtió en fijos nueve contratos de prácticas cuando debería haber convocado «un nuevo proceso» para esos puestos.
Opinión de Javier Feito sobre la carrera profesional en Asturias:
La carrera profesional permitió hace dos años y medio, que muchos funcionarios de Asturias mejoraran sus salarios con una subida cuantiosa en sus nóminas, al margen de un pago único aquél alegre mes de ya no recuerdo, pero era de obligado cumplimiento solicitarla y al ser literalmente “un cheque en blanco” algunos firmaron y otros no, cada cual tomaba su decisión.
Ahora todos parecen ser culpables y las posiciones son diversas: los funcionarios firmantes son culpables por solicitarlo (algunos les llaman ladrones, rufianes y aprovechados), los que no lo solicitaron quieren cobrarlo, otros ajenos a todo piden que se devuelva lo cobrado, los sindicatos son culpables por no oponerse o por apoyarlo, el Gobierno por pagarlo, los jueces por anularlo y todos a la gresca.
La idea de la carrera profesional era excelente, porque sólo era eso, una idea, a mayor productividad mayor incentivo salarial, y así se vendió como una medida electoralista, que ahora niegan (aunque como fue justo antes de las elecciones, ¿quizá tenga otro nombre?, ¿pre-electoralista? ¿incentivo?, ¡por favor, un poco de respeto para la sociedad asturiana que os otorgó su confianza a través de un voto libre y consciente!), el hecho es que se pagó un dinero de más con respecto al mes anterior a quienes habían firmado y lo insertaron en las nóminas como “complemento de productividad incentivo de rendimiento” y no como “carrera profesional”, servía, según se decía, para compensar la diferencia salarial entre los funcionarios asturianos, de los peor pagados del estado español, y los de otras Comunidades Autónomas y efectivamente cumplía la premisa de acercar salarialmente al funcionariado asturiano con los de otras autonomías.
No quiero entrar en el debate, infructuoso y arduo para mí, sobre si se seguirá cobrando el plus, si se deberá devolver, si quienes no cobraron tienen derecho a percibirlo, si todos cobrarán por otra partida presupuestaria o si se acabó toda la carrera profesional con la sentencia del TSJA. Porque desde mi punto de vista las causas y consecuencias son meridianamente claras, y están perfectamente enfocadas.
Continúa Javier Feito:
Ahora el sindicato ANPE recurre la sentencia del TSJA, al Tribunal Supremo, dando la cara por todos para evitar las devoluciones cobradas y ganar tiempo en la negociación, que tanto rehúye la Consejería de Educación y Ciencia, como primer interlocutor. Además, pensándolo bien ¿qué podemos esperar de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias si no es capaz ni de publicar correctamente una simple y rutinaria convocatoria de oposiciones a la enseñanza primaria?. Este año han sido tres correcciones de errores en el BOPA y el año pasado otras tantas, para unas simples oposiciones docentes, que se convocan todos los años.
¿Es efectivamente una carrera de profesionales?, ¡claro que sí!, una carrera de los profesionales políticos del escaqueo, que echan a correr, agachando la cabeza para no dar las explicaciones que tienen la obligación de dar a los 14.000 funcionarios y a la sociedad asturiana, para hacernos entender el porqué después de más de dos años no han sabido o querido desarrollar la carrera profesional, ¿por qué no han hecho caso de la moción aprobada en el Parlamento asturiano que en junio de 2008 instaba al Consejo de Gobierno a regular algunos tramos de la carrera profesional?. Esto es lo que deben explicar desde el Gobierno asturiano, ¿cómo es posible que en más de dos años no fueran capaces de desarrollar normativamente el tema?.
Concluye Javier Feito:
Mi respuesta es clara, porque la incompetencia de quienes nos gobiernan es producto de la dejadez permanente en sus funciones, reman en una administración pública que navega a la deriva y cada vez más frecuentemente quedan varados en las orillas de la improvisación política, que es la única idea clara que tienen, en consonancia con la de su jefe en Madrid. Y porque además aprobaron la carrera profesional sin un solo euro encima de la mesa, puesto que no había dinero presupuestado, no desarrollaron los siguientes tramos de la carrera profesional y ahora nos encontramos en un desconcierto, producto de su desgobierno.
Les hubieran podido ser de ejemplo para desarrollarla varios precedentes como: los tramos de investigación en la Universidad, los incentivos de productividad de las empresas privadas, los pluses por ventas a los comerciales y un sinfín de casos claros de productividad y rendimiento en el trabajo. Pero lo más cómodo era hacer oídos sordos a las demandas del desarrollo profesional y esperar a que el TSJA lo anulara, porque pagar menos en estos tiempos es un alivio para las maltrechas cuentas de nuestra Asturias querida y alguno en privado se estará frotando las manos por el ajuste de contabilidad que puede hacer a su favor.
Seguramente muchos no se esperaban este final de caos y por el momento los sueldos bajan y nadie da explicaciones. El presidente asturiano no pedirá responsabilidades políticas, porque el máximo responsable de tener el Gobierno que tiene, es él.
Paz y amor para las “avestruces políticas asturianas” que nos gobiernan y que no se atreven a dar la cara y responsabilizarse de sus actos, al menos que pidan perdón por los errores cometidos y no quieran trasladar la culpa a quienes reclamaron lo que consideraban sus derechos.
¿Cómo vamos a sacudirnos la modorra que nos gana?
El lehendakari, Patxi López, ha pedido a los altos cargos del Gobierno vasco que gestionen los recursos públicos con "austeridad y honradez" sin dar pie a equívocos o dudas. López ha reclamado a todos "bolsillos de cristal" y cumplimiento escrupuloso de las normas sobre incompatibilidades.
López ha sido muy claro y ha advertido que "tenemos la obligación de gestionar la cosa pública con justicia, equidad y honradez, y no podemos dar pie a ningún equívoco, a ninguna sombra de duda sobre nuestra gestión". Según ha argumentado, "hemos reclamado siempre una política de bolsillos de cristal para los cargos públicos y hoy la vamos a poner en práctica. Quiero que todos tengamos los bolsillos de cristal, nadie ha venido al Gobierno para hacerse rico y, es más, sé que algunos vienen perdiendo dinero".
¿Nuevos materiales para bolsillos en el País Vasco?
José Luis Bilbao es el diputado general de Bizkaia, además de un economista sumamente discreto que sólo mete la pata cuando habla del Athletic. Y se está labrando una buena fama de buen gestor y de incorruptible, lo que le diferencia de algún que otro guipuzcoano. Su última iniciativa, iniciada durante la campaña electoral, está relacionada con el patrimonio de los políticos, que a su juicio deben mantener “bolsillos de cristal“.
Bilbao quiere que todos los miembros de su gabinete hagan declaración de su patrimonio antes de tomar el puesto y que lo repitan al dejarlo. De esta forma, se demostrará que ninguno de ellos sale enriquecido de su paso por la Administración. Por si fuera poco, estas declaraciones se entregarán en las Juntas Generales, con lo que entiendo que cualquier ciudadano podrá conocerlas.
Creo que esta transparencia es fundamental en el mundo político. Sólo así se puede combatir la creencia popular de que (todos) los políticos acaban robando. La corrupción está tan arraigada que muchos ciudadanos dicen incluso que harían lo mismo. Necesitamos una generación que modifique estas formas de pensar y nos asimile a los países del norte, donde estas conductas son reprobadas por la sociedad y donde, por cierto, las cosas funcionan mucho mejor. Y creo que Bilbao va por el buen camino. Eso sí, como una medida adicional en ese camino, bien podía haberse ahorrado los Rolex de 2.500 euros que regaló a los diputados salientes.
Más sobre los bolsillos de cristal: Miguel González en El Correo Digital.
Los políticos no tienen buena fama, así en general. Un tópico injusto, una broma generalizada, consiste en hablar mal de ellos. Hay que tener cuidado con eso. Lo malo era cuando no los había o eran de pensamiento único. Los políticos eran los malos en aquellas putrefactas películas de posguerra, como 'Raza', que mostraba la mediocridad de su guionista, Francisco Franco. «Haz como yo -decía Franco en su chiste más ingenioso de la vida real- no te metas en política». Los deslices de los políticos llaman la atención, como los hábitos insalubres de los médicos o los pecados de los curas contra el sexto mandamiento. Es difícil analizar las conciencias, pero se pueden volver del revés los bolsillos, o imaginarlos de cristal.
El diputado general de Vizcaya ha hecho públicos los sueldos y el patrimonio de los altos cargos. Es un gesto a la vez noble y propagandístico, democrático y exhibicionista. Se comprende que los políticos honrados, seguramente la mayoría, cometan el pecadillo de vanidad de demostrarlo. Tal vez no sea elegante que se proclamen virtuosos, aunque lo sean. Democracia es rendir cuentas, pero de los asuntos públicos. Las conductas desviadas se dirimen en los juzgados y en elecciones ulteriores. A veces los políticos, en un exceso de sinceridad, presumen de pobreza. Pedro Ugarte escribió un inteligente artículo al respecto, tras la embarazosa confidencia de un cargo público que hacía ostentación de tan escaso patrimonio que daban ganas de encabezar una colecta. A Ugarte le preocupaba, precisamente, dejar el dinero público en manos de un gestor tan torpe o manirroto con el propio.
Los políticos se pasan la vida trabajando. Lo hacen en sus despachos y después del horario de oficina, mientras comen o cenan. Reciben llamadas en sus domicilios. Inauguran obras o presiden eventos diversos en domingo. Soportan con una sonrisa el enfado de ciudadanos recalcitrantes que les abordan en las aceras. En algunos casos se la juegan, sólo por el hecho de serlo. Cobran bastante menos de lo que merecen por un trabajo ilimitado y muchas veces ingrato. Sólo ganan dinero en serio cuando se van a la empresa privada. Las pulsiones más perniciosas de los políticos no tienen que ver con el dinero. Para Macbeth y su mujer, el dinero era lo de menos. No hubiera estado mal que algunos políticos célebres por su malignidad, como Hitler o Stalin, se hubieran limitado a perpetrar algún desfalco.
Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal (Enrique Tierno Galván).
Lo racial aflora:
Mejor desnúdos sin bolsillos, ni de cristal.....y al que pillen robando una patada en los huevos.....
O el cinismo:
¡Joer,qué fragil me pones los bolsillos! ¡De acero, de acero que llevo mucho peso ajeno!
También Gallardón declara tener bolsillos de cristal:
"A mí la política más que darme me ha quitado una parte sustancial de mis ingresos anuales y de mi vida personal, pero no me arrepiento. Pueden buscar hasta debajo de las piedras, porque tengo las manos absolutamente limpias, los bolsillos de cristal y la conciencia muy tranquila".
El día que salgan a la aluz las relaciones de militancia y familiares con miembros de los Departamentos a los que están adscritos esas empresas el escándalo va a ser mayúsculo, si es que a esta sociedad adocenada, todavía le queda capacidad para el escándalo.
¿Adónde vas? Manzanas traigo.
Luego no se quien me dice que no entro al trapo del debate…pues mira que estáis dando ejemplo de ello.
Lo mismo dijo Touriño:
El candidato del PSdeG-PSOE a la presidencia de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, dijo que presidirá un Gobierno 'donde todos tengamos el bolsillo de cristal'.
Todo depende del cristal con que se mire
¿Y si llegase una noche de los bolsillos rotos?
El conjunto de las empresas públicas aragonesas es un auténtico bebedero de patos. Pero lo más grave no es que hayan acabado convirtiéndose en eso como consecuencia de la negligencia o la falta de control. Lo más grave es que han sido creadas expresamente para eso.
De entre los muchos debates -reconsideraciones profundas- pendientes en este país, creo que, a la vista de los informes de las Cámaras de Cuentas de aquellas comunidades autónomas que las tienen -que tienen la suerte de tenerlas-, uno de los más urgentes [debates] es el del papel, utilidad y sentido de las empresas públicas. Porque eso no es un sector público: eso es una trama clientelar repugnante, prescindible, urgentemente extirpable. Ya se está tardando. Supura.
(Otros debates pendientes, quizás: las cajas de ahorros, las comarcas, las propias autonomías... Al menos su alcance, dimensión, funciones...)
hay que matarlos a todos
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