Zaragoza, 30 de junio de 2009.
El Reglamento de las Cortes de Aragón, en su artículo 122, señala que “los proyectos de ley remitidos por la Diputación General de Aragón irán acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos”. A la vista de tal previsión normativa, sorprende que el Gobierno de Aragón, al enviar el Proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad a las Cortes de Aragón, no acompañase dicho texto de los informes preceptivos emitidos por los Servicios Jurídicos del Departamento de Presidencia. Dichos informes constituyen, sin duda, un importante antecedente para pronunciarse sobre el contenido del Proyecto de Ley.
El Gobierno de Aragón no sólo no facilitó los informes jurídicos emitidos con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, sino que, a través de su Vicepresidente, arremetió contra los Letrados de las Cortes de Aragón por formular objeciones jurídicas al contenido de dicho Proyecto de Ley. ¿Acaso no habían formulado objeciones los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón? ¿Se habían tenido en cuenta y subsanado los problemas del proyecto normativo o se habían ignorado sin más? Está mal que esto no lo sepamos los ciudadanos, pero resulta inadmisible que tal información se oculte a los parlamentarios, responsables del debate y votación de la futura Ley.
Constituye una ocultación de información al Parlamento la no remisión de los informes de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, incumpliendo con ello lo previsto en el artículo 122 del Reglamento de las Cortes de Aragón. Resulta, asimismo, sorprendente que la Mesa de la Cámara no reclame, de oficio, dicha documentación en el momento de la recepción de un Proyecto de Ley, aunque sólo sea para hacer valer lo dicho en su Reglamento.
Pero lo que políticamente ha de calificarse de inaceptable es que los responsables del Gobierno de Aragón, como es el caso del Vicepresidente Biel y del Consejero Aliaga, esgriman contra los argumentos de los Letrados de las Cortes de Aragón unos informes jurídicos, supuestamente realizados por los Servicios del Gobierno de Aragón, que no facilitan a la Cámara. Invocan a los servicios jurídicos como argumento de autoridad, sin reproducir sus razonamientos ni facilitar su contenido al Parlamento, eludiendo con ello todo debate real sobre los términos de la Ley. Cuando se invocan unos informes que no se conocen, no sabemos –tal vez se averigüe en el futuro- si dichos informes existen o no y si, verdaderamente, dicen lo que se dice que dicen. La duda puede ofender, pero constituiría una ofensa mayor a todos los ciudadanos que unos responsables políticos mintiesen al Parlamento.
Lo peor de todo es que esta omisión de información al Parlamento parece ser el principio por el que se va a guiar el Gobierno de Aragón en el futuro, a la vista de los términos de la reciente Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón. El artículo 37 de dicha Ley, relativo a la iniciativa legislativa del Gobierno, libera a éste de la obligación de remitir documentación alguna con el Proyecto de Ley, al limitarse a señalar que “una vez aprobado el proyecto de ley por el Gobierno, lo remitirá a las Cortes par su tramitación”. Sin referencia alguna a los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre él, contradiciendo el Reglamento de las Cortes de Aragón y apartándose de lo que es un principio general en las relaciones entre Gobierno y Parlamento en el Estado y en la mayor parte de las Comunidades Autónomas.
Pero no hay que olvidar que la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón fue aprobada por las Cortes de Aragón, de modo que éstas han venido a avalar la pretensión del Gobierno de Aragón de hurtar al Parlamento información necesaria para el ejercicio de su función legislativa.
Con ello, la Comunidad Autónoma de Aragón no cesa de perder calidad en su organización institucional. Y ello tiene un indudable efecto en la vida democrática, aunque algunos lo pretendan ocultar o minimizar.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
24 comentarios:
Estupenda reflexión.
Bárbaro, he contabilizado veinticico notas de blog en un mes. Gracias por vuestro nivel de exigencia.
¿Pero luchamos acaso contra la corrupción?
Todo un logro: queda patente el valor de la denuncia de los medios de comunicación.
INFORMA HERALDO DE ARAGÓN:
El alcalde de Herrera de los Navarros, Jesús Solá, anunciará esta tarde, en el comité ejecutivo urgente de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (Asael) que ha convocado, su dimisión como presidente de esta entidad. Según han confirmado fuentes del PAR, Solá ya ha comunicado su decisión al presidente del partido, José Ángel Biel, que la ha aceptado.
El ex asesor de Medio Ambiente, que mantendrá su cargo al frente del Ayuntamiento de Herrera, se ha visto envuelto en las últimas semanas en varias polémicas destapadas por este periódico. Entre ellas, la contratación de su chófer entre septiembre de 2007 y principios de este mes a través de la Red Liedra, una asociación destinada a luchar contra la violencia doméstica. También ha salido a la luz un convenio entre el departamento de Medio Ambiente -que dirige el aragonesista Alfredo Boné- y Asael a través del cual se han pagado desde hace tiempo sueldos de alcaldes, concejales y técnicos del PAR.
Cuando resultó fulminantemente destituido como asesor de esta consejería, Solá rescindió los contratos a seis personas relacionadas con este convenio al considerarlos vinculados con Boné. En total, la plantilla presente y pasada de Asael ha estado integrada con más de una decena de personas que han formado parte de las listas del PAR en las últimas elecciones municipales.
Desde el primer momento, Jesús Solá se negó a explicar cómo pagaba el chófer y el coche oficial que tiene, similar al que utilizan la mayoría de los consejeros del Gobierno de Aragón. El presidente de Asael solo negó que esta asociación sufragase ambos servicios. En Herrera de los Navarros, por otro lado, ha sido controvertida la colocación en sociedades y fundaciones municipales de familiares de concejales, entre ellos su propia esposa, y gente próxima a Solá.
¡¡¡Que pena Marcelino!!!.
¡Vaya imagen la del Aragón que se ocultaba bajo tanta estabilidad política!
¿Y los grupos de la oposición no han denunciado ese hurto de información y sí la Asociación?
Del blog de José Luis Valero:
POR LA PUERTA DE ATRÁS.
El alcalde de Herrera de los Navarros, Jesús Solá, no tenía otra salida que presentar su dimisión como presidente de Asael, aunque tal vez debería ir más allá y dejar todas sus responsabilidades institucionales y políticas. El mismo camino deberían de seguir todos los allegados que ha colocado en diferentes entidades y sociedades. Es la mejor forma de pedir públicamente disculpas por los graves errores cometidos en el fondo y en la forma. Y de evitar salir por la puerta de atrás. Porque falta mucho por explicar y aclarar, y él no es el único que está obligado a dar explicaciones.
Su dimisión da un respiro temporal al PAR, a sus compañeros de partido y a los dirigentes del mismo porque les había metido en un callejón de complicada salida y en un pozo donde ya estaban con el agua al cuello desde que estalló la trama de corrupción urbanística de La Muela. También ha logrado eludir un proceso interno en su partido sobre su persona, porque dijera lo que dijera le hubieran forzado a irse. Aunque insisto en que queda mucho por saber, principalmente lo relacionado con los convenios de la DGA con Asael y la contratación de cargos públicos aragonesistas.
El PAR se juega mucho en este asunto, porque ya está muy tocado con todas las polémicas que le rodean y con los problemas dentro del partido y en el interior del Gobierno aragonés. Lo cierto es que se ha quedado sin cuerda y con poco sitio para maniobrar. Y en esas circunstancias no podía sostener un barullo más como el que ha protagonizado el presidente de Asael. Ya es hora de que tanto el vicepresidente y líder del PAR, José Ángel Biel, tome el mando y las decisiones oportunas, como que sus socios en el Ejecutivo autonómico, el PSOE, le exigan soluciones y responsabilidades. Porque al final ambos salen malparados y tocados.
¿Aún no ha intervenido la fiscalía?
¿Para cuándo una intervención contundente como la de La Muela?
Recurrir sólo para ganar tiempo, no para defender la legalidad:
UGT ha decidido recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anuló la carrera profesional por falta de base legal. El secretario general de FETE-UGT, Daniel Rodríguez, anunció que los servicios jurídicos de su organización formalizaron dicho recurso ayer por la mañana. El sindicato ANPE ya avanzó la semana pasada que recurriría dicha sentencia. Daniel Rodríguez aseguró ayer que ese recurso es la postura «más correcta» para establecer la futura negociación con la Administración autonómica y para que todos los funcionarios puedan seguir cobrando el dinero a cuenta de la carrera profesional. «A partir de este momento nos pondremos a negociar con la Administración para dar una solución a ese asunto», dijo Rodríguez.
Resulta muy congruente: ya que se ha declarado la ilegalidad del anticipo de carrera, hay que recurrir para que la sentencia no sea firme y poder seguir cobrando.
¿Cómo se llama eso?
¿Si se pierde el recurso tampoco habrá que devolver lo cobrado a partir de la primera sentencia?
¡Cuánta paciencia tienen los ciudadanos con los funcionarios y sus sindicatos!
Equilibristas de la legalidad en Asturias:
Hay que medir mucho las actuaciones sindicales en estos casos, no se puede ir de kamikazes como han hecho CSI, CSIF, USO Y SUATEA. Por culpa de estos sindicatos los trabajadores vamos a dejar de percibir a partir de que la sentencia sea firme, concretamente en la nómina del mes de julio, las retribuciones que veníamos percibiendo en el concepto de productividad por incentivos al rendimiento. Y la cosa todavía podría ser peor, ya que el TSJA fue benévolo con la sentencia, declaró el acto anulable a tenor de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 30/92 y no el artículo 62 nulidad de pleno derecho como debiera de ser. Es más la CSI no sólo recurrió la Resolución por la que se convocaba el procedimiento de solicitud de incorporación a la carrera y desarrollo profesional (BOPA 22-5-2007) como hicieron los otros tres sindicatos sino que también recurrió el propio Acuerdo del Consejo de Gobierno que daba validez y eficacia a los acuerdos alcanzados con la representación sindical (BOPA 18-5-2007) con lo cual anulaba todo, acuerdo incluido.
"Resulta paradójico que con una sentencia que ganan los sindicatos salgan perdiendo los trabajadores", y lo dice una Consejera del Gobierno de Asturias, responsable de la decisión anulada.
"Quiero ser funcionario": el paro provoca un nuevo 'boom' por las oposiciones
Cuando las cosas salen a la luz, nada resulta sostenible, por lo que animo a los medios de comunicación, y en especial a Heraldo, a que sigan desvelando a la opinión pública las tramas de interés y corrupción del actual poder autonómico, pues es necesaria una limpieza a fondo después de años de "todo vale".
¿Quién ha hecho la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón?
¿Cómo es posible avanzar en la dirección contraria a la transparencia?
Es gravísimo que el desarrollo del Estatuto de Autonomía sea éste.
¿Para eso se necesita una Dirección General?
Aragón no soporta en materia de gestión pública la comparación con casi ninguna otra Comunidad Autónoma.
¿Cómo hemos podido llegar a esta desidia?
¿Le da todo igual a Velasco?
Buen trabajo en el mes de junio que concluye.
AHORA SE DIMITE CON PROTESTAS DE HONRADEZ:
El alcalde de Herrera de los Navarros, Jesús Sola, ha dimitido como presidente de Asael, aunque ha asegurado que no ha cometido ni una sola irregularidad ni administrativa ni contable. Sola ha indicado que se marcha porque “su condición de presidente y su actividad política estaba perjudicando a su pueblo y a su familia”. Además, ha querido dejar claro que no ha desviado a ninguna finalidad distinta a su cometido “ningún Fondo Europeo dedicado a la erradicación del maltrato a mujeres”.
A VER SI LA OPOSICIÒN CONTROLA COMO ES SU OBLIGACIÓN:
El Partido Popular ha pedido la copia de los convenios firmados entre Asael y el Gobierno de Aragón desde el año 2005 y los expedientes justificativos de las subvenciones recibidas por parte de la DGA. “Queremos conocer por qué se concedieron las subvenciones, con que finalidad y qué controles ha habido”, ha señalado el portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Eloy Suárez. Los populares han advertido que si estos documentos no los reciben en el tiempo reglamentario adoptarán todas las medidas legales posibles ya que “lo único que queremos es que se esclarezca la verdad”.
Los populares también han pedido la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, el de Política Territorial, Justicia e Interior, Rogelio Silva, el de Economía y Hacienda, Alberto Larraz y la titular de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández. “Creemos que es necesario que los responsables del Gobierno de Aragón expliquen si eran conocedores de la asignación de esos fondos y si no lo eran qué ha fallado por parte del Gobierno de Aragón”.
Para Suárez este asunto “tiene una especial gravedad” porque “al final da la sensación de que Asael o alguna fundación conectada con ella funcionaba como una agencia de colocación de cargos municipales del PAR, así como de trabajadores”. Este hecho ha sido calificado por el portavoz popular como de “impresentable”, puesto que en una democracia este tipo de colectivos no puede “servir como una tapadera de una red clientelar de un partido que se financia con subvenciones que a nuestro juicio se deberían dedicar a otros asuntos”.
Viva la transparencia y la rendición de cuentas:
La coalición de gobierno PSOE-PAR ha decidido mantener el silencio sobre los convenios que mantiene Asael con diferentes departamentos del Ejecutivo autonómico, y del que por el momento solo ha salido uno a la luz: el aprobado con Medio Ambiente, y con el que la asociación de entidades locales ha pagado desde 2007 el sueldo de varios alcaldes, concejales y técnicos del PAR. En los últimos tiempos, y más allá de este convenio, Asael ha tenido en nómina a más de una decena de simpatizantes y afiliados aragonesistas.
Saqueo institucional y a gran escala. Nos dejamos. Les votamos. Nos gusta que nos roben. Que sigan.
¿Cuántas notas como ésta puede soportar un gobierno, me pregunto?
¿Cuántas notas como esta? Un gobierno quizás pocas. Pero, ¿esto es un gobierno o es otra cosa?
Publicar un comentario