Zaragoza, 22 de junio de 2009.
El blog de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha superado en estos días las cuatrocientas notas editadas, después de más de dos años de actividad. Este dato viene a coincidir con la aparición de la Asociación en la portada de “Heraldo de Aragón” de hoy, lo cual significa que el caudal de trabajo realizado en todo este tiempo –claramente insuficiente, dada la vastedad de las cuestiones a abordar, pero en modo alguno irrelevante- ha obtenido suficiente eco en los medios de comunicación.
Creemos que el camino recorrido hasta este momento viene a confirmar la oportunidad de esta Asociación, llamada a incorporar al debate público una necesaria línea de reflexión, dentro y fuera de la Administración, sobre la importancia que una función pública profesional y comprometida con los valores del Estado de Derecho tiene en nuestra sociedad.
Reflexión y denuncia, como recientemente se hacía al señalar la posible cesión ilegal de trabajadores entre las empresas públicas y los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma o al apuntar la irregular situación del personal eventual de los gabinetes de los miembros del Gobierno. O al exigir el respeto a la labor profesional de los Letrados de las Cortes de Aragón, frente a los intolerables ataques llevados a cabo por el Vicepresidente del Gobierno de Aragón.
La falta de impulso de programas de modernización y mejora de la Administración Pública en la Comunidad Autónoma de Aragón, el cada vez menor sometimiento de su función pública a las exigencias legales –ya sea en materia de selección de personal u oferta de empleo público o en materia de régimen retributivo-, o la ausencia de liderazgo en el inaplazable fortalecimiento ético del conjunto de los servidores públicos fueron algunas de las poderosas razones para impulsar la creación de esta Asociación.
Si bien es cierto que en estos dos años nada se ha avanzado en ninguno de esos terrenos, e incluso se ha ido a peor, al menos hay algo nuevo, de enorme valor a nuestro juicio, y es que esos temas han pasado a estar presentes en el debate público, debido en buena medida a las abundantes iniciativas promovidas por esta Asociación ante las instituciones públicas –Cortes de Aragón, Gobierno de Aragón y Justicia de Aragón- y a su difusión entre los servidores públicos y el conjunto de los ciudadanos, a través de los medios de comunicación y de este blog.
La reciente aprobación por las Cortes de Aragón de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón ha puesto de manifiesto la escasa voluntad política de la actual mayoría para incorporar al diseño institucional de la Comunidad Autónoma elementos de calidad democrática como son un riguroso régimen de conflictos de intereses o un código de buen gobierno, medidas ambas establecidas ya en la Administración General del Estado.
Aragón no puede ni debe ser una excepción en el actual contexto de fortalecimiento del gobierno democrático. La falta de funcionamiento de la Cámara de Cuentas, pese a haberse aprobado su ley reguladora en el año 2001, constituye, sin duda, la señal más evidente del anómalo funcionamiento institucional aragonés. Pero no es el único: el hecho de que la reciente reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón no incorporase entre los derechos de los ciudadanos –como han hecho otros Estatutos- el derecho a una buena administración es otro signo del creciente relegamiento de la Administración Pública como primera garantía de los valores constitucionales y de los derechos de los ciudadanos.
Esa tendencia de falta de exigencia democrática no puede ser compartida ni secundada por los servidores públicos, en su condición de ciudadanos expresamente comprometidos con el respeto de la legalidad y la realización de los valores constitucionales. Este blog pretende ser la modesta tribuna de la aportación de esta Asociación a la tarea ingente de regeneración de la función pública aragonesa. Ya que este objetivo excede con mucho la capacidad de la Asociación, desde aquí convocamos a todos los que no son indiferentes con la suerte de nuestras instituciones y nuestra sociedad, a sumar esfuerzos, ideas e iniciativas. A hacer camino al andar.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
14 comentarios:
Pues felicitaciones, sin duda, por la labor de la asociación.
Un saludo
José Aº
Buena nota conmemorativa. Adelante y hasta las 500.
Eco de Europa Press:
La Asociación para la Defensa de la Función Pública celebra su segundo aniversario y anima a sumar esfuerzos
ZARAGOZA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa celebra su segundo aniversario y anima a "sumar esfuerzos" a todos aquellos ciudadanos que no sean indiferentes al buen funcionamiento de la Administración aragonesa. El sitio oficial de la entidad ha emitido 400 notas con toda clase de críticas hacia los responsables de la Administración autónoma, indican en un comunicado.
La asociación ha dedicado su actividad durante estos dos años a la "reflexión y denuncia" sobre el funcionamiento de la Administración autónoma, por ejemplo, respecto a la "cesión ilegal" de trabajadores entre las empresas públicas y los Departamentos del Gobierno de Aragón.
También destacan su defensa de los letrados de las Cortes de Aragón frente a los "intolerables ataques" del vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, respecto al proyecto de ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad.
La entidad continúa afirmando que uno de los resultados obtenidos es que "esos temas han pasado a estar presentes en el debate público", aunque lamentan que la reciente reforma de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón no haya reforzado los mecanismos de control. La Asociación exige la creación de la Cámara de Cuentas.
La "tendencia" a la "falta de exigencia democrática", que la asociación advierte en el caso aragonés, "no puede ser compartida ni secundada por los servidores públicos, en su condición de ciudadanos expresamente comprometidos con el respeto de la legalidad y la realización de los valores constitucionales", concluyen.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa celebra su segundo aniversario y anima a 'sumar esfuerzos' a todos aquellos ciudadanos que no sean indiferentes al buen funcionamiento de la Administración aragonesa. El sitio oficial de la entidad ha emitido 400 notas con toda clase de críticas hacia los responsables de la Administración autónoma, indican en un comunicado.
400 notas son muchas notas, eh?
Dice Oroel y dice bien:
No me cabe ninguna duda de que el número de liberados sindicales se ajusta a la ley. Seguramente, en ausencia de regulación, también el escandaloso número de asesores y su relajada asistencia al trabajo o el discrecional y descontrolado sistema de contratación de personal en las empresas públicas se ajustan a la ley. Pero no debiera ser ese el debate ni la cuestión puede quedar zanjada de forma tan superficial. Tenemos muchas leyes en España que escandalizan a los ciudadanos y que chocan frontalmente con las demandas sociales, con los usos y costumbres españoles o con el más elemental sentido común. Ésta de los liberados sindicales es una de ellas, porque, por lo que cuentan los funcionarios, es una evidencia que la dedicación de los liberados a sus funciones sindicales es más bien escasa, en muchos casos testimonial y en algún otro incluso inexistente. Un escaqueo descarado y bendecido por la ley, que nadie controla. Estamos en época de crisis y esas liberaciones sindicales, que escandalizan a casi todos, deberían ser objeto de urgente revisión a la baja. Y más si tenemos en cuenta que hace ya mucho tiempo que los sindicatos han dejado de ejercer su función. Precisamente si la Administración Pública aragonesa ha alcanzado tal grado de deterioro, con los niveles de interinidad existentes, nombramientos discrecionales generalizados, falta de convocatorias públicas de empleo en contra de lo dispuesto en la norma, incumplimiento sistemático de la legislación vigente en materia de Función Pública, vaciado de funciones a favor de esos comederos de patos en que se han convertido las empresas públicas¿ Si todo ello ha sido posible, lo ha sido con el silencio cómplice -y por ello mismo, culpable- de los sindicatos. Zanjar la cuestión con la simple apelación al cumplimiento formal de la ley significa por parte de los partidos profundizar en esa desafección de la ciudadanía hacia la política. Una de las funciones de todo partido político que aspire a alcanzar el poder o mantenerlo, a representar a los ciudadanos, a mejorar la sociedad y a sintonizar con ella, es el de asumir sus aspiraciones y proponer los cambios legales y normativos que demande. Si el número de liberados sindicales escandaliza e indigna mayoritariamente a la sociedad, ese número debe rebajarse. Esa es la esencia de la democracia: lo demanda la sociedad. Y aquel partido político que asuma esa demanda y proponga los cambios legales obtendrá más votos. Como debe ser. Tan fácil.
DICEN EN ADN.ES
La Asociación para la Defensa de la Función Pública celebra su segundo aniversario y anima a sumar esfuerzos.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa celebra su segundo aniversario y anima a "sumar esfuerzos" a todos aquellos ciudadanos que no sean indiferentes al buen funcionamiento de la Administración aragonesa. El sitio oficial de la entidad ha emitido 400 notas con toda clase de críticas hacia los responsables de la Administración autónoma, indican en un comunicado.
¿Toda clase de críticas? ¿No resulta un poco excesivo?
OJO A LO QUE ACONTECE EN ASTURIAS CON EL ANTICIPO DE CARRERA:
La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, ha afirmado hoy que los trabajadores públicos no tendrán que devolver el dinero ingresado a cuenta desde 2007 en virtud del desarrollo de la carrera profesional tras la sentencia dictada ayer por Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que el Gobierno ha anunciado que no recurrirá.
La sala de lo contencioso-administrativo del TSJA acordó ayer anular el modelo de carrera profesional aprobado por el Gobierno para todos los trabajadores de la administración autonómica en 2007 y que había sido acordado con los sindicatos UGT y CCOO.
En una rueda de prensa ofrecida hoy para analizar el alcance de esta sentencia, la consejera ha señalado que el Gobierno no recurrirá la sentencia, que afecta a unos 14.000 trabajadores (8.000 docentes y 6.000 de la administración general), a los que se dejarán de abonar 21 millones de euros anales, que van desde los 56 euros mensuales a los trabajadores del grupo E a los 208 a los grupo A.
Del alcance de este acuerdo quedaban fuera los trabajadores interinos y los que no contaban con una antigüedad de cinco años. Migoya ha reconocido la "debilidad jurídica" de este acuerdo para el desarrollo de la carrera profesional, pero ha recalcado que el Gobierno actuó de "buena fe" y en virtud del acuerdo suscrito con los sindicatos mayoritarios, además de con otras organizaciones de menor implantación, que también fueron codemandados.
La consejera ha indicado que a partir de ahora sólo queda trabajar para establecer el marco legal que dé cobertura jurídica al desarrollo de la carrera profesional y ha explicado que para ello es necesario la aprobación de dos normas, la Ley de Función Pública y el Estatuto básico del personal docente.
Ha aclarado que el Principado tratará de acompasar el desarrollo de ambas normas para que no haya disfunciones, y ha recordado que en el caso del Estatuto básico del personal docente corresponde su impulso al Ministerio de Educación, por lo que ha anunciado que el Gobierno regional urgirá a este organismo para que agilice su tramitación.
Por su parte, los sindicatos UGT y CC.OO criticaron hoy a las organizaciones SUATEA, CSI-CSIF y USO por haber provocado la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la carrera profesional.
Ambas organizaciones tildaron de "irresponsable e impresentable" la actitud de los sindicatos minoritarios a los que acusaron de actuar "no sólo contra el Gobierno sino contra las organizaciones mayoritarias".
"Creemos que hay una gran irresponsabilidad por parte de quienes presentaron la demanda que van más en contra de los sindicatos mayoritarios que del contenido porque ahora resulta que todos quieren que se siga cobrando", dijo el secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, que insistió en que "no van a consentir que la devolución salarial".
Por su parte el secretario de CC.OO, Antonio Pino, afirmó que su organización "no entiende que sindicatos, algunos corporativos y otros de clase, impulsen una iniciativa jurídica que en la práctica y como última consecuencia lo que persigue es paralizar las retribuciones arrancadas por CC.OO y UGT al Gobierno".
MAS SOBRE ASTURIAS:
El consejero de Economía, Jaime Rabanal, firmó el 18 de mayo de 2007 la resolución sobre la carrera profesional que incluía los pagos a cuenta a miles de funcionarios que ahora han sido anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Rabanal defendió ayer el pago de esa productividad y negó que se tratara de una medida electoralista, pese a firmarse nueve días antes de las elecciones autonómicas, «porque fue el resultado de una negociación de dos años con los sindicatos», que surgió del anterior acuerdo de concertación social.
Rabanal fue el encargado de firmar esa resolución porque en la anterior legislatura su departamento también tenía las competencias en materia de administración pública, un área que pasó a contar con consejería propia en el verano de 2007, con Ana Rosa Migoya como titular y con Luis Iturrioz como viceconsejero de Recursos Humanos tras haber sido antes viceconsejero de Administración Pública.
El consejero de Economía, tras manifestar que comparte todas las explicaciones dadas hasta ahora por la portavoz del Gobierno sobre la sentencia, negó que tuviera fines electoralistas. «Es una insidia decir que fue una medida electoralista porque el acuerdo con los representantes de los trabajadores se alcanzó en diciembre de 2007, fruto de la negociación con los sindicatos mayoritarios de la función pública que se inició un año antes». El Consejero también defendió la aplicación de la carrera profesional: «El objetivo era mejorar la productividad de la administración autonómica, para mejorar la eficiencia y la atención a los ciudadanos y servir de referente al resto de los sectores de la economía asturiana», aseguró Rabanal.
Por otra parte, el PP indagará si la comisión de secretarios generales técnicos de la Administración regional emitió algún informe jurídico sobre las subidas ilegales a los funcionarios. Si se elaboró alguno y era contrario a la subida, pedirá entonces el cese de la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya. Si el informe era favorable a la subida o no se elaboraró dictamen alguno, entonces el PP cargará contra los secretarios y pedirá que se les expediente o cese. Según el diputado regional popular Ramón Cañal, en este último caso quedaría demostrado que la Administración regional está politizada, al haber avalado los secretarios una «barbaridad legal».
Cañal descartó cualquier medida penal en el asunto de la carrera profesional. Según el diputado, es la Sindicatura la que debería haber detectado los pagos ilegales durante el estudio de las cuentas de 2007, y haber comunicado a continuación su hallazgo al Tribunal de Cuentas.
El PP prefiere el frente de los informes. Cañal añadió que, con las subidas ilegales, los altos cargos de la Administración regional «salieron muy beneficiados, ya que sus nóminas engordaron en 5.000 euros» durante el pasado año.
Más:
La Voz de Asturias, 19/06/2009 EFE
El sindicato SUATEA, que recurrió junto a CSI, CSIF, USO y el ex diputado de IU Germán Abad la carrera profesional en la administración autonómica, acusó ayer al Gobierno de "prevaricar" tras admitir que era consciente de que carecía de base legal para desarrollar esta regulación, anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
En rueda de prensa, la portavoz de SUATEA, Beatriz Quirós, calificó de "histórica" la sentencia ante la unanimidad entre los magistrados que integran la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA y advirtió al Gobierno que, de no entablar una negociación antes del mes de septiembre, emprenderán las acciones legales a las que los "faculta" la resolución judicial.
Quirós, que reiteró su exigencia de dimisión para el equipo de la consejería de Administraciones Públicas, subrayó que el Gobierno "creó el problema y es quien debe solucionarlo" mediante un incremento salarial lineal de 500 euros mensuales para todos los docentes de la enseñanza pública tal y como reclamaban en 2006.
Según este sindicato, los profesores que ejercen en Asturias siguen siendo los peor pagados de todas las comunidades autónomas y la solución no pasa porque quienes cobraron la carrera profesional devuelvan el importe recibido sino porque se aplique el incremento salarial que demandan a todos los profesores.
En este sentido, destacó que el Gobierno optó por un acuerdo "sin base legal" con algunos sindicatos firmado poco antes de las últimas elecciones autonómicas "para intentar comprar votos".
"Lo que se intentó fue centralizar la negociación con dos sindicatos privilegiados (UGT y CCOO) que ahora le echan un capote al Gobierno echándonos a los pies de los caballos y convirtiéndose en su perro guardián", indicó Quirós en alusión a las críticas vertidas ayer por los dirigentes de ambas centrales contra quienes recurrieron la sentencia de la carrera profesional.
Para Quirós, la anulación de esta iniciativa del Gobierno debería llevar aparejada también la suspensión del plan de evaluación del profesorado puesto en marcha este curso.
¿Qué va a pasar en Aragón con este tema?
NUESTRAS BARBAS A REMOJAR?
La sensación de estar pagando errores ajenos con sueldos propios daba que hablar ayer en los pasillos de los centros de trabajo de la Administración regional. La anulación de la carrera profesional del Principado no sorprende a los funcionarios afectados, que mezclan el desagrado por la merma en sus salarios con la indignación hacia la Consejería de Administraciones Públicas y en algún caso también con cierto resquemor por la «doble moral» de los sindicatos que promovieron el recurso contra la medida.
Sergio Peña, auxiliar educador en el centro de atención a menores de Sograndio, echará en falta los 72 euros al mes que su nómina consignaba como «complemento de productividad a cuenta de la carrera profesional». Él se pregunta por qué no va a seguir cobrándolos «si la productividad existe como concepto para el pago y lo único que se anula» es la parte que hace referencia a la carrera profesional. La sentencia, lógica desde su punto de vista a la luz de las deficiencias que contenía la medida, deja en el aire otras cuestiones, como la atribución a los trabajadores de las equivocaciones del patrón: «¿Por qué voy a pagar yo los errores de la Consejería?», se pregunta.
Entre los fallos, Peña detecta algunos significativos en la exigencia de cinco años de antigüedad en una misma categoría para acceder a los complementos salariales o la exclusión de los interinos. Peña cumplió con el trámite previo de adherirse a la carrera como tantos otros que firmaron de buena fe, pero «a ciegas», aquel «papel en blanco» que ahora impugna el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Un profesor de Secundaria del Instituto Fleming de Oviedo, que prefiere resguardar su identidad, dejará de ganar unos doscientos euros mensuales y pone en duda si, llegado el caso, «serían los trabajadores o la Administración los que tendrían que devolver el dinero». Comparte con una compañera, eso sí, la impresión de «doble juego» de los sindicatos que llevaron al Juzgado la regulación de la carrera. «A veces son ellos los primeros que fallan», afirma ella. «Había que reclamar si la cuestión no estaba correctamente regulada», concede él, «pero los sindicatos fueron ambiguos al recomendar que no se firmara mientras sus propios afiliados se estaban adhiriendo a la carrera».
«Yo prefiero dejar de ganar dinero a que se amañen las cosas de esa manera», interviene Fernando Berdial, funcionario de la Dirección General de Informática. Llama «chapuza» a una regulación que ha desembocado por necesidad en una sentencia que, a su juicio, «se veía venir». Por el mismo camino, una trabajadora de la Consejería de Administraciones Públicas, la competente en la ordenación laboral del funcionariado, afirma que «no me parece bien que me rebajen el sueldo, pero tampoco estaba de acuerdo con el modo en el que se articuló la carrera, con mucha arbitrariedad en cuanto a los criterios de evaluación del personal».
Más motivos tiene Ana Lorenzo, funcionaria en Infraestructuras, para rechazar una carrera que no la admite por interina. Aparte de esa situación discriminatoria, comparte las valoraciones que definen la regulación como «un cheque en blanco» levantado sobre «una ley sin desarrollar». Una compañera recuerda que «el estatuto dice que debe haber una carrera» y desea que la próxima «se haga bien», y no falta quien se pregunta «qué sucederá con los complementos de productividad de altos funcionarios que se establecieron para compensarles cuando se puso en marcha la carrera profesional; aquellos pagos no estaban vinculados a ésta».
INFORMACIÓN DE LA NUEVA ESPAÑA:
Reacciones a un fallo judicial que afecta a 14.000 funcionarios
Areces defiende que la carrera profesional «no fue un error» y no percibe responsabilidades
El Presidente rechaza categóricamente que hubiera intención electoralista al anunciar el pago poco antes de las autonómicas de 2007 • «Todo se acordó en el año 2006; el acuerdo se firmó en diciembre y se instrumentó en cuanto se pudo», afirma el jefe del Ejecutivo
ANULACIÓN DEL ANTICIPO DE CARRERA EN ASTURIAS:
Asistimos al mayor descrédito administrativo de nuestra historia democrática y el gobierno sólo es capaz de contestar !la culpa no fue mia! ni gobierno ni sindicatos han estado en su puesto ni han cumplido.Dimisión ya!
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