Zaragoza, 26 de junio de 2009.
Como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 10 de junio de 2009, por la que se anula el anticipo de carrera que se venía abonando a los funcionarios del Principado de Asturias, como resultado de un mero acuerdo entre Administración y Sindicatos, sin contar con la cobertura legal que exige el régimen retributivo de los empleados públicos, es necesario plantear si el similar anticipo de carrera que se abona a los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, también por acuerdo alcanzado entre Administración y Sindicatos, resulta conforme al ordenamiento jurídico.
Por ello, esta Asociación se ha dirigido a los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, como máximos responsables en materia de función pública y gestión presupuestaria, para que, a la vista de la sentencia recaída en Asturias y de las condiciones de abono del anticipo de carrera en la Administración aragonesa, se analice la legalidad del mismo y, en su caso, se adopten las medidas oportunas para asegurar la estricta legalidad del régimen retributivo de los empleados públicos de la Administración aragonesa.
Igualmente, en fechas próximas, esta Asociación se dirigirá a la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón y a los diferentes Grupos Parlamentarios, así como al Justicia de Aragón, para que, conforme a la responsabilidad institucional que corresponde a cada uno de ellos, insten las medidas adecuadas para asegurar el respeto a los principios de legalidad y buena gestión, como elementos esenciales de todo Estado de Derecho y de toda Administración Pública que trabaje para su efectivo aseguramiento.
Si dicho abono fuese ilegal, como sospecha esta Asociación, la reacción frente a la irregular situación existente ha de ser lo más rápida posible, evitando que perdure en el tiempo una medida que contraviene las reglas básicas de funcionamiento de la Administración Pública.
Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito remitido al titular del Departamento de Presidencia:
“Zaragoza, 26 de junio de 2009.
Excmo. Sr. Consejero de Presidencia
Departamento de Presidencia
Gobierno de Aragón
50007-ZARAGOZA
Estimado señor:
El pasado día 30 de diciembre de 2008 se publicaba en el Boletín Oficial de Aragón, mediante Orden del Departamento de Presidencia, el Acuerdo del Gobierno de Aragón por el que se ratificaba el Acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración General de 13 de agosto de 2008, sobre medidas de desarrollo profesional de los empleados públicos de dicho sector.
Dicho Acuerdo contemplaba una medida retributiva, carente a nuestro juicio de soporte legal suficiente, consistente en anticipar el pago de la carrera profesional a regular en la futura Ley de la Función Pública aragonesa que desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público.
Similar medida, adoptada en la Administración del Principado de Asturias, ha sido anulada por una reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de fecha 10 de junio de 2009, de la que le remitimos una copia. De acuerdo con lo señalado por dicho Tribunal, el pago de cantidades a cuenta no tiene respaldo en la aplicación de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, ni en la normativa autonómica vigente, por lo que no cuenta con cobertura legal suficiente, procediéndose a su anulación.
Semejante pronunciamiento sobre la ilegalidad del anticipo de carrera que se venía abonando a los funcionarios del Principado de Asturias obliga a cuestionar la legalidad del similar anticipo acordado en la Mesa Sectorial de la Administración General el 13 de agosto de 2008 y aprobado por el Gobierno de Aragón.
Consecuentemente, le solicitamos que por ese Departamento se proceda al análisis jurídico de la cuestión planteada y, en su caso, proceder a la adopción de las medidas necesarias para asegurar la legalidad del régimen retributivo de los empleados públicos aragoneses.
Atentamente,
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
27 comentarios:
La que se va a armar.
Como la prensa saque esto, se va a organizar un lío de mil pares de c...
¿Cómo pueden saltarse la ley a la torera de esta manera? Esto es impresionante.
¿Un respetuoso silencio se impone sobre este tema?
Un buena papeleta para el Director General de la Función Pública.
Siempre se ha dicho: no hay peor cuña que la de la misma madera.
El que tenga oidos que oiga.
Traído de La Voz de Asturias:
El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, ha recordado hoy que el PP avaló la aplicación a los empleados de la Junta General del cobro de la carrera profesional anulada por los tribunales y que en 1997 pagó "por la puerta de atrás" un complemento salarial a los funcionarios para paliar la congelación salarial decretada por el Gobierno central.
Areces ha hecho estas afirmaciones durante el debate de una pregunta sobre esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias formulada por el presidente del PP, Ovidio Sánchez, que ha acusado a Areces de haber aprobado esta medida sin cobertura legal para pagarse la campaña electoral de 2007 "con fondos públicos".
El dirigente del PP ha recordado que el acuerdo para generalizar a todos los empleados públicos el cobro anticipado de las cantidades que ya percibían los trabajadores sanitarios se aprobó "una semana antes" de los últimos comicios autonómicos "porque las encuestas le iban mal" y ha asegurado que Areces optó entonces "por decir a los funcionarios que le votasen porque les iba a subir el sueldo".
Sánchez ha recordado que el Parlamento regional ya exigió al Gobierno en junio del pasado año que buscase una fórmula legal transitoria que permitiese avalar estos pagos "y usted hizo caso omiso porque se cree por encima de la Ley".
"Usted ve lícito pagarse su campaña con fondos de todos los asturianos", ha advertido Ovidio Sánchez al presidente del Principado y ha reclamado una administración regida por principios de igualdad "y no de clientelismos políticos y de arbitrariedades".
El Ejecutivo regional, que abordará con los sindicatos en la Mesa General de la Función Pública el próximo 2 de julio la situación creada por la sentencia, ha anunciado que no recurrirá la resolución judicial que le obliga a dejar de pagar unos 21 millones de euros anuales a los 14.000 trabajadores que se adhirieron a la carrera profesional (8.000 docentes y 6.000 de la administración general).
Los empleados públicos beneficiados por esta iniciativa venían percibiendo desde su implantación un aumento salarial que oscilaba entre los 56 y los 208 euros mensuales.
La devolución de los 52,5 millones de euros que los funcionarios han cobrado del Principado a cuenta de la carrera profesional solo será efectiva si lo solicita una de las partes implicadas en el litigio: el propio Gobierno o alguno de los sindicatos que recurrieron en su día el acuerdo sobre la carrera. Raúl Bocanegra, catedrático de Derecho Administrativo, aclara el nuevo escenario en el que queda el conflicto una vez que el sindicato ANPE ha anunciado su intención de recurrir al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula el desarrollo de la carrera profesional. El Supremo no obligaría formalmente a la devolución, afirma Bocanegra, solo decidirá si la resolución del TSJA «es o no conforme a derecho». Si afirma que la sentencia está ajustada a la ley y que por tanto los pagos son ilegales, «abriría la puerta a una ejecución definitiva» y a la consiguiente devolución de lo cobrado, pero solamente si una de las partes del litigio solicita expresamente que se ejecute esa resolución.
Esas partes son el propio Principado y los sindicatos codemandados, por un lado, y las fuerzas sindicales denunciantes por otro. El Gobierno ha manifestado que no es esa su intención y las fuerzas sindicales tampoco se lo han planteado, aunque ayer José Ángel Piquero, portavoz de la Federación de enseñanza de CC OO, aseguraba que la devolución del dinero «está implícita en la sentencia del TSJA». A pesar de ello, según Bocanegra, «no parece razonable que haya que devolverlo», porque «ninguna de las partes está interesada en ello». Los que sí se han manifestado a favor de la devolución, algunos funcionarios que en su día no se adhirieron a la carrera profesional y no cobraron los complementos, no tienen implicación en el pleito y «no podrían, por tanto, pedir la ejecución» de una hipotética sentencia del Supremo que avalase la ilegalidad de los pagos.
Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, suscribieron en la mesa general con el Principado el acuerdo del 27 de diciembre de 2006 que dio origen a la carrera profesional de los funcionarios, ahora paralizada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
La sentencia que anula el desarrollo de la carrera profesional del Principado ha puesto a unos sindicatos frente a otros y ha hecho incluso surgir las discrepancias en el seno de algunas fuerzas sindicales. Es el caso de la Federación de enseñanza de Comisiones Obreras de Asturias, donde ayer anunciaron su dimisión diez de los 21 miembros de la comisión ejecutiva. El motivo son las dificultades que para su labor y reivindicaciones suponen las discrepancias con la cúpula del sindicato. La sección educativa se ha desmarcado de las posiciones de la Unión Regional de CC OO, firmante con el Principado y UGT, entre otras fuerzas sindicales, del acuerdo que dio origen a la carrera profesional, en este aspecto y otros, como la reivindicación de las mesas sectoriales de negociación que la Federación de enseñanza reclama sin acuerdo con la dirección del sindicato. En esas discrepancias se fundamenta la dimisión que materializarán el lunes, según han anunciado, el secretario general de la facción de educación, José Ángel Piquero, y otros diez componentes de la ejecutiva.
No es sino un síntoma más de los frentes que ha abierto el conflicto sobre la política laboral del Gobierno del Principado con sus funcionarios. Las posiciones de CC OO y UGT han sido cuestionadas por algunos sindicatos sectoriales, sobre todo del ámbito de la educación, y esta Federación de enseñanza de CC OO que acaba de materializar su ruptura con la dirección regional de su sindicato. Los hasta ayer dirigentes de la Federación educativa de la central sindical lamentan en un comunicado, «con tristeza e impotencia, no haber sido capaces de encontrar cauces ni voluntad de encuentro por parte de la dirección regional».
Con un deficit publico del 10% (cien mil millones de euros al año ) me pregunto qué pasará cuando inexorablemente el estado entre en quiebra y los sueldos de los funcionarios tengan que ser reducidos minimo un 20%. Este es un pais de locos, la neurosis de nuevos ricos y de gastar lo que no se tiene es incurable.
El pesebre ES muy grande y hay que mantenerlo a toda costa.
Sigue el asunto en Asturias:
El eco de la sentencia que anuló el pago anticipado de la carrera profesional sigue retumbando en la actualidad política y ayer se escuchó en la Junta. Fue allí donde el presidente del Principado Vicente Alvarez Areces anunció que el Gobierno espera tener listo el respaldo legal para ese pago a cuenta antes de acabe el año, "en el próximo periodo de sesiones", apuntó el líder del Ejecutivo asturiano.
El presidente respondió a una pregunta formulada por el presidente del PP Ovidio Sánchez quien le acusó de "creer que está por encima de la ley" por hacer caso omiso de las medidas cautelares que dictó el TSJA y de haber aprobado esa anticipo de la carrera profesional como medida como medida electoralista "para pagarse la campaña con fondos públicos". El líder de la oposición reclamó en intervención una administración regida por principios de igualdad "y no de clientelismos políticos y de arbitrariedades".
Areces no concretó la fórmula en que trabajan los servicios jurídicos para dar respaldo al pago a cuenta, pero parece que ese mecanismo daría cobertura a todos los funcionarios, docentes y generales, a un mismo tiempo y al margen de los plazos de aprobación del Estatuto Docente estatal y la ley de Función Pública autonómica. Está previsto que la propuesta se traslade a los sindicatos en una Mesa General que se reunirá el próximo jueves.
En su intervención, el Presidente enfatizó que la aprobación del anticipo de la carrera tuvo por objeto acabar con posibles discriminaciones entre los empleados públicos, al contar el personal estatutario sanitario con un desarrollo profesional.
Si el Tribunal Supremo estima el recurso presentado por el sindicato educativo ANPE los funcionarios podrán seguir cobrando el anticipo de la carrera profesional como vienen haciendo desde hace dos años porque la sentencia del TSJA aún no sería firme y el Gobierno no estaría obligado a acatarla. ANPE insistió ayer en una comunicado en que su recurso pretende que la Administración "gane tiempo para hacer sus deberes" y aprobar las normativas necesarias. El sindicato critica las actitudes de "los sindicatos recurrentes" y les instan "a empezar dando ejemplo solicitando a destacados miembros de sus listas que devuelvan el dinero".
Por otro lado, el sindicato SUATEA, uno de los recurrentes, negó que otras comunidades autónomas cuenten con sistemas similares respondiendo así a una afirmación del Presidente en la Junta. Según SUATEA, se trata de una "pirueta parlamentaria" tras sufrir un "monumental varapalo" por parte la justicia.
¿Desconocerá SUATEA lo que está vigente en Aragón?
«Los tribunales han establecido cuál es la línea a seguir. Por tanto, la solución que se tiene que articular es la fijada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dado que la disposición a adoptar ha de tener rango de ley, ya estamos trabajando para procurar que los plazos sean lo más breves posibles. En el próximo período de sesiones someteremos a esta Junta General alguna iniciativa al respecto», explicaba ayer Areces en el último Pleno hasta septiembre.
¿No hay como tirar de la manta y descubrir lo que hay debajo?
Jesús Solá, alcalde de Herrera de los Navarros por el PAR y presidente de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (Asael), ha pagado durante casi dos años el sueldo de su chófer a través de una entidad sin ánimo de lucro destinada a luchar contra la violencia de género, la Red Liedra. Esta asociación, que se financia con fondos europeos, está también dirigida por el ex asesor de Medio Ambiente y tiene la misma sede que Asael, en la plaza del Pilar. Solá rescindió el contrato del conductor hace unas tres semanas, justo después de que este periódico publicara las noticias sobre su gestión de fundaciones y sociedades en el municipio del Campo de Daroca.
Aún aprenderemos algo sobre prensa asturiana, por este asunto:
La Voz de Asturias es un periódico asturiano fundado el 10 de abril de 1923. Se define a sí mismo como una referencia liberal y como un diario progresista, dinámico, plural.
Pertenece al Grupo ZETA desde 1986 y su actual director es Luis Mugueta.
Su difusión según la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) durante 2004 fue de 9.767 de lunes a sábados y de 13.011 los domingos.
La Nueva España, que se autodefine como un "diario independiente de Asturias", es un periódico regional del Principado de Asturias de tendencia conservadora, y uno de los diez periódicos con más tirada de España, se publica en Oviedo desde hace 70 años y es editado por la empresa Editorial Prensa Asturiana.
La redacción se encuentra en Oviedo y publica a diario seis ediciones locales que cubren el Principado de Asturias: la general de Oviedo y las específicas para Gijón, Avilés, las Cuencas, el Occidente y el Oriente de Asturias.
Es el más importante en cuanto a tirada según la OJD de todos los periódicos asturianos: tuvo una difusión media de 60.469 ejemplares Julio06/Junio07 y de 91.626 durante los domingos del mismo periodo. Su directora es Ángeles Rivero.
¿70 años? ¿Desde 1939, pecisamente? Mala fecha para fundar algo en España.
¿Qué es esto? ¿Anticipo de carrera o carrera por el anticipo?
Este asunto nos pondrá a todos a prueba.
No hay política del avestruz posible cuando está en juego el respeto de la ley. O no debería haberla.
En cuanto a los ¿sindicatos? que están tan indignados con la sentencia deberían estar avergonzados de haber firmado semejante acuerdo. Para los que todavía no lo sepan, incluidos los periodistas a los que tanto molestamos los funcionarios, esa subida mensual de 300 euros es para los jefes y grupos altos, los de abajo nos conformamos con las migajas como siempre y por supuesto a cambio de hacer lo que el jefe diga para que tu evaluación sea positiva. Eso es lo que han firmado esos ¿sindicatos, jajaja? que defiende a los trabajadores (UGT, CC.OO.) y que están tan indignados. Mi total apoyo a CSI y los demás sindicatos con el valor suficiente para denunciar esa venta al poder.
Soy de izquierdas, sí de izquierdas ¿se acuerdan de lo que es eso, señores del gobierno y sindicatos?
¿Pero es que puede existir una izquierda sin ética?
Traído de LA VOZ DE ASTURIAS:
A veces las cosas cambian para que todo siga igual. La sentencia del TSJA que anula el pago a cuenta de la carrera profesional a 14.000 funcionarios del Principado puede quedar al final como un precedente jurídico sin un efecto práctico definido.
El recurso presentado por el sindicato ANPE hace que la sentencia no sea firme por lo que el Gobierno seguirá pagando a sus empleado el plus de entre 56 y 208 euros mensuales. El presidente Areces anunció el pasado viernes que el Gobierno pretende tener lista una cobertura legal transitoria antes de que acabe este año con los que el pago ya tendrá un aval legal y podrá seguir efectuándose sin problemas. Así, todo el mundo seguirá cobrando a pesar del terremoto político y mediático que produjo la decisión judicial.
Los servicios jurídicos del Principado trabajan para que todos los funcionarios --docentes y cuerpos generales-- obtenga esa cobertura legal transitoria a un tiempo. Ese respaldo ha de tener rango de ley y ser aprobado en la Junta. Podría ser tan simple como una norma que dispusiese un montante presupuestario para pagar a los funcionarios y lo dijese específicamente.
¿A QUÉ INTERÉS SE ATIENDE?
Haciendo cálculos aproximados, si el pago a cuenta costaba al Gobierno 21 millones de euros anuales, la incorporación de 3.000 funcionarios más a esa paga costaría alrededor de 4,5 millones de euros adicionales a esa cantidad.
Aunque el dinero no vaya a desaparecer de la nómina de los funcionarios en el mes de julio como se dijo en un principio, son muchas las incógnitas que quedan por despejar. El próximo jueves la Mesa General se reunirá y será allí donde el Gobierno transmitirá a los sindicatos el mecanismo legal que quiere articular para respaldar el pago. A partir de ahí, hay dos negociaciones clave que hay que cerrar para buscar una solución definitiva: la de la ley de Función Pública y el Estatuto del Docente.
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