viernes, 28 de noviembre de 2014
UNA COMPARECENCIA REVELADORA: LA ARBITRARIEDAD COMO CRITERIO DE GOBIERNO.
El
Director General de Personal del Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte, Alfonso García Roldán, compareció este miércoles ante la
correspondiente Comisión de las Cortes de Aragón, donde expuso los criterios
manejados por el Departamento en materia de oferta de empleo de personal
docente.
Vino
a anunciar que habrá oferta de empleo público para educación primaria en 2016,
en la que acumularán las plazas resultantes de aplicar las tasas de reposición
previstas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2014 y 2015. Al
mismo tiempo, destacó el pacto alcanzado con otras Comunidades Autónomas
vecinas para realizar oposiciones al mismo tiempo.
Es
incomprensible que un responsable público, como es el Director General de
Personal del Departamento de Educación, se atreva a declarar ante un Parlamento
–en el que seguimos creyendo que están presentes los representantes de los
ciudadanos, titulares de la potestad legislativa y responsables del control de
la acción del Gobierno- la decisión de no dar cumplimiento a la legislación en
materia de acceso al empleo público. ¿Debemos recordar que el Estatuto Básico
del Empleado Público obliga a la aprobación anual de oferta de empleo público? ¿Debemos
insistir en que la no aprobación de dicha oferta supone una vulneración del
derecho fundamental de acceso a la función pública de los ciudadanos? ¿Es
posible que un responsable público, sean cuales sean sus razones, pueda dejar
sin efecto el ejercicio de un derecho fundamental, ignorando el carácter
indisponible de éstos?
El
Director General de Personal afirmó ante las Cortes de Aragón que no habrá
oferta de empleo público, para el personal docente de educación primaria, en
2014 y 2015 y sí en 2016. ¿Tiene sentido fijar un compromiso de gestión para
una fecha posterior a la terminación de la legislatura, en la que
necesariamente Parlamento y Gobierno serán distintos? ¿No hay ningún portavoz
parlamentario capaz de señalar lo inadmisible de la medida? ¿Puede debatirse
con esta ligereza el régimen de acceso al empleo público en una Administración
Pública? ¿A tal extremo ha llegado la banalización del incumplimiento de la
ley?
Resulta
inadmisible que un Gobierno, como el presidido por Luisa Fernanda Rudi, pese a
haber sido requerido por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón a dar
cumplimiento a dos sentencias judiciales que anularon las Ofertas de Empleo Público
de 2007 y 2011 aprobadas por el Gobierno de Aragón, siga desconociendo las
exigencias constitucionales y legales del régimen de acceso al empleo público,
omitiendo la aprobación de oferta de empleo público durante 2012, 2013 y 2014.
La omisión absoluta en la que incurre este Gobierno es mucho más grave que la
omisión relativa en la que incurrió el Gobierno anterior en esta materia y que,
no obstante, fue sancionada por los Tribunales. Tras la anulación de ambas
ofertas por sendas sentencias judiciales, ni los responsables de Función Pública
ni los miembros del Gobierno de Aragón pueden alegar desconocimiento alguno
sobre las exigencias en la materia. No cumplen la ley
sencillamente porque carecen de voluntad de cumplirla. Este hecho es suficiente
para deslegitimar a un responsable público y a un Gobierno entero, por mucho
que se quiera restar importancia al incumplimiento de las normas.
La
actitud de este Gobierno –de la que es fiel testimonio la intervención del
Director General de Personal del Departamento de Educación ante las Cortes de
Aragón- muestra claramente el carácter arbitrario de la política de personal en
la Administración
de la Comunidad Autónoma
y el manifiesto desprecio de la legalidad, establecida precisamente para dar
garantía a los derechos de los ciudadanos. Parece necesario reclamar a la Administración
General del Estado que, al igual que ha hecho en relación con
los funcionarios de administración local de habilitación nacional, recupere la
selección de los cuerpos estatales de la Administración
educativa, vista la insolvencia mostrada por las Comunidades Autónomas para asegurar su
selección conforme a la ley, lo que se ha traducido en tasas de interinidad y pérdida de calidad
del sistema educativo incuestionables.
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2 comentarios:
Llamo la atención sobre una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena a Itallia por la precariedad de una gran parte del personal docente.
Algo que vienen aplicando en Aragón la Consejera Serrat y su equipo.
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