Zaragoza, 27 de abril de 2009.
Recientemente, se ha comunicado a esta Asociación, por parte de la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón, que la Mesa de las Cortes, en su reunión de 14 de abril de 2009, acordó inadmitir la petición formulada desde esta Asociación, conforme al artículo 62 del Reglamento de las Cortes, para la creación de una Comisión especial de estudio, al entender que esta Asociación carece de legitimación para realizar al Parlamento peticiones de tales características.
Esta Asociación se dirigió a la Mesa de las Cortes, con fecha 27 de marzo de 2009, solicitando la creación, en el seno de las Cortes de Aragón, de una Comisión especial de estudio que se dedicase a “precisar unos criterios de conducta pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, a los que deban ajustar su actuación todos aquellos que desempeñen un cargo público”, formulando igualmente “las medidas requeridas para asegurar la plena vigencia de los principios de buena conducta establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público, a los que deben ajustar el ejercicio de su actividad el conjunto de los servidores públicos de las distintas Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma”.
Lamentamos que, una vez más, los órganos del Parlamento no atiendan una propuesta para promover estándares de conducta ética en las instituciones aragonesas. Pero nos preocupa especialmente, como ciudadanos aragoneses en el ejercicio de sus derechos fundamentales, que el máximo órgano de gobierno del Parlamento aragonés niegue legitimación a una asociación para formular una petición a la institución que políticamente representa a los aragoneses, vulnerando con ello el contenido esencial del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española.
Consideramos esta forma de actuar impropia de un Parlamento, pues cuestionar la legitimación de los ciudadanos para dirigirle peticiones es cuestionarse a sí mismo, ya que su función básica es la de representación política del conjunto de los ciudadanos aragoneses.
No podemos, lógicamente, aceptar una decisión como la adoptada por la Mesa de las Cortes, con la que se vacía de forma arbitraria el contenido del derecho de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, por lo que nos sentimos obligados a procurar su revisión jurídica, no descartando el acudir en amparo al Tribunal Constitucional.
El Presidente de la Asociación ha puesto en conocimiento de tales hechos al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, expresándoles su malestar por la citada decisión de la Mesa de las Cortes, al considerarla una vulneración del derecho fundamental de petición que asiste a todos los ciudadanos ante todos los poderes públicos, incluidos los Parlamentos autonómicos. Igualmente, se ha pedido a los Grupos Parlamentarios que adopten las iniciativas oportunas para evitar que se consolide el criterio de falta de legitimación de los ciudadanos aplicado por la Mesa de las Cortes a la petición formulada por esta Asociación.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
16 comentarios:
La sordera institucional es antológica, como puede apreciarse. No hay peor sordo que el que no quiere oir, me han dicho en mi casa desde pequeño. Nunca imaginé que pudiera aplicar tal dicho a un Parlamento y a un Gobierno.
¿Sólo nos queda el Justicia como institución a la que encomendarnos?
Penosa mesa, penosa.
Creo que el asunto está claro para quien lo quiera entender.
Disfrutad de un día festivo este próximo viernes, acudiendo a Jaca a la celebración del Primer Viernes de Mayo:
Día 1 de mayo
08:00 h -Diana Musical, por la Asociación Banda Municipal de Música "Santa Orosia"
09:00 h - Ante la Casa Consistorial
Concentración del Cortejo Histórico y de las Escuadras de Labradores y Artesanos. Desfile y Peregrinación a la Ermita
10:00 h - En la Ermita de Nuestra Señora de la Victoria
Misa presidida por el Excmo. y Rvdmo. D. Jesús Sanz Montes, Obispo de la Diócesis de Jaca.
A la misma a hora, misa en la S.I. Catedral
12:00 h - Avda. Regimiento Galicia
Entrada triunfal del Conde D. Aznar Galíndez y sus huestes victoriosas.
S.I. Catedral, canto de la Salve y saludo de banderas.
En el Pórtico de la Casa Consistorial, salvas de honor y canto del himno.
Seguidamente, en la Plaza de Biscós salvas en recuerdo de todos los fallecidos.
20:00 h - Plaza de Biscós
Verbena Popular amenizada por la Orquesta Crisol
Ley Orgánica del Derecho de Petición y su implantación en los Parlamentos autonómicos (Presidente del Parlamento de Galicia).
Este tema fue debatido en el año 2003, en el Encuentro de Presidentes de Parlamentos autonómicos realizado en el Parlamento de Islas Baleares.
Tal vez resultase interesante conocer el contenido de tal exposición, que pudiera resultar útil para analizar este asunto de la petición a las Cortes de Aragón.
Palabras del Presidente de la Comisión de Peticiones del Senado en la sesión de 16 de diciembre de 2002, a propósito de unas jornadas sobre el Derecho de Petición, cuyas ponencias también pueden resultar de sumo interés:
Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Peticiones, pero antes de pasar al orden del día establecido y en poder de todos ustedes, quisiera dar las gracias, en nombre de todos los que hemos hecho posible la celebración de las jornadas parlamentarias sobre el Derecho de Petición, los días 24 y 25 de octubre, por el apoyo y las felicitaciones que hemos recibido, tanto individual como colectivamente, de muchas personas y no sólo de las que asistieron a la celebración. Todas las felicitaciones que he recibido las he trasladado, inmediatamente, a los miembros de esta comisión, porque creo que con su entusiasmo se consiguieron unas jornadas de gran éxito. Los que más conocemos los problemas somos los que estamos más cerca de ellos y, por ello, sentimos la necesidad de que el Senado se vaya convirtiendo en la Cámara, no solo de los territorios, sino también de los ciudadanos.
A estas jornadas asistieron importantes ponentes con exposiciones de gran altura, por lo que la intención es la de que se publique un libro con todas ellas. También asistieron un gran número de senadores y senadoras, así como diputados y diputadas pero, sobre todo, hubo una importante presencia de parlamentarios del conjunto de casi todas las comunidades autónomas de los diferentes Parlamentos regionales, de forma que se creó una gran relación que se mantiene, hasta el punto de estar recibiendo invitaciones para que esta comisión pueda hacer visitas a otros Parlamentos, algunos de los cuales tienen también comisiones semejantes, incluso con el mismo nombre. Esto supone un paso novedoso, como lo es el hecho de que en esta reunión y ya en las dos anteriores hayamos tenido la presencia de ciudadanos que, solicitando la posibilidad de poder comparecer, hayan podido hacerlo. Esto se debatió intensamente en las jornadas y fue un paso decisivo en el papel que tienen que jugar las Cortes Generales y, en concreto, nuestra función como senadores. Quiero, por tanto, expresar la felicitación a esta comisión, porque no soy yo quien tiene que recibirla, sino el conjunto de los asistentes y de otras personas que, después de conocer que se habían celebrado estas jornadas han sentido no poder asistir, e incluso están preguntando si se van a celebrar unas segundas jornadas. Esto sería un poco excesivo, pero sí sería interesante que, una vez que se publiquen las intervenciones de los ponentes, senadores y senadoras y miembros de otros Parlamentos regionales que desarrollaron numerosas intervenciones y muchas de gran interés, puedan ser difundidas y presentadas como corresponde, para lo cual haremos llegar una petición a la Presidencia del Senado, para que el libro sea publicado.
¿Alguien tiene noticia de este libro editado en 2002?
El profesor José Francisco Alenza García, del Departamento de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra, es autor, junto con Francisco González Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho Administrativo, del libro "Derecho de petición. Comentarios a la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre", que ha sido publicado recientemente por la editorial Civitas, de Madrid.
El derecho de petición es un derecho fundamental que permite a todos los ciudadanos dirigirse a los poderes públicos para formular una petición, una queja o una sugerencia, sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario. Este derecho obliga al destinatario de la petición a contestarla en un plazo máximo de tres meses.
El derecho de petición no incluye el derecho a que la petición sea atendida. Pero sí exige al destinatario de la misma que en la contestación al peticionario sea motivada, indicando los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración, las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo y, en su caso el acuerdo, medida o resolución específica que se hubiere adoptado como consecuencia de la petición.
Es uno de los derechos más antiguamente reconocidos, pero que con la progresiva instauración del Estado de Derecho y el reconocimiento de otros instrumentos de defensa frente a la actuación de los poderes públicos fue perdiendo importancia hasta quedar configurado como un derecho supletorio o residual. Así, el derecho de petición ha quedado restringido a aquellas peticiones o solicitudes que no dispongan de procedimientos formales específicos de carácter parlamentario, judicial o administrativo. Su ámbito queda relegado, por tanto, a lo estrictamente discrecional o graciable.
Las funciones que está llamado a cumplir en la actualidad el derecho de petición son, a pesar de ese carácter residual o supletorio, todavía muy importantes. Por un lado, debe servir como fórmula para la participación ciudadana y cauce de comunicación entre los ciudadanos y los poderes públicos. A ello sirven sobre todo las sugerencias que los ciudadanos pueden hacer llegar a los poderes públicos a través del derecho de petición, pero también las peticiones graciables, es decir, las que no se sustentan en un título jurídico distinto al del derecho de petición.
Por otro, puede ser utilizado también como instrumento de defensa de intereses que no pueden ser tutelados por otras vías, para hacer frente a la «mala administración». Las quejas que pueden formularse a través del ejercicio del derecho de petición son las que permiten luchar contra lo que se ha dado en llamar las «nuevas formas de opresión» burocrática. Todo ello permite afirmar que el derecho de petición opera como una técnica de cierre del Estado social y democrático de Derecho.
Algo ocurre con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, tras el demoledor informe sobre el urbanismos español, según percibo de la siguiente propuesta de carta que circula por la red y que transcribo:
Estimado señor o señora:
Como ciudadano de la Unión Europea me siento decepcionado y gravemente preocupado por la aprobación del informe Corbett de la Comisión de Asuntos Institucionales (AFCO) en Estrasburgo, que va a significar una merma muy seria del poder de decisión de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo.
La práctica ha demostrado el extraordinario valor de la comisión de peticiones para acoger y resolver denuncias directas de los ciudadanos, por lo que la medida va a significar una mordaza que impedirá cualquier iniciativa que no provenga de los aparatos de los partidos y desde luego pone en entredicho la efectividad de los valores democráticos de la sociedad en la que vivimos.
Por favor, despliegue todos los esfuerzos que le sean posibles para evitar la consumación de esta medida y para permitir que la comisión de peticiones siga dando servicio a los ciudadanos con la misma libertad con que lo ha hecho hasta ahora.
Sucedió en febrero:
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado un informe en el que critica con dureza la “urbanización masiva” de España y en el que se sugiere suspender las ayudas de la UE al país en caso de que no se tomen medidas al respecto. Además, el texto, que ha contado con la oposición del PP y del PSOE, exige una moratoria para todos los proyectos urbanísticos que no se plieguen a las leyes europeas.
El informe, que ha sido redactado por la europarlamentaria danesa de Los Verdes, Margaret Auken, recoge principalmente proyectos desarrollados en la Comunidad Valenciana, sin embargo son varias las comunidades autónomas que se han visto relacionadas con este dossier.
En el caso de Aragón, Auken ha incluido en su informe la demanda presentada por el diputado de IU en las Cortes de Aragón, Adofo Barrena, ante la CE y en la que aparecen proyectos urbanísticos como las distintas actuaciones en las estaciones de esquí de Panticosa y Formigal, la ampliación de Cerler a través de Castanesa, actuaciones en Gúdar-Javalambre, Camarena de la Sierra y San Agustín, la ampliación del área metropolitana de Zaragoza y la escasa reserva de suelo en la capital aragonesa. Junto a estos desarrollos urbanísticos, IU añadió el proyecto Gran Scala que este miércoles ha salido a relucir durante la votación.
El eurodiputado de IU, Willy Meyer, ha intentado leer una enmienda en la que se citaba al Gobierno de Aragón como un modelo de legislación “a la carta”. Sin embargo, los diputados del PSOE, haciendo uso del reglamento, la han bloqueado y no se ha procedido a su votación. Meyer ha comentado al finalizar la comisión que “ha habido una enmienda oral que no se nos ha admitido por parte del partido socialista español concretamente, no del europeo, y que pretendía señalar que en España se ha legislado a la carta conforme a los intereses especulativos, y concretamente, queríamos poner el ejemplo de Gran Scala señalando la responsabilidad del Gobierno de Aragón en esta legislación a la carta”. Según Meyer, la ponente del informe, Auken, estaba de acuerdo con la lectura de la enmienda, extremo que ha quedado reflejado en el acta de la comisión.
En este sentido la socialista aragonesa, Inés Ayala, ha querido restar importancia al asunto y ha asegurado que el procedimiento de Meyer no se correspondía con el funcionamiento normal de las comisiones. “En una votación, las enmiendas orales no se dicen sobre la marcha”, ha explicado Ayala. “Me parece de una absoluta irresponsabilidad intentar incluir a río revuelto una enmienda oral que nadie conocía, solamente quien la estaba planteando”, ha añadido la aragonesa. Además, ha considerado que lo que Meyer planteaba era “nuevo” y que “no tenía nada que ver con el informe de la señora Auken”. Por último, Ayala ha explicado que el rechazo de la enmienda oral es un procedimiento “normal y cotidiano”.
¿Por qué el urbanismo español es un asunto europeo?
Aunque la planificación territorial no es en si misma una problemática incorporada en las competencias de la Unión Europea, en cambio si lo es la evaluación ambiental, las condiciones de contratación pública, las condiciones de libre competencia, el blanqueo de capitales, el agua, o la protección de los hábitats naturales. Todas estas son áreas de legislación europea que afectan de lleno al urbanismo de una manera o de otra. Son muchos los ciudadanos y ciudadanas que han acudido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar la vulneración de diferentes normativas de la ley y del derecho europeo comunitario. Además, también el Derecho de Petición Ciudadana está reconocido en el Tratado de la Unión Europea, y precisamente han sido las muchas peticiones ciudadanas firmadas por miles de españoles europeos las que han servido de base informativa esencial para la elaboración del Informe Auken.
Ojalá tomase nota la Comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón de la labor de la Comisión homóloga del Parlamento Europeo.
¿Por qué afirma el Informe Auken que hay muchos casos de corrupción y que la justicia española no ha respondido bien a los abusos urbanísticos?
Es de sobra conocido para cualquier lector de la prensa diaria el hecho de que "la fiebre urbanizadora" se acompaña a menudo de la corrupción urbanística, una grave lacra presente en la gestión de los Ayuntamientos de muchas partes de España, y que afecta a centenares de municipios. La justicia española, se ha mostrado hasta ahora incapaz de tratar con eficacia y premura la inmensa mayoría de los casos de las violaciones legales y de los abusos urbanísticos cometidos. Los trámites legales son lentísimos, carísimos, y tortuosos, y no suelen llegar a entrar en el fondo de las demandas y denuncias, quedándose tan solo en cuestiones secundarias y superficiales de forma y procedimiento. Los jueces casi nunca actúan con medidas cautelares de paralización de las obras antes del dictamen de las sentencias para con ello poder frenar o evitar la destrucción irreversible del territorio y los ecosistemas vivientes. Las sentencias judiciales condenatorias, si es que finalmente llegan, casi siempre lo hacen cuando el mal está hecho, es irreversible, y no tiene ya remedio.
El juez de La Almunia tal vez pueda dar un giro al clima de impunidad que ha reinado hasta la fecha en Aragón.
Algunas actuaciones propias de las democracias europeas consolidadas son todavía impensables en nuestro país, y mucho más en Aragón, donde avanzamos con gran celeridad hacia la Edad Media.
Nunca vi una asociación con menos legitimación.
LA PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS ABOGA POR LA TRANSPARENCIA E INFORMA SOBRE LAS GESTIONES DE SU ANTIGUA PRESIDENTA CARMEN DEL AMO Reconociendo la importancia de la transparencia en la gestión y la unidad en la defensa colectiva de los perjudicados, la PNALC ha visto necesario publicar un comunicado aclaratorio sobre las malas prácticas de la antigua presidenta de la PNALC, Carmen del Amo. Descarguen el comunicado (pdf) en:
http://hechos.pnalc.com
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