¿HABRÁ OFERTA DE EMPLEO PARA 2015?: ¿PORQUE LO EXIGE LA LEY O PORQUE LO DECIDE EL GOBIERNO?

Todo parece indicar que el Gobierno de Aragón aprobará en sus últimas semanas de legislatura una Oferta de Empleo Público, demostrando con ello que la ausencia de aprobación en los ejercicios anteriores –que no puede ocultarse tras las cifras de las ofertas complementarias de 2007 y 2011- era estricto resultado de una falta clara de voluntad de cumplir las normas y respetar los derechos de los ciudadanos para acceder a la función pública.

Desconocemos los datos reales de dicha oferta -más allá de la información aparecida en los medios de comunicación, o divulgada por alguna organización sindical, dispuesta a defender ahora posiciones contrarias a las sostenidas en el pasado, pero siempre es bueno evolucionar hacia la defensa de la legalidad-, y ello es resultado de la deficiente transparencia que existe en materia de información sobre empleo público. Desconocemos los datos de vacantes sobrevenidas a lo largo de 2014 y del número total de vacantes ocupadas por funcionarios interinos, que conforme a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público debieran incluirse en la oferta de empleo público. Tal nivel de opacidad nos parece incompatible con el nivel de respeto que requiere un derecho fundamental de los ciudadanos, y debemos ponerlo públicamente de manifiesto.

Otra posibilidad que se comenta en tales informaciones es la inclusión en Oferta, por vez primera, de plazas de la Clase de especialidad Interventores e Inspectores Financieros, lo que supondría un paso importante, si se realiza con las garantías suficientes, para reforzar la profesionalización de la Intervención General, pues carece de sentido que las funciones de los puestos principales de dicho órgano de control interno se hallen ocupadas, en su mayor parte, por personal no especializado, cuyo acceso a los puestos no requiere acreditar además ninguna formación específica en materia de fiscalización y control del gasto público. Es posible que la puesta en marcha en la presente legislatura de la Cámara de Cuentas haya hecho insostenible el mantenimiento de la situación existente en la Intervención General.

Es cierto que las tasas de reposición aplicables en 2015 son más amplias que en años pasados –al haberse elevado del 10% al 50% de las vacantes producidas durante el ejercicio, no sabemos si por razones objetivas o estrictamente electorales-, pero nuestra Asociación sigue rechazando la aplicación de dicha técnica de limitación del acceso al empleo público, totalmente ajena al modelo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Estamos esperando precisamente que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso promovido contra la Oferta de Empleo Público de 2014 en la Administración General del Estado, en la que el motivo de impugnación fundamental es la inadecuación constitucional de las tasas de reposición establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La posible aprobación de una Oferta de Empleo Público en 2015 para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón –cuando no la ha habido en 2012, 2013 y 2014- puede considerarse una buena noticia, pero sobre todo debe contemplarse como una  muestra de la arbitrariedad administrativa del actual Gobierno de Aragón, que aprueba o no aprueba oferta conforme a su estricta voluntad, al margen de toda sujeción a la legalidad y todo compromiso con los derechos de los ciudadanos. Esa falta de compromiso es la misma que le lleva a aprobar una oferta cuyos datos relevantes para su elaboración carecen de la imprescindible publicidad para determinar la corrección o no de la misma.

El respeto al Estado de Derecho no solo exige la adopción de ciertas decisiones, sino que impone las condiciones básicas en las que tales decisiones deben ser adoptadas. Creemos que seguimos estando muy lejos del obligado respeto al derecho de acceso a la función pública, aunque su vulneración pueda ser unos años menor que otros.