Esta
Asociación está recibiendo un importante número de mensajes de opositores
indignados con el desarrollo de los procesos selectivos convocados por el
Gobierno de Aragón. En algunos de ellos nos reclaman la interposición de
recursos judiciales para tratar de paralizar su desarrollo, considerando los
posibles vicios de nulidad en los que se ha incurrido, como puede ser el caso
del proceso de Administradores Superiores. Tales iniciativas, que supondrían
asumir la carga de impugnación de los interesados por parte de una organización
civil que promueve la legalidad al margen de intereses concretos, quedan en
principio fuera de nuestras pautas de actuación y, también hay que decirlo,
fuera de nuestras posibilidades, por los importantes costes que conllevan
(comenzando por el pago de tasas judiciales).
Como Asociación, hemos luchado en solitario –sin apoyo de ningún tipo, más allá de la
extraordinaria colaboración de los profesionales que han intervenido en los
distintos procesos judiciales- por la defensa del derecho de acceso a la función
pública, oponiéndonos a las insuficientes ofertas de empleo público aprobadas
por el Gobierno de Aragón, sin incluir la totalidad de las plazas ocupadas por
funcionarios interinos, como exige el artículo 10.4 del Estatuto Básico del
Empleado Público.
Nuestras
acciones judiciales han llevado a la anulación de las ofertas de empleo público
de 2007 y 2011, mediante sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, obteniendo por vez primera pronunciamientos
judiciales que hacen valer el derecho fundamental de acceso a la función pública
frente a la arbitrariedad administrativa en que incurren la práctica totalidad
de las ofertas de empleo público de las administraciones públicas españolas.
El
largo y complicado proceso de ejecución judicial de las sentencias obtenidas,
hasta el momento, ha supuesto la aprobación de ofertas complementarias con
cerca de 3.000 plazas, correspondientes a los ámbitos de administración
general, personal docente no universitario y personal estatutario del Servicio
Aragonés de Salud. Seguimos peleando ante el Tribunal Superior de Justicia de
Aragón por las plazas correspondientes al Cuerpo de Maestros, que la Administración ha
hurtado de manera deliberada en el proceso de ejecución de sentencia.
Pero
el escenario actual –del que es claro ejemplo lo sucedido con la oferta de
empleo público de 2014 de la Diputación Provincial
de Huesca, o las numerosas irregularidades detectadas en los procesos
selectivos de la
Administración autonómica, habiéndose abierto una investigación
sobre las pruebas de Enfermería del Servicio Aragonés de Salud-, aconseja que
los interesados en los procesos selectivos se movilicen y coordinen para
ejercer una función de control sobre las debidas garantías que han de reunir
los procesos selectivos.
Igual
que el derecho de sufragio está garantizado por las Juntas Electorales, el
derecho de acceso a la función pública ha de contar con garantías suficientes
que permitan examinar y corregir todas las incidencias producidas, sin
perjuicio del posterior control judicial. La judicialización de los procesos
selectivos debiera evitarse mediante el establecimiento de mecanismos de garantía
de actuación inmediata, vinculante para los órganos de selección, cuya pretensión
de “soberanía” debe ser eliminada. Toda actuación ha de ajustarse de manera
estricta a las bases de las convocatorias, y esa adecuación debería poder
declararse por un órgano de control sin necesidad de acciones judiciales.
En
tanto no logremos que la
Administración ponga en marcha dichos órganos de garantía de
los procesos selectivos –cada día más necesarios, a la vista de la enorme
inseguridad jurídica que afecta hoy a los procesos selectivos-, debiera
promoverse por los muchos interesados, como son los opositores y los centros de
formación, una plataforma, coordinadora u observatorio de los procesos
selectivos de la
Administración, para ejercer un control ciudadano
especializado sobre su convocatoria y su desarrollo, para demostrar que los
interesados son capaces de organizarse para garantizar colectivamente los
principios de igualdad, mérito y capacidad, y para promover las acciones jurídicas
que puedan resultar precisas en cada caso.
Hemos
de avanzar en una cultura de defensa de la legalidad, y el ámbito de los
procesos selectivos, en los que la arbitrariedad administrativa ha alcanzado
cotas inaceptables, pudiera ser una prioridad para todos los interesados y
también para quienes, de una manera u otra, defendemos los principios
constitucionales a los que han de ajustar su actividad la función pública y las distintas administraciones públicas.
La
movilización ciudadana para asegurar el derecho de acceso a la función pública
tendría un enorme campo de trabajo, pero ese trabajo sería perfectamente
abordable sumando esfuerzos, acumulando experiencia, articulando colaboraciones
y apoyos. ¡Deberíamos avanzar en esa dirección!
20 comentarios:
¿Cuándo pues nos unimos?
Ahora es un momento muy adecuado.
Si alguien logra crear una plataforma para acabar con este sistema de acceso o darle un cambio tal que no lo conozca ni la madre que lo parió, que cuente conmigo.
Yo también me apunto a hacer lo que sea para cambiar el sistema de acceso, aunque habría que empezar concretando cómo queremos que sea el nuevo sistema. Yo empezaría con lo siguiente: convocatorias diferenciadas para interinos y no interinos (desgraciadamente esto es anticonstitucional, de momento) y exámenes tipo test.
Una de las cosas que le reprocho a las oposiciones es que lo que se hace en el examen no tiene nada que ver con lo que luego tienes que hacer como docente; porque se trata de memorizar como un loro y escupirlo sin saltarte una coma.
Noticias frescas: nace la Asociación de Oposiciones Limpias para recurrir las oposiciones de la USAL.
Interneteando un poco he dado con la nueva y flamante asociación denominada: ASOCIACIÓN DE OPOSICIONES LIMPIAS, en el primer enlace nos cuentan que la asociación nace con la idea de: “ La asociación recién constituida persigue el objetivo de ir todos juntos como asociación contra la Universidad, en lugar de recurrir individualmente, comentan fuentes de la organización.”
¿Qué os parece la reacción?.
Quizás podríamos empezar por formar un grupo de whatsapp o de facebook para hablar sobre el tema
Las socorridas redes sociales, siempre.
La indignación y el malestar del colectivo de profesores interinos de Secundaria con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón sigue creciendo debido a que el Ejecutivo aragonés es reacio a mantener en las próximas oposiciones las tres últimas notas logradas por los docentes en otras convocatorias.
"El departamento deja en el aire el futuro laboral de cientos de profesores que cuentan con una o más oposiciones aprobadas. Es un agravio comparativo que unas especialidades sean mejor tratadas que otras, siendo que la convocatoria deriva de la misma sentencia judicial", explican los afectados, que aseguran que "es una presión insoportable" para los opositores de este curso "saber que el año que viene es posible que no trabajen".
El colectivo ya ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org y también el Justicia de Aragón se ha posicionado al respecto y le ha dado a la DGA un plazo de un mes para que valore cuál va a ser su decisión al respecto de la convocatoria. CCOO Aragón estimó que más de 500 profesores podrían salir perjudicados y "tener la obligación" de aprobar estas oposiciones de nuevo para acceder a la lista preferente de interinos.
epa
La crisis económica ha atropellado a una legión de opositores a cuerpos superiores de las Administraciones Públicas que han visto zarandeadas sus expectativas sobre futuras plazas, destinos y retribuciones a lo que se une la incertidumbre de los calendarios de las pruebas y temarios. Los cambios políticos y las modificaciones legislativas en tiempos difíciles amenazan la seguridad jurídica de los opositores y aumentan los rumores y las leyendas urbanas sobre las oposiciones.
jr chaves
El Tribunal está sólidamente formado por especialistas que dominan el temario. Falso. El Tribunal calificador está formado por miembros del cuerpo a seleccionar así como otros funcionarios de cuerpos superiores, cada uno de los cuales en su día acreditó conocimientos similares a los exigidos, pero el tiempo opera inexorablemente sobre todo funcionario experimentado en una doble vertiente: le dota de mayor intuición y experiencia pero le minora el conocimiento memorístico e intuitivo además de no garantizarse su actualización. Por eso, normalmente un Tribunal calificador efectúa un control negativo, siendo hábil para eliminar a quien dice algo equivocado o derogado, mas que suspender a alguien por lo omitido en su ejercicio.
jr chaves
Se dice que hubo aspirantes que lo dijeron todo y suspendieron. Posible pero improbable. Primero, el suspendido es indulgente consigo mismo y cruel con el Tribunal. Segundo, alguien puede pensar de sí mismo que en su ejercicio dijo “todo lo que estudió” pero eso no coincide con “todo lo que es exigible”. Tercero, No basta con decirlo todo, sino cómo se dice o expone.
jr chaves
Se dice que hubo quien no estudió nada y aprobó. Mentira. El ser humano utiliza a veces la mentira preventiva: ” Diré que no sé nada, que no estudié para que si suspendo nadie me condene, y para que si apruebo, mayor sea mi mérito”. Sin embargo, el diseño actual de las oposiciones superiores, normalmente estructurado en tres ejercicios (escrito general, exposición oral de temas extraídos al azar y supuestos prácticos) es garantía de que, salvo el mentalista Anthony Blake, no puede aprobarse por puro azar. La oposición no es una lotería. Y si lo fuere, hay que comprar la práctica totalidad de los billetes. Una cosa es llevar alguna partes del temario flojas o sin estudiar y otra muy distinta afirmar que casualmente el Tribunal preguntó lo que se había estudiado. No se improvisa una oposición.
jr chaves
Este año quieren cubrir las plazas o quieren dejarlas vacantes, o quieren dar prioridad a los interinos…o cualquier otro rumor sobre criterios de la voluntad de la Administración sobre el número de aprobados. Falso. La Administración no puede ni debe dar directrices a los Tribunales calificadores ya que la voluntad calificadora es colegiada y fruto de la suma de voluntades individuales. A lo sumo podrá el Presidente del Tribunal tener alguna indicación al respecto, pero se cuidará mucho de transmitirla a los vocales y será muy difícil de materializar. Es algo así como si alguien pensara que los goles del partido de fútbol están decididos según el antojo del Presidente del Club.
jr chaves
El Tribunal sigue a pie juntillas el temario X o el manual Y. Falso. La única obligación del Tribunal es seguir el Programa, tal y como se ha publicado en el Boletín Oficial. El Tribunal no posee una plantilla de respuestas correctas como en el caso de los exámenes tipo test. Ni hay Administración que publique un temario oficial de respuestas. Cada miembro del Tribunal se alza en intérprete del programa sobre lo que debe saberse y sobre lo que se cobija bajo cada epígrafe de cada tema del Programa. Por eso la mejor receta para preparar una oposición es contar con un temario fiable al uso ( de alguna academia, de algún opositor con éxito de promoción anterior, o elaborado artesanalmente por algún compañero…), pero no solo eso. En primer lugar, hay que cotejarlo con otros temarios ( la prudencia lo aconseja, pues la referencia del Tribunal calificador suele ser el nivel de preparación de los restantes aspirantes); en segundo lugar, acometer su actualización (especialmente importante en los temarios jurídicos); y en tercer lugar, adaptar los temas a los esquemas y criterios personales, con el fin de facilitar los trucos y recursos nemotécnicos personales. Mas vale seguir el propio patrón para recordar algo, que estar esclavo del acogido por otra persona.
jr chaves
El Tribunal es exquisitamente objetivo e imparcial. Falso. Resulta prácticamente inevitable que algún miembro del tribunal conozca o esté bajo la influencia de alguien del entorno de algún aspirante ( en mayor medida en ciertos tribunales de selección, tales como de profesorado universitario, cuerpo diplomático o notarías), de igual modo que resulta inevitable que un mismo epígrafe del temario reviste distinta significación y alcance para cada miembro del Tribunal ( un economista y un jurista de las oposiciones al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado no tienen la misma percepción de los conceptos y nivel exigible bajo el epígrafe: ” Financiación autonómica”, por ejemplo).
Ahora bien, ciertamente en las oposiciones a cuerpos superiores la dureza de los temarios ( “el enemigo es el temario, no los otros aspirantes”), el factor de azar de las pruebas (sorteo de temas, selección colegiada de los casos prácticos,etc), la composición colegiada del Tribunal y los mecanismos de abstención y recusación, constituyen garantías suficientes para que esa mínima subjetividad de algunos miembros del Tribunal resulten en la inmensa mayoría de los casos irrelevantes frente a quien domina la materia.
jr chaves
Si hay injusticias siempre estarán los Tribunales contencioso-administrativos para restablecer la legalidad y objetividad. Incierto. Los tribunales de lo contencioso-administrativo controlan la legalidad y objetividad de la actuación de los tribunales calificadores pero se detienen en la llamada “discrecionalidad técnica” esto es, en el juicio del tribunal sobre los mayores o menores conocimientos de los opositores, aspecto en que no se adentran a corregir ni sustituir (salvo casos de arbitrariedad manifiesta o alejamiento ostensible de las bases de la convocatoria). En otras palabras, los aspectos formales se vigilan con lupa y el aspecto del criterio sobre el mérito y la mayor o menor capacidad queda fuera del control judicial.
jr chaves
la felicidad no viene con el aprobado, con el aprobado viene la INFELICIDAD….los hipotecones, las responsabilidades, la desilusión…etc..la función pública, o al menos la que yo conozco una gran fuente de infelicidad.
agradezco la existencia de los funcionarios, porque por lo menos esos tuvieron que superar unas pruebas para pasar a ejercer su “función pública”, ya que por lo que observo, en España y desde hace ya un montón de años, es que cada vez hay más y más personas metiditas “a dedo” en empresas públicas artificiales (que no generan más que gastos) creadas por caraduras políticos a soslayo de sus amigos y familiares.
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