viernes, 24 de abril de 2015

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN: UN NUEVO HORIZONTE.



El martes 21 de abril tuvo lugar la primera reunión de la Junta Directiva resultante de la asamblea ordinaria celebrada el pasado mes de marzo, de acuerdo con la convocatoria realizada y publicada en este blog, para conocimiento general, en aplicación de las normas de transparencia fijadas.

Tras la aprobación del orden del día fijado, y la aprobación del acta de la anterior reunión de la Junta, se dio por constituida la nueva Junta Directiva, parcialmente renovada en la asamblea ordinaria que tuvo lugar el 26 de marzo de 2015.

Seguidamente, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, hizo un breve repaso a la actividad desarrollada desde la anterior reunión de la junta directiva, resumiendo las diferentes actuaciones procesales realizadas en el marco de los recursos contencioso-administrativos promovidos en materia de oferta. En estos momentos, nos hallamos ya a la espera de los respectivos pronunciamientos del Tribunal Supremo respecto a la Oferta de Empleo Público de 2014 de la Administración General del Estado y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación a la Oferta de Empleo Público de 2010, aprobada por el Gobierno de Aragón. Seguimos reclamando la correcta ejecución de la sentencia que anuló la Oferta de Empleo Público de 2011, con la convocatoria de las plazas omitidas del Cuerpo de Maestros, pretensión que ha contado con el respaldo del Ministerio Fiscal, y esperamos igualmente la posición que pueda adoptar el Ministerio Fiscal en relación al recurso promovido por la falta de aprobación de oferta de empleo de 2014 respecta al ámbito de administración general, al impedirse con dicha inactividad normativa el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública. Se valora de manera muy crítica la actuación de la Administración General del Estado en relación con la oferta de empleo público de 2014 de la Diputación Provincial de Huesca, al haberla impugnado por entender que excedía las tasas de reposición fijadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pese al hecho de quedar conformada por ochos plazas de administrativos y auxiliares que venían ocupadas por personal interino desde hace ocho años, lo que tira por tierra cualquier objeción relativa al control del gasto público. Se trata, en realidad, de mantener el gasto pero sin permitir la inamovilidad de los empleados públicos, con manifiesta inaplicación de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público. Asimismo, el Presidente informó de la respuesta dada por la institución del Defensor del Pueblo a nuestra petición de recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley de integración del CASAR en el Servicio Aragonés de Salud, en la que deben destacarse las expresas objeciones realizadas al texto legal, por no ajustarse a la legalidad de la función pública, si bien concluye que la posible impugnación debiera corresponder al Estado, al afectar a la legislación básica estatal, por cuyo respeto debe velar la Administración General del Estado.  En cualquier caso, la resolución notificada da pie para insistir en nuestras peticiones ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y ante el Justicia de Aragón, a la espera de que un tribunal de justicia pueda acordar en un futuro el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.

Seguidamente se aborda el estado de elaboración del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración para la próxima legislatura, al que solo quedan unas pequeñas precisiones en algunos de sus apartados, valorándose la conveniencia de llevar a cabo una presentación del mismo ante los medios de comunicación. Igualmente se debate la posibilidad de organizar una mesa redonda de debate sobre administración y función pública, durante el próximo periodo de campaña electoral, invitando a dicho acto a representantes de las principales fuerzas políticas para conocer sus propuestas en relación a una serie de cuestiones que consideremos esenciales para profesionalizar la función pública y reformar la administración pública. El desarrollo de un proceso electoral es una circunstancia de máximo valor para conectar el debate democrático  -las propuestas de los diferentes candidatos que aspiran a orientar las decisiones públicas- con las reflexiones que esta Asociación viene realizando durante los últimos ocho años para defender y promover los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el seno de la función pública.

Finalmente, y en relación con las posibles actuaciones en materia de oferta y procesos selectivos, y tras intenso debate, se conviene en que la Asociación ha de dirigir sus esfuerzos a la garantía de la aprobación de las ofertas de empleo público y a la revisión del marco normativo actual para asegurar que los procesos selectivos reúnen plenas garantías de objetividad y de respeto de las bases de las convocatorias, sin asumir actuaciones judiciales que vayan más allá de tales objetivos generales. La impugnación de procesos concretos, por deficiencias que puedan producirse en su desarrollo, entendemos que corresponde efectuarla a los posibles afectados, todo ello sin perjuicio de que deban analizarse e impulsarse medidas de vigilancia y control del correcto desarrollo de los procesos selectivos, para lo cual se conviene en mantener contactos con academias de preparación de oposiciones y entidades de carácter profesional para la posible creación de una plataforma o foro a través del cual el régimen de acceso al empleo público pudiera verse mejorado y las actuaciones administrativas de ejecución de las ofertas de empleo tuvieran un seguimiento y control adecuados, para detectar las posibles arbitrariedades contrarias a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El debate sobre el respeto al acceso al empleo público no puede reducirse a la esfera jurisdiccional –quedando circunscrito a un debate jurídico y a una solución judicial-, sino que debemos tratar de situarlo en el seno de la propia sociedad, de manera que sean los propios ciudadanos los primeros interesados en que los puestos de la función pública se cubran en la forma que exigen las leyes, con el fin de asegurar no solo los derechos que les asisten como ciudadanos para acceder a las mismas, sino también garantizar una función pública profesionalizada y claramente comprometida con el respeto a las normas. Jurisprudencia y conciencia social han de avanzar conjuntamente para superar el actual estado de cosas, sin aceptar razonamientos falaces como los que se exponen para justificar resultados que no admite el ordenamiento jurídico.

La Asociación, en definitiva, debe mirar hacia un nuevo horizonte como es el que han de conformar los resultados de las próximas elecciones, con lo que ello representa de oportunidad para vencer las constantes resistencias frente a cambios reales en la Administración, que devuelvan a ésta el decisivo papel que le corresponde en la garantía del Estado de Derecho. Un horizonte que esta Asociación afronta con un nuevo conjunto de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración. Un horizonte de trabajo y de exigencia, un horizonte de compromiso intelectual y ético.