miércoles, 1 de abril de 2015

ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN: BALANCE Y OBJETIVOS PARA UNA NUEVA LEGISLATURA.



El pasado jueves 26 de marzo, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, se celebró la asamblea anual de la asociación, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos, y conforme a la convocatoria efectuada por el Presidente, hecha pública en este blog, conforme a las reglas de transparencia establecidas.

Tras aprobar el orden del día propuesto y el acta de la asamblea anterior, celebrada el 25 de marzo de 2014, se pasó a hacer un repaso de las actividades desarrolladas durante el ejercicio de 2014, de la que puntualmente se ha ido informando a través del blog de la asociación y de las numerosas notas de prensa difundidas.

El Presidente, Julio Guiral, en su repaso hace especial hincapié en el conjunto de peticiones que a lo largo del pasado año se ha dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, todas ellas derivadas a los respectivos Departamentos, pese a que, en la mayor parte de los casos, se solicitaba actuaciones de la propia Presidencia para que impartiera instrucciones a los distintos Departamentos, ya fuera respecto a la aprobación de la oferta de empleo público, atención del derecho de petición ejercido por los ciudadanos o correcta publicación de nombramientos y ceses del personal eventual de los órganos de asistencia directa de los miembros del Gobierno de Aragón. Se valora, por ello, negativamente la actitud mantenida por la Presidenta del Gobierno de Aragón en el tratamiento dado a las peticiones formuladas. Igualmente se señala como mala práctica de las Cortes de Aragón el hecho de que las peticiones formuladas a dicha institución, en la mayor parte de los casos, como en las peticiones de constitución de comisiones de investigación, se resuelvan con su mero traslado a los Grupos Parlamentarios, limitando con ello a un papel superfluo de intermediación la intervención de la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas. Es evidente que con ello la Cámara evita dar respuesta expresa a lo solicitado, motivando en su caso las razones de la aceptación o rechazo de la petición. Trasladar la petición no es responder a la misma, sino justamente eludir pronunciarse sobre lo solicitado. Por parte de los asistentes se conviene en la oportunidad de analizar si con tal forma de actuar las Cortes de Aragón están llevando a cabo un vaciamiento del derecho fundamental de petición que pudiera requerir un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, similar al promovido con éxito años atrás.

Entre los presentes se plantea la oportunidad de que la Asociación elabore una memoria anual –más allá del resumen abreviado de actividades- en la que se recoja todas peticiones realizadas a las diferentes instituciones y autoridades públicas, reflejando el resultado obtenido o haciendo constar el incumplimiento del deber de respuesta en que pudiera haberse incurrido. Ello haría de la memoria anual un indicador público del modo de actuar de las instituciones públicas frente al derecho constitucional de petición.

Dentro del repaso de actividad, se destaca igualmente el conjunto de actuaciones realizadas para expresar nuestro rechazo al Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, aprobado por el Gobierno de Aragón, cuya aprobación parlamentaria se ha visto finalmente descartada por la inminente disolución de las Cortes de Aragón al concluir la legislatura. La posición de la Asociación fue expresada ante el propio Parlamento, en el transcurso de la comparecencia efectuada ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas. El modelo de carrera profesional –que poco o nada tenía que ver con la necesaria profesionalización de la función pública- y la ausencia de una memoria económica rigurosa, junto a la rechazable ampliación de la libre designación y la introducción de la función directiva de manera imprecisa justificaron nuestra petición de retirada del Proyecto de Ley a la Presidenta del Gobierno y la expresión de nuestro rechazo a todos los Grupos Parlamentarios, instándoles a acordar la devolución del texto al Gobierno de Aragón. No obstante, la falta de aprobación del Proyecto de Ley nos obliga a madurar la reflexión sobre un modelo de función pública consistente, que sirva de manera efectiva para la realización del cometido constitucional que corresponde a la administración pública. Esa reflexión debe extenderse también a la virtualidad del Estatuto Básico del Empleado Público, cuya falta de desarrollo tras más de ocho años de vigencia permite cuestionar su idoneidad.

Junto a dichas iniciativas, cabe citar también la posición contraria adoptada contra la Ley de integración efectiva del CASAR en el Servicio Aragonés de Salud, cuya impugnación ante el Tribunal Constitucional hemos solicitado tanto al Defensor del Pueblo como al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y la crítica frontal a la Proposición de Ley de actualización de derechos históricos de Aragón, cuya formulación y contenido calificamos de inconstitucional y reaccionario, y que felizmente ha decaído en el Parlamento.

Durante este periodo la Asociación ha tenido una fluida comunicación con los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón y ha mantenido contactos con otras entidades y colectivos para analizar de manera conjunta determinadas problemáticas. En concreto, en materia de prevención y lucha contra la corrupción, cabe destacar la incorporación a Acción Cívica contra la Corrupción, como socio institucional, así como la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, celebrado el día 9 de diciembre de 2014, con un acto público en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza.

Finalmente, se destaca la intensa actividad sostenida por el blog de la asociación, con trescientas cincuenta notas editadas en este periodo, lo que además del importante trabajo de proyección exterior, permite que las opiniones y posiciones de la Asociación se pongan al alcance y al servicio de todos aquellos que, en su específico ámbito, desean trabajar por una función pública comprometida con la legalidad, la profesionalidad y la ética pública. En este sentido, se debate la conveniencia de potenciar la labor de difusión, mediante la utilización de las redes sociales para reforzar la incidencia de aquellas notas que se consideren más relevantes.

A continuación, el Tesorero, José Ramón Gálligo, expone su informe sobre el estado de las cuentas de la Asociación, señalando la existencia de un superávit de 3.500 euros, tras haber atendido los pagos judiciales de distintos procesos. Dicha cuantía debiera ser suficiente para afrontar las actividades programadas, reservando siempre un montante determinado para posibles pagos de tasas y costas procesales, que podrían derivarse de los procesos actualmente planteados. El número de socios permanece prácticamente invariable, compensándose altas y bajas en el presente periodo.

Seguidamente, y en cuanto a la estrategia futura de actuación, el Presidente se refiere al documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración remitido a todos los socios junto con la convocatoria, en el que se recogen todos los objetivos que debiera perseguir la actividad de la asociación a lo largo del periodo completo de la legislatura próxima, que tendrá inicio tras la celebración de las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2015. El borrador de Documento elaborado hasta la fecha constituye una revisión del aprobado en 2011, al comienzo de la actual legislatura, con las actualizaciones e incorporaciones que han sido propuestas por el conjunto de los miembros de la asociación. Dicho documento deberá ser objeto todavía de un análisis más detallado que permita alcanzar una redacción final estructurada y coherente. Por ello, entre todos los presentes se conviene en la necesidad de que dicha labor de acabado final sea atribuida a la Junta Directiva que resulte tras la renovación parcial que se realice en esta asamblea.

Finalmente, se procede a la renovación parcial de los miembros de la Junta Directiva, que de acuerdo con lo previsto en los Estatutos ha de alcanzar a los cargos de Presidente y Secretario –también, en su caso, de Vicepresidente, al hallarse vacante- y de la mitad de los vocales de la Junta. Como Presidente resulta reelegido Julio Guiral y como Tesorero también se reelige a José Ramón Gálligo. La renovación de Vocales que corresponde al presente año se concreta en la reelección de Antonio Serrano y Guadalupe Zárate, así como en la elección de Enrique Borruel, que sustituye a Alfonso Salgado, quien había comunicado en fecha reciente su dimisión como miembro de la Junta Directiva. De este modo, y junto a ellos, la Junta Directiva queda completada por Félix Gracia, como Secretario, y por Adolfo Ballestín, Antonio Brotons, Eduardo Notivol y Juan José Morales como Vocales, contando con un total de diez miembros.

Concluye el Presidente recordando a todos los presentes la importante tarea que queda a la Asociación por delante y la necesidad de redoblar nuestro esfuerzo para saber acertar en diagnósticos y propuestas que permitan mejorar la actual situación de la función pública.