El
pasado jueves 26 de marzo, en los locales de la Junta Municipal Centro del
Ayuntamiento de Zaragoza, se celebró la asamblea anual de la asociación, de
acuerdo con lo previsto en sus estatutos, y conforme a la convocatoria
efectuada por el Presidente, hecha pública en este blog, conforme a las reglas
de transparencia establecidas.
Tras
aprobar el orden del día propuesto y el acta de la asamblea anterior, celebrada
el 25 de marzo de 2014, se pasó a hacer un repaso de las actividades
desarrolladas durante el ejercicio de 2014, de la que puntualmente se ha ido
informando a través del blog de la asociación y de las numerosas notas de
prensa difundidas.
El
Presidente, Julio Guiral, en su repaso hace especial hincapié en el conjunto de
peticiones que a lo largo del pasado año se ha dirigido a la Presidenta del Gobierno
de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, todas ellas derivadas a los respectivos
Departamentos, pese a que, en la mayor parte de los casos, se solicitaba
actuaciones de la propia Presidencia para que impartiera instrucciones a los
distintos Departamentos, ya fuera respecto a la aprobación de la oferta de
empleo público, atención del derecho de petición ejercido por los ciudadanos o
correcta publicación de nombramientos y ceses del personal eventual de los órganos
de asistencia directa de los miembros del Gobierno de Aragón. Se valora, por
ello, negativamente la actitud mantenida por la Presidenta del Gobierno
de Aragón en el tratamiento dado a las peticiones formuladas. Igualmente se
señala como mala práctica de las Cortes de Aragón el hecho de que las
peticiones formuladas a dicha institución, en la mayor parte de los casos, como
en las peticiones de constitución de comisiones de investigación, se resuelvan
con su mero traslado a los Grupos Parlamentarios, limitando con ello a un papel
superfluo de intermediación la intervención de la Comisión de
Comparecencias y Peticiones Ciudadanas. Es evidente que con ello la Cámara evita dar respuesta
expresa a lo solicitado, motivando en su caso las razones de la aceptación o
rechazo de la petición. Trasladar la petición no es responder a la misma, sino
justamente eludir pronunciarse sobre lo solicitado. Por parte de los asistentes
se conviene en la oportunidad de analizar si con tal forma de actuar las Cortes
de Aragón están llevando a cabo un vaciamiento del derecho fundamental de
petición que pudiera requerir un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional, similar al promovido con éxito años atrás.
Entre
los presentes se plantea la oportunidad de que la Asociación elabore una
memoria anual –más allá del resumen abreviado de actividades- en la que se
recoja todas peticiones realizadas a las diferentes instituciones y autoridades
públicas, reflejando el resultado obtenido o haciendo constar el incumplimiento
del deber de respuesta en que pudiera haberse incurrido. Ello haría de la
memoria anual un indicador público del modo de actuar de las instituciones públicas
frente al derecho constitucional de petición.
Dentro
del repaso de actividad, se destaca igualmente el conjunto de actuaciones
realizadas para expresar nuestro rechazo al Proyecto de Ley de Función Pública
de Aragón, aprobado por el Gobierno de Aragón, cuya aprobación parlamentaria se
ha visto finalmente descartada por la inminente disolución de las Cortes de
Aragón al concluir la legislatura. La posición de la Asociación fue
expresada ante el propio Parlamento, en el transcurso de la comparecencia
efectuada ante la Comisión
de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas. El modelo de carrera profesional –que
poco o nada tenía que ver con la necesaria profesionalización de la función pública-
y la ausencia de una memoria económica rigurosa, junto a la rechazable ampliación
de la libre designación y la introducción de la función directiva de manera
imprecisa justificaron nuestra petición de retirada del Proyecto de Ley a la Presidenta del Gobierno
y la expresión de nuestro rechazo a todos los Grupos Parlamentarios, instándoles
a acordar la devolución del texto al Gobierno de Aragón. No obstante, la falta
de aprobación del Proyecto de Ley nos obliga a madurar la reflexión sobre un
modelo de función pública consistente, que sirva de manera efectiva para la
realización del cometido constitucional que corresponde a la administración pública.
Esa reflexión debe extenderse también a la virtualidad del Estatuto Básico del
Empleado Público, cuya falta de desarrollo tras más de ocho años de vigencia
permite cuestionar su idoneidad.
Junto
a dichas iniciativas, cabe citar también la posición contraria adoptada contra la Ley de integración efectiva
del CASAR en el Servicio Aragonés de Salud, cuya impugnación ante el Tribunal
Constitucional hemos solicitado tanto al Defensor del Pueblo como al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, y la crítica frontal a la Proposición de Ley de
actualización de derechos históricos de Aragón, cuya formulación y contenido
calificamos de inconstitucional y reaccionario, y que felizmente ha decaído en
el Parlamento.
Durante
este periodo la Asociación
ha tenido una fluida comunicación con los Grupos Parlamentarios de las Cortes
de Aragón y ha mantenido contactos con otras entidades y colectivos para
analizar de manera conjunta determinadas problemáticas. En concreto, en materia
de prevención y lucha contra la corrupción, cabe destacar la incorporación a
Acción Cívica contra la
Corrupción, como socio institucional, así como la celebración
del Día Internacional contra la
Corrupción, celebrado el día 9 de diciembre de 2014, con un
acto público en la Facultad
de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza.
Finalmente,
se destaca la intensa actividad sostenida por el blog de la asociación, con
trescientas cincuenta notas editadas en este periodo, lo que además del
importante trabajo de proyección exterior, permite que las opiniones y
posiciones de la Asociación
se pongan al alcance y al servicio de todos aquellos que, en su específico ámbito,
desean trabajar por una función pública comprometida con la legalidad, la
profesionalidad y la ética pública. En este sentido, se debate la conveniencia
de potenciar la labor de difusión, mediante la utilización de las redes
sociales para reforzar la incidencia de aquellas notas que se consideren más
relevantes.
A
continuación, el Tesorero, José Ramón Gálligo, expone su informe sobre el
estado de las cuentas de la
Asociación, señalando la existencia de un superávit de 3.500
euros, tras haber atendido los pagos judiciales de distintos procesos. Dicha
cuantía debiera ser suficiente para afrontar las actividades programadas,
reservando siempre un montante determinado para posibles pagos de tasas y
costas procesales, que podrían derivarse de los procesos actualmente
planteados. El número de socios permanece prácticamente invariable, compensándose
altas y bajas en el presente periodo.
Seguidamente,
y en cuanto a la estrategia futura de actuación, el Presidente se refiere al
documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración remitido a
todos los socios junto con la convocatoria, en el que se recogen todos los
objetivos que debiera perseguir la actividad de la asociación a lo largo del
periodo completo de la legislatura próxima, que tendrá inicio tras la celebración
de las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2015. El borrador de
Documento elaborado hasta la fecha constituye una revisión del aprobado en
2011, al comienzo de la actual legislatura, con las actualizaciones e
incorporaciones que han sido propuestas por el conjunto de los miembros de la
asociación. Dicho documento deberá ser objeto todavía de un análisis más
detallado que permita alcanzar una redacción final estructurada y coherente. Por
ello, entre todos los presentes se conviene en la necesidad de que dicha labor
de acabado final sea atribuida a la Junta
Directiva que resulte tras la renovación parcial que se
realice en esta asamblea.
Finalmente,
se procede a la renovación parcial de los miembros de la Junta Directiva, que de acuerdo
con lo previsto en los Estatutos ha de alcanzar a los cargos de Presidente y
Secretario –también, en su caso, de Vicepresidente, al hallarse vacante- y de
la mitad de los vocales de la Junta. Como
Presidente resulta reelegido Julio Guiral y como Tesorero también se reelige a
José Ramón Gálligo. La renovación de Vocales que corresponde al presente año se
concreta en la reelección de Antonio Serrano y Guadalupe Zárate, así como en la
elección de Enrique Borruel, que sustituye a Alfonso Salgado, quien había
comunicado en fecha reciente su dimisión como miembro de la Junta Directiva. De este modo,
y junto a ellos, la Junta Directiva
queda completada por Félix Gracia, como Secretario, y por Adolfo Ballestín,
Antonio Brotons, Eduardo Notivol y Juan José Morales como Vocales, contando con
un total de diez miembros.
Concluye
el Presidente recordando a todos los presentes la importante tarea que queda a la Asociación por delante
y la necesidad de redoblar nuestro esfuerzo para saber acertar en diagnósticos
y propuestas que permitan mejorar la actual situación de la función pública.
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