PETICIÓN A LA DEFENSORA DEL PUEBLO EUROPEO SOBRE UNA ESTRATEGIA COMUNITARIA DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA, EN VÍSPERAS DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Desde esta Asociación nos hemos dirigido a la irlandesa Emily O’Reilly, como titular actual de la institución del Defensor del Pueblo Europeo, para plantearle la necesidad de que desde las instituciones de la Unión Europea se impulse una estrategia de prevención y lucha contra la corrupción, común para el conjunto de los Estados de la Unión Europea e inspirada en las previsiones contempladas por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada en 2003, y ratificada por España en 2003 y por la Unión Europea en 2008.

En los próximos días nos dirigiremos con igual petición tanto a los diferentes Grupos políticos del Parlamento Europeo como a la Comisión Europea, para expresarles la conveniencia de que a nivel europeo se dé desarrollo a las técnicas de prevención de la corrupción en el sector público, potenciando la responsabilidad que en dicha tarea corresponde asumir a los servidores públicos.

La petición dirigida a la Defensora del Pueblo Europeo queremos enmarcarla en las actividades realizadas con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción el próximo día 9 de diciembre, de acuerdo con lo establecido por las Naciones Unidas. Debemos recordar que la institución del Defensor del Pueblo impulsó años atrás el código de conducta de los empleados públicos de la Unión Europea, iniciativa que, a nuestro juicio, debiera encontrar su continuidad en el impulso de aquellas medidas de prevención que, en relación con el sector público, se recogen en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

En particular, y como ya hemos insistido en diversas ocasiones, creemos especialmente útil el establecimiento de criterios europeos comunes para implantar en el conjunto de las administraciones públicas de los Estados miembros –así como en el seno de las instituciones europeas-, un sistema de alertas éticas, a través del cual se puedan canalizar e investigar las posibles denuncias realizadas por los funcionarios públicos que tengan conocimiento de indicios de actividades o prácticas corruptas en el desempeño de sus funciones. Es indispensable que la función pública se dote de instrumentos eficaces para evitar que los actos de corrupción que lesionan el interés general puedan llegar a consumarse.

Dado que como Asociación no hemos sido capaces de conseguir que las instituciones españolas –a las que nos hemos dirigido reiteradamente reclamando un impulso a las medidas de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003-, tomen ni siquiera en consideración la existencia de los compromisos derivados de su ratificación, optamos por centrar nuestros esfuerzos en las instituciones europeas, ya que las excelentes prácticas de los países nórdicos y anglosajones en esta materia pueden ser un factor determinante para que se procure una armonización europea de los mecanismos de prevención y sanción de la corrupción, tanto pública como privada.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido a la Defensora del Pueblo Europeo:

“Excma. Sra. Defensora del Pueblo Europeo

1 Avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

FRANCE

Zaragoza, 3 de diciembre de 2014.

Estimada señora:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, organización comprometida con la defensa y promoción de los principios constitucionales que ordenan la función pública, entre los que figuran de forma destacada los de legalidad, profesionalidad y ética pública, deseamos expresarle nuestra preocupación por el escaso impulso que han recibido en el conjunto de los Estados de la Unión Europea, y en particular en España, las previsiones contenidas en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, ratificada por España en 2003 y por la propia Unión Europea en 2008.

El problema de la corrupción, tanto pública como privada, es una preocupación creciente entre los ciudadanos españoles, como revelan los diferentes sondeos de opinión, y los numerosos casos denunciados e investigados judicialmente suponen un grave deterioro para la credibilidad de nuestras instituciones públicas y para la calidad democrática de nuestro sistema de gobierno.

Valoramos positivamente las iniciativas que desde la Unión Europea se han venido adoptando en materia de prevención y lucha contra la corrupción, como el informe anticorrupción elaborado cada dos años por la Comisión Europea, pero entendemos necesario proceder, de forma decidida, al desarrollo de los mecanismos contemplados en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003.

Consideramos oportuno que, al margen de las actuaciones de investigación y sanción que llevan a cabo las estructuras policiales y judiciales, se impulsen adecuadamente los mecanismos de prevención previstos por la Convención, especialmente en el ámbito del sector público.

Si bien la Convención concede a cada Estado la facultad de desarrollar, conforme a su derecho interno, los mecanismos señalados en la Convención, entendemos que la Unión Europea, como signataria de la Convención, debiera asumir el impulso de una política común de los Estados miembros de la Unión en materia de prevención y lucha contra la corrupción.

En concreto, el artículo 8.4 de la Convención establece una medida de prevención tendente a posibilitar que los servidores públicos que trabajan en las diferentes Administraciones sean agentes activos comprometidos en la prevención de la corrupción, al señalar que “cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones”.

Entendemos que esta fórmula de alertas éticas –conocida como whistleblowing en los países anglosajones- es la más efectiva medida de prevención de la corrupción en el sector público, permitiendo evitar que los abusos puedan llegan a producirse o consumarse. El especial compromiso con la legalidad y el interés público que corresponde a los servidores públicos los convierte en un importante elemento de prevención frente a posibles abusos en el sector público, pero para que ello obtenga verdadera eficacia sería necesario dotar a dicho personal de un régimen jurídico adecuado para cumplir tan importante función.

Por todo ello, nos dirigimos a esa Institución, para solicitarle que considere la oportunidad de impulsar, a través de las iniciativas o sugerencias que estime más oportunas, una actuación de las instituciones europeas encaminada al desarrollo en todo el ámbito de la Unión Europea –incluyendo las Administraciones Públicas de sus Estados miembros- de las previsiones que contempla la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción dentro del sector público, y en particular de lo señalado en su artículo 8.4.

Agradeciéndole de antemano su atención, reciba nuestro más atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensade la Función Pública Aragonesa”