Conmemorar una jornada, como hicimos el
pasado día 9 de diciembre con el Día Internacional contra la Corrupción, solo puede
entenderse como reivindicación y compromiso con el objeto de la conmemoración. La
prevención y sanción de la corrupción, pública y privada, para preservar la
credibilidad institucional, la confianza ciudadana y el clima adecuado para la
actividad económica, constituye el centro de la citada celebración y carecería
de sentido organizar una jornada de debate para dicha fecha y abandonar la exigencia
de lucha contra la corrupción al día siguiente.
Por tal motivo, por considerar que la
lucha contra la corrupción es una tarea permanente en la que debemos estar
comprometidos todos los días del año, hemos decidido dirigirnos a los
diferentes Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, para
recordarles no solo que existe una Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, sino que
dicha Convención fue oportunamente ratificada por España, aunque ahora parezca
que nadie se acuerda de ella, pues en las diferentes propuestas de regeneración
pública nadie cita las medidas que contempla la Convención.
Una Convención ratificada representa un
compromiso de España en aplicar las normas
que contiene. Debiéramos saber, justamente ahora cuando la corrupción
representa una preocupación general de los ciudadanos, qué grado de aplicación
y desarrollo ha tenido la
Convención contra la Corrupción no solo en el ordenamiento jurídico de
nuestro país sino también en la actuación efectiva de sus diferentes
instituciones públicas.
De poco sirve adoptar aquellas medidas
que apenas tienen repercusión real en la actividad pública –como es recoger un
código de conducta en el Estatuto Básico del Empleado Público, cuyos efectos prácticos
en el funcionamiento real de las administraciones públicas se desconocen-, y
olvidar aquellas otras que pueden suponer innovaciones de primer orden en la
prevención y sanción de la corrupción, como es la posibilidad contemplada en el
artículo 8.4 de la Convención,
consistente en el establecimiento de medidas y sistemas para facilitar que los
funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades
competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus
funciones.
Deseamos que nuestras instituciones den
el mayor impulso posible al cumplimiento de la Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción,
porque estamos convencidos de que el arsenal de medidas que se contienen en
ella es la estrategia más válida e internacionalmente contrastada para hacer
frente a un fenómeno que está socavando la calidad de nuestro sistema democrático
y agudizando la intensidad e inequidad de la crisis económica que padecemos.
Por ello, nos hemos dirigido al
conjunto de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados sugiriéndoles
que insten al Gobierno a dar desarrollo a todas aquellas medidas de prevención
y sanción que, contempladas en la citada Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, carecen
todavía de aplicación en nuestro país.
En próximas fechas nos dirigiremos a
otras instituciones del Estado, para hacer de nuestra petición un recordatorio
de la obligación contraída por España al ratificar en el año 2006 la Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción.
Se reproduce a continuación el
contenido íntegro del escrito dirigido al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso de los Diputados:
“Grupo
Parlamentario Popular
Congreso de
los Diputados
Pza. de las
Cortes, 1
28071-MADRID
Zaragoza,
16 de diciembre de 2014.
Estimados
señores:
El
pasado día 9 de diciembre, de acuerdo con lo acordado en su día por Naciones
Unidas, se celebró el Día Internacional contra la Corrupción, y con dicho
motivo, al igual que en años anteriores, el Secretario General de dicha
Organización, Ban Ki-moon hizo público un mensaje en el que, bajo el lema
“Romper la Cadena
de la Corrupción”,
instaba a todas las naciones a ratificar y aplicar las medidas previstas en la Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción,
aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006.
Aprovechamos
la reciente conmemoración de este Día para llamar la atención de ese Grupo
Parlamentario sobre la falta de desarrollo en nuestro país de importantes
medidas de prevención y sanción de la corrupción contenidas en la citada
Convención de Naciones Unidas. En particular, consideramos que debieran
impulsarse todas las que van dirigidas a reforzar la integridad y
profesionalidad de los servidores públicos, para que la Administración
Pública pueda cumplir de manera correcta la función de
servicio objetivo al interés general que le encomienda el artículo 103 de
nuestra Constitución.
En
concreto, el artículo 8.4 de la
Convención señala que cada Estado Parte considerará la
posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los
funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades
competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus
funciones. El establecimiento de un mecanismo como el señalado supondría un
poderoso instrumento de prevención de la corrupción pública en el conjunto de
nuestra Administraciones públicas, lo que permitiría evitar que numerosos
abusos e irregularidades llegaran a producirse. El papel de fiscales y jueces
en la lucha y persecución de la corrupción se vería, además, notablemente
aliviado con estrategias efectivas de prevención como la señalada.
Las
circunstancias de nuestro país, con los numerosos casos de corrupción pública y
privada que cada día vienen a menoscabar la confianza de los ciudadanos en las
instituciones, aconsejan precisamente la adopción de estrategias decididas para
afrontar dicho fenómeno, y el mejor modo de hacerlo es dando desarrollo a las
técnicas recogidas en la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Por
ello, y teniendo en cuenta el papel de control e impulso de la acción de
gobierno que corresponde a cada una de las Cámaras de las Cortes Generales, y
dentro de ellas a sus diferentes Grupos Parlamentarios, le sugerimos que a
través de las iniciativas parlamentarias que consideren más oportunas insten al
Gobierno a dar desarrollo a aquellas medidas de prevención y sanción que,
contempladas en la citada Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, carecen
todavía de aplicación en nuestro país, como sucede con la previsto en el citado
artículo 8.4.
Agradeciendo
de antemano su atención, reciban un atento y respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
5 comentarios:
aunque sea mucho trabajo, ampliar a senado, defnesores, parlamentos autonómicos y presidentes autonómicos , seguro que es un éxito
La recuperación puede haber llegado, pero no se sabe para quién. Si uno mira hacia arriba, todas son salutaciones del optimista, encabezadas por las de Rajoy, que solo matiza cuando la opinión pública se le echa encima. Si se mira hacia abajo, todo tiene un color grisáceo, distante de la explosión de esperanzas oficiales. Ayer, por ejemplo. Ayer se publicó la estadística de evolución de los salarios, que el presidente había presentado como positiva, y la verdad cruel dice que siguen bajando. Se publicaron también los datos del Observatorio de Emancipación, y confirman lo que estaba siendo ya casi un chascarrillo de barra de bar, si no fuese por el drama que encierran: solo el 22,1 por ciento de los jóvenes menores de 30 años han conseguido emanciparse. La inmensa, la aplastante, mayoría sigue viviendo en el hogar paterno.
Se quedan en casa porque no tienen más remedio. Si están en paro, porque están en paro. Si trabajan, porque sus empleos no les dan ni para una hipoteca ni para pagar un alquiler. Están proletarizados, como tantos sectores sociales. Lo confirman otros datos también descorazonadores: más de la mitad de los menores de 25 años, sin empleo; los que consiguen colocarse lo hacen a tiempo parcial; los contratos indefinidos son la excepción; los trabajos no se corresponden con la cualificación profesional, etcétera. Es un retrato perfectamente creíble, porque es el que todos conocemos por experiencia directa o próxima.
¿Qué hacemos ante esa realidad, señoras y señores del Gobierno? ¿Se puede seguir manteniendo el optimismo porque hay muchos clientes en las cafeterías? Digámoslo con alguna claridad: lo más inquietante de ese panorama es la resistencia de los gobernantes a aceptar que existe. Aunque los estudios sean oficiales, llegan a los despachos correspondientes como datos fríos o lejanos. Literalmente como quien oye llover. Que el 55 por ciento de los jóvenes estén parados no es un problema, sino una parte del paisaje sociológico. Que el 78 por ciento sigan viviendo de y con sus padres debe ser un signo de solidez familiar.
No se trata de pedir al Gobierno que lo arregle, que se supone que lo intenta y los milagros no existen. Se trata de que tengan la humildad de reconocer lo que ocurre, ese pequeñísimo ejercicio de sinceridad. Se trata de que transmitan, al menos, la tranquilidad de que tienen un diagnóstico correcto, que es lo que Rajoy le pedía a Zapatero cuando los papeles estaban cambiados. Y se trata de que, conociendo esa realidad, no haya siempre un ministro o un portavoz que la ignora, haciéndonos pensar que no está dispuesto a permitir el tópico de que una verdad estadística desmienta sus bellas ensoñaciones de la crisis dominada.
fernando ónega
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha presentado hoy su renuncia al cargo, alegando motivos personales. Según han comunicado fuentes oficiales de la Fiscalía General del Estado su intención es volver a su puesto de fiscal en el Tribunal Constitucional.
Los rumores sobre la inminente renuncia, que ya a ha comunicado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, se dispararon ayer por la tarde después de que Torres-Dulce retirará sin dar ningún motivo de peso dos nombramientos clave del orden del día del Consejo Fiscal, el de fiscal jefe del Tribunal Constitucional y el de la Inspección Fiscal.
Desde diferentes ámbitos se aceleraron entonces las especulaciones, de las que se viene hablando durante los últimos meses en el seno de la Carrera fiscal y que se atribuyen a la falta de sintonía de Torres-Dulce con el equipo del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
El desencuentro viene de lejos, sobre todo desde que se conocieron unos planes del Código Procesal Penal que no cumplían con las expectativas de Torres-Dulce para lograr la instrucción penal por los Fiscales.
El enfrentamiento cristalizó con las tensiones que precedieron a la interposición de la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos miembros de su gobierno por su intervención en el denominado proceso participativo del 9-N.
Así se evidenció durante la última comparecencia de Torres-Dulce en el Congreso el pasado 26 de noviembre, cuando manifestó que no se le puede decir que sea proclive al Gobierno de Mariano Rajoy y citó como ejemplos que ha sido él quien solicitó la prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas y que ha mantenido posiciones contrarias al Ministerio del Interior en los casos «Bolinaga» y «Matas».
«No toleraré nunca que el gobierno me diga lo tengo que hacer, porque sería un delito», ha afirmado, para añadir: «Si tengo que sostener posición contraria al gobierno la sostengo».
Eduardo Torres Dulce (Madrid, 1950), hijo de magistrado, experto en Derecho Penal y fiscal de carrera –ocupó cargos en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional antes de acceder a la Fiscalía General del Estado- ha dejado voluntariamente la jefatura del ministerio público, un cargo estratégico para cualquier Gobierno en el que se ha desenvuelto durante los últimos tres años con más autonomía de la que hubiera deseado el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Cansado de las críticas con sordina de quienes le nombraron, molestos por su actuación en el caso Bárcenas, y lastrado por algún problema personal que le angustiaba, ha tirado la toalla más tarde de lo previsto.
“A raíz de la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, Torres-Dulce contó a algunos allegados que abandonaría el cargo, pero se quedó unos meses por responsabilidad ante el problema catalán”, explican personas que han hablado con el fiscal general en los últimos meses.
el pais
Comentario:
El Sr. Torres-Dulce es demasiado honrado e inteligente para ser cómplice de mandamases aprendices de caciques.
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