HAY QUE MOVILIZARSE CONTRA LA CORRUPCIÓN PARA DEFENDER LA DEMOCRACIA.

Nos hacemos eco en nuestro blog de una valiosa iniciativa puesta en marcha en nuestro país para sumar el esfuerzo de los ciudadanos en la lucha contra la corrupción, lo que supone un claro compromiso con los valores democráticos que han de regir tanto la vida pública como la convivencia civil.

Esta Asociación ha reivindicado siempre la ética pública como elemento imprescindible en cualquier programa de buen gobierno y buena administración. Una ética pública que no consiste en la plasmación de documentos tan grandilocuentes como inútiles, sino en comportamientos de compromiso personal y colectivo con el respeto de la legalidad y la defensa del interés público.

Nuestras escasísimas fuerzas no nos han permitido acometer el trabajo y los objetivos que nos planteamos en nuestro momento fundacional, aunque no podemos negar que nuestra actividad no ha carecido de incidencia real sobre la situación de la función pública en nuestra Comunidad Autónoma, como se pone de manifiesto, por ejemplo, con las sentencias obtenidas en materia de oferta de empleo público, que han desautorizado de manera evidente la arbitrariedad del Gobierno de Aragón en sus políticas de personal.

Nos gusta comprobar que nuestras ideas, al reclamar el papel esencial de la función pública en la defensa de la legalidad y en la prevención de la corrupción pública, son coincidentes con las expresadas en la prensa por personas como Antonio Muñoz Molina (en su reciente artículo “La corrupción y el mérito”) o Enrique Gil Calvo (en su también reciente artículo “Epidemiología de la corrupción”).

Pero aún nos gusta más descubrir que la sociedad civil española es capaz de poner en marcha, frente al espectáculo desolador de la corrupción pública y privada que presenciamos, valiosas iniciativas para reclamar la fortaleza de la Ley y la capacidad del Estado de Derecho frente a quienes se creían amparados por la impunidad, resultado de la inacción institucional y de la desmovilización ciudadana.

Por ello, queremos compartir con todos los que se asomen a este blog nuestra satisfacción por la existencia de una iniciativa ciudadana como es Acción Cívica contra la corrupción, cuyos principios y objetivos quedan perfectamente explicados en el texto que, extraído de su página web, reproducimos a continuación:

“Acción Cívica contra la corrupción es una asociación independiente y apolítica que brinda su estructura para que abogados de cualquier punto de España puedan personarse como Acusación popular, en representación de la misma y de forma desinteresada, en procedimientos judiciales por desvío de fondos públicos.

Del mismo modo, si en un momento dado llegan hasta la asociación pruebas suficientes sobre un caso de corrupción aún oculto, Acción Cívica se planteará la formalización de la correspondiente denuncia ante la Fiscalía.

Este proyecto, sencillo en su dinámica pero profundo en su cometido, fue ideado en Valencia por un grupo de ciudadanos y está respaldado por el escritor Antonio Muñoz Molina en calidad de socio de honor. Como es obvio, en esta asociación nadie recibe retribución económica alguna.

Acción Cívica es una asociación ajena a intereses partidistas y no adscrita a ideología política alguna: la neutralidad y la independencia son los principios fundamentales que le dan sentido y que alimentan su funcionamiento; los valores que le otorgan su fuerza y le imprimen sus cualidades esenciales como movimiento ciudadano.

El único objetivo de la asociación consiste en coadyuvar con la justicia y colaborar en el esclarecimiento de la verdad, sin importar el color de los partidos involucrados en cada uno de los casos. Quedan fuera motivos de cualquier otra índole, como pueden ser rencores u odios personales, que no suelen conducir a metas positivas sino todo lo contrario. No estamos aquí contra nadie sino a favor de lo que consideramos justo para la colectividad. Actuamos sólo desde planteamientos racionales, de un modo aséptico y constructivo; sin estridencias y al servicio siempre de la Fiscalía Anticorrupción, una institución digna de encomio a la que de forma recurrente se le niegan los refuerzos que tan urgentemente necesita.

La idea nació a raíz de la experiencia vivida en un procedimiento judicial por desvío de subvenciones públicas destinadas a países subdesarrollados, proceso en el que Antonio Penadés, presidente de la asociación, ejerce la acusación popular a título individual. Este asunto queda explicado en el artículo «Caso Cooperación: la depravación moral», publicado en el diario El País el 21 de marzo de 2013.

En esos momentos eran muy pocos los que confiaban en que fueran a servir para algo los esfuerzos llevados a cabo por la juez, los fiscales Anticorrupción y el resto de las acusaciones. Sin embargo, el juicio oral de la primera de las tres piezas separadas, celebrado en el TSJ de Valencia entre enero y marzo de 2014, finalizó con sentencia condenatoria para los nueve encausados y con penas de 8 años de cárcel para los dos protagonistas de la trama, lo que convierte a este proceso en un hito en la lucha contra la corrupción política en España.

Son muchos los motivos que nos hacen considerar que los ciudadanos debemos dar un paso al frente contra la corrupción, esa lacra que tanto daño ha hecho ya a nuestra democracia, a nuestra convivencia y a nuestra economía. Mediante la constitución de esta asociación nos rebelamos contra la idea de que es imposible cambiar el estado actual de las cosas y lo hacemos del modo más pragmático:

1. Ayudando a fiscales y jueces a limpiar las instituciones del Estado con instrumentos a nuestro alcance, en especial mediante el ejercicio de la Acusación popular en procedimientos por corrupción política.

2. Reclamando la implantación de un sistema eficiente de control en la Administración para evitar que esta situación se repita en el futuro.

Partimos de la idea de que ambas medidas son necesarias para alcanzar una justicia social que permita acercarnos a la ética colectiva y a la optimización de los recursos humanos y materiales de nuestro país. La depuración de las responsabilidades penales es un paso esencial, pero todo este esfuerzo resultaría inservible sin la restauración de los controles administrativos que algunos políticos eliminaron durante un silencioso proceso en el que los funcionarios de carrera que ejercían esas funciones acabaron siendo reemplazados por personas afines al partido.

Con el objeto de salir algún día de la crisis económica y de valores que nos azota, consecuencia en gran medida de lo anterior, debemos hacer cuanto esté en nuestras manos para ayudar a la Justicia, que encarna el último filtro del Estado de Derecho. Cuando vemos la cantidad de talento desaprovechado que hay en España, en especial entre los jóvenes, preparados pero desmotivados y casi sin opciones, reforzamos el convencimiento de que la única posibilidad de remontar esto pasa por juzgar y encarcelar a los culpables por corrupción, restituir el dinero robado y tomar medidas sólidas de cara al futuro.

En el final de su imprescindible ensayo “Todo lo que era sólido”, Antonio Muñoz Molina afirma que «no tendremos disculpa si no hacemos todos lo poco y lo mucho que está en nuestras manos, en las de cada uno, para que no se pierda lo que tanto ha costado construir, para asegurar a nuestros hijos un porvenir habitable». Es hora de que la ciudadanía dé un paso adelante y reivindique su espacio; y que, actuando al servicio de los fiscales y los jueces, marquemos a la clase política cuáles son los límites que impone nuestro ordenamiento jurídico y la ética más elemental”.