El
mes de diciembre nos trae, en su primera mitad, tres fechas relevantes como son
los aniversarios de la Constitución
Española (1978) y de la Declaración Universal
de Derechos Humanos (1948), y la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, establecido
por la ONU tras
la aprobación de la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en 2003.
Tanto
la Constitución
Española como la Declaración Universal
de Derechos Humanos, a la que expresamente remite el artículo 10.2 de nuestra
norma constitucional, se fundamentan en la dignidad del ser humano, en el
respeto a su libertad y en el compromiso con sus condiciones básicas de vida. La
defensa y promoción de la dignidad de las personas es condición necesaria para
constatar la dignidad de las instituciones públicas, ya que en una democracia las
instituciones públicas tienen como objetivo primordial asegurar las libertades
y los derechos de los ciudadanos, entre ellos los que afectan a sus condiciones
básicas de vida.
La
fortaleza ética de nuestra vida pública –amenazada gravemente hoy por el fenómeno
de la corrupción- es la mejor garantía para que las políticas públicas se
diseñen y ejecuten de manera correcta, fijando entre sus objetivos la atención
de las necesidades sociales de los ciudadanos. Una administración pública que
pierde el sentido de su función y que olvida los valores éticos que deben
inspirar la acción pública acaba por mostrarse indiferente a la suerte de los
ciudadanos, abordando las situaciones de precariedad en que se encuentran
tantas personas afectadas por la crisis económica con una ineficiencia y una
frialdad burocrática inaceptables. La gestión del Ingreso Aragonés de Inserción
realizada por el actual Gobierno de Aragón
constituye un ejemplo claro de una gestión falta de compromiso con la legalidad
y con las personas, de indiferencia hacia la dignidad de las personas
afectadas.
Corrupción
y pobreza son realidades indeseadas de nuestra sociedad actual, fruto de la
crisis ética y económica que vivimos. Desde esta Asociación consideramos
oportuno realizar una aproximación a ambos fenómenos y poner de manifiesto la
relación directa que hay entre ellos, pues la corrupción genera pobreza económica
y miseria pública. Debemos reaccionar contra ambas realidades, conscientes de
que prevenir y combatir la corrupción pública y privada es una de las maneras más
eficaces para resolver el problema de la desigualdad y la pobreza que hoy
amenazan el bienestar y la cohesión de nuestra sociedad.
Para
ello, junto con la Facultad
de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, hemos organizado una
jornada de debate que tendrá lugar el próximo día 9 de diciembre, Día
Internacional contra la
Corrupción, en el Aula Magna de la citada Facultad, a partir
de las 18:30 horas, con las intervenciones de profesores universitarios y representantes
de Cáritas Diocesana de Zaragoza, que analizarán la incidencia de la corrupción
en la economía y en la desigualdad social, la necesidad de fomentar la ética
empresarial en el ámbito del sector privado y la realidad de la pobreza y la
exclusión social en nuestra sociedad como resultado de la actual crisis económica.
Estamos
plenamente convencidos de que los miembros de la función pública han de
incorporar en su actividad diaria un compromiso inequívoco para prevenir y
combatir la corrupción y para promover en todas las acciones públicas los
derechos –civiles, políticos y sociales- de los ciudadanos que exige la
afirmación de la dignidad humana de las personas. Porque la corrupción y la
pobreza son dos obstáculos a vencer para poder avanzar en la construcción de
una sociedad decente.
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