Los
empleados públicos están sometidos a un régimen de incompatibilidades, cuya razón
de ser es no comprometer su necesaria imparcialidad en el ejercicio de sus
funciones y evitar la colusión o conflicto de intereses entre la actividad
pública y privada del empleado público. Las incompatibilidades, que
imposibilitan el ejercicio de una segunda actividad profesional, ya sea en el
sector público o en el privado, persiguen también asegurar la dedicación
exclusiva al desempeño del puesto de trabajo ocupado, con el fin de garantizar
el principio de eficacia administrativa.
El
régimen de incompatibilidades de los empleados públicos se establece, con
carácter básico, en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas. Dicho régimen no se ha visto modificado por el
Estatuto Básico del Empleado Público, si bien éste ha venido a recoger las
incompatibilidades entre los principios éticos del código de conducta que
establece para los empleados públicos, al afirmar en su artículo 53 que los
empleados públicos “se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un
interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda
suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público”.
Dentro
del régimen de incompatiblidades que afecta a la actividades privadas, destaca
la prohibición impuesta al empleado público de ejercer, por sí o por medio de
sustitución, actividades privadas que se relacionen directamente con las que
desarrolle el Departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado. Es
lo que se conoce como “incompatiblidad funcional”. Parece evidente que un
empleado público no puede dedicarse con garantía de parcialidad al desempeño de
sus funciones sobre una materia en la que cuenta con intereses privados o
dedicación profesional lucrativa.
La
incompatibilidad funcional tiene un carácter objetivo: basta con que esa
situación prohibida se produzca para merecer la oportuna sanción disciplinaria.
No cabe alegar que la situación irregular no ha producido perjuicio al interés
público o que el deber de imparcialidad no ha sufrido menoscabo. La mera
situación objetiva de incompatibilidad constituye la infracción del deber
profesional que impone la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, y que remarca, como principio ético al que ha de
ajustarse el desempeño profesional, el Estatuto Básico del Empleado Público.
El
hecho de que un Jefe de Servicio de la Dirección General
de Ordenación Académica del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, responsable directo de la gestión en materia de formación profesional,
fuera titular, tal y como ha trascendido hace escasos días, de una empresa de
cursos de formación, cuya promoción realizaba personalmente a través de videos
en youtube, constituye una flagrante vulneración del régimen de
incompatibilidades, que no puede resolverse con una simple renuncia o cese,
como parece haber sucedido.
Es
necesario que se inicien actuaciones disciplinarias por parte del Departamento
de Educación, Cultura, Universidad y Deporte para esclarecer los hechos y
determinar las responsabilidades en que haya podido incurrir tanto el presunto
infractor como aquellas personas que hayan podido consentir o tolerar dicho
incumplimiento de los deberes profesionales exigibles. Para ello, esta
Asociación dirigirá esta misma semana a la Consejera titular de dicho Departamento la
petición de apertura de expediente disciplinario contra quien parece haber
incumplido de forma flagrante la prohibición de desarrollar actividades
privadas directamente relacionadas con el contenido funcional de su puesto de
trabajo público.
Además,
resulta particularmente cuestionable el hecho de que dicha persona, pese a
haberse visto obligada a renunciar a su puesto de trabajo por la vulneración de
la normativa de incompatibilidades, se mantenga como uno de los ponentes en la II Jornada sobre
Calidad de los Servicios Públicos prevista para hoy día 3 de diciembre, en la
que expondrá los modelos de gestión basados en estándares de calidad de los
centros de Formación Profesional. Nos parece inadmisible que en una Jornada
donde se va a abordar la definición de los valores de la Administración se
mantenga la participación de una persona incursa en una manifiesta vulneración
de los deberes profesionales exigibles a los empleados públicos. Salvo que los
valores que se propugnan desde la Dirección
General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios nada tengan que ver con los principios éticos
que formula el Estatuto Básico del Empleado Público.
22 comentarios:
Es hora de mirar dentro de la estructura administrativa, sin dar por hecho que los funcionarios son los paladines de la legalidad.
LA SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
"Estamos hartos de que haya 400 compañeros en las listas del PAR"
Los empleados de Sarga denuncian en las Cortes la precariedad laboral . Alertan del nepotismo y el incumplimiento de los acuerdos.
el periodico de aragon
¿Qué porcentaje de la plantilla supone esa cifra?
Los trabajadores de Sarga que militan en la Candidatura Independiente de Sarga explotaron ayer en la comisión de Peticiones de las Cortes y expusieron a los diputados sus problemas laborales, al tiempo que denunciaron el funcionamiento de la empresa. Entre ellos, como expuso Andoni Corrales, que haya "más de 400 compañeros que se presenten por las listas de un partido, el PAR". Esta fue la denuncia de cuatro trabajadores, que censuraron el incumplimiento por parte del Gobierno de Aragón de un acuerdo de las Cortes para que se les reconozca la categoría de bomberos forestales.
Encontraron el apoyo de los diputados de IU y CHA, Adolfo Barrena y Joaquín Palacín, respectivamente. También de la diputada del PSOE, María Victoria Broto, aunque a esta le recordaron que gran parte de los problemas actuales vienen heredados de la gestión de gobiernos socialistas anteriores junto con el PAR, "que no hicieron nada" para mejorar la situación. Los trabajadores de Sarga también encontraron el reconocimiento a su labor del diputado del PAR, Manuel Blasco, y de la del PP, Nuria Loris. El primero dijo desconocer la precaria situación que denunciaron los empleados, mientras que la segunda lamentó que "las disponibilidades presupuestarias" no permitan "garantizar" en el 2015 que los trabajadores puedan tener una jornada de 10 meses al año.
Fue la precariedad laboral y contratos de "tres meses" un aspecto muy cuestionado por los trabajadores que comparecieron, quienes alertaron de que con un salario de "6.000 euros al año" no pueden "alimentar a una familia" ni pueden acceder a una segunda actividad. "Acaso son las leyes para ustedes pequeños compromisos que pueden saltarse cuando les viene en gana?", preguntó uno de los trabajadores a los miembros del PP y el PAR, en relación al incumplimiento de los acuerdos alcanzados con la empresa. Blasco replicó que los diputados tienen función legislativa y no ejecutiva. "No nos den más responsabilidades de las que ya tenemos, que son muchas", indicó.
"Si seguimos así, lo único que se va a oír en el medio rural es el silencio", sentenció un emocionado trabajador, Alfonso Carceler, quien dijo sentirse "engañado" por la DGA. Denunciaron que los montes están abandonados "cinco y seis meses al año". Asimismo, insistieron en que a pesar de la reestructuración, continúa habiendo "mucha gente sin oficio ni beneficio con sueldos exagerados"
el periodico de aragon
El código de conducta debe ser respetado y exigido.
La Candidatura Independiente de la empresa pública Sarga ha pedido este martes en el Parlamento aragonés "una estabilidad laboral de al menos diez meses al año" en cumplimiento de la Ley de Montes de Aragón.
Los representantes de este colectivo de trabajadores de Sarga, resultado de la fusión de las antiguas Sodemasa y Sirasa, han asegurado ante la comisión parlamentaria de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas que se sienten "engañados por el Gobierno autonómico".
heraldo de aragon
El trabajador de los operativos antincendios Nicolás Pérez ha criticado a Sarga por ser "poco transparente en su gestión", con "creación de puestos a medida".
"Toda la gente sin oficio ni beneficio continúa en la empresa mientras el 80% de la plantilla no tenemos trabajo todo el año ni el plazo que marca la Ley", ha expresado.
heraldo de aragon
Zaragoza, 02/12/14.- Los representantes del colectivo laboral Candidatura Independiente de SARGA, que agrupa a trabajadores de esta empresa pública resultante de la fusión de las antiguas Sodemasa y Sirasa, han reclamado esta mañana en sede parlamentaria “una estabilidad laboral de al menos diez meses al año”. Una cuestión que, tal y como han defendido ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, a pesar de estar reconocida en el artículo 102 de la Ley de Montes de Aragón, se está incumpliendo desde la aprobación de esta norma en 2006.
Alfonso Carceller ha sido el primero de los representantes en tomar la palabra ante el órgano parlamentario, criticando que “el monte está cada vez en peores condiciones”. “Nos hicimos a la idea de que podríamos vivir de esto, del cuidado de nuestro territorio, pero cada vez trabajamos menos tiempo y el presupuesto sufre más reducciones”, ha expresado este integrante del operativo contra incendios de la Administración autonómica. Para él, esta situación supone “una injusticia” hacia estos profesionales, “engañados por el Gobierno” y “cada vez más hartos de los incumplimientos en acuerdos y negociaciones que solo han servido para encrespar más la situación”.
cortes de aragon
Esto de los militantes del PAR en puestos de trabajo de empresas públicas ,me recuerda al famoso 3% catalán.Todo el mundo lo sabe y se comprueba fácilmente pero sigue por los siglos de los siglos delante de las narices de toda la sociedad ( incluidas policías, jueces,etc)
Esto es una vergüenza y un auténtico insulto para el resto de los trabajadores. Espero que pongan remedio
¿Quién debe poner remedio?
SARGA debe ser disuelta, al igual que CASAR y el resto de las empresas públicas que crearon los politicastros para meter a sus afiliados, amigos, familiares, etc. Como sabían que no iban a ser capaces de aprobar una oposición libre, les crearon el chiringuito. Lo triste es que NADIE haya tenido los bemoles de rectificar.
Curiosamente la información sobre la II Jornada de Calidad ha desaparecido del Portal del Empleado.
Por qué será?
La empresa pública que enchufó a la diputada del PAR, Carmen Fortea. se saltó la ley, según un informe oficial.
abc
UPyD ha pedido que se actúe con la diputada del PAR en el Congreso, Carmen Fortea, que fue colocada a dedo con plaza fija de plantilla en la empresa pública Sodemasa —ahora denominada Sarga— cuando esta sociedad estaba bajo el control directo de su partido, en la etapa en la que los aragonesistas gobernaban en coalición con el PSOE en Aragón.
abc
El enredo surgido por los viajes a Canarias que hizo el presidente extremeño José Antonio Monago cuando era senador se llevaron por delante hace tres semanas a un diputado del PP por Teruel, Carlos Muñoz. Éste también sumó vuelos a las Islas mientras fue novio de la amiga de Monago, la colombiana Olga María Henao. Unos días después, el escaño que acababa de abandonar Carlos Muñoz pasó a ocuparlo una miembro del Partido Aragonés (PAR) —socio del PP desde julio de 2011 y del PSOE durante los doce años previos—. Se trata de Carmen Fortea que, según ha podido confirmar ABC, disfruta desde hace casi siete años de un contrato fijo, a dedo, en una empresa pública del Gobierno aragonés controlada durante años por su partido y orgánicamente vinculada al que durante varias legislaturas fue consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo regional, el vicepresidente del PAR, Alfredo Boné.
Para el contrato fijo en cuestión, Fortea no pasó proceso selectivo alguno. La plaza no salió a concurso, no se le dio publicidad a la misma. Fortea pasó de tener finiquitado su contrato laboral temporal a disfrutar de puesto fijo en esa empresa pública, Sodemasa (Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón), ahora rebautizada como Sarga
abc
La nueva diputada del PAR en Madrid entró en Sodemasa con un contrato temporal. Curiosamente para ese sí que se trataron de guardar las formas: un anuncio en un diario regional y un proceso selectivo realizado a través de una consultora externa. Se presentaron más de cien aspirantes y la seleccionada fue Carmen Fortea.
Aquel puesto inicial que obtuvo no era indefinido, sino temporal, solo para unos meses. Pero cuando expiró le encadenaron otro contrato temporal y, finalizado éste, pasaron a adjudicarle a dedo un contrato indefinido, plaza fija que no fue sacada a convocatoria pública ni se realizó proceso selectivo alguno para cubrirla.
abc
Poco después, esta miembro del PAR se convirtió en delegada del sindicato UGT en esa misma empresa pública y pasó a ocupar cargo en la cúpula de la Federación de Industria y Agroalimentaria (FITAG) de este sindicato en Aragón. De hecho, Fortea tomó posesión de su escaño en el Congreso siendo miembro del comité de empresa de Sarga, un puesto que la «blinda» jurídicamente ante un eventual despido, como los muchos que tuvieron lugar a raíz de que, hace algo más de un año, el actual Gobierno aragonés presidido por el PP pusiera en marcha un ERE en esa sociedad. Un ERE, por cierto, que estuvo rodeado de polémica por la presunta existencia de una lista con nombres de «intocables».
Desde que Carmen Fortea tomó posesión de su escaño, hace tres semanas, se encuentra en situación de excedencia en esa empresa pública, con reserva garantizada de plaza.
abc
Fue el pasado 11 de noviembre, Carlos Muñoz formalizó la renuncia al escaño en el Congreso; y el día 13 Fortea tomó posesión del asiento, integrada en el grupo parlamentario del PP. El PAR ha logrado así entrar de nuevo en la Cámara Baja, en la que hace legislaturas que había perdido la representación. Lo ha hecho gracias al PP, porque fue este partido quien, fruto de las alianzas trabadas en 2011 para la investidura de Luisa Fernanda Rudi como presidenta de Aragón, pactó luego con el PAR la inclusión de miembros de este partido en las listas que los populares aragoneses presentaron para el Congreso y para el Senado en las elecciones de noviembre de 2011.
Aquel pacto les garantizó a los aragonesistas tres puestos en el Senado. En el Congreso era impensable, porque la presencia de miembros del PAR en las listas era en puestos muy atrasados. Pero tres renuncias consecutivas en el PP le han permitido a Fortea hacerse con escaño en la Cámara Baja: primero dimitió Santiago Lanzuela, que dejó la política para irse a la empresa privada; a quien le tocaba sustituirle renunció; y luego llegó la dimisión de Carlos Muñoz por el caso de los viajes a Canarias. Así le llegó el turno a Fortea, la segunda suplente en la lista que el PP presentó al Congreso por Teruel en las elecciones de hace tres años.
abc
Vaya circo. La historia ya es antigua: ponemos una "victima" en el punto de mira, alguien que nos moleste, que nos caiga mal o simplemente con el que estemos resentidos por motivos que no interesan que se sepan, se busca la complicidad de "amiguetes" de algún medio amarillista, y se convierte en carnaza para el populacho. Nadie se ha preocupado de saber, ni de investigar que sucede, ni siquiera por parte del medio que ha filtrado la noticia, que por cierto sólo se ha publicado en uno (curioso), y de ahí ha rebotado a otros foros que se ha hecho eco. Esto me suena oscuros métodos de otras épocas.
Hasta el momento, que se sepa la propiedad intelectual no está prohibida en este país.
¿qué relación hay entre la propiedad intelectual y la realización de actividades privadas incompatibles con un puesto de trabajo público?
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