NUEVO HORIZONTE PARA EL AÑO 2014.

El cierre del año 2013, con todo su bagaje de tareas realizadas e iniciativas en curso o pendientes de acometer, da paso al nuevo año 2014, en el que no solo deberemos proseguir con todas las acciones puestas en marcha, sino que habremos de impulsar nuevas propuestas de cambio y mejora para la promoción y defensa de los principios y valores de la función pública.

Este año, sin duda, va a ser un ejercicio particularmente importante, si finalmente el Gobierno de Aragón se decide a aprobar el Proyecto de Ley de Función Pública, en el que se establecerá el modelo propio de la Administración de la Comunidad Autónoma, dentro del marco fijado por el Estatuto Básico del Empleado Público. Esta Asociación, en el trámite de consultas efectuado, ya expresó sus discrepancias con el contenido del Anteproyecto elaborado por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, y mantendrá sus posiciones en el caso de que se confirme su contenido, lo que resulta más que probable.

Pero más allá de la regulación legal de la función pública, cuya aprobación final bien pudiera frustarse en el caso de faltar el necesario consenso político, debemos poner especial atención en el respeto al principio de legalidad en la gestión de la función pública –en la selección del personal de nuevo ingreso y en la ordenación de los puestos de trabajo y en su provisión regular, sin arbitrariedades ni discriminaciones-, y en ese sentido vamos a seguir batallando por el respeto del derecho de acceso de todos los ciudadanos y por la eliminación de las tasas de reposición de efectivos, contempladas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, al actuar como un límite injustificado al ejercicio del derecho fundamental de acceso.

La campaña iniciada en el último trimestre del pasado año, con motivo de la tramitación parlamentaria de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, con escasos resultados prácticos, ha de proseguirse e intensificarse a lo largo del presente año, y, entre otras posibles medidas, habrá que analizar la posible impugnación de la Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado del año 2014, si la misma se ve cercenada por la aplicación de las cuestionadas tasas de reposición de efectivos, desconociendo indebidamente el régimen legal establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público.

La defensa de la función pública constituye un elemento central en toda estrategia de buena administración y buen gobierno, pero somos conscientes de que no se logrará una función pública profesional sin revisar otros elementos que ordenan el funcionamiento institucional tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, de manera que la transparencia, la rendición de cuentas, los controles de legalidad y eficiencia y los estándares de ética pública pasen a ser elementos de regeneración de la vida pública española.  Es el momento de insistir en el desarrollo de los mecanismos previstos por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, ratificada tanto por España como por la Unión Europea.

Es evidente que la promoción y defensa de los valores de la función pública no se puede circunscribir al limitado ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, aunque sea nuestro principal campo de actuación, pues es preciso incidir también sobre la regulación básica estatal –como sucede en el caso de las tasas de reposición de efectivos- e invocar principios y reglas de funcionamiento institucional que se han marcado por parte de organizaciones internacionales o supranacionales, como son la ONU, la OCDE o la Unión Europea. No es posible que la actividad de nuestro sector público vaya en sentido claramente contrario a lo que marcan las recomendaciones de organismos internacionales en materia de buen gobierno y buena administración, ni resulta comprensible ni aceptable que nuestros responsables políticos, tanto en el gobierno como en la oposición, no se den por aludidos sobre la anómala situación que vivimos en España y en Aragón por la falta de medidas efectivas de regeneración pública.

En suma, esta Asociación encara con energía su octavo año de actividad, dispuesta a multiplicar sus iniciativas a favor de una función pública profesional como la diseñada por nuestro ordenamiento constitucional, convencidos de que la función pública es un factor determinante para la calidad democrática y la cohesión social, dos objetivos que debemos considerar absolutamente prioritarios para superar la grave crisis económica, política e institucional que viene padeciendo nuestro país.