NECESARIA REVISIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL AUTONÓMICO.

Debemos tratar de evitar que los asuntos públicos –o la preocupación por los mismos- se limiten a una sucesión de noticias efímeras, sin continuidad y sin seguimiento real de resultados. El hecho de que no se hable de un problema no quiere decir que ese problema haya sido resuelto o que haya perdido interés. Simplemente, significa que los medios de comunicación han dejado de incluirlo o mencionarlo en sus espacios, por razones que solo ellos pueden explicar.

Una de las preocupaciones permanentes de esta Asociación, aunque no hayamos sido capaces de dedicarle la atención adecuada, es el papel del sector empresarial de la Comunidad Autónoma, dado que buena parte de tales empresas fueron creadas para hurtar parcelas de la gestión pública a la función pública profesional y evitar con ello los controles y “trabas” que implica el procedimiento administrativo. También ese conglomerado empresarial permitía una contratación de personal al margen de procesos objetivos –fomentando redes clientelares- y constituía para algunos una oportunidad de acceder al uso y abuso de los recursos públicos, como se viene ahora evidenciando en algunos de los proyectos estrella del Gobierno de Aragón. La agilidad predicada no ha sido sinónimo ni de eficiencia ni de racionalidad, ni mucho menos de gestión honesta y limpia.

Creemos que los políticos no deben “jugar” a empresarios, pues un empresario se identifica por arriesgar su capital y no el capital de todos. Los poderes públicos no han de ocupar el espacio propio de la iniciativa privada –privando de dinamismo a la sociedad- ni pueden desvirtuar el ejercicio de las potestades administrativas, confiándoselo a sociedades mercantiles, aunque sean de titularidad pública, en lugar de a órganos administrativos servidos por una función pública profesional y cualificada.

Mucho menos podemos seguir admitiendo que las empresas públicas sigan surtiendo de personal a algunos Departamentos, mediante un irregular “préstamo de trabajadores”, convirtiéndolas de ese modo en una vía fraudulenta de acceso al empleo público, mientras se congelan irregularmente las ofertas de empleo público.

Por todo ello, nos hemos dirigido desde la Asociación a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, insistiendo en la necesidad de revisar el actual sector empresarial de la Comunidad Autónoma, para deslindar sus cometidos –evitando que su objeto social indeterminado cercene las competencias propias de la función pública profesional-, poner fin a la práctica del “préstamo de trabajadores” y despolitizar sus consejos de administración u órganos de gobierno, pues la justificación de las empresas públicas ha de ser la necesidad de una actividad empresarial de iniciativa pública, lo que exige capacidad de gestión empresarial y profesionalidad, algo que no cabe reconocer en la actual composición de mucho consejos de administración, ocupados por altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma y desempeñados, consecuentemente, con criterios políticos y no empresariales, sin riesgo y con opacidad.

Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón:

“Excma. Sra. Presidenta del Gobierno de Aragón

Edificio Pignatelli

Pº María Agustín, 36.

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 14 de enero de 2014.

Estimada señora:

Uno de los objetivos señalados por su Gobierno al inicio de la presente legislatura era la reordenación del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma, con el fin de dotarlo de la debida dimensión y racionalidad y redefinir el papel que ha de jugar la empresa pública, sin ocupar indebidamente los espacios propios de la Administración pública o de la iniciativa privada.

Dicho objetivo dio lugar a la aprobación de la Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de racionalización del sector público empresarial. El artículo 3 de la citada Ley señala que “las sociedades mercantiles autonómicas deben actuar de acuerdo con los principios de legalidad, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, transparencia, austeridad, eficacia, eficiencia, economía y servicio al interés general”.

Tales medidas no abordan aspectos esenciales del sector empresarial autonómico, como es la necesaria delimitación del objeto social de cada una de las empresas existentes, que en algunos supuestos, por su amplitud o indefinición, entran en colisión con las competencias propias de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma. Ello viene dando lugar precisamente a que en determinados Departamentos sus funciones se vean indebidamente desempeñadas por personal de las empresas públicas adscritas al mismo, incurriendo con ello en un indebido “préstamo de trabajadores” y en un desplazamiento irregular del papel reservado a funcionarios por la labor de personal laboral de empresas públicas. Las restricciones de incorporación de personal funcionario encuentran en esta utilización del personal de las empresas públicas una irregular alternativa, que contribuye al deterioro de la propia función pública.

Asimismo, la revisión del sector público empresarial ha de avanzar en la profesionalización de sus órganos directivos, resultando llamativa en tal sentido la total falta de referencia del preámbulo de la citada Ley 4/2012, de 26 de abril, a las Directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas. Como se indica en el indicado documento de la OCDE, el gobierno corporativo de las empresas públicas resulta decisivo para garantizar su contribución positiva a la eficiencia económica y a la competitividad global de un país, insistiéndose en la conveniencia de que los órganos de gobierno de la empresa ejerzan sus responsabilidades con plena autonomía operativa. Un miembro del Gobierno de Aragón o un alto cargo de la Administración debiera centrarse en sus responsabilidades políticas o administrativas, sin extender tal función a la dirección o gestión de las entidades empresariales adscritas a su Departamento. La confusión de ambos espacios de responsabilidad constituye un grave riesgo de ineficiencias.

Sin embargo, el gobierno corporativo de las empresas públicas autonómicas se encuentra actualmente en manos de consejos de administración integrados, en gran medida, por responsables políticos –del gobierno y de la oposición- y altos cargos de la Administración, alejándose con ello de los criterios de profesionalidad e independencia que propugnan las citadas Directrices de la OCDE, cuya expresa finalidad es evitar interferencias políticas en la gestión de las empresas, al ser éstas fuentes potenciales de graves disfuncionalidades en la gestión, como se ha podido constatar en numerosos informes de expertos.

Por todo ello, y al amparo del derecho fundamental de petición establecido en el artículo 29 de la Constitución Española, solicitamos que, dentro del proceso de revisión del sector público autonómico, se impulsen las medidas necesarias que permitan tanto su racionalización funcional y económica –evitando, en particular, que su personal venga a ejercer competencias propias de los funcionarios públicos- como la adecuación de su gobierno corporativo a las directrices auspiciadas desde la OCDE, de manera que se eviten ineficiencias y distorsiones en el mercado y  quede asegurada la transparencia,  profesionalidad y calidad en su gestión, algo que debe acometerse con la celeridad que exige la realidad económica de nuestro país.

Agradeciéndole de antemano su atención, reciba nuestro atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”