jueves, 2 de enero de 2014
NUEVO HORIZONTE PARA EL AÑO 2014.
El
cierre del año 2013, con todo su bagaje de tareas realizadas e iniciativas en
curso o pendientes de acometer, da paso al nuevo año 2014, en el que no solo
deberemos proseguir con todas las acciones puestas en marcha, sino que habremos
de impulsar nuevas propuestas de cambio y mejora para la promoción y defensa de
los principios y valores de la función pública.
Este
año, sin duda, va a ser un ejercicio particularmente importante, si finalmente
el Gobierno de Aragón se decide a aprobar el Proyecto de Ley de Función Pública,
en el que se establecerá el modelo propio de la Administración de la Comunidad Autónoma,
dentro del marco fijado por el Estatuto Básico del Empleado Público. Esta
Asociación, en el trámite de consultas efectuado, ya expresó sus discrepancias
con el contenido del Anteproyecto elaborado por la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, y mantendrá sus posiciones en el caso de que se
confirme su contenido, lo que resulta más que probable.
Pero
más allá de la regulación legal de la función pública, cuya aprobación final
bien pudiera frustarse en el caso de faltar el necesario consenso político,
debemos poner especial atención en el respeto al principio de legalidad en la
gestión de la función pública –en la selección del personal de nuevo ingreso y en
la ordenación de los puestos de trabajo y en su provisión regular, sin
arbitrariedades ni discriminaciones-, y en ese sentido vamos a seguir
batallando por el respeto del derecho de acceso de todos los ciudadanos y por
la eliminación de las tasas de reposición de efectivos, contempladas en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado, al actuar como un límite
injustificado al ejercicio del derecho fundamental de acceso.
La
campaña iniciada en el último trimestre del pasado año, con motivo de la
tramitación parlamentaria de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2014, con escasos resultados prácticos,
ha de proseguirse e intensificarse a lo largo del presente año, y, entre otras
posibles medidas, habrá que analizar la posible impugnación de la Oferta de Empleo Público de
la Administración
General del Estado del año 2014, si la misma se ve cercenada por la
aplicación de las cuestionadas tasas de reposición de efectivos, desconociendo
indebidamente el régimen legal establecido por el Estatuto Básico del Empleado
Público.
La
defensa de la función pública constituye un elemento central en toda estrategia
de buena administración y buen gobierno, pero somos conscientes de que no se
logrará una función pública profesional sin revisar otros elementos que ordenan
el funcionamiento institucional tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas,
de manera que la transparencia, la rendición de cuentas, los controles de
legalidad y eficiencia y los estándares de ética pública pasen a ser elementos
de regeneración de la vida pública española. Es el momento de insistir en el desarrollo de
los mecanismos previstos por la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003,
ratificada tanto por España como por la Unión Europea.
Es
evidente que la promoción y defensa de los valores de la función pública no se
puede circunscribir al limitado ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, aunque
sea nuestro principal campo de actuación, pues es preciso incidir también sobre
la regulación básica estatal –como sucede en el caso de las tasas de reposición
de efectivos- e invocar principios y reglas de funcionamiento institucional que
se han marcado por parte de organizaciones internacionales o supranacionales,
como son la ONU, la OCDE o la Unión Europea. No es posible
que la actividad de nuestro sector público vaya en sentido claramente contrario
a lo que marcan las recomendaciones de organismos internacionales en materia de
buen gobierno y buena administración, ni resulta comprensible ni aceptable que
nuestros responsables políticos, tanto en el gobierno como en la oposición, no
se den por aludidos sobre la anómala situación que vivimos en España y en Aragón
por la falta de medidas efectivas de regeneración pública.
En
suma, esta Asociación encara con energía su octavo año de actividad, dispuesta
a multiplicar sus iniciativas a favor de una función pública profesional como
la diseñada por nuestro ordenamiento constitucional, convencidos de que la
función pública es un factor determinante para la calidad democrática y la
cohesión social, dos objetivos que debemos considerar absolutamente
prioritarios para superar la grave crisis económica, política e institucional
que viene padeciendo nuestro país.
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3 comentarios:
Ocho años ya!
un buen análisis que sorprende entre tanta banalización del interés público y de su defensa. Esperemos que esa asociación defina con precisión sus objetivos durante el 2014 y los apoyos que va negociar con otras organizaciones que actúen en España y en el resto de la UE
Hay que seguir luchando, amigos.
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