Con
motivo de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2014, nos dirigimos a todos los Grupos Parlamentarios
del Congreso de los Diputados y del Senado, para expresarles nuestras razones
contrarias a las previsiones contenidas en el artículo 21 del Proyecto de Ley,
donde se excluía la incorporación de personal de nuevo ingreso a lo largo de 2014,
salvo la previsión de una tasa de reposición del 10% en una serie de ámbitos de
la Administración
especialmente relevantes, como la administración educativa y sanitaria o la
lucha contra el fraude fiscal, entre otros.
En
nuestro escrito a los Grupos Parlamentarios, señalábamos las razones que nos
permitían dudar de la adecuación constitucional de tales previsiones, al
considerarlas contrarias a lo señalado en el Estatuto Básico del Empleado Público,
afectando con ello, de forma indebida, al contenido esencial del derecho
fundamental de acceso a la función pública, reconocido a todos los españoles en
el artículo 23.2 de la Constitución
Española.
No
recibimos ningún tipo de reacción desde los Grupos Parlamentarios ni logramos
que ninguno de los Grupos cuestionase la existencia y pervivencia de las tasas
de reposición –no se trata de que se autorice una reposición del 100%, como
propugnaron algunos Grupos en sus enmiendas, sino de que se respete el régimen
establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público-, por lo que nuevamente
nos dirigimos a los Grupos Parlamentarios de ambas Cámaras, a mediados del mes
de diciembre, para sugerirles la oportunidad de que promoviesen iniciativas de
control del Gobierno, solicitando la comparecencia de responsables del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que efectuasen un
balance de los efectos producidos en la función pública por la aplicación de
las tasas de reposición y la incidencia que pudieran haber tenido en el
efectivo ejercicio del derecho de acceso reconocido a los ciudadanos.
A
este segundo escrito se ha dado
respuesta desde el Grupo Parlamentario Popular, en los términos siguientes:
“Madrid,
a 15 de enero de 2014.
Estimados
señores:
Me
es muy grato contestarles a su atento escrito de fecha 19 de diciembre de 2013
en relación al acceso a la Función Pública
por parte de los ciudadanos.
Les
indico que el Grupo Popular del Congreso de los Diputados comparte con ustedes
el interés de que en todas las Administraciones Públicas españolas se cumplan
los principios constitucionales de acceso a la Función Pública. En este
sentido consideramos una prioridad que la Función Pública española esté
formada por personas de la máxima capacitación, independientes que sean
garantes de la legalidad.
Una
vez estudiadas sus propuestas, les comunico que daremos traslado de las mismas
a los responsables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Agradeciéndoles
su interés por mejorar la Función Pública
española y esperando seguir manteniendo con ustedes una fluida comunicación,
les saluda atentamente,
José
Alberto Martín-Toledano Suarez
Portavoz
Adjunto del Grupo Popular en la
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas”.
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