viernes, 10 de enero de 2014

LUCES Y SOMBRAS DE UN TRIUNFO FRENTE A LA ARBITRARIEDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.



El Gobierno de Aragón aprobó ayer un Decreto-ley destinado a dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos, según lo exigido por el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, vulnerando con ello el derecho fundamental de acceso a la función pública que el artículo 23.2 de la Constitución Española reconoce a todos los ciudadanos.

Frente al escepticismo general –como si nada pudiera hacerse frente a las ilegalidades del poder político- y a la manifiesta hostilidad de diferentes responsables políticos y sindicales –como si defender la legalidad no fuese el proceder natural de cualquier ciudadano o servidor público con convicciones democráticas-, esta Asociación vio ayer culminada una larga batalla jurídica en defensa del derecho de acceso a la función pública, tratando con ello de restaurar una de las notas identificativas de nuestro modelo de Administración Pública, servida por funcionarios profesionales seleccionados conforme a principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad y con un estatuto jurídico que contempla la inamovilidad como garantía de su deber de imparcialidad y sujeción a la legalidad.

No queremos minusvalorar la significación de lo logrado –nunca antes se había conseguido modificar la deficiente jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia y tampoco se había forzado a un Gobierno a ajustar sus Ofertas de Empleo Público a la legalidad, corrigiendo su aplicación arbitraria de las normas-, pero tampoco podemos desconocer la anómala ejecución por parte del Gobierno de Aragón, al que ha faltado la honestidad de reconocer que lo aprobado ayer no es una decisión voluntaria del Gobierno, sino el obligado cumplimiento de un requerimiento realizado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón a petición de esta Asociación, dada la falta de voluntad del Gobierno de Aragón para ejecutar las sentencias judiciales firmes que anularon las Ofertas de 2007 y 2011.

Tampoco el Gobierno de Aragón ha tenido la gallardía de reconocer el papel de esta Asociación en la defensa de la legalidad de la función pública, lo que demuestra una vez más el desdén hacia todas aquellas iniciativas de la sociedad civil que combaten la arbitrariedad de los poderes públicos. Hemos luchado para reivindicar el ejercicio efectivo de un derecho fundamental de los ciudadanos, convencidos de que nadie debe tolerar de manera impasible que sus derechos constitucionales se vean ignorados por cualquier poder público, llamados precisamente a preservarlos y garantizarlos. Con el triunfo obtenido nos sentimos recompensados, aunque ni los responsables de función pública de este Gobierno ni grupos políticos ni medios de comunicación valoren el significado y el alto valor de la batalla librada y del logro obtenido. Un triunfo del Estado de Derecho sobre la arbitrariedad del poder político debiera ser algo a celebrar por todos, pero acaso sea mucho pedir o esperar en una sociedad como la nuestra.

Desconocemos las razones por las que el Gobierno de Aragón ha optado por llevar a cabo la ejecución de las sentencias a través de un Decreto-ley, pero tal opción nos parece injustificada –la tardía ejecución de una sentencia dictada en 2010 por el Tribunal Supremo no parece constituir una razón de extraordinaria y urgente necesidad que justifique la aprobación de un Decreto-ley- e improcedente, ya que una ley se ejecuta a través de reglamentos y actos administrativos, y no con otras normas con valor de ley, como es el caso del Decreto-ley. Parece por ello que lo pretendido con el Decreto-ley aprobado no es ejecutar la ley, sino dictar la ley especial para esta ejecución, lo que a primera vista nos parece un completo fraude jurídico.

Pese al indudable logro obtenido, que da por buenos todos los esfuerzos dedicados a esta causa a lo largo de los últimos siete años, no podemos dejar de constatar la grave realidad que viven hoy nuestras Administraciones Públicas en materia de acceso a la función pública –por no aludir a otros muchos aspectos-, y es evidente que la sentencia del Tribunal Supremo obtenida por esta Asociación sobre el alcance del derecho y la obligación de las Administraciones de convocar los procesos selectivos que impone el Estatuto Básico del Empleado Público ha sido totalmente desconocida por los órganos de gobierno del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, de manera que el incumplimiento generalizado de la ley y la lesión del derecho persiste en el conjunto de nuestras Administraciones.

Por ello, esta Asociación considera que el logro que supone la decisión a que se ha visto forzado el Gobierno de Aragón, al ser el directamente condenado por la sentencia del Tribunal Supremo, es importante y alentador, pero insuficiente, pues no va a evitar que el Gobierno de Aragón reincida en la vulneración del derecho, como de hecho viene sucediendo en los dos últimos años, ni va a ser un dato que vaya a modificar el comportamiento de la Administración General del Estado en su evidente dejación en la garantía de la legislación básica en materia de función pública ni va a acabar tampoco con la irracional técnica de las tasas de reposición de efectivos que año tras año contemplan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

En definitiva, este logro de la Asociación en su batalla jurídica por los derechos de todos los ciudadanos ha de servirnos de estímulo para proseguir en nuevas acciones que nos permitan celebrar en un futuro que el Gobierno respeta el derecho de acceso a la función pública sin necesidad de recursos ni de sentencias, sino por voluntario sometimiento a la ley, algo que debiera ser el comportamiento normal de todo poder público en un Estado de Derecho y que se ha vuelto anómalamente excepcional.

21 comentarios:

Anónimo dijo...

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha el proceso para convocar 2.783 plazas por oposición en tres años, en aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que declararon contrarias a Derecho la omisión de las mismas en las Ofertas de Empleo Público (OPE) realizadas por la Comunidad autónoma en 2007 y 2011.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el marco jurídico para promover la convocatoria complementaria de las citadas Ofertas de Empleo Público, que abarcan 1.034 plazas en el ámbito de administración general, 385 en el ámbito docente y 1.364 en el sanitario. En concreto, la convocatoria incluirá todas las plazas vacantes y cubiertas por funcionarios interinos, que fueron excluidas de las oposiciones de 2007 y 2011, y que a día de hoy continúan en esta misma situación.

El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Roberto Bermúdez de Castro, y el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, han informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre esta decisión.

De esta forma, el Gobierno cumple, en el plazo indicado, con la ejecución de las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 29 de octubre de 2010, y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 10 de febrero de 2012. Ambos autos judiciales declararon contraria a derecho la omisión de todas las plazas vacantes cubiertas por funcionarios interinos en las citadas Ofertas de Empleo Público y requirieron al Gobierno de Aragón la puesta en marcha de un proceso complementario para adjudicar estas plazas por oposición pública abierta.

Así, con Decreto-Ley aprobado este jueves, el Ejecutivo aragonés asegura que tiene como objetivo dotar a este proceso de un marco jurídico adecuado, para permitir el acceso a la función pública bajo las condiciones de mérito y capacidad, garantizando la igualdad de oportunidades, la transparencia y libre concurrencia, con la agilidad y eficacia que requiere esta situación.

Anónimo dijo...

Hay que señalar que la ejecución de estas sentencias presenta una especial complejidad derivada de diversos factores. Uno de ellos es el tiempo transcurrido desde la publicación de los Decretos de Oferta de Empleo Público de 2007 y 2011 y la consiguiente necesidad de determinar con precisión el número de plazas vacantes ocupadas por personal interino que existían a 31 de diciembre de 2006 y a 31 de diciembre de 2010, y que permanecen en la actualidad en esa misma situación.

La disposición aprobada este jueves es, además, plenamente respetuosa con el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, según la cual en este ejercicio no se incorporará nuevo personal en el sector público, salvo el que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.

Número y distribución de las plazas
Las dos Ofertas de Empleo Público suman un total de 2.783 plazas, de las que 1.034 corresponden al ámbito de administración general, 385 al ámbito docente y 1.364 al ámbito sanitario.

El Gobierno de Aragón comenzará por la ejecución de la Oferta de Empleo Público del año 2007 y establecerá las medidas necesarias para ordenar los procesos selectivos en el plazo improrrogable de tres años, fijado en el Estatuto Básico del Empleado Público.

El Decreto complementario correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2007 incluirá un total de 558 plazas del ámbito de Administración General, todas ellas vacantes no reservadas a funcionarios de carrera, actualmente cubiertas por funcionarios interinos y que lo estaban a 31 de diciembre de 2006. Se consignará el porcentaje de plazas destinadas a la promoción interna.

El Decreto complementario correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2011 incluirá las vacantes no reservadas a funcionarios de carrera, actualmente cubiertas por funcionarios interinos y que lo estaban a 31 de diciembre de 2010. Son 2.225 plazas, distribuidas en distintos ámbitos: 476 de Administración General, 385 del ámbito educativo y 1.364 del sanitario, en todos los campos se consignará el porcentaje de plazas destinadas a la promoción interna.

Reserva de plazas para casos especiales
En las Ofertas de Empleo Público se reservará un 7% de las plazas para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con diversidad funcional. Asimismo, se reservará un cupo para ser cubiertas por quienes se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo.

Heraldo de ARagón

Anónimo dijo...


El Consejo de Gobierno aprobó ayer iniciar uno de los mayores procesos de oferta de empleo público que se recuerdan. Durante los próximos tres años, convocará 2.783 plazas para acceder a la función pública. Este mismo año se convocarán 558 puestos correspondientes a distintos puestos de la Administración General y que debían haber salido a oposición hace 8 años. La decisión es consecuencia de dos sentencias judiciales en las que se instaba al Gobierno de Aragón a convocar todas estas plazas que se cubrían con interinidades y que quedaron excluidas en las oposiciones que se celebraron en el 2007 y el 2011. El resultado de esas dos sentencias es que en los próximos tres años la DGA se verá obligada a convocar todas estas oposiciones. Del montante de plazas que saldrán en convocatoria pública, 1.034 corresponden al ámbito de la administración general, 385 al docente y educativo y 1.364 al ámbito sanitario.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, José Luis Saz, hizo este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Saz advirtió que a partir de ahora se diseñará el proceso, que no está exento de complejidades. Especialmente en las plazas que salgan para Educación, ya que se tendrá en cuenta la demanda actual y las necesidades, que pueden ser distintas a los años en los que se debían haber convocado las oposiciones.

El consejero, no obstante, se felicitó por la decisión gubernamental, ya que consideró "buena noticia" que en tiempos con problemas de empleo salgan a oposición un volumen tan elevado de plazas para la función pública. Este alto número de puestos de trabajo no tendrá, en principio, repercusión económica sobre los presupuestos de la comunidad autónoma, ya que todas ellas están ocupadas.

CSIF fue el único sindicato que ayer se pronunció sobre la ejecución de estas dos sentencias (una del Supremo en el 2010 y otra del TSJA en el 2012) y exigió al Departamento de Educación que se pronuncie "inmediatamente sobre sus intenciones respecto a dichas plazas docentes y lo haga en el órgano adecuado para ello, la Mesa Sectorial de Educación, la cual debe convocarse con la mayor brevedad".

Según este sindicato, la situación producida "pone en cuestión las políticas cicateras y de destrucción de empleo público llevadas a cabo por las diferentes Administraciones", como la tasa de reposición y los recortes.

Anónimo dijo...

Enorme triunfo el de esta Asociación que con escasos medios, pero conjugando tenacidad, esfuerzos personales y mucha fe en el Estado de derecho, ha logrado que prevalezca la Ley frente a la arbitrariedad del Gobierno. Enhorabuena por este triunfo, gracias por esta lección de coraje cívico que lo ha hecho posible.

Ro dijo...

Mi más sincera enhorabuena a esta asociación que realiza una labor esencial para la defensa de la legalidad en un campo en el que por desgracia abundan las irregularidades.
Esta asociación debería ser un ejemplo para otras organizaciones mal llamadas sindicatos que amparadas en Leyes Orgánicas que han quedado superadas por su incorrecto comportamiento durante estos años, se han situado al lado del poder con un fin meramente espurio.

Anónimo dijo...


Un éxtio indudable, en todo caso.

Anónimo dijo...

ENHORABUENA Y MUCHAS GRACIAS A TODOS AQUELLOS A QUIENES CON VUESTRA DESINTERESADA LABOR HABEIS HECHO POSIBLE ESTO.
LAMENTABLE EL HECHO DE QUE NI POR PARTE DEL GOBIERNO NI DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SE HAYA HECHO MENCION EN NINGUN MOMENTO AL REFERIRSE A LAS SENTENCIAS, A LA ASOCIACION QUE EN SU DIA INTERPUSO LOS RECURSOS QUE HAN DADO COMO FRUTO LAS MISMAS.

Anónimo dijo...


El Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto ley que pone en marcha el proceso para convocar 2.783 plazas por oposición en tres años, en aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que declararon contrarias a Derecho la omisión de las mismas en las Ofertas de Empleo Público (OPE) realizadas por la Comunidad autónoma en 2007 y 2011.

Diario de Teruel

Anónimo dijo...

Enhorabuena por lo conseguido. En mi caso personal me gustaría que se plantearan el siguiente reto.
En el segundo párrafo del artículo de hoy aparece lo siguiente:

"una de las notas identificativas de nuestro modelo de Administración Pública, servida por funcionarios profesionales seleccionados conforme a principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad y con un estatuto jurídico que contempla la inamovilidad como garantía de su deber de imparcialidad y sujeción a la legalidad"

En mi humilde opinión se debería articular el mecanismo que permitiera de manera eficaz y diligente la pérdida de la condición de funcionario y por tanto del empleo y el sueldo a todos aquellos que tras el esfuerzo hecho de ganar la plaza no han continuado esforzándose por desempeñar su trabajo de la forma más eficiente posible y buscando el mejor resultado posible.
Que todo el mundo se pregunte a sí mismo si no conoce funcionarios en todos los ámbitos (salud, educación, policia, admon. general, etc....) que no merecen continuar en su puesto.
Esa "inamovilidad para garantizar la imparcialidad y legalidad" me parece un mal excesivamente pernicioso. Si existe algún mecanismo para perder esa inamovilidad este debe ser tan excepcional que nunca he tenido noticias de su aplicación.

Así pues, el reto sería articular el mecanismo para asegurar que los funcionarios que nos sirven, nos cuidan, nos educan, nos administran, ... lo hagan siempre de manera eficiente y ejemplar. Y si no, como en la empresa privada ....
Saludos,

Anónimo dijo...

Enhorabuena y gracias por este triunfo que restaura la legalidad.

Y por favor,una pregunta para los responsables de la Asociación: ¿entienden (como vienen a decir los periódicos) que habrá dos convocatorias diferentes, una para cada oferta impugnada?
Gracias

Anónimo dijo...


Esperemos a conocer el contenido del Decreto ley, a ver si nos depara alguna sorpresa desagradable.

Anónimo dijo...

Magnífica reflexión la realizada en esta nota, en la que queda bien claro el espíritu constitucional que late en el trabajo desplegado por esa asociación.

Anónimo dijo...

Ese Decreto-ley deberán convalidarlo las Cortes de Aragón. Habrá que estar atentos a ese debate.

Anónimo dijo...

No es mal comienzo de año el tener esta noticia, aunque pocos sepan lo que ha costado llegar aquí.

Anónimo dijo...

Aproximadamente, ¿cuánto puede tardar en publicarse?

Anónimo dijo...

Enhorabuena y mucho ánimo.
Si todos los funcionarios estuvieran en contra de la arbitrariedad tal vez no se llegaría a esta situación. Mientras determinados puestos siguan siendo un botín político difícilmente la administración servirá con objetividad el interés público.

Anónimo dijo...


Esperemos que se publique durante la semana próxima, dada la extraordinaria y urgente necesidad.

Anónimo dijo...


Esperemos que se publique durante la semana próxima, dada la extraordinaria y urgente necesidad.

Anónimo dijo...

Y los Directores Generales de Función Pública de aquellos años de rositas, ¿que pasa que no tienen ninguna responsabilidad por incumplir las Leyes?

Anónimo dijo...


Eso parece.

Anónimo dijo...

Boletin estadístico del personal de Aragón: http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/docs/Areas/SectorPublico/EmpleoPublico/Boletin_personal_12_2012.pdf

¿Estan cumpliendo la Sentencia?