miércoles, 22 de enero de 2014

EL DESAFÍO A LA LEGALIDAD CONTINÚA.



No va a ser fácil que Gobierno y sindicatos de la función pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón saquen las debidas conclusiones de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, por vulnerar el derecho de acceso a la función pública que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución Española a los ciudadanos.

Debemos recordar que estas sentencias se obtuvieron por parte de nuestra Asociación tras una batalla jurídica que hubimos de librar no solo frente al Gobierno de Aragón sino también frente a los sindicatos mayoritarios de la función pública, UGT y CCOO, que hicieron causa común con el Gobierno de Aragón en la defensa de las Ofertas ilegales y que pusieron particular empeño en obstruir y anular la iniciativa de esta Asociación, al pretender que se nos negase por los Tribunales la legitimación procesal para impugnar ambos Decretos de Oferta, ya que en su opinión carecíamos de interés directo en la garantía de tal derecho. Debemos recordar que la posición de CCOO fue llevada hasta el Tribunal Supremo, si bien su recurso fue finalmente inadmitido.

Esta Asociación expresó su estupor y malestar por la conducta de la sección sindical de CCOO en la Administración autonómica en sendos escritos dirigidos a los responsables máximos del sindicato –primero a José María Fidalgo y, posteriormente, a Ignacio Fernández Toxo, sin obtener respuesta de ninguno de ellos-, pues resultaba incomprensible que los sindicatos no fueran aliados en la defensa de la legalidad, sino que, por el contrario, prestaran su apoyo a la arbitrariedad del Gobierno.

El Decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 9 de enero constituye una enorme burla jurídica a los autos de ejecución dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el 11 de julio del pasado año 2013, y coloca al Gobierno de Aragón en una situación comprometida en cuanto al respeto de las sentencias judiciales, cuyas consecuencias deberá determinar el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Sorprende igualmente la información aparecida en prensa sobre las negociaciones entre el Departamento de Educación y los sindicatos del personal docente en cuanto a la posible convocatoria, durante el presente año, de 200 plazas de las 385 que deben constituir la Oferta complementaria a la anulada en 2011. Deben de creer Administración y sindicatos que los fallos judiciales pueden ser desvirtuados a través de negociaciones o pactos, y que la obligación de convocar las 385 plazas omitidas se puede fraccionar a su voluntad, sin reparar en que cumplir parcialmente una sentencia es lisa y llanamente un incumplimiento de la misma.

Cabe concluir de todo lo sucedido que ni Gobierno ni sindicatos han comprendido nada de lo que han representado estas dos sentencias que declararon lesionado el derecho de acceso a la función pública de los ciudadanos.  Se equivocan si creen que hoy como ayer se pueden negociar a la baja los derechos de los ciudadanos, en el erróneo convencimiento de que la Administración Pública queda sometida a su voluntad arbitraria antes que a las reglas del Estado de Derecho.

Las declaraciones de los Consejeros de Presidencia y de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro y José Luis Saz, con motivo del Decreto-ley aprobado, pero también las declaraciones de los responsables de los sindicatos de la función pública con igual motivo, ponen de manifiesto que, para ellos, el triunfo del Estado de Derecho frente a la arbitrariedad del Gobierno es un desagradable episodio a gestionar con todos los vicios del pasado, en lugar de un punto y aparte que ha de desterrar los caducos planteamientos políticos y sindicales, incapaces de preservar la profesionalidad de la función pública y de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Estamos ante un punto de ruptura en las viejas inercias de la función pública, aunque unos y otros se resistan a admitirlo.

7 comentarios:

Anónimo dijo...


El Departamento de Educación ofertará este año 190 de las 385 plazas de profesores de Secundaria a la que una sentencia judicial le obliga a convocar de aquí al 2017. Así se lo transmitieron ayer los representantes de la Administración a los sindicatos en una mesa técnica en la que, además, el departamento mostró su intención de que el resto de vacantes se repartan en el 2016.

En total, las oposiciones alcanzarían, según la propuesta de la DGA, a ocho especialidades. Así, se repartirían 40 plazas en Matemáticas, 25 en Lengua y Literatura, 15 en Inglés, 35 en Geografía e Historia, 10 en Física y Química, 20 en Biología e Geología, 35 en Orientación y otras 10 en Formación y Orientación laboral (FOL).

En principio, los sindicatos responderán la próxima semana a esa proposición, aunque los representantes de los trabajadores ya mostraron su preocupación por el posible efecto llamada, es decir, la presencia en Aragón de opositores procedentes de comunidades en las que no se convocará el proceso. "De momento, solo hay oposiciones convocadas en Galicia, Andalucía y Madrid pero no en las comunidades limítrofes, con el riesgo que eso conlleva", indicaron desde un sindicato.

Educación, por su parte, guardará la tasa de reposición --la cobertura de vacantes por jubilación de docentes y que el ministerio ha fijado en el 10%-- para la convocatoria del próximo año, cuando está previsto que vuelvan a ofertarse, por alternancia, plazas para maestros.

"Queremos que haya oposiciones y cuantas más plazas se oferten mejor, pero hay que estudiar otros condicionantes y variables antes de tomar una decisión definitiva", indicaron desde otro colectivo sindical.

Además, los sindicatos criticaron las "formas" con las que el departamento ha gestionado las oposiciones, "sobre todo la consejera" porque "no es de recibo y es una falta de respeto para el opositor mantenerle en una total incertidumbre sobre si hay o no convocatoria", apuntaron.

PERIODICO DE ARAGON

Anónimo dijo...



No quieren verlo. No les interesa darse por enterados.

Anónimo dijo...

¡Qué oportuno resulta este ejercicio de memoria colectiva!

Anónimo dijo...

¿Existe alguna normativa legal que ampare ese "efecto llamada"?

A los representantes sindicales les pediría que repasen la Constitución y sus estatutos internos.

funcionari@ y afiliad@

Anónimo dijo...

Pueden salir trasquilados?

Anónimo dijo...

Qué asco da lo del "efecto llamada". ¿Es que un ciudadano de Soria, La Rioja, Cuenca, o Castellón tiene menos derecho a presentarse a unas oposiciones que uno de Huesca? ESTADO DE DERECHO. No saben lo que es eso. Qué rancio paletismo.
Supongo que esta gente estará muy feliz si Cataluña se independiza, así si que no podrá venir nadie de allí a "nuestras" oposiciones.
Qué asco. Ese tipo de razonamiento son simple y llanamente xenófobos (por entender que lo extraño empieza más allá de los límites de mi terruño). Así nos luce el pelo.

Anónimo dijo...


Verdaderamente, es un discurso indecente.