domingo, 20 de febrero de 2011

SIN OLVIDAR LA DEFENSA DEL DERECHO DE PETICIÓN.

Esta Asociación no olvida una de sus principales líneas de actuación, como es la reivindicación y el ejercicio del derecho fundamental de petición ante las instituciones públicas, una vez evidenciada la sistemática vulneración del mismo por parte del Gobierno de Aragón y también, lamentablemente, por las Cortes de Aragón, motivando este último supuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pendiente de sentencia tras su admisión a trámite.

Una vez más, las instituciones públicas aragonesas -con la honrosa excepción del Justicia de Aragón- han puesto de manifiesto su pobre concepción del Estado de Derecho, que se limita a ofrecer la vía del recurso a los Tribunales a quienes consideren que alguna de sus actuaciones es contraria a Derecho. Saben perfectamente la obligación que impone el ejercicio de un derecho fundamental como el de petición, pues se expone con total claridad en la Ley Orgánica 4/2001 que lo regula, pero, sencillamente, pues no cabe otra explicación, carecen de la voluntad de respetarlo, acaso desconociendo el alcance deslegitimador que para una autoridad pública conlleva el desprecio de derechos fundamentales de los ciudadanos. La cultura del poder parece hacerlos insensibles a la cultura democrática de los derechos ciudadanos.

Como ya señalaba la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, fruto de la Revolución Francesa, "toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución". Nuestra sociedad no carece de Constitución porque ambas cosas están garantizadas, pero existe -como podemos evidenciar de forma reiterada- un grave déficit de sentimiento constitucional en nuestra clase política, que se cree habilitada por razón de su posición de poder a ignorar los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Por ello, y porque entendemos que semejante actitud es impropia de un Estado democrático y compromete la vigencia efectiva de las normas más elementales de todo Estado de Derecho, esta Asociación va a impulsar acciones judiciales para defender el ejercicio del derecho de petición ante el Gobierno de Aragón, cuyo Presidente, Consejeros y altos cargos no han tenido el menor reparo, en estos últimos cuatro años, en desatender las peticiones de esta Asociación, incumpliendo el deber de respuesta que establece la Ley Orgánica 4/2001.

La semana próxima, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, se celebrarán unas jornadas con el título "Nuevas formas de participación política", con la intervención de diferentes constitucionalistas españoles, incluyendo también una ponencia del Director General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, Ignacio Celaya, que lleva por título "La experiencia aragonesa en el marco de las políticas normativas de participación ciudadana", en la que imaginamos omitirá toda referencia a la inadmisible actitud del Gobierno de Aragón en materia de derecho de petición y a su rotundo fracaso como Director General para que su programa de participación ciudadana incluya, como prioridad, la garantía del derecho fundamental de petición, sin lo cual la política puesta en marcha carece de toda credibilidad democrática. Acaso porque se rechaza, como dicho responsable manifestó a esta Asociación, que los ciudadanos pretendan marcar la agenda del Gobierno. Será éste, claro, el que marque la agenda de los ciudadanos, como debe ser en toda sociedad donde se pretende una nítida separación entre gobernantes y gobernados, algo que sin embargo no se corresponde con nuestro diseño constitucional.

17 comentarios:

Anónimo dijo...

A ver si podemos celebrar también la sentencia del Tribunal Constitucional.

Anónimo dijo...

El PAR quiere recortar cuatro consejerías y un tercio de asesores y liberados sindicales.

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Más allá de la machacona y repetida condición pronunciada por el presidente del PAR, José Ángel Biel, de no participar en el Gobierno de Aragón si obtiene menos de ocho diputados, los aragonesistas han marcado ya los requisitos mínimos para estar en la DGA (deberán superar aún el trámite del congreso). Y la austeridad y los recortes se imponen, además del Estatuto y el autogobierno.

Para empezar, los aragonesistas quieren reducir la estructura del Ejecutivo autonómico a siete consejerías frente a las once actuales. En ese sentido, por ejemplo, se asignarían al Departamento de Fomento Empresarial y Empleo (actual Industria, Turismo y Comercio) todas las competencias relacionadas con la empresa y el empleo, incluida la Corporación Empresarial, el Instituto Aragonés de Empleo, comercio exterior, trabajo e I+D+i.

Plantean también recortar en un tercio el personal de confianza y en la misma proporción el número de liberados sindicales. Actualmente, la DGA dispone de unos 60 asesores, con lo que con este planteamiento se tendrían que reducir hasta 40. Los liberados pasarían de 175 (suponen un gasto anual de 4,8 millones) a unos 120.

Precisamente, estas iniciativas se podrían interpretar como un guiño al PP, que no ha parado de plantear medidas similares en los últimos meses en las Cortes.

heraldo de aragon

Anónimo dijo...

Comentario:

Toda una vida poniendo...y ahora quiere quitarlos. Eso no se lo creen ni ellos. ¿porque no los han quitado, en vez de ponerlos, mientras han gobernado? (que han sido 25 años). Electoralismo y demagogia barata. Mentirosos.

Anónimo dijo...

La hipocresía no conoce límites para esta gente.

Anónimo dijo...

Comentario:

Con que el par devuelva todo el dinero que ha malgastado en los innumerables caprichos de su lider seria suficiente, aeropuerto de teruel, platea, gran scala, motorland, sin contar a su compañera de partido del caso la muela. Pero no tiene que hacer populismo y hablar de recortar a los sindicatos Como pagara todos los favores y colocara a todos sus amigotes, tragsa, etc etc

Anónimo dijo...

Comentario:

no me olvido de sodemasa

Anónimo dijo...

¿Cuántos candidatos municipales serán premiados con un puesto en sodemasa?

Anónimo dijo...

Ya vemos lo que pasa con el PP en la Diputación Provincial de Orense.

Anónimo dijo...

Comentario:

Pues lo podia haber hecho en esta legislatura, que ya se conocía la crisis, o esperaban que el dinero manara del cielo. Es mejor chupar de la vaca. Lo que pasa es que hasta las buenas vacas si se exprimen se agotan, y ahora no da leche para su desgracia, .. bueno para la desgracia de los demás, pues ellos, los políticos, ya encontrarán la forma de seguir chupando.

Anónimo dijo...

Comentario:

PAR habla por hablar y para quedar bien antes del 22 de mayo. El 23 estará dispuesto hasta a crear embajadas o consulados si algunos son para ellos.

Anónimo dijo...

¡Vaya par de caraduras!

Anónimo dijo...

IGNACIO CAMACHO
Día 20/02/2011
LES han faltado el respeto a los jubilados que después de una vida completa de esfuerzo y mérito malviven con una pensión congelada. Han insultado a los trabajadores maduros despedidos en ERES sin negociar y condenados a estirar la indemnización para que les llegue a rastras hasta el retiro anticipado. Han menospreciado a los jóvenes sin empleo cuya precaria carrera laboral apenas alcanzará alguna vez los veinticinco años. Y se han recochineado de los autónomos asfixiados por la crisis, de los funcionarios con el sueldo reducido, de los pequeños empresarios en dificultades que no pueden aliviarse de cargas, del mermado tejido social andaluz que sostiene con su trabajo inestable el despilfarro de una autonomía hipertrofiada y subvertida. Lo de menos son los parientes y amigotes del partido incrustados de válvula entre plantillas en las que nunca figuraron; lo peor es el negocio tramposo e indecente, la obscena fullería con que urdieron una masiva trama ventajista de bajas trucadas para, con la complicidad deshonesta de los sindicatos, garantizarse un beneficio clientelar de agradecimiento discriminatorio.

Han prejubilado como mineros a tipos que jamás bajaron a una galería. Han convertido a oficinistas de 42 años en veteranos picadores o dinamiteros de explotaciones que llevaban décadas cerradas. Han indemnizado a empleados dados de alta el mismo día del despido. Han disfrazado de personal de una base militar a exconcejales de pueblos vecinos. Han falsificado cientos de vidas laborales para engordar las listas de beneficiarios de su truculenta red de despidos subvencionados. Han pervertido el principio sagrado de la solidaridad social, y lo han hecho de un modo sistemático, organizado, industrial, a base de fondos millonarios ocultos a la transparencia administrativa. Han permitido que comisionistas del partido actuasen como desaprensivos comerciales que ofrecían expedientes de regulación de empleo a los despachos de abogados. Han favorecido arreglos artificiales y operaciones amañadas con dinero público. Han trazado un gigantesco mapa ficticio de crisis anticipadas para beneficiarse políticamente de la derrama clientelista y comprar voluntades con el salario de la corrupción.

Y todo eso a espaldas del control presupuestario, con partidas opacas para escapar de la reglamentación europea. Y todo eso en medio de una sensación de impunidad garantizada por el silencio de los beneficiarios de la treta. Y todo eso con un desahogado desdén por la destrucción del tejido laboral por cuya integridad estaban obligados a velar. Y todo eso desde presuntos departamentos, agencias y consejerías… ¡de Empleo! Y todo eso en una comunidad con un millón de parados a las que aún se atreven a vender futuro.

ABC.

Anónimo dijo...

La Diputación Provincial de Ourense es, por número de trabajadores, la segunda empresa de la provincia. Tiene 950 empleados y casi la mitad, unos 400, son concejales del PP o familiares directos de los 485 ediles que el partido tiene repartidos en los distintos ayuntamientos de Ourense, según ha comprobado este periódico. La otra mitad son militantes del partido, excepto algunos funcionarios que desembarcaron en la diputación antes que su presidente, el popular José Luis Baltar, que lleva dos décadas al frente de la institución. En su feudo provincial no se inmiscuyen ni el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ni el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien proclama en las campañas electorales en las que necesita los votos de Ourense que "Baltar es el PP".

el país

Anónimo dijo...

La práctica contratadora de Baltar se repite en las citas electorales. En sus vísperas se disparan las oposiciones aprobadas por familiares o cargos del PP y las contrataciones masivas -también de afines al partido- por periodos pequeños de tiempo, que en muchos casos el presidente acaba renovando. Entre 2007 y 2009, Baltar empleó en la diputación, con contratos temporales, a 106 personas que integraron listas del PP en los 92 Ayuntamientos de la provincia; a 79 concejales (algunos alcaldes o exalcaldes) y a unos 120 parientes de estos. El recuento de enchufados corresponde solo a la institución. Pero, con sus dependencias abarrotadas de personal con escasa tarea -en un edificio cultural hay 33 bedeles para tres puertas, y sigue creando plazas-, el presidente reparte a algunos contratados por Ayuntamientos gobernados por el PP en la provincia.

Ahora comienza a tener problemas con los jurados de las oposiciones: llegan las segundas generaciones y se dan casos en los que un padre puede examinar a su propia hija. En estas pruebas la presencia de opositores ajenos al partido es simbólica. La batalla por entrar en la diputación la libran ya solo los propios militantes, aseguran los grupos de oposición. A pesar del más de medio centenar de plazas convocadas desde hace un mes, las academias reconocen que no tienen demanda de alumnos para oposiciones a la diputación.

EL PAIS.

Anónimo dijo...

¿Cómo acabamos con esto?

Anónimo dijo...

No hay que tolerar comportamientos así.