La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido a la Consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Eva Almunia, para solicitarle la adopción de medidas de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que, recientemente, anuló la Oferta de Empleo Público de 2007, por vulnerar el artículo 23.2 de la Constitución Española, al no incluir en la misma los puestos vacantes ocupados por funcionarios interinos.
Según los datos manejados por esta Asociación, resultantes de la información suministrada por la Dirección General de la Función Pública en el trámite de prueba del procedimiento contencioso-administrativo, las plazas no incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2007, incumpliendo con ello tanto la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma como el Convenio Colectivo para el personal laboral, ascienden a 2.411, sumando las de funcionarios y personal laboral.
Confiamos en que la aprobación de una nueva Oferta correspondiente a 2007, como resultado de la sentencia del Tribunal Supremo, con la inclusión del indicado número de plazas, se produzca antes de la celebración de las elecciones autonómicas, sin perjuicio de que la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos correspondientes se impulse por los nuevos responsables de función pública, tras la formación del nuevo Gobierno resultante de las elecciones.
Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito dirigido a la Consejera de Presidencia:
“Excma. Sra. Consejera de Presidencia
Departamento de Presidencia
Gobierno de Aragón
Zaragoza, 8 de febrero de 2011.
Estimada señora:
En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, le dirijo el presente escrito para solicitarle imparta las instrucciones oportunas a fin de proceder a la ejecución de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que le adjunto y que anula el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2007, al entender que dicho Decreto no incluía la totalidad de los puestos vacantes ocupados por funcionarios interinos –tal y como exigen el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón-, vulnerando con ello el derecho de acceso a la función pública que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución Española.
El Tribunal Supremo, con este fallo, rechaza que la potestad de autoorganización pueda invocarse por la Administración para justificar la inaplicación de la Ley, como ha venido sucediendo de forma reiterada en materia de acceso al empleo público en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y en otras Administraciones Públicas.
El Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del total de 449 plazas que preveía para Cuerpos y Escalas de funcionarios de Administración General, contemplaba sólo 251 plazas para el acceso a la función pública de personal de nuevo ingreso, y ello a pesar de que, según los datos aportados por la Dirección General de la Función Pública, en el trámite de prueba del procedimiento contencioso-administrativo seguido, el número de puestos ocupados por funcionarios interinos se aproximaba a los dos mil, si bien los que no se hallaban reservados a funcionarios de carrera eran 1.155. En consecuencia, la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo obligaría a ofertar las plazas vacantes ocupadas por interinos que fueron indebidamente omitidas, y que suponen un número de 904, agrupando los diferentes Cuerpos y Escalas en que se ordena la función pública aragonesa.
Asimismo, y por lo que respecta al personal laboral, cuyo acceso al empleo público ha de quedar vinculado igualmente al artículo 23.2 de la Constitución Española, ha de señalarse que la Oferta de Empleo Público para 2007, aprobada por el Gobierno de Aragón, incluyó solamente 85 plazas, a pesar de que, conforme a los datos suministrados por la Dirección General de la Función Pública, las plazas ocupadas por personal laboral temporal ascendían a 1.592, lo que obligaría, de acuerdo con la sentencia dictada, a ofertar las 1.507 plazas que no se incluyeron en su día.
Por ello, entendemos que la ejecución de la setencia dictada por el Tribunal Supremo, señalando la obligatoriedad de incluir en la Oferta de Empleo Público los puestos vacantes ocupados por interinos, exigiría que el Gobierno de Aragón, en el plazo marcado por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, aprobase un nuevo Decreto aprobando la Oferta de Empleo Público de 2007, con los datos de interinidades existentes en aquella fecha, ofertando al conjunto de los ciudadanos las 2.411 plazas que fueron indebidamente omitidas en su momento, restableciendo con ello la plena vigencia del derecho fundamental de acceso a la función pública que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución Española.
Agradeciéndole su atención de antemano, reciba un atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
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