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De no haber sido demasiado extravagante, hubiera dejado esta columna sin texto, con el título desnudo sobre la caja que la acompaña, en blanco. Porque ya no nos quedan palabras a través de las cuales manifestar nuestra perplejidad e indignación ante la proliferación de tantos casos de corrupción, ante el espectáculo de una información política en la que cada día nos desayunamos con nuevos asuntos de políticos que se valen o se han valido de sus cargos para el beneficio económico propio o de su partido. Hasta ahora siempre hemos tenido mucho cuidado en diferenciar nítidamente entre unos u otros supuestos, entre los muchos que tienen una actitud ética y ejemplar y quienes denigran a su profesión. Hemos procurado advertir de que las prácticas desviadas eran la excepción y que determinados supuestos aislados no podían proyectar una visión unívoca de la política, que el hartazgo y el descreimiento general que se destilan ante todo lo político no podía, no debía, contaminar la legitimidad del sistema democrático como un todo. Pero ya apenas sabemos cómo hacerlo. Hemos entrado en una fase en la que, en efecto, es tan grande el desánimo que sobran las palabras, que estas se nos antojan huecas y vacías de tanto ser reiteradas. Estamos, como diría Sandor Marai, en uno de esos momentos en los que “las palabras se han vuelto inútiles, como los monumentos... se han convertido en ruido... su sonido se ha distorsionado, como cuando las gritan a través de un altavoz”.
Sí, no es el momento de las palabras, es el momento de la acción. Este país requiere una catarsis ética. Tanto o más que salir de la crisis económica. Precisa poder volver a confiar en aquellos que nos representan y que se erigen en portavoces de los intereses de todos. El problema es que aquellos destinados a llevarlo a la práctica han consumido el crédito del que hasta ahora gozaban, y una nueva clase política no se improvisa. Desaparecida la confianza, el más valioso de los intangibles en la política democrática, el sistema aparece desnudo y escindido entre unos dirigentes sin alma y una ciudadanía sin esperanza. El paisaje se nos antoja desértico y sin ningún oasis a la vista. Y bajo estas condiciones de poco sirve esperar que la redención venga por la vía de la recuperación económica. No, el problema es estructural, ya no se arregla con medidas cosméticas.
La crisis ha tenido el efecto de haber desenmascarado todo un conjunto de prácticas y componendas entre determinadas élites que bajo otras condiciones quizá hubieran pasado desapercibidas. Ha vuelto a poner en el centro del debate político el paradigma de la redistribución, la cuestión de quién se queda con qué parte de los recursos sociales, la justicia distributiva. Ha provocado una nueva re-politización de la desigualdad, algo inevitable en momentos de escasez y en los que los más menesterosos están cargando también con los mayores sacrificios. Una de sus consecuencias más inmediatas ha sido la toma de conciencia del dispendio de dinero público, su uso abusivo para satisfacer a clientelas electorales. A eso lo podemos calificar como gestión imprudente e interesada, aunque en sí misma no fuera la expresión de prácticas corruptas. Pero ahora sabemos también, si es que alguna vez lo ignoramos, que ha habido otra utilización de posiciones de poder y autoridad, con clara transgresión de la ética pública más elemental. Muchas veces asociada, además, a esa disposición tan libérrima de los recursos de todos.
Lo que comenzó en perplejidad acabó en indignación para desembocar después en una situación próxima al nihilismo político. Y la gran cuestión que se abre es cómo se va a encauzar este descontento, el indudable malestar provocado por la sucesión de escándalos que están salpicando la política española. Volvemos a la pregunta de antes. ¿Ahora qué? ¿Cómo se sale de una crisis moral e institucional que pone en cuestión los fundamentos mismos sobre los que se sustenta el sistema democrático? En sus Discorsi, el viejo Maquiavelo creía tener una respuesta para estos supuestos de “crisis de la república”: emprender su rinovazione mediante la búsqueda de un nuevo comienzo. En el lenguaje más vulgar de nuestros días, hablaríamos de resetear la democracia, de arrancar de nuevo el motor que le dio origen y aplicar las reformas necesarias dirigidas a evitar su corrupción definitiva. Para ello, siempre según el autor florentino, debería volverse al espíritu y las virtudes que permitieron hacerla durar, y restablecer los consensos sobre los que se erigió. Sin nostalgias, pero sí con la firme convicción de que es una tarea de todos y para todos. O sea, un nuevo pacto constitucional.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 18 de enero de 2013)
El supuesto borrador policial sobre el cobro por parte de Convergència Democrática de comisiones de constructoras a través del Palau, y en el que se insinuaba que una parte de ese dinero era desviado a cuentas del presidente Mas y de la familia Pujol en paraísos fiscales, no ha sido elaborado por ningún miembro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Así lo afirmaba su comisario jefe en declaración enviada al juez que investiga el caso Palau. Por más que pueda contener elementos veraces procedentes de la investigación, se trata, por tanto, de una falsificación, dado que el documento llevaba el membrete de esa unidad. Y si lo es, el Ministerio está obligado a identificar quién y por qué lo hizo.
Cualquier observador no cegado por la pasión tendría que haber sospechado de un escrito que incluía supuestas anotaciones como esta: “Pendiente de pago el 20% de lo asignado al Palau a JP [Jordi Pujol] hijo, sacar en efectivo y entregar en mano en lugar habitual, su padre ya ha sido informado, como siempre”. Demasiado redondo y como de diseño (ese “como siempre”, a fin de implicar al padre) para resultar verosímil.
No es fácil calcular el efecto de esa manipulación en el resultado electoral; es posible que al sector del electorado de CiU menos convencido por el giro de Mas le empujara a no votarle; pero que esa tendencia se equilibrase con la de votantes potenciales de otras formaciones que decidieran apoyarle frente a lo que consideraban un sucio ataque personal. En todo caso, un efecto ya verificado es que el episodio ha desviado la atención del asunto de fondo: los indicios de financiación ilegal de Convergència que han llevado al embargo judicial de la sede del partido en Barcelona, y que ha permanecido latente desde que Maragall aludió al cobro de comisiones por adjudicaciones de obras públicas (el famoso 3%).
Resulta por ello algo excesivo el tono con que Jordi Pujol advirtió tras la publicación del escrito que, si bien CiU “necesitará mucha gente” tras las elecciones, “será de la que se haya comportado dignamente en un momento como este”. El transparente mensaje era que quien dudase ahora, no esperara cargo público mañana, tras la esperada mayoría absoluta. Una expresión manifiesta de la lógica propia del clientelismo político.
La relación entre clientelismo y corrupción es uno de los asuntos más sugerentes analizados por Roberto Velasco en Las cloacas de la economía, libro que acaba de publicar la editorial Catarata. Lo esencial del clientelismo es para ese autor la relación establecida por quien controla recursos de poder y garantiza el acceso a ellos de otras personas a cambio de lealtad y apoyo político. La conclusión de Velasco es que si bien son fenómenos distintos, el clientelismo político crea condiciones que favorecen el desarrollo de la corrupción. Pues los empleos y otras ventajas dispensados a esas personas mediante decisiones administrativas implican la utilización de medios públicos al servicio de intereses privados (frecuentemente contra los de otros particulares, perjudicados por la decisión).
Transparency International (TI) acaba de publicar su informe anual sobre la corrupción en el mundo. España figura en el lugar 30 sobre 176 países ordenados de menos a más corrupción. En otro estudio presentado en junio bajo el enunciado Dinero, política y poder, TI establecía una vinculación entre percepción de corrupción y crisis económica. El paro y los recortes en el acceso a las prestaciones sociales determinan una mayor sensibilidad ante prácticas que antes se pasaban por alto.
Según una encuesta del CIS, en 2011 el 86% de los españoles consideraba que la corrupción está “bastante o muy extendida”. Es llamativo que la percepción del propio país como el más corrupto de Europa sea compartida por los habitantes de Italia, España y Grecia, tres de los más afectados por la crisis. La corrupción dificulta a su vez la salida de la depresión en la medida en que provoca efectos como la distorsión en la asignación de recursos y en la redistribución de la renta, la reducción de la competencia y la erosión de la confianza en el cumplimiento de los compromisos.
La compra de votos fue la manifestación más característica del clientelismo en la España caciquil. Según el historiador Tuñón de Lara, a comienzos del siglo XX se dio el caso de que en localidades como Zamora o Coria “el pueblo se amotinase en protesta porque, al no haber más que un candidato, se frustraban sus esperanzas de vender su voto”. Lo que llevó a Manuel Azaña a decir a sus paisanos de Alcalá en una conferencia pronunciada en 1911 que “no es a los corruptores a quien hay que dirigirse, sino a los infelices corrompidos (...), víctimas de su ignorancia porque al enemigo más cruel le entregan la única arma que tienen para defenderse”. Ejemplo conmovedor de confianza en el poder del voto que contrasta con el cinismo político evidenciado en el apoyo prestado en las últimas elecciones locales a algunos de los candidatos más corruptos de España.
(Artículo de Patxo Unzueta, publicado en "El País" el 12 de diciembre de 2012)
La Constitución de 1978 es el resumen de una etapa singularmente próspera y feliz, en la que, además de recobrar la libertad y la dignidad perdidas, y poner solución a algunas fracturas históricas de la nación, recorrimos una senda de progreso y modernización difícilmente repetible. Para que aquel cambio fuese posible tuvo que producirse una concatenación de hechos -la muerte del dictador, el acierto en la transición, la rapidez con la que se consensuó la Constitución, la entrada en la Unión Europea y los procesos de globalización económica y cultural-, que generaron sobre la vieja España la sensación de un portentoso y dulce Renacimiento.
Esa es la razón por la que, a pesar de sus defectos e imprecisiones, y sobre la base de las geniales intuiciones y actos de voluntad que le dieron fundamento, nuestra Constitución siempre permaneció fresca y fue leída en términos positivos. Pensada para una España poco descentralizada, nos condujo a un Estado casi federal. Pensada fuera de la UE, nos permitió generar un europeísmo entusiasta y ejemplar. Pactada con sutiles equilibrios entre la democracia y los poderes fácticos del franquismo -Ejército, Iglesia y dinero-, permitió lecturas punteras en las políticas de igualdad y libertad y en la culminación del Estado de bienestar. Y redactada con el feed-back de una historia truculenta e inestable, se convirtió en instrumento esencial para el logro de una sociedad pacífica e integrada.
Pero la celebración del 34º Aniversario de la Constitución llega en un marco de extraordinario pesimismo, que nos hace creer que tres décadas de vida feliz fueron solo cartón piedra. Y son muchos los que, invirtiendo el orden causal de esta amarga crónica, y yendo más allá de la lógica reforma que exigen la experiencia y los cambios operados sobre España y el mundo, empiezan a creer que la Constitución está vieja y superada, y que ha llegado la hora de empezar nuevas aventuras. Quizá por eso nos hemos ido a las antípodas de la transición -crisis catalana, defección de la monarquía y la política y sensación de degradación de los derechos y garantías del Estado de bienestar-, como si la fuerza que pusimos en construir la usásemos ahora para demoler.
Pero el problema no está en la Constitución, sino en una sociedad cansada y envejecida, que lleva muchos años mal gobernada y confundiendo lo importante con lo accesorio. Por eso llegó la hora de dar prioridad a la regeneración social y política sobre los cambios constitucionales. Porque sin una regeneración de la sociedad y sus valores, y sin nuevos liderazgos que expresen la voluntad de ser lo que fuimos, no valdría de nada reformar la Carta Magna. Porque, como diría Schopenhauer, no hay objeto sin sujeto, y mucho me temo que somos nosotros los que ya no servimos para leer y ejercer esta excepcional Constitución.
(Artículo de Xosé Luis Barreiro, publicado en "La Voz de Galicia" el 6 de diciembre de 2012)
El Comité que desde Noruega decide cada año el Premio Nobel de la Paz ha vuelto a sorprender al concederlo a la Unión Europea. No a una persona, en contra de lo que dejó sentado en su testamento en 1895 el inventor de la dinamita y empresario de industrias de armamento, sino, como viene siendo habitual, a una institución. Aquel texto hablaba de premiar a quien “ha realizado lo máximo o la mejor labor por la fraternidad entre las naciones, para la abolición o la reducción de los ejércitos permanentes y para la celebración de congresos de paz”. Alfred Nobel no podía imaginar los horrores que trajeron las dos guerras mundiales; menos aún, que de la segunda surgiría algo como la UE que, salvo en lo militar, casa con sus requisitos.
Que en plena guerra, desde Londres, personas como Jean Monnet diseñaran ya lo que debían ser las comunidades europeas basadas en la reconciliación franco-alemana —que ciegamente se evitó tras la I Guerra Mundial— indica su altura de miras. Junto a Monnet, otros que participaron en esos tiempos heroicos hubieran merecido conjuntamente este galardón. Ayer, el Comité del Nobel rectificó su error de no haberse percatado antes de la importancia de la integración europea para la paz y la democracia en el Viejo Continente; y en el mundo.
La construcción europea, desde el lanzamiento del Consejo de Europa en 1948, ha sabido aprender de los errores históricos y aunar en su integración paz, democracia, prosperidad y derechos humanos. Lo que hoy es la Unión Europea lo hizo en los años cincuenta, y también tras la guerra fría con la ampliación al Este. La UE ha sabido exportar paz y democracia hacia una vecindad inmediata deseosa de unirse a ella en un proceso que está aún inacabado y en el que el portazo que se le está dando a Turquía constituye un enorme error. La UE es un experimento único en la historia que, al tiempo que integra, preserva las identidades que conforman la extrema diversidad europea. Ha impulsado, además, la defensa de los derechos humanos a niveles sin precedentes. Tras el Estado-nación ha sido el invento político de mayor originalidad que Europa haya aportado a sí misma y al mundo.
A nadie se le escapan las dificultades que atraviesa una UE ahora más impopular. El Premio Nobel es un consuelo moral y un impulso para superar las reticencias nacionales que impiden un avance decidido hacia una Unión Monetaria que se vea acompañada de otra fiscal, bancaria, económica, y, naturalmente, política. Hay que entender que el fracaso de la Unión Monetaria puede llevar a desandar todos los progresos penosamente logrados a lo largo de más de seis décadas y reactivar los demonios del pasado. Es necesario seguir avanzando, lo que requiere también salir de la crisis creciendo juntos. Decía Ortega y Gasset que “los europeos no saben vivir si no van lanzados en una gran empresa”. “Cuando esta falta”, añadía, “se les descoyunta el alma”. El Nobel debe servir de acicate para evitarlo.
(Editorial de "El País", publicado el 13 de octubre de 2012)
Desde que comenzara la crisis, nos hemos acostumbrado al lenguaje de reformas, recortes y ajustes. Sorprendentemente, sin embargo, hay una reforma ineludible que hemos pasado por alto pero que ni siquiera está en la agenda: la reforma de nuestro sistema democrático. Es cierto que una gran parte de la crisis actual se origina en la existencia de una Europa incompleta. Pero la crisis también ha puesto de manifiesto la existencia de una democracia defectuosa. Esto se refiere tanto a la falta de control y transparencia, evidente en el reguero de casos de corrupción que nos han salpicado en estos últimos años, como a la debilidad del Estado y sus instituciones, incapaces de resistirse a su captura y manipulación por parte de intereses sectoriales, sean estos de carácter privado, empresarial o partidista.
Desconcertados por la rapidez con la que se suceden los acontecimientos en el día a día, estamos pasando por alto que la viabilidad de todas estas reformas requiere no sólo una mejora sustancial de las instituciones de gobernanza europea sino, como pone de manifiesto la larga lista de instituciones que han quedado en evidencia durante esta crisis, desde la monarquía a las comunidades autónomas, pasando por el poder judicial, un examen a fondo del funcionamiento de nuestro sistema político. Pensábamos que España se había europeizado profunda e irreversiblemente, pero ahora descubrimos cuánto había de ficción en ese proceso.
Al igual que los países del norte de Europa siguen estando a años luz de España en cuanto a su capacidad de combinar competitividad y justicia social, nuestro sistema político es incapaz tanto de emular los estándares de transparencia que allí se dan por hecho como de asegurar un reparto equitativo de las cargas y las responsabilidades derivadas de esta crisis. Pese a la profundidad y extensión de la crisis de nuestra democracia, su reforma no está en la agenda. ¿A qué se debe esta ausencia? Muchos de los problemas que padecemos hoy en día, desde los malos resultados de la descentralización territorial, la defectuosa regulación de sectores enteros de nuestra economía y, en definitiva, la falta de transparencia y control generalizada de todo lo público tienen una vertiente común: se originan en la conversión del Estado de derecho en un Estado de partidos, es decir, en el paso de un sistema en el que las leyes y los ciudadanos son los protagonistas de la política democrática en un marco de separación de poderes a un sistema en el que los actores principales son los partidos, la alternancia entre ellos el único objetivo de la contienda política y la fusión y confusión bajo sus directrices de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial la norma de funcionamiento en el día a día.
Se mire donde se mire a nuestras instituciones, los partidos han impuesto, primero, el reparto de puestos sobre la base de cuotas de poder y, a continuación, la ideologización de los procedimientos de toma de decisión. De esa manera, más que servir a los ciudadanos, dichas instituciones se han puesto al servicio de los partidos. El desenlace de Bankia es sumamente revelador de este problema. A pesar de las apariencias, su nacionalización no significa que el Estado se haga cargo de las pérdidas en las que incurrido un banco privado mal gestionado, sino la traslación a la sociedad de los costes de haber puesto en manos de partidos políticos y comunidades autónomas un poder financiero autónomo y opaco con el que sostener su poder político. Por tanto, más que ante un problema de regulación, bancaria estamos pues ante un fallo de autorregulación política.
Ahí reside la clave. Hasta la fecha, el sistema político ha depositado en sus gestores la responsabilidad de autorregularse. Como era previsible, estos han utilizado esta capacidad reguladora no para atarse, sino para emanciparse del control ciudadano. Esto explica por qué la reforma del sistema político es tan difícil de emprender y encuentra tantas resistencias: como los que deberían emprender esa reforma serían sus principales víctimas, los incentivos para llevarla a cabo son inexistentes. Postergar estas reformas es suicida pues al igual que los errores de diseño en la unión monetaria están complicando enormemente la salida de esta crisis por el lado europeo, las debilidades estructurales de nuestra democracia también están afectando muy negativamente la capacidad de sostenimiento de las reformas en el ámbito interno. Como muestra el caso griego, en la medida en la que la ciudadanía perciba que la clase política se exime a sí misma de reformas de calado equivalente a las que aplica a la ciudadanía, nos situaremos en un escenario de deslegitimación de la democracia muy preocupante. ¿Qué hacer? Redefinir los límites de la política partidista. Al igual que estamos redibujando los límites del Estado del Bienestar, es imperativo volver a decidir quién hace qué y cómo en nuestro sistema político. No se trata de erigir una tecnocracia sino de garantizar que cada institución recuperara su razón de ser democrática en un marco de transparencia y responsabilidad adecuado. Desde esta perspectiva, la refundación de la democracia española ni siquiera requeriría una reforma constitucional, sino la identificación y el rescate, una por una, de todas aquellas instituciones que en la actualidad viven asfixiadas bajo el peso sofocante de la política partidista.
(Artículo de José Ignacio Torreblanca, publicado en "El País" el 3 de junio de 2012)
Las contradicciones están marcando los primeros pasos de lo que será la primera ley de transparencia de la que dispondrá España, el único gran país europeo que carece de ella. De un lado, es de ley reconocer que este Gobierno es el primero que corre el riesgo de lanzar un proyecto que, en mayor o menor medida, va a aumentar la capacidad de control ciudadano sobre sus decisiones y sus actuaciones. De otro lado, como si la pesada inercia de la opacidad fuera insoslayable, el Ejecutivo está utilizando un procedimiento poco transparente. Prueba palmaria de ello es que el Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley, lo presentó, pero no lo dio a conocer. Es cierto que ejecutivos anteriores han usado el mismo subterfugio, pero no puede ser argumento válido justamente para el que pretende romper con el tradicional oscurantismo español. Tampoco ha habido transparencia informativa en el novedoso proceso de participación ciudadana que, según el Gobierno, ha provocado 3.700 observaciones a través de la página web abierta para ello y, finalmente, ni se ha esperado el final del debate abierto a instancias del mismo Ejecutivo entre 38 expertos ni se ha explicado el motivo de tan extravagante desplante.
El cambio más sustancial y, en principio, positivo acometido en el proyecto desde que se lanzó el borrador en marzo es el sistema de nombramiento y cese del presidente de la Agencia Estatal de Transparencia, que, según Moncloa, “se equipara a los organismos reguladores”, lo que significa que lo nombrará el Gobierno (y con mayoría absoluta del parlamento), pero su cese solo es posible por causas mayores, lo que debe permitir al nombrado un cierto margen de maniobra respecto a quien lo designó.
El aspecto más negativo del proyecto es el principio de “silencio negativo”, que deja al criterio de las administraciones públicas la potestad de dar la callada por respuesta a cualquier pregunta. Y el Gobierno también ha desoído las propuestas de incorporar a la Casa Real a este ejercicio obligado de transparencia. Por lo demás, la puesta en marcha de esta ley que obliga a publicar contratos, sueldos y actividades de los altos cargos de todas las administraciones y que prevé sanciones para los que falseen y oculten datos debería ser el inicio —por fin— de una nueva manera de concebir la gestión política que pasa por ampliar la capacidad de supervisión de los administrados.
(Editorial de "El País", publicado el 19 de mayo de 2012)
La acumulación de malas noticias para España durante las últimas semanas ha generalizado una sensación de pesimismo que distorsiona la situación real del país y minusvalora los recursos con los que cuenta para superarla. Por más que se hayan repetido los fracasos en la historia, ni obedecieron a una condena metafísica, ni dictaron un destino inapelable. La crisis que hoy atraviesa España, como la mayor parte de las que padeció en el pasado, es resultado de haber adoptado unas decisiones políticas y no otras, sin olvidar la determinante influencia del contexto exterior. Serán, pues, decisiones políticas las que permitirán superarla o, por el contrario, las que agravarán sus efectos. Con el añadido de que, gracias al esfuerzo colectivo desarrollado desde la reinstauración de las libertades, España ha alcanzado por sí misma y como miembro de la Unión Europea un lugar destacado en ese contexto exterior a cuya influencia es imposible sustraerse.
Las instituciones establecidas por la Constitución de 1978 han demostrado una extraordinaria solidez, a pesar de la ligereza con la que han sido servidas en ocasiones por sus representantes. Desde hace más de dos décadas, y de manera cada vez más acelerada, la frivolidad ha estado detrás del ejercicio sectario de las tareas parlamentarias, de la administración espectacular de la justicia y de la utilización, a la vez propagandística y prepotente, del poder ejecutivo.
La frivolidad ha marcado también el uso de los mecanismos autonómicos, tanto por parte de quienes vieron en ellos una estación de paso, como de quienes agitan sus dificultades para promover la recentralización. Ni siquiera la jefatura del Estado ha quedado al margen de la tendencia general, según han venido a poner de manifiesto los diversos episodios en los que se ha visto envuelta la Casa del Rey en los últimos tiempos. La crisis exige reforzar las instituciones poniendo fin a los malos usos que se han hecho de ellas, no a utilizar esos malos usos como coartada para cuestionarlas.
La economía española está padeciendo las consecuencias de una frenética burbuja inmobiliaria con cuyo espejismo de abundancia todos los Gobiernos prefirieron convivir en lugar de corregir. Pero no todo en estos años ha sido furor especulativo: hay empresas españolas que han logrado consolidar posiciones internacionales de primer orden. La expropiación de la que ha sido objeto la petrolera Repsol en Argentina ha venido a recordar que la proyección de los intereses españoles exige una política exterior a la altura. Hace demasiado tiempo, sin embargo, que esta ha dejado de estarlo, sometida a ensoñaciones ideológicas de signo opuesto durante los Gobiernos de Aznar y Zapatero. Tampoco la diplomacia de Mariano Rajoy parece encontrar el tono justo, dejándose tentar por resabios nacionalistas, en lugar de consagrar sus esfuerzos a reconstruir la red de relaciones que hagan de España un actor fiable y respetado. España lo fue, por lo que puede volver a serlo: todo dependerá de las iniciativas que adopte, no de las campañas propagandísticas en torno a una marca.
Crisis como la que hoy atraviesa el mundo, y ante la que España está resultado particularmente vulnerable, provocan ganadores y perdedores. El ventajismo de quienes tienen más posibilidades de ganar solo provocará el resentimiento de quienes las tienen de perder. Solo el poder político puede arbitrar las medidas que impidan el desencadenamiento de esa espiral tan destructiva como incontrolable, convirtiendo en equitativo esfuerzo colectivo lo que, mal administrado, degeneraría en descarnada defensa de los intereses particulares. España está ante sí misma y podría fracasar una vez más si sus instituciones y sus ciudadanos olvidan los recursos de los que dispone para no hacerlo.
(Editorial de "El País", publicado el 22 de abril de 2012)
La reforma laboral decretada el 10 de febrero por el Gobierno es, con mucho, la más radical de todas las aprobadas en la democracia española. Persigue la reforma un doble propósito: propiciar una devaluación salarial --sucedáneo de la devaluación monetaria, imposible tras la entrada en el euro-- que mejore la competitividad española y evite de paso que, en situaciones adversas como la presente , la única alternativa que le quede al empresario sea despedir a sus empleados. Pero incluso muchos de quienes comparten tales objetivos reconocen que los mecanismos empleados son gravemente lesivos para los derechos de los trabajadores.
Unido este retroceso social a la escasa disposición del Ejecutivo al diálogo con los sindicatos, estaba en el guion que la convocatoria de una huelga general como la de hoy iba a ser el desenlace más previsible de este enredo. En la lógica sindical, y también en la de miles de trabajadores de toda España, jamás un paro general había sido tan justo como el de hoy. Y, sin embargo, las posibilidades reales que tienen las movilizaciones del 29-M de conseguir su meta -la modificación sustancial de la reforma aprobada- son escasas, por no decir nulas.
Conviene no olvidar que la profunda modificación del mercado laboral --de cuya ineficiencia dan fe los cinco millones de parados, y suma y sigue-- era una de las condiciones que en verano impuso el Banco Central Europeo para salir al rescate de la deuda española, y que ahora una marcha atrás acarrearía la más que probable intervención de la economía española. El margen de maniobra de Mariano Rajoy es, pues, sumamente estrecho.
Los líderes sindicales, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO), no son ajenos a ello, pero debían echar este pulso para no ser borrados del mapa de la concertación social. Para muchos, la huelga general es un arma obsoleta, como también lo viene siendo el funcionamiento de los sindicatos de clase. Pero sin su concurso el desequilibrio en las relaciones laborales sería fuente de mayores desigualdades, responsabilidad que los exhorta a modernizar sus estructuras y a mejorar su menguada representatividad para recuperar protagonismo y autoritas.
Y, en este 29-M, a garantizar que la de hoy sea una jornada pacífica en la que se respeten por igual el derecho a la huelga y el de los trabajadores que no quieran secundarla.
(Editorial de "El Periódico de Aragón", publicado el día 29 de marzo de 2012)
En las últimas horas ha cobrado fuerza la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, decida pagar una multa para evitar sentarse en el banquillo por el caso de los trajes, después de que el viernes pasado el juez Flors decidiera abrir juicio oral al líder del PPCV así como a Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Esta opción es la que maneja la dirección nacional de los populares y tiene como objetivo evitar la imagen de un presidente autonómico del PP entrando en el Tribunal Superior de Justicia para ser juzgado. Y seguramente en unas fechas que coincidirían con la campaña electoral de las generales, si como parece muy probable se adelantan al otoño. Para que esta alternativa llegara a concretarse, los cuatro encausados tendrían que estar de acuerdo, lo cual no es tan fácil, especialmente en el caso de Ricardo Costa, que parece tener nuevamente en sus manos el futuro político de Camps.
En los más de dos años que ya dura el escándado conocido como 'caso Gürtel', el presidente Camps ha insistido en numerosas ocasiones en que estaría encantado de explicar en los tribunales de justicia todo lo relacionado con el asunto. La vista era la oportunidad de demostrar su inocencia o de sustanciar las responsabilidades penales y políticas (con la consiguiente dimisión en caso de ser condenado), y el lugar en el que se aclararía la verdad o no de todo lo publicado en los dos últimos años. LAS PROVINCIAS ha defendido siempre que había que dejar actuar a la Justicia y respetar sus tiempos y sus resoluciones.
Ahora bien, pagar la multa supone dar un giro radical en el discurso de Francisco Camps de estos dos años. Pagar la multa implica la admisión de unos hechos delictivos, la asunción de una culpa concreta. El líder del PP le debe muchas aclaraciones a la ciudadanía, a la opinión pública y a sus votantes, y si no las va a dar en un tribunal de justicia ha de hacerlo públicamente; el caso no se puede cerrar así, por la puerta falsa, porque dejaría definitivamente tocada su credibilidad. Con el abono de una cantidad económica no se puede dar por finiquitado un caso que ha puesto en entredicho el buen nombre del presidente de la Comunitat Valenciana y ha erosionado la imagen del conjunto del territorio. El Presidente está política y moralmente obligado a dar explicaciones y a pedir perdón por los errores y contradicciones en los que ha incurrido a lo largo de este proceso. Debe aclarar cuánto de estrecha era su relación con la trama, cuál fue su relación personal con Álvaro Pérez 'El Bigotes', si fue consciente del cúmulo de regalos que le hicieron (prendas de vestir por un total de 14.000 euros) y si hubo o no contraprestación, si se considera engañado o víctima de toda esta red, etc. Camps debería comparecer ante los medios de comunicación para someterse sin límite de tiempo a todas las preguntas que los periodistas estimen oportunas, sin ningún tipo de cortapisas y fijar una versión definitiva sobre este asunto. Finalmente, pagar implica asumir de forma obligada que el Presidente hizo algunas cosas mal, supone asumir errores de bulto, como mínimo en lo relativo a las amistades peligrosas y a las distintas y contradictorias versiones de los hechos que ha ido contando a lo largo del tiempo.
(Editorial de "Las Provincias", publicado el 20 de julio de 2011)
Las manifestaciones de ayer contra el Pacto del Euro habrían sido un acto de protesta más si no fuera porque los convocantes, la plataforma Democracia Real Ya y otros grupos surgidos tras las elecciones del 22 de mayo, llevan varias semanas monopolizando gran parte del debate público en España. Bajo el eslogan de “no nos representan”, legítimo si se refiere a los líderes y partidos políticos, pero inquietante si se dirige a las instituciones, los indignados han ido adoptando causas diversas a medida que pasaban los días, desde el boicot al desahucio judicial de viviendas hasta la acampada ante las puertas del Parlamento de Cataluña en protesta por los recortes presupuestarios que se proponía aprobar el Gobierno de Mas.
Desde que los indignados aparecieron en escena, han sido numerosas las instancias que han intentado explicar el fenómeno, muchas veces proyectando sobre el movimiento un significado que, por lo demás, no resulta fácil extraer de la amalgama de sus reivindicaciones. Ideólogos, sociólogos, politólogos y especialistas en las más variadas disciplinas, además de los dirigentes políticos, han hecho decir a los manifestantes lo que, al parecer, estos no alcanzan a expresar por sí solos. Desde ámbitos conservadores, se ha querido ver en las protestas la estrategia de un ente difuso, la izquierda, que no se encuentra en los partidos ni se expresa abiertamente en los medios de comunicación, sino que forma parte de una especie de red clandestina desde la que se mueven no se sabe qué peones para conseguir cualquier cosa, empezando, según se dice, por el intento de deslegitimar por anticipado unas elecciones generales que con toda probabilidad ganará el Partido Popular.
Frente a estas elucubraciones, lo que ideólogos, sociólogos, politólogos y otros especialistas, además de los dirigentes políticos, no han buscado es describir las protestas con los términos que ofrece el Estado de derecho ni, por tanto, encontrar una respuesta dentro del sistema institucional, donde están previstos los derechos de reunión y manifestación que, a fin de cuentas, ejercen los indignados. A efectos del Estado de derecho y del sistema institucional, es indiferente que muchas de sus reivindicaciones traduzcan un sentimiento general acerca del mal uso que los dirigentes y partidos políticos hacen de las instituciones y que otras, por el contrario, sean inviables. Y es indiferente porque los indignados, como ciudadanos que son, están en su derecho de defender unas y otras dentro de los cauces legales.
Sucede, sin embargo, que la acampada de Sol y otras ciudades acabaron situadas en una zona gris de la legalidad durante la jornada de reflexión antes de las elecciones municipales. No solo a consecuencia de la deliberada desobediencia civil de los manifestantes, sino también de una resolución de la Junta Electoral Central que, ignorando la dificultad de disolver la multitud concentrada, no hubiera podido cumplirse sin provocar una alteración de la jornada electoral más grave que la que pretendía evitar. Hay quienes sostienen que ese riego debería haberse corrido fuera cual fuera su coste. Pero también es posible defender que la Junta, que no es un dispensador automático de resoluciones, debió adoptar otra decisión, fijando los límites necesarios para que la acampada no interfiriese en el desarrollo de las elecciones en lugar de ordenar disolverla. Ambas salidas eran posibles ateniéndose a la ley, como demuestra la existencia de precedentes anteriores, de forma que la opción por una u otra reclamaba una discusión política, no una argumentación académica. Todo esto es ya agua pasada, pero que, por desgracia, sigue moviendo molinos.
Los incidentes en el Parlamento de Cataluña han marcado un punto de inflexión, puesto que un grupo de exaltados acosó a unos diputados en los que tal vez ellos no se sientan representados, pero que, no obstante, representan la voluntad democráticamente expresada de miles de ciudadanos. Los convocantes de la acampada se han desmarcado de los incidentes. Es imposible entender qué gana el Estado de derecho y el sistema institucional desoyendo esa declaración, evitando al mismo tiempo dar explicaciones sobre quiénes eran esos exaltados y prefiriendo, en cambio, convertir el fenómeno de los indignados en una variante de la kale borroka y de la guerrilla urbana. Las especulaciones ideológicas, sociológicas, politológicas o de cualquier otra naturaleza sobre el significado de lo que está ocurriendo en las calles españolas pueden ser útiles en el ámbito del conocimiento; en el de la política democrática, es necesario que, cuanto antes, el fenómeno se describa en los términos del Estado de derecho para decidir una respuesta dentro del sistema institucional, y acabar con la zona gris en la que, unos por otros, todos han acabado por instalarlo.
(Artículo de José María Ridao, publicado en "El País" el 20 de junio de 2011)
LO de la tarjeta roja sí tiene un pase. Es algo naïf pero rebaja la tensión después del sabotaje cafre de Barcelona y está bien traído en una comunidad, la valenciana, donde a una decena de parlamentarios —empezando tal vez por el presidente— tenían que haberle mostrado la tarjetita los dirigentes de su propio partido. Otros habrá que se merezcan sólo la amarilla, y la mayoría pueden y deben seguir en el terreno de juego; cumplen su deber con errores como todo el mundo. Pero si el movimiento 15-M quiere recuperar credibilidad y simpatía popular después de las algaradas —que ha repudiado hasta Stephane Hessel, el gurú antisemita del panfletillo de cabecera— tiene que desbatasunizarse y repudiar toda forma de violencia, incluidos la intimidación y el insulto. Porque hay bastante gente deseando utilizar las buenas intenciones de los indignadoscomo materia inflamable. En una época en que los sindicatos han perdido capacidad de movilización, ciertos estrategas políticos están pensando en el potencial de esa revuelta como vanguardia de presión cuando la derecha llegue al poder y empiece a podar de veras el presupuesto. Y eso conduce a Grecia, a los bancos quemados y a las batallas campales: un programa de actos que siempre atrae a los radicales y a los exaltados pero no resulta seductor para la mayoría de la gente.
El peligro del movimiento de protesta no consiste sólo en que los extremistas lo conduzcan hacia el alboroto y la borroka, sino en que se deslice hacia la antipolítica. Compuesto en su mayoría por jóvenes que minusvaloran las libertades porque siempre han vivido en ellas, anida desde el principio en su seno un prejuicio hacia las reglas políticas que en el fondo no es sino un viejo mito antidemocrático. La democracia se caracteriza por el respeto a las leyes y a sus formas, y si algo demostró la Transición española es que es posible cambiar sin traumas incluso la legalidad de una dictadura. La gente de las acampadas no puede olvidar que, además de la presión de la calle, dispone de una contundente herramienta que se llama voto, al que los políticos temen como los agricultores al granizo. Por muy desencantados y cabreados que estén, han de entender la contradicción que supone clamar por la falta de representatividad de unos diputados elegidos por millones de españoles y en cambio creer que ellos sí representan algo más que a sí mismos. Por ese camino circulan a contramano y se van a equivocar de ruta. Ocurrió el 22 de mayo: mientras ellos se instalaban en las plazas a vivir su emocionante bautismo asambleario el resto iba a las urnas en proporción abrumadoramente superior. Un rito muy aburrido pero infinitamente más eficaz.
Las tarjetas rojas a los políticos son una manera civilizada de expresar descontento. No estaría de más que se las enseñasen también a los bárbaros antisistema que están prostituyendo su causa.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 17 de junio 2011)
LA indignación, como la libertad, no es patrimonio de nadie. Indignados están muchos millones de españoles —el 22 por ciento según el CIS— sin necesidad de formar parte del movimiento que ha empezado a usurpar el legítimo malestar social por la crisis y la pésima gestión que de ella hace la clase dirigente. Por eso quienes de verdad y buena fe convirtieron esta movilización en un interesante fenómeno de protesta popular deberían ser los más interesados en evitar que su causa caiga en manos de un grupo de radicales propensos a la exaltación y la algarada. La amplia simpatía que despertó la revuelta se está trocando en rechazo o distancia ante la okupaciónchabolística de espacios públicos urbanos, y corre el riesgo de diluirse del todo si aumentan los episodios de marginalidad antisistema. A veces da la impresión de que ante el decaimiento de la atención mediática, los resistentes que se han apoderado de la titularidad del motín tratan de recuperar protagonismo mediante una estrategia de provocación que busca titulares de telediario tratando de forzar una represión violenta en la que crecerse.
La asonada de la otra noche ante el Congreso se deslizó por una peligrosa pendiente antidemocrática al cuestionar nada menos que la soberanía del Parlamento. Unos cientos de personas que sólo se representan a sí mismas no pueden impugnar la representatividad de unos diputados limpia y libremente elegidos por treinta millones de ciudadanos. Han confundido la crítica al mal ejercicio de la función representativa, que ciertamente deja mucho que desear, con la refutación del principio esencial del régimen democrático. De ahí a romper las urnas, o a negar su legitimidad, hay muy poco trecho. Un trecho que en todo caso no parece dispuesta a recorrer la mayoría de los ciudadanos, por muy indignada o cabreada que se halle.
Otra cosa es el desafecto popular ante una dirigencia pública que no entiende a la gente, y a la que lo único que preocupa del movimiento crítico es su capacidad de desestabilización y el modo de utilizarla en beneficio propio. Mientras los políticos hacen del 15-M un análisis de impacto electoral o estudian la manera de apropiarse de su potencial como fuerza de choque, está creciendo un virus social nihilista, con alta capacidad de desestabilización, que empieza a descreer del sistema en sí mismo. Ése es el verdadero riesgo. La cohesión democrática no cruje por unas manifestaciones de extremistas, sino por ese silencioso 22 por ciento —y a más— que está dejando de confiar en los mecanismos institucionales por falta de ejemplaridad y de eficacia. Esa proporción de escépticos se parece demasiado a la tasa de paro. Y para convencerlos no basta con pedagogía política; la mejor defensa de la democracia es lograr que funcione.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 10 de junio de 2011)
SÓLO en las cinco diputaciones andaluzas que ha perdido el PSOE hay más de quinientos cargos de libre designación, que el PP deberá reducir, según sus promesas, a una cuarta parte. En la comunidad de Castilla-La Mancha asciende a más del triple el número de puestos discrecionales, sin contar la masa laboral contratada —no funcionaria— de las empresas públicas. Y lo mismo ocurre en los ayuntamientos que van a cambiar de gobierno a consecuencia del tsunami electoral de mayo; en el de Sevilla, uno de los más inflacionarios de España en empleo artificial, existe incluso un asombroso gabinete técnico de la Presidencia del Pleno, con su correspondiente dotación de personal encargado de asesorar la extenuante tarea del concejal que dirige —¡una vez al mes!— las sesiones de la corporación. Con esta pléyade de estampillados, el relevo de poder se va a convertir en una escabechina si los entrantes cumplen su programa de adelgazamiento burocrático. La trama clientelar encastrada en las instituciones de larga dominancia socialista otorga a la derrota un rango de shock colectivo: no sólo supone un trauma político sino una multitudinaria experiencia dramática.
Es el problema de haber transformado la política en un modo de vida. El poder en España es una industria de la que dependen miles de empleos directos y muchos más indirectos a través de cientos de programas de actividades subvencionadas. Sólo que, aunque a menudo sus beneficiarios tienden a olvidarlo, se trata de una industria con alto índice de estacionalidad intrínseca. Para evitar los perniciosos vaivenes del turnismo se dotó de estabilidad a los funcionarios públicos en un intento de preservar su independencia, pero los aparatos de partido han soslayado el inconveniente creando enormes superestructuras administrativas paralelas compuestas por el llamado «personal de confianza». Es decir, correligionarios, miembros de la tribu adscritos al presupuesto por militancia o afinidad ideológica. Parientes políticos, en sentido tanto literal como figurado.
Esa altísima tasa de discrecionalidad transforma las elecciones en una batalla por la supervivencia, mucho más cruda en época de contracción del mercado de trabajo. Y forma parte de un oculto argumentario partidista que nunca aflora en la retórica oficial. Cuando el Gobierno anuncia su intención de agotar la legislatura contra la lógica de su propia extenuación política apela a razones de estabilidad de la gobernanza, pero está protegiendo también diez nóminas mensuales de miles de cargos públicos incrustados en la fontanería institucional. Los partidos funcionan como gigantescas oficinas de empleo y en cada coyuntura electoral se juegan un ERE masivo y despiadado. Por eso en este áspero debate del desalojo municipal y autonómico lo que subyace no es el montante de la deuda heredada sino el amargo resquemor de los privilegios perdidos.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 8 de junio de 2011)
EL modelo autonómico dejó de funcionar hace tiempo, pero es intocable. Después de pasarse varios años discutiendo en mayor o menor medida la necesidad de reformarlo, reconducirlo o como mínimo embridar el gasto desbocado de las autonomías, los grandes partidos lo han declarado tema tabú en estas elecciones que ventilan el poder en trece comunidades. De repente ha desaparecido el debate, que estaba hasta hace bien poco en la agenda inmediata del ajuste del déficit. Y sigue estando, claro, sólo que los gabinetes de campaña han prohibido mencionarlo; no se ganan votos prometiendo apretones de cinturón. Por eso en los mítines se habla —se grita, más bien— del paro, de la extrema derecha, de los culpables de la crisis, de Bildu, de los sondeos, de la corrupción, y se llama a votar en clave nacional pero está vetado mencionar uno de los problemas esenciales de la nación, que es el diseño territorial del Estado. En las elecciones autonómicas no se puede tratar el asunto de las autonomías.
Al fondo de este chocante silencio está el papel fundamental de los poderes regionales como agentes principales del clientelismo político. Las comunidades autónomas son el primer aparato de colocación de España, una fábrica de cargos públicos a pleno rendimiento, y también el primer distribuidor de recursos, subvenciones, licencias de actividad y contratos de obras o de servicios. Su máquina de gastar resulta imprescindible para el funcionamiento de un tejido partidista basado en la capacidad de aglutinar lealtades mediante el reparto de favores entre afiliados y simpatizantes. El PP y el PSOE se han convertido de hecho en confederaciones de estructuras territoriales que ejercen de verdaderos califatos y determinan con su peso específico la elección de los líderes nacionales. Y en el caso de los nacionalismos, autonomía y partido forman una simbiosis elemental, conceptualmente indisoluble hasta el punto de que fuera del poder peligra la supervivencia misma de la organización. Los gobiernos que salgan de las urnas el domingo controlarán una inmensa porción del gasto público, que es el combustible de la política.
Todos los participantes en las elecciones saben que será necesario un recorte en esa nómina hipertrofiada, que habrá que podar organigramas, reducir cargos y ajustar plantillas, pero confían en minimizar su parte de la rebaja y en todo caso no están dispuestos a asumir sus costes de antemano. Aunque en la mayoría de los casos han renunciado a prometer inversiones que no podrán acometer, lo que de ningún modo aceptan es que se adelante el debate sobre la propia estructura del modelo que garantiza sus cuotas de liderazgo. Ése será un debate para las generales, y probablemente tan estéril como hasta ahora porque en España ya no hay poderes nacionales libres de la condición de rehenes de sus virreinatos.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 16 de mayo de 2011)
EL Greco le ha hecho un retrato a la política española y la ha sacado más bien enfermiza y poco favorecida, con cara pálida, gesto tramposo y aspecto de estar podrida por dentro. Además de un pintor excelso cuya obra cumbre cuelga paredaña con el despacho toledano de José María Barreda, el GRECO es el acrónimo del Grupo de Estados contra la Corrupción, organismo del Consejo de Europa dedicado a analizar lo que su propio nombre indica. Por segunda vez en dos años dicho observatorio ha pintado un cuadro inquietante de las finanzas de nuestros partidos, que salen perfiladas por su lado más siniestro y borroso: gastos desmedidos, ingresos opacos, deudas galopantes, cuentas sin auditar y un sospechoso compadreo de créditos bancarios y cancelaciones dudosas. Todo ello rodeado de esperanzadoras promesas de regeneración que nunca pasan del plano de la retórica.
Nada que no supiésemos, por supuesto, pero tampoco nada que se pueda ocultar a una mirada objetiva y sin contaminar por la red de intereses que domina la partitocracia española. El informe del GRECO irrumpe de forma muy clarificadora en un debate electoral dominado por la presencia en las candidaturas autonómicas y locales de numerosos implicados en tramas corruptas, y viene a demostrar que la clase política tiene poco interés real en depurar un sistema envilecido por la falta de transparencia y un indulgente autoamparo. Los partidos son máquinas de gastar inmunes a los principios de austeridad y de igualdad de oportunidades, y utilizan el poder para un turbio tráfico de favores administrados discrecionalmente según la muy habitual ley del embudo. Chulean al Tribunal de Cuentas, se autoadjudican subvenciones, olvidan pagar los créditos y como todo dinero les parece poco recurren a intermediarios inescrupulosos para organizar mecanismos de financiación paralela. Cuando la sociedad les demanda —tímidamente, por cierto— un mínimo de decencia a sus dirigentes sólo se les ocurre pedir más fondos públicos; ni por asomo les sobreviene la posibilidad de reducir el despilfarro, de someterse a una regulación de cuotas y donaciones o de depender de sus simpatizantes a través de porcentajes del IRPF.
El origen de la corrupción está en esa codicia corporativa más que en las manos largas de algunos desaprensivos que no podrían enriquecerse sin prestar servicios a las organizaciones que de un modo u otro los amparan. Por eso la tolerancia y la renuencia a adoptar medidas regeneradoras; ni los mismos dirigentes llegan a saber hasta dónde alcanzan las responsabilidades en un sistema tan degradado. Se limitan a reprocharse mutuamente escándalos en la confianza de que los de unos compensan los de los otros. Y a tirar para adelante ocultando las miserias, aunque de vez en cuando venga un Greco y los retrate a todos juntos con las manos sucias y la sonrisa falsa.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 27 de abril de 2011)
Somos cidadãos e cidadãs nascidos depois do 25 de Abril de 1974. Crescemos com a consciência de que as conquistas democráticas e os mais básicos direitos de cidadania são filhos directos desse momento histórico. Soubemos resistir ao derrotismo cínico, mesmo quando os factos pareciam querer lutar contra nós: quando o então primeiro-ministro Cavaco Silva recusava uma pensão ao capitão de Abril, Salgueiro Maia, e a concedia a torturadores da PIDE/DGS; quando um governo decidia comemorar Abril como uma "evolução", colocando o "R" no caixote de lixo da História; quando víamos figuras políticas e militares tomar a revolução do 25 de Abril como um património seu. Soubemos permanecer alinhados com a sabedoria da esperança, porque sem ela a democracia não tem alma nem futuro. O momento crítico que o país atravessa tem vindo a ser aproveitado para promover uma erosão preocupante da herança material e simbólica construída em torno do 25 de Abril. Não o afirmamos por saudosismo bacoco ou por populismo de circunstância. Se não é de agora o ataque a algumas conquistas que fizeram de nós um país mais justo, mais livre e menos desigual, a ofensiva que se prepara - com a cobertura do Fundo Monetário Internacional e a acção diligente do "grande centro" ideológico - pode significar um retrocesso sério, inédito e porventura irreversível.
Entendemos, por isso, que é altura de erguermos a nossa voz. Amanhã pode ser tarde. O primeiro eixo dessa ofensiva ocorre no campo do trabalho. A regressão dos direitos laborais tem caminhado a par com uma crescente precarização que invade todos os planos da vida: o emprego e o rendimento são incertos, tal como incerto se torna o local onde se reside, a possibilidade de constituir família, o futuro profissional. Como o sabem todos aqueles e aquelas que experienciam esta situação, a precariedade não rima com liberdade. Esta só existe se estiverem garantidas perspectivas mínimas de segurança laboral, um rendimento adequado, habitação condigna e a possibilidade de se acederem a dispositivos culturais e educativos. O desemprego, os falsos recibos verdes, o uso continuado e abusivo de contratos a prazo e as empresas de trabalho temporário são hoje as faces deste tempo em que o trabalho sem direitos se tornou a norma. Recentes declarações de agentes políticos e económicos já mostraram que a redução dos direitos e a retracção salarial é a rota pretendida. Em sentido inverso, estamos dispostos a lutar por um novo pacto social que trave este regresso a vínculos laborais típicos do século XIX. O segundo eixo dessa ofensiva centra-se no enfraquecimento e desmantelamento do Estado social. A saúde e a educação são as duas grandes fatias do bolo público que o apetite privado busca capturar. Infelizmente, algum caminho já foi trilhado, ainda que na penumbra. Sabemos que não há igualdade de oportunidades sem uma rede pública estruturada e acessível de saúde e educação. Estamos convencidos de que não há democracia sem igualdade de oportunidades. Preocupa-nos, por isso, o desinvestimento no SNS, a inexistência de uma rede de creches acessível, os problemas que enfrenta a escola pública e as desistências de frequência do ensino superior por motivos económicos. Num país com fortes bolsas de pobreza e com endémicas desigualdades, corroer direitos sociais constitucionalmente consagrados é perverter a nossa coluna vertebral democrática, e o caldo perfeito para o populismo xenófobo. Com isso, não podemos pactuar. No nosso ponto de vista, esta é a linha de fronteira que separa uma sociedade preocupada com o equilíbrio e a justiça e uma sociedade baseada numa diferença substantiva entre as elites e a restante população. Por fim, o terceiro e mais inquietante eixo desta ofensiva anti-Abril assenta na imposição de uma ideia de inevitabilidade que transforma a política mais numa ratificação de escolhas já feitas do que numa disputa real em torno de projectos diferenciados. Este discurso ganhou terreno nos últimos tempos, acentuou-se bastante nas últimas semanas e tenderá a piorar com a transformação do país num protectorado do FMI. Um novo vocabulário instala-se, transformando em "credores" aqueles que lucram com a dívida, em "resgate financeiro" a imposição ainda mais acentuada de políticas de austeridade e em "consenso alargado" a vontade de ditar a priori as soluções governativas. Esta maquilhagem da língua ocupa de tal forma o terreno mediático que a própria capacidade de pensar e enunciar alternativas se encontra ofuscada. Por isso dizemos: queremos contribuir para melhorar o país, mas recusamos ser parte de uma engrenagem de destruição de direitos e de erosão da esperança. Se nos roubarem Abril, dar-vos-emos Maio!
Alexandre de Sousa Carvalho - Relações Internacionais, investigador; Alexandre Isaac - antropólogo, dirigente associativo; Alfredo Campos - sociólogo, bolseiro de investigação; Ana Fernandes Ngom - animadora sociocultural; André Avelãs - artista; André Rosado Janeco - bolseiro de doutoramento; António Cambreiro - estudante; Artur Moniz Carreiro - desempregado; Bruno Cabral - realizador; Bruno Rocha - administrativo; Bruno Sena Martins - antropólogo; Carla Silva - médica, sindicalista; Catarina F. Rocha - estudante; Catarina Fernandes - animadora sociocultural, estagiária; Catarina Guerreiro - estudante; Catarina Lobo - estudante; Celina da Piedade - música; Chullage - sociólogo, músico; Cláudia Diogo - livreira; Cláudia Fernandes - desempregada; Cristina Andrade - psicóloga; Daniel Sousa - guitarrista, professor; Duarte Nuno - analista de sistemas; Ester Cortegano - tradutora; Fernando Ramalho - músico; Francisca Bagulho - produtora cultural; Francisco Costa - linguista; Gui Castro Felga - arquitecta; Helena Romão - música, musicóloga; Joana Albuquerque - estudante; Joana Ferreira - lojista; João Labrincha - Relações Internacionais, desempregado; Joana Manuel - actriz; João Pacheco - jornalista; João Ricardo Vasconcelos - politólogo, gestor de projectos; João Rodrigues - economista; José Luís Peixoto - escritor; José Neves - historiador, professor universitário; José Reis Santos - historiador; Lídia Fernandes - desempregada; Lúcia Marques - curadora, crítica de arte; Luís Bernardo - estudante de doutoramento; Maria Veloso - técnica administrativa; Mariana Avelãs - tradutora; Mariana Canotilho - assistente universitária; Mariana Vieira - estudante de doutoramento; Marta Lança - jornalista, editora; Marta Rebelo - jurista, assistente universitária; Miguel Cardina - historiador; Miguel Simplício David - engenheiro civil; Nuno Duarte (Jel) - artista; Nuno Leal - estudante; Nuno Teles - economista; Paula Carvalho - aprendiz de costureira; Paula Gil - Relações Internacionais, estagiária; Pedro Miguel Santos - jornalista; Ricardo Araújo Pereira - humorista; Ricardo Lopes Lindim Ramos - engenheiro civil; Ricardo Noronha - historiador; Ricardo Sequeiros Coelho - bolseiro de investigação; Rita Correia - artesã; Rita Silva - animadora; Salomé Coelho - investigadora em Estudos Feministas, dirigente associativa; Sara Figueiredo Costa - jornalista; Sara Vidal - música; Sérgio Castro - engenheiro informático; Sérgio Pereira - militar; Tiago Augusto Baptista - médico, sindicalista; Tiago Brandão Rodrigues - bioquímico; Tiago Gillot - engenheiro agrónomo, encarregado de armazém; Tiago Ivo Cruz - programador cultural; Tiago Mota Saraiva - arquitecto; Tiago Ribeiro - sociólogo; Úrsula Martins - estudante.
(Manifiesto publicado en el diario portugués "Expresso" el 22 de abril de 2011)
ES típico de los finales de legislatura buscar una salida digna a los profesionales que han trabajado para el partido de gobierno. Un proceso habitual que hay que saber contener, porque tiene tendencia al gigantismo y puede llegar a desvirtuar al Estado, a capturarlo por interés partidista cuando el cambio de color político es inminente. Entonces se apodera de los funcionarios de partido y de sus compañeros de viaje una especie de horror vacui, una sensación de derribo que liquida precipitadamente la legislatura. Esto es lo que pasa en Andalucía pero se había conseguido evitar en el gobierno central hasta que alguien ha descubierto el botín de la renovación de los consejos de los organismos reguladores. El espectáculo está siendo tremendo, impropio de una economía madura y una sociedad democrática en la que las instituciones deberían de estar por encima de las personas. Que dos secretarios de Estado sean los candidatos oficiales a presidir las Comisiones Nacionales de Energía y del Mercado de las Telecomunicaciones dice mucho de la idea que tiene este gobierno de la independencia de estos organismos. Si tal es el descaro en estos nombramientos que llevan aparejado escrutinio público y cierto coste político, qué pasará en las designaciones ministeriales directas. Me temo que bien pueden parecerse a una república bananera.
Este gobierno prometió en las elecciones dotar de plena autonomía operativa, funcional, económica y personal a los reguladores económicos y ahora los utiliza como su finca particular para pagar favores. No lo hizo por capricho, sino por exigencia de los organismos internacionales que insistían que ésta era precisamente una de las reformas estructurales que aumentaría la productividad de la economía española. Toda la teoría y la evidencia empírica demuestran que cuando las tarifas públicas las fijan técnicos independientes y sin disciplina política, los servicios públicos son más eficientes, funcionan mejor y son más baratos. Pero el gobierno ha preferido ocupar los organismos reguladores, ponerlos a su servicio y utilizarlos en el cambalache político para asegurarse un año más de legislatura. La instrumentalización del Estado al servicio del partido gubernamental es una manifestación más de la degeneración democrática de esta legislatura, del deterioro institucional que quedará como un daño permanente de la gestión del presidente Zapatero.
Nunca antes nadie se había atrevido a tanto, pero es que nunca antes nadie había sentido tanto desprecio por sus propias palabras. Hace poco más de un mes que el gobierno aprobaba la ley de Economía Sostenible. Uno de sus objetivos era garantizar la independencia de los organismos reguladores. Establecía para los candidatos un mecanismo de audiencia pública en el Congreso, otro intento de copiar un procedimiento anglosajón y traspasarlo al sistema político español. Es obvio qué será un nuevo injerto fallido. Con estos candidatos es fácil imaginar cómo van a ser estas audiencias. La disciplina de voto se impondrá como un rodillo, ¡ay de aquél que ose disentir de su partido y se atreva a hacer preguntas inteligentes sin desvelárselas antes al candidato oficial! Los diputados saben bien con quien se juegan su futuro. Zapatero y sus ministros han vuelto a prestar un mal servicio al país. De un plumazo, literalmente, se han cargado la esperanza de contar con organismos independientes nutridos de profesionales competentes y con libertad de criterio. Será divertido oírles rasgarse las vestiduras cuando dentro de un año aproximadamente el PP cambie la norma y cese a todos los consejeros. Es lo que tiene vivir en un país periférico, que el riesgo regulatorio es muy elevado.
(Artículo de Fernando Fernández, publicado en "ABC" el 21 de abril de 2011)
ES falso de toda falsedad el rumor de que El Bigotesha declinado ir en la lista del PP para la Comunidad Valenciana. No lo es en cambio, por desgracia, que casi sea verosímil habida cuenta de que en dicha candidatura figura una decena de imputados y/o implicados en mayor o menor grado con las tramas de Gürtel y Brugal, impuestos por el presidente Camps no se sabe si para reivindicar su inocencia, para aforarlos judicialmente o para lanzarle un órdago a Mariano Rajoy. Quizá para las tres cosas. Lo cierto es que, una vez admitida por el líder nacional la presencia en el listado del propio Camps, éste no tenía ningún motivo para no aplicar a sus colaboradores la presunción de honestidad que ha recabado para sí mismo. El resultado de la debilidad de uno y de la osadía del otro es un destrozo moral que avería la credibilidad del Partido Popular para exigir limpieza y regeneración en la vida pública, ofrece munición a los socialistas y arruina el discurso crítico contra la corrupción en Andalucía. Demasiado precio para una mayoría que el centro-derecha tiene garantizada en Valencia con cualquier otro candidato.
Se puede comprender que Camps haya pecado de obstinación, empeñado como está en reivindicar su honradez y basar su línea de defensa en la negación de cualquier atisbo de culpa en el asunto de los trajes, regalo que casi todo el mundo da por sentado que existió aunque no constituya motivo para condenarle al fuego eterno. Lo que ya se entiende menos es la benevolencia de un Rajoy que entre el principio de autoridad y el beneficio de la duda ha optado por lo segundo. La doctrina exigente que predica el PP en materia de integridad pública le obliga a ser riguroso con su propia conducta, y aunque el presidente valenciano sea objetivo de una exagerada cacería, resulta evidente que va a sentarse en el banquillo de los acusados con todo lo que ello comporta de desprestigio político. En un caso similar fulminó Aznar al mallorquín Cañellas, aunque sobre éste pesaban acusaciones mucho más graves. Rajoy no puede permitir que su camino a La Moncloa quede empedrado de suspicacias; en su calidad de líder tiene la última palabra y debía haberla usado para vetar a Camps en vista de que el interesado se lo ponía difícil en lo que no cabe contemplar sino como un desafío. Si al final sale absuelto ya tendrá tiempo de rehabilitarlo y hasta de nombrarlo ministro cuando sea presidente del Gobierno.
Al permitir una cuerda de sospechosos en sus listas, la dirección popular sólo dilata hasta después del 22 de mayo el problema que plantea en Valencia su aparato político, contaminado de connivencias con tipos de dudosa reputación y mal pelaje. Mala decisión. Para alcanzar el poder a veces hay que utilizar la guillotina sin contemplaciones y dejar, como dicen los árabes, que Dios —o la justicia, o la opinión pública— reconozca a los justos cuando lleguen a su seno.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 14 de abril de 2011)
UNITI, ALMENO UN GIORNO
L'Italia che oggi arriva al suo 150° compleanno, e lo celebra in Parlamento e nelle piazze, è un Paese su molti aspetti diviso. Dalla storia, e dalla geografia. Sulla memoria storica, e sugli interessi territoriali. Ma è un grande Paese, che può essere orgoglioso del contributo di bellezza, sapere, lavoro che con i suoi artisti, scienziati, emigranti ha dato all'umanità. Il Paese degli ottomila Comuni, che a ogni collina cambia accento, paesaggio, costumi e prodotti, ma che mantiene una vocazione universale: la classicità e la cristianità, i Cesari e i Papi; il Rinascimento, con cui insegnò al mondo a raffigurare e pensare le cose, e il Risorgimento, con cui si riaffacciò sulla scena internazionale. Perciò oggi è giusto festeggiare, tutti insieme; senza che questo implichi essere tutti d'accordo, condividere la stessa idea dell'Italia.
Il Risorgimento che unificò la penisola scontentò cattolici e repubblicani, e comportò una guerra civile al Sud. Anche la Costituzione nacque alla fine di un sanguinoso scontro interno. Il dopoguerra è stato segnato prima dalle contrapposizioni ideologiche, poi da quelle personali. Oggi la festa è contestata al Nord dai leghisti - anche se non da tutti - e al Sud da un movimento che sarebbe riduttivo definire neoborbonico, e presto troverà una sua forma di rappresentanza politica, una lega del Mezzogiorno. Ma Paesi considerati più patriottici del nostro hanno alle spalle divisioni anche peggiori. Gli Stati Uniti furono lacerati da una guerra civile che lasciò il Sud pressoché distrutto. I francesi si sono trucidati tra loro negli anni della Rivoluzione e della Comune. Spagna e Regno Unito si misurano da decenni con separatisti armati. Eppure i nostri vicini e alleati si riconoscono in valori comuni. Ciò che unisce è più di ciò che divide. Perché lo stesso non dovrebbe valere per noi?
Non si tratta di ricostruire in laboratorio impossibili memorie condivise, ma di riconoscere che pure noi italiani abbiamo un passato di cui possiamo andare fieri e un futuro ricco di possibilità. L'attaccamento alle piccole patrie, ai dialetti, ai Comuni è giusto e utile, è la ricchezza che il mondo globale ci chiede; e può stare assieme al legame con la patria comune che ci comprende tutti.
Ce lo insegnano Alessandro Manzoni, grande italiano e grande milanese, che compose l'ode oggi ripubblicata dal Corriere quand'era ancora cittadino austriaco. E Daniele Manin, acclamato dai veneziani che sventolavano il vessillo con il leone di San Marco e il Tricolore. Oggi ricordiamoci anche di Ciampi, quando dice di sentirsi livornese, toscano, italiano ed europeo. E di Napolitano, quando ricorda l'influenza fortissima sull'identità italiana di Napoli e l'urgenza del suo riscatto. Anche nelle nostre famiglie c'è un personaggio che ha contribuito a fare la storia d'Italia. Nel Risorgimento, nelle due Guerre mondiali, nelle varie forme che assunse la Resistenza, nella ricostruzione. Oggi raccontiamone la storia ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ritroviamo quel frammento di memoria nazionale che ogni casa custodisce, magari in forma di lettere, cimeli, ritratti. E non temiamo le sofferenze che pure ci portiamo dietro; perché anche di quelle possiamo essere orgogliosi, anche quelle servono a costruire un futuro che oggi potrebbe apparirci meno avaro e meno incerto.
(Artículo de Aldo Cazzullo, publicado en "Il Corriere della Sera" el 17 de marzo de 2011)
DURANTE muchos años, los libios van a reprochar al mundo libre su injustificable falta de coherencia y su inacción en estos tristes momentos en los que Gadafi destruye su propio país. A pesar de la evidencia inapelable de los hechos, el mundo libre ha faltado a sus principios y está abandonando a todos los libios que hoy luchan por la libertad, aunque con ello corramos el riesgo de dejarlos en el futuro en manos de los extremistas islámicos, y de provocar una suerte de éxodo hacia Occidente de miles de musulmanes descontentos en busca de otro modo de vida. Es necesario pasar por alto los convencionalismos de salón y tomar las decisiones que puedan evitar, precisamente, escenarios indeseables que mañana resultarían mucho más peligrosos y costosos de afrontar. En estas mismas páginas ya se ha evocado la posibilidad de que en Libia se pueda reproducir el modelo de Somalia, cuya sola mención debería bastar para no seguir mirando hacia la costa sur del Mediterráneo como si lo que allí sucede no fuera más que un desastre meteorológico. Pese a ello, si la ONU y la Unión Africana sienten cómo chirrían sus estructuras ante los tardíos debates abiertos en su seno sobre el destino de Gadafi y su familia, se debe, sobre todo, a la incapacidad de Estados Unidos y Europa para liderar un movimiento claro y activo de condena contra un tirano cuyo innoble comportamiento era de sobras conocido desde hace mucho tiempo.
Libia es sólo un elemento —y ni siquiera el más grande— de un conjunto de escenarios que pueden causar abruptamente un daño terrible a nuestro confiado modo de vida. Es imposible predecir lo que puede suceder, por ejemplo, en Irán, cuya influencia en los mercados energéticos es mucho mayor que la de Libia y está dirigido por una versión persa y mucho más agresiva que la que representa el sátrapa norteafricano. ¿Qué pueden esperar de Occidente los partidarios de la democracia cuando salgan a manifestarse a las calles de Teherán bajo las balas de Ahmadineyad? Es evidente que la fragilidad de las sociedades modernas frente a un entorno inestable no se resuelve cultivando cierto tipo de relaciones que, a la postre, equivalen a rodearse de un campo de minas, sino preparándose concienzudamente para hacer frente a los riesgos y trabajando con decisión para eliminarlos cuando sea posible, no mirando para otro lado.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 27 de febrero de 2011)
Las crisis tienen vencedores y vencidos. Cuando salimos del túnel nos encontramos con un paisaje recién estrenado, en el que nada está en su sitio. Algunos jugadores han desaparecido. Otros han quedado disminuidos y contarán poco a partir de ahora. Unos terceros son los que han seguido el consejo del nuevo alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, que ha vencido en las elecciones de su ciudad después de dejar la Casa Blanca de Obama, donde fue jefe del gabinete presidencial, el equivalente a un primer ministro: no desaproveches una buena crisis.
Sucede con las crisis económicas como la que estamos atravesando; pero también con las políticas, como las que afectan a todos los países árabes. En este caso, además, es una crisis revolucionaria, que pone de cabeza para abajo los sistemas de poder que han venido funcionando en toda la zona desde que terminó la etapa colonial. Si la crisis de las hipotecas subprime se llevó por delante la banca de Wall Street, esta crisis revolucionaria ya se ha cargado a tres grandes empresas y monopolios de poder que controlaban nada menos que una población total de 100 millones de habitantes, dos millones de kilómetros cuadrados y tres países enteros, con extensos recursos energéticos y turísticos y el control de una vía de comunicación estratégica como el canal de Suez.
Aprovechar las crisis quiere decir utilizarlas para sacar grasa de los negocios actuales e imaginar otros nuevos, acordes con los nuevos tiempos. También estamos hablando de negocios políticos. Los clanes mafiosos derrocados poco podrán aprovechar, pero sus socios, amigos y aliados todavía estarán a tiempo, si espabilan. Dos recientes reacciones proporcionan excelentes ejemplos de capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. El primero es el del presidente israelí, Simon Peres, en su viaje a España, entusiasmado con la revolución árabe: "La democracia de nuestros vecinos es la mejor garantía para la paz". El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, no le va a la zaga ni en entusiasmo ni en declaraciones. "En lugar de matar a la gente, escúchenla", ha dicho dirigiéndose a Gadafi. Seguro que los bancos, fondos de inversiones y socios empresariales de los tres clanes mafiosos seguirán similar conducta, guiada por las juiciosas y célebres palabras inventadas por Giuseppe Tomasi di Lampedusa en boca de su Gatopardo: "Que todo cambie para que nada cambie".
De momento es evidente que algunos se muestran ajenos a la vieja sabiduría del poder y se aferran al mundo antiguo en su hundimiento. La gran mayoría de los países árabes donde la revolución todavía no ha cuajado están maquillando a toda prisa sus miserables sistemas de dominación feudal. Liberación de presos políticos, subsidios a los alimentos, ayudas directas a las familias, destitución de ministros quemados o promesas de reformas constitucionales. Ejemplo de una mediocre reacción a los retos que se les presentan a tales regímenes lo encontramos en las palabras del rey de Marruecos, Mohamed VI, que se niega a responder ante unas pretensiones de democratización que considera demagógicas.
Algo similar sucede con las viejas potencias coloniales europeas, perdedoras en sucesivas oleadas de cambios, y perdedoras ahora, a juzgar por sus lamentables reacciones ante la crisis revolucionaria. El caso más sangrante es el de Francia, cuya política exterior ha entrado en barrena al mando de Nicolas Sarkozy, un presidente tachado de aficionado, impulsivo y excesivamente mediático desde las filas de su propia diplomacia. Lo dice el escrito de un grupo de altos funcionarios del Quai d'Orsay, publicado con pseudónimo en el diario Le Monde, en el que denuncian la desaparición de la voz de Francia en el mundo. Todo lo que se aplica a Francia tiene valor también para la Unión Europea, que inaugura el "servicio exterior mayor del mundo" con un naufragio de reglamento.
¿Hay vencedores? Los hay y ya de partida. Turquía, claramente. Quienes buscan la mano que mece la cuna en todo proceso de cambios históricos pueden fijarse en Ankara y en el próspero futuro del islamismo moderado de Recep Tayyip Erdogan. También los habrá por fuerza de su voluntad. Difícil pensar que Israel, abiertamente perjudicado ahora, no pugne por sacar provecho de la crisis. Teherán ya ha movido ficha: dos buques de guerra suyos han entrado en el Mediterráneo por Suez, por primera vez desde 1979. Queda claro que le aprovecha el cambio. Quien nada arriesga, como es el caso de la mayor parte de los países europeos, España incluida, seguro que nada gana. Los rendimientos de las crisis, también las revolucionarias, serán para quien los trabaje.
(Artículo Lluís Bassets, publicado en "El País" el 24 de febrero de 2011)
EL PP está reiterando sus quejas por el carácter progubernamental de algunas actuaciones muy cualificadas del fiscal general del Estado, no solo en asuntos de corrupción que afecten a ese partido, sino también en otros de extraordinario interés público, como lo fueron algunos sumarios contra el entramado batasuno durante la negociación política del Gobierno con ETA, y lo es, actualmente, el «caso Faisán». El hecho de que estas protestas vengan de un partido político, y al margen de que puedan incurrir en algún exceso verbal, no obsta a la gravedad de las responsabilidades que incumben al Gobierno y a Conde-Pumpido por haber transformado la Fiscalía en un arma arrojadiza contra la oposición y en una mordaza para ocultar la verdad incómoda. La escandalosa malversación de fondos públicos en los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía —ABC ofrece hoy el documento que prueba que el presidente del Gobierno andaluz avaló en su época de consejero los ERE irregulares— es el último episodio de la sujeción de la Fiscalía al interés del Gobierno. No es temerario pensar que si ese fraude hubiera sido cometido por el gobierno popular de Madrid, de Galicia o de Valencia, la reacción de la Fiscalía Anticorrupción habría consistido en una cadena de detenciones e imputaciones. El «caso Faisán» ha demostrado el oportunismo de la Fiscalía, que ha pasado de pedir el archivo del sumario a proponer diligencias con las que no sería extraño que pretenda crear un cortafuegos que proteja a los más altos cargos de Interior. Este es el Ministerio Fiscal que quería el PSOE, y para lograrlo reformó su Estatuto Orgánico, convirtiendo el principio de jerarquía en una forma de caudillaje que entrega el poder al fiscal general, después de haber convertido la Junta de Fiscales de Sala en su gabinete privado —pese a la calidad de muchos, no todos, de sus integrantes—, y el Consejo Fiscal, en un órgano decorativo.
La Justicia necesita reformas estructurales, y no solo en relación con el funcionamiento de los tribunales. El Ministerio Público se encuentra en su momento histórico de mayor descrédito y, si se produce un cambio de gobierno, su reforma ha de ser prioritaria para que la legalidad y la imparcialidad que proclama la Constitución como principios de su funcionamiento sean reglas de aplicación real, y no meras declaraciones de intenciones. La Fiscalía, compuesta por excelentes servidores públicos en su inmensa mayoría, es imprescindible para la defensa de los derechos y las libertades fundamentales y para promover la acción de la Justicia, pero no es su función servir de quinta columna del Gobierno en los tribunales.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 20 de febrero de 2011)
Hay pavor en la Internacional Autoritaria. No son buenos tiempos para los autócratas. Tampoco para sus amigos y aliados occidentales. La oleada revolucionaria promete un tiempo nuevo, que exigirá una forma de gobernar y de comportarse distinta, probablemente fuera del alcance de la mayoría de los dictadores y reyezuelos que roban y oprimen a sus ciudadanos.
Los jóvenes de la plaza Tahrir, los que de verdad han doblado el espinazo a una dictadura crucial en la geopolítica de Oriente Medio, han trazado una línea que organiza el mundo político del futuro: ya no valen las derechas y las izquierdas del siglo XX. Las ansias de libertad y prosperidad de esta nueva generación global y tecnológica dejan a un lado, y bajo un mismo estigma, a Fidel Castro y al coronel Gaddafi, a los reyezuelos de la Península Arábiga y al último dictador europeo, Aleksander Lukashenko; y, naturalmente, a los más eficaces y autoritarios de todos, quizás no lo más corruptos personalmente, como son los mandarines chinos.
Ahora hay que decidirse, para que todos sepamos quien queda de un lado y del otro de la línea y cómo debe tratarse desde la parte de acá a los de la parte de allá. Lo primero, pues, es saber si queremos estar al lado de los tunecinos y los egipcios, si les apoyamos en la construcción de la democracia y la prosperidad o preferimos seguir enredando.Washington ya ha dicho que sí, rotundamente, mientras que Bruselas no se sabe muy bien si ha dicho algo y qué ha dicho. Si atendemos a la gesticulación italiana con la inmigración estamos diciendo que no y que nos gustaba más el mundo anterior, con las poblaciones bajo el control de los dictadores. Si nos fijamos en Francia, basta con ver la cara que le está quedando a su ministra de Exteriores, Michèle Alliot-Marie, para ver que nos gustaban más los tiranos, con quienes tan buenas relaciones mantienen ciertas élites europeas, francesas sobre todo.
Esa nueva división del mundo entre autoritarios y liberales es tan sencilla de enunciar como difícil de definir y organizar. Después de un mes de vacilaciones, peleas domésticas y lluvia de críticas, la Casa Blanca y el departamento de Estado han empezado a ponerse a la tarea. Hay talentos del pesimismo que no cesan en su imprecación contra Barack Obama. Lo último que podía admitir el pensamiento más conservador es que Mubarak cayera o que vencieran los héroes de Tahrir y que no fuera por el impulso directo de una orden salida de Washington. El ensanchamiento de la libertad en el mundo se concibe como una reducción del poder y la fuerza de Estados Unidos. Curiosa forma de contemplar a un país que tiene sus orígenes en una revolución asentada sobre la idea de la libertad del ciudadano. De modo que EE UU ha hecho lo único que no les gusta estos apóstoles de la estabilidad: acompañar al movimiento y empezar a cambiar de posición en su actitud ante las dictaduras en el mundo.
Una nueva agenda de la libertad está ahora en el taller de las ideas para responder al desafío y poner al día a la política exterior de Washington. A diferencia de la anterior, la de George Bush, que también quería extender la democracia por el planeta, la de Obama no será militar, sino pacífica. No hay que cambiar regímenes a punta de pistola, sino exigirles que respondan pacíficamente a quienes se manifiestan pacíficamente; demandarles el reconocimiento de las libertades de expresión y de reunión; apoyar moralmente a los ciudadanos que se movilizan; y estimular a los regímenes para que respondan a las exigencias de cambio. Estas son unas primeras ideas esbozadas por el presidente, en su rueda de prensa del martes, en la que se declaró “en el lado correcto de la historia” y recordó que “la democracia es un lío, porque no tienes que negociar con una persona sino con un amplio abanico de puntos de vista”.
Hillary Clinton, la secretaria de Estado, el mismo día, amplió estas ideas con una notable intervención acerca del mundo digital. Es la tecnología la que amplia el espacio público compartido del siglo XXI. Los estados democráticos deben comprometerse para que el ágora global sea abierta y los ciudadanos cuenten con libertad de conectar. En el trato con las dictaduras, habrá que situar también en primer plan esta exigencia, que no afecta a un sector industrial, el de Internet y las telecoms, sino al futuro de la libertad en el mundo. La reacción de Washington ante Wikileaks no es el mejor modelo para esta nueva agenda, pero sí lo es el esfuerzo por atrapar la ola revolucionaria.
Como la revolución misma, el giro no ha hecho más que empezar y la nueva agenda, menos realista, más idealista, es apenas un esbozo que veremos crecer en los próximos meses.
(Artículo de Lluís Bassets, publicado en "El País" el 17 de febrero de 2011)
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¡MARCHANDO UNA DE VALORES!
Es difícil encontrar un síntoma más claro de la decadencia que afecta hoy a la sociedad europea como la de la continua invocación de que se han perdido los valores fundamentales de esa misma sociedad. Una prédica esta que se encuentra en labios de ciudadanos corrientes, de políticos cultivados, de clérigos de toda laya y de profesores de ética o sociología. Y no solo conservadores —como era casi obligado—, sino también socialdemócratas y progresistas. Todos ellos insisten en que la raíz de nuestros males está en el abandono de unos valores (fuesen los de igualdad, equidad, justicia, satisfacción diferida de los deseos, responsabilidad individual o solidaridad comunitaria) que poseímos en un pasado venturoso. Pero resulta que, como nos enseña unánime la historia, evocar una “edad áurea” en la que “se tenían valores” es un dato recurrente en toda sociedad en decadencia: miren si no a la fase terminal del Imperio Romano, o a la monarquía católica del siglo XVII, por poner algún ejemplo. ¿Cuál era el paradigma de autocomprensión entonces, sino el de una crisis que solo se invertiría si se recuperaban unos valores que habían existido en un pasado feliz, aunque nadie sabía cómo obrar tal milagro si no era mediante su puro deseo?
Ahora bien, dejando de lado esta congruencia repetida entre la prédica de los valores perdidos y la decadencia de una sociedad, ¿qué hay de cierto en la idea básica? ¿Han perdido sus valores fundantes las sociedades occidentales y, en particular, la española? La respuesta es que sí, pero que ello es un resultado inevitable del éxito en la construcción de esas mismas sociedades, lo que significa que el proceso no es reversible. Aunque parece que se nos ha olvidado, la mejor teoría sociológica del siglo XX advirtió hace ya decenios que lo que llamamos sociedad occidental moderna (es decir, la sociedad capitalista) se había construido mediante el uso y consumo parasitarios de unos valores y estructuras sociales típicamente premodernos y tradicionales, en los que se había apoyado para poder desarrollar la sociedad individualista y universalista de mercado. Pero que, y este era el punto relevante, la sociedad capitalista no era capaz de reproducir esos mismos valores tradicionales y preburgueses en que había basado su triunfo. Por ejemplo, escribía Habermas en 1977 que “la llamada ética protestante, con su insistencia en la autodisciplina, el ethos secularizado de la profesión y la renuncia a la gratificación directa por la diferida se funda en tradiciones que no pueden ya regenerarse sobre la base de la sociedad burguesa. La cultura burguesa en su conjunto nunca pudo reproducirse a partir de su propio patrimonio, sino que siempre se vio obligada a complementarse en cuanto a motivos activos (valores) con imágenes tradicionalistas del mundo”. Y lo mismo decía Cornelius Castoriadis: que el capitalismo se desarrolló usando de manera irreversible una herencia histórica creada por épocas anteriores que luego se vio incapaz de reproducir.
En términos más sencillos, si gracias al uso de los valores tradicionales de la sociedad premoderna y de una “burguesía austera” llegamos a poner en planta una “sociedad de la satisfacción” que precisa para subsistir de un tipo antropológico de individuo enfocado al consumo inmediato y al diferimiento de los costes y responsabilidades de su acción (como decía Galbraith), sería un tanto ingenuo echar en falta al individuo virtuoso original. ¡A ese lo consumimos para crear el nuevo, y con el nuevo tendremos que lidiar!
Aunque también es cierto que no procede arrojar sobre nuestra propia cultura una culpa excesiva (hasta en la manía de culparnos por todo demostramos nuestro etnocentrismo los europeos), porque parece inevitable que todo cambio sustancial de modelo social implique utilizar unos valores que se perderán al arribar al nuevo modelo. Basta mirar en derredor para ver en el mundo procesos simétricos de consumo parasitario de valores fundacionales que nunca podrán recuperarse: China, o Asia más en general, muestran hoy cómo unas sociedades en desarrollo usan de unos valores tradicionales de impronta genéricamente confuciana (el equivalente funcional a nuestra ética protestante, Max Weber dixit) para despegar y crear una nueva sociedad que es manifiestamente incapaz de reproducirlos porque precisa de un individuo distinto para mantenerse.
Por otra parte, y para confundir aún más la cuestión, el paradigma decadente de la “vuelta a los valores” gusta de incurrir en la falacia típica del intelectualismo socrático: el obrar bien nace del saber bien, luego lo que hay que hacer es enseñar valores en la escuela, sea con asignaturas ad hoc sea con más horas de religión. Cuando en realidad deberíamos recordar que, como le decían los sofistas a Sócrates, la virtud no se aprende, sino que se adquiere por la práctica y el ejemplo. O, lo que es lo mismo, que la moral es sociogénica y cada sociedad tiene la moral común que le corresponde según su estructura y según los procesos que la sostienen. Ese es el orden lexicográfico entre mundo y valor, y no el contrario, nos guste o no. Así que... llorar menos por los valores perdidos y promover más la reforma del mundo. Ser menos decadentes, vamos.
(Artículo de José María Ruiz Soroa, publicado en "El País" el 21 de mayo de 2013)
TRANSFORMAR EL SISTEMA.
"Las nuevas generaciones no entran en la política (…) advierten que son extrañas totalmente a los principios, a los usos, a las ideas y hasta al vocabulario de los que hoy rigen los organismos oficiales de la vida española. ¿Con qué derecho se va a pedir que lleven, que traspasen su energía, mucha o poca, a esos odres tan caducos, si es imposible toda comunidad de transmisión, si es imposible toda inteligencia?" Así, de forma radical, incluso más en otros pasajes, se expresaba José Ortega y Gasset en su famosa conferencia del 23 de marzo de 1914 en un abarrotado Teatro de la Comedia de Madrid, titulada Vieja y nueva política. Concluía: “La nueva política tiene que ser toda una actitud histórica”.
Mucho se invoca a Ortega y Gasset estos días. Y no solo porque el filósofo fuera a la raíz de las cosas, sino porque estamos ante otro cambio de época. Y porque están reapareciendo algunos de los problemas sempiternos de España. Aunque haya que releer ese texto, y otros instructivos de la época en toda Europa, no es que hayamos vuelto a 1914 y al distanciamiento entre una España “oficial” y otra “vital”. Esta España, esta Europa y este mundo, son muy diferentes. Mas sí se vuelve a plantear la necesidad de una transformación del sistema político, de una nueva política. Si de algo ha de servir la advertencia de 1914 —ante una restauración canovista que no supo renovarse—, es para acelerar el cambio, y no tener que esperar otra larga agonía de 17, 30 o hasta 64 años para resolver situaciones.
Hay varias razones de peso para acelerar la transformación de la política en España. La primera es que el actual sistema político no hizo sonar las alarmas cuando tenía que haberlo hecho, con fallos multiinstitucionales. Y cuando llegó el desastre económico fue incapaz de responder al reto de la crisis. El sistema no ha podido generar ni los nuevos proyectos nacionales que hubieran sido necesarios ya hace cinco años ni acuerdos políticos y sociales para llevarlos a cabo cuando la situación se empezó a torcer. Ahora son incluso más necesarios. A los que defienden que hay que resolver la economía antes que la política hay que decirles que hoy es justamente la política la que impide resolver la economía al dificultar esos acuerdos y reformas que liberen las energías creativas que existen en este país como nunca antes. Hay que renovar un sistema caduco en el que las fuerzas políticas y los interlocutores sociales se han apolillado. Para esas reformas hay que romper intereses creados contra los que chocan un Gobierno tras otro. Menos mal que muchas de estas reformas las impone “Europa”, que sigue siendo parte esencial de “la solución”.
Pero Europa no bastará. Se necesita que el sistema político funcione bien para llevar a cabo las reformas económicas que requiere este país, y para que la sociedad las comprenda y las acepte. El distanciamiento entre la ciudadanía y la clase política lo dificulta. Hay que poner los instrumentos y los procesos para superarlo.
Diversos baremos objetivos (The Economist, Freedom House) apuntan a este deterioro de la democracia, y no solo en España. Pues muchos de estos problemas los tienen otros países de nuestro entorno. El deterioro de la democracia en el mundo viene de hace tiempo y se ha agravado en estos penosos años para Europa. Hay una crisis de gobernación derivada de la pujanza de las “cuatro fuerzas dominantes” a escala global, como las llama Thierry Malleret: la interdependencia, la complejidad, la aceleración y la transparencia.
Este deterioro no marca un camino hacia una dictadura. El peligro es ir hacia una no-democracia, o en el mejor de los casos, a la posdemocracia, como lo llamó Colin Crouch ya en 2005, antes de la crisis. El peligro es que la democracia española degenere en un simulacro protagonizado por actores atrincherados en el sistema institucional que impide el paso de fuerzas renovadas. Esas fuerzas podrían canalizarse por los mismos partidos y sindicatos, pero sus estructuras lo impiden. Tienen que cambiarlas o les cambiarán.
En España, la Transición fue un éxito, dadas las circunstancias. No se trata de negarlo, sino de entender lo ocurrido, y de partir de que aquel éxito no agotó la necesidad de renovación de la democracia española. Es más, los propios elementos del éxito —el establecimiento de partidos políticos donde no los había; unas Administraciones locales y regionales que han transformado para bien hasta los pueblos más recónditos, etcétera— han llevado al bloqueo, al gripaje, del sistema. A veces se nos olvida que así funciona la dialéctica histórica (en su sentido hegeliano): los aciertos producen sus propias contradicciones que es necesario superar, también para adaptar el sistema político a una sociedad española que ha cambiado en profundidad.
La transformación del sistema político requiere, claro está, de una profunda renovación de la Constitución que fue fruto de un momento histórico. Un nuevo compromiso con la Constitución ha de implicar renovar algunas de sus partes, y hacerla menos rígida. Hay que adaptarla a la vinculación con la Unión Europea, que está alcanzado una intimidad insospechada. También hay que modificar el sistema electoral, la Ley de Partidos, el Estado de las Autonomías y tantas instituciones, incluidos los sindicatos y la patronal. No bastarán cambios en las leyes, por muy importantes que sean. La nueva política requiere nuevas reglas, sí, pero también lo que Ortega y Gasset llamaba “nuevos usos” para dejar atrás viejos “abusos” y evitar que, como Alien, vuelvan a resurgir, como ha ocurrido en el actual sistema, el caciquismo, forma extrema de clientelismo, y otros malos modos, como la corrupción, que, ingenuamente, creímos desterrados de la vida política española.
Se requiere también recuperar ese sentido de la política en democracia que es la relación y el control de los ciudadanos sobre el Estado y las élites que eligen para que les gobiernen en una sociedad ahora conectada y con una mayor capacidad de participación. Función central de la política en democracia es reconciliar economía y sociedad. Y no lo hemos logrado. Hay un desentendimiento de las élites con la suerte de los ciudadanos que choca a más de un observador de países con un sentido democrático más avanzado. En España sigue habiendo clase dominante antes que una clase dirigente. Cambiar esa situación, que dejó pendiente la Transición, es una verdadera tarea para estos tiempos, una tarea en la que han de entrar las nuevas generaciones. Pues, una vez más en la historia de España, será necesario para el cambio de política un cambio de generación.
Hasta aquí el porqué, y algunos apuntes sobre el qué de esta transformación. Pero también hay que responder al cómo, a una estrategia política para un cambio que tomará varios años —como varios años vamos a tardar en salir de la crisis económica y las dos cosas—, pero que hay que poner en marcha ya, so pena de que haya que llegar a una ruptura en vez de a una reforma. Esa es la lección de 1914 y de la “enorme gravedad de la situación”. Aunque en política no basta tener buenas ideas si no se sabe cómo llevarlas a cabo.
(Artículo de Andrés Ortega, publicado en "El País" el 15 de mayo de 2013)
EN EL TÚNEL.
Estamos no solo ante una crisis económica muy grave, sino ante serios retos de la democracia representativa. Estos se manifiestan en un crecimiento de partidos populistas y xenófobos, situados en la extrema derecha, y también en una creciente desafección hacia las instituciones democráticas nacionales y hacia la Unión Europea. Es necesario hoy, tanto en España como en Europa, pensar y hacer más, no solo sobre la economía, sino sobre la democracia.
La simple descripción es complicada. La confianza en las instituciones nacionales ha caído de forma dramática en un corto espacio de tiempo. Según datos de fines de 2012 (Eurobarómetro 78, diciembre de 2012), solo un 28% de los ciudadanos de los 27 países de la Unión Europea confía en sus Parlamentos; un 27% en sus Gobiernos. Esto significa una reducción de 15 puntos respecto de la confianza existente cinco años atrás. La confianza en la Unión Europea es un poco más elevada: la mantiene un 33% de los ciudadanos. Pero su colapso ha sido más grave: 25 puntos en esos cinco años.
Es cierto que esta crisis de confianza en las instituciones varía mucho en el seno de los 27 países. Así, un 68% de los suecos confía en su Parlamento; un 59% en su Gobierno. Los porcentajes son también elevados en Finlandia, Dinamarca, Holanda o Austria. Por el contrario, en Italia o España solo un 11% y un 9%, respectivamente, confía en sus Parlamentos; un 17% y un 11% en sus Gobiernos. En España, ante el clamor de “lo llaman democracia y no lo es” o “no nos representan”, la “política del avestruz” sería irresponsable.
Cabría también pensar que los problemas de la democracia no afectan a los países “virtuosos”. Si bien es verdad que sus ciudadanos son mucho más benevolentes hacia las instituciones democráticas, los problemas políticos son considerables. En particular, ha sido en estos países donde los partidos de extrema derecha han crecido de forma más considerable, arrojando sombras sobre el sistema político.
Sabemos que en Francia, el Frente Nacional tiene en estos momentos una intención de voto de un 11% (encuesta de Le Figaro); que en Reino Unido, el UKIP (United Kingdom Independence Party) atrae un 23% de la intención de voto (encuesta de la BBC). En Austria, un país que ha figurado como ejemplo de gestión de la crisis económica, la extrema derecha en su conjunto (el Partido Liberal —Freiheitliche Partei Österreichs— y la Unión por el Futuro —Bündnis Zukunft Österreich—) fue respaldada por un 29% en las elecciones de 2008. Hoy el Partido Liberal por sí solo tiene una intención de voto de un 27%. En Finlandia, otro ejemplo de “virtud”, el Partido de los Verdaderos Finlandeses (Perussuomalaiset) obtuvo un 19% de los votos en las elecciones de 2011, convirtiéndose en el tercer partido del país.
Es cierto que en otros dos países “virtuosos”, Holanda y Dinamarca, los apoyos de la extrema derecha se han reducido en las últimas elecciones. Pero en todos los casos, el apoyo electoral a la extrema derecha es superior al que tiene en Grecia el partido neonazi Aurora Dorada, que alcanza hoy el 10% de la intención de voto. Ni en Portugal ni en España han surgido partidos políticos de este corte.
Esta desafección, manifestada tanto en opiniones como en el auge de partidos racistas y antisistema, indica que la democracia representativa afronta en toda Europa problemas serios. Sin embargo, en la Unión Europea apenas se ha prestado atención a la democracia. Y tanto sus instituciones como sus políticas han contribuido a extender la sensación de que “no hay alternativa”. Si los ciudadanos entienden que tanto con el Gobierno como con la oposición la política será la misma, concluirán que “todos los políticos son iguales”, que “los políticos siempre mienten”: ofrecerán promesas diferentes pero luego las traicionarán para hacer lo mismo. Las elecciones serán en tal caso una pantomima: unos votos irrelevantes para las políticas subsiguientes.
Sin embargo, este diagnóstico facilita que ganen malos gobernantes, daña a la democracia y socava el apoyo a la UE. Debería resultar obvio que la protección de los derechos varía en sus países según quién gobierne, ya se trate de la despenalización del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la educación y de la sanidad públicas. Lo mismo sucede respecto de la igualdad. Hoy día los ingresos del 20% más rico de los españoles son 6,8 veces superiores a los del 20% más pobre (Eurostat, Statistics on income and living conditions, 2013). Somos el país con mayor desigualdad en el seno de la UE, el doble de la existente en Suecia, Dinamarca, Austria, Holanda o Bélgica. Esta desigualdad, por el contrario, se redujo sustancialmente en España a lo largo de la década de los ochenta. Los años en que ha gobernado la socialdemocracia en un país son una causa fundamental de que las diferencias en las condiciones de vida de los ciudadanos sean menores.
Ello es compatible con la eficacia económica en el seno de la UE. Ni la globalización ni la ortodoxia económica han uniformizado las políticas. Por poner ejemplos, Dinamarca, Suecia y Finlandia han sido los países que han cumplido de forma más rigurosa la regla de estabilidad presupuestaria desde 1999. A la vez, en estos países el gasto público representó en 2011 más de un 50% del PIB. Es decir, Gobiernos con economías muy competitivas alcanzaron un equilibrio fiscal mediante un gasto público y unos ingresos fiscales simultáneamente altos.
Por el contrario, el Programa de Estabilidad que acaba de presentar Rajoy prevé que el gasto público se reduzca hasta un 38% del PIB en 2015, y que la recaudación fiscal sea aún más anémica. Esa es una ingente diferencia política. Un Estado así no podrá cumplir con las obligaciones de atender a las necesidades de sus ciudadanos: esa atención dependerá de los medios económicos de que dispongan. Piénsese, sin embargo, que en España el desequilibrio presupuestario no se ha debido a un gasto público descontrolado, sino a unos ingresos fiscales anémicos que se derrumbaron seis puntos del PIB en cuatro años y son ahora nueve puntos inferiores al promedio de la UE. Sin embargo, en vez de reducir el fraude fiscal, la amnistía decretada por el Gobierno no ha incrementado la recaudación, simplemente ha legalizado a los defraudadores.
Si no caben en Europa devaluaciones de la moneda, “devaluaciones internas” pueden ser inevitables para recuperar competitividad, pero esta no se consigue solo con reducciones de los costes laborales, sino con una inversión pública que incremente la productividad de los factores, en una educación y formación adecuadas, en I+D+I, en infraestructuras. Las diferencias en el seno de la UE son ingentes. Si para un país como España, tan escasa de ahorro interno, atraer inversión exterior resulta esencial, sabemos que ello depende del equilibrio macroeconómico, de una fiscalidad predecible, de la estabilidad política. Ello no son rasgos de la izquierda o de la derecha. Sí lo son los niveles y los componentes del gasto y de los ingresos públicos. No, no todos los partidos son iguales.
La desesperanza con la política deriva en buena parte de que los políticos no hablan de en qué país querrían vivir al final del túnel, para que se entiendan sus políticas. Al revés de Rajoy, Felipe González no atribuyó la responsabilidad de políticas de ajuste a la UE o al FMI, no dijo nunca que él y los españoles carecían de elección. Dijo también que al final de un túnel que podía durar 10 años, su objetivo era un país que se respetara a sí mismo —es decir, que protegiera a sus ancianos, atendiera a las personas necesitadas, ofreciera oportunidades a sus jóvenes— y que por ello fuera respetado internacionalmente. Hoy, por el contrario, nadie indica dirección alguna. Así, con angustia y desconcierto, los ciudadanos piensan que en este sistema no hay alternativa y no saben qué les espera. Pero la necesaria desconfianza no puede derivar en ceguera.
(Artículo de José María Maravall, publicado en "El País" el 14 de mayo de 2013)
DESIMPUTACIÓN.
Ya tenemos un nuevo archisílabo de los cada vez más numerosos que le gusta coleccionar a Aurelio Arteta para denunciarlos: “desimputación”. Como la que han obtenido la Fiscalía General, la Abogacía del Estado y la Audiencia de Palma para la Casa del Rey. No entraré aquí a discutir los tecnicismos jurídicos de semejante veredicto performativo, porque no es mi oficio. Pero sí quiero prevenir contra los posibles daños colaterales de la dichosa desimputación.
Y entre ellos el que más me preocupa es el precedente que se ha sentado, que probablemente creará escuela. A partir de aquí es de temer que, siguiendo su mismo ejemplo, otros tribunales jurisdiccionales se sientan autorizados a desimputar a los demás imputados que se hallan en lista de espera (¡y son más de 2.175 los macroprocesos y otras causas de corrupción política y financiera que están en trámite!), afectando a autoridades públicas revestidas de comparable dignidad institucional: alcaldes, tesoreros de grandes partidos, etcétera. Y eso como posible forma de restablecer el principio de igualdad de todos los es-pañoles ante la ley: ¿Por qué no desimputarlos a todos por igual?
Sarcasmos al margen, lo cierto es que resulta sobremanera preocupante la creciente tolerancia con la corrupción que están demostrando nuestras élites políticas, económicas, civiles e institucionales. Decía Rosa Montero en una de sus últimas columnas que “otra de las consecuencias negativas de la crisis es que no solo nos empobrece económicamente sino también mentalmente, porque convierte la corrupción, la indignidad política y el dolor social en temas obsesivos, como si fueran la única realidad existente”. La entiendo, pero yo temo justamente lo contrario: que la crisis esté banalizando y normalizando la corrupción. Un ejemplo es la desimputación de marras, y otro aparentemente opuesto es el lleno absoluto que ovacionó a la Pantoja en la gala de celebración de su benigna sentencia condenatoria.
La misma acumulación de interminables procesos por corrupción está haciendo que se los vea como una competición deportiva entre nosotros y ellos: un duelo de esgrima entre el abogado Roca y el juez Castro, un combate de boxeo entre el juez Ruz y el PP (que se dice víctima de una conspiración judicial por el caso Gürtel) o una liga de fútbol entre el Gobierno y la oposición. De tal modo que si ganan los tuyos lo celebras como si Del Bosque hubiera vencido a Mourinho, y eso cualquiera que sea la imputación. No importa que se hayan cometido atentados contra el interés general (eso implica la corrupción), pues solo cuenta el enfrentamiento en un juego de poder que iguala moralmente a los contendientes. Pero no hay igualación posible, pues el héroe siempre debe ser el juez (y a veces el fiscal) que lucha del lado de la ley, siendo el villano todo imputado por indicios de haberla violado mientras no se demuestre lo contrario.
Y la normalidad con que se admiten las imputaciones de corrupción hacen olvidar la extraordinaria gravedad que supone que el partido en el poder acumule centenares de imputaciones de corrupción que afectan a su cúpula dirigente y a la presidencia del Gobierno. Lo que ha llegado a parecer una banalidad, cuando no debería ser así. Por el contrario, la corrupción política e institucional constituye nuestro primer problema nacional. Mucho peor que la crisis, que se resolverá entre 2015 y 2018 a pesar de la incompetencia del Gobierno, o que la independencia catalana, que abortará su despegue a pesar de la deslealtad del Gobierno autónomo. Pues en cambio la corrupción está tan arraigada en nuestra cultura política que no parece tener solución posible.
El presidente Rajoy sostiene que nuestro nivel de corrupción equivale al de nuestros vecinos europeos. Afirmación que demuestra su falta de información o veracidad. El índice de Transparency International de 2012 coloca a nuestro país con un aprobado (6,5 puntos), a la cola de Europa, solo por delante de Portugal (6,3) y las suspensas Italia (4,2) y Grecia (3,6), pero con gran retraso frente a las sobresalientes Dinamarca y Finlandia (9,0), Suecia (8,8), Noruega (8,5) u Holanda (8,4), y por detrás de las notables Alemania (7,9), Reino Unido (7,4) o Francia (7,1). Eso, antes de que estallara el caso Bárcenas, por lo que cabe esperar que el próximo índice rebaje a España a la altura de Italia o de Grecia. Esta es la causa de la prima de riesgo impuesta a los PIGS. Y mientras tanto el Congreso de Madrid debate reclamando un pacto inviable contra la condicionalidad de la troika, y el Parlamento de Barcelona se hace la víctima iniciando un sendero inviable hacia la independencia de Cataluña. Todo antes que asumir sus responsabilidades por las imputaciones de corrupción política.
(Artículo de Enrique Gil Calvo, publicado en "El País" el 13 de mayo de 2013)
EL DÍA DE EUROPA.
Tan sólo unos años después de enfrentarse en dos guerras civiles durante la primera mitad del pasado siglo XX, los pueblos de Europa fueron capaces de ponerse de acuerdo para crear el germen de la actual Unión Europea.
Tras estas dos grandes guerras llamadas mundiales, pero especialmente europeas, empezó a tomarse conciencia de la necesidad de un acercamiento intraeuropeo, frente a la ola de nacionalismos que se extendía por Europa, con los más negros presagios.
Y un día como hoy, de hace sesenta y tres años, el 9 de mayo de 1950, una Declaración en favor del mutuo entendimiento entre vencedores y vencidos de estas cruentas guerras, va a cambiar por completo el rumbo de la Vieja Europa.
La Declaración pronunciada por Robert Shumann e inspirada en las ideas de Jean Monnet contenía los elementos básicos que más tarde y con un enfoque global va a permitir ir completando la Unión Europea actual: creación de un mercado común con libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales y, en el horizonte próximo, construir, con todas sus dimensiones, una Federación de Estados Europeos.
La Declaración de 9 de mayo de 1950 no se concibió como un fin en sí mismo, pues los estadistas europeos, al crear la primera comunidad --la CECA--, trataban de trazar una senda pragmática y gradual, por la cual caminar en pos de un horizonte más lejano y de mayor trascendencia: la unión política europea a través de su previa integración económica.
En la actualidad, cuando Europa sufre por doquier serios problemas económicos, afloran conflictos de intereses entre los EE.MM. debidas, en unos casos, al diferente ritmo que cada Estado quiere imprimir al proceso de integración, y, en otros, a la diferente gravedad de los problemas derivados del propio proceso de integración --choques asimétricos--, cuyas consecuencias pueden ser bien diferentes para unas economías u otras. En este segundo caso aparecen las divergencias de intereses entre los llamados países del Norte y del Sur.
Es evidente que un proceso de integración económica --y política y social-- como el que lleva a cabo la Unión Europea compromete cada vez más la soberanía nacional --moneda, hacienda y defensa, básicamente-- y los gobiernos y ciudadanos se sienten cada vez más desprovistos de sus antiguos ropajes. En ese nuevo escenario afloran viejas y tristes figuras que, dejados llevar por la posición más cómoda e individualista, podemos clasificar en dos apartados. El primero, formado por aquéllos que expresan su supuesta o real contrariedad de manera individual o grupal. Son los llamados, benévola y eufemísticamente, euroescépticos. Tratan de minar el proceso de integración porque, salvo en contadas y respetables excepciones, representan grupos de ignorantes o grupos de interés, que no contribuyen al necesario debate europeo con sus aportaciones. Todo es negado por ellos, nada reconocido.
El segundo grupo, más preocupante y organizado, es el integrado por aquellos que se manifiestan siempre de manera grupal. Son los nacionalistas y populistas que, en un escenario como el europeo que atraviesa lógicas y cíclicas dificultades, tratan de obtener ganancias con su discurso trasnochado y antediluviano a través del que reclutan, en muchos casos, a ignorantes y a algún que otro euroescéptico de corte nacionalista.
Se trata, en este segundo caso, de grupos con intereses predeterminados y tendenciosos que juegan con los intereses de algunos ciudadanos y sacan provecho de un discurso simple y monolítico, ajeno al tiempo y al espacio. Un discurso que alienta una emoción primaria --y cuasi tribal--, más allá de la solidaridad que debe primar sobre el egoísmo.
A pesar de agoreros y aguafiestas el logro de un espacio económico, social y político europeo en el que sea posible el reparto de los beneficios de la integración a todos los niveles y se minimicen los perjuicios no es una tarea imposible como se ha venido demostrando a lo largo de los sesenta y tres años de existencia de la Unión.
(Artículo de José María Casado, publicado en "Diario de Córdoba" el 9 de mayo de 2013)
FORJARSE EN LAS CRISIS
La Unión Europea recibía el pasado mes de octubre el Premio Nobel de la Paz por “haber logrado que la paz, la democracia y los derechos humanos” hayan arraigado en Europa y que la “guerra continental”, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), acabase en “la paz continental”. Gracias al sueño europeo, el Viejo Continente pasaba de sufrir una guerra cada 20 años a disfrutar de más de 60 años de paz, reconciliándose y extendiendo la democracia y la estabilidad a los países del Este tras la caída del muro de Berlín en 1989.
El Comité Nobel concedía el galardón cuando Europa se encuentra inmersa en una grave crisis y muchos analistas se preguntan qué será de ella. Jean Monnet, uno de sus padres, dejó dicho: “Europa se forjará en crisis y será la suma de las soluciones adoptada para esas crisis.” VANGUARDIA DOSSIER dedica esta monografía a intentar analizar qué posibles soluciones tendrá esta crisis económica y financiera, pero cada vez más política y social.
Europa no parece caminar hacia la unidad política: los Estados Unidos de Europa soñados por los padres fundadores. Parece que intenta salir del paso para salvar el euro de forma temporal, lo que no evitará futuras crisis. Necesita una sacudida de carácter revolucionario porque la globalización requiere una mayor integración (Laqueur). Pero los líderes europeos, aunque constatan que es necesaria más Europa, no saben cómo persuadir a sus ciudadanos, mercados, parlamentos o tribunales para que la acepten. Lo económicamente necesario es políticamente imposible (Leonard). Y la bandera de los intereses nacionales se alza contra Bruselas y sus normativas, su tecnocracia y su incapacidad de reactivar el crecimiento y crear empleo (Wieviorka).
Pero está claro que si los gobiernos no cambian de estrategia, la recuperación económica resultará esquiva y las finanzas públicas seguirán siendo crónicamente débiles (Tilford). ¿Están los estados de bienestar en peligro de convertirse en víctimas de la crisis? Lo que es seguro es que no serán como son. Están en una fase de cambio constante y de importantes reformas (Hemerijck). Como también lo está el sistema económico y monetario, con el proyecto de unión bancaria, logro insuficiente del que puede surgir la cuestión más amplia de la unión fiscal y los eurobonos (Pisani).
Europa, que se ha convertido tanto o más que Estados Unidos en una fortaleza caracterizada por la insularidad y/o el aislamiento (Weisbrode), vive una grave crisis, pero parece improbable que se rompa en una del Norte y otra del Sur (Diedrichs). Pese a ello, es cada vez más plausible que se convoque en el Reino Unido un referéndum sobre su permanencia en el que el triunfo del “no” es más que probable (Begg). Mientras, las naciones sin Estado, que antaño tuvieron cabida con el discurso de la Europa de las regiones, enarbolan hoy la bandera de la independencia (Keating), y emerge un movimiento social que está sustituyendo la división clásica entre derecha e izquierda por el de a favor o en contra del sistema (Liberti). Ha comenzado una transición en Europa entre una democracia liberal agotada en sus formas y procesos y una nueva democracia que está todavía por descubrir (Castells).
(Artículo editorial de Álex Rodríguez, publicado en el Dossier Vanguardia "¿Qué será de Europa?, enero-marzo 2013)
El Comité Nobel concedía el galardón cuando Europa se encuentra inmersa en una grave crisis y muchos analistas se preguntan qué será de ella. Jean Monnet, uno de sus padres, dejó dicho: “Europa se forjará en crisis y será la suma de las soluciones adoptada para esas crisis.” VANGUARDIA DOSSIER dedica esta monografía a intentar analizar qué posibles soluciones tendrá esta crisis económica y financiera, pero cada vez más política y social.
Europa no parece caminar hacia la unidad política: los Estados Unidos de Europa soñados por los padres fundadores. Parece que intenta salir del paso para salvar el euro de forma temporal, lo que no evitará futuras crisis. Necesita una sacudida de carácter revolucionario porque la globalización requiere una mayor integración (Laqueur). Pero los líderes europeos, aunque constatan que es necesaria más Europa, no saben cómo persuadir a sus ciudadanos, mercados, parlamentos o tribunales para que la acepten. Lo económicamente necesario es políticamente imposible (Leonard). Y la bandera de los intereses nacionales se alza contra Bruselas y sus normativas, su tecnocracia y su incapacidad de reactivar el crecimiento y crear empleo (Wieviorka).
Pero está claro que si los gobiernos no cambian de estrategia, la recuperación económica resultará esquiva y las finanzas públicas seguirán siendo crónicamente débiles (Tilford). ¿Están los estados de bienestar en peligro de convertirse en víctimas de la crisis? Lo que es seguro es que no serán como son. Están en una fase de cambio constante y de importantes reformas (Hemerijck). Como también lo está el sistema económico y monetario, con el proyecto de unión bancaria, logro insuficiente del que puede surgir la cuestión más amplia de la unión fiscal y los eurobonos (Pisani).
Europa, que se ha convertido tanto o más que Estados Unidos en una fortaleza caracterizada por la insularidad y/o el aislamiento (Weisbrode), vive una grave crisis, pero parece improbable que se rompa en una del Norte y otra del Sur (Diedrichs). Pese a ello, es cada vez más plausible que se convoque en el Reino Unido un referéndum sobre su permanencia en el que el triunfo del “no” es más que probable (Begg). Mientras, las naciones sin Estado, que antaño tuvieron cabida con el discurso de la Europa de las regiones, enarbolan hoy la bandera de la independencia (Keating), y emerge un movimiento social que está sustituyendo la división clásica entre derecha e izquierda por el de a favor o en contra del sistema (Liberti). Ha comenzado una transición en Europa entre una democracia liberal agotada en sus formas y procesos y una nueva democracia que está todavía por descubrir (Castells).
(Artículo editorial de Álex Rodríguez, publicado en el Dossier Vanguardia "¿Qué será de Europa?, enero-marzo 2013)
AGONÍA O RENOVACIÓN INSTITUCIONAL.
Lo que va de siglo XXI le está sentando mal a España. El desplome de todos los indicadores económicos y sociales desde 2007 muestra que muchas cosas fallaban desde antes. Podrían diluirse las responsabilidades en el conjunto del país porque en una sociedad compleja ningún colectivo es autónomo, pero tienen más responsabilidad quienes tenían (y tienen) los datos para analizar la situación y los resortes para asignar recursos, y lo hicieron mal. No solo las élites políticas ahora en la picota; también tienen responsabilidades las empresariales, resguardadas de la opinión pública, y las sindicales, sumidas en la indiferencia tras contemplar pasivamente la destrucción de 2,5 millones de empleos en el sector privado.
La atención pública se dirige soliviantada a la política porque le corresponde marcar caminos, asignar los recursos públicos, fijar las reglas de la economía y orientar las inversiones privadas. Pero la política está paralizada. Sus élites piensan que si cambia la economía cambiará la percepción de la gente sobre todo lo demás, el mensaje desvela intención de seguir así y, quizá, menosprecio a los ciudadanos. Si a esto se une que la corrupción alcanza a las cúpulas de los partidos atrapando a sus máximos dirigentes, porque cualquier movimiento produciría reacciones que los desestabilizaría, el panorama es desolador. Los sindicatos y la patronal no están mejor.
Indicadores de esta parálisis aparecen todos los días, mostrando la impotencia para resolver los problemas y la querencia por refugiarse en burladeros. El comportamiento de algunos familiares del Rey se pretende soslayar con una ley de la Corona para guarecerlos en el futuro con algo parecido a la inmunidad parlamentaria. Se quiere ignorar “el problema de que la Corona solo es sostenible si quien la encarna, y su familia, es irreprochable” (J. M. Reverte). Una sucesión de filtraciones trasluce presión a la Audiencia y al juez de Palma. Otro ejemplo: ante la acumulación de políticos imputados de los que los partidos no pueden deshacerse, el ministro de Justicia propone endosar a los jueces la responsabilidad de dictar discrecionalmente su inhabilitación. Pero ¿qué haría cualquier partido si un juez pretendiera inhabilitar a uno de sus alcaldes? La reforma de los ayuntamientos se ha bloqueado por la resistencia de los concejales de todos los partidos.
Es preciso renovar las reglas de la política para hacer otra Política y otras políticas, para transmitir al país un proyecto de futuro. No hacen falta reformas grandilocuentes de la Constitución, sino desliar la maraña en que se ha convertido la política española. La Transición estableció instituciones, pero no reguló las cañerías de la política. Se definió entonces una política rígida (moción de censura constructiva o la imposible reforma de aspectos estructurales de la Constitución), basada en las cúpulas partidarias que atraparon la composición de las listas electorales y de los órganos relevantes (Tribunal Constitucional, de Cuentas, CGPJ, comisiones reguladoras de los mercados) y ahormaron los partidos a su comodidad (una temprana ley de financiación, 1978; congresos cada cuatro años, órganos de control de las ejecutivas masificados e inoperantes, etc.).
Con el tiempo, la política se ha degradado tanto que los partidos ignoran sus propias reglas cuando conviene a sus direcciones. Ejemplos: los estatutos del PP prevén que la junta directiva nacional, que controla a su ejecutiva, se reúna cada cuatro meses; entre sus dos últimas reuniones pasaron nueve. En el PSOE, el secretario general invita a un miembro del partido a asistir a su ejecutiva regularmente.
En los ochenta, la política se desbordó. Sin contrapesos administrativos se crearon 17 administraciones territoriales, miles de empresas y organismos, se desató un tifón legislativo autonómico, la política se ramificó por los resquicios de la sociedad (cajas de ahorro, control de las carreras de los altos funcionarios), se infiltró en la justicia. La política se ensimismó con su desmesura, y sin enterarse ha sido impotente para imponer a las élites económicas las reglas de transparencia, competencia y códigos éticos vigentes en otros países europeos. Ejemplos: las retribuciones de los consejeros del Ibex 35 en estos años, las obscenas retribuciones en empresas públicas y los acuerdos de tres empresas sobre precios en el mercado de carburantes. Lo más grave es que no ha conseguido impulsar a las empresas a invertir en sectores con futuro y en formación, y no por falta de recursos vertidos en ella, deglutidos por patronal y sindicatos.
Hay un amplio acuerdo en que estamos en una crisis institucional. El núcleo del sistema político son los partidos. La clave de cualquier renovación institucional pasa por una ley de partidos que regule su actividad interna, contrapese a sus cúpulas y permita seleccionar a sus dirigentes buscando apoyos en las bases de sus partidos no en las cúpulas. Es decir, todos los cargos internos y los candidatos a cargos representativos deben ser elegidos mediante elecciones internas, entre los afiliados, o primarias abiertas a los ciudadanos que deseen participar, no por cooptación. ¿Qué cambiaría esto? Que los parlamentarios, concejales y cargos internos no dependerían de los dirigentes para ser elegidos, sino de “sus bases”, alterando la lógica de la política española: los políticos elegidos por los afiliados o ciudadanos podrían exigir explicaciones a sus direcciones porque no dependerían de ellas para seguir en sus cargos. Por tanto, pedirían explicaciones sobre los casos de corrupción porque les iría el cargo en ello (no en callarse) y azuzarían a sus partidos a controlar a las élites económicas porque sus votantes, a cuyo voto deben el puesto, ven que su comportamiento es inaceptable. La ley electoral debe recoger que los candidatos sean elegidos por los afiliados o votantes del distrito electoral. La patronal y los sindicatos también deberían someterse a leyes que los democraticen.
La ley de partidos es imprescindible, pero insuficiente. La política tiene que salir de los espacios que ha invadido y autocontrolarse. Salir de la justicia, convirtiendo la carrera de jueces y fiscales en puramente profesional, desligando el CGPJ de los partidos y sometiendo a los funcionarios judiciales a las mismas incompatibilidades con la política que los militares. Debería salir de la carrera de los altos funcionarios, suprimiendo los cargos administrativos de libre designación, profesionalizar la función pública según el modelo de Gran Bretaña, donde la Administración es profesional, desligada de nombramientos de los políticos, hasta el nivel de subsecretario (Secretario Permanente) y hay incompatibilidades entre los funcionarios y la política. Esto paliaría otro problema, la colonización de la política por los funcionarios.
Los partidos deberían dejar de gravitar sobre los Tribunales Constitucional y de Cuentas, y los reguladores de los mercados. Sus miembros deberían ser elegidos por el Congreso y el Senado, pero el procedimiento no puede ser por lotes (como degenera cuando se eligen tres o cuatro) y se debe desincentivar que los partidos aparquen en ellos a políticos sobrantes. El modelo norteamericano, con mandatos vitalicios, o casi (hasta los 80 años), lleva a elecciones individuales en las que se sopesa la profesionalidad de los candidatos, al tiempo que garantizan la independencia de los elegidos. Sería lo único que obligaría a tocar la Constitución (artículo 159.3.) por la “vía rápida” para el Tribunal Constitucional.
Hay que reducir el número de cargos políticos: España no tiene capital humano para abastecer casi 2.000 escaños parlamentarios, 68.000 concejales y miles de puestos de consejeros, asesores, etc. Las retribuciones de los políticos deberían ser transparentes y homogéneas; que algunos las completen con dietas de comisiones a las que asisten por ocupar el cargo es vergonzoso. Pero los políticos deben tener seguridades ante el futuro: regular su desempleo, pensiones, etc., evitando que su intranquilidad les lleve a cometer abusos legales.
No hace falta una ley de la Corona, basta con que sus miembros mantengan la compostura y el Rey se la exija o extraiga consecuencias, y sus cuentas sean transparentes.
Una política con cúpulas más controladas, con contrapesos y más pequeña, reforzaría su liderazgo social. La política no puede despedir “el aroma a cafetines enmohecidos y a oscuros despachos de negocios” que describió el gran Marc Bloch (La extraña derrota) al analizar las causas del desastre francés de 1941. Aquí estamos atravesando el umbral de otro desastre.
(Artículo de José Antonio Gómez Yáñez, publicado en "El País" el 29 de abril de 2013)
UN PLAN DE EMERGENCIA.
El desbordamiento del desempleo en el primer trimestre de este año, con 6.202.700 parados en España, coloca al Gobierno en una posición crítica. No se trata solo de la magnitud estadística, alarmante y descorazonadora —237.400 parados más en el trimestre, 1,9 millones de hogares sin un solo miembro en activo, una tasa de paro entre los jóvenes de más del 57%—, sino de que en algún momento, y pronto, el Ejecutivo tendrá que declarar la bancarrota de una política económica incapaz de frenar el agravamiento de la recesión y el principal problema asociado a ella, el desempleo. El paro rompe la cohesión social, impide, como una inversión perversa de causa y efecto, que se recuperen el consumo y la inversión, destruye la estabilidad (más de 384.500 puestos de trabajo fijos se han evaporado en los últimos 12 meses) y causa fenómenos de regresión desconocidos hasta ahora, como un reagrupamiento de los hogares (han desaparecido más de 15.000 en el primer trimestre y más de 25.000 en el anterior) en torno a padres y abuelos para evitar la pobreza extrema.
Esta es la realidad que tiene delante el Gobierno, y cuanto más tarde en aceptarla más probabilidad existe de que le estalle en las manos. Aceptarla significa reconocer que el paro no es una tragedia coyuntural que pueda disolverse mágicamente en los próximos trimestres por el efecto de las reformas adoptadas, algunas desacertadas, otras incompletas y otras que han agravado el desempleo. Tiene el Ejecutivo suficiente capacidad prospectiva para saber que en los próximos trimestres continuará la destrucción de empleo, porque el sector industrial se encuentra en pleno deterioro, la construcción está casi parada y los repuntes en los servicios serán si acaso estacionales.
El desempleo no puede ser considerado ya como un efecto colateral, indeseado pero inevitable, de un plan quirúrgico de ajuste financiero. El equipo económico debe entender con toda claridad que incluso en el improbable caso de que se produjera una recuperación a principios de 2014, la economía tardaría quizá años en reabsorber los 6,2 millones de parados existentes, a los que quizá habría que sumar los millares de jóvenes que han optado por la emigración ante la evidencia de que el mercado laboral no los acepta.
El Gobierno insiste en que sus políticas están surtiendo efecto. Mezcla malas explicaciones —la mejora de la balanza comercial se explica por la recesión, no por efecto de decisiones oficiales— con una confianza algo pueril en el descenso de la prima de riesgo, un factor evidente de reducción de costes financieros públicos, pero sujeto a vicisitudes exteriores que el Ejecutivo no controla.
Las políticas indirectas, que proceden primero a estabilizar el coste de la deuda para ganar confianza en los mercados, pueden funcionar durante fases de recesión convencional y en países que no tienen a más de la cuarta parte de su población activa en paro. Pero la situación de la economía es excepcional. Si no se toman decisiones directas sobre el mercado laboral y se aplican políticas de demanda y creación de empleo, la ocupación, y con ella la economía pública y privada, se aproximan a toda velocidad a un colapso total.
Por estas razones, son cruciales las decisiones económicas que se adopten durante las próximas semanas. La primera prueba de fuego se pasará hoy; es una advertencia que procede también de las autoridades europeas, alarmadas por la magnitud de la crisis española. Si el anunciado paquete de medidas económicas es otro catálogo impreciso de liberalizaciones inconcreta o desregularizaciones a medio plazo, la recesión se mantendrá durante 2014 y el incremento de los conflictos sociales está garantizado.
(Editorial de "El País", publicado el 26 de abril de 2013.
DE DOMINIO PÚBLICO.
El actual proyecto de ley en torno a la transparencia es uno de los instrumentos del combate por mejorar la calidad de nuestras democracias. Tiene su origen en aquel principio ilustrado según el cual la vida democrática debería desarrollarse, en expresión de Rousseau, “bajo los ojos del público”. Desde entonces las sociedades han evolucionado mucho, y aunque se han vuelto más complejos los problemas a los que se enfrentan y los sistemas de gobierno, las exigencias de publicidad no han disminuido, sino todo lo contrario. Vivimos en una “sociedad de la observación” que consiste en la imparable irrupción de las sociedades en la escena política. Los sistemas políticos son crecientemente, desde el ámbito doméstico hasta el espacio global, lugares públicamente vigilados.
Como en otras esferas de la vida, también en la política el hecho de saberse controlados mejora nuestro comportamiento o, al menos, disuade de cometer los errores que tienen su origen en el secreto y la opacidad. Nuestros espacios públicos conocen muchas expresiones de eso que se ha dado en llamar naming and shaming: el poder disuasor de la condena, la exposición pública, la denuncia y la vergüenza, que no es un poder omnímodo pero en muchas ocasiones disciplina los comportamientos.
Los sistemas políticos han institucionalizado diversas formas de control para permitir la vigilancia democrática. Los Parlamentos son una de dichas instituciones en la medida en que tiene entre sus tareas la de controlar la acción del Gobierno, pero quisiera subrayar la importancia de otros organismos controladores cuya funcionalidad no depende de una legitimación democrática directa, más aún, que se anquilosan precisamente cuando son manejados como si fueran una mera correa de transmisión de los partidos. Me refiero a los organismos reguladores o encargados del control jurisdiccional (especialmente el Tribunal Constitucional) o a las televisiones públicas, que han sido colonizados por los partidos políticos y así no pueden ejercer bien su función independiente. El bipartidismo expansivo genera muchas contradicciones, que no se corrigen por cierto con el multipartidismo, aunque este sea más respetuoso con la pluralidad real de la sociedad. Hace falta una cierta exterioridad con respecto al sistema político para que las funciones de control puedan ejercerse con verdadera imparcialidad e independencia.
Si acabo de subrayar la importancia de ser controlados, ahora desearía hacerlo sobre la necesidad de no ser controlados, es decir, sobre el empobrecimiento de la vida política cuando el principio de transparencia se absolutiza y convertimos la democracia en una “política en directo”, que se agota en una vigilancia constante e inmediata. Uno de los efectos derivados de la vigilancia extrema sobre los actores políticos es que les lleva a sobreproteger sus acciones y sus discursos.
Un ejemplo de ello es el hecho de que muchos políticos, sabiendo que sus menores actos y declaraciones son examinados y difundidos, tienden a encorsetar su comunicación. La democracia está hoy más empobrecida por los discursos que no dicen nada que por el ocultamiento expreso de información. Los políticos deben responder a la exigencia de veracidad, por supuesto, pero también a la de inteligibilidad. Y buena parte del desafecto ciudadano hacia la política se debe no a que los políticos falten a la verdad sino a que no dicen nada y sean tan previsibles.
El principio de transparencia no debe absolutizarse porque la vida política, aunque sea en una pequeña parte, requiere espacios de discreción, como ocurre por cierto con muchas profesiones, como los periodistas, a los que reconocemos el derecho de no revelar sus fuentes, sin lo que no podrían hacer bien su trabajo. No lo defiendo como un privilegio (generalmente las ausencias, los silencios o las ruedas de prensa sin preguntas son injustificables), sino como un espacio de reflexividad para hacer mejor el trabajo que la ciudadanía tiene el derecho de esperar de sus representantes.
Todos sabemos que determinados acuerdos serían imposibles sin ese espacio de deliberación, si hubieran sido retransmitidas en directo. Existe algo que podríamos denominar los beneficios diplomáticos de la intransparencia. Por supuesto que en este aspecto muchos procedimientos tradicionales están llamados a desaparecer, y quien a partir de ahora participe en un proceso diplomático ha de ser conscientes de que casi todo terminará por saberse. Pero también es cierto que la exigencia de una transparencia total podría paralizar la acción pública en no pocas ocasiones. Hay compromisos que no pueden alcanzarse con luz y taquígrafos, lo que suele provocar que los actores radicalicen sus posiciones. Un ejemplo reciente de ello es la exigencia planteada por el movimiento italiano Cinco Estrellas de que sus negociaciones con el Partido Democrático fueran retransmitidas por streaming. Todos entendimos en aquel momento que dicha exigencia significaba que no iba a haber acuerdo.
El principio de transparencia tiene tal estatuto indiscutible que se puede permitir el lujo de ser borroso e inconcreto. Por esta razón prefiero hablar de publicidad y justificación, que son principios más exigentes que el de transparencia. Mientras que la transparencia pretende una visibilidad continua, la publicidad es por definición limitada y delimitada. Si asistimos hoy perplejos o asustados a esa performance de rodear el Congreso o al acoso (escraches) que llevan la protesta legítima hasta los espacios privados tal vez sea porque reina una gran confusión a propósito de la distinción entre lo público y lo privado; hemos sembrado una idea de transparencia que da a entender una visibilidad continua sobre las personas en lugar de un principio de publicidad que es esencialmente limitado a los actos que tienen sentido político y en los espacios de dominio público, permitiendo así ámbitos de intimidad y vida privada, de secreto incluso.
Por otro lado, mientras que la transparencia suele contentarse con la puesta a disposición de los datos, la publicidad exige que esos datos sean configurados como información inteligible por la ciudadanía. La transparencia no presupone un acceso real a la información. Pero es una ilusión pensar que basta con que los datos sean públicos para que reine la verdad en política, los poderes se desnuden y la ciudadanía comprenda lo que realmente pasa. La transparencia es condición necesaria de la publicidad, pero no la garantiza.
Además de límites, la transparencia puede tener efectos perversos. No son pocos los que han advertido que Internet se puede convertir en un instrumento de opacidad: el aumento de los datos suministrados a los ciudadanos complica su trabajo de vigilancia. ¿Cómo puede la ciudadanía realizar bien esa tarea de control sobre el poder?
Es una ilusión pensar que podemos controlar el espacio público sin instituciones que medien, canalicen y representen la opinión pública y el interés general. Lo que ocurre hoy en día es que el descrédito de alguna de esas mediaciones nos ha seducido con la idea de que democratizar es desintermedializar; algunos se empeñan en criticar nuestras democracias imperfectas a partir del modelo de una democracia directa, articulada por los movimientos sociales espontáneos, desde el libre juego de la comunidad online y más allá de las limitaciones de la democracia representativa.
Las sociedades avanzadas reclaman con toda razón un mayor y más fácil acceso a la información. Pero la abundancia de datos no garantiza vigilancia democrática; para ello hace falta, además, movilizar comunidades de intérpretes capaces de darles un contexto, un sentido y una valoración crítica. Los partidos políticos (otra de nuestras instituciones que necesitan una renovación) son un instrumento imprescindible para reducir esa complejidad. En este trabajo de interpretación de la realidad también son inevitables los periodistas, cuyo trabajo no va a ser superfluo en la era de Internet sino todo lo contrario. Los periodistas están llamados a jugar un papel importante en esta mediación cognitiva para interesar a la gente, animar el debate público y descifrar la complejidad del mundo. Pero estoy defendiendo la necesidad cognitiva del sistema político y de los medios de comunicación y no a sus representantes, que, como todos, también son manifiestamente mejorables.
(Artículo de Daniel Innerarity, publicado en "El País" el 23 de abril de 2013)
ESCRACHES: UN PROBLEMA DE DEMOCRACIA
Hoy se vota en el Congreso el proyecto de Ley de Protección de Deudores Hipotecarios elaborado por el Grupo Popular y que, aparte de recoger las modificaciones a que obliga la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, refunde en teoría aunque de manera asimétrica elementos tomados de las propuestas que hay sobre la mesa: el decreto aprobado en diciembre por el Gobierno, la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y algunas enmiendas de otros grupos, incluyendo la planteada por los socialistas sobre la base del decreto ley del Gobierno de Andalucía que incluye la posibilidad de expropiación temporal de viviendas sometidas a procedimiento de desahucio.
El debate tendría que tomar en consideración datos recientemente conocidos, como que el 90% de los casi 39.000 desahucios producidos en 2012 lo fueron de primera vivienda, lo que desautoriza algunos intentos de relativizar el problema diciendo que la mayoría eran segundas residencias. Es un dato que influye en la valoración del efecto de la dación en pago: una posibilidad que alivia el drama cuando se trata de segunda vivienda, pero no cuando es la única casa familiar.
Otro dato de interés es que de todas formas la banca admitió esa fórmula en más de un tercio de los desahucios de primeras viviendas, lo que cuestiona el argumento de que esa fórmula es inaplicable salvo subiendo los intereses de los créditos hipotecarios; pero el más llamativo es que de las 800.000 hipotecas concedidas en los años de la burbuja, no pasan del 4% las que presentan problemas de morosidad.
Si el 96% está al corriente del pago resulta exagerado decir que algunas de las medidas propuestas ponen en riesgo el sistema financiero. Así acotado el problema, hay condiciones para que las instituciones financieras asuman parte del coste de las iniciativas destinadas a evitar o atenuar el drama de tantas personas víctimas de una insolvencia sobrevenida no dolosa.
Defensores de la Iniciativa Legislativa Popular han lamentado estos días que se esté prestando más atención a la forma de popularizarla (los escraches) que a su contenido. De entrada, si desvía la atención de lo importante, razón de más para renunciar a esa forma de acción política. Pero además, en el contexto de la crisis política actual, es una práctica peligrosa.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha declarado que no debe “criminalizarse” cualquier reunión o manifestación, y que la fiscalía solo analizará los escraches que tengan “trascendencia penal”; y que, en todo caso, hay que aplicar un criterio de proporcionalidad entre los derechos de reunión y manifestación y los de intimidad, privacidad y a la propia imagen. Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha indicado que se ha limitado a sancionar con multas a los promotores de concentraciones que no habían sido comunicadas a la autoridad, como exige la ley, y ello con independencia de que se hayan producido ante los domicilios de parlamentarios o en cualquier otro lugar.
El criterio del fiscal general es prudente, por más que en el Código Penal haya artículos que podrían tal vez aplicarse, como el 498, que contiene una referencia a quienes “coarten la libre manifestación de sus opiniones o emisión del voto” de los parlamentarios; o el 172, sobre el delito de coacciones, entre las que incluye el de quien sin estar autorizado “compeliere” a otro a hacer “lo que no quiere, sea justo o injusto”. También quiere ser prudente la delegada, pero deja de serlo al trivializar el problema como cuestión administrativa, ignorando lo singular de los escraches: que al producirse ante los domicilios (y las familias) de representantes de un partido concreto ejercen una presión injusta y de fuerte poder intimidatorio. Que los hijos de los señalados tengan que escuchar los gritos que califican de asesinos o criminales a sus padres no puede ser una acción política amparada por la libertad de expresión. Los defensores de esa forma de hacer política argumentan que comprenden que es molesto lo que hacen ante las casas de los diputados, pero que más lo es quedarse sin casa. Es un argumento retórico. Para ser válido habría que demostrar que lo uno justifica lo otro; también alegan que como los políticos no resuelven el problema, ni ellos tienen otra forma de hacerles escuchar sus razones, no tienen más remedio que actuar así. Es un argumento tan poco convincente como el de los piquetes informativos de las huelgas generales para justificar que obliguen a los tenderos a cerrar.
La equiparación de esta forma de presión con la practicada por las cuadrillas de acoso del entorno de ETA, insinuada por varios miembros del PP, resulta improcedente porque falta el elemento esencial del acoso etarra: la periódica intervención violenta de la banda dando credibilidad a las amenazas. Pero que determinados comportamientos no sean equiparables a los de ETA (o los nazis) no los convierte en democráticos. El objetivo reconocido por los impulsores de los escraches es presionar a los diputados del PP para que cambien su voto. Pero el efecto de esa presión no afecta solo a esos diputados, sino que condiciona también a los de los otros grupos, que no podrán dejar de pensar que si se sumaran a la propuesta del Gobierno, o incluso negociaran hacerlo si se admiten sus enmiendas, podrán ser también señalados y escrachados.
El problema no es, por tanto, solo de legalidad o no. Es un problema de democracia. Y por ello, los demás partidos, con independencia de su opinión sobre el proyecto de nueva Ley Hipotecaria, o del PP en general, están moralmente obligados a desmarcarse claramente de esa práctica. No de manera genérica y rutinaria, sino directa: diciendo que es un medio de acción política ilegítimo, no democrático. Y sin escapar del problema diciendo que el escrache es legítimo siempre que no implique coacción, hostigamiento, abuso o invasión de la intimidad. Porque esas características son consustanciales al escrache como método de presión. Y es esa forma de acción política, y no la causa invocada o las intenciones que mueven a los que la practican, lo que se cuestiona. También conviene recordar, frente a inercias muy arraigadas en algunos sectores, que iniciativas que pudieron ser legítimas frente a la dictadura dejaron de serlo en condiciones de democracia.
En la primavera de 2003, coincidiendo con el inicio de la guerra de Irak, miles de personas asediaron y ocuparon, o lo intentaron, numerosas sedes del PP a los gritos de asesinos y fascistas. Zapatero condenó esos ataques, aunque no llegó a hacer en aquel momento lo que bastantes de los suyos hubieran esperado: que declarase que el PP era un partido democrático que contaba con la legitimidad que le habían dado los españoles en las elecciones.
Pero unos años después, el 10 de noviembre de 2007, intentó decir eso mismo en la última jornada de la XVII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santiago de Chile. El entonces presidente venezolano Hugo Chávez había calificado a Aznar de fascista y Zapatero pidió la palabra para decir que si bien estaba “en las antípodas” de las ideas del expresidente, este fue “elegido por los españoles, y exijo, exijo...”. En este punto le interrumpió Chávez con nuevos denuestos contra Aznar que a su vez intentó atajar el Rey con su famoso: “¿Por qué no te callas?”.
El escrache es una práctica injusta, pero también peligrosa, como ha advertido Felipe González al hablar del deslizamiento hacia un “anarquismo disolvente”. Pues en el marco de la actual crisis política, caracterizada por el desprestigio de la política institucional, la pretensión de que es legítimo ignorar la ley o las sentencias, y el traslado a la calle (y a los medios) del sectarismo extremo que preside las relaciones entre partidos, dejar pasar como normal esta forma de acción política podría estimular ciertas dinámicas antidemocráticas.
Ya hay sectores que contraponen la legitimidad inmanente que atribuyen a la protesta radical, a la emanada de las urnas. Y ha dejado de ser inverosímil la extensión de esos métodos coactivos a cualquier colectivo y en relación a cualquier problema. Lo que ha dado alas para que una minoría imagine alardes como ese de convocar un asedio al Congreso de los Diputados hasta que acepte disolverse, dimita el Gobierno y caiga el régimen.
(Artículo de Patxo Unzueta, publicado en "El País" el 18 de abril de 2013)
ESCRACHES: UN PROBLEMA DE DEMOCRACIA
Hoy se vota en el Congreso el proyecto de Ley de Protección de Deudores Hipotecarios elaborado por el Grupo Popular y que, aparte de recoger las modificaciones a que obliga la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, refunde en teoría aunque de manera asimétrica elementos tomados de las propuestas que hay sobre la mesa: el decreto aprobado en diciembre por el Gobierno, la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y algunas enmiendas de otros grupos, incluyendo la planteada por los socialistas sobre la base del decreto ley del Gobierno de Andalucía que incluye la posibilidad de expropiación temporal de viviendas sometidas a procedimiento de desahucio.
El debate tendría que tomar en consideración datos recientemente conocidos, como que el 90% de los casi 39.000 desahucios producidos en 2012 lo fueron de primera vivienda, lo que desautoriza algunos intentos de relativizar el problema diciendo que la mayoría eran segundas residencias. Es un dato que influye en la valoración del efecto de la dación en pago: una posibilidad que alivia el drama cuando se trata de segunda vivienda, pero no cuando es la única casa familiar.
Otro dato de interés es que de todas formas la banca admitió esa fórmula en más de un tercio de los desahucios de primeras viviendas, lo que cuestiona el argumento de que esa fórmula es inaplicable salvo subiendo los intereses de los créditos hipotecarios; pero el más llamativo es que de las 800.000 hipotecas concedidas en los años de la burbuja, no pasan del 4% las que presentan problemas de morosidad.
Si el 96% está al corriente del pago resulta exagerado decir que algunas de las medidas propuestas ponen en riesgo el sistema financiero. Así acotado el problema, hay condiciones para que las instituciones financieras asuman parte del coste de las iniciativas destinadas a evitar o atenuar el drama de tantas personas víctimas de una insolvencia sobrevenida no dolosa.
Defensores de la Iniciativa Legislativa Popular han lamentado estos días que se esté prestando más atención a la forma de popularizarla (los escraches) que a su contenido. De entrada, si desvía la atención de lo importante, razón de más para renunciar a esa forma de acción política. Pero además, en el contexto de la crisis política actual, es una práctica peligrosa.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha declarado que no debe “criminalizarse” cualquier reunión o manifestación, y que la fiscalía solo analizará los escraches que tengan “trascendencia penal”; y que, en todo caso, hay que aplicar un criterio de proporcionalidad entre los derechos de reunión y manifestación y los de intimidad, privacidad y a la propia imagen. Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha indicado que se ha limitado a sancionar con multas a los promotores de concentraciones que no habían sido comunicadas a la autoridad, como exige la ley, y ello con independencia de que se hayan producido ante los domicilios de parlamentarios o en cualquier otro lugar.
El criterio del fiscal general es prudente, por más que en el Código Penal haya artículos que podrían tal vez aplicarse, como el 498, que contiene una referencia a quienes “coarten la libre manifestación de sus opiniones o emisión del voto” de los parlamentarios; o el 172, sobre el delito de coacciones, entre las que incluye el de quien sin estar autorizado “compeliere” a otro a hacer “lo que no quiere, sea justo o injusto”. También quiere ser prudente la delegada, pero deja de serlo al trivializar el problema como cuestión administrativa, ignorando lo singular de los escraches: que al producirse ante los domicilios (y las familias) de representantes de un partido concreto ejercen una presión injusta y de fuerte poder intimidatorio. Que los hijos de los señalados tengan que escuchar los gritos que califican de asesinos o criminales a sus padres no puede ser una acción política amparada por la libertad de expresión. Los defensores de esa forma de hacer política argumentan que comprenden que es molesto lo que hacen ante las casas de los diputados, pero que más lo es quedarse sin casa. Es un argumento retórico. Para ser válido habría que demostrar que lo uno justifica lo otro; también alegan que como los políticos no resuelven el problema, ni ellos tienen otra forma de hacerles escuchar sus razones, no tienen más remedio que actuar así. Es un argumento tan poco convincente como el de los piquetes informativos de las huelgas generales para justificar que obliguen a los tenderos a cerrar.
La equiparación de esta forma de presión con la practicada por las cuadrillas de acoso del entorno de ETA, insinuada por varios miembros del PP, resulta improcedente porque falta el elemento esencial del acoso etarra: la periódica intervención violenta de la banda dando credibilidad a las amenazas. Pero que determinados comportamientos no sean equiparables a los de ETA (o los nazis) no los convierte en democráticos. El objetivo reconocido por los impulsores de los escraches es presionar a los diputados del PP para que cambien su voto. Pero el efecto de esa presión no afecta solo a esos diputados, sino que condiciona también a los de los otros grupos, que no podrán dejar de pensar que si se sumaran a la propuesta del Gobierno, o incluso negociaran hacerlo si se admiten sus enmiendas, podrán ser también señalados y escrachados.
El problema no es, por tanto, solo de legalidad o no. Es un problema de democracia. Y por ello, los demás partidos, con independencia de su opinión sobre el proyecto de nueva Ley Hipotecaria, o del PP en general, están moralmente obligados a desmarcarse claramente de esa práctica. No de manera genérica y rutinaria, sino directa: diciendo que es un medio de acción política ilegítimo, no democrático. Y sin escapar del problema diciendo que el escrache es legítimo siempre que no implique coacción, hostigamiento, abuso o invasión de la intimidad. Porque esas características son consustanciales al escrache como método de presión. Y es esa forma de acción política, y no la causa invocada o las intenciones que mueven a los que la practican, lo que se cuestiona. También conviene recordar, frente a inercias muy arraigadas en algunos sectores, que iniciativas que pudieron ser legítimas frente a la dictadura dejaron de serlo en condiciones de democracia.
En la primavera de 2003, coincidiendo con el inicio de la guerra de Irak, miles de personas asediaron y ocuparon, o lo intentaron, numerosas sedes del PP a los gritos de asesinos y fascistas. Zapatero condenó esos ataques, aunque no llegó a hacer en aquel momento lo que bastantes de los suyos hubieran esperado: que declarase que el PP era un partido democrático que contaba con la legitimidad que le habían dado los españoles en las elecciones.
Pero unos años después, el 10 de noviembre de 2007, intentó decir eso mismo en la última jornada de la XVII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santiago de Chile. El entonces presidente venezolano Hugo Chávez había calificado a Aznar de fascista y Zapatero pidió la palabra para decir que si bien estaba “en las antípodas” de las ideas del expresidente, este fue “elegido por los españoles, y exijo, exijo...”. En este punto le interrumpió Chávez con nuevos denuestos contra Aznar que a su vez intentó atajar el Rey con su famoso: “¿Por qué no te callas?”.
El escrache es una práctica injusta, pero también peligrosa, como ha advertido Felipe González al hablar del deslizamiento hacia un “anarquismo disolvente”. Pues en el marco de la actual crisis política, caracterizada por el desprestigio de la política institucional, la pretensión de que es legítimo ignorar la ley o las sentencias, y el traslado a la calle (y a los medios) del sectarismo extremo que preside las relaciones entre partidos, dejar pasar como normal esta forma de acción política podría estimular ciertas dinámicas antidemocráticas.
Ya hay sectores que contraponen la legitimidad inmanente que atribuyen a la protesta radical, a la emanada de las urnas. Y ha dejado de ser inverosímil la extensión de esos métodos coactivos a cualquier colectivo y en relación a cualquier problema. Lo que ha dado alas para que una minoría imagine alardes como ese de convocar un asedio al Congreso de los Diputados hasta que acepte disolverse, dimita el Gobierno y caiga el régimen.
(Artículo de Patxo Unzueta, publicado en "El País" el 18 de abril de 2013)
¡SON LAS INSTITUCIONES!
Es casi natural criticar la democracia realmente existente, máxime en tiempos de crisis económica y angustia personal. Y es también casi natural que de esta crítica se pase, en una deriva instintiva, hacia la visión salvífica de una ciudadanía (un “pueblo” para los clásicos) más activa e implicada en su gobernación. Solo esa ciudadanía, en tanto en cuanto asumiese más personalmente su intervención en política, podría regenerar la democracia. Es una visión atractiva (las ideas bonitas son siempre tentadoras), pero probablemente incorrecta en todos los sentidos, el normativo y el descriptivo. Ni es necesaria la implicación ciudadana activa para el correcto funcionamiento de una democracia, ni por otra parte disponemos en España de reservas de ciudadanía como esa soñada.
Y es que, al final, resulta que no ha sido la desafección ciudadana la que ha causado la avería que ciertamente se constata hoy en nuestro sistema. Por eso, tampoco será la afección ciudadana la que la resuelva. Más bien parece que tanto el diagnóstico como la cura deben buscar en otro lado, en el lado de las instituciones políticas y sociales que sustentan el andamiaje político completo. Porque son las instituciones, esos difusos pero relevantes complejos funcionales de reglas y burocracias, esos entes que van desde la Monarquía hasta los municipios, pasando por la justicia o la Administración, las que exhiben aquí y ahora una distorsión elevada. Hasta el punto de que han dejado de ser funcionales para el armónico discurrir del sistema y se han convertido en problemas en sí mismos.
Si no, escuchen de qué hablamos un día sí y otro también: de que esta o aquella institución se tambalea, otra no cumple, aquella se ha corrompido, esta de aquí se ha vuelto sectaria… Los cojinetes invisibles sobre los que se desliza el sistema político (un entramado institucional que debería ser pluralista, contrapesado e independiente) chirrían hoy de tal forma en España que perdemos la mayor parte de la energía política de que disponemos en criticarlos / apuntalarlos: una disfunción peligrosísima.
Regenerar la democracia, por usar el verbo de moda, significa hoy regenerar las instituciones. Quizás también crear alguna nueva, es posible, pero sobre todo hay que conseguir que las instituciones ya tradicionales vuelvan a funcionar con mínima eficiencia. Y para ello no está de más una cierta reflexión sobre la relación entre instituciones y democracia; porque muchos de nuestros males derivan de ideas equivocadas sobre esa relación.
La idea (también bonita) de la extensión de la democracia y sus reglas a todas las instituciones político-sociales (la democracia extensiva) es un error de bulto. Cada institución responde y atiende a sus propios valores y fines, que no son en muchos casos los propios de la democracia sino otros diversos. La Administración, las Fuerzas Armadas, la Monarquía, la enseñanza o la justicia no deben organizarse según las reglas democráticas, sino sobre otras que atiendan al valor esencial a que responde cada una, como pueden ser los de competencia, jerarquía, autoridad, legalidad, etcétera.
Más aún, casi todas las instituciones operan correctamente solo si están un tanto alejadas y resguardadas del juego democrático inmediato. Por ejemplo, las instituciones de control y supervisión no pueden ser un calco del Parlamento, para eso sobran. No tenerlo en cuenta nos ha llevado a las averías actuales. La democracia no es una regla universal, sino que es un resultado, un output, de la interacción de instituciones que en sí mismas no tienen por qué ser todas democráticas.
Conviene también recordar que las instituciones no se cuidan ellas solas, ni pueden dejarse al albur del comportamiento de sus momentáneos ocupantes (algo evidente, pero en lo que no aprendemos nunca). Las instituciones exigen cuidado y respeto, tanto por parte de quienes las ocupan como de la opinión pública. No son armatostes de los que se podrá prescindir algún utópico día, sino el entramado mínimo de una política razonable. Exigirles transparencia y dación de cuentas es necesario, pero también es preciso un cierto sentido reverencial ante ellas. Hay que cuidarlas, hay que pensar institucionalmente.
Las instituciones tienden inexorablemente al crecimiento desordenado y al acaparamiento de burocracias y poder. Suelen disfrazar esa propensión invocando la autonomía o el autogobierno de cada función, pero más vale en este sentido ser fieles al principio inexorable que enseña cómo tratar al poder: con otros poderes. La pluralidad y el entrecruzamiento de instituciones es lo que garantiza que se mantengan en sus límites, no la buena voluntad de sus directores.
Lo que nos lleva a la disfunción institucional, madre de casi todas las demás: la que afecta a los partidos políticos, que de ser cauce de soluciones han pasado a ser fuente de problemas, porque su papel privilegiado les ha permitido (¡invocando la democracia!) ocupar, colonizar y averiar todo el entramado institucional. Sería bonito creer que basta para readaptarlos con exigirles democracia interna y transparencia externa, pero es de sospechar que esos remedios son insuficientes ya. Lo más probable es que la democracia exija hoy que los partidos políticos —todos— den un paso atrás. Que desocupen los espacios conquistados. Pero no lo van a hacer por sí mismos, como lo muestra que en el discurso actual que ellos practican la única institución no cuestionada es precisamente… la de los partidos políticos. Para ellos, es el mundo en su derredor el que falla, nunca se ven ellos mismos como la clave del problema.
Por eso, la cuestión hoy relevante rezaría así: ¿cuánto destrozo institucional es necesario para que los partidos tomen conciencia de su responsabilidad? ¿Será necesario que el sistema completo se hunda para que revisen sus prácticas? Pero si eso sucede, ¿será ya posible la revisión?
(Artículo de Jose María Ruiz Soroa, publicado en "El País" el 14 de abril de 2013)
LUCIDEZ Y EXIGENCIA ÉTICA.
Probablemente, la palabra que más se va a emplear hoy para describir a José Luis Sampedro es la de humanista; a mí no se me ocurre otra mejor. Sampedro fue un humanista casi arquetípico, alguien que respondía a la perfección al principio clásico: nada humano le fue ajeno. No es fácil conciliar espíritu crítico y tolerancia, inteligencia y respeto cómo él lo hizo. Como tampoco lo es ser fiel a unas convicciones y permitir que nuevos puntos de vista vengan a enriquecerlas. Hay personas para las que la erudición es poco más que el adorno de una existencia mezquina, y otras que gracias a su sabiduría mejoran la vida de los demás; José Luis Sampedro era de estas últimas.
La Economía fue el instrumento que eligió para actuar sobre la realidad, y siempre tuvo muy presente que el objeto de esta ciencia es el bienestar de los seres humanos. Algo que algunos economistas parecen haber olvidado. Sampedro fue un economista brillante, de una enorme solidez técnica, pero que trascendió los límites de su disciplina y que puso la ética por encima de cualquier otro requerimiento. Una exigencia moral que le llevó a plantar cara a la realidad en los muchos aspectos de esa realidad que no le gustaban. Y exigente fue también en su actividad creativa, que completa el perfil de humanista. Borges dijo que desconocemos los propósitos del universo, pero sabemos que razonar con lucidez y obrar con justicia es ayudar a esos propósitos. José Luis Sampedro razonó con lucidez y obró con justicia. No sé si ayudó a los designios del universo, pero nadie puede poner en duda que fue muy valioso para sus semejantes.
(Artículo de Alfredo Pérez Rubalcaba, publicado en "El País" el 10 de abril de 2013)
AIRE LIMPIO.
Con las primeras luces del día comienza a rodar la vida. De madrugada el panadero amasa el pan; los barcos de pesca se hacen a la mar; por las carreteras convergen hacia las grandes urbes los camiones cargados de mercancías; los agricultores salen al campo; los padres llevan a sus hijos al colegio; los ejecutivos, oficinistas y obreros llegan a la fábrica; levantan el cierre los comercios; ruedan los autobuses y el suburbano en la ciudad transportando ríos de gente, a cada uno hacia su afán; en los hospitales se abren los quirófanos; los estudiantes llenan las aulas; en los mercados suenan los gritos de los tenderos animando las ventas de carne, pescado, frutas y hortalizas; en las redacciones de los periódicos comienza a prepararse el número del día siguiente mientras las ediciones digitales ruedan en las pantallas sin detenerse nunca; puede que a cualquier hora del día o de la noche un escritor esté escribiendo un libro, una pareja se esté enamorando y muchos ciudadanos anónimos estén proyectando sus sueños sobre el futuro. Esta es la rueda de la vida, que cohesiona la convivencia, pero en nuestro país este tejido social se halla profundamente contaminado. La prensa, la radio y la televisión bombean a la superficie de forma continua e inagotable la basura de la corrupción política y su insoportable hedor lo huele el panadero que fabrica el pan, el marinero que trae el pescado a puerto, el labrador que siembra las semillas, el camionero que transporta mercancías, los escolares que llegan con sus cargadas mochilas al colegio, los médicos que curan en los hospitales, las cajeras que cobran en los supermercados, los periodistas que elaboran las noticias, los carniceros, los ebanistas, las secretarias, los fontaneros, que cumplen con su deber. Como una lluvia ácida la corrupción se desprende desde la política sobre cualquier orden moral de la vida cotidiana. ¿A qué se espera? Este país necesita urgentemente una pala que se lleve al infierno de una vez a toda esta reata de imputados y se limpie el aire para que el panadero, el carnicero, el frutero, el estudiante, el médico, el profesor, el científico, el artista, el empresario vuelvan a la diaria rutina sin que el cabreo o el desánimo envenene, contamine y corrompa su propia vida.
(Artículo de Manuel Vicent publicado en "El País" el 7 de abril de 2013)
(Artículo de Manuel Vicent publicado en "El País" el 7 de abril de 2013)
CORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA.
Hace cerca de un siglo G. K. Chesterton se declaraba horrorizado por el escaso número de políticos que iban a la horca. Hoy nos repugna la pena de muerte, pero entendemos muy bien la ironía del escritor inglés. La entendemos tan bien que si sustituimos horca por cárcel la frase se convierte en un lugar común. También entendemos a Kissinger cuando decía con guasa que el problema de los políticos es que hay un 90% que echa a perder la reputación de todos los restantes.
¿Es esto lo que está ocurriendo? No lo creo. La gran mayoría de nuestros políticos son personas profundamente honradas que hacen su trabajo con gran dedicación y responsabilidad. Pero es indudable que tenemos un problema, y serio. No pasa semana que no aparezca un nuevo caso de corrupción. Los únicos partidos que no están implicados en ningún escándalo son los que no han gobernado nunca.
Entre las circunstancias que han hecho posible este lamentable estado de cosas rara vez se menciona una a mi juicio clave: la debilidad de la Administración autónoma y municipal. Es cierto que sin las ingentes cantidades de dinero generadas por la burbuja inmobiliaria muchos de los casos que hoy ocupan las páginas de los periódicos no se habrían producido. En la intersección entre los excesos en la construcción de viviendas e infraestructuras y la deficiente regulación de la financiación de los Ayuntamientos y de los partidos políticos se halla el punto más oscuro de nuestra historia democrática reciente. Pero, del mismo modo que pequeños dispositivos de seguridad bastan para prevenir un porcentaje significativo de robos, una Administración autónoma y local más profesional e independiente, al evitar la sensación de impunidad y descontrol, habría podido frenar una parte no desdeñable de los abusos cometidos.
No creo que sea por azar que en la Administración central del Estado, articulada en torno a grandes cuerpos de funcionarios de carrera con larga tradición y un fuerte espíritu corporativo, la corrupción sea considerablemente más baja que en autonomías y Ayuntamientos. El funcionario de carrera rara vez es corrupto. En un país como el nuestro, en el que hay tanta gente que cree que la honestidad debe ser una cualidad ajena, el funcionario de carrera suele formar parte de esta amplia mayoría de ciudadanos que —como decía Jaume Perich— no solo deben ser honrados sino que además tienen que aguantarse.
No hace falta haberse carcajeado con los episodios de la vieja serie británica de televisión Sí, ministro, ni haber leído Por qué fracasan las naciones, de Daron Acemoglu y James Robinson, para comprender que una Administración capaz e independiente, con altos funcionarios capaces de hacerse respetar, puede ser un instrumento tan útil para la defensa de los intereses de los ciudadanos como enojoso para los políticos que intentan aprovecharse de sus cargos. Un buen funcionario es, sin proponérselo, un guardián de la ley. Su mera presencia evita tentaciones. ¿De dónde saca la fuerza para parar los pies al superior o al político que va a cometer un abuso? De su vocación de servicio a los intereses generales y de su seguridad de que, en última instancia, su futuro profesional no depende de la persona a la que planta cara, sino de su reputación y de su intachable trayectoria.
¿Existe una Administración de este tipo en nuestras autonomías y Ayuntamientos, una Administración que haga pensar más en Max Weber que en la novela picaresca? En muchos casos, no. Las Administraciones autónomas, que al ser de nueva planta podrían haber resultado ejemplares, en vez de establecer departamentos fuertes integrados por funcionarios solventes capaces de defender los intereses generales se han poblado de estructuras caciquiles y de interinos contratados y asesores nombrados a dedo que, al no contar con ninguna seguridad en su empleo, carecen de fuerza para frenar los abusos de sus superiores, si no es que caen ellos mismos en la tentación de dejarse sobornar para asegurarse la vejez. Y en la Administración local nadie se ha preocupado hasta ahora de dotar a los funcionarios de la fuerza suficiente para hacer frente a los poderosos intereses inmobiliarios. Solo muy recientemente el Gobierno ha caído en la cuenta de la incongruencia que supone que los interventores y secretarios de Ayuntamiento dependan de los políticos a los que tienen que asistir y controlar y ha propuesto reforzar su independencia. La iniciativa en este sentido constituye un paso en la dirección adecuada. Pero cabe dudar de que sea suficiente.
Según cifras que leo en la prensa, pese a los recortes de los últimos años hay más de 200.000 interinos en las Administraciones autónomas. Súmese a ello a las personas contratadas por empresas, fundaciones y consorcios públicos de ámbito autonómico y los interinos y contratados que hay en los Ayuntamientos, que deben de ser muchos miles más. Dudo que nadie conozca la cifra exacta. Seguro que muchas de estas personas desempeñan su labor con responsabilidad y eficacia, pero el hecho de que su ingreso no se haya producido con publicidad y transparencia y que su permanencia esté sometida al arbitrio de sus superiores les convierte en vulnerables a las presiones políticas y hace muy difícil que se opongan a abusos y corruptelas. Al amparo de la libertad para nombrar interinos y asesores y someter a su control personal a las piezas clave de la burocracia a sus órdenes, los gerifaltes autonómicos y municipales de las dos últimas décadas han tejido unas redes clientelistas que hacen palidecer al caciquismo de hace un siglo.
El resultado está a la vista. En estos momentos no recuerdo ningún ministerio afectado por un escándalo de corrupción. En cambio, me vienen en un instante a la cabeza una larga lista de autonomías y Ayuntamientos carcomidos hasta la médula. La lección que cabe sacar de ello es obvia. Una de las cosas que cabe hacer para luchar contra la corrupción, hoy que el edificio político y legal construido en la Transición reclama reformas urgentes, es fortalecer la profesionalización y la independencia de los funcionarios, en particular los autonómicos y locales —sin resucitar privilegios ni alentar el corporativismo, por supuesto—, con el fin de que contribuyan a asegurar la solidez del sistema democrático, como lo hacen en los países de nuestro entorno.
El Estado de derecho requiere equilibrios y contrapesos. Una Administración fuerte y motivada es uno de ellos. Del mismo modo que ninguna democracia puede funcionar sin partidos políticos y que el papel de una prensa plural e independiente es crucial, una Administración integrada a todos los niveles por funcionarios que ingresen y hagan carrera por méritos profesionales y no por contactos personales o afinidades políticas, que sirvan a los ciudadanos y no a los partidos, es una barrera necesaria para que la corrupción no socave las instituciones.
(Artículo de Carles Casajuana, publicado en "El País" el 5 de abril de 2013)
FORTALECER LA DEMOCRACIA.
El clientelismo, el nepotismo, la corrupción, la subvención desigual, la tolerancia urbanística, el contrato por financiar al partido, las recomendaciones variopintas, así como otras tropelías diversas, mayores o menores, constituyen todavía una parte no pequeña de nuestra cultura política. Una cultura que funciona ignorando la democracia, el comportamiento cívico y la justicia. Una cultura que hunde sus raíces en la historia, en la desconfianza ante el Estado y en la desigualdad excesiva. Una cultura que entre todos deberíamos desterrar con firmeza a través de la ley, la educación, el premio y el castigo.
¿Cómo fortalecer la educación cívica y la democracia desde las Administraciones públicas? La respuesta parece sencilla a ciertos gobernantes (respeto al ciudadano y transparencia), pero, aun así, entre lo dicho y lo hecho existen trechos excesivos. Por ejemplo, si un alcalde no rinde las cuentas en tiempo y forma de manera reiterada y sin explicación alguna, no solo incumple la ley, también ofende de forma grave al ciudadano contribuyente. Y si no se entienden estas cosas, la situación es todavía peor.
Pero el municipio es siempre escuela primaria de educación democrática y está en condiciones de ofrecer hoy, mediante su página web, abundante información y transparencia. Los municipios pueden ordenar sus ingresos en tributos propios (que pagan los vecinos), transferencias y subvenciones (que soportan las personas ajenas al mismo), los ingresos por deuda (que pagan las generaciones futuras), así como otros ingresos menores de origen diverso; mostrar el coste anual de la corporación y de los trabajadores públicos; el patrimonio de cada gobernante el entrar y al salir del concello; el coste de cada servicio prestado, así como su financiación; el importe de la deuda acumulada y de la carga financiera; las transferencias y subvenciones recibidas del Estado, comunidad autónoma y diputación provincial; la cuantía de los tipos impositivos y de sus modificaciones; las inversiones realizadas en el ejercicio y cómo se financian; los ingresos por enajenaciones patrimoniales; préstamos concedidos por el concello a los trabajadores públicos; la distribución de cargas y beneficios asociados a la gestión urbanística; las subvenciones y ayudas otorgadas, indicadores presupuestarios que facilitan su comprensión (esfuerzo fiscal, ahorro neto, saldo no financiero, remanente de tesorería, etcétera).
Pero la información económica no debe impedir el conocimiento vecinal de los acuerdos adoptados en los órganos correspondientes, a fin de verificar si los objetivos del proyecto prometido en el proceso electoral se logran parcialmente en cada ejercicio y en su totalidad al finalizar el mandato. Así es como la transparencia refuerza a la democracia.
(Artículo de Xaquín Álvarez Corbacho, publicado en "La Voz de Galicia" el 4 de abril de 2013)
LA ENFERMEDAD DEL CLIENTELISMO.
Si según Karl Popper una sociedad abierta se caracteriza por ser “una asociación de individuos libres que respetan los derechos el uno del otro dentro del marco de la mutua protección proporcionada por el Estado y que logra, mediante la toma responsable y racional de decisiones, una vida más humana y rica para todos”, entonces España ha fracasado estrepitosamente.
Dejando de lado lo engorroso de la definición (incluida quizá la traducción del propio articulista), lo que ponen de manifiesto los últimos acontecimientos de presunta corrupción que han indignado hasta el límite a la opinión pública española (empezando con Iñaki Urdangarin, pasando por Amy Martin y Carlos Mulas y acabando con Luis Bárcenas) es que vivimos en un coto cerrado en el que los mayores enemigos de las sociedades abiertas, los Gobiernos, las partitocracias y las oligarquías económicas, han sabido sacar provecho de un viejo patrón organizativo de las sociedades mediterráneas llamado clientelismo, o caciquismo en su versión más castiza.
El clientelismo es, no nos engañemos, una variante o sucedáneo de la corrupción. Es una forma de organización social que se salta las fronteras geográficas, llamado rousfeti en Grecia y de la misma forma en Italia y Portugal, y une en un mismo destino a los países del sur de Europa y a los latinoamericanos. La principal consecuencia que el clientelismo tiene en la vida de los ciudadanos es que el acceso a determinados recursos es controlado por una serie de patrones, cuya condición viene determinada por tratarse de políticos, detentadores de poder económico o ambas cosas a la vez, que reparten dádivas a sus clientes a cambio de su apoyo. Es un fenómeno social con raíces profundas en nuestro país, heredado de los tiempos feudales en que una mayoría de la población campesina dependía de los latifundistas.
La longevidad del fenómeno clientelista en una sociedad como la española solo puede explicarse como una carencia de capital social (usando el término del sociólogo francés Pierre Bourdieu, referido a la suma de los recursos con los que cuenta cada individuo en virtud de sus relaciones personales) de una mayoría de la población que carece de acceso a los centros de poder mediante un mercado libre, unas instituciones políticas representativas o un sistema legal igual para todos. Al individuo sin capital social no le queda más remedio que conectarse a redes de influencia buscando un atajo que le permita saltarse las barreras sociales. Este atajo puede consistir en entrar a formar parte de un partido político o, si se ofrece la posibilidad, aprovechar las conexiones familiares que uno tiene a mano.
El clientelismo, en suma, vendría a ser una respuesta a la persistencia de tradicionales estructuras sociales jerárquicas que alienan al individuo y caracterizan a las sociedades cerradas. Esta cruda naturaleza de las desigualdades sociales se expresa incluso en Norteamérica, paradigma de las sociedades abiertas, con el famoso dicho It is not what you know, it is who you know (“No es lo que uno sabe, sino a quién conoce”) que en román paladino vendría a equivaler que un buen enchufe vale más que una carrera.
En las sociedades regidas por una lógica clientelista los niveles de protesta tienden a ser más bien escasos. El individuo acepta las situaciones injustas, tiende a desconfiar del Estado y de las instituciones y a buscar la solución individual renunciando a la lógica, la racionalidad o la aplicación de las leyes. La lógica clientelista salpica a la sociedad en su conjunto y no solamente a los políticos o los empresarios. De la misma forma que determinadas empresas que querían beneficiarse de subvenciones o fondos públicos se aliaron con uno de los “patronos”, por ejemplo Iñaki Urdangarin o Luis Bárcenas and company, para compartir juntos el botín, el resto de los ciudadanos también tratan de saltarse las reglas del sistema. Que tire la primera piedra, por ejemplo, quien no ha conocido a alguien en lista de espera que, tras ponerse en contacto con un familiar o un conocido, ha logrado ser operado antes, pasando por encima de aquellos que se encontraban por delante de él en la misma lista desde la absoluta comprensión de sus allegados.
Lo cierto es que la vida de las empresas y cualquier organización en nuestra sociedad depende en gran medida de sus relaciones con el Gobierno o los partidos políticos que han asumido muchas de las funciones de los patrones individuales en el pasado. De hecho, los partidos políticos que, no olvidemos, se financian en buena parte con el dinero de los ciudadanos, son la piedra angular del clientelismo. No dejan de ser el equivalente contemporáneo, en términos de movilidad social, de lo que era el clero y la milicia en tiempos pasados al estar en muchos casos integrados por personas de escasa formación que ven en la política una posibilidad de progreso social en ausencia de otro tipo de méritos.
No era este necesariamente el caso de Carlos Mulas y Irene Zoe Alameda. Muy al contrario, ambos tienen doctorados en universidades de prestigio y son beneficiarios directos del célebre cierre de clase weberiano, es decir, del afán de las clases privilegiadas de subir los requisitos para poder pertenecer a ellas que en España hoy día se traduce, debido al descrédito de la universidad local, a que las familias pudientes manden a estudiar a sus chicos a universidades de élite generalmente norteamericanas para seguir manteniendo las distancias sociales. Para qué engañarse, cualquiera mínimamente versado en el mundo académico norteamericano sabe que obtener un doctorado en una universidad de prestigio, sobre todo si se viene del extranjero, depende tanto de los méritos académicos como de la solvencia económica. Pero incluso teniendo en cuenta sus favorables circunstancias de partida, Mulas y Alameda entendieron que la pertenencia o proximidad a un partido era un camino mucho más corto de acceder a determinados puestos adjudicados por criterios más políticos que profesionales (como por ejemplo el de director de la sede del Instituto Cervantes en Estocolmo o el de asesor del FMI). En lo que su caso no se distingue en absoluto de muchos otros es en la lógica cínica (alguno de los artículos de Amy Martin versaba sobre el hambre en Somalia) y familiarista (enchufar a la mujer) típica de las maniobras clientelares.
La indignación creciente de la opinión pública española no es solo un suceso puntual como respuesta a unos acontecimientos de corrupción y nepotismo que se acumulan en tiempo de crisis acuciante. Es sobre todo una reacción de hartazgo y de decepción ante una realidad indubitable: España sigue siendo una sociedad cerrada y dual como siempre ha sido aunque de vez en cuando se den algunos Antonios Alcántara (el personaje de Imanol Arias en Cuéntame lo que pasó). Si alguna vez hubo un ascensor que permitía el ascenso (y se supone que la caída también) social de los individuos, este se averió hace mucho tiempo. España sigue pareciéndose al reino en el que, parafraseando a la reina del relato Alicia en el País de las Maravillas, da igual que uno corra lo más rápido que pueda, ya que hay muchas posibilidades de permanecer en el mismo lugar.
El viejo sueño de que la pertenencia a Europa impondría unos estándares en los que regiría la razón y la legalidad en nuestra sociedad parece haberse desvanecido. Ni siquiera la dictadura de la eficacia que parecía traer aparejada la globalización ha logrado alterar el sistema de relaciones que rige en nuestras instituciones. Desafortunadamente, como afirma el politólogo italiano Caciagli, el clientelismo tiene raíces profundas. Implica “un lenguaje, unos ritos, unos valores y símbolos, pautas de comportamiento y redes de relaciones aceptadas por una comunidad que comparte una mentalidad”. Se adapta bien a la mentalidad posmoderna siempre en búsqueda de soluciones flexibles orientadas a satisfacer las necesidades individuales, al declive de las ideologías, a la fuerza de lo local y a la personalización de la política. El cerrojo está bien echado y sus beneficiarios lo saben.
(Artículo de César García, publicado en "El País" el 28 de marzo de 2013)
"CASO COOPERACIÓN": LA DEPRAVACIIÓN MORAL.
Entre los cientos de causas abiertas en los juzgados españoles por corrupción hay una que sirve como paradigma del grado de depravación moral alcanzado en ciertos sectores de la política: el llamado caso Cooperación o caso Blasco, que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la presunta apropiación de subvenciones públicas destinadas al Tercer Mundo entre 2008 y 2011. Mediante un burdo montaje basado en la emisión de facturas hinchadas o simplemente falsas, admitidas en los expedientes administrativos por funcionarios sobornados que a su vez contaban con la aquiescencia de evaluadoras externas y auditoras bien remuneradas, algunos de los encausados se apoderaron de unos 6 millones de euros procedentes de nuestros impuestos, además de 177.000 euros de aportaciones voluntarias de los valencianos tras el terremoto de Haití. Todos estos fondos, que tenían que haber servido para la mejora de las condiciones de vida de los más necesitados del planeta, fueron desviados a distintas sociedades en España y Estados Unidos para ser empleados, entre otros usos, en la adquisición de tres pisos en Valencia, de una potente embarcación de 53 pies de eslora, de un Cadillac para circular por Miami y de dos apartamentos de lujo en Cayo Vizcaíno.
¿Quiénes pudieron cometer semejante tropelía? Según la Fiscalía Anticorrupción, que desde que conoció los primeros indicios realiza una labor admirable, el entramado delictivo tenía dos ejes fundamentales: Rafael Blasco, último conseller de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, y un tipo que desde hace un año está encarcelado en Picassent. En torno a ellos dos funcionaba una maquinaria tosca pero bien engrasada que permitía que un puñado de ONG instrumentales resultaran adjudicatarias de subvenciones que acababan en manos de las empresas expedidoras de facturas falsas, repartiendo estas a continuación el dinero a los miembros de la banda. Como resultado de las investigaciones hay por ahora 31 imputados, siendo labor de los magistrados decidir quiénes son culpables y en qué grado. Eso sí, aunque en su día se haga justicia, la sospecha y el desprestigio han alcanzado al conjunto del sector de la cooperación y han provocado su ruina, incluidas las organizaciones que siempre han actuado desde la honestidad y la eficacia.
En primavera de 2012, cuando la juez ordenó las detenciones de los implicados y los medios de comunicación destaparon el caso, sentí la imperiosa necesidad de estar presente en el procedimiento judicial. Mi mujer y yo somos los delegados en Valencia de Familias sin Fronteras por la Infancia, ONG que financia varios orfanatos y escuelas de Primaria en Puerto Príncipe, y siendo testigos de que estos centros funcionan con presupuestos anuales que rondan los 30.000 euros nos resulta fácil inferir la cantidad de niños desvalidos a los que se podría haber proporcionado cuidados y educación con los seis millones malversados. Para más inri, el Gobierno valenciano había aprobado la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de enero de 2010, y el proyecto se frustró al descubrirse que la correspondiente subvención, de cuatro millones, también fue adjudicada a la trama. Y así, empujado por el hecho de que uno de nuestros hijos es haitiano —en acogimiento permanente— y por el recuerdo de sus siete primeros años de vida en un orfanato con serios trastornos de salud por falta de asistencia sanitaria, decidí renunciar a otros proyectos y solicitar mi personación como acusador popular. La juez tuvo a bien admitirme y, desde entonces, comparto la defensa jurídica con el abogado Alberto Domingo para tratar de ayudar al esclarecimiento de la verdad.
Tras la asistencia a las comparecencias de imputados y testigos y tras el estudio de los casi 20.000 folios que componen el sumario he alcanzado un buen número de conclusiones, pero hay dos que entiendo tienen suficiente relevancia social como para trasladarlas aquí. En primer lugar, la constatación de que a pesar de la indignación generalizada por la corrupción política y de la especial aversión que causa este caso en particular, los dos fiscales cuentan con muy escasos apoyos para llevar adelante la investigación. Parece indudable que España necesita una regeneración en sus instituciones, sí, pero esta no solo debería exigirse a través de manifestaciones y protestas, sino que hay que ejercerla desde dentro del sistema. Considero necesaria la implicación en estos asuntos de agentes independientes, ya sean profesionales, periodistas, jubilados, parados o estudiantes, personas capaces y dispuestas a dedicar sus conocimientos y su tiempo en coadyuvar en las indagaciones, gente interesada no en posibles réditos políticos —de esto ya hay de sobra— sino en el establecimiento de la justicia.
En segundo lugar, y esto es lo más lamentable, compruebo que sería más apropiado cambiar la denominación caso Cooperación por otra mucho más amplia. Me explico. Una parte significativa del sumario contiene conversaciones telefónicas y correos electrónicos entre los implicados, una ingente cantidad de información de primera mano que permite adoptar el punto de vista de cada uno de los miembros de la trama. Es entonces cuando uno se sorprende por el ambiente de impunidad en el que se movían, comprendiendo que, en realidad, para ellos aquello era un trabajo como otro cualquiera. A diferencia de quien delinque de cualquier otra forma para lucrarse, ellos rodeaban sus actos de una pasmosa normalidad, hasta tal punto estaban habituados a robar. De hecho eran un grupo de malhechores que acompañaron a Blasco en todas las consellerias que dirigió (Urbanismo, Sanidad, Bienestar Social...), recibiendo sus sociedades cuantiosas adjudicaciones a dedo, y en el año 2008, cuando su benefactor fue nombrado conseller de Cooperación, fundaron una ONG para continuar captando sus subvenciones fraudulentas. Qué mas da que esos fondos estuvieran destinados al Tercer Mundo. Para ellos era dinero público como cualquier otro. No reparaban en que su conducta podía acarrear muertes; ¿o quizás sí? Antes estamos nosotros que los negratas, se decían. Corrobora la tesis anterior lo nerviosos que se muestran con los cambios en el Gobierno autónomo de 2011, ansiosos por conocer el siguiente destino de Blasco para “montar otro chiringuito”.
Así, de un caso de corrupción nauseabundo pero en apariencia aislado se descubre una actividad delictiva bien asentada que nadie había denunciado ni investigado hasta ahora, lo que da a pensar que los sistemas de detección son ineficientes y que la mancha de corrupción que cubre los distintos niveles de la Administración en España es más extensa y profunda de lo que parece. Esto conduce a la convicción de que gran parte de esta crisis económica proviene de la corrupción, mucho más de lo que nos quieren hacer creer los partidos mayoritarios. Los casos que están apareciendo —más de 300 políticos imputados por ahora— no son más que la punta del iceberg, por lo que los grandes partidos carecen de la más elemental autoridad moral para conducir la reconstrucción que necesita el Estado ni para exigir sacrificios a la sociedad.
Pero acaso lo más llamativo del asunto no sea la falta de honestidad y el descaro de un amplio sector de la clase política sino su necedad, que puede ser aún más dañina. Sus cortas o desviadas inteligencias les impiden comprender que, superado un umbral para cubrir las necesidades cotidianas y vivir con una cierta comodidad, el dinero tiene una sola utilidad: la tranquilidad que puede aportar en previsión de las diferentes contingencias que puede deparar la vida. Pero cuando los ahorros se han conseguido delinquiendo no se obtiene este efecto sino el contrario, ya que en realidad, por mucho que quieran aparentar, son incapaces de disfrutar del dinero robado ni de la vida misma por temor a ser descubiertos. Algo muy habitual en tramas delictivas, pues cuando uno cae arrastra al resto.
Como apuntó Plutarco en su biografía del general tebano Pelópidas, algunos son dueños de sus riquezas y otros, los necios, simples esclavos de las mismas.
(Artículo de Antonio Penadés, publicado en "El País" el 21 de marzo de 2013)
DE TRANSPARENCIA Y OPACIDAD.
Estamos saturados de invocaciones a la Ley de Transparencia como si en ella residiera el remedio instantáneo a todos los males de la política de nuestros días. Se diría que la ley resolverá de modo automático los abusos que degeneran y corrompen nuestro sistema y que han convertido a la clase política en la tercera preocupación de la ciudadanía, según las últimas encuestas disponibles del Centro de Investigaciones Sociológicas. Pero las leyes, por sí mismas, carecen de esa virtualidad. Es como cuando María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, dice que hay asuntos que hoy están judicializados y que se alegra mucho de que lo estén. Pero la cuestión a dilucidar es si el PP está facilitando la tarea de los jueces o por el contrario la obstaculiza en espera de que venza el plazo del actual instructor o caduque alguna norma y puedan salir todos indemnes como cuando el caso Naseiro.
Nuestra alegría también es grande por el proyecto de Ley de Transparencia que, según nos han repetido hasta la saciedad, ha sido iniciativa de este Gobierno en contraste con los anteriores. Iniciativa que, en forma de proyecto, llegó al Congreso, cuya Mesa acordó el 4 de septiembre pasado encomendar su aprobación con competencia legislativa plena a la Comisión Constitucional. Desde entonces hasta hoy se han encadenado 20 ampliaciones sucesivas, 20, del plazo para la presentación de enmiendas y se ha procedido a fijar una lista de ocho comparecencias, que se iniciaron en la sesión del 23 de enero y se concluyeron en la del 12 de febrero. En la lista figuraban el presidente del Tribunal de Cuentas, el director de la Agencia Española de Protección de Datos, dos representantes de Transparencia Internacional España, dos profesores de Derecho Administrativo, un profesor de derecho a la Información y la presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). Esta última compareciente presenta el interés de su novedad porque APRI fue constituida en diciembre de 2007 y porque en su intervención dejó constancia de que representaba a los lobbistas profesionales, cuyo código de conducta, según texto facilitado, ya quisiera para sí la Cruz Roja o la ONG más desinteresada.
Declara la exposición de motivos de la Ley de Transparencia que tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública —que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas—, reconoce y garantiza el acceso a la información —regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo— y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. Pero hete aquí que donde se ha considerado conveniente citar a los lobbistas, de cuya afinidad con las prevaricaciones y los abusos sería temerario dudar, se ha tenido buen cuidado en excluir a los periodistas y medios de comunicación, que trabajan en la dirección contraria para denunciarlos.
El tantas veces aquí mencionado proyecto de Ley de Transparencia constituye la obsesión dominante de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Así lo probaría un somero estudio sobre sus respuestas en la rueda de prensa de los viernes después del Consejo de Ministros, porque casi en un 30% de las mismas se incorpora una referencia al citado proyecto, seguida, o precedida, de otra dedicada al famoso informe encomendado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sobre la regeneración democrática. Claro que estos botes de humo y otros ingeniosos señuelos lanzados para despistar a los periodistas y favorecer la salida por la escalera de incendios forman parte del conocido método Ollendorf y de la dialéctica del “manzanas traigo”.
Sin embargo, la necesidad más acuciante e inaplazable no es la transparencia sino la opacidad. Porque se sabe que los miembros de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, en las reuniones de los lunes en la sede de Génova, se abstienen de hacer uso de la palabra. Todos temen que sus palabras puedan trascender, que se instrumentalicen en perjuicio del partido y que acaben dando idea de divisiones internas, cuyo coste quieren evitar. Es decir, que está instalada la desconfianza hacia los compañeros presentes, únicos que podrían protagonizar las filtraciones. El panóptico de Jeremy Bentham ya demostró que la transparencia absoluta es invivible. Cuando rescataron al que se ahogaba en una tinaja de perfume salió gritando ¡mierda! y ahora el grito del innombrable que se ahoga en la transparencia, coreado por los amedrentados en el silencio, es ¡opacidad! Qué ejemplo a seguir el del Cónclave y su jaula de Faraday.
(Artículo de Miguel Ángel Aguilar, publicado en "El País" el 12 de marzo de 2013)
EL PAPEL DEL AGUAFIESTAS.
A propósito del ensayo "Todo lo que era sólido", de Antonio Muñoz Molina.
Existe mucha enjundia en este ensayo, bastante más de la que suele haber en los textos breves. No se han dosificado las ideas. Cada uno de los lectores puede escoger el ejemplo que le interese (el nacionalismo, la izquierda, la transición, las libertades, los abusos políticos, la propaganda, la codicia, el narcisismo, la superioridad moral, el derroche…) y confrontarse con él: para sentirse identificado con las posiciones ideológicas o profesionales del escritor o para disentir de las mismas. No en vano es un libro que anima a pensar en cada una de sus páginas. Pero su vector dominante es la calidad de la democracia en España y la inquietud de Muñoz Molina (MM) porque su contenido no haya sido todo lo sobresaliente que anhelamos, o por el peligro de que la podamos perder a base de despreciarla por cotidiana.
MM, como todo intelectual comprometido, es un observador febril de la realidad. La primera perplejidad la pone en boca de Joseph Conrad, cuando este escribe: “Es extraordinario cómo pasamos por la vida con los ojos entrecerrados, los oídos entorpecidos, los pensamientos aletargados”. El autor se sobresalta al detenerse, mirar alrededor y darse cuenta de la profundidad de los cambios que acontecen desde que la crisis, en toda su magnitud multidisciplinar, se instaló entre nosotros: empobreciéndonos. Empobreciéndonos en lo económico, pero también en lo moral y en lo político. Cómo no nos dimos cuenta de ello hasta que llegamos a este límite, cómo no nos atronaba el ruido de las dificultades, qué veíamos, en qué estábamos pensando. Si nuestro oficio es mirar al mundo para poder contarlo, cómo es que no nos fijamos en lo que sucedía delante de nosotros. Cómo nos quedábamos en la superficie del delirio y no le arrancamos la máscara. ¿Por qué?, ¿por distracción?, ¿por irresponsabilidad?, ¿por ir cada uno a sus propios asuntos y demediar los espacios públicos, colectivos, los de todos?, ¿por la decisión, en el fondo asustada, de no aceptar la posibilidad del desastre, por la pura inercia de entender que las cosas eran mucho más sólidas de lo que en realidad son? Quizá porque avalamos las posiciones de algunos supuestos expertos (tecnócratas) que no lo eran sino en brujería, a los que creímos no porque comprendiéramos lo que nos decían sino porque no lo comprendíamos y porque la oscuridad de sus augurios y la seriedad sacerdotal con que los enunciaban nos sumían en una especie de paralizadora reverencia.
Lo primero que hemos de hacer ahora es evaluar el grosor del desastre y sus intangibles, descubrir lo que se nos había olvidado entre tanto oropel y tanta comunicación: que somos pobres, que vamos a serlo más todavía y durante mucho tiempo. Hemos pasado de nuevos ricos a nuevos pobres en un lustro. Comparativamente pobres, eso sí. Hay que advertirlo para no perder una vez más el sentido de las proporciones, pecado muy habitual en el mundo de los populismos simplistas. Por supuesto, mucho menos pobres que una vasta mayoría de la humanidad y mucho menos que nuestros abuelos y nuestros padres.
Cuando se extiende la escasez (de libertades, de servicios públicos esenciales, de cultura, de dinero…) es cuando el ciudadano se hace más consciente de lo que puede perder. En primer lugar una democracia imperfecta, pero la más libre y la más justa que ha conocido nuestro país, y superior en sus contenidos a aquellos paraísos utópicos y totalitarios que muchos soñamos en nuestra juventud. Al autor le sorprende la crítica exacerbada que se hace hoy a la transición desde posiciones teóricas de izquierda: no parece que haya nada que defender, nada que valga la pena conservar. La democracia española es presentada como poco más que una concesión de los herederos del franquismo, enquistados en ella. Lo que hasta hace poco había valido de mucho, de pronto no vale nada, no vale la pena. Es una democracia que solo despierta una lealtad apasionada cuando se ha perdido, una democracia en la que han ido creciendo nuestros hijos y en la que casi nadie recuerda ya el miedo a un golpe militar.
Pero también hay otras cosas fundamentales que perder, aquellas que de verdad hacen mejor la vida: el derecho a la educación y a la sanidad pública, el imperio de la ley, la garantía de seguir disponiendo de una vida decente en la vejez, etcétera. En la mayor parte del mundo solo los ricos o los muy ricos tienen acceso a tales derechos (que allí son privilegios), y sin embargo para nosotros han llegado a ser indiscutibles aunque no hace mucho más de 30 años que disfrutamos de ellos. Remata MM: “Lo que hoy es más indiscutible y más sólido, y nos importa más, mañana puede haber sucumbido a un desguace motivado por intereses económicos o designios políticos, o simplemente porque no hubo un número suficiente de personas capaces que tuvieran el coraje de defenderlo”.
Para ejercer este coraje hay que levantar la voz y denunciar la degradación de la vida cívica, aunque ello le convierta a uno en algo peor que un reaccionario: un aguafiestas. Cuántos abusos han quedado sin castigar por las capas sucesivas de pactos de silencio que se han ido acumulando en la vida pública española. Callar por conveniencia, callar por miedo, callar por cinismo, callar por militancia, callar por complicidad, callar por no distinguirse del grupo, callar por no disgustar a la familia, callar porque no parezca que vas en contra de los tiempos o por temor a no ser moderno. En definitiva, callar por no ser un aguafiestas. Frente a este silencio, Antonio Muñoz Molina ejerce en este ensayo su militancia con la enseñanza de la democracia de cada día. Porque entiende que el edificio de la misma está siempre a punto de derrumbarse si no se practica, porque hace falta una continua vigilancia para sostenerlo. Lo inaudito puede siempre suceder y lo que parecía inimaginable porque era infernal, se convierte en cotidiano. Las cosas se deterioran poco a poco y de pronto, en vez de continuar en ese estado que se ha vuelto tolerable, se hunden del todo, sin transición. Esta es la llamada de atención.
(Artículo de Joaquín Estefanía, publicado en "El País" el 2 de marzo de 2013)
LOS TÓXICOS DE LA CORRUPCIÓN.
La apatía intelectual a la hora de penetrar en el nuevo siglo impide a la vez discernir entre las viejas y las nuevas caras de la corrupción. Algo habrá que hacer porque la pregunta ahora mismo no es exactamente si hay algo que los mercados no puedan comprar. Lo que nos preguntamos hoy es si existe alguna cosa que la corrupción no pueda intoxicar. Desde luego, en la vida pública de España hay muchas cosas —muchos ciudadanos, políticos, jueces, diputados o periodistas— que la corrupción no podrá avasallar por mucho que digamos que todo tiene un precio.
La cuestión es cómo y dónde practicar los cortafuegos de la ley y del regeneracionismo político para que la corrupción no destruya más transparencia, inhiba las virtudes públicas y fomente antipolítica. Frente al maximalismo justiciero, una respuesta es el reformismo, la regeneración. La corrupción puede ser siempre la misma, pero hoy sobrepasa a menudo los medios con que cuenta el imperio de la ley. Es como aquellos contrabandistas gallegos que disponían —si es que todavía no disponen— de lanchas mucho más rápidas que las de la Guardia Civil. Un mundo financiero tan enrevesado, con sus algoritmos imparables y sus ladrones de guante blanco que transitan a la velocidad de la luz, dejaría anonadado al cirujano de hierro de Joaquín Costa. Los requerimientos morales del bien común y la codicia, tanto de núcleos de la economía especulativa como de políticos sin escrúpulos, han llegado a un contraste tan sobrecogedor que la tentación sería el derrotismo, un fracaso de la política y también de la inteligencia colectiva.
La corrupción se concreta hoy en un clic, en la instantaneidad de las finanzas globales. Alí Babá tendría hoy su tesoro en un off shore. Corromper hoy y facturar mañana. La política como puesta al día del infalible timo del tocomocho.
En su día nos tuvo entretenidos la corrupción en Italia. Ahora la tenemos en casa y no sabemos con qué dimensiones y hasta qué límites. Lo que marque la ley, indudablemente, pero por el instante estamos en la sombría plenitud de una fase de grandes sospechas y pocas imputaciones. Dar por sentado, suponer que siempre es y será así, considerar que todos los políticos son iguales es un daño colateral de la corrupción. En estos casos, la ejemplaridad no es tan solo un fin, también es un método. De las instituciones se requiere la transparencia que acaba por darles auctoritas. En otras circunstancias, Albert Camus hablaba de introducir el lenguaje de la moral en el ejercicio de la política. No es momento para elegías del desencanto, tan semejantes a la práctica de esconder la cabeza en la arena.
A fuerza de restarle credibilidad, ¿puede la corrupción acabar con el sistema democrático? Es la pregunta que se hacen no pocos ciudadanos. La respuesta más franca comienza a ser dubitativa, pero lo más probable es que, de efectuarse las rectificaciones ineludibles y reforzarse los controles con urgencia, la democracia en España logre incluso fortalecerse porque, ante un bochorno público como el que estamos viviendo, o pides que la tierra te trague, o echas mano del bisturí. Es un momento grave porque esas cosas acostumbran a fomentar los populismos que se hacen ventrílocuos de la voz del pueblo sin aportar ninguna solución. En paralelo, la hiperpolitización de la respuesta pública —y concretamente, judicial— a la corrupción conseguiría alterar con riesgo la añeja división entre los tres poderes que nutren la vitalidad democrática.
Cuantitativamente, la dimensión de la burbuja inmobiliaria —causa y efecto, a veces, de corrupción— es la que ha lastrado la economía y la que ha llevado a las actuales tasas de paro. Socialmente, el colchón de la economía sumergida explica por ahora la escasa conflictividad popular, aunque quedan largos meses por delante si es que los indicios de lentísima recuperación acaban por consolidarse. Es natural que la ciudadanía sume la metástasis de la corrupción a los desplomes económicos, pero tendría más lógica diferenciar entre ambos procesos. Ciertamente, puede haber más corrupción cuanto más corra el dinero y más si es dinero fácil. Pero, por ahora, el mal de la corrupción es político, institucional, sobre todo con relación a la gestión interna de los partidos políticos y a entornos descaradamente golfos, conspirativos y chulescos.
Descalificar a toda la clase política es desproporcionado e injusto. Ahora bien, quizá sea el momento de abandonar la cantinela retórica de la democracia interna y asumir deberes fundacionales de transparencia. Frente al partido jerarquizado, sería positivo evolucionar hacia el partido como red. El bisturí pudiera aplicarse, por ejemplo, a los costes de las campañas electorales, tan obsoletas en la era ciberespacial. Así, de forma siempre imperfecta pero hasta hoy no superada, los mecanismos de la sociedad abierta permiten airear los establos y abrir ventanales. Y en las aulas y en la aspiración a una sociedad meritocrática es donde muchas cosas acabarían por refundarse como bien común.
(Artículo de Valentí Puig, publicado en "El País" el 22 de febrero de 2013)
APRENDER A RENOVARSE SIN TRAUMA.
La historia contemporánea de España tiene algunos rasgos inquietantes. Uno de ellos es lo que podríamos llamar la tendencia a la degradación de los regímenes. Los grandes períodos de la historia contemporánea: el trienio liberal (1820-23), la regencia de María Cristina (1833-41), la regencia de Espartero (1841-43), la monarquía isabelina (1844-68), el sexenio democrático (1868-74), la Restauración (1875-1931), y la Segunda República (1931-39), comenzaron con grandes esperanzas y terminaron, como vulgarmente se dice, como el rosario de la aurora, es decir, con disensión y violencia. Excluyo el absolutismo y las dictaduras porque esos regímenes nacieron ya degradados.
El caso es que todos los períodos enumerados comenzaron apoyados por el entusiasmo popular y terminaron hundiéndose en la indiferencia y el odio, cuando no en la masacre. Esto explica el gran número de constituciones que jalonan la historia contemporánea de España, en número casi igual al de períodos considerados. Por eso podríamos decir que más que de períodos o reinados, habríamos de hablar de regímenes. El trienio constitucional (tan bien reflejado en La Fontana de Oro de Galdós), que inaugura la serie, bajo los auspicios de la Constitución de Cádiz, fue, una excepción en el sentido de que fue derribado por una fuerza exterior, la invasión francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis; pero lo cierto es que no hubo en la primavera de 1823 ni sombra de la heroica resistencia con que había sido recibida la invasión napoleónica quince años antes. Todos los demás regímenes cayeron por su propio peso, recibiendo un descabello militar las más de las veces, al que llegaron ya desfondados y agonizantes, desgarrados por las luchas y rivalidades internas.
Esta es una pregunta que yo me he hecho a menudo, y con la que he acosado a mis amigos juristas: ¿por qué tantas constituciones promulgadas, sin contar las nonatas? ¿No sería mejor imitar a los Estados Unidos, que no han tenido más que una constitución en toda su historia, y la han ido adaptando a los tiempos cambiantes por medio de enmiendas? La pregunta, en todo caso, es secundaria: la pluralidad de constituciones es un síntoma, no el problema en sí. El problema es la sorprendente rigidez de nuestros regímenes e instituciones, que parecen incapaces de renovarse sin trauma. En el caso de la Restauración, es difícil saber si fue la ausencia de sus dos grandes protagonistas (Cánovas y Sagasta) o la incapacidad de adaptarse a una España en pleno crecimiento económico y cambio social, pero el hecho es que desembocó primero en la dictadura de Primo de Rivera y luego se hundió dejando lugar a la Segunda República, que fue acogida con entusiasmo y ya sabemos por desgracia cómo terminó.
Vienen estas apresuradas disquisiciones históricas a cuento de la situación presente. Parece claro que lo que comenzó tan esperanzadoramente con la Transición a la Democracia, hace ahora tres decenios y medio, ha entrado en un callejón angosto al que nadie parece ver salida airosa e indolora. Al paulatino desarrollo del separatismo, que nadie parece saber cómo detener, se une otra lacra periódica, que es la corrupción generalizada, ante la que nuestros políticos sólo parecen saber responder con el “Yo no he sido” o el “Y tú más,” o con ocurrencias poco meditadas, en algún caso en abierta contradicción con la conducta anterior de la figura que las recomienda. Pocos parecen darse cuenta de que tanto el separatismo como la corrupción son endémicos al régimen por el que nos regimos, que el sistema de nombramiento (más que elección) de los cargos públicos que utilizamos conlleva aparejadas ambas cosas.
La ausencia de ideas serias y constructivas es alarmante; y es que la solución no puede venir de los políticos actuales, que son, para usar la frase trillada de un viejo pantera negra, “parte del problema y no parte de la solución”. La solución, una reforma profunda, tiene que venir de fuera del sistema. Lo mejor que pueden hacer nuestros políticos es declarar que estamos en una emergencia nacional y dejar paso a pensadores independientes que propongan soluciones. Debiera nombrarse una Comisión de Diagnóstico Político, compuesta de un número limitado de autoridades de prestigio que tuvieran la menor relación posible con el mundo político, salvo en lo relativo a su competencia científica, de los que al menos una quinta parte fueran extranjeros, y pedirles un informe sobre los defectos de nuestro sistema político y recomendaciones acerca de cómo poner remedio a la situación actual. Pese al problema que conlleva la publicidad y la atención de los medios, el nombramiento y composición de la Comisión debieran ser públicos, y la Comisión, aunque trabajara en paz y en reclusión, podría y debiera tratar de pulsar otras opiniones y hacer uso de todo tipo de encuestas. Naturalmente, las recomendaciones de la Comisión no serían vinculantes, pero marcarían una senda, darían legitimidad y otorgarían autoridad a unas reformas que sin duda suscitarían oposición y crítica muy cerradas, pero que quizá dieran la flexibilidad que falta a nuestras instituciones.
Existen algunos antecedentes, muy pocos, de este tipo de Comisión en nuestra historia. Pero la que fue quizá la más famosa, la Comisión del Patrón Oro de 1929 (cuyas recomendaciones no se siguieron, no puedo entrar en el porqué), es aún objeto de estudio en las Facultades de Economía, y marcó un hito en nuestra historia económica.
¿Tendrán nuestros políticos la grandeza de ánimo y la inteligencia de recurrir a una Comisión independiente como medida para flexibilizar nuestra inveterada rigidez política y sacarnos del atolladero en que estamos? ¿O seguirán pretendiendo que ellos saben más y que nuestras instituciones “gozan de buena salud”?
(Artículo de Gabriel Tortella, publicado en "El País" el 16 de febrero de 2013)
PARA GOBERNAR, LUZ Y TAQUÍGRAFOS.
Decía Truman que una de las principales virtudes de la democracia es que “sus defectos son siempre visibles, pueden señalarse y corregirse”. Harry S. Truman fue un líder criticado, con una popularidad en mínimos históricos y una Administración fuertemente cuestionada por no pocos casos de corrupción. No obstante, en plena crisis de posguerra, Truman y otros líderes democráticos de su época se empeñaron en renovar el contrato social y comprometer una mayor transparencia en la gestión.
El Congreso norteamericano, bajo su mandato, decidió poner coto a los hombres de negocios que, con más o menos frecuencia, acudían al Parlamento a compartir sus puntos de vista sobre una u otra normativa. Para ello, alguien inventó un registro que permitiese contrastar quién representaba qué y cuánto cobraba por ello. Algo aparentemente sencillo, si bien entonces, y aún hoy, revolucionario. Gracias a la Federal Regulation of Lobbying Act (1946), el proceso de representación de los intereses económicos y sociales en los procesos legislativos sería el mismo pero, al menos formalmente, sometido a luz y taquígrafos.
Mucho ha llovido hasta llegar, en feliz expresión de Gutiérrez-Rubí, a nuestra “política vigilada”. “Una sociedad decepcionada, crítica y muy informada” que con el apoyo de tecnologías de la información y una cultura política que, si no mayor, sí al menos está más extendida, exige mayor transparencia y control sobre las instituciones y los responsables públicos. Hoy la legitimidad para gobernar que emana de las urnas se agota con rapidez, no solo cuando la eficacia de las políticas desaparece, sino cuando estas se realizan a la sombra y sin contar con la opinión, cada vez más exigente, de los administrados.
Con estas exigencias, no es que la corrupción cese pero, al menos, es más difícil de ocultar. Pero si han aumentado las dificultades para ocultar una noticia, también son más complejos los accesos a fuentes de información relevantes y mayor el peso de la economía y los intereses particulares en la conformación del interés general.
Tanto es así que todos nuestros partidos políticos llevan en su cartera de promesas una buena ley de transparencia, sea esto lo que fuere, y así como el Gobierno anterior, tras ocho años, llegó a aprobar un anteproyecto, el actual tramita ya un proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que, como toda norma que se precie, es tanto lo que incorpora como lo que deja fuera, y nada dice de esa actividad tan cotidiana en nuestras democracias como es la representación de intereses.
El Tratado de Lisboa buscó un justo equilibrio entre representación y participación y expone en su artículo 11 que las instituciones comunitarias “establecerán los cauces necesarios” para “mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil”, además de comprometer “amplias consultas con las partes interesadas”.
La Comisión Europea, a través de la Iniciativa por la Transparencia (2006), definió la representación de intereses como “las actividades realizadas con el objetivo de influir en la formulación de políticas y los procesos de toma de decisiones”, y el Parlamento Europeo considera “un derecho fundamental que los representantes de la sociedad civil y las empresas tengan acceso a las instituciones para trasladar sus intereses, recabar información, defender su situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta”.
Países como Alemania, Francia o Polonia o, fuera de la Unión, Canadá, Taiwán, Israel y, más recientemente, Chile, decidieron incorporar a sus ordenamientos algunas de las medidas aplicadas con éxito en el complicado entramado comunitario, que reconoce que los grupos de interés “desempeñan un papel esencial en el diálogo abierto y pluralista en que se basa un régimen democrático, y constituyen una importante fuente de información para los diputados en el marco del ejercicio de su mandato”. Bruselas presume hoy de un registro voluntario, común al Parlamento y la Comisión, en el que los representantes de intereses económicos y sociales facilitan algunos datos básicos de facturación y se comprometen con el cumplimiento de unas normas de conducta comunes y públicas. Actualmente, 5.496 organizaciones —sindicatos, patronales, ecologistas, organizaciones religiosas u ONG— hacen lobby en la Unión Europea y, gracias a este registro, participan en el proceso normativo de una forma abierta y transparente, pues todos podemos conocer quiénes son, qué intereses defienden y cuánto perciben por ello consultándolo, simplemente, desde nuestro ordenador.
España no puede permitirse el lujo de aplazar medidas que dignifiquen nuestra democracia. El proyecto de ley que tramita el Congreso es la norma adecuada, en el momento justo, para incorporar a la legislación y a las prácticas españolas las mejores experiencias comunitarias, también en materia de grupos de interés. Registro, código de conducta y acceso público a las agendas de los altos cargos son algunas de las propuestas a debate.
Pero, además, el Congreso debate si la Ley de Transparencia debe regular no solo Administraciones públicas sino también partidos políticos y sindicatos. ¿Como dejar fuera de esta ley la relación entre Administraciones y políticos y las empresas y organizaciones sociales que legítimamente pretenden participar en la mejora de la legislación y, por tanto, de nuestro ordenamiento jurídico y nuestra convivencia? Es precisamente sobre esta relación sobre la que hay que poner luz. Deben existir más cauces transparentes para, entre otros motivos, reducir los cauces que no lo son, para dificultar en lo posible prácticas tristemente extendidas y que solo pueden realizarse al amparo del anonimato.
Una ley no elimina por sí sola las malas prácticas, pero puede dificultarlas, aumentando los controles e incrementando las sanciones. Además, debe establecer cauces adecuados, públicos y conocidos e impedir que comportamientos legítimos queden bajo la misma sospecha de los que no lo son.
Un grupo de firmas de consultoría y despachos jurídicos, que no representamos intereses, pero trabajamos profesionalmente para quienes legítimamente sí lo hacen, queremos trasladar públicamente al Ministerio de la Presidencia y a los grupos parlamentarios nuestra propuesta de que nuestro ordenamiento jurídico recoja la misma definición que Comisión y Parlamento Europeo hacen de los grupos de interés y su función en la conformación de las políticas públicas, incorporando una mayor transparencia en procesos legislativos y de toma de decisiones.
La Comisión Constitucional del Congreso analiza estos días el texto propuesto por el Gobierno y escucha a representantes de la sociedad civil y expertos en cada una de las áreas que la norma pretende legislar, mejorando su redacción y alcance, incrementando los derechos ciudadanos y buscando un justo equilibrio entre las legítimas aspiraciones de acceso a la información pública y transparencia y las necesidades de protección de datos que las instituciones deben preservar. Previamente, el Gobierno ensayó un novedoso proceso de consulta abierta a todos los ciudadanos, proceso tradicionalmente reservado a los órganos consultivos del Estado. La falta de experiencia y, sobre todo, la falta de cultura política a la hora de “rendir cuentas” de los resultados de la consulta han generado más fustración que apoyo.
Lo podemos hacer mejor y necesitamos hacerlo mejor. Truman supo entender, en momentos tan difíciles o más que los actuales, que la democracia se alimenta de democracia, por lo que su vieja receta, al margen de consideraciones éticas sobre gobernantes y gobernados y en castiza expresión de Antonio Maura, “yo, para gobernar, no necesito más que luz y taquígrafos”, es hoy más necesaria que nunca.
(Artículo de Joan Navarro, Javier Cremades, Emilio Ontiveros, Jordi Sevilla y Carlos Solchaga, publicado en "El País" el 14 de febrero de 2013)
LA CORRUPCIÓN NO DEBE QUEDAR IMPUNE.
La lucha contra la corrupción política no es fácil; menos si lo hacemos con las manos atadas a la espalda. Cuando la corrupción se hace por sistémica insoportable, nos percatamos de que los mecanismos de respuesta no funcionan adecuadamente, pues, o no son asumidos por quienes deberían, o ponerlos en marcha, especialmente los judiciales, es tarea ímproba.
En cierta medida, pedimos peras al olmo. En efecto, implementar los mecanismos políticos y jurídicos de respuesta depende en buena media de aquellos que habitan los espacios donde se referencia la corrupción. Como ha señalado el Greco (Grupo de Estados contra la corrupción) en sus análisis sobre España, no falla tanto la legislación como su aplicación. Aquí, el déficit de medios personales y materiales es clamoroso. Así, por el Juzgado de Nules, tras cinco años instruyendo el caso Fabra, han pasado siete jueces y cuatro fiscales. Olvidado el entusiasmo institucional del 11-M, los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional reclaman más auxilio pericial por parte del Ministerio de Hacienda y de la Intervención del Estado para evitar que se eternicen las causas. Dos muestras.
Se alzan voces que claman contra, en su opinión, breves plazos de prescripción. Salvo el delito fiscal que prescribe a los cinco años, la mayor parte de las infracciones que hoy nos aquejan prescriben entre 5 y 10 años. Tiempo, entiendo, más que suficiente. Dilatar los plazos sin poner medios es un brindis al sol. Lo que debemos preguntarnos es por qué Hacienda, la Intervención del Estado y las de las comunidades autónomas, al igual que los diversos Tribunales de Cuentas, van con tal retraso en la verificación ordinaria de las cuentas públicas y de las de los partidos políticos, lo que hace muchas previsiones inútiles. Debemos preguntar cuáles son sus planes de trabajo, si son realistas, si se cumplen y especialmente porqué sus recomendaciones y observaciones resultan reiteradamente incumplidas. En no poca medida cabe hablar de una cierta impunidad de facto; eso sin hablar del indulto regio.
La otra cuestión relevante es que los encausados apuran hasta las heces su cargo, enarbolando la sagrada presunción de inocencia. Interesadamente confunden dos cosas. La primera, la presunción de inocencia es un derecho fundamental que vale para el proceso, no fuera de él. Por eso la responsabilidad penal y la política son diversas.
Dicho esto, hay que ir un paso más allá: la precoz expulsión de quien aparezca como corrupto. Sin embargo, el político imputado, al son de quiméricas conspiraciones en su contra y contra la patria, se resiste a ello, se equipara al ciudadano común y se muestra más doliente que este. Si el ciudadano no se ve privado de sus derechos hasta que es condenado, pues es presumido inocente hasta ese momento, por qué, inquiere el encausado-político, él ha de verse privado de esa presunción y ser despojado de sus cargos. Por dos razones muy sencillas. La primera: es falsa esa pretendida igualdad. La función pública comporta prerrogativas y cargas para garantizar la limpieza de su ejercicio que no son necesarias en la vida común. O sea: en lo desigual no hay igualdad a proteger.
La segunda razón es esencialmente política. Cuando un político es encausado, se le genera un profundo conflicto de intereses: el ejercicio de su función se ve alterado por su legítimo derecho de defensa. Ya no puede prestar la atención y ponderación que el cargo le impone. Por ello, mientras se reforman las leyes, hay que esperar de nuestros políticos un paso al frente que dignificaría su actuación: políticamente es obligada la dimisión de los cargos electos, por más que no sea obligada aún legalmente, desde que se produce la imputación formal, esto es, desde el momento en que el juez de Instrucción le comunica el auto de imputación y le da conocimiento íntegro de las actuaciones.
Estas resoluciones judiciales de imputación, por lo que alcanzo a ver, están más que suficientemente motivadas, por encima de la media, e ilustran plenamente al interesado y a la ciudadanía por qué se atribuye indiciariamente un delito o un haz de delitos. En fin, la imputación satisface todos los derechos y garantías procesales. Cabe objetar que, en caso de absolución, un daño cuando menos honorífico se ha inferido al procesado. Puede ser. Pero no pasa de ser un inherente riesgo profesional, que el ejercicio sin tacha de la función pública evita.
También se aduce que un grupo político podría requerir a sus integrantes la dimisión y otros no; así, tal conducta sería perjudicial para los más cumplidores. Nada menos cierto. Una cualidad políticamente olvidada es la generosidad, hija como es de la inteligencia. El grupo político que no promueva la dimisión de sus imputados quedará ante la ciudadanía como un ventajista. Tal percepción cotiza muy a la baja en la actualidad y sería un primer, pequeño, pero primer, paso en la dirección de una regeneración política. El segundo paso, reitero, ha de ser la dotación de medios personales y materiales a la justicia; si no hubiera dinero, anúlense partidas superfluas, que aún hay muchas, sin perjudicar los derechos ciudadanos. La causa pública lo vale.
(Artículo de Joan J. Queralt, publicado en "El País" el 7 de febrero de 2013)
¿UNA SEGUNDA TRANSICIÓN?
Estos son algunos de los serios problemas institucionales, económicos y políticos que están aflorando en España. Primero, el sector público es hoy demasiado grande para poder ser financiado con los ingresos fiscales procedentes de sus ciudadanos y empresas. Hay que luchar contra la evasión fiscal, al estar el IRPF excesivamente concentrado en los asalariados, pensionistas y autónomos y al ser la evasión del IVA todavía muy elevada.
En 2008, antes de la recesión, 18,65 millones de personas declararon por IRPF, pero solo 8.590 (el 0,046%) declararon ingresos superiores a 600.000 euros; 87.300 (el 0,47%) entre 150.000 y 600.000 euros y 677.000 (el 3,63%) entre 60.000 y 150.000 euros. Es decir, el 95,85% declaró rentas inferiores a 60.000 euros y solo el 4,15% declaró rentas superiores a 60.000 euros. En 2010, los declarantes de más de 600.000 euros cayeron a 5.189 y los de entre 150.000 y 600.000 euros a 67.744.
En 2012, la Comisión Europea ha estimado que la economía sumergida en España alcanzaba el 19,2% del PIB y otras estimaciones llegan el 25% del PIB. Esta contiene actividades productivas que evaden impuestos directos e indirectos, Seguridad Social, salarios mínimos, etcétera, contribuyendo a que nuestros ingresos por IVA sean el 5,4% del PIB frente al 7% de media de la UE.
A la sumergida hay que añadirle la ilícita, compuesta por actividades delictivas (terrorismo, contrabando de mujeres, niños, especies, órganos, drogas y armas, blanqueo de dinero, prostitución, consumo de drogas) financiadas con billetes en euros y dólares de alta denominación, cuyos propietarios no pueden ser detectados por ser al portador. Lamentablemente, en 2007, circulaban en España el 36% de todos los billetes de 500 y 200 euros de la Eurozona, cuando nuestro peso porcentual de su PIB total era del 11,9%.
Segundo, a esta corrupción privada hay que añadir la política o pública, que afecta a aquellos políticos, gobernantes y administradores públicos que abusan de su poder vendiendo bienes públicos por debajo de su valor o dando concesiones administrativas por encima de su valor, para obtener una ganancia privada o partidista.
El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional (2012) clasifica a España en el puesto 30 detrás de Chipre y de Botsuana y por delante de Portugal, cuando la gran mayoría de los países de la Eurozona están entre los 22 primeros, salvo Italia (72).
Corrupción privada y pública atañen a la inspección fiscal, Policía, Guardia Civil y también a la justicia, que siendo mayoritariamente eficiente, es excesivamente lenta, haciendo que muchos delitos prescriban antes de llegar a la Audiencia o al Supremo, incentivando a muchos delincuentes extranjeros a residir en España.
Tercero, el sector público es grande y menos eficiente que en otros países europeos al solaparse en cuatro niveles distintos de Administraciones públicas y necesita cuanto antes una profunda reorganización de sus niveles y competencias.
En 2010, el 40% de nuestros 47 millones de habitantes residía en 33 municipios de más de 100.000 habitantes, ocupando solo el 1% del territorio nacional. El 52% vivía en 83 municipios de más de 50.000 habitantes y el 68% en 252 municipios de más de 20.000 habitantes, pero existen 8.114 ayuntamientos. Siendo 168 ayuntamientos los que hacen frente a la mayoría de las demandas económicas y sociales de los ciudadanos, son las comunidades autónomas las que concentran el mayor poder de gasto, y la Administración central quien concentra el mayor poder de ingreso.
También en 2010, el mayor gasto del Estado lo hacían las autonomías (35% del total y 16% del PIB), seguidas de la Seguridad Social (32% del total y 14% del PIB), de la Administración central (20% del total y 9% del PIB) y de los ayuntamientos (13% del total y 6% del PIB). El mayor ingreso lo recaudaba la Administración central (37% del total y 13% del PIB), seguida de la Seguridad Social (33% del total y 12% del PIB), las autonomías (19% del total y 7% del PIB) y los ayuntamientos (11% del total y 4% del PIB).
Esta asignación territorial de ingresos y gastos debe modificarse para que los servicios de las Administraciones públicas estén más cerca de las demandas de los ciudadanos y para que cada Administración, especialmente las autonómicas, intente mejorar sus propios ingresos fiscales recaudándolos de sus propios ciudadanos, en lugar de vivir solamente de las transferencias de la Administración central, sin recaudar incluso impuestos cedidos. Son los impuestos los que justifican una representación política y no al revés.
El número de empresas públicas, especialmente autonómicas y municipales, es desproporcionado y mayoritariamente en pérdidas, siendo algunas más un sistema de generación de nóminas y dietas, de colocación de políticos y de captura de rentas que un medio eficaz de enfrentar necesidades económicas. Han proliferado las televisiones autonómicas, financieramente insostenibles, perdiendo 1.600 millones en 2011.
Cuarto, en los partidos políticos ha comenzado a primar el interés partidista sobre el general. No han invertido recursos suficientes para mejorar la excelencia en aquellos factores de producción intangibles (educación, formación, investigación, desarrollo, innovación y tecnología) que generan ya la mayoría del crecimiento de las economías avanzadas. Muchos Gobiernos autónomos y locales han primado la inversión en bienes tangibles, como suelo, construcción y vivienda, porque, entre otras razones, podían llegar a generar una apropiación de rentas al ser contratadas o conceder sus permisos.
Durante más de dos siglos, las cajas de ahorro han sido fundamentales para financiar el desarrollo local, provincial y regional español, mientras sus obras sociales aportaban servicios públicos necesarios. La Ley de Órganos Rectores de las Cajas de 1985 intentó “democratizar” sus órganos de gobierno, obligando a que en sus asambleas estuviesen presentes representantes de corporaciones municipales y provinciales, impositores, empleados y la corporación fundadora. Finalmente, la mayoría de miembros de sus asambleas, consejos y obras sociales han terminado siendo políticos y representantes sindicales.
El resultado final es que de 46 cajas existentes en 2009, hoy solo quedan 11 bancos de cajas, 3 de ellos nacionalizados agrupando 12 cajas, y 2 cajas pequeñas. Excluyendo aquellas Cajas cuyos directores rechazaron determinados deseos de sus presidentes y consejos (logrando mantenerse en sus puestos) muchas han terminado quebrando, siendo fusionadas o compradas. Durante la burbuja, las cajas aumentaron un 25% sus sucursales y un 27% su personal, mientras los bancos los reducían en un 5%.
Quinto, en los interlocutores sociales, patronales y sindicatos, parte fundamental de la sociedad civil, también prima su interés corporativo. Han sido, en buena parte, responsables de nuestros desmesurados niveles de paro, al no ponerse de acuerdo, oponerse o impedir varias reformas laborales. España es líder de la UE con 6.000 convenios colectivos, mayoritariamente provinciales que, hasta la reciente reforma laboral, han provocado cierres masivos de pymes en cada recesión.
En lugar de organizarse a nivel sectorial y nacional, como en la mayoría de la UE, lo están también a nivel regional y provincial e incluso local, creando organizaciones excesivamente grandes y costosas para su actividad real. Además, cada uno recibe cientos de millones de euros anuales de subvenciones procedentes de la cuota de Formación Profesional y del Fondo Social Europeo, para facilitar la formación profesional continua.
A pesar de recibir elevadas subvenciones públicas, los sindicatos no publican todavía cuentas auditadas por auditores independientes y la CEOE por vez primera ha publicado este año las de 2011. En 2001, una inspección del FORCEM por el Fondo Social Europeo mostró que una parte de sus subvenciones no había sido invertida en formación profesional continua, exigiendo su devolución.
Para cambiar cuanto antes el rumbo de estas graves y nocivas tendencias, la débil sociedad civil española debe reorganizarse y los dos grandes partidos políticos deben promover, conjuntamente, cambios legislativos y constitucionales.
(Artículo de Guillermo de la Dehesa, publicado en "El País" el 2 de febrero de 2013)
CÓMO CAMBIAR LA TENDENCIA.
El descubrimiento diario de casos de corrupción aumenta la desmoralización de un país como el nuestro, del que Ortega dijo con razón: “Los españoles. Ese pueblo que ha pasado de querer ser demasiado a demasiado no querer ser”. ¿Cómo cambiar la tendencia? ¿Cómo ilusionarse con querer ser en un país en el que actuar con justicia sea una obviedad?
En principio, la corrupción política se produce cuando intervienen tres actores: el pueblo, que mal que bien deposita su confianza en los representantes a través de elecciones libres; los representantes, que presuntamente van a gestionar los asuntos y dineros públicos con vistas al bien común; y un tercer actor que ofrece ganancias a los representantes si le favorecen de una forma especial, quebrantando la ley. En este juego se escurre dinero público hacia cloacas privadas, y actualmente en cantidades astronómicas; un dinero que no solo es de todos, sino que además después se reclama a ciudadanos que forman parte del pueblo, y son los engañados por los otros dos actores.
De donde se sigue no solo el robo de dinero, no solo la violación de la legalidad, no solo el sacrificio de las capas más desprotegidas, sino también la quiebra de la confianza, ese capital ético tan difícil de generar y tan difícil de reponer cuando se ha perdido.
Por si faltara poco, esta forma de corrupción es la que se entiende técnicamente como corrupción política. Pero en la realidad cotidiana, la corrupción se amplía a todas aquellas ocasiones en que una actividad, sea política, bancaria, judicial o sanitaria, ha dejado de perseguir la meta por la que cobra legitimidad social y solo beneficia a los intereses particulares de algunos de los actores en juego, que defraudan la confianza de los demás. La corrupción de las actividades sociales, cuando las metas que deberían perseguir se cambian por el bien individual y grupal, aumenta la desmoralización de la sociedad.
A ello se añaden los privilegios de la clase política y de la financiera, inadmisibles en una sociedad democrática, regida por el principio de igualdad. Los ciudadanos reaccionan indignados ante los privilegios de unas élites que se aseguran una vida espléndida con solo unos años de profesión, que gozan de retiros millonarios después de haber gestionado un banco de forma tan pésima que ha quebrado, un banco al que se ha inyectado dinero público. Después de haber llevado a un país a la ruina, sueldos elevados, buena colocación, coche oficial. El mundo del privilegio sin justificación posible no tiene sentido en una sociedad democrática.
No hace falta detallar casos de corrupción ni tampoco privilegios injustificados, porque se han ganado a pulso estar en los medios de comunicación y en las redes todos los días. Pero sí que urge forjar una ética pública que sirva de antídoto frente a la corrupción.
Algunas sugerencias nacidas de esa ética para ir reforzando el vigor de la justicia serían las siguientes: reducir el número de políticos a lo estrictamente necesario; ajustar su intervención en la economía a lo indispensable para asegurar un Estado de Justicia; desarrollar mecanismos institucionales para descubrir la corrupción y combatirla, empezando por la Ley de Transparencia; las leyes deberían ser pocas, claras y tendría que asegurarse su cumplimiento; exigir que los corruptos y quienes han gestionado mal el dinero público lo devuelvan y que no tengan que asumir las deudas el Estado o la comunidad autónoma correspondiente; eliminar los privilegios de cuantos hacen uso de fondos públicos y equipararlos al resto de los ciudadanos; impedir que los procesos judiciales consistan en manipular el derecho en vez de tratar de administrar justicia; aumentar el nivel de rechazo de la población hacia este tipo de prácticas, empezando por los puestos de mayor poder y responsabilidad, que deben ser ejemplares.
Y convertir todo esto en hábito, en costumbre, en lo que va de suyo porque es lo justo y lo que nos corresponde como seres humanos. Eso es lo que significa “ética pública”, incorporar en el êthos, en el carácter de las personas y de los pueblos esas formas de actuar, que son las propias de gentes cabales.
La ética no es el clavo ardiendo al que se recurre al final de un artículo o de una conferencia cuando ya no se sabe qué decir. Es el oxígeno imprescindible para respirar, y es lamentable que solo lo echemos de menos cuando nos falta. Hace años, en la preparación de un congreso, los organizadores de un determinado partido montaron una mesa de economía, otra de derecho y otra de ética. Las de economía y derecho ocuparon las grandes salas de la planta baja, la ética quedó en una salita reducida del primer piso: en la superestructura. Pero acabó desbordándose de militantes que decían: es por esos valores por lo que ingresé en el partido. Ojalá esto siguiera siendo así.
Porque la ética pública consiste en gestionar con responsabilidad los dineros y las aspiraciones públicas, haciendo de la justicia la virtud soberana de la vida compartida. Incorporarla es cosa de toda la sociedad, pero las élites políticas, económicas y mediáticas tienen mayor poder y, por tanto, mayor responsabilidad.
(Artículo de Adela Cortina, publicado en "El País" el 23 de enero de 2013)
SIN PALABRAS.
De no haber sido demasiado extravagante, hubiera dejado esta columna sin texto, con el título desnudo sobre la caja que la acompaña, en blanco. Porque ya no nos quedan palabras a través de las cuales manifestar nuestra perplejidad e indignación ante la proliferación de tantos casos de corrupción, ante el espectáculo de una información política en la que cada día nos desayunamos con nuevos asuntos de políticos que se valen o se han valido de sus cargos para el beneficio económico propio o de su partido. Hasta ahora siempre hemos tenido mucho cuidado en diferenciar nítidamente entre unos u otros supuestos, entre los muchos que tienen una actitud ética y ejemplar y quienes denigran a su profesión. Hemos procurado advertir de que las prácticas desviadas eran la excepción y que determinados supuestos aislados no podían proyectar una visión unívoca de la política, que el hartazgo y el descreimiento general que se destilan ante todo lo político no podía, no debía, contaminar la legitimidad del sistema democrático como un todo. Pero ya apenas sabemos cómo hacerlo. Hemos entrado en una fase en la que, en efecto, es tan grande el desánimo que sobran las palabras, que estas se nos antojan huecas y vacías de tanto ser reiteradas. Estamos, como diría Sandor Marai, en uno de esos momentos en los que “las palabras se han vuelto inútiles, como los monumentos... se han convertido en ruido... su sonido se ha distorsionado, como cuando las gritan a través de un altavoz”.
Sí, no es el momento de las palabras, es el momento de la acción. Este país requiere una catarsis ética. Tanto o más que salir de la crisis económica. Precisa poder volver a confiar en aquellos que nos representan y que se erigen en portavoces de los intereses de todos. El problema es que aquellos destinados a llevarlo a la práctica han consumido el crédito del que hasta ahora gozaban, y una nueva clase política no se improvisa. Desaparecida la confianza, el más valioso de los intangibles en la política democrática, el sistema aparece desnudo y escindido entre unos dirigentes sin alma y una ciudadanía sin esperanza. El paisaje se nos antoja desértico y sin ningún oasis a la vista. Y bajo estas condiciones de poco sirve esperar que la redención venga por la vía de la recuperación económica. No, el problema es estructural, ya no se arregla con medidas cosméticas.
La crisis ha tenido el efecto de haber desenmascarado todo un conjunto de prácticas y componendas entre determinadas élites que bajo otras condiciones quizá hubieran pasado desapercibidas. Ha vuelto a poner en el centro del debate político el paradigma de la redistribución, la cuestión de quién se queda con qué parte de los recursos sociales, la justicia distributiva. Ha provocado una nueva re-politización de la desigualdad, algo inevitable en momentos de escasez y en los que los más menesterosos están cargando también con los mayores sacrificios. Una de sus consecuencias más inmediatas ha sido la toma de conciencia del dispendio de dinero público, su uso abusivo para satisfacer a clientelas electorales. A eso lo podemos calificar como gestión imprudente e interesada, aunque en sí misma no fuera la expresión de prácticas corruptas. Pero ahora sabemos también, si es que alguna vez lo ignoramos, que ha habido otra utilización de posiciones de poder y autoridad, con clara transgresión de la ética pública más elemental. Muchas veces asociada, además, a esa disposición tan libérrima de los recursos de todos.
Lo que comenzó en perplejidad acabó en indignación para desembocar después en una situación próxima al nihilismo político. Y la gran cuestión que se abre es cómo se va a encauzar este descontento, el indudable malestar provocado por la sucesión de escándalos que están salpicando la política española. Volvemos a la pregunta de antes. ¿Ahora qué? ¿Cómo se sale de una crisis moral e institucional que pone en cuestión los fundamentos mismos sobre los que se sustenta el sistema democrático? En sus Discorsi, el viejo Maquiavelo creía tener una respuesta para estos supuestos de “crisis de la república”: emprender su rinovazione mediante la búsqueda de un nuevo comienzo. En el lenguaje más vulgar de nuestros días, hablaríamos de resetear la democracia, de arrancar de nuevo el motor que le dio origen y aplicar las reformas necesarias dirigidas a evitar su corrupción definitiva. Para ello, siempre según el autor florentino, debería volverse al espíritu y las virtudes que permitieron hacerla durar, y restablecer los consensos sobre los que se erigió. Sin nostalgias, pero sí con la firme convicción de que es una tarea de todos y para todos. O sea, un nuevo pacto constitucional.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 18 de enero de 2013)
LA TRANSPARENCIA COMO LEY.
La corrupción y los malos hábitos en la gestión pública socavan la democracia y deterioran la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La transparencia es uno de los instrumentos fundamentales para combatir esos vicios y la ley al efecto que prepara el Gobierno aragonés supone la oportunidad de dar un paso importante en esa lucha.
"Luz y taquígrafos" ha sido siempre uno de los grandes lemas democráticos. Si los ciudadanos pueden conocer el funcionamiento de las instituciones, pueden saber quiénes son y qué hacen sus representantes, los comportamientos deshonestos podrán ser denunciados, permitiendo la acción de la Justicia, y recibir en las urnas la sanción que les corresponda. El acceso a la información es por eso una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción y España tiene que avanzar mucho en ese terreno para dar satisfacción a las legítimas demandas de la ciudadanía. La ley que prepara el Gobierno aragonés ofrece una oportunidad para avanzar en ese sentido y debe ser aprovechada por las fuerzas políticas. Aunque la cuestión de las retribuciones, el patrimonio y las actividades económicas de los cargos públicos es importante, el debate no debiera dejar de lado aspectos menos llamativos pero también fundamentales, como el acceso de los ciudadanos, aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías, a toda la información política y administrativa que no deba ser reservada por razón justificada o la obligación de la Administración de proporcionar respuesta rápidas y veraces a los medios a través de sus gabinetes de comunicación. La transparencia, en todo caso, solo será ley verdaderamente si existe un serio compromiso de las fuerzas políticas y si la presión de la opinión pública les obliga a cambiar los viejos hábitos.
(Editorial de Heraldo de Aragón, publicado el 6 de enero de 2013)
"Luz y taquígrafos" ha sido siempre uno de los grandes lemas democráticos. Si los ciudadanos pueden conocer el funcionamiento de las instituciones, pueden saber quiénes son y qué hacen sus representantes, los comportamientos deshonestos podrán ser denunciados, permitiendo la acción de la Justicia, y recibir en las urnas la sanción que les corresponda. El acceso a la información es por eso una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción y España tiene que avanzar mucho en ese terreno para dar satisfacción a las legítimas demandas de la ciudadanía. La ley que prepara el Gobierno aragonés ofrece una oportunidad para avanzar en ese sentido y debe ser aprovechada por las fuerzas políticas. Aunque la cuestión de las retribuciones, el patrimonio y las actividades económicas de los cargos públicos es importante, el debate no debiera dejar de lado aspectos menos llamativos pero también fundamentales, como el acceso de los ciudadanos, aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías, a toda la información política y administrativa que no deba ser reservada por razón justificada o la obligación de la Administración de proporcionar respuesta rápidas y veraces a los medios a través de sus gabinetes de comunicación. La transparencia, en todo caso, solo será ley verdaderamente si existe un serio compromiso de las fuerzas políticas y si la presión de la opinión pública les obliga a cambiar los viejos hábitos.
(Editorial de Heraldo de Aragón, publicado el 6 de enero de 2013)
JUGAR Y CONJUGAR EN LA ASAMBLEA.
Nunca he sido partidario de la descalificación sistemática de los políticos, ni de exigirles lo que no somos capaces de pedirnos a nosotros mismos, pero los hay que no hacen ningún esfuerzo para quedar bien. Se hace difícil persistir en la defensa del oficio ante la imagen de unos diputados jugando a un videojuego en la Asamblea de la Comunidad de Madrid mientras se aprobaba el paso previo a la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud. No sólo se trata de una medida importante, sino que ha levantado una polvareda enorme, con huelgas y manifestaciones los profesionales del sector. Ha habido palabras muy duras desde ambos lados, y el presidente madrileño ha hablado de regular el derecho de huelga, que en realidad ya lo está, de manera que de lo que habla es de hacer más difícil su ejercicio. Ya ven que el asunto no es precisamente un trámite sin importancia alguna. La política social y económica del gobierno autonómico enciende la capital y hay diputados que se aburren en la cámara y se dedican a jugar a una versión digital del Scrabble llamada Apalabrados. En haber elegido este juego, y no el Supermario, o el Tetris, demuestran que son gente de letras con un extenso dominio del vocabulario. Como corresponde a alguien que se sienta en un templo del discurso y del debate, donde las únicas armas son las dialécticas. O deberían serlo, porque a la hora de la verdad, nada de lo que se diga modifica las decisiones ya adoptadas, los votos ya establecidos antes del debate. Pero incluso en presencia de dicha inutilidad, saber hablar es necesario para mantener la ficción de un parlamento útil, y también para explicarse luego en la calle, en los periódicos, en las emisoras de radio y televisión. Diputados letrados, universitarios, a menudo licenciados en Derecho. Seguro que baten récords combinando letras para formar vocablos. Les das una raíz y obtienen cien derivadas con los ojos cerrados. Y se saben todas las conjugaciones, tanto las regulares como las irregulares. Ya que tienen el diccionario metido en la cabeza, ¿han buscado las acepciones de la palabra "decencia"? ¿Y las de "cinismo"? ¿Saben cuál es el presente de indicativo de "dimitir"? ¿O tal vez su repertorio se agota con la expresión "lo siento mucho, no volverá a ocurrir"? Desde que el monarca decidió usarla y continuó como si nada, y encima el buen pueblo monárquico se lo perdonó, cualquiera se cree en el derecho de lavar cualquier falta con una disculpa en Twitter y que mañana sea otro día. ¡Año nuevo, llévatelos!
(Artículo de Xavier Domènech, publicado en "Diario de Mallorca" el 31 de diciembre de 2012)
(Artículo de Xavier Domènech, publicado en "Diario de Mallorca" el 31 de diciembre de 2012)
POLÍTICA GOLFA.
El supuesto borrador policial sobre el cobro por parte de Convergència Democrática de comisiones de constructoras a través del Palau, y en el que se insinuaba que una parte de ese dinero era desviado a cuentas del presidente Mas y de la familia Pujol en paraísos fiscales, no ha sido elaborado por ningún miembro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Así lo afirmaba su comisario jefe en declaración enviada al juez que investiga el caso Palau. Por más que pueda contener elementos veraces procedentes de la investigación, se trata, por tanto, de una falsificación, dado que el documento llevaba el membrete de esa unidad. Y si lo es, el Ministerio está obligado a identificar quién y por qué lo hizo.
Cualquier observador no cegado por la pasión tendría que haber sospechado de un escrito que incluía supuestas anotaciones como esta: “Pendiente de pago el 20% de lo asignado al Palau a JP [Jordi Pujol] hijo, sacar en efectivo y entregar en mano en lugar habitual, su padre ya ha sido informado, como siempre”. Demasiado redondo y como de diseño (ese “como siempre”, a fin de implicar al padre) para resultar verosímil.
No es fácil calcular el efecto de esa manipulación en el resultado electoral; es posible que al sector del electorado de CiU menos convencido por el giro de Mas le empujara a no votarle; pero que esa tendencia se equilibrase con la de votantes potenciales de otras formaciones que decidieran apoyarle frente a lo que consideraban un sucio ataque personal. En todo caso, un efecto ya verificado es que el episodio ha desviado la atención del asunto de fondo: los indicios de financiación ilegal de Convergència que han llevado al embargo judicial de la sede del partido en Barcelona, y que ha permanecido latente desde que Maragall aludió al cobro de comisiones por adjudicaciones de obras públicas (el famoso 3%).
Resulta por ello algo excesivo el tono con que Jordi Pujol advirtió tras la publicación del escrito que, si bien CiU “necesitará mucha gente” tras las elecciones, “será de la que se haya comportado dignamente en un momento como este”. El transparente mensaje era que quien dudase ahora, no esperara cargo público mañana, tras la esperada mayoría absoluta. Una expresión manifiesta de la lógica propia del clientelismo político.
La relación entre clientelismo y corrupción es uno de los asuntos más sugerentes analizados por Roberto Velasco en Las cloacas de la economía, libro que acaba de publicar la editorial Catarata. Lo esencial del clientelismo es para ese autor la relación establecida por quien controla recursos de poder y garantiza el acceso a ellos de otras personas a cambio de lealtad y apoyo político. La conclusión de Velasco es que si bien son fenómenos distintos, el clientelismo político crea condiciones que favorecen el desarrollo de la corrupción. Pues los empleos y otras ventajas dispensados a esas personas mediante decisiones administrativas implican la utilización de medios públicos al servicio de intereses privados (frecuentemente contra los de otros particulares, perjudicados por la decisión).
Transparency International (TI) acaba de publicar su informe anual sobre la corrupción en el mundo. España figura en el lugar 30 sobre 176 países ordenados de menos a más corrupción. En otro estudio presentado en junio bajo el enunciado Dinero, política y poder, TI establecía una vinculación entre percepción de corrupción y crisis económica. El paro y los recortes en el acceso a las prestaciones sociales determinan una mayor sensibilidad ante prácticas que antes se pasaban por alto.
Según una encuesta del CIS, en 2011 el 86% de los españoles consideraba que la corrupción está “bastante o muy extendida”. Es llamativo que la percepción del propio país como el más corrupto de Europa sea compartida por los habitantes de Italia, España y Grecia, tres de los más afectados por la crisis. La corrupción dificulta a su vez la salida de la depresión en la medida en que provoca efectos como la distorsión en la asignación de recursos y en la redistribución de la renta, la reducción de la competencia y la erosión de la confianza en el cumplimiento de los compromisos.
La compra de votos fue la manifestación más característica del clientelismo en la España caciquil. Según el historiador Tuñón de Lara, a comienzos del siglo XX se dio el caso de que en localidades como Zamora o Coria “el pueblo se amotinase en protesta porque, al no haber más que un candidato, se frustraban sus esperanzas de vender su voto”. Lo que llevó a Manuel Azaña a decir a sus paisanos de Alcalá en una conferencia pronunciada en 1911 que “no es a los corruptores a quien hay que dirigirse, sino a los infelices corrompidos (...), víctimas de su ignorancia porque al enemigo más cruel le entregan la única arma que tienen para defenderse”. Ejemplo conmovedor de confianza en el poder del voto que contrasta con el cinismo político evidenciado en el apoyo prestado en las últimas elecciones locales a algunos de los candidatos más corruptos de España.
(Artículo de Patxo Unzueta, publicado en "El País" el 12 de diciembre de 2012)
INDIVISIBILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.
En este día 10 de diciembre, aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se nos invita no sólo a celebrar los derechos que nos reconocemos mutuamente, no sólo a comprometernos a que se cumplan, sino también a reflexionar sobre su naturaleza y sentido, porque ello ayudará a su cumplimiento y a su adecuada celebración. Estas líneas pretenden ser una pequeña aportación a esta tarea reflexiva a través del análisis de una de las características que se reconoce a los derechos humanos, la de su indivisibilidad.
Si observamos la lista de derechos que han ido formulándose, encontramos que los hay de diversos tipos: derechos civiles, que garantizan nuestra vida e integridad y nuestras libertades personales con las que podemos construir nuestros proyectos de vida; derechos políticos, que nos habilitan para participar activamente en la construcción de la sociedad democrática y justa; derechos económicos y sociales que, garantizando que se cubren nuestras necesidades fundamentales, nos posibilitan una vida digna y, potenciando nuestras capacidades, hacen eficaz nuestra autonomía; por último, diversos derechos, en estos momentos de estatuto aún impreciso y discutido –en unos casos más que en otros–, en los que la base de la solidaridad se hace más manifiesta, como el derecho al desarrollo o al medio ambiente o a la injerencia humanitaria, o el derecho a la identidad cultural y a determinados grados de autogobierno de los pueblos.
Pues bien, ante una lista tan compleja surgen dos preguntas: ¿hay que admitir todos los derechos?, ¿hay que establecer una jerarquía entre ellos? Afirmar la indivisibilidad de los derechos humanos es dar una respuesta precisa a ambas preguntas: deben admitirse todos los derechos –declarados– y no deben establecerse jerarquías entre ellos. Lo cual implica una conclusión decisiva: dado que los derechos humanos forman un bloque compacto, quien quiere exigir un derecho debe estar en disposición de respetarlos todos. Dicho de otro modo, no podemos, en nombre de la reivindicación de unos derechos, sentirnos autorizados a ignorar o quebrantar otros.
La indivisibilidad se convierte así en referencia crítica de aquellas políticas que potencian sólo un bloque de derechos (por ejemplo, los civiles y políticos; o los económicos y sociales; o el derecho al desarrollo), sacrificando los otros ya sea en nombre de una jerarquía entre ellos ya sea porque los postergan para –se supone– su posterior y más o menos espontáneo cumplimiento. Como se convierte igualmente en referencia crítica de todas las estrategias de contestación que se pretenden justificar desde la reivindicación de un derecho pero que implican el grave incumplimiento de otros. Entre nosotros, la estrategia de ETA es especialmente expresiva de esta dinámica perversa: en nombre del discutido derecho de autodeterminación, quebranta gravísimamente los derechos civiles y políticos que remiten a la vida y a las libertades, negando así radicalmente la indivisibilidad entre ellos y falseando el sentido del derecho que dice defender.
Esta última observación nos lleva a una consideración importante. La indivisibilidad no sólo se traduce en la exigencia de que quien reclama un derecho debe hacerlo respetándolos todos; es también la referencia que nos permite entender adecuadamente el sentido y alcance de cada uno de los derechos, al situarlo en interrelación con los demás. Lo que es mi derecho a la libertad de expresión se especifica con nitidez al situarlo en el marco del conjunto de los derechos. Del mismo modo, si se entiende como legítimo el derecho de autodeterminación, su sentido y alcance sólo se hace manifiesto cuando se lee a la luz de lo que exigen los demás derechos.
El referente de la indivisibilidad nos permite además acercarnos a un concepto pleno de paz. Este año, para Naciones Unidas y Unesco en especial, ha sido el año de la cultura de paz entendida ésta en su sentido más amplio. Porque hay un concepto de paz ‘en negativo’ –que no se ejerza violencia directa– y otro concepto positivo de paz –que tampoco haya violencia estructural, que podamos desarrollar todas nuestras potencialidades–. Pues bien, la indivisibilidad de los derechos es el nombre que puede adquirir el concepto positivo de paz: el horizonte de la paz plena es el de la realización en todos de los derechos en su indivisibilidad.
Con todo, hay que reconocer que a la hora de tratar de llevar a la práctica esta indivisibilidad surgen problemas: porque a veces lo que en principio nos permite un derecho –por ejemplo el de libertad de iniciativa empresarial– parece chocar con lo que nos exige otro –por ejemplo, derecho a un trabajo digno–; y porque en ocasiones los Estados pueden no disponer de recursos suficientes para potenciar plenamente todos los derechos. A pesar de esas dificultades ciertas, la indivisibilidad de los derechos nos pide que no seleccionemos ni jerarquicemos, sino que busquemos aquellas estrategias que mejor los realizan a todos. Para ello es necesario no aferrarse a la realización dura sino a la flexible de los derechos que más deseo estando abiertos a los derechos de los otros, y priorizar que los niveles básicos y dignos de todos los derechos puedan realizarse en todos.
De todos modos, las dificultades de la indivisibilidad son sólo una cara de la moneda. La otra cara son las potencialidades. Todos los derechos son fines en sí mismos, pero precisamente porque remiten a la misma fuente de la dignidad humana, porque son indivisibles, son también interdependientes, esto es, el ejercer unos derechos se convierte en condición de posibilidad y en vía de realización de otros. Se ha reconocido en general que los derechos económicos y sociales potencian los derechos civiles y políticos. Pues bien, hay que reconocer que el ‘viceversa’ también es cierto: que los pobres puedan ejercer sus derechos civiles y políticos, con las estrategias de reivindicación y participación que posibilitan, es una vía decisiva para los derechos sociales. Y la misma interdependencia cabría establecer entre derechos individuales y derechos a las identidades colectivas, en un viceversa que es fundamental para no caer en excesos unilaterales. En definitiva, pues, la indivisibilidad de los derechos es una excelente guía de cara a su realización adecuada.
(Artículo de Xabier Etxebarría, publicado en "El Correo" el 9 de diciembre de 2000)
Si observamos la lista de derechos que han ido formulándose, encontramos que los hay de diversos tipos: derechos civiles, que garantizan nuestra vida e integridad y nuestras libertades personales con las que podemos construir nuestros proyectos de vida; derechos políticos, que nos habilitan para participar activamente en la construcción de la sociedad democrática y justa; derechos económicos y sociales que, garantizando que se cubren nuestras necesidades fundamentales, nos posibilitan una vida digna y, potenciando nuestras capacidades, hacen eficaz nuestra autonomía; por último, diversos derechos, en estos momentos de estatuto aún impreciso y discutido –en unos casos más que en otros–, en los que la base de la solidaridad se hace más manifiesta, como el derecho al desarrollo o al medio ambiente o a la injerencia humanitaria, o el derecho a la identidad cultural y a determinados grados de autogobierno de los pueblos.
Pues bien, ante una lista tan compleja surgen dos preguntas: ¿hay que admitir todos los derechos?, ¿hay que establecer una jerarquía entre ellos? Afirmar la indivisibilidad de los derechos humanos es dar una respuesta precisa a ambas preguntas: deben admitirse todos los derechos –declarados– y no deben establecerse jerarquías entre ellos. Lo cual implica una conclusión decisiva: dado que los derechos humanos forman un bloque compacto, quien quiere exigir un derecho debe estar en disposición de respetarlos todos. Dicho de otro modo, no podemos, en nombre de la reivindicación de unos derechos, sentirnos autorizados a ignorar o quebrantar otros.
La indivisibilidad se convierte así en referencia crítica de aquellas políticas que potencian sólo un bloque de derechos (por ejemplo, los civiles y políticos; o los económicos y sociales; o el derecho al desarrollo), sacrificando los otros ya sea en nombre de una jerarquía entre ellos ya sea porque los postergan para –se supone– su posterior y más o menos espontáneo cumplimiento. Como se convierte igualmente en referencia crítica de todas las estrategias de contestación que se pretenden justificar desde la reivindicación de un derecho pero que implican el grave incumplimiento de otros. Entre nosotros, la estrategia de ETA es especialmente expresiva de esta dinámica perversa: en nombre del discutido derecho de autodeterminación, quebranta gravísimamente los derechos civiles y políticos que remiten a la vida y a las libertades, negando así radicalmente la indivisibilidad entre ellos y falseando el sentido del derecho que dice defender.
Esta última observación nos lleva a una consideración importante. La indivisibilidad no sólo se traduce en la exigencia de que quien reclama un derecho debe hacerlo respetándolos todos; es también la referencia que nos permite entender adecuadamente el sentido y alcance de cada uno de los derechos, al situarlo en interrelación con los demás. Lo que es mi derecho a la libertad de expresión se especifica con nitidez al situarlo en el marco del conjunto de los derechos. Del mismo modo, si se entiende como legítimo el derecho de autodeterminación, su sentido y alcance sólo se hace manifiesto cuando se lee a la luz de lo que exigen los demás derechos.
El referente de la indivisibilidad nos permite además acercarnos a un concepto pleno de paz. Este año, para Naciones Unidas y Unesco en especial, ha sido el año de la cultura de paz entendida ésta en su sentido más amplio. Porque hay un concepto de paz ‘en negativo’ –que no se ejerza violencia directa– y otro concepto positivo de paz –que tampoco haya violencia estructural, que podamos desarrollar todas nuestras potencialidades–. Pues bien, la indivisibilidad de los derechos es el nombre que puede adquirir el concepto positivo de paz: el horizonte de la paz plena es el de la realización en todos de los derechos en su indivisibilidad.
Con todo, hay que reconocer que a la hora de tratar de llevar a la práctica esta indivisibilidad surgen problemas: porque a veces lo que en principio nos permite un derecho –por ejemplo el de libertad de iniciativa empresarial– parece chocar con lo que nos exige otro –por ejemplo, derecho a un trabajo digno–; y porque en ocasiones los Estados pueden no disponer de recursos suficientes para potenciar plenamente todos los derechos. A pesar de esas dificultades ciertas, la indivisibilidad de los derechos nos pide que no seleccionemos ni jerarquicemos, sino que busquemos aquellas estrategias que mejor los realizan a todos. Para ello es necesario no aferrarse a la realización dura sino a la flexible de los derechos que más deseo estando abiertos a los derechos de los otros, y priorizar que los niveles básicos y dignos de todos los derechos puedan realizarse en todos.
De todos modos, las dificultades de la indivisibilidad son sólo una cara de la moneda. La otra cara son las potencialidades. Todos los derechos son fines en sí mismos, pero precisamente porque remiten a la misma fuente de la dignidad humana, porque son indivisibles, son también interdependientes, esto es, el ejercer unos derechos se convierte en condición de posibilidad y en vía de realización de otros. Se ha reconocido en general que los derechos económicos y sociales potencian los derechos civiles y políticos. Pues bien, hay que reconocer que el ‘viceversa’ también es cierto: que los pobres puedan ejercer sus derechos civiles y políticos, con las estrategias de reivindicación y participación que posibilitan, es una vía decisiva para los derechos sociales. Y la misma interdependencia cabría establecer entre derechos individuales y derechos a las identidades colectivas, en un viceversa que es fundamental para no caer en excesos unilaterales. En definitiva, pues, la indivisibilidad de los derechos es una excelente guía de cara a su realización adecuada.
(Artículo de Xabier Etxebarría, publicado en "El Correo" el 9 de diciembre de 2000)
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN: MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS.
En momentos en que la comunidad internacional se esfuerza por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 y por elaborar un programa de progreso económico y social en los años posteriores, el tratamiento del problema de la corrupción adquiere cada vez mayor urgencia.
El costo de la corrupción se mide no solo en los miles de millones de dólares de recursos públicos que se malgastan o son robados, sino también, y en forma más cruda, en la falta de hospitales, escuelas, agua potable, caminos y puentes que se podrían haber provisto con ese dinero y que sin duda habrían cambiado la suerte de las familias y las comunidades.
La corrupción malogra las oportunidades y crea desigualdades flagrantes. Socava los derechos humanos y la buena gobernanza, frena el crecimiento económico y distorsiona los mercados.
La corrupción también agudiza los problemas ambientales, a causa del vertimiento ilegal de residuos peligrosos y el comercio ilegal de la fauna y la flora facilitados por el soborno y los incentivos encubiertos que determinan a quién se han de adjudicar los contratos, en particular cuando se trata de proyectos de infraestructura a gran escala sumamente lucrativos.
Es imprescindible prevenir la corrupción para poder asegurar el estado de derecho. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tiene 164 Estados partes, pero necesitamos una adhesión universal. En la histórica Reunión de Alto Nivel sobre el estado de derecho convocada por la Asamblea General en septiembre, se hizo hincapié en la importancia de abordar y prevenir la corrupción. Los gobiernos deben hacer lo que les corresponde y los ciudadanos deben alzar sus voces.
La corrupción no es inevitable. Nace de la codicia y del triunfo de una minoría antidemocrática sobre las expectativas de la mayoría. En el Día Internacional de lucha contra la corrupción, exhorto a todos a trabajar por un futuro sostenible donde la corrupción sea expuesta y rechazada, donde prevalezca la integridad y donde se concreten las esperanzas y los sueños de millones de personas.
El costo de la corrupción se mide no solo en los miles de millones de dólares de recursos públicos que se malgastan o son robados, sino también, y en forma más cruda, en la falta de hospitales, escuelas, agua potable, caminos y puentes que se podrían haber provisto con ese dinero y que sin duda habrían cambiado la suerte de las familias y las comunidades.
La corrupción malogra las oportunidades y crea desigualdades flagrantes. Socava los derechos humanos y la buena gobernanza, frena el crecimiento económico y distorsiona los mercados.
La corrupción también agudiza los problemas ambientales, a causa del vertimiento ilegal de residuos peligrosos y el comercio ilegal de la fauna y la flora facilitados por el soborno y los incentivos encubiertos que determinan a quién se han de adjudicar los contratos, en particular cuando se trata de proyectos de infraestructura a gran escala sumamente lucrativos.
Es imprescindible prevenir la corrupción para poder asegurar el estado de derecho. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tiene 164 Estados partes, pero necesitamos una adhesión universal. En la histórica Reunión de Alto Nivel sobre el estado de derecho convocada por la Asamblea General en septiembre, se hizo hincapié en la importancia de abordar y prevenir la corrupción. Los gobiernos deben hacer lo que les corresponde y los ciudadanos deben alzar sus voces.
La corrupción no es inevitable. Nace de la codicia y del triunfo de una minoría antidemocrática sobre las expectativas de la mayoría. En el Día Internacional de lucha contra la corrupción, exhorto a todos a trabajar por un futuro sostenible donde la corrupción sea expuesta y rechazada, donde prevalezca la integridad y donde se concreten las esperanzas y los sueños de millones de personas.
ESTÁ ENFERMO EL PAÍS, NO LA CONSTITUCIÓN.
La Constitución de 1978 es el resumen de una etapa singularmente próspera y feliz, en la que, además de recobrar la libertad y la dignidad perdidas, y poner solución a algunas fracturas históricas de la nación, recorrimos una senda de progreso y modernización difícilmente repetible. Para que aquel cambio fuese posible tuvo que producirse una concatenación de hechos -la muerte del dictador, el acierto en la transición, la rapidez con la que se consensuó la Constitución, la entrada en la Unión Europea y los procesos de globalización económica y cultural-, que generaron sobre la vieja España la sensación de un portentoso y dulce Renacimiento.
Esa es la razón por la que, a pesar de sus defectos e imprecisiones, y sobre la base de las geniales intuiciones y actos de voluntad que le dieron fundamento, nuestra Constitución siempre permaneció fresca y fue leída en términos positivos. Pensada para una España poco descentralizada, nos condujo a un Estado casi federal. Pensada fuera de la UE, nos permitió generar un europeísmo entusiasta y ejemplar. Pactada con sutiles equilibrios entre la democracia y los poderes fácticos del franquismo -Ejército, Iglesia y dinero-, permitió lecturas punteras en las políticas de igualdad y libertad y en la culminación del Estado de bienestar. Y redactada con el feed-back de una historia truculenta e inestable, se convirtió en instrumento esencial para el logro de una sociedad pacífica e integrada.
Pero la celebración del 34º Aniversario de la Constitución llega en un marco de extraordinario pesimismo, que nos hace creer que tres décadas de vida feliz fueron solo cartón piedra. Y son muchos los que, invirtiendo el orden causal de esta amarga crónica, y yendo más allá de la lógica reforma que exigen la experiencia y los cambios operados sobre España y el mundo, empiezan a creer que la Constitución está vieja y superada, y que ha llegado la hora de empezar nuevas aventuras. Quizá por eso nos hemos ido a las antípodas de la transición -crisis catalana, defección de la monarquía y la política y sensación de degradación de los derechos y garantías del Estado de bienestar-, como si la fuerza que pusimos en construir la usásemos ahora para demoler.
Pero el problema no está en la Constitución, sino en una sociedad cansada y envejecida, que lleva muchos años mal gobernada y confundiendo lo importante con lo accesorio. Por eso llegó la hora de dar prioridad a la regeneración social y política sobre los cambios constitucionales. Porque sin una regeneración de la sociedad y sus valores, y sin nuevos liderazgos que expresen la voluntad de ser lo que fuimos, no valdría de nada reformar la Carta Magna. Porque, como diría Schopenhauer, no hay objeto sin sujeto, y mucho me temo que somos nosotros los que ya no servimos para leer y ejercer esta excepcional Constitución.
(Artículo de Xosé Luis Barreiro, publicado en "La Voz de Galicia" el 6 de diciembre de 2012)
UNA TAREA URGENTE
A los pocos días de haber sufrido un descalabro electoral, la imagen pública del PSC se ha visto sacudida por la aparición de un caso de corrupción urbanística en la ciudad de Sabadell, que ha provocado 12 detenciones y la imputación de 26 personas, entre ellas el alcalde de la ciudad y secretario de Política Municipal del partido, Manuel Bustos. En concreto, se investiga la existencia de una trama organizada para cobrar comisiones por la adjudicación de obras públicas. Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama podría haber exigido a las empresas un pago de 120.000 euros para poder participar en los concursos y luego, una comisión de entre el 3% y el 4% del importe de las obras. Entre los imputados figuran familiares del alcalde, otros cargos socialistas y un ex concejal del PP.
La irrupción en la escena política catalana de este nuevo episodio de corrupción urbanística debería poner en alerta a la sociedad sobre un fenómeno demasiado generalizado. La sospecha de que se están cobrando comisiones por la adjudicación de obras públicas ha planeado sobre la política catalana desde que el entonces presidente Pasqual Maragall, en un rifirrafe parlamentario con Artur Mas, dio a entender que CiU cobraba mordidas del 3%. Aquella acusación quedó en agua de borrajas, pero desde entonces se han sucedido los casos que han llegado a los juzgados. Entre ellos destacan, por su gravedad, el caso Pretoria y el caso Palau, que implican a cargos y dirigentes de ambos partidos. El del Palau de la Música se inició como un asunto de desfalco por parte de su presidente, pero ha tenido como derivada un caso de financiación irregular de Convergència mediante el cobro de comisiones. La exasperante lentitud con que opera la justicia hace que estos casos se eternicen en los juzgados y, ante la aparición de nuevos escándalos sin haberse resuelto los anteriores, la ciudadanía se desmoraliza y tiene la impresión de nadie es capaz de atajar la corrupción.
El cobro de comisiones no solo atenta contra la moralidad pública. Tiene también efectos devastadores sobre la confianza en los gobernantes y sobre la calidad de la gestión pública. Los partidos que practican mordidas están en posición de ventaja sobre aquellos que actúan con honestidad, y siempre que hay financiación irregular, puede haber también enriquecimiento ilícito de las personas involucradas. Las mordidas corrompen el sistema de adjudicación de obras y servicios pues, cuando median procedimientos corruptos, quienes acaban adjudicándose las obras no son muchas veces los que más méritos tienen, sino quienes carecen de escrúpulos y suplen la falta de capacitación con dádivas y comisiones. Una vez que la corrupción se instala, tiende a perpetuarse. Se consolida así un sistema injusto, ineficiente, que supone un enorme sobrecoste que acaban pagando los ciudadanos. La justicia debe esclarecer estos casos, pero atajar la corrupción debería ser el primer punto de una agenda de regeneración de la política que resulta inaplazable.
(Editorial de "El País", publicado el 30 de noviembre de 2012)
La irrupción en la escena política catalana de este nuevo episodio de corrupción urbanística debería poner en alerta a la sociedad sobre un fenómeno demasiado generalizado. La sospecha de que se están cobrando comisiones por la adjudicación de obras públicas ha planeado sobre la política catalana desde que el entonces presidente Pasqual Maragall, en un rifirrafe parlamentario con Artur Mas, dio a entender que CiU cobraba mordidas del 3%. Aquella acusación quedó en agua de borrajas, pero desde entonces se han sucedido los casos que han llegado a los juzgados. Entre ellos destacan, por su gravedad, el caso Pretoria y el caso Palau, que implican a cargos y dirigentes de ambos partidos. El del Palau de la Música se inició como un asunto de desfalco por parte de su presidente, pero ha tenido como derivada un caso de financiación irregular de Convergència mediante el cobro de comisiones. La exasperante lentitud con que opera la justicia hace que estos casos se eternicen en los juzgados y, ante la aparición de nuevos escándalos sin haberse resuelto los anteriores, la ciudadanía se desmoraliza y tiene la impresión de nadie es capaz de atajar la corrupción.
El cobro de comisiones no solo atenta contra la moralidad pública. Tiene también efectos devastadores sobre la confianza en los gobernantes y sobre la calidad de la gestión pública. Los partidos que practican mordidas están en posición de ventaja sobre aquellos que actúan con honestidad, y siempre que hay financiación irregular, puede haber también enriquecimiento ilícito de las personas involucradas. Las mordidas corrompen el sistema de adjudicación de obras y servicios pues, cuando median procedimientos corruptos, quienes acaban adjudicándose las obras no son muchas veces los que más méritos tienen, sino quienes carecen de escrúpulos y suplen la falta de capacitación con dádivas y comisiones. Una vez que la corrupción se instala, tiende a perpetuarse. Se consolida así un sistema injusto, ineficiente, que supone un enorme sobrecoste que acaban pagando los ciudadanos. La justicia debe esclarecer estos casos, pero atajar la corrupción debería ser el primer punto de una agenda de regeneración de la política que resulta inaplazable.
(Editorial de "El País", publicado el 30 de noviembre de 2012)
POR UN PACTO DE ESTADO
Las posibilidades que tiene el Gobierno de afrontar en solitario y con éxito las crisis que se acumulan sobre España son escasas, por grande que sea su disposición, el arrojo con que las combata y severos los sacrificios que reclame a los ciudadanos. Ciertamente, el actual Gobierno solo lleva meses en el oficio y es pronto todavía para evaluar los resultados de sus políticas. Además, el partido que lo sustenta ganó las elecciones por mayoría absoluta, y el principio democrático impone respetar esos resultados y favorecer la gobernación de quienes el pueblo soberano eligió. No es caso, pese a la crudeza de la situación, de proponer que se forme un Gobierno de concentración que primaría a quienes no obtuvieron votos bastantes para participar en dichas tareas políticas. Sin embargo, es urgente promover pactos de Estado para luchar contra las crisis que nos abruman porque, de no ser así, el declive de las instituciones, de los derechos y el bienestar de los ciudadanos continuará durante años y, en muchos aspectos, puede hacerse irreversible.
Aludimos a las crisis, en plural, porque al menos son de tres tipos diferentes: la que afecta a la economía, la que desestabiliza el Estado de bienestar y la que reclama reajustes en la estructura territorial del Estado.
Ningún Gobierno puede afrontar estos retos con sus exclusivas fuerzas y recursos políticos. Las acciones contra la crisis económica lo están evidenciando de modo continuo. El Gobierno ha asumido como política anticrisis la que ha entendido que es más eficaz, consistente en la aplicación estricta de un programa de estabilidad financiera y sostenibilidad, que comporta ajustes drásticos en los gastos e inversiones públicas de toda clase. Aunque esta política resulta de obligado acatamiento, porque viene impuesta por la Unión Europea y por la propia Constitución, que ha incorporado a su artículo 135, reformado en septiembre de 2011, el mandato de estabilidad, cada decisión que adopta el Gobierno y cada norma que aprueba es puesta inmediatamente en entredicho por los partidos de la oposición. Algunas razones de la crítica se refieren a que el Ejecutivo recurre casi exclusivamente al decreto ley, dada la situación de urgencia y grave necesidad, lo que reduce las posibilidades de que el Legislativo participe anticipadamente en el debate de las medidas. También se aduce que la austeridad es susceptible de graduación y el Gobierno la está aplicando en su nivel extremo, imponiendo sacrificios enormes a los ciudadanos. O que se está provocando con tales políticas una fortísima contracción de la demanda que impedirá la recuperación del consumo y la creación de puestos de trabajo durante años.
Unos y otros defienden sus posiciones con mucho empeño y está por ver la parte de razón que corresponde a cada cual porque los pronósticos en materia de política económica son con mucha frecuencia incumplidos. Pero lo seguro es que las diatribas políticas y las inseguridades que arrastran asustan a los inversores, bloquean los mercados, determinan a los ciudadanos a reservar sus ahorros para afrontar el incierto futuro, y tienen, en fin, un efecto suplementario sobre la paralización de la economía. Solo los partidos pueden sacar provecho de una situación tan inquietante porque, si el Gobierno triunfa en solitario, prorrogará la confianza que los ciudadanos le otorgaron, y, en caso contrario, la fidelidad se trasladará hacia los partidos de la oposición o, al menos, así lo creen ellos.
Los problemas que plantea la crisis del sistema de bienestar social están reclamando con fuerza equivalente la celebración de pactos de Estado para afrontarlos. España no genera recursos suficientes para financiar los servicios públicos que el Estado dispensa, de forma gratuita o casi, a los ciudadanos. No es sostenible el Estado de bienestar tal y como está configurado hoy. Es una sencilla cuestión de números. La consecuencia no es que haya que liquidarlo, sino que es preciso adaptarlo a nuestras disponibilidades económicas. Las fórmulas posibles son muchas, y las que se usen tienen que ser proporcionadas, razonables y equitativas, además de respetuosas con los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Los grupos políticos mueven sus opciones dentro de un arco amplísimo. En un extremo, se sitúan quienes, convencidos de su necesidad, aplican reformas sin contar con estudios previos y sin debate suficiente; en el otro están los que sostienen el numantino principio de que el Estado de bienestar no se toca y procede a acorazarlo y no dar un paso atrás en su defensa. Si estas posturas no se aproximan a un pacto, nada difícil de fundamentar y construir en términos económicos y de justicia social, veremos cómo las ventajas del Estado de bienestar se nos escapan de las manos.
La tercera crisis, que no es la menos importante, afecta a la estructura territorial del Estado. La parte más aparatosa de la misma viene ahora de Cataluña y pronto se sumará previsiblemente a sus mismos postulados el País Vasco, y tal vez otros territorios. Reclaman el “derecho a decidir” si seguir formando parte del Estado español, y cómo. Invocan el principio democrático, que creen que les permite utilizar el derecho de autodeterminación, pero sin ningún límite constitucional. Hay que respetar, sin duda, los sentimientos mayoritarios del pueblo en base al principio democrático, pero el principio de constitucionalidad también impone sus reglas que será imprescindible observar. No hacen falta más detalles para que los ciudadanos perciban que la “cuestión catalana” tiene muchos aspectos preocupantes, que conciernen al Estado. Con toda evidencia no es este un asunto exclusivamente del Gobierno, sino que reclama un pacto político para afrontarlo.
La gran manifestación de la Diada del pasado 11 de septiembre y su inmediato aprovechamiento político por el Gobierno de la Generalitat, ha provocado el curioso efecto de que las declaraciones y noticias de cada día se hayan concentrado en la política catalana y sus consecuencias, como si la crisis del Estado de las autonomías no tuviera otras manifestaciones, también graves. Pero no sería sensato olvidar que, después de más de 30 años, el reparto territorial del poder presenta severos deterioros que afectan al funcionamiento del Estado como conjunto y a la articulación de las instituciones que lo conforman. Son manifiestos los defectos de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, que demanda un replanteamiento en profundidad. La relación entre la legislación estatal y la autonómica es incorrecta. Las garantías de cumplimiento de las leyes del Estado son escasas. La organización institucional de las Administraciones Públicas es desmesurada. La observancia de las reglas del juego establecidas en el Título VIII de la Constitución es, en la actualidad, mínima. La situación reclama arreglos urgentes que, sumados a las exigencias que proceden de Cataluña, tal vez haga imprescindibles las reformas constitucionales cuya necesidad están planteando sin excepción todos los especialistas solventes. En lugar de estudiar seriamente la orientación de estas reformas, cada grupo político mantiene posiciones muy divergentes, sin que se hayan analizado ni la necesidad de las medidas que se proponen ni las consecuencias que tendrían para el Estado. También resulta evidente que cualquier medida que conduzca a una reforma de la Constitución o, en su defecto, a una revisión de la legislación que contiene regulaciones esenciales de la aludida cuestión autonómica, tiene que ser formulada en el marco de un pacto de Estado.
España vive una situación muy comprometida y el Gobierno y los partidos políticos tienen que asumir patrióticamente la necesidad de establecer compromisos de Estado para superarla. Es seguro que el propio hecho del acuerdo contribuiría también a mejorar la opinión que los ciudadanos tienen actualmente de sus representantes políticos.
Días atrás, el Círculo Cívico de Opinión, que reúne a un grupo extenso de profesionales y académicos de todas las ramas y especializaciones, ha debatido sobre las tres principales crisis que han sido enunciadas, y acordó hacer pública su opinión, que estas líneas resumen en su nombre.
(Artículo de Santiago Muñoz Machado y de José Luis García Delgado, publicado en "El País" el 2 de noviembre de 2012)
Aludimos a las crisis, en plural, porque al menos son de tres tipos diferentes: la que afecta a la economía, la que desestabiliza el Estado de bienestar y la que reclama reajustes en la estructura territorial del Estado.
Ningún Gobierno puede afrontar estos retos con sus exclusivas fuerzas y recursos políticos. Las acciones contra la crisis económica lo están evidenciando de modo continuo. El Gobierno ha asumido como política anticrisis la que ha entendido que es más eficaz, consistente en la aplicación estricta de un programa de estabilidad financiera y sostenibilidad, que comporta ajustes drásticos en los gastos e inversiones públicas de toda clase. Aunque esta política resulta de obligado acatamiento, porque viene impuesta por la Unión Europea y por la propia Constitución, que ha incorporado a su artículo 135, reformado en septiembre de 2011, el mandato de estabilidad, cada decisión que adopta el Gobierno y cada norma que aprueba es puesta inmediatamente en entredicho por los partidos de la oposición. Algunas razones de la crítica se refieren a que el Ejecutivo recurre casi exclusivamente al decreto ley, dada la situación de urgencia y grave necesidad, lo que reduce las posibilidades de que el Legislativo participe anticipadamente en el debate de las medidas. También se aduce que la austeridad es susceptible de graduación y el Gobierno la está aplicando en su nivel extremo, imponiendo sacrificios enormes a los ciudadanos. O que se está provocando con tales políticas una fortísima contracción de la demanda que impedirá la recuperación del consumo y la creación de puestos de trabajo durante años.
Unos y otros defienden sus posiciones con mucho empeño y está por ver la parte de razón que corresponde a cada cual porque los pronósticos en materia de política económica son con mucha frecuencia incumplidos. Pero lo seguro es que las diatribas políticas y las inseguridades que arrastran asustan a los inversores, bloquean los mercados, determinan a los ciudadanos a reservar sus ahorros para afrontar el incierto futuro, y tienen, en fin, un efecto suplementario sobre la paralización de la economía. Solo los partidos pueden sacar provecho de una situación tan inquietante porque, si el Gobierno triunfa en solitario, prorrogará la confianza que los ciudadanos le otorgaron, y, en caso contrario, la fidelidad se trasladará hacia los partidos de la oposición o, al menos, así lo creen ellos.
Los problemas que plantea la crisis del sistema de bienestar social están reclamando con fuerza equivalente la celebración de pactos de Estado para afrontarlos. España no genera recursos suficientes para financiar los servicios públicos que el Estado dispensa, de forma gratuita o casi, a los ciudadanos. No es sostenible el Estado de bienestar tal y como está configurado hoy. Es una sencilla cuestión de números. La consecuencia no es que haya que liquidarlo, sino que es preciso adaptarlo a nuestras disponibilidades económicas. Las fórmulas posibles son muchas, y las que se usen tienen que ser proporcionadas, razonables y equitativas, además de respetuosas con los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Los grupos políticos mueven sus opciones dentro de un arco amplísimo. En un extremo, se sitúan quienes, convencidos de su necesidad, aplican reformas sin contar con estudios previos y sin debate suficiente; en el otro están los que sostienen el numantino principio de que el Estado de bienestar no se toca y procede a acorazarlo y no dar un paso atrás en su defensa. Si estas posturas no se aproximan a un pacto, nada difícil de fundamentar y construir en términos económicos y de justicia social, veremos cómo las ventajas del Estado de bienestar se nos escapan de las manos.
La tercera crisis, que no es la menos importante, afecta a la estructura territorial del Estado. La parte más aparatosa de la misma viene ahora de Cataluña y pronto se sumará previsiblemente a sus mismos postulados el País Vasco, y tal vez otros territorios. Reclaman el “derecho a decidir” si seguir formando parte del Estado español, y cómo. Invocan el principio democrático, que creen que les permite utilizar el derecho de autodeterminación, pero sin ningún límite constitucional. Hay que respetar, sin duda, los sentimientos mayoritarios del pueblo en base al principio democrático, pero el principio de constitucionalidad también impone sus reglas que será imprescindible observar. No hacen falta más detalles para que los ciudadanos perciban que la “cuestión catalana” tiene muchos aspectos preocupantes, que conciernen al Estado. Con toda evidencia no es este un asunto exclusivamente del Gobierno, sino que reclama un pacto político para afrontarlo.
La gran manifestación de la Diada del pasado 11 de septiembre y su inmediato aprovechamiento político por el Gobierno de la Generalitat, ha provocado el curioso efecto de que las declaraciones y noticias de cada día se hayan concentrado en la política catalana y sus consecuencias, como si la crisis del Estado de las autonomías no tuviera otras manifestaciones, también graves. Pero no sería sensato olvidar que, después de más de 30 años, el reparto territorial del poder presenta severos deterioros que afectan al funcionamiento del Estado como conjunto y a la articulación de las instituciones que lo conforman. Son manifiestos los defectos de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, que demanda un replanteamiento en profundidad. La relación entre la legislación estatal y la autonómica es incorrecta. Las garantías de cumplimiento de las leyes del Estado son escasas. La organización institucional de las Administraciones Públicas es desmesurada. La observancia de las reglas del juego establecidas en el Título VIII de la Constitución es, en la actualidad, mínima. La situación reclama arreglos urgentes que, sumados a las exigencias que proceden de Cataluña, tal vez haga imprescindibles las reformas constitucionales cuya necesidad están planteando sin excepción todos los especialistas solventes. En lugar de estudiar seriamente la orientación de estas reformas, cada grupo político mantiene posiciones muy divergentes, sin que se hayan analizado ni la necesidad de las medidas que se proponen ni las consecuencias que tendrían para el Estado. También resulta evidente que cualquier medida que conduzca a una reforma de la Constitución o, en su defecto, a una revisión de la legislación que contiene regulaciones esenciales de la aludida cuestión autonómica, tiene que ser formulada en el marco de un pacto de Estado.
España vive una situación muy comprometida y el Gobierno y los partidos políticos tienen que asumir patrióticamente la necesidad de establecer compromisos de Estado para superarla. Es seguro que el propio hecho del acuerdo contribuiría también a mejorar la opinión que los ciudadanos tienen actualmente de sus representantes políticos.
Días atrás, el Círculo Cívico de Opinión, que reúne a un grupo extenso de profesionales y académicos de todas las ramas y especializaciones, ha debatido sobre las tres principales crisis que han sido enunciadas, y acordó hacer pública su opinión, que estas líneas resumen en su nombre.
(Artículo de Santiago Muñoz Machado y de José Luis García Delgado, publicado en "El País" el 2 de noviembre de 2012)
PREMIO PARA AVANZAR.
El Comité que desde Noruega decide cada año el Premio Nobel de la Paz ha vuelto a sorprender al concederlo a la Unión Europea. No a una persona, en contra de lo que dejó sentado en su testamento en 1895 el inventor de la dinamita y empresario de industrias de armamento, sino, como viene siendo habitual, a una institución. Aquel texto hablaba de premiar a quien “ha realizado lo máximo o la mejor labor por la fraternidad entre las naciones, para la abolición o la reducción de los ejércitos permanentes y para la celebración de congresos de paz”. Alfred Nobel no podía imaginar los horrores que trajeron las dos guerras mundiales; menos aún, que de la segunda surgiría algo como la UE que, salvo en lo militar, casa con sus requisitos.
Que en plena guerra, desde Londres, personas como Jean Monnet diseñaran ya lo que debían ser las comunidades europeas basadas en la reconciliación franco-alemana —que ciegamente se evitó tras la I Guerra Mundial— indica su altura de miras. Junto a Monnet, otros que participaron en esos tiempos heroicos hubieran merecido conjuntamente este galardón. Ayer, el Comité del Nobel rectificó su error de no haberse percatado antes de la importancia de la integración europea para la paz y la democracia en el Viejo Continente; y en el mundo.
La construcción europea, desde el lanzamiento del Consejo de Europa en 1948, ha sabido aprender de los errores históricos y aunar en su integración paz, democracia, prosperidad y derechos humanos. Lo que hoy es la Unión Europea lo hizo en los años cincuenta, y también tras la guerra fría con la ampliación al Este. La UE ha sabido exportar paz y democracia hacia una vecindad inmediata deseosa de unirse a ella en un proceso que está aún inacabado y en el que el portazo que se le está dando a Turquía constituye un enorme error. La UE es un experimento único en la historia que, al tiempo que integra, preserva las identidades que conforman la extrema diversidad europea. Ha impulsado, además, la defensa de los derechos humanos a niveles sin precedentes. Tras el Estado-nación ha sido el invento político de mayor originalidad que Europa haya aportado a sí misma y al mundo.
A nadie se le escapan las dificultades que atraviesa una UE ahora más impopular. El Premio Nobel es un consuelo moral y un impulso para superar las reticencias nacionales que impiden un avance decidido hacia una Unión Monetaria que se vea acompañada de otra fiscal, bancaria, económica, y, naturalmente, política. Hay que entender que el fracaso de la Unión Monetaria puede llevar a desandar todos los progresos penosamente logrados a lo largo de más de seis décadas y reactivar los demonios del pasado. Es necesario seguir avanzando, lo que requiere también salir de la crisis creciendo juntos. Decía Ortega y Gasset que “los europeos no saben vivir si no van lanzados en una gran empresa”. “Cuando esta falta”, añadía, “se les descoyunta el alma”. El Nobel debe servir de acicate para evitarlo.
(Editorial de "El País", publicado el 13 de octubre de 2012)
LA CASTA MANTENIDA.
Las encuestas confirman el profundo desencuentro entre la ciudadanía y la política institucional, a la que algunos llaman la “casta mantenida”. Pero señalan también que la crisis ha dañado muchísimo más la imagen de los políticos que la corrupción. Lo cual significa que la degradación política no es ajena a la degradación moral de la sociedad durante los años del nihilismo, en los que se ha transmitido la idea de que todo estaba permitido.
Hay una cierta tendencia a presentar la imagen de una clase política malvada y corrupta, frente a una sociedad honesta e inocente. Es un planteamiento alimentado a partir del prejuicio contra la política propagado durante estos años de hegemonía conservadora. Un razonamiento simétrico al que cuando se habla de corrupción pone el foco en el corrupto pero se olvida del corruptor. Y, sin embargo, es evidente que no hay corrupto sin corruptor. No hay, por tanto, una sociedad angelical y una clase política perversa. Hay una pérdida grande de exigencia por parte de una sociedad que ha vivido demasiado tiempo en la indiferencia y una acomodación de la clase política, que se siente poco vigilada, a sus intereses y privilegios de casta. Y hay unos sistemas clientelares esparcidos por todo el territorio que favorecen la servidumbre voluntaria y, por tanto, los silencios y los miedos.
Se necesita una renovación de las instituciones políticas. Para que una democracia funcione, el poder tiene que estar limitado y suficientemente repartido. Ahora no lo está. Por eso chirrían tantas cosas. Es cierto que la clase política se ha convertido en un grupo que pone sus intereses por delante del interés común. Pero es cierto también que hay una promiscuidad entre poder político y poder económico de alto poder contaminante. Y es cierto que los medios de comunicación convencionales, en plena crisis, han perdido la capacidad de marcar la agenda política y de configurar la opinión pública mirando hacia abajo y no solo desde arriba. Degradación de la política sí, impunidad de las élites, también.
Las consecuencias de todo ello son altamente desmoralizantes para la ciudadanía y la crisis las ha hecho emerger de modo descarnado. La sensación de dependencia de la política del poder financiero es abrumadora. Se habla mucho del grave problema del paro, pero la prioridad de las políticas de austeridad es salvar a los bancos y socializar la deuda privada. La imagen de connivencia entre política y dinero es explosiva y, en este sentido, es evidente que casos como el de Bankia han tenido efectos demoledores en la moral colectiva. Parte de la ciudadanía se siente burlada y sin voz. Burlada porque cada vez se le piden más sacrificios y sin recibir a cambio ninguna señal de progreso ni de reparación del daño causado por los excesos que condujeron a la crisis. Sin voz, porque la repetición de la idea de que no hay alternativa, además de ser un insulto a la ciudadanía, convierte a la democracia en un paripé y abre las puertas al autoritarismo, a la falta de transparencia y a la restricción paulatina de derechos.
La imprescindible renovación institucional no puede reducirse a un problema estrictamente técnico, que es la vía por la que la política lleva tiempo perdiendo el alma. Es un problema político que concierne a la sociedad entera. Y que solo se resolverá si esta presiona. Si hay que confiarlo todo a la iniciativa de los partidos, vamos listos. Estos solo cambiarán si ven su posición realmente amenazada.
¿Qué necesita la democracia? Mayor autonomía de los políticos respecto de los poderes económicos, recuperación de la idea fuerte de proyecto político (es decir, de futuro), reforma del Estado y sus aledaños en el sentido de reducir los poderes corporativos y redistribuir el poder, revitalización del Parlamento, cada vez más ninguneado por los gobiernos, modificación de la forma partido excesivamente anquilosada en un modelo jerárquico y cerrado, cambio de la ley electoral que acerque al parlamentario a los electores y no le convierta en títere del aparato partidario, respeto a la libertad de los actores políticos que evite el penoso espectáculo de la celebración de las unanimidades. Pero, sobre todo, es necesario un cambio cultural de fondo. Hay en este país demasiada gente que se vanagloria de no poder decir lo que querría decir porque su posición no se lo permite. Esta cultura es contraindicada con la democracia, porque crea dirigentes sin autoestima, que renuncian con suma facilidad a la capacidad de pensar y decidir por sí mismos, es decir, a su dignidad. Esta actitud también es una forma de corrupción estructural. Donde no hay políticos libres, solo hay casta mantenida.
(Artículo de Josep Ramoneda, publicado en "El País" el 11 de octubre de 2012)
Hay una cierta tendencia a presentar la imagen de una clase política malvada y corrupta, frente a una sociedad honesta e inocente. Es un planteamiento alimentado a partir del prejuicio contra la política propagado durante estos años de hegemonía conservadora. Un razonamiento simétrico al que cuando se habla de corrupción pone el foco en el corrupto pero se olvida del corruptor. Y, sin embargo, es evidente que no hay corrupto sin corruptor. No hay, por tanto, una sociedad angelical y una clase política perversa. Hay una pérdida grande de exigencia por parte de una sociedad que ha vivido demasiado tiempo en la indiferencia y una acomodación de la clase política, que se siente poco vigilada, a sus intereses y privilegios de casta. Y hay unos sistemas clientelares esparcidos por todo el territorio que favorecen la servidumbre voluntaria y, por tanto, los silencios y los miedos.
Se necesita una renovación de las instituciones políticas. Para que una democracia funcione, el poder tiene que estar limitado y suficientemente repartido. Ahora no lo está. Por eso chirrían tantas cosas. Es cierto que la clase política se ha convertido en un grupo que pone sus intereses por delante del interés común. Pero es cierto también que hay una promiscuidad entre poder político y poder económico de alto poder contaminante. Y es cierto que los medios de comunicación convencionales, en plena crisis, han perdido la capacidad de marcar la agenda política y de configurar la opinión pública mirando hacia abajo y no solo desde arriba. Degradación de la política sí, impunidad de las élites, también.
Las consecuencias de todo ello son altamente desmoralizantes para la ciudadanía y la crisis las ha hecho emerger de modo descarnado. La sensación de dependencia de la política del poder financiero es abrumadora. Se habla mucho del grave problema del paro, pero la prioridad de las políticas de austeridad es salvar a los bancos y socializar la deuda privada. La imagen de connivencia entre política y dinero es explosiva y, en este sentido, es evidente que casos como el de Bankia han tenido efectos demoledores en la moral colectiva. Parte de la ciudadanía se siente burlada y sin voz. Burlada porque cada vez se le piden más sacrificios y sin recibir a cambio ninguna señal de progreso ni de reparación del daño causado por los excesos que condujeron a la crisis. Sin voz, porque la repetición de la idea de que no hay alternativa, además de ser un insulto a la ciudadanía, convierte a la democracia en un paripé y abre las puertas al autoritarismo, a la falta de transparencia y a la restricción paulatina de derechos.
La imprescindible renovación institucional no puede reducirse a un problema estrictamente técnico, que es la vía por la que la política lleva tiempo perdiendo el alma. Es un problema político que concierne a la sociedad entera. Y que solo se resolverá si esta presiona. Si hay que confiarlo todo a la iniciativa de los partidos, vamos listos. Estos solo cambiarán si ven su posición realmente amenazada.
¿Qué necesita la democracia? Mayor autonomía de los políticos respecto de los poderes económicos, recuperación de la idea fuerte de proyecto político (es decir, de futuro), reforma del Estado y sus aledaños en el sentido de reducir los poderes corporativos y redistribuir el poder, revitalización del Parlamento, cada vez más ninguneado por los gobiernos, modificación de la forma partido excesivamente anquilosada en un modelo jerárquico y cerrado, cambio de la ley electoral que acerque al parlamentario a los electores y no le convierta en títere del aparato partidario, respeto a la libertad de los actores políticos que evite el penoso espectáculo de la celebración de las unanimidades. Pero, sobre todo, es necesario un cambio cultural de fondo. Hay en este país demasiada gente que se vanagloria de no poder decir lo que querría decir porque su posición no se lo permite. Esta cultura es contraindicada con la democracia, porque crea dirigentes sin autoestima, que renuncian con suma facilidad a la capacidad de pensar y decidir por sí mismos, es decir, a su dignidad. Esta actitud también es una forma de corrupción estructural. Donde no hay políticos libres, solo hay casta mantenida.
(Artículo de Josep Ramoneda, publicado en "El País" el 11 de octubre de 2012)
ÉTICA EN TIEMPOS DE CRISIS
Insiste un buen número de economistas, neoliberales y de los otros, en afirmar que la ausencia de algunos valores éticos no ha tenido influencia en la crisis que venimos padeciendo desde 2007 y que tiene angustiados a países como el nuestro. Según ellos, las crisis se han sucedido a lo largo de la historia y habría que suponer entonces que los vicios que las causan son consustanciales a la naturaleza humana.
Y la verdad es que tienen razón en afirmar que la posibilidad de desarrollar vicios y también virtudes es consustancial a los seres humanos, pero convendría recordar la lección de aquel jefe indígena que contaba a sus nietos cómo en las personas hay dos lobos, el del resentimiento, la mentira y la maldad, y el de la bondad, la alegría, la misericordia y la esperanza. Terminada la narración uno de los niños preguntó: ¿cuál de los lobos crees que ganará? Y el abuelo contestó: el que alimentéis.
A los economistas neoliberales, y no sólo a ellos, les gusta ignorar estos relatos y creer que de los vicios privados a veces surgen buenos resultados para la vida económica y de las virtudes privadas a veces surgen malos resultados. Por eso prefieren atenerse al viejo dicho “lo que no son cuentas son cuentos” y asegurar que la economía sigue su curso sin que le perjudiquen la codicia o la insolidaridad, que quedarían para la vida privada. A su juicio, quienes mantienen que la falta de valores éticos perjudica a la vida pública son moralistas anacrónicos.
Mala cosa el moralismo, eso es verdad. Mala cosa la prédica empalagosa y ñoña en que consiste. Pero sucede que no se trata de eso al recordar que los valores morales son efectivos en la vida pública, sino de distinguir, como hacía Ortega, entre estar altos de moral o desmoralizados como dos actitudes que posibilitan o impiden –respectivamente- que las personas y los pueblos lleven adelante su vida con bien. Qué duda cabe, siguiendo a Ortega, de que una persona o un pueblo desmoralizados no están en su propio quicio y vital eficacia, no están en posesión de sí mismos y por eso no viven sus vidas, sino que se las hacen otros, no crean, ni fecundan, ni son capaces de proyectar su futuro.
Y a la desmoralización hemos llegado los españoles no sólo por lo mal que se han hecho las cuentas, sino también porque se han disfrazado con cuentos perversos, como el de la contabilidad creativa, como el de los controladores que no sacaron a la luz los fallos en lo que supuestamente controlaban, como las mentiras públicas sobre lo que estaba pasando, como el empeño en que asumieran hipotecas quienes difícilmente podrían pagarlas, como la constante opacidad y falta de transparencia, como la ausencia de explicaciones veraces de lo que estaba ocurriendo.
Cuando a todo ello se suma que las presuntas soluciones vienen de recortar empezando por los más débiles, por los que menos responsabilidades han tenido en la catástrofe, parece difícil creer que la falta de ética (de competencia, mesura, transparencia y responsabilidad) no tiene nada que ver con todo esto y que sólo la mala suerte económica nos ha llevado donde estamos.
Pero como tal vez la principal característica del ser humano es la libertad, la capacidad de tomar la iniciativa, de coger las riendas de la propia vida, personal y compartida, es urgente emprender medidas que ayuden a cambiar el desmoralizador curso de las cosas, y quisiera proponer al menos las siguientes.
Optar por la verdad y la transparencia sería una de ellas. La sana costumbre de contar desde el poder político y el económico lo que ocurre y proponer lo que podemos hacer, explicando el proyecto que se tiene por delante.
Poner tasas a las transacciones financieras, en este mundo de capitalismo financiero, que es preciso replantear radicalmente. Si es cierto que el capitalismo emprendedor se transformó en el corporativo y desde mediados del siglo XX en capitalismo financiero, limitar su expansión es urgente y, como mínimo, utilizar sus recursos para los peor situados.
Apostar por la ejemplaridad, de la que Javier Gomá habla en las páginas de este diario, y no sólo en ellas, ejercer de forma ejemplar la función política, la judicial, la actividad de la empresa y la de cualquier profesión, no como algo excepcional, sino como un sobrentendido.
No empezar por recortar por lo más fácil, por los más débiles, sino por exigir la devolución de lo que se ha robado y reducir los sueldos de los implicados en la mala gestión.
Proteger a los más vulnerables, a los enfermos, los inmigrantes, los dependientes, los países en desarrollo, los niños. Y no sólo porque es la forma de lograr cohesión social, sino porque es su derecho de justicia, amén de una elemental obligación de solidaridad.
Acometer medidas de crecimiento, generadoras de empleo, que para quienes cuentan con capacidad creadora no tienen porqué ser incompatibles con los ajustes.
Tratar de recordar lo que nos une y respetar lo que nos separa, porque agitar sólo lo que puede separarnos es, hoy más que nunca, letal.
(Artículo de Adela Cortina, publicado en "El País" el 2 de julio de 2012)
Y la verdad es que tienen razón en afirmar que la posibilidad de desarrollar vicios y también virtudes es consustancial a los seres humanos, pero convendría recordar la lección de aquel jefe indígena que contaba a sus nietos cómo en las personas hay dos lobos, el del resentimiento, la mentira y la maldad, y el de la bondad, la alegría, la misericordia y la esperanza. Terminada la narración uno de los niños preguntó: ¿cuál de los lobos crees que ganará? Y el abuelo contestó: el que alimentéis.
A los economistas neoliberales, y no sólo a ellos, les gusta ignorar estos relatos y creer que de los vicios privados a veces surgen buenos resultados para la vida económica y de las virtudes privadas a veces surgen malos resultados. Por eso prefieren atenerse al viejo dicho “lo que no son cuentas son cuentos” y asegurar que la economía sigue su curso sin que le perjudiquen la codicia o la insolidaridad, que quedarían para la vida privada. A su juicio, quienes mantienen que la falta de valores éticos perjudica a la vida pública son moralistas anacrónicos.
Mala cosa el moralismo, eso es verdad. Mala cosa la prédica empalagosa y ñoña en que consiste. Pero sucede que no se trata de eso al recordar que los valores morales son efectivos en la vida pública, sino de distinguir, como hacía Ortega, entre estar altos de moral o desmoralizados como dos actitudes que posibilitan o impiden –respectivamente- que las personas y los pueblos lleven adelante su vida con bien. Qué duda cabe, siguiendo a Ortega, de que una persona o un pueblo desmoralizados no están en su propio quicio y vital eficacia, no están en posesión de sí mismos y por eso no viven sus vidas, sino que se las hacen otros, no crean, ni fecundan, ni son capaces de proyectar su futuro.
Y a la desmoralización hemos llegado los españoles no sólo por lo mal que se han hecho las cuentas, sino también porque se han disfrazado con cuentos perversos, como el de la contabilidad creativa, como el de los controladores que no sacaron a la luz los fallos en lo que supuestamente controlaban, como las mentiras públicas sobre lo que estaba pasando, como el empeño en que asumieran hipotecas quienes difícilmente podrían pagarlas, como la constante opacidad y falta de transparencia, como la ausencia de explicaciones veraces de lo que estaba ocurriendo.
Cuando a todo ello se suma que las presuntas soluciones vienen de recortar empezando por los más débiles, por los que menos responsabilidades han tenido en la catástrofe, parece difícil creer que la falta de ética (de competencia, mesura, transparencia y responsabilidad) no tiene nada que ver con todo esto y que sólo la mala suerte económica nos ha llevado donde estamos.
Pero como tal vez la principal característica del ser humano es la libertad, la capacidad de tomar la iniciativa, de coger las riendas de la propia vida, personal y compartida, es urgente emprender medidas que ayuden a cambiar el desmoralizador curso de las cosas, y quisiera proponer al menos las siguientes.
Optar por la verdad y la transparencia sería una de ellas. La sana costumbre de contar desde el poder político y el económico lo que ocurre y proponer lo que podemos hacer, explicando el proyecto que se tiene por delante.
Poner tasas a las transacciones financieras, en este mundo de capitalismo financiero, que es preciso replantear radicalmente. Si es cierto que el capitalismo emprendedor se transformó en el corporativo y desde mediados del siglo XX en capitalismo financiero, limitar su expansión es urgente y, como mínimo, utilizar sus recursos para los peor situados.
Apostar por la ejemplaridad, de la que Javier Gomá habla en las páginas de este diario, y no sólo en ellas, ejercer de forma ejemplar la función política, la judicial, la actividad de la empresa y la de cualquier profesión, no como algo excepcional, sino como un sobrentendido.
No empezar por recortar por lo más fácil, por los más débiles, sino por exigir la devolución de lo que se ha robado y reducir los sueldos de los implicados en la mala gestión.
Proteger a los más vulnerables, a los enfermos, los inmigrantes, los dependientes, los países en desarrollo, los niños. Y no sólo porque es la forma de lograr cohesión social, sino porque es su derecho de justicia, amén de una elemental obligación de solidaridad.
Acometer medidas de crecimiento, generadoras de empleo, que para quienes cuentan con capacidad creadora no tienen porqué ser incompatibles con los ajustes.
Tratar de recordar lo que nos une y respetar lo que nos separa, porque agitar sólo lo que puede separarnos es, hoy más que nunca, letal.
(Artículo de Adela Cortina, publicado en "El País" el 2 de julio de 2012)
LA CORRUPCIÓN CUENTA CON NOSOTROS.
Flanqueado por los trajes de Francisco Camps y la semana caribeña de Carlos Dívar, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, desfila un cortejo interminable de medias verdades, indemnizaciones vergonzosas a banqueros y prácticas políticas chapuceras. Se nos está revelando una España más cercana a la picaresca clásica que a la honorabilidad que se supone a altos cargos públicos ya sean políticos, jueces o banqueros. Es razonable preguntarse si hay que hablar de anécdota o de categoría, si de casos aislados o de vicios arraigados en nuestro modo de ser. Siempre se podrá decir, y con razón, que son más los políticos honestos que los corruptos y que si hoy se habla más de corrupción es porque se es menos tolerante. Pero si la corrupción solo es noticia cuando es descubierta, no hay que hacerse ilusiones sobre lo que puede estar oculto.
Mejor será entonces dirigir la mirada a ciertos modos de ser --cuesta llamar a eso cultura o valores-- que son el caldo de cultivo de la corrupción. Uno de esos supuestos es la relación entre vida pública y vida privada. Los españoles tenemos a gala ponderar la separación de los dos niveles, a diferencia de esos puritanos anglosajones que escudriñan la vida de sus hombres públicos, incluso cuando son candidatos, como si la confianza o el poder que les van a otorgar dependiera de cómo se portan en su vida privada. Que cada cual haga lo que quiera con su vida privada, decimos nosotros, si hace bien su trabajo público. Debemos pensar que la virtud va en el cargo y que si uno es el juez de los jueces será necesariamente justo o que si alguien, desde su elevada posición, pide ejemplaridad, será ejemplar. Solo nos interesa su vida privada cuando les pillamos en un renuncio y entonces, sí, pedimos airados que dimita o abdique o las pague todas juntas.
Esos mismos que defienden la estricta separación entre la vida pública y la privada suelen ser devotos seguidores de Bernard Mandeville, el autor de La fábula de las abejas, cuyo elocuente subtítulo es Los vicios privados hacen la prosperidad pública. El autor, nacido en Rotterdam en 1670, defiende la idea de que la sociedad funciona como una colmena. Cada abeja va a lo suyo y el resultado es un panal de rica miel. Así la sociedad. Si comerciantes, banqueros, jueces y ministros piensan en sí mismos, tendremos un Estado próspero. Ocurrió, sin embargo, que las abejas interiorizaron la crítica moralizante de que los vicios privados engendran la prosperidad general. Entonces se hicieron solidarias y se acabó la miel. ¿Moraleja?: "Querer gozar de los grandes beneficios del mundo/sin grandes vicios/es vana utopía en el cerebro asentada./Fraude, lujo y orgullo deben vivir/mientras disfrutemos de sus beneficios". Una traducción civilizada de esta desenvuelta teoría es la política empresarial en curso que pide, para ser competitiva, que los trabajadores se bajen el sueldo y renuncien a las conquistas sociales. Así les irá mejor también a ellos.
Lo cierto es que este prototipo de hombre público vino a sustituir a otro, forjado por Aristóteles, hoy en desuso pero al que se le está esperando. No puede haber buena gestión de la cosa pública, dice el filósofo, si no hay hombres públicos virtuosos. No cabe esperar de un político o de un juez que tome decisiones que sirvan al bien común o hagan justicia si él mismo no es un ser justo. Entiéndase bien el grado de exigencia: no dice que el juez justo es el que toma decisiones justas, sino que para tomar decisiones justas hay que ser antes un hombre justo. No cabe, por tanto, hablar de un buen político si antes ese ser humano no está hecho o, en términos aristotélicos, si antes no es virtuoso. Por virtud política entiende disponer de los conocimientos suficientes, saber elegir razonablemente y ser capaz de aguantar las presiones y los intereses privados. Estamos en las antípodas del político que llega a un puesto de responsabilidad sin más bagajes que haber ganado en su agrupación local o haber acabado la carrera de abogado. Algo más habría que exigirse para la vida pública.
Anda por las carteleras madrileñas la pieza teatral de Nikolai Gógol El inspector. Es una comedia sobre la corrupción escrita hace casi dos siglos que sigue siendo actual. Al ver en el primer estreno que la gente salía riéndose, el autor añadió un apunte que es su momento cumbre. El protagonista, un alcalde de provincias, se vuelve al público que ríe el enredo para decirle: "Pero, ¿de qué os reís? ¡Os estáis riendo de vosotros mismos!" El público se ríe de la torpeza de unos políticos corruptos que han confundido a un pobre diablo, al que agasajan sin medida para comprarle, con un temido inspector. El patio de butacas ríe porque él sí sabe que el tal inspector es solo un pícaro aprovechado. Pero ese público que se divierte es el que les ha elegido a ellos, alcaldes y concejales, como son y por cómo son. La risa es una señal de superioridad respecto de los que son objeto de la mofa. Pero el público, si es igual a los políticos, no tiene razón para la risa. Por eso quería Gógol que, en vez de salir riéndose, se fuera a casa pensativo.
(Artículo de Reyes Mate, publicado en "El Periódico de Aragón" el 10 de junio de 2012)
Mejor será entonces dirigir la mirada a ciertos modos de ser --cuesta llamar a eso cultura o valores-- que son el caldo de cultivo de la corrupción. Uno de esos supuestos es la relación entre vida pública y vida privada. Los españoles tenemos a gala ponderar la separación de los dos niveles, a diferencia de esos puritanos anglosajones que escudriñan la vida de sus hombres públicos, incluso cuando son candidatos, como si la confianza o el poder que les van a otorgar dependiera de cómo se portan en su vida privada. Que cada cual haga lo que quiera con su vida privada, decimos nosotros, si hace bien su trabajo público. Debemos pensar que la virtud va en el cargo y que si uno es el juez de los jueces será necesariamente justo o que si alguien, desde su elevada posición, pide ejemplaridad, será ejemplar. Solo nos interesa su vida privada cuando les pillamos en un renuncio y entonces, sí, pedimos airados que dimita o abdique o las pague todas juntas.
Esos mismos que defienden la estricta separación entre la vida pública y la privada suelen ser devotos seguidores de Bernard Mandeville, el autor de La fábula de las abejas, cuyo elocuente subtítulo es Los vicios privados hacen la prosperidad pública. El autor, nacido en Rotterdam en 1670, defiende la idea de que la sociedad funciona como una colmena. Cada abeja va a lo suyo y el resultado es un panal de rica miel. Así la sociedad. Si comerciantes, banqueros, jueces y ministros piensan en sí mismos, tendremos un Estado próspero. Ocurrió, sin embargo, que las abejas interiorizaron la crítica moralizante de que los vicios privados engendran la prosperidad general. Entonces se hicieron solidarias y se acabó la miel. ¿Moraleja?: "Querer gozar de los grandes beneficios del mundo/sin grandes vicios/es vana utopía en el cerebro asentada./Fraude, lujo y orgullo deben vivir/mientras disfrutemos de sus beneficios". Una traducción civilizada de esta desenvuelta teoría es la política empresarial en curso que pide, para ser competitiva, que los trabajadores se bajen el sueldo y renuncien a las conquistas sociales. Así les irá mejor también a ellos.
Lo cierto es que este prototipo de hombre público vino a sustituir a otro, forjado por Aristóteles, hoy en desuso pero al que se le está esperando. No puede haber buena gestión de la cosa pública, dice el filósofo, si no hay hombres públicos virtuosos. No cabe esperar de un político o de un juez que tome decisiones que sirvan al bien común o hagan justicia si él mismo no es un ser justo. Entiéndase bien el grado de exigencia: no dice que el juez justo es el que toma decisiones justas, sino que para tomar decisiones justas hay que ser antes un hombre justo. No cabe, por tanto, hablar de un buen político si antes ese ser humano no está hecho o, en términos aristotélicos, si antes no es virtuoso. Por virtud política entiende disponer de los conocimientos suficientes, saber elegir razonablemente y ser capaz de aguantar las presiones y los intereses privados. Estamos en las antípodas del político que llega a un puesto de responsabilidad sin más bagajes que haber ganado en su agrupación local o haber acabado la carrera de abogado. Algo más habría que exigirse para la vida pública.
Anda por las carteleras madrileñas la pieza teatral de Nikolai Gógol El inspector. Es una comedia sobre la corrupción escrita hace casi dos siglos que sigue siendo actual. Al ver en el primer estreno que la gente salía riéndose, el autor añadió un apunte que es su momento cumbre. El protagonista, un alcalde de provincias, se vuelve al público que ríe el enredo para decirle: "Pero, ¿de qué os reís? ¡Os estáis riendo de vosotros mismos!" El público se ríe de la torpeza de unos políticos corruptos que han confundido a un pobre diablo, al que agasajan sin medida para comprarle, con un temido inspector. El patio de butacas ríe porque él sí sabe que el tal inspector es solo un pícaro aprovechado. Pero ese público que se divierte es el que les ha elegido a ellos, alcaldes y concejales, como son y por cómo son. La risa es una señal de superioridad respecto de los que son objeto de la mofa. Pero el público, si es igual a los políticos, no tiene razón para la risa. Por eso quería Gógol que, en vez de salir riéndose, se fuera a casa pensativo.
(Artículo de Reyes Mate, publicado en "El Periódico de Aragón" el 10 de junio de 2012)
EL RESCATE DE LA DEMOCRACIA.
Desde que comenzara la crisis, nos hemos acostumbrado al lenguaje de reformas, recortes y ajustes. Sorprendentemente, sin embargo, hay una reforma ineludible que hemos pasado por alto pero que ni siquiera está en la agenda: la reforma de nuestro sistema democrático. Es cierto que una gran parte de la crisis actual se origina en la existencia de una Europa incompleta. Pero la crisis también ha puesto de manifiesto la existencia de una democracia defectuosa. Esto se refiere tanto a la falta de control y transparencia, evidente en el reguero de casos de corrupción que nos han salpicado en estos últimos años, como a la debilidad del Estado y sus instituciones, incapaces de resistirse a su captura y manipulación por parte de intereses sectoriales, sean estos de carácter privado, empresarial o partidista.
Desconcertados por la rapidez con la que se suceden los acontecimientos en el día a día, estamos pasando por alto que la viabilidad de todas estas reformas requiere no sólo una mejora sustancial de las instituciones de gobernanza europea sino, como pone de manifiesto la larga lista de instituciones que han quedado en evidencia durante esta crisis, desde la monarquía a las comunidades autónomas, pasando por el poder judicial, un examen a fondo del funcionamiento de nuestro sistema político. Pensábamos que España se había europeizado profunda e irreversiblemente, pero ahora descubrimos cuánto había de ficción en ese proceso.
Al igual que los países del norte de Europa siguen estando a años luz de España en cuanto a su capacidad de combinar competitividad y justicia social, nuestro sistema político es incapaz tanto de emular los estándares de transparencia que allí se dan por hecho como de asegurar un reparto equitativo de las cargas y las responsabilidades derivadas de esta crisis. Pese a la profundidad y extensión de la crisis de nuestra democracia, su reforma no está en la agenda. ¿A qué se debe esta ausencia? Muchos de los problemas que padecemos hoy en día, desde los malos resultados de la descentralización territorial, la defectuosa regulación de sectores enteros de nuestra economía y, en definitiva, la falta de transparencia y control generalizada de todo lo público tienen una vertiente común: se originan en la conversión del Estado de derecho en un Estado de partidos, es decir, en el paso de un sistema en el que las leyes y los ciudadanos son los protagonistas de la política democrática en un marco de separación de poderes a un sistema en el que los actores principales son los partidos, la alternancia entre ellos el único objetivo de la contienda política y la fusión y confusión bajo sus directrices de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial la norma de funcionamiento en el día a día.
Se mire donde se mire a nuestras instituciones, los partidos han impuesto, primero, el reparto de puestos sobre la base de cuotas de poder y, a continuación, la ideologización de los procedimientos de toma de decisión. De esa manera, más que servir a los ciudadanos, dichas instituciones se han puesto al servicio de los partidos. El desenlace de Bankia es sumamente revelador de este problema. A pesar de las apariencias, su nacionalización no significa que el Estado se haga cargo de las pérdidas en las que incurrido un banco privado mal gestionado, sino la traslación a la sociedad de los costes de haber puesto en manos de partidos políticos y comunidades autónomas un poder financiero autónomo y opaco con el que sostener su poder político. Por tanto, más que ante un problema de regulación, bancaria estamos pues ante un fallo de autorregulación política.
Ahí reside la clave. Hasta la fecha, el sistema político ha depositado en sus gestores la responsabilidad de autorregularse. Como era previsible, estos han utilizado esta capacidad reguladora no para atarse, sino para emanciparse del control ciudadano. Esto explica por qué la reforma del sistema político es tan difícil de emprender y encuentra tantas resistencias: como los que deberían emprender esa reforma serían sus principales víctimas, los incentivos para llevarla a cabo son inexistentes. Postergar estas reformas es suicida pues al igual que los errores de diseño en la unión monetaria están complicando enormemente la salida de esta crisis por el lado europeo, las debilidades estructurales de nuestra democracia también están afectando muy negativamente la capacidad de sostenimiento de las reformas en el ámbito interno. Como muestra el caso griego, en la medida en la que la ciudadanía perciba que la clase política se exime a sí misma de reformas de calado equivalente a las que aplica a la ciudadanía, nos situaremos en un escenario de deslegitimación de la democracia muy preocupante. ¿Qué hacer? Redefinir los límites de la política partidista. Al igual que estamos redibujando los límites del Estado del Bienestar, es imperativo volver a decidir quién hace qué y cómo en nuestro sistema político. No se trata de erigir una tecnocracia sino de garantizar que cada institución recuperara su razón de ser democrática en un marco de transparencia y responsabilidad adecuado. Desde esta perspectiva, la refundación de la democracia española ni siquiera requeriría una reforma constitucional, sino la identificación y el rescate, una por una, de todas aquellas instituciones que en la actualidad viven asfixiadas bajo el peso sofocante de la política partidista.
(Artículo de José Ignacio Torreblanca, publicado en "El País" el 3 de junio de 2012)
MÁS TRANSPARENCIA.
Las contradicciones están marcando los primeros pasos de lo que será la primera ley de transparencia de la que dispondrá España, el único gran país europeo que carece de ella. De un lado, es de ley reconocer que este Gobierno es el primero que corre el riesgo de lanzar un proyecto que, en mayor o menor medida, va a aumentar la capacidad de control ciudadano sobre sus decisiones y sus actuaciones. De otro lado, como si la pesada inercia de la opacidad fuera insoslayable, el Ejecutivo está utilizando un procedimiento poco transparente. Prueba palmaria de ello es que el Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley, lo presentó, pero no lo dio a conocer. Es cierto que ejecutivos anteriores han usado el mismo subterfugio, pero no puede ser argumento válido justamente para el que pretende romper con el tradicional oscurantismo español. Tampoco ha habido transparencia informativa en el novedoso proceso de participación ciudadana que, según el Gobierno, ha provocado 3.700 observaciones a través de la página web abierta para ello y, finalmente, ni se ha esperado el final del debate abierto a instancias del mismo Ejecutivo entre 38 expertos ni se ha explicado el motivo de tan extravagante desplante.
El cambio más sustancial y, en principio, positivo acometido en el proyecto desde que se lanzó el borrador en marzo es el sistema de nombramiento y cese del presidente de la Agencia Estatal de Transparencia, que, según Moncloa, “se equipara a los organismos reguladores”, lo que significa que lo nombrará el Gobierno (y con mayoría absoluta del parlamento), pero su cese solo es posible por causas mayores, lo que debe permitir al nombrado un cierto margen de maniobra respecto a quien lo designó.
El aspecto más negativo del proyecto es el principio de “silencio negativo”, que deja al criterio de las administraciones públicas la potestad de dar la callada por respuesta a cualquier pregunta. Y el Gobierno también ha desoído las propuestas de incorporar a la Casa Real a este ejercicio obligado de transparencia. Por lo demás, la puesta en marcha de esta ley que obliga a publicar contratos, sueldos y actividades de los altos cargos de todas las administraciones y que prevé sanciones para los que falseen y oculten datos debería ser el inicio —por fin— de una nueva manera de concebir la gestión política que pasa por ampliar la capacidad de supervisión de los administrados.
(Editorial de "El País", publicado el 19 de mayo de 2012)
EL MENSAJE DE ORWELL-
Hace 75 años, el escritor inglés George Orwell, llegó a España, con el proyecto de pelear en la Guerra Civil. En su viaje desde Inglaterra, hizo una escala en París, que aprovechó para completar un trámite en el consulado español y, sobre todo, para conversar con Henry Miller. Los escritores se tenían mutua admiración a pesar de que, o quizá justamente por esto, la obra de Miller estaba situada en las antípodas de la de Orwell.
El secretario del escritor neoyorquino escribió un registro de aquel encuentro, que fue amistoso, entrañable e ideológicamente muy tirante. Cuando Orwell le explicó su proyecto de viajar a España para combatir el fascismo, y habló del deber moral que, desde su punto de vista, tenían los escritores frente a aquel formidable enemigo, Miller trató de hacerle ver que aquellas ideas eran propias de un boy-scout, y después le dijo textualmente: “Ir a España en este momento es el acto de un idiota”.
Al final de aquella reunión, Miller hizo su contribución personal a la causa de la República Española: le regaló a Orwell su abrigo de pana.
Con ese abrigo de pana llegó el escritor inglés a Barcelona, a principios de 1937. Se apuntó en el cuartel Lenin y se vistió con el uniforme que le adjudicaron y que él identificó inmediatamente como multiforme, porque las prendas no coincidían, ni entre ellas mismas, ni con las de ningún otro miliciano.
“Como estábamos en España, todo se hacía sin ton ni son”, nos cuenta Orwell en el primer capítulo de ese libro raro, estruendoso, conmovedor y hermosísimo que es Homenaje a Cataluña. Un libro que es, en realidad, un homenaje a ese mundo lleno de ideales, de solidaridad y de respeto por el otro que, en esta época nuestra tan dineraria y feroz, cuesta trabajo concebir.
Además del multiforme a Orwell le dieron un rifle antes de partir con su tropa rumbo al frente de Aragón. La verdad es que Orwell no pegó ni un solo tiro, al contrario, se llevó una bala fascista en la garganta que, años después, terminó matándolo. Pero, sobre todo, prestó un servicio impagable a la humanidad con la obra literaria que produjo su aventura en España, y que se suma a esas otras dos novelas suyas inolvidables que son Rebelión en la granja y la escalofriante 1984, por cuyas páginas siguen circulando esas ratas horribles, que venían de comerle el cinturón a los milicianos de Homenaje a Cataluña.
De su llegada a Barcelona hay una fotografía, de Agustí Centelles, que lo dice todo: al final de un pelotón de republicanos bajitos, y rigurosamente multiformados, se yergue al fondo de la fila un tío alto, de abrigo de pana y bigotito, que saca a todos la cabeza y que es, por supuesto, George Orwell.
¿Qué hacía ese marciano inglés en la Guerra Civil?, ¿qué hacía ese escritor, educado en Eton, jugándose la vida en otro país para combatir el fascismo? ¿quién de nosotros, habitantes de este milenio metalizado y frívolo, se jugaría el pellejo por defender una manera de ver y de orientar la vida, una cosa tan etérea como una idea o un concepto?.
Lo cierto es que entonces, hace nada más 75 años, miles de extranjeros se apuntaron voluntariamente para venir a España a hacer la guerra, sin más, ni menos, estímulo que sus convicciones.
Hoy George Orwell puede parecernos un marciano porque ¿quién en su sano juicio, va ir a pegar tiros a otro país, dejando en el suyo su pisito, su automóvil, su mutua médica, su plan de jubilación y su nicho pre-pagado en el cementerio? La respuesta es que, en el mejor de los casos, muy pocos. El mundo ha cambiado radicalmente, las ideologías se desvanecen, los ideales flaquean, ya no se sabe a qué parte de la derecha pertenece la izquierda y hoy la gente, para creer en algo, tiene que verlo en Google. A menos que se trate de dinero o propiedades, dos elementos del paisaje mental contemporáneo en los que todos seguimos teniendo una inquebrantable fe.
Pero resulta que la crisis económica, que se ceba en España con insultante entusiasmo, nos va dejando sin pisito, sin automóvil, sin mutua y sin nicho en el cementerio, y todo sin haber ido a hacer la guerra, sin pegar un tiro, sin haber hecho absolutamente nada. Es más, nos ha dejado así después de habernos comportado como buenos ciudadanos, que pagan sus impuestos y se conducen con decencia.
En lugar de enfocar esto como una tragedia, que sería lo natural, tendríamos que verlo como una invitación a reconvertirnos en otra cosa, en un marciano como Orwell, por ejemplo. Y para esto basta con cambiar el punto de vista, mirar más allá de los escombros, de los cascotes y las columnas de humo que va dejando esta crisis, y reconducir el desconcierto, la desazón y la cólera que ésta produce, hacia un sitio diferente, más allá del desánimo general que lo paraliza todo. En lugar de estarnos mirando la punta de los zapatos, podríamos mirar hacia el horizonte y, una vez ahí, trazar una cartografía íntima para ver en qué punto, precisamente, nos encontramos.
En lugar de enfocar la crisis como una tragedia, tendríamos que verla como una invitación a reconvertirnos en otra cosa
Quién logra trazar esta cartografía íntima ya ha observado, reflexionado, sacado conclusiones de su entorno y su circunstancia, como lo haría un solitario del calibre de George Orwell, no en la Guerra Civil que ya pasó, sino frente a esa turbulencia que han generado los chacales financieros, y la incapacidad de los Estados para contenerlos, ese poder oscuro contra el que el individuo común no puede defenderse, pero sí que puede mantener “una guerra sin batalla, una guerra de guerrillas”, para utilizar el concepto que proponía Gilles Deleuze.
Esta guerra de guerrillas consiste en no bajar la guardia, no distraerse ni desanimarse, vigilar de cerca a nuestros gobernantes, mantener los ojos bien abiertos para ver pasar la siguiente oportunidad y, sobre todo, confiar en algo, creer en algo, como lo hizo hace 75 años George Orwell.
Ese individuo solitario, ese marciano que hace su guerra de guerrillas, terminará armonizando con las miles de individualidades que están empeñadas en lo mismo. Se trata de metamorfosear la catatonía en un nuevo resplandor.
En el primer capítulo de Homenaje a Cataluña, Orwell nos cuenta la impresión que le produce Barcelona. Eran los primeros meses de 1937 y sus habitantes estaban en pie de guerra, o escondiéndose de la guerra; en todo caso la ciudad había sido bombardeada, había tiros en la calle, columnas de humo negro salían de algunos edificios, la comida escaseaba y casi no había azúcar, ni carbón, ni gasolina. Barcelona era una ciudad oscura, empobrecida, destruida, y sin embargo Orwell veía más allá de lo que era evidente, caminaba por las calles entre escombros, humaredas y cascotes con la ilusión de estar viendo una ciudad obrera, donde la gente trabajadora se organizaba para construirse un futuro decente. Orwell, en lugar de perderse en las ruinas de aquella ciudad veía, más allá de la humareda y los escombros, el giro portentoso que estaba dando la historia de la humanidad. Y los barceloneses soportaban aquel desastre, escribe Orwell, porque “confiaban en la revolución y en el futuro, y se tenía la sensación de haber entrado en una era de libertad e igualdad”.
Todo el optimismo de aquella gente martirizada por la guerra que describe el escritor inglés, se basaba en la confianza en el futuro y en esa sensación de que el mundo iba a convertirse en un lugar mejor.
Ahí está la fórmula, el mensaje cifrado que nos envía Orwell desde sus páginas: esa confianza y esa sensación. A partir de ahí, no tenemos más remedio, hay que empezar a fundar, día tras día, el porvenir.
(Artículo de Jordi Soler, publicado en "El País" el 29 de abril de 2012)
El secretario del escritor neoyorquino escribió un registro de aquel encuentro, que fue amistoso, entrañable e ideológicamente muy tirante. Cuando Orwell le explicó su proyecto de viajar a España para combatir el fascismo, y habló del deber moral que, desde su punto de vista, tenían los escritores frente a aquel formidable enemigo, Miller trató de hacerle ver que aquellas ideas eran propias de un boy-scout, y después le dijo textualmente: “Ir a España en este momento es el acto de un idiota”.
Al final de aquella reunión, Miller hizo su contribución personal a la causa de la República Española: le regaló a Orwell su abrigo de pana.
Con ese abrigo de pana llegó el escritor inglés a Barcelona, a principios de 1937. Se apuntó en el cuartel Lenin y se vistió con el uniforme que le adjudicaron y que él identificó inmediatamente como multiforme, porque las prendas no coincidían, ni entre ellas mismas, ni con las de ningún otro miliciano.
“Como estábamos en España, todo se hacía sin ton ni son”, nos cuenta Orwell en el primer capítulo de ese libro raro, estruendoso, conmovedor y hermosísimo que es Homenaje a Cataluña. Un libro que es, en realidad, un homenaje a ese mundo lleno de ideales, de solidaridad y de respeto por el otro que, en esta época nuestra tan dineraria y feroz, cuesta trabajo concebir.
Además del multiforme a Orwell le dieron un rifle antes de partir con su tropa rumbo al frente de Aragón. La verdad es que Orwell no pegó ni un solo tiro, al contrario, se llevó una bala fascista en la garganta que, años después, terminó matándolo. Pero, sobre todo, prestó un servicio impagable a la humanidad con la obra literaria que produjo su aventura en España, y que se suma a esas otras dos novelas suyas inolvidables que son Rebelión en la granja y la escalofriante 1984, por cuyas páginas siguen circulando esas ratas horribles, que venían de comerle el cinturón a los milicianos de Homenaje a Cataluña.
De su llegada a Barcelona hay una fotografía, de Agustí Centelles, que lo dice todo: al final de un pelotón de republicanos bajitos, y rigurosamente multiformados, se yergue al fondo de la fila un tío alto, de abrigo de pana y bigotito, que saca a todos la cabeza y que es, por supuesto, George Orwell.
¿Qué hacía ese marciano inglés en la Guerra Civil?, ¿qué hacía ese escritor, educado en Eton, jugándose la vida en otro país para combatir el fascismo? ¿quién de nosotros, habitantes de este milenio metalizado y frívolo, se jugaría el pellejo por defender una manera de ver y de orientar la vida, una cosa tan etérea como una idea o un concepto?.
Lo cierto es que entonces, hace nada más 75 años, miles de extranjeros se apuntaron voluntariamente para venir a España a hacer la guerra, sin más, ni menos, estímulo que sus convicciones.
Hoy George Orwell puede parecernos un marciano porque ¿quién en su sano juicio, va ir a pegar tiros a otro país, dejando en el suyo su pisito, su automóvil, su mutua médica, su plan de jubilación y su nicho pre-pagado en el cementerio? La respuesta es que, en el mejor de los casos, muy pocos. El mundo ha cambiado radicalmente, las ideologías se desvanecen, los ideales flaquean, ya no se sabe a qué parte de la derecha pertenece la izquierda y hoy la gente, para creer en algo, tiene que verlo en Google. A menos que se trate de dinero o propiedades, dos elementos del paisaje mental contemporáneo en los que todos seguimos teniendo una inquebrantable fe.
Pero resulta que la crisis económica, que se ceba en España con insultante entusiasmo, nos va dejando sin pisito, sin automóvil, sin mutua y sin nicho en el cementerio, y todo sin haber ido a hacer la guerra, sin pegar un tiro, sin haber hecho absolutamente nada. Es más, nos ha dejado así después de habernos comportado como buenos ciudadanos, que pagan sus impuestos y se conducen con decencia.
En lugar de enfocar esto como una tragedia, que sería lo natural, tendríamos que verlo como una invitación a reconvertirnos en otra cosa, en un marciano como Orwell, por ejemplo. Y para esto basta con cambiar el punto de vista, mirar más allá de los escombros, de los cascotes y las columnas de humo que va dejando esta crisis, y reconducir el desconcierto, la desazón y la cólera que ésta produce, hacia un sitio diferente, más allá del desánimo general que lo paraliza todo. En lugar de estarnos mirando la punta de los zapatos, podríamos mirar hacia el horizonte y, una vez ahí, trazar una cartografía íntima para ver en qué punto, precisamente, nos encontramos.
En lugar de enfocar la crisis como una tragedia, tendríamos que verla como una invitación a reconvertirnos en otra cosa
Quién logra trazar esta cartografía íntima ya ha observado, reflexionado, sacado conclusiones de su entorno y su circunstancia, como lo haría un solitario del calibre de George Orwell, no en la Guerra Civil que ya pasó, sino frente a esa turbulencia que han generado los chacales financieros, y la incapacidad de los Estados para contenerlos, ese poder oscuro contra el que el individuo común no puede defenderse, pero sí que puede mantener “una guerra sin batalla, una guerra de guerrillas”, para utilizar el concepto que proponía Gilles Deleuze.
Esta guerra de guerrillas consiste en no bajar la guardia, no distraerse ni desanimarse, vigilar de cerca a nuestros gobernantes, mantener los ojos bien abiertos para ver pasar la siguiente oportunidad y, sobre todo, confiar en algo, creer en algo, como lo hizo hace 75 años George Orwell.
Ese individuo solitario, ese marciano que hace su guerra de guerrillas, terminará armonizando con las miles de individualidades que están empeñadas en lo mismo. Se trata de metamorfosear la catatonía en un nuevo resplandor.
En el primer capítulo de Homenaje a Cataluña, Orwell nos cuenta la impresión que le produce Barcelona. Eran los primeros meses de 1937 y sus habitantes estaban en pie de guerra, o escondiéndose de la guerra; en todo caso la ciudad había sido bombardeada, había tiros en la calle, columnas de humo negro salían de algunos edificios, la comida escaseaba y casi no había azúcar, ni carbón, ni gasolina. Barcelona era una ciudad oscura, empobrecida, destruida, y sin embargo Orwell veía más allá de lo que era evidente, caminaba por las calles entre escombros, humaredas y cascotes con la ilusión de estar viendo una ciudad obrera, donde la gente trabajadora se organizaba para construirse un futuro decente. Orwell, en lugar de perderse en las ruinas de aquella ciudad veía, más allá de la humareda y los escombros, el giro portentoso que estaba dando la historia de la humanidad. Y los barceloneses soportaban aquel desastre, escribe Orwell, porque “confiaban en la revolución y en el futuro, y se tenía la sensación de haber entrado en una era de libertad e igualdad”.
Todo el optimismo de aquella gente martirizada por la guerra que describe el escritor inglés, se basaba en la confianza en el futuro y en esa sensación de que el mundo iba a convertirse en un lugar mejor.
Ahí está la fórmula, el mensaje cifrado que nos envía Orwell desde sus páginas: esa confianza y esa sensación. A partir de ahí, no tenemos más remedio, hay que empezar a fundar, día tras día, el porvenir.
(Artículo de Jordi Soler, publicado en "El País" el 29 de abril de 2012)
ESPAÑA ANTE SÍ MISMA.
La acumulación de malas noticias para España durante las últimas semanas ha generalizado una sensación de pesimismo que distorsiona la situación real del país y minusvalora los recursos con los que cuenta para superarla. Por más que se hayan repetido los fracasos en la historia, ni obedecieron a una condena metafísica, ni dictaron un destino inapelable. La crisis que hoy atraviesa España, como la mayor parte de las que padeció en el pasado, es resultado de haber adoptado unas decisiones políticas y no otras, sin olvidar la determinante influencia del contexto exterior. Serán, pues, decisiones políticas las que permitirán superarla o, por el contrario, las que agravarán sus efectos. Con el añadido de que, gracias al esfuerzo colectivo desarrollado desde la reinstauración de las libertades, España ha alcanzado por sí misma y como miembro de la Unión Europea un lugar destacado en ese contexto exterior a cuya influencia es imposible sustraerse.
Las instituciones establecidas por la Constitución de 1978 han demostrado una extraordinaria solidez, a pesar de la ligereza con la que han sido servidas en ocasiones por sus representantes. Desde hace más de dos décadas, y de manera cada vez más acelerada, la frivolidad ha estado detrás del ejercicio sectario de las tareas parlamentarias, de la administración espectacular de la justicia y de la utilización, a la vez propagandística y prepotente, del poder ejecutivo.
La frivolidad ha marcado también el uso de los mecanismos autonómicos, tanto por parte de quienes vieron en ellos una estación de paso, como de quienes agitan sus dificultades para promover la recentralización. Ni siquiera la jefatura del Estado ha quedado al margen de la tendencia general, según han venido a poner de manifiesto los diversos episodios en los que se ha visto envuelta la Casa del Rey en los últimos tiempos. La crisis exige reforzar las instituciones poniendo fin a los malos usos que se han hecho de ellas, no a utilizar esos malos usos como coartada para cuestionarlas.
La economía española está padeciendo las consecuencias de una frenética burbuja inmobiliaria con cuyo espejismo de abundancia todos los Gobiernos prefirieron convivir en lugar de corregir. Pero no todo en estos años ha sido furor especulativo: hay empresas españolas que han logrado consolidar posiciones internacionales de primer orden. La expropiación de la que ha sido objeto la petrolera Repsol en Argentina ha venido a recordar que la proyección de los intereses españoles exige una política exterior a la altura. Hace demasiado tiempo, sin embargo, que esta ha dejado de estarlo, sometida a ensoñaciones ideológicas de signo opuesto durante los Gobiernos de Aznar y Zapatero. Tampoco la diplomacia de Mariano Rajoy parece encontrar el tono justo, dejándose tentar por resabios nacionalistas, en lugar de consagrar sus esfuerzos a reconstruir la red de relaciones que hagan de España un actor fiable y respetado. España lo fue, por lo que puede volver a serlo: todo dependerá de las iniciativas que adopte, no de las campañas propagandísticas en torno a una marca.
Crisis como la que hoy atraviesa el mundo, y ante la que España está resultado particularmente vulnerable, provocan ganadores y perdedores. El ventajismo de quienes tienen más posibilidades de ganar solo provocará el resentimiento de quienes las tienen de perder. Solo el poder político puede arbitrar las medidas que impidan el desencadenamiento de esa espiral tan destructiva como incontrolable, convirtiendo en equitativo esfuerzo colectivo lo que, mal administrado, degeneraría en descarnada defensa de los intereses particulares. España está ante sí misma y podría fracasar una vez más si sus instituciones y sus ciudadanos olvidan los recursos de los que dispone para no hacerlo.
(Editorial de "El País", publicado el 22 de abril de 2012)
AYUNTAMIENTOS TRANSPARENTES.
Diversos escándalos financieros y corporativos ocurridos desde principios del presente siglo (Enron, Parmalat, WorldCom…) desencadenaron una concienciación global en relación con la importancia de la transparencia en la gestión empresarial. Incontables recomendaciones, directivas y regulaciones se han ido sucediendo, convirtiendo el buen gobierno corporativo en un must incuestionable tanto para las propias empresas como para inversores, organismos reguladores de los mercados y la sociedad.
Además, el tsunami, como era de esperar, no se detuvo en el perímetro de lo privado sino que ha ido llegado a la esfera pública como una corriente de pensamiento ético y todos los organismos supranacionales, empezando por Naciones Unidas, animan y promueven entornos de gestión pública más transparentes como condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos y para avanzar hacia la prosperidad económica y la cohesión social.
En España no hemos sido ajenos a este movimiento, y las iniciativas que se vienen sucediendo -la última, el Anteproyecto de Ley de Transparencia-, contribuyen a afianzar en la Sociedad la idea del derecho universal de los ciudadanos a poder acceder a la información elaborada por los poderes Públicos en el ejercicio de sus funciones.
La Ley de Transparencia permitirá acabar con los incumplimientos de regidores opacos
En este contexto, el Tribunal de Cuentas se planteó, hace más de cinco años, tener un papel protagonista en el impulso efectivo de la democratización de la relación entre ciudadanos y administraciones locales. El ambicioso reto consistía en pasar del Siglo XIX al XXI, incorporando las TIC en la rendición de las cuentas.
La planificación estratégica inspirada en el principio de excelencia se ha coordinado con el Gobierno y con los Órganos de Control Externo de las Comunidades autónomas -tribunales de cuentas autonómicos-, estableciendo los pilares de la transparencia.
Fruto de estas actuaciones, en el Portal rendiciondecuentas las entidades locales disponen de una ventanilla única para cumplir con sus obligaciones tanto ante el Tribunal de Cuentas como ante el correspondiente órgano autonómico, y los ciudadanos vemos satisfecho el derecho a conocer, íntimamente vinculado al derecho a participar en los asuntos públicos, y podemos acceder libremente, sin cortapisa, a las cuentas de las entidades locales.
No obstante, en 2010 cerca del 30% de estas entidades no han informado sobre cómo han gestionado los recursos encomendados, unas por falta de medios y otras por falta de voluntad, sin que, desafortunadamente, se deriven consecuencias graves debido a la falta de un marco legal adecuado. La Ley de Transparencia, cuyo anteproyecto se acaba de presentar, permitirá acabar, por fin, con los incumplimientos voluntarios por parte de regidores opacos, mientras que para aquellos otros que por falta de medios no puedan rendir adecuadamente, deberá la Administración instrumentar las medidas oportunas para facilitárselo.
Quienes hemos llevado adelante este proyecto estamos en el convencimiento de que la transparencia refuerza la democracia, genera una mayor confianza, ayuda a evitar malas prácticas y a luchar contra la corrupción. Por ello estamos seguros de que sus principios inspiradores se extenderán próximamente a todos los ámbitos de la gestión pública fortaleciendo el Portal de la Transparencia.
(Artículo de Ana Puy Fernández, publicado en "El País" el 6 de abril de 2012)
Además, el tsunami, como era de esperar, no se detuvo en el perímetro de lo privado sino que ha ido llegado a la esfera pública como una corriente de pensamiento ético y todos los organismos supranacionales, empezando por Naciones Unidas, animan y promueven entornos de gestión pública más transparentes como condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos y para avanzar hacia la prosperidad económica y la cohesión social.
En España no hemos sido ajenos a este movimiento, y las iniciativas que se vienen sucediendo -la última, el Anteproyecto de Ley de Transparencia-, contribuyen a afianzar en la Sociedad la idea del derecho universal de los ciudadanos a poder acceder a la información elaborada por los poderes Públicos en el ejercicio de sus funciones.
La Ley de Transparencia permitirá acabar con los incumplimientos de regidores opacos
En este contexto, el Tribunal de Cuentas se planteó, hace más de cinco años, tener un papel protagonista en el impulso efectivo de la democratización de la relación entre ciudadanos y administraciones locales. El ambicioso reto consistía en pasar del Siglo XIX al XXI, incorporando las TIC en la rendición de las cuentas.
La planificación estratégica inspirada en el principio de excelencia se ha coordinado con el Gobierno y con los Órganos de Control Externo de las Comunidades autónomas -tribunales de cuentas autonómicos-, estableciendo los pilares de la transparencia.
Fruto de estas actuaciones, en el Portal rendiciondecuentas las entidades locales disponen de una ventanilla única para cumplir con sus obligaciones tanto ante el Tribunal de Cuentas como ante el correspondiente órgano autonómico, y los ciudadanos vemos satisfecho el derecho a conocer, íntimamente vinculado al derecho a participar en los asuntos públicos, y podemos acceder libremente, sin cortapisa, a las cuentas de las entidades locales.
No obstante, en 2010 cerca del 30% de estas entidades no han informado sobre cómo han gestionado los recursos encomendados, unas por falta de medios y otras por falta de voluntad, sin que, desafortunadamente, se deriven consecuencias graves debido a la falta de un marco legal adecuado. La Ley de Transparencia, cuyo anteproyecto se acaba de presentar, permitirá acabar, por fin, con los incumplimientos voluntarios por parte de regidores opacos, mientras que para aquellos otros que por falta de medios no puedan rendir adecuadamente, deberá la Administración instrumentar las medidas oportunas para facilitárselo.
Quienes hemos llevado adelante este proyecto estamos en el convencimiento de que la transparencia refuerza la democracia, genera una mayor confianza, ayuda a evitar malas prácticas y a luchar contra la corrupción. Por ello estamos seguros de que sus principios inspiradores se extenderán próximamente a todos los ámbitos de la gestión pública fortaleciendo el Portal de la Transparencia.
(Artículo de Ana Puy Fernández, publicado en "El País" el 6 de abril de 2012)
LA LEY DE TRANSPARENCIA, SOLO EL PRIMER PASO.
La transparencia ayuda a los mercados y a los Estados a funcionar mejor; por ejemplo, gracias a la información macroeconómica que producen y publicitan los Gobiernos, los inversores, productores y consumidores pueden tomar decisiones más eficientes. Además, la transparencia en los datos públicos permite una mejor coordinación entre los miembros del Gobierno, sobre todo en el proceso presupuestario; y favorece que el diseño y evaluación de políticas sea de mejor calidad, mejorando la colaboración horizontal e intergubernamental, asignatura pendiente de nuestra Administración.
La transparencia contribuye a reducir la corrupción, es positivamente correlativa con el desarrollo humano y mejora el rendimiento de los servicios públicos. Con un electorado bien informado las elecciones ganan valor. En suma, es un importante elemento de participación ciudadana y de calidad democrática.
La lectura detallada de la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno genera razonables esperanzas de que en España se avance hacia un Gobierno más abierto y responsable. No obstante, los exigentes compromisos que la ley genera para nuestras Administraciones hacen que, en la práctica, el verdadero reto del proyecto sea la implementación efectiva de la norma.
En todo caso, la ley en sí significa un paso necesario y positivo. En primer lugar, es muy importante destacar que su ámbito de aplicación es realmente extenso, solo queda fuera el Poder Judicial (no el Consejo General del Poder Judicial, que sí está incluido) y la Casa del Rey; incluye incluso en sus obligaciones de transparencia a las personas físicas y jurídicas privadas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, ya que estarán obligadas a suministrar a aquella Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento de la norma. Además, el Gobierno se compromete a crear un gran Portal de Transparencia (aunque no dice de qué ministerio dependerá).
El proyecto genera razonables esperanzas de que en España se avance hacia un gobierno más abierto y responsable
No obstante, para que todo funcione adecuadamente es preciso que las comunidades autónomas lo creen también y que los entes locales o bien generen el suyo o bien inserten su información en el portal autonómico correspondiente, o en el del Estado, y que se interconecten todos. ¿Lo harán? Ya veremos.
Es cierto que ahora existen páginas web que incorporan importante información de nuestras Administraciones. También existe todo un sistema de información de los contratos públicos a través del Perfil del contratista. Pero la ley intenta ir un poco más allá de la información económico-presupuestaria y estadística hasta ahora pública. Por ejemplo, exigiendo a las Administraciones que elaboren programas anuales y plurianuales en los que se fijarán objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, e incluso que se evalúen y publiquen los resultados de la evaluación. También se compromete a publicar los textos de los proyectos de ley y de los reglamentos, lo cual permitirá a los ciudadanos opinar sobre ellos antes de su aprobación definitiva. Por desgracia, no incorpora a la publicidad, por el momento, los informes finales derivados de las actuaciones de auditoría y fiscalización llevadas a cabo por los órganos de control interno de las distintas Administraciones públicas. Tampoco incluye las actas de las comisiones de contratación. Y, lo que es peor, no establece un sistema de sanciones por el incumplimiento de esta obligación de información activa.
En cuanto al derecho de acceso a la información pública, se reconoce de forma explícita como un derecho general, sin que para solicitar información sea preciso motivar la petición. El acceso a la información será gratuito y el procedimiento para ejercerlo será sencillo y ágil (respuesta en 30 días y silencio negativo). Los límites al derecho de acceso son parecidos a los de la legislación comparada, aun cuando la redacción final ha ido más allá de lo recomendable y ha considerado que no es información pública aquella que afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
Además, en el artículo 10 limita el derecho de acceso a la información que perjudique la “política económica y monetaria” o el “medio ambiente”. Estas cláusulas tan genéricas deberían ser matizadas, pues una interpretación amplia puede dejar el derecho de acceso reducido a mínimos.
Para garantizar la legalidad de las decisiones de rechazo y evitar los abusos en la interpretación de los límites e inadmisiones se crea un recurso potestativo especial ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios (reconversión de la previa Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios) o ante las agencias autonómicas, en su caso. Todo ello es un avance, sin duda. Pero el legislador se olvida, por el momento, de las sanciones a los políticos y funcionarios por incumplimiento de la norma.
Además, el derecho real es de acceso a documentos públicos, más que a información en general (por ejemplo, no se da acceso a informes y comunicaciones internas de carácter auxiliar para la toma de decisiones). Y, lo que es más discutible, no fundamenta el derecho de acceso en el artículo 20.1.d de la Constitución, con lo que no lo reconoce como un Derecho Fundamental (como hacen las más modernas constituciones), hecho que hará que prime la protección de datos sobre la transparencia en los casos de conflicto. Finalmente, la Agencia responsable de garantizar el derecho no es una agencia independiente, pues su presidente es nombrado y cesado de forma prácticamente libre por el Gobierno.
Otro gran paso adelante es el Título de Buen Gobierno que no solo afecta a los altos cargos de la Administración General del Estado, sino también a los autonómicos y locales. Por primera vez en nuestra historia estos altos cargos tienen todo un sistema de infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria (las tradicionales de la Ley General Presupuestaria y todas las nuevas, derivadas de la futura Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) y de faltas disciplinarias, con un sistema de sanciones claro y coherente (que no implica ninguna modificación del Código Penal).
Pero es importante destacar que la inhabilitación para ocupar altos cargos durante un periodo de entre 5 y 10 años no impide que un ex alto cargo se pueda presentar a alcalde o concejal, o que sea diputado nacional o de comunidad autónoma. Por desgracia, además, la incoación e instrucción del posible procedimiento sancionador se deja en manos del propio Gobierno, ya que no se refuerza la independencia de la Oficina de Conflicto de Intereses y Buen Gobierno, ni se desarrollan, por el momento, sus competencias para la detección de oficio de casos de incumplimiento de toda esta normativa. Esta opción nos hace temer que, al final, las decisiones sancionadoras se puedan tomar con criterios de interés político-partidista.
Finalmente, no podemos obviar que esta ley, para que sea eficaz, además de las mejoras en su texto, requiere presupuestos que permitan desarrollarla, una mejora en los sistemas de archivo y en la trazabilidad de los procesos de toma de decisiones, una formación a los funcionarios en la norma y en los valores que representa, una reorganización de los datos existentes para que se publiquen de forma que sean reutilizables por la ciudadanía, el impulso y desarrollo del llamado Gobierno 2.0 a través del diseño e imple-mentación de plataformas de colaboración y el uso intensivo de la Web 2.0 y redes sociales, en suma, sistemas que faciliten la comunicación y la participación de los ciudadanos.
Por todo ello, podemos concluir que sin esta ley el progreso hacia un Gobierno abierto sería imposible, pero que solo con la ley, por desgracia, no basta. Felicitamos sinceramente al Gobierno de España por la iniciativa, pero esperamos y deseamos que se mejore la redacción y que el compromiso con la transparencia y el buen gobierno no se agote con la aprobación de la norma.
(Artículo de Antonio Garrigues Walker, Jesús Lizcano Álvarez, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendiet, publicado en "El País" el 5 de abril de 2012)
La transparencia contribuye a reducir la corrupción, es positivamente correlativa con el desarrollo humano y mejora el rendimiento de los servicios públicos. Con un electorado bien informado las elecciones ganan valor. En suma, es un importante elemento de participación ciudadana y de calidad democrática.
La lectura detallada de la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno genera razonables esperanzas de que en España se avance hacia un Gobierno más abierto y responsable. No obstante, los exigentes compromisos que la ley genera para nuestras Administraciones hacen que, en la práctica, el verdadero reto del proyecto sea la implementación efectiva de la norma.
En todo caso, la ley en sí significa un paso necesario y positivo. En primer lugar, es muy importante destacar que su ámbito de aplicación es realmente extenso, solo queda fuera el Poder Judicial (no el Consejo General del Poder Judicial, que sí está incluido) y la Casa del Rey; incluye incluso en sus obligaciones de transparencia a las personas físicas y jurídicas privadas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, ya que estarán obligadas a suministrar a aquella Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento de la norma. Además, el Gobierno se compromete a crear un gran Portal de Transparencia (aunque no dice de qué ministerio dependerá).
El proyecto genera razonables esperanzas de que en España se avance hacia un gobierno más abierto y responsable
No obstante, para que todo funcione adecuadamente es preciso que las comunidades autónomas lo creen también y que los entes locales o bien generen el suyo o bien inserten su información en el portal autonómico correspondiente, o en el del Estado, y que se interconecten todos. ¿Lo harán? Ya veremos.
Es cierto que ahora existen páginas web que incorporan importante información de nuestras Administraciones. También existe todo un sistema de información de los contratos públicos a través del Perfil del contratista. Pero la ley intenta ir un poco más allá de la información económico-presupuestaria y estadística hasta ahora pública. Por ejemplo, exigiendo a las Administraciones que elaboren programas anuales y plurianuales en los que se fijarán objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, e incluso que se evalúen y publiquen los resultados de la evaluación. También se compromete a publicar los textos de los proyectos de ley y de los reglamentos, lo cual permitirá a los ciudadanos opinar sobre ellos antes de su aprobación definitiva. Por desgracia, no incorpora a la publicidad, por el momento, los informes finales derivados de las actuaciones de auditoría y fiscalización llevadas a cabo por los órganos de control interno de las distintas Administraciones públicas. Tampoco incluye las actas de las comisiones de contratación. Y, lo que es peor, no establece un sistema de sanciones por el incumplimiento de esta obligación de información activa.
En cuanto al derecho de acceso a la información pública, se reconoce de forma explícita como un derecho general, sin que para solicitar información sea preciso motivar la petición. El acceso a la información será gratuito y el procedimiento para ejercerlo será sencillo y ágil (respuesta en 30 días y silencio negativo). Los límites al derecho de acceso son parecidos a los de la legislación comparada, aun cuando la redacción final ha ido más allá de lo recomendable y ha considerado que no es información pública aquella que afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
Además, en el artículo 10 limita el derecho de acceso a la información que perjudique la “política económica y monetaria” o el “medio ambiente”. Estas cláusulas tan genéricas deberían ser matizadas, pues una interpretación amplia puede dejar el derecho de acceso reducido a mínimos.
Para garantizar la legalidad de las decisiones de rechazo y evitar los abusos en la interpretación de los límites e inadmisiones se crea un recurso potestativo especial ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios (reconversión de la previa Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios) o ante las agencias autonómicas, en su caso. Todo ello es un avance, sin duda. Pero el legislador se olvida, por el momento, de las sanciones a los políticos y funcionarios por incumplimiento de la norma.
Además, el derecho real es de acceso a documentos públicos, más que a información en general (por ejemplo, no se da acceso a informes y comunicaciones internas de carácter auxiliar para la toma de decisiones). Y, lo que es más discutible, no fundamenta el derecho de acceso en el artículo 20.1.d de la Constitución, con lo que no lo reconoce como un Derecho Fundamental (como hacen las más modernas constituciones), hecho que hará que prime la protección de datos sobre la transparencia en los casos de conflicto. Finalmente, la Agencia responsable de garantizar el derecho no es una agencia independiente, pues su presidente es nombrado y cesado de forma prácticamente libre por el Gobierno.
Otro gran paso adelante es el Título de Buen Gobierno que no solo afecta a los altos cargos de la Administración General del Estado, sino también a los autonómicos y locales. Por primera vez en nuestra historia estos altos cargos tienen todo un sistema de infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria (las tradicionales de la Ley General Presupuestaria y todas las nuevas, derivadas de la futura Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) y de faltas disciplinarias, con un sistema de sanciones claro y coherente (que no implica ninguna modificación del Código Penal).
Pero es importante destacar que la inhabilitación para ocupar altos cargos durante un periodo de entre 5 y 10 años no impide que un ex alto cargo se pueda presentar a alcalde o concejal, o que sea diputado nacional o de comunidad autónoma. Por desgracia, además, la incoación e instrucción del posible procedimiento sancionador se deja en manos del propio Gobierno, ya que no se refuerza la independencia de la Oficina de Conflicto de Intereses y Buen Gobierno, ni se desarrollan, por el momento, sus competencias para la detección de oficio de casos de incumplimiento de toda esta normativa. Esta opción nos hace temer que, al final, las decisiones sancionadoras se puedan tomar con criterios de interés político-partidista.
Finalmente, no podemos obviar que esta ley, para que sea eficaz, además de las mejoras en su texto, requiere presupuestos que permitan desarrollarla, una mejora en los sistemas de archivo y en la trazabilidad de los procesos de toma de decisiones, una formación a los funcionarios en la norma y en los valores que representa, una reorganización de los datos existentes para que se publiquen de forma que sean reutilizables por la ciudadanía, el impulso y desarrollo del llamado Gobierno 2.0 a través del diseño e imple-mentación de plataformas de colaboración y el uso intensivo de la Web 2.0 y redes sociales, en suma, sistemas que faciliten la comunicación y la participación de los ciudadanos.
Por todo ello, podemos concluir que sin esta ley el progreso hacia un Gobierno abierto sería imposible, pero que solo con la ley, por desgracia, no basta. Felicitamos sinceramente al Gobierno de España por la iniciativa, pero esperamos y deseamos que se mejore la redacción y que el compromiso con la transparencia y el buen gobierno no se agote con la aprobación de la norma.
(Artículo de Antonio Garrigues Walker, Jesús Lizcano Álvarez, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendiet, publicado en "El País" el 5 de abril de 2012)
NO ES PAÍS PARA TECNÓCRATAS.
Ya basta de fingimientos. España se ha convertido en la preocupación económica de Europa (Le Monde), en el país en el que se va a decidir la crisis de la zona Euro (Der Spiegel). No es una maledicencia de Monti o de la prensa extranjera. Todas nuestras contradicciones económicas se han agudizado hasta el punto de colocarnos bajo los temibles focos del análisis económico internacional. Un país tan endeudado y bajo políticas tan descaradamente contractivas no tiene más horizonte que la recesión, el aumento del desempleo y el aplazamiento sine die del crecimiento económico. Merkel dirá lo que quiera, pero su terapia, siempre pensada para tener repercusiones a medio plazo, puede producir un efecto nefasto de forma inmediata si no resolvemos pronto la restructuración del sistema financiero. Pero esta no se podrá producir si ella no se moja y amplía el fondo de garantías europeo. Y aún así, y a pesar de colocarnos en una situación de rescate de facto, difícilmente podrá evitar que los mercados se ceben sobre nuestra prima de riesgo y erosionen aún más las vías de salida.
En las próximas semanas y meses nos jugamos, pues, algo más que el encauzamiento de la deuda y el déficit o el perder un porcentaje más o menos alto de la capacidad adquisitiva. Estamos pugnando por mantenernos —con todas las rebajas que sean menester— dentro del grupo de países a los que hasta hace nada pertenecíamos. Ser o no ser; estar o no estar, más bien. Bajo esas condiciones no ayuda nada la numantina posición de cierta izquierda que demoniza visceralmente a los mercados, se adorna del Gran Rechazo al capitalismo internacional, pero enmudece cuando se le inquiere sobre cuál es la alternativa específica que propone para conducirnos en otra dirección. No hay soluciones a esta crisis “en un solo país” ni con actitudes de impecabilidad ideológica.
Tampoco parece haberlas, sin embargo, pensando que una nación puede plegarse graciosamente a la racionalidad técnico-administrativa que nos van dosificando desde Berlín/Bruselas, La Moncloa o la comunidad autónoma de turno. Por muy importante que fuera la victoria electoral del PP el 20-N, con la indudable legitimación que otorga a la acción del nuevo Gobierno, no basta para disolver los obstinados datos de la realidad del país en que vivimos. Los resultados de los procesos electorales posteriores, la escenificación soberanista de CiU del pasado fin de semana y, cómo no, la huelga general de ayer mismo, muestran a las claras que una sociedad democrática compleja no se sujeta pasivamente a la cuadrícula de los tecnócratas, que las contradicciones políticas no son menores que las económicas. Exige soluciones informadas por criterios técnicos, ¡qué remedio!, pero negociadas políticamente. Sin hacer un buen uso de la política, en su sentido de energía necesaria para adicionar voluntades dirigidas a la consecución de fines colectivos, no hay respuestas que valgan.
Contrariamente a lo que se piensa, no es el momento de los tecnócratas, sino el de los estadistas. Es el momento de la Gran Política frente a la política pequeña de quienes ven en esta situación una ventana de oportunidad partidista o tratan de pescar en río revuelto. Y ahí cabe incluir también a importantes sectores de quienes sustentan el poder financiero. Ahora toca responsabilidad y consenso. Pero no como mera concesión gentil al nuevo timonel y sus gestores, sino como resultado de negociaciones sinceras; con las consabidas disidencias o desacuerdos puntuales, pero también con el compromiso de arrimar el hombro por parte de todos. Liderar no equivale a laminar el disenso en nombre de medidas que se presentan como dogmas infalibles. Debería ser más bien la condensación activa del mínimo común denominador de los intereses del país.
La huelga general de ayer, con un éxito superior al de otras veces, demuestra que esta sociedad no renuncia a tener algo que decir en estos momentos de zozobra. Y un sector lo ha dicho con contundencia, pero también pacíficamente y sin ira. Detrás de ella no había solo un rechazo a la última reforma laboral; no se olvide que se convocó para promover el diálogo. Los sindicatos no son el problema sino parte de la solución, y nunca es tarde para incorporarlos a un nuevo pacto social que ya resulta imprescindible. El Gobierno yerra si piensa que solo a él le compete gestionar la crisis. La sufrimos todos y todos deberíamos estar llamados a combatirla; sin exclusiones ni vetos. Gobernar en tiempos difíciles es hacer política, no limitarse a la administración de las cosas. Y hacer política, en su sentido más noble, es decidir cómo queremos vivir juntos. Entre todos.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 30 de marzo de 2012)
En las próximas semanas y meses nos jugamos, pues, algo más que el encauzamiento de la deuda y el déficit o el perder un porcentaje más o menos alto de la capacidad adquisitiva. Estamos pugnando por mantenernos —con todas las rebajas que sean menester— dentro del grupo de países a los que hasta hace nada pertenecíamos. Ser o no ser; estar o no estar, más bien. Bajo esas condiciones no ayuda nada la numantina posición de cierta izquierda que demoniza visceralmente a los mercados, se adorna del Gran Rechazo al capitalismo internacional, pero enmudece cuando se le inquiere sobre cuál es la alternativa específica que propone para conducirnos en otra dirección. No hay soluciones a esta crisis “en un solo país” ni con actitudes de impecabilidad ideológica.
Tampoco parece haberlas, sin embargo, pensando que una nación puede plegarse graciosamente a la racionalidad técnico-administrativa que nos van dosificando desde Berlín/Bruselas, La Moncloa o la comunidad autónoma de turno. Por muy importante que fuera la victoria electoral del PP el 20-N, con la indudable legitimación que otorga a la acción del nuevo Gobierno, no basta para disolver los obstinados datos de la realidad del país en que vivimos. Los resultados de los procesos electorales posteriores, la escenificación soberanista de CiU del pasado fin de semana y, cómo no, la huelga general de ayer mismo, muestran a las claras que una sociedad democrática compleja no se sujeta pasivamente a la cuadrícula de los tecnócratas, que las contradicciones políticas no son menores que las económicas. Exige soluciones informadas por criterios técnicos, ¡qué remedio!, pero negociadas políticamente. Sin hacer un buen uso de la política, en su sentido de energía necesaria para adicionar voluntades dirigidas a la consecución de fines colectivos, no hay respuestas que valgan.
Contrariamente a lo que se piensa, no es el momento de los tecnócratas, sino el de los estadistas. Es el momento de la Gran Política frente a la política pequeña de quienes ven en esta situación una ventana de oportunidad partidista o tratan de pescar en río revuelto. Y ahí cabe incluir también a importantes sectores de quienes sustentan el poder financiero. Ahora toca responsabilidad y consenso. Pero no como mera concesión gentil al nuevo timonel y sus gestores, sino como resultado de negociaciones sinceras; con las consabidas disidencias o desacuerdos puntuales, pero también con el compromiso de arrimar el hombro por parte de todos. Liderar no equivale a laminar el disenso en nombre de medidas que se presentan como dogmas infalibles. Debería ser más bien la condensación activa del mínimo común denominador de los intereses del país.
La huelga general de ayer, con un éxito superior al de otras veces, demuestra que esta sociedad no renuncia a tener algo que decir en estos momentos de zozobra. Y un sector lo ha dicho con contundencia, pero también pacíficamente y sin ira. Detrás de ella no había solo un rechazo a la última reforma laboral; no se olvide que se convocó para promover el diálogo. Los sindicatos no son el problema sino parte de la solución, y nunca es tarde para incorporarlos a un nuevo pacto social que ya resulta imprescindible. El Gobierno yerra si piensa que solo a él le compete gestionar la crisis. La sufrimos todos y todos deberíamos estar llamados a combatirla; sin exclusiones ni vetos. Gobernar en tiempos difíciles es hacer política, no limitarse a la administración de las cosas. Y hacer política, en su sentido más noble, es decidir cómo queremos vivir juntos. Entre todos.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 30 de marzo de 2012)
UNA HUELGA JUSTA, ÚTIL O NO.
La reforma laboral decretada el 10 de febrero por el Gobierno es, con mucho, la más radical de todas las aprobadas en la democracia española. Persigue la reforma un doble propósito: propiciar una devaluación salarial --sucedáneo de la devaluación monetaria, imposible tras la entrada en el euro-- que mejore la competitividad española y evite de paso que, en situaciones adversas como la presente , la única alternativa que le quede al empresario sea despedir a sus empleados. Pero incluso muchos de quienes comparten tales objetivos reconocen que los mecanismos empleados son gravemente lesivos para los derechos de los trabajadores.
Unido este retroceso social a la escasa disposición del Ejecutivo al diálogo con los sindicatos, estaba en el guion que la convocatoria de una huelga general como la de hoy iba a ser el desenlace más previsible de este enredo. En la lógica sindical, y también en la de miles de trabajadores de toda España, jamás un paro general había sido tan justo como el de hoy. Y, sin embargo, las posibilidades reales que tienen las movilizaciones del 29-M de conseguir su meta -la modificación sustancial de la reforma aprobada- son escasas, por no decir nulas.
Conviene no olvidar que la profunda modificación del mercado laboral --de cuya ineficiencia dan fe los cinco millones de parados, y suma y sigue-- era una de las condiciones que en verano impuso el Banco Central Europeo para salir al rescate de la deuda española, y que ahora una marcha atrás acarrearía la más que probable intervención de la economía española. El margen de maniobra de Mariano Rajoy es, pues, sumamente estrecho.
Los líderes sindicales, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO), no son ajenos a ello, pero debían echar este pulso para no ser borrados del mapa de la concertación social. Para muchos, la huelga general es un arma obsoleta, como también lo viene siendo el funcionamiento de los sindicatos de clase. Pero sin su concurso el desequilibrio en las relaciones laborales sería fuente de mayores desigualdades, responsabilidad que los exhorta a modernizar sus estructuras y a mejorar su menguada representatividad para recuperar protagonismo y autoritas.
Y, en este 29-M, a garantizar que la de hoy sea una jornada pacífica en la que se respeten por igual el derecho a la huelga y el de los trabajadores que no quieran secundarla.
(Editorial de "El Periódico de Aragón", publicado el día 29 de marzo de 2012)
BUENAS INTENCIONES
El proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno que el Ejecutivo presentó el viernes es una esperanzadora declaración de intenciones que, sin embargo, adolece de una indefinición preocupante. El esbozo de lo que todavía no es siquiera un anteproyecto de ley exigirá a las administraciones y empresas públicas dar información cumplida de sus cuentas, incluidos contratos y subvenciones, obligará a estas a responder a las cuestiones planteadas por los ciudadanos en el plazo de un mes, establecerá un “baremo de retribuciones” para controlar los sueldos de los alcaldes y ediles y marcará duras sanciones para los gestores que incumplan sus obligaciones, en especial las relativas al manejo de los fondos públicos.
El proyecto se abre ahora a los ciudadanos para que durante dos semanas puedan opinar sobre el mismo. Se trata de un proyecto legislativo ampliamente demandado en España, el único gran país europeo que carece de una norma como esta. Sin embargo, solo el desarrollo legislativo posterior determinará si la ley que prepara el Gobierno de Rajoy se alinea con los del resto de Europa y Estados Unidos.
De momento cabe resaltar que el proyecto español nace con señales inquietantes. La primera de ellas es el énfasis puesto en la importancia de lanzar al exterior un mensaje nítido sobre la solvencia española a la hora de cumplir sus compromisos financieros. Para tal empeño no es necesaria una ley que exige una larga tramitación. Basta con que los gestores del PP, mayoría abrumadora en las administraciones españolas, actúen correctamente en el desempeño de sus obligaciones.
Las duras sanciones anunciadas para determinadas conductas exigen ciertas modificaciones del código penal, pero muchas otras ya son perseguibles penalmente: lo único que se necesita es tener la voluntad de ponerles coto desde el poder.
No se establecen, que se sepa, los mecanismos para garantizar la calidad de la información que se pone a disposición de la ciudadanía. En el aire queda también si se terminará creando un organismo público independiente que vigile el cumplimiento de esas nuevas obligaciones o exija una simplificación en los trámites que deberá realizar el ciudadano para obtener la información requerida. Por lo demás, la razón para dejar fuera de la Ley de Transparencia a la Casa Real tampoco es convincente.
Son muchas lagunas en un proyecto que se percibe crucial para recuperar la credibilidad de la acción política y que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no se atrevió a culminar. Esta iniciativa de Mariano Rajoy es, con todo, un primer paso positivo que no debiera quedar en papel mojado durante las etapas que faltan para su culminación. Sería un flaco favor a la democracia española y un gesto muy negativo para el PP, un partido gravemente afectado por casos de corrupción y mal gobierno que ahora se pretenden atajar.
(Editorial de "El País", publicado el 25 de marzo de 2012)
El proyecto se abre ahora a los ciudadanos para que durante dos semanas puedan opinar sobre el mismo. Se trata de un proyecto legislativo ampliamente demandado en España, el único gran país europeo que carece de una norma como esta. Sin embargo, solo el desarrollo legislativo posterior determinará si la ley que prepara el Gobierno de Rajoy se alinea con los del resto de Europa y Estados Unidos.
De momento cabe resaltar que el proyecto español nace con señales inquietantes. La primera de ellas es el énfasis puesto en la importancia de lanzar al exterior un mensaje nítido sobre la solvencia española a la hora de cumplir sus compromisos financieros. Para tal empeño no es necesaria una ley que exige una larga tramitación. Basta con que los gestores del PP, mayoría abrumadora en las administraciones españolas, actúen correctamente en el desempeño de sus obligaciones.
Las duras sanciones anunciadas para determinadas conductas exigen ciertas modificaciones del código penal, pero muchas otras ya son perseguibles penalmente: lo único que se necesita es tener la voluntad de ponerles coto desde el poder.
No se establecen, que se sepa, los mecanismos para garantizar la calidad de la información que se pone a disposición de la ciudadanía. En el aire queda también si se terminará creando un organismo público independiente que vigile el cumplimiento de esas nuevas obligaciones o exija una simplificación en los trámites que deberá realizar el ciudadano para obtener la información requerida. Por lo demás, la razón para dejar fuera de la Ley de Transparencia a la Casa Real tampoco es convincente.
Son muchas lagunas en un proyecto que se percibe crucial para recuperar la credibilidad de la acción política y que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no se atrevió a culminar. Esta iniciativa de Mariano Rajoy es, con todo, un primer paso positivo que no debiera quedar en papel mojado durante las etapas que faltan para su culminación. Sería un flaco favor a la democracia española y un gesto muy negativo para el PP, un partido gravemente afectado por casos de corrupción y mal gobierno que ahora se pretenden atajar.
(Editorial de "El País", publicado el 25 de marzo de 2012)
ROMPER EL OCULTISMO
España necesita una ley de transparencia que obligue a rendir cuentas de la gestión pública.
España podría dejar de ser durante esta legislatura una anomalía europea. De contener las recomendaciones básicas de organismos multilaterales como el Consejo de Europa, la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno que el Gobierno de Mariano Rajoy se dispone a presentar el 17 de abril sería un importante paso adelante en la profundización de la democracia española. En esa línea han avanzado democracias similares. Solo una devastadora crisis económica y los altísimos índices de descrédito de los políticos parecen haber sido capaces de romper las resistencias de gobiernos de uno y otro color. Todos se han opuesto hasta ahora a otorgar a los ciudadanos el derecho que les pertenece de tener cumplida información de la actividad de sus representantes y de cómo estos administran el dinero público que se les ha confiado.
No es una cuestión menor. La transparencia en la gestión pública es la mejor herramienta de la que disponen los ciudadanos para ejercer un control real de la política. Votar cada cuatro años no es suficiente para colmar las expectativas de una sociedad democrática avanzada. La arraigada cultura española del secretismo hurta a los contribuyentes este derecho esencial y solo sirve para favorecer la corrupción y el mal gobierno.; fenómenos ambos que resultan sin embargo imposibles de ocultar a una ciudadanía cada vez más crispada por la crisis económica.
El anterior ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dejó por dos veces incumplido su compromiso electoral de sacar adelante una ley que obligara a las Administraciones a aportar a los ciudadanos la información requerida sin necesidad de que este justificara su petición y siempre y cuando los datos no pusieran en riesgo la seguridad nacional. Su anteproyecto de ley, acorde con los estándares internacionales, quedó, sin embargo, aparcado sin las debidas explicaciones.
España necesita una ley de transparencia que rompa la cultura del ocultismo. Es una demanda social extendida a la que han dado voz el Movimiento 15-M y algunos partidos políticos, como UPyD e IU. La democracia española se ha dotado durante las tres últimas décadas de Administraciones locales y autonómicas, supuestamente más próximas al ciudadano, que han extendido la misma opacidad que imperaba en la política nacional. Resulta intolerable que a los españoles se les niegue el derecho a conocer las listas de espera de sus hospitales, los índices de calidad de los centros educativos, los contratos que firma una Administración o los informes medioambientales que se elaboran y pagan con dinero público.
El Gobierno de Mariano Rajoy tiene en el anteproyecto de ley del anterior Ejecutivo una buena base sobre la que trabajar. Utilizarlo iría en contra de la habitual inercia sectaria de la política española, pero sería una magnífica señal de buen gobierno y de gestión de los recursos públicos; justo lo que la futura ley debería promover.
(Editorial de "El País", publicado el 20 de marzo de 2012)
España podría dejar de ser durante esta legislatura una anomalía europea. De contener las recomendaciones básicas de organismos multilaterales como el Consejo de Europa, la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno que el Gobierno de Mariano Rajoy se dispone a presentar el 17 de abril sería un importante paso adelante en la profundización de la democracia española. En esa línea han avanzado democracias similares. Solo una devastadora crisis económica y los altísimos índices de descrédito de los políticos parecen haber sido capaces de romper las resistencias de gobiernos de uno y otro color. Todos se han opuesto hasta ahora a otorgar a los ciudadanos el derecho que les pertenece de tener cumplida información de la actividad de sus representantes y de cómo estos administran el dinero público que se les ha confiado.
No es una cuestión menor. La transparencia en la gestión pública es la mejor herramienta de la que disponen los ciudadanos para ejercer un control real de la política. Votar cada cuatro años no es suficiente para colmar las expectativas de una sociedad democrática avanzada. La arraigada cultura española del secretismo hurta a los contribuyentes este derecho esencial y solo sirve para favorecer la corrupción y el mal gobierno.; fenómenos ambos que resultan sin embargo imposibles de ocultar a una ciudadanía cada vez más crispada por la crisis económica.
El anterior ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dejó por dos veces incumplido su compromiso electoral de sacar adelante una ley que obligara a las Administraciones a aportar a los ciudadanos la información requerida sin necesidad de que este justificara su petición y siempre y cuando los datos no pusieran en riesgo la seguridad nacional. Su anteproyecto de ley, acorde con los estándares internacionales, quedó, sin embargo, aparcado sin las debidas explicaciones.
España necesita una ley de transparencia que rompa la cultura del ocultismo. Es una demanda social extendida a la que han dado voz el Movimiento 15-M y algunos partidos políticos, como UPyD e IU. La democracia española se ha dotado durante las tres últimas décadas de Administraciones locales y autonómicas, supuestamente más próximas al ciudadano, que han extendido la misma opacidad que imperaba en la política nacional. Resulta intolerable que a los españoles se les niegue el derecho a conocer las listas de espera de sus hospitales, los índices de calidad de los centros educativos, los contratos que firma una Administración o los informes medioambientales que se elaboran y pagan con dinero público.
El Gobierno de Mariano Rajoy tiene en el anteproyecto de ley del anterior Ejecutivo una buena base sobre la que trabajar. Utilizarlo iría en contra de la habitual inercia sectaria de la política española, pero sería una magnífica señal de buen gobierno y de gestión de los recursos públicos; justo lo que la futura ley debería promover.
(Editorial de "El País", publicado el 20 de marzo de 2012)
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN: MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU.
La corrupción aflige a todos los países, minando los progresos sociales y alimentando la desigualdad y la injusticia.
Cuando personas e instituciones corruptas roban unos fondos para el desarrollo que se necesitan desesperadamente, se están robando a los pobres y las personas vulnerables la educación, la sanidad y otros servicios esenciales.
Si bien la corrupción puede marginar a los pobres, no los silenciará. Este año, en el mundo árabe y en otras regiones del mundo, los ciudadanos de a pie han unido sus voces para denunciar la corrupción y exigir que los gobiernos combatan este delito contra la democracia. Sus protestas han desencadenado cambios en la escena internacional que apenas si podrían haberse imaginado solo unos cuantos meses antes.
Todos nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos manos a la obra para combatir el cáncer de la corrupción.
Las Naciones Unidas están ayudando a los países a luchar contra la corrupción en el marco de su campaña general, a nivel de todo el sistema, destinada a contribuir a reforzar la democracia y la buena gobernanza.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un poderoso instrumento en esta lucha. Insto a todos los gobiernos que aún no la hayan ratificado a que lo hagan sin demora. Asimismo, exhorto a los gobiernos a que incluyan medidas de lucha contra la corrupción en todos los programas nacionales de apoyo al desarrollo sostenible.
El sector privado también puede salir enormemente beneficiado de la adopción de medidas eficaces contra la corrupción. La corrupción distorsiona los mercados, incrementa los costos para las empresas y, en última instancia, castiga a los consumidores. Las empresas pueden crear una economía mundial más transparente adoptando iniciativas de lucha contra la corrupción, incluida la labor del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
En este Día Internacional contra la Corrupción, comprometámonos a hacer la parte que nos corresponde tomando medidas enérgicas contra la corrupción, avergonzando a quienes la practican y engendrando una cultura que valore el comportamiento ético.
(Mensaje del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, el 9 de diciembre de 2011)
EN DEFENSA DE LO COMÚN.
El debate entre lo público y lo privado, distorsionado por prejuicios ideológicos y económicos, oculta el verdadero problema que estamos padeciendo, que no es otro que el declive de lo común, la minusvaloración de todo aquello que nos concierne a todos.
Vivimos en una época en que lo individual prima sobre lo colectivo y ello genera la desvalorización de algunas expresiones que jalonan nuestra Constitución y de todos los conceptos que deberían constituir el armazón de nuestra sociedad: la patria común, el interés general, el bien común o los intereses colectivos.
Lo común es anterior a lo público. Las mutuas o mutualidades precedieron a la seguridad social. Los bienes comunales, del común de los vecinos, fueron anteriores al concepto de dominio público. Lo público se superpuso sobre lo común. Hoy, los bienes comunales languidecen por su pésima gestión o son usurpados por intereses económicos espurios.
Defender lo común significa proteger los patrimonios cultural y paisajístico. Todos perdemos algo cuando arde un monte, ya sea público o privado. Los atentados contra el patrimonio histórico nos afectan a todos con independencia de que el bien dañado sea un palacio privado, una iglesia o una casa consistorial.
Se empieza dudando del concepto de nación y se termina dejando a los aragoneses sin atención médica en Cataluña. Se empieza invocando el interés general en la guerra televisiva del fútbol y se termina apoyando a unos operadores frente a otros.
Saldremos antes de la crisis si volvemos a encontrar elementos de cohesión, si renunciamos a practicar el sálvese quien pueda, si dejamos de tirarnos los trastos los unos a los otros, responsabilizándonos mutuamente de los errores que cometieron otros.
Lo común se protege con más ahínco en países que cuidan su educación cívica. Por eso no hay que ser demasiado optimista. Igual que se ha dicho que España es un gran país o que España tiene futuro, también se puede decir que España vuelve a escupir. Es preocupante observar el gran número de adolescentes y de jóvenes que esputan en la calle. No menciono lo de orinar porque forma parte de nuestras más rancias tradiciones. Pero no se puede esperar otra cosa de un país que nació con la derrota de los comuneros.
Durante siglos, la civilización se ha preocupado por incorporar al patriomonio común lo que no pertenecía a nadie, sobre todo los valores inmateriales vinculados a la actividad cultural o a la defensa del medio ambiente o del paisaje. Sin embargo, en los últimos tiempos, aquello que es de todos, incluido el dinero público, parece que no es de nadie.
Recuperar el sentido de lo común es apostar por el futuro. Si, además, recuperamos el sentido común, mejor.
(Artículo de Ángel Garcés Sanagustín, publicado en "Heraldo de Aragón" el 28 de octubre de 2011)
Vivimos en una época en que lo individual prima sobre lo colectivo y ello genera la desvalorización de algunas expresiones que jalonan nuestra Constitución y de todos los conceptos que deberían constituir el armazón de nuestra sociedad: la patria común, el interés general, el bien común o los intereses colectivos.
Lo común es anterior a lo público. Las mutuas o mutualidades precedieron a la seguridad social. Los bienes comunales, del común de los vecinos, fueron anteriores al concepto de dominio público. Lo público se superpuso sobre lo común. Hoy, los bienes comunales languidecen por su pésima gestión o son usurpados por intereses económicos espurios.
Defender lo común significa proteger los patrimonios cultural y paisajístico. Todos perdemos algo cuando arde un monte, ya sea público o privado. Los atentados contra el patrimonio histórico nos afectan a todos con independencia de que el bien dañado sea un palacio privado, una iglesia o una casa consistorial.
Se empieza dudando del concepto de nación y se termina dejando a los aragoneses sin atención médica en Cataluña. Se empieza invocando el interés general en la guerra televisiva del fútbol y se termina apoyando a unos operadores frente a otros.
Saldremos antes de la crisis si volvemos a encontrar elementos de cohesión, si renunciamos a practicar el sálvese quien pueda, si dejamos de tirarnos los trastos los unos a los otros, responsabilizándonos mutuamente de los errores que cometieron otros.
Lo común se protege con más ahínco en países que cuidan su educación cívica. Por eso no hay que ser demasiado optimista. Igual que se ha dicho que España es un gran país o que España tiene futuro, también se puede decir que España vuelve a escupir. Es preocupante observar el gran número de adolescentes y de jóvenes que esputan en la calle. No menciono lo de orinar porque forma parte de nuestras más rancias tradiciones. Pero no se puede esperar otra cosa de un país que nació con la derrota de los comuneros.
Durante siglos, la civilización se ha preocupado por incorporar al patriomonio común lo que no pertenecía a nadie, sobre todo los valores inmateriales vinculados a la actividad cultural o a la defensa del medio ambiente o del paisaje. Sin embargo, en los últimos tiempos, aquello que es de todos, incluido el dinero público, parece que no es de nadie.
Recuperar el sentido de lo común es apostar por el futuro. Si, además, recuperamos el sentido común, mejor.
(Artículo de Ángel Garcés Sanagustín, publicado en "Heraldo de Aragón" el 28 de octubre de 2011)
LOS ORÍGENES DEL ORDEN POLÍTICO.
En Westeros, los proscritos de sus siete reinos se alistan, de buen grado o por la fuerza, en la Guardia de la Noche y juran servirla de por vida: "Ahora empieza mi guardia. Solo acabará con mi muerte. No tendré mujer, ni tierras, ni hijos".
La Guardia, imaginada por mi coetáneo George R. R. Martin, ha cableado la mentalidad de una generación de jóvenes universitarios, devoradores de su Canción de hielo y fuego, una saga fantástica que HBO está llevando a la televisión, esto es, al mundo. En la Guardia, la fratría sustituye a la patria y el celibato aleja las distracciones personales y familiares, aunque no siempre las impida.
La fantasía épica de la Guardia de la Noche evoca docenas de instituciones históricas pensadas para aislar a sus miembros de toda influencia proveniente de sus familias originarias o de las que podrían llegar a formar.
Así, algunas culturas musulmanas establecieron fratrías militares de esclavos convertidos al islam y juramentados al servicio militar del poder político, como los mamelucos en Egipto o los jenízaros en el Imperio Otomano. Las Cruzadas dieron origen a los templarios. La Legión Extranjera francesa, creada en 1831, se nutría de extranjeros desarraigados: "Legio patria nostra", la legión es nuestra patria, rezaba su lema. Todavía hoy, el cuerpo de marines norteamericano ve con muy malos ojos el matrimonio entre marines de distinto rango o posición, aunque, por razones constitucionales, no pueda prohibirlos.
Las fratrías militares que no se disuelven en el Estado al que pretenden servir suelen acabar mal. Los templarios fueron aniquilados en 1314 y los jenízaros en 1826. Pero dejo el destino que acecha, en la novela de Martin, a la Guardia de la Noche y a Jon Snow, su joven adalid, a la curiosidad ansiosa de sus subyugados lectores, entre quienes me incluyo.
Intrigado por la recurrencia de los intentos históricos de apartar el servicio al poder político del matrimonio y la familia, el analista Francis Fukuyama escribe ahora que, en el origen de todo orden político bien estructurado, está el esfuerzo logrado por evitar su patrimonialización, su captura por sus servidores y sus estirpes (The Origins of Political Order).
Como en la ficción de la Guardia de la Noche de Martin, en el fresco histórico comparado de Fukuyama, solo un Estado fuerte, sujeto a las leyes y que cuente con resortes institucionales para hacer responder a sus servidores resiste la usura del paso del tiempo.
Fukuyama acumula episodios históricos muy heterogéneos para ilustrar su tesis, casi fantástica, de que todo buen gobierno aparta sistemáticamente a los servidores públicos de sus familias de origen o, incluso, de la posibilidad -legal o biológi-ca- de formarlas. Como en su libro aparecen desde la práctica imperial de la China de los Zhou (siglo VII antes de Cristo) de imponerse a los aristócratas exterminando también a sus familiares hasta la imposición del celibato eclesiástico en la Iglesia occidental por el monje-papa Gregorio VII (1073-1085), pasando por los regimientos de esclavos soldados o la encomienda de llevanza de las cosas públicas a eunucos, muchos le criticarán por apilar anécdotas históricas, casi por novelarlas. Mas, al cabo, nadie osará negar que el resultado es casi tan fascinante en Fukuyama como en Martin.
Gobernantes y sus familiares se han entrecruzado siempre. La secretaria de Estado Hillary Clinton sigue casada con un antiguo presidente de Estados Unidos; la candidata a la presidencia de Francia Martine Aubry es hija de Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea; y, en Cataluña, el patriarca Pujol cuenta a un hijo suyo entre los cuatro o cinco primeros dirigentes del partido que fundara. Fukuyama acierta cuando acentúa la importancia de separar los ámbitos de lo público y de lo privado, respetando ambos.
Hace unos 20 años, Fukuyama saltó a la fama al anunciar el final de la Historia, cuando sostuvo que no es pensable un régimen político superior a la democracia liberal. Ahora, vuelve a retar a sus críticos al situar las claves del buen gobierno en realidades históricas, como el derecho canónico y el common law anteriores a la Revolución Industrial y a la Ilustración, es decir, al origen de la Historia según los modernos.
Martin y Fukuyama son recomendaciones osadas, pero la inagotable creatividad del primero y la fantástica reflexión del segundo son un reto avasallador para quienes creemos que la familia es demasiado importante para dejarla en manos de Iglesias y Gobiernos o que el Estado es demasiado serio para ponerlo al servicio de las familias de sus funcionarios y políticos.
(Artículo de Pablo Salvador Coderch, publicado en "El País" el 16 de septiembre de 2011)
La Guardia, imaginada por mi coetáneo George R. R. Martin, ha cableado la mentalidad de una generación de jóvenes universitarios, devoradores de su Canción de hielo y fuego, una saga fantástica que HBO está llevando a la televisión, esto es, al mundo. En la Guardia, la fratría sustituye a la patria y el celibato aleja las distracciones personales y familiares, aunque no siempre las impida.
La fantasía épica de la Guardia de la Noche evoca docenas de instituciones históricas pensadas para aislar a sus miembros de toda influencia proveniente de sus familias originarias o de las que podrían llegar a formar.
Así, algunas culturas musulmanas establecieron fratrías militares de esclavos convertidos al islam y juramentados al servicio militar del poder político, como los mamelucos en Egipto o los jenízaros en el Imperio Otomano. Las Cruzadas dieron origen a los templarios. La Legión Extranjera francesa, creada en 1831, se nutría de extranjeros desarraigados: "Legio patria nostra", la legión es nuestra patria, rezaba su lema. Todavía hoy, el cuerpo de marines norteamericano ve con muy malos ojos el matrimonio entre marines de distinto rango o posición, aunque, por razones constitucionales, no pueda prohibirlos.
Las fratrías militares que no se disuelven en el Estado al que pretenden servir suelen acabar mal. Los templarios fueron aniquilados en 1314 y los jenízaros en 1826. Pero dejo el destino que acecha, en la novela de Martin, a la Guardia de la Noche y a Jon Snow, su joven adalid, a la curiosidad ansiosa de sus subyugados lectores, entre quienes me incluyo.
Intrigado por la recurrencia de los intentos históricos de apartar el servicio al poder político del matrimonio y la familia, el analista Francis Fukuyama escribe ahora que, en el origen de todo orden político bien estructurado, está el esfuerzo logrado por evitar su patrimonialización, su captura por sus servidores y sus estirpes (The Origins of Political Order).
Como en la ficción de la Guardia de la Noche de Martin, en el fresco histórico comparado de Fukuyama, solo un Estado fuerte, sujeto a las leyes y que cuente con resortes institucionales para hacer responder a sus servidores resiste la usura del paso del tiempo.
Fukuyama acumula episodios históricos muy heterogéneos para ilustrar su tesis, casi fantástica, de que todo buen gobierno aparta sistemáticamente a los servidores públicos de sus familias de origen o, incluso, de la posibilidad -legal o biológi-ca- de formarlas. Como en su libro aparecen desde la práctica imperial de la China de los Zhou (siglo VII antes de Cristo) de imponerse a los aristócratas exterminando también a sus familiares hasta la imposición del celibato eclesiástico en la Iglesia occidental por el monje-papa Gregorio VII (1073-1085), pasando por los regimientos de esclavos soldados o la encomienda de llevanza de las cosas públicas a eunucos, muchos le criticarán por apilar anécdotas históricas, casi por novelarlas. Mas, al cabo, nadie osará negar que el resultado es casi tan fascinante en Fukuyama como en Martin.
Gobernantes y sus familiares se han entrecruzado siempre. La secretaria de Estado Hillary Clinton sigue casada con un antiguo presidente de Estados Unidos; la candidata a la presidencia de Francia Martine Aubry es hija de Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea; y, en Cataluña, el patriarca Pujol cuenta a un hijo suyo entre los cuatro o cinco primeros dirigentes del partido que fundara. Fukuyama acierta cuando acentúa la importancia de separar los ámbitos de lo público y de lo privado, respetando ambos.
Hace unos 20 años, Fukuyama saltó a la fama al anunciar el final de la Historia, cuando sostuvo que no es pensable un régimen político superior a la democracia liberal. Ahora, vuelve a retar a sus críticos al situar las claves del buen gobierno en realidades históricas, como el derecho canónico y el common law anteriores a la Revolución Industrial y a la Ilustración, es decir, al origen de la Historia según los modernos.
Martin y Fukuyama son recomendaciones osadas, pero la inagotable creatividad del primero y la fantástica reflexión del segundo son un reto avasallador para quienes creemos que la familia es demasiado importante para dejarla en manos de Iglesias y Gobiernos o que el Estado es demasiado serio para ponerlo al servicio de las familias de sus funcionarios y políticos.
(Artículo de Pablo Salvador Coderch, publicado en "El País" el 16 de septiembre de 2011)
EFECTOS ECONÓMICOS DE LA CORRUPCIÓN.
En España, los ciudadanos no afrontan ni sancionan suficientemente el fenómeno de la corrupción, como muestran los últimos resultados electorales, en los que los políticos imputados por casos de corrupción han salido ilesos y mayoritariamente reelegidos. Ante esa laxitud social frente a la corrupción, vamos a recordar aquí algunos de sus muy negativos efectos económicos.
Si tenemos en cuenta la definición de corrupción como "utilización de un cargo público en beneficio propio", hemos de tener presente que los altos beneficios económicos que obtienen los corruptos generan un sobreprecio en las obras o servicios públicos, lo cual supone un verdadero impuesto implícito que pagan los ciudadanos. En muchos casos, además, las decisiones corruptas de concesión de tales obras o servicios van acompañadas de una falta absoluta de control de la calidad (en materiales o especificaciones técnicas, por ejemplo) o de la seguridad (física, sanitaria, etcétera).
Por otra parte, en ocasiones se financian de forma injustificada megaproyectos enormemente costosos para el erario público que no tienen la mínima rentabilidad económica o social exigible. Las decisiones corruptas también pueden generar diversos riesgos económicos, entre otros: los inmuebles construidos indebidamente (en zonas protegidas medioambientalmente, o vulnerando normas sobre las costas, etcétera) pueden generar riesgos de demolición, por ejemplo, para los compradores.
La corrupción genera, por otra parte, grandes cantidades de dinero opacas, que incrementan la economía sumergida, lo cual viene a reducir sensiblemente los ingresos públicos, originando así una mayor carga fiscal sustitutoria para el conjunto de los contribuyentes. Además, tales cantidades se destinan muy frecuentemente a nutrir los paraísos fiscales, verdadera vergüenza internacional, muchos de los cuales pertenecen o están bajo la soberanía de países desarrollados. Aunque en los índices de corrupción que publicamos en Transparencia Internacional se muestran los países más corruptos (normalmente entre los más pobres), no hay que olvidar que una gran parte del dinero corrupto generado en esos países es colocado y recibido por los paraísos fiscales bajo bandera de los países ricos.
Otro efecto perverso de la corrupción es que impide la libre competencia y las reglas del juego democráticas, generando importantes ineficiencias y costes económicos, de confianza, etcétera, y reduce ostensiblemente la efectividad y calidad de las políticas económicas.
De cualquier forma, los costes más importantes de la corrupción quizá sean justamente los que no se ven, los costes de oportunidad, o en definitiva, lo que se deja de ganar. Cada vez más, la corrupción ahuyenta a los potenciales inversores, en primer lugar, por razones éticas, ya que hay un creciente número de fondos de inversión y empresas con planteamientos o códigos éticos, que eluden cualquier vestigio o riesgo de corrupción; y también por razones pragmáticas, puesto que en los países y entornos corruptos siempre existe el riesgo de futuros problemas legales o judiciales, o incluso políticos que pueden perjudicar arbitrariamente, limitar o incluso expropiar o hacer perder tales inversiones (algunos estudios indican que en los países corruptos hay una alta probabilidad de perder la inversión en un plazo de cinco años).
Además de los perjuicios económicos, y ya en clave política o social, la existencia de numerosos indicios de corrupción en los cargos públicos genera una amplia desconfianza en la clase política y una sensación de impunidad que hace que los ciudadanos se alejen cada vez más de los políticos, y lo que es peor, tengan una sensación de fatalismo y una cierta creencia de que los políticos son todos iguales, lo cual evidentemente no es cierto, aunque cuesta convencerles de lo contrario.
En resumen, los costes y efectos económicos de la corrupción son demasiado importantes para que la comunidad internacional (países, organismos nacionales e internacionales, sociedad civil, etcétera) nos mantengamos de brazos cruzados ante esta lacra social, alarmante y demasiado consentida, que lamentablemente impregna tantas instituciones, empresas y colectivos de esta aldea global.
Aunque la solución de este importante problema resulta harto complicada, una forma de atajarlo al menos radica en impulsar firmemente la transparencia, la cual constituye indudablemente el mejor antídoto contra la corrupción. Cuanto mayor es la información que se genera y se divulga por parte de las instituciones y cargos públicos, menos margen hay para la corrupción. En esta cultura de la transparencia resulta fundamental la educación de los ciudadanos, para que ya desde niños puedan aprender a valorar adecuadamente la importancia de la transparencia social y lo perverso o negativo de la corrupción. En esto tenemos un importante papel los enseñantes (en colegios, institutos y universidades), así como las organizaciones de una sociedad civil activa, participativa, y no conformista.
En definitiva, aumentar el nivel de transparencia social y combatir decididamente la corrupción es una importante asignatura pendiente y sin duda uno de los más importantes desafíos para esta sociedad del siglo XXI.
(Artículo de Jesús Lizcano, publicado en "El País" el 8 de septiembre de 2011)
Si tenemos en cuenta la definición de corrupción como "utilización de un cargo público en beneficio propio", hemos de tener presente que los altos beneficios económicos que obtienen los corruptos generan un sobreprecio en las obras o servicios públicos, lo cual supone un verdadero impuesto implícito que pagan los ciudadanos. En muchos casos, además, las decisiones corruptas de concesión de tales obras o servicios van acompañadas de una falta absoluta de control de la calidad (en materiales o especificaciones técnicas, por ejemplo) o de la seguridad (física, sanitaria, etcétera).
Por otra parte, en ocasiones se financian de forma injustificada megaproyectos enormemente costosos para el erario público que no tienen la mínima rentabilidad económica o social exigible. Las decisiones corruptas también pueden generar diversos riesgos económicos, entre otros: los inmuebles construidos indebidamente (en zonas protegidas medioambientalmente, o vulnerando normas sobre las costas, etcétera) pueden generar riesgos de demolición, por ejemplo, para los compradores.
La corrupción genera, por otra parte, grandes cantidades de dinero opacas, que incrementan la economía sumergida, lo cual viene a reducir sensiblemente los ingresos públicos, originando así una mayor carga fiscal sustitutoria para el conjunto de los contribuyentes. Además, tales cantidades se destinan muy frecuentemente a nutrir los paraísos fiscales, verdadera vergüenza internacional, muchos de los cuales pertenecen o están bajo la soberanía de países desarrollados. Aunque en los índices de corrupción que publicamos en Transparencia Internacional se muestran los países más corruptos (normalmente entre los más pobres), no hay que olvidar que una gran parte del dinero corrupto generado en esos países es colocado y recibido por los paraísos fiscales bajo bandera de los países ricos.
Otro efecto perverso de la corrupción es que impide la libre competencia y las reglas del juego democráticas, generando importantes ineficiencias y costes económicos, de confianza, etcétera, y reduce ostensiblemente la efectividad y calidad de las políticas económicas.
De cualquier forma, los costes más importantes de la corrupción quizá sean justamente los que no se ven, los costes de oportunidad, o en definitiva, lo que se deja de ganar. Cada vez más, la corrupción ahuyenta a los potenciales inversores, en primer lugar, por razones éticas, ya que hay un creciente número de fondos de inversión y empresas con planteamientos o códigos éticos, que eluden cualquier vestigio o riesgo de corrupción; y también por razones pragmáticas, puesto que en los países y entornos corruptos siempre existe el riesgo de futuros problemas legales o judiciales, o incluso políticos que pueden perjudicar arbitrariamente, limitar o incluso expropiar o hacer perder tales inversiones (algunos estudios indican que en los países corruptos hay una alta probabilidad de perder la inversión en un plazo de cinco años).
Además de los perjuicios económicos, y ya en clave política o social, la existencia de numerosos indicios de corrupción en los cargos públicos genera una amplia desconfianza en la clase política y una sensación de impunidad que hace que los ciudadanos se alejen cada vez más de los políticos, y lo que es peor, tengan una sensación de fatalismo y una cierta creencia de que los políticos son todos iguales, lo cual evidentemente no es cierto, aunque cuesta convencerles de lo contrario.
En resumen, los costes y efectos económicos de la corrupción son demasiado importantes para que la comunidad internacional (países, organismos nacionales e internacionales, sociedad civil, etcétera) nos mantengamos de brazos cruzados ante esta lacra social, alarmante y demasiado consentida, que lamentablemente impregna tantas instituciones, empresas y colectivos de esta aldea global.
Aunque la solución de este importante problema resulta harto complicada, una forma de atajarlo al menos radica en impulsar firmemente la transparencia, la cual constituye indudablemente el mejor antídoto contra la corrupción. Cuanto mayor es la información que se genera y se divulga por parte de las instituciones y cargos públicos, menos margen hay para la corrupción. En esta cultura de la transparencia resulta fundamental la educación de los ciudadanos, para que ya desde niños puedan aprender a valorar adecuadamente la importancia de la transparencia social y lo perverso o negativo de la corrupción. En esto tenemos un importante papel los enseñantes (en colegios, institutos y universidades), así como las organizaciones de una sociedad civil activa, participativa, y no conformista.
En definitiva, aumentar el nivel de transparencia social y combatir decididamente la corrupción es una importante asignatura pendiente y sin duda uno de los más importantes desafíos para esta sociedad del siglo XXI.
(Artículo de Jesús Lizcano, publicado en "El País" el 8 de septiembre de 2011)
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
La interinidad y las comisiones de servicio se habían convertido en norma en la Administración aragonesa, cuando deben ser la excepción. El consejero de Hacienda, Mario Garcés, comunicó ayer a los sindicatos que habrá un macroconcurso para regularizar la situación anómala de mil quinientos trabajadores. Normalizar estos casos, devolver la transparencia y, en la medida de lo posible, aumentar la eficacia son tareas obligadas.
Clarificar la situación de la plantilla del Gobierno de Aragón va a ser una prioridad para el nuevo Ejecutivo, cuya presidenta a adscrito la función pública a la consejería estrella, Hacienda. Fue el anterior presidente, Marcelino Iglesias, el que desgajó y trasladó función pública desde Economía a Presidencia, que ha dejado, en los últimos años, que la plantilla de interinos fuera engrosando y que las reclamaciones de funcionarios para regularizar unas "provisionalidades" que se hacían eternas fueran sistemáticamente aparcadas cuando no relegadas. La función pública es la garantía de que servicios básicos para el ciudadano sean prestados con eficacia y profesionalidad. De ahí la importancia de que el principio de legalidad y la transparencia se respeten escrupulosamente. La opacidad en lo referente a contrataciones eventuales y asesores ha sido uno de los puntos débiles del anterior Ejecutivo. Por eso se espera que el cambio en la DGA corrija situaciones excepcionales que se habían convertido en norma. Los méritos y la capacidad son los principios básicos para ocupar un puesto determinado en la función pública, muchas veces denostada sin razón, entre otras cosas porque sus responsables no velan por su verdadera razón de ser.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 1 de septiembre de 2011)
Clarificar la situación de la plantilla del Gobierno de Aragón va a ser una prioridad para el nuevo Ejecutivo, cuya presidenta a adscrito la función pública a la consejería estrella, Hacienda. Fue el anterior presidente, Marcelino Iglesias, el que desgajó y trasladó función pública desde Economía a Presidencia, que ha dejado, en los últimos años, que la plantilla de interinos fuera engrosando y que las reclamaciones de funcionarios para regularizar unas "provisionalidades" que se hacían eternas fueran sistemáticamente aparcadas cuando no relegadas. La función pública es la garantía de que servicios básicos para el ciudadano sean prestados con eficacia y profesionalidad. De ahí la importancia de que el principio de legalidad y la transparencia se respeten escrupulosamente. La opacidad en lo referente a contrataciones eventuales y asesores ha sido uno de los puntos débiles del anterior Ejecutivo. Por eso se espera que el cambio en la DGA corrija situaciones excepcionales que se habían convertido en norma. Los méritos y la capacidad son los principios básicos para ocupar un puesto determinado en la función pública, muchas veces denostada sin razón, entre otras cosas porque sus responsables no velan por su verdadera razón de ser.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 1 de septiembre de 2011)
LAS VACACIONES DEL SIERVO.
Que la misión del político consiste en resolver los problemas de los llamados ciudadanos y en mantenerse lo más cercano posible a la gente común para no perder de vista las inquietudes de los votantes son, sin duda, los dos tópicos capitales que sustentan casi toda disertación política contemporánea, desde la tertulia al tratado. Un político que crea problemas en lugar de eliminarlos, o que se encierra en su mundo particular y deja de hablar el lenguaje de la calle, tiene ya sentenciada su ruina, mucho más que si fuese lascivo, mentiroso o ladrón. De hecho, vicios como estos suelen ser muy apreciados por la clientela electoral, ya que le permiten la íntima satisfacción -esencial en toda ciudadanía autoconsciente- de descubrirse más virtuosa que sus representantes.
La virtud se busca con la secreta esperanza de no encontrarla; la cercanía sí suscita el interés público
Si los políticos fueran irreprochables en su conducta, nos humillarían de manera muy molesta y cometerían un pecado difícil de perdonar: el de dar a entender que lo que se denomina sociedad civil es moralmente inferior a sus gobernantes. En caso de prosperar esta creencia, se violarían, no en vano, condiciones muy elementales de la imagen que toda nación moderna ha de tener de sí misma, de manera que al político honrado le convendrá fingir un poco de corrupción de cuando en cuando, so pena de faltar a una obligación sagrada.
Desde luego, lo anterior no debe declararse públicamente. La buena educación aconseja decir que la política es un ágora en la que todos están llamados a participar, de la que nadie puede ser excluido, y donde lo justo y conveniente se descubre gracias a la práctica del diálogo y al cultivo de lo que se llama valores. Cierta dosis de esta retórica melosa resulta imprescindible para dar lustre doctrinal al discurso, aunque el súbdito no confiere legitimidad a sus gobernantes por tales expresiones declamatorias, que le aburren tanto como a sus autores.
Mientras que la virtud se busca con la secreta esperanza de no encontrarla, la eficiencia y la cercanía sí que son objeto del máximo interés público, y en realidad quizá sea esta última, más que la primera, la piedra angular de la legitimidad democrática: el principal deber del político es parecerse a nosotros en su manera de hablar y razonar y hasta en sus sentimientos y gustos. Quizá la ineficacia pueda disculparse a veces, pero de ninguna manera la actitud distante y estirada, que constituye un indicio seguro de desconexión con la ciudadanía o, lo que es lo mismo, con la realidad. Para entender el concepto prevaleciente de lo político puede resultar útil la analogía entre lo que incumbe al hombre público y la función que las universidades más competitivas atribuyen a esa mezcla de criado y bufón que se supone han de ser sus docentes: el profesor debe distinguirse, en efecto, por facilitar al alumno la adquisición de destrezas y astucias útiles para su futuro laboral y, al mismo tiempo, por resultar un tipo accesible, que sepa llegar a la juventud, que hable su lenguaje y que le sirva de entretenimiento.
La idea de que la política es un servicio se transfigura con facilidad en la de que su fin es servir al público, pero en relación con las necesidades y caprichos privados de este, y en particular con los referidos al consumo. Cuando el ágora pasa a ser un lugar donde solo se habla de cuestiones privadas, no es raro que la política se convierta en un asunto estrictamente casero, tanto que las prestaciones que se exigen al hombre público se parecerán mucho a las propias del servicio doméstico. En realidad el súbdito, seguro de su protagonismo en el mercado político y cargado de razones por suponérsele portador de los valores más exquisitos, ostentará con el gobernante la misma altiva infatuación en que se complace cierta clase de criados cuando, disfrutando de una jornada de asueto, acuden a bares u otros establecimientos públicos para hallar ocasión de ser atendidos y de invertir el signo de la servidumbre. A menudo, el fámulo de permiso se mostrará inflexible y hasta despótico con quienes durante cierto lapso de tiempo están obligados a trabajar para él, porque de sobra sabe cuáles son las condiciones de un servicio eficiente. Quien tiene oportunidad de impartir órdenes, aunque solo sea durante un rato breve, imitará con todo convencimiento los modales de su amo, y su señorío interino bastará a persuadirlo de que él también ha nacido para mandar.
Esos mismos modos de petulante y desclasado criado de vacaciones son los que suele emplear el ciudadano que exige a todas horas eficiencia en la prestación de los servicios públicos y celebra, por ejemplo, que la gestión de hospitales o consultas médicas pase a manos privadas. ¿Qué importa la titularidad privada o pública de algo cuando el servicio que a mí se me presta es irreprochable? No cabe ninguna duda de que la gestión privada de la sanidad pública le da al súbdito la más vívida impresión de estar siendo bien atendido y de ser el objeto casi individualizado del servicio. En lugar de funcionarios hoscos, indolentes y suspicaces, hallará un personal adornado con los modales propios de las azafatas y de los pajes, en un ambiente altamente profesional, típico de clínicas de pago, donde todos los detalles pueden ser objeto de evaluación y hasta de reclamación.
Pero debería advertirse que esta ideología de la eficacia está pensada para ofrecérsela al ciudadano solamente en cuanto beneficiario de los servicios, no en cuanto alguien de quien también se espera que preste otros semejantes. Se trata de la mentalidad del criado de permiso, no del que ha pasado ya sus horas de asueto y ha vuelto a casa de los señores. En una sociedad eficiente todos seremos tratados como en un hotel de lujo, pero solo durante nuestros ratos de descanso, porque el resto del tiempo lo pasaremos sometidos, con idéntica eficacia, a un régimen severísimo bajo la inspección de capataces implacables.
Convendría tener presente que, en latitudes no calvinistas, lo más deseable para sobrevivir es una moderada y soportable ineficiencia de personas e instituciones, pero esta profunda verdad apenas puede confesarse, porque la ideología del siervo de vacaciones lleva todas las de ganar.
Nada tiene de raro que la política se conciba también como un servicio que debe ser prestado en las mejores condiciones de eficacia. De ordinario, el político apenas promete otra cosa, y el resultado es que el espacio público se convierta en un ruidoso casino (o, mejor, un cibercafé) al que los criados acuden, cuando están de permiso, para olvidarse de su condición ancilar y de lo poco que falta para recobrarla. Naturalmente, los camareros del cibercafé se pasarán el rato llamando "señor" a todo el mundo y repitiendo una y otra vez que el que manda es el cliente.
La ficción principal en que se funda la cosa pública contemporánea es la consistente en creer que los políticos no sirven a los dueños del cibercafé (gente por lo común muy poco amable), sino a los criados de permiso que acuden a convencerse de que ellos también son señores.
Para el súbdito, la política es un lugar donde pasar los días de ocio y donde todos parecen convencidos de que las vacaciones no tienen fin. Pero, al terminarse las horas o los días reglamentarios, quizá el fámulo se haya cansado de tanta ficción, agradezca ser tratado con menos atenciones y añore la disciplina y la mano dura. El retorno no podrá ser más provechoso para el amo, porque el siervo correrá a servirle con toda la energía que suele desencadenarse cuando uno se libra de la simulación, una energía que sin duda se agotará (y suscitará entonces no poco arrepentimiento) pero que, mientras dure, prestará servicios inestimables y causará también el más odioso de los regocijos.
(Artículo de Antonio Valdecantos, publicado en "El País" el 31 de agosto de 2011)
La virtud se busca con la secreta esperanza de no encontrarla; la cercanía sí suscita el interés público
Si los políticos fueran irreprochables en su conducta, nos humillarían de manera muy molesta y cometerían un pecado difícil de perdonar: el de dar a entender que lo que se denomina sociedad civil es moralmente inferior a sus gobernantes. En caso de prosperar esta creencia, se violarían, no en vano, condiciones muy elementales de la imagen que toda nación moderna ha de tener de sí misma, de manera que al político honrado le convendrá fingir un poco de corrupción de cuando en cuando, so pena de faltar a una obligación sagrada.
Desde luego, lo anterior no debe declararse públicamente. La buena educación aconseja decir que la política es un ágora en la que todos están llamados a participar, de la que nadie puede ser excluido, y donde lo justo y conveniente se descubre gracias a la práctica del diálogo y al cultivo de lo que se llama valores. Cierta dosis de esta retórica melosa resulta imprescindible para dar lustre doctrinal al discurso, aunque el súbdito no confiere legitimidad a sus gobernantes por tales expresiones declamatorias, que le aburren tanto como a sus autores.
Mientras que la virtud se busca con la secreta esperanza de no encontrarla, la eficiencia y la cercanía sí que son objeto del máximo interés público, y en realidad quizá sea esta última, más que la primera, la piedra angular de la legitimidad democrática: el principal deber del político es parecerse a nosotros en su manera de hablar y razonar y hasta en sus sentimientos y gustos. Quizá la ineficacia pueda disculparse a veces, pero de ninguna manera la actitud distante y estirada, que constituye un indicio seguro de desconexión con la ciudadanía o, lo que es lo mismo, con la realidad. Para entender el concepto prevaleciente de lo político puede resultar útil la analogía entre lo que incumbe al hombre público y la función que las universidades más competitivas atribuyen a esa mezcla de criado y bufón que se supone han de ser sus docentes: el profesor debe distinguirse, en efecto, por facilitar al alumno la adquisición de destrezas y astucias útiles para su futuro laboral y, al mismo tiempo, por resultar un tipo accesible, que sepa llegar a la juventud, que hable su lenguaje y que le sirva de entretenimiento.
La idea de que la política es un servicio se transfigura con facilidad en la de que su fin es servir al público, pero en relación con las necesidades y caprichos privados de este, y en particular con los referidos al consumo. Cuando el ágora pasa a ser un lugar donde solo se habla de cuestiones privadas, no es raro que la política se convierta en un asunto estrictamente casero, tanto que las prestaciones que se exigen al hombre público se parecerán mucho a las propias del servicio doméstico. En realidad el súbdito, seguro de su protagonismo en el mercado político y cargado de razones por suponérsele portador de los valores más exquisitos, ostentará con el gobernante la misma altiva infatuación en que se complace cierta clase de criados cuando, disfrutando de una jornada de asueto, acuden a bares u otros establecimientos públicos para hallar ocasión de ser atendidos y de invertir el signo de la servidumbre. A menudo, el fámulo de permiso se mostrará inflexible y hasta despótico con quienes durante cierto lapso de tiempo están obligados a trabajar para él, porque de sobra sabe cuáles son las condiciones de un servicio eficiente. Quien tiene oportunidad de impartir órdenes, aunque solo sea durante un rato breve, imitará con todo convencimiento los modales de su amo, y su señorío interino bastará a persuadirlo de que él también ha nacido para mandar.
Esos mismos modos de petulante y desclasado criado de vacaciones son los que suele emplear el ciudadano que exige a todas horas eficiencia en la prestación de los servicios públicos y celebra, por ejemplo, que la gestión de hospitales o consultas médicas pase a manos privadas. ¿Qué importa la titularidad privada o pública de algo cuando el servicio que a mí se me presta es irreprochable? No cabe ninguna duda de que la gestión privada de la sanidad pública le da al súbdito la más vívida impresión de estar siendo bien atendido y de ser el objeto casi individualizado del servicio. En lugar de funcionarios hoscos, indolentes y suspicaces, hallará un personal adornado con los modales propios de las azafatas y de los pajes, en un ambiente altamente profesional, típico de clínicas de pago, donde todos los detalles pueden ser objeto de evaluación y hasta de reclamación.
Pero debería advertirse que esta ideología de la eficacia está pensada para ofrecérsela al ciudadano solamente en cuanto beneficiario de los servicios, no en cuanto alguien de quien también se espera que preste otros semejantes. Se trata de la mentalidad del criado de permiso, no del que ha pasado ya sus horas de asueto y ha vuelto a casa de los señores. En una sociedad eficiente todos seremos tratados como en un hotel de lujo, pero solo durante nuestros ratos de descanso, porque el resto del tiempo lo pasaremos sometidos, con idéntica eficacia, a un régimen severísimo bajo la inspección de capataces implacables.
Convendría tener presente que, en latitudes no calvinistas, lo más deseable para sobrevivir es una moderada y soportable ineficiencia de personas e instituciones, pero esta profunda verdad apenas puede confesarse, porque la ideología del siervo de vacaciones lleva todas las de ganar.
Nada tiene de raro que la política se conciba también como un servicio que debe ser prestado en las mejores condiciones de eficacia. De ordinario, el político apenas promete otra cosa, y el resultado es que el espacio público se convierta en un ruidoso casino (o, mejor, un cibercafé) al que los criados acuden, cuando están de permiso, para olvidarse de su condición ancilar y de lo poco que falta para recobrarla. Naturalmente, los camareros del cibercafé se pasarán el rato llamando "señor" a todo el mundo y repitiendo una y otra vez que el que manda es el cliente.
La ficción principal en que se funda la cosa pública contemporánea es la consistente en creer que los políticos no sirven a los dueños del cibercafé (gente por lo común muy poco amable), sino a los criados de permiso que acuden a convencerse de que ellos también son señores.
Para el súbdito, la política es un lugar donde pasar los días de ocio y donde todos parecen convencidos de que las vacaciones no tienen fin. Pero, al terminarse las horas o los días reglamentarios, quizá el fámulo se haya cansado de tanta ficción, agradezca ser tratado con menos atenciones y añore la disciplina y la mano dura. El retorno no podrá ser más provechoso para el amo, porque el siervo correrá a servirle con toda la energía que suele desencadenarse cuando uno se libra de la simulación, una energía que sin duda se agotará (y suscitará entonces no poco arrepentimiento) pero que, mientras dure, prestará servicios inestimables y causará también el más odioso de los regocijos.
(Artículo de Antonio Valdecantos, publicado en "El País" el 31 de agosto de 2011)
EL VALOR DE LAS IDEAS.
¿Tiene sentido constitucionalizar el techo de déficit público? ¿Habría que suprimir los Ayuntamientos con menos de X habitantes? ¿Sería factible el copago sanitario si se eximiera de él a los enfermos crónicos y a los jubilados? ¿Se puede limitar la contaminación instaurando un impuesto al tráfico que accede al centro de las ciudades? ¿Sirve para algo desbloquear las listas electorales? ¿Cómo puede la política exterior española promover más activamente la democracia en Cuba o Guinea Ecuatorial?
Todas estas preguntas son relevantes en el contexto político de nuestro país. Sin embargo, los términos del debate público raramente permiten una discusión racional, es decir, basándose en datos verificables, argumentos contrastables y el estudio de experiencias similares en países de nuestro entorno. Al calor del debate político y con la vista puesta en el corto plazo, más que utilizar las ideas como herramientas para la mejora de las políticas públicas, las ideas se tienden a utilizar como arma arrojadiza y se usan y se desechan en función del daño que hacen al adversario o el beneficio electoral que se percibe en ellas. El resultado es que hay buenas ideas que se queman o no prosperan debido a la improvisación, otras que ni siquiera se llegan a plantear por miedo a sus consecuencias políticas mientras que, a cambio, algunas malas ideas quedan permanentemente instaladas entre nosotros.
El progreso de un país requiere buenas ideas. Solo instituciones independientes y críticas que se adelanten a los problemas y que no tengan tabúes ni prejuicios ideológicos pueden ejercer ese papel. De ahí la importancia de los think tanks: un think tank pequeño, con no más de veinte investigadores pero bien dirigido, bien conectado y con una financiación adecuada puede tener un impacto decisivo, permitiendo un ahorro de millones de euros en políticas más eficaces y una mejora enorme en la calidad de vida de los ciudadanos. Pero ello requiere una sociedad civil abierta y vibrante, unos medios de comunicación comprometidos con la calidad de la información, una clase política con visión a largo plazo y unos empresarios inquietos, cultos y generosos. En España, un país que arrastra numerosos déficits históricos en estos ámbitos, los think thanks son todavía un fenómeno relativamente nuevo. Y justo cuando estaban empezando a consolidarse, la crisis supone una grave amenaza para ellos ya que sus fuentes de financiación se estrechan o, incluso, desaparecen. Todo el mundo tiene un buen argumento para defender la importancia de su sector. El de este es el siguiente: una sociedad sin ideas está condenada a repetir sus errores. Juzguen ustedes.
(Artículo de José Ignacio Torreblanca, publicado en "El País" el 26 de agosto de 2011)
Todas estas preguntas son relevantes en el contexto político de nuestro país. Sin embargo, los términos del debate público raramente permiten una discusión racional, es decir, basándose en datos verificables, argumentos contrastables y el estudio de experiencias similares en países de nuestro entorno. Al calor del debate político y con la vista puesta en el corto plazo, más que utilizar las ideas como herramientas para la mejora de las políticas públicas, las ideas se tienden a utilizar como arma arrojadiza y se usan y se desechan en función del daño que hacen al adversario o el beneficio electoral que se percibe en ellas. El resultado es que hay buenas ideas que se queman o no prosperan debido a la improvisación, otras que ni siquiera se llegan a plantear por miedo a sus consecuencias políticas mientras que, a cambio, algunas malas ideas quedan permanentemente instaladas entre nosotros.
El progreso de un país requiere buenas ideas. Solo instituciones independientes y críticas que se adelanten a los problemas y que no tengan tabúes ni prejuicios ideológicos pueden ejercer ese papel. De ahí la importancia de los think tanks: un think tank pequeño, con no más de veinte investigadores pero bien dirigido, bien conectado y con una financiación adecuada puede tener un impacto decisivo, permitiendo un ahorro de millones de euros en políticas más eficaces y una mejora enorme en la calidad de vida de los ciudadanos. Pero ello requiere una sociedad civil abierta y vibrante, unos medios de comunicación comprometidos con la calidad de la información, una clase política con visión a largo plazo y unos empresarios inquietos, cultos y generosos. En España, un país que arrastra numerosos déficits históricos en estos ámbitos, los think thanks son todavía un fenómeno relativamente nuevo. Y justo cuando estaban empezando a consolidarse, la crisis supone una grave amenaza para ellos ya que sus fuentes de financiación se estrechan o, incluso, desaparecen. Todo el mundo tiene un buen argumento para defender la importancia de su sector. El de este es el siguiente: una sociedad sin ideas está condenada a repetir sus errores. Juzguen ustedes.
(Artículo de José Ignacio Torreblanca, publicado en "El País" el 26 de agosto de 2011)
CONFIANZA Y COMPETENCIA.
La empresa de sondeos Metroscopia actualiza periódicamente una tabla de datos –los llamados barómetros– en la que se intenta medir la confianza que inspiran en los ciudadanos españoles instituciones y grupos sociales significativos. Siempre tiene interés prestar atención a su evolución y resultados.
En su más reciente sondeo, se puntúan del 0 al 10 cuarenta y uno de estos grupos e instituciones. Los que llegan a la nota máxima alcanzan un 7,4 y los que llegan a la mínima, un 2,6. Como balance global, 19 aprueban con más de un cinco y 22 suspenden. Sin precisar detalles que serían de interés, por razones de espacio nos limitaremos a extraer sólo algunas conclusiones.
En primer lugar, destaca el prestigio de los campos científico, académico e intelectual, especialmente en el ámbito de la medicina. Únicamente obtienen un notable los científicos y los médicos, ambos empatados en 7,4. Pero a ellos les siguen la universidad y la sanidad pública (ambos con 6,8), a escasa distancia de los intelectuales (6,5). En segundo lugar, también destaca la confianza en las instituciones de seguridad pública y protección social, todas ellas en las zonas del aprobado alto: policía (6,7), Seguridad Social (6,6), Guardia Civil y fuerzas armadas (ambas 6,5) y oenegés (6,2).
Entre las instituciones políticas, la mejor nota la obtiene el Rey (5,6) y, a continuación, los órganos jurisdiccionales y de protección de derechos: Tribunal Constitucional (5,3), Defensor del Pueblo y jueces (ambos 4,8), fiscales (4,7) y funcionarios (4,6). Ya se comienza a estar algo por debajo del aprobado. Pero el declive significativo de las instituciones públicas afecta a los órganos de dirección política: los ayuntamientos (4,3), las Cortes (4,2), los gobiernos autonómicos (4) y ya, en descenso hacia el farolillo rojo, los sindicatos (3,3) el actual Gobierno del Estado (3), los partidos políticos (2,8) y los políticos (2,6), calificados estos con la peor nota.
La puntuación de ciertas instituciones sociales tiene mucho interés. La Iglesia obtiene con Cáritas una alta nota de 6,8 y con los obispos un bajísimo 3,1. Los medios de comunicación varían entre ellos y están en la zona media-baja: radio (5,8), periódicos (4,7) y televisión (4,1). Se salvan las fundaciones (6), abogados y notarios (ambos 5,2). También las empresas, con variaciones: pequeñas y medianas (6,6), grandes (5,2), multinacionales (4,5). Quienes se hunden son las empresas financieras: cajas de ahorros (3,7) y bancos (2,9).
La verdad demoscópica es lo que es, ya sabemos. Pero los resultados no parecen disparatados, se acercan bastante a lo que se respira en la calle.
En el fondo, da la impresión de que los ciudadanos son bastante inteligentes: sin prejuicios, califican por cuestiones de competencia, de saber, de conocimiento, como lo hace cualquier buen profesor.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 20 de agosto de 2011)
En su más reciente sondeo, se puntúan del 0 al 10 cuarenta y uno de estos grupos e instituciones. Los que llegan a la nota máxima alcanzan un 7,4 y los que llegan a la mínima, un 2,6. Como balance global, 19 aprueban con más de un cinco y 22 suspenden. Sin precisar detalles que serían de interés, por razones de espacio nos limitaremos a extraer sólo algunas conclusiones.
En primer lugar, destaca el prestigio de los campos científico, académico e intelectual, especialmente en el ámbito de la medicina. Únicamente obtienen un notable los científicos y los médicos, ambos empatados en 7,4. Pero a ellos les siguen la universidad y la sanidad pública (ambos con 6,8), a escasa distancia de los intelectuales (6,5). En segundo lugar, también destaca la confianza en las instituciones de seguridad pública y protección social, todas ellas en las zonas del aprobado alto: policía (6,7), Seguridad Social (6,6), Guardia Civil y fuerzas armadas (ambas 6,5) y oenegés (6,2).
Entre las instituciones políticas, la mejor nota la obtiene el Rey (5,6) y, a continuación, los órganos jurisdiccionales y de protección de derechos: Tribunal Constitucional (5,3), Defensor del Pueblo y jueces (ambos 4,8), fiscales (4,7) y funcionarios (4,6). Ya se comienza a estar algo por debajo del aprobado. Pero el declive significativo de las instituciones públicas afecta a los órganos de dirección política: los ayuntamientos (4,3), las Cortes (4,2), los gobiernos autonómicos (4) y ya, en descenso hacia el farolillo rojo, los sindicatos (3,3) el actual Gobierno del Estado (3), los partidos políticos (2,8) y los políticos (2,6), calificados estos con la peor nota.
La puntuación de ciertas instituciones sociales tiene mucho interés. La Iglesia obtiene con Cáritas una alta nota de 6,8 y con los obispos un bajísimo 3,1. Los medios de comunicación varían entre ellos y están en la zona media-baja: radio (5,8), periódicos (4,7) y televisión (4,1). Se salvan las fundaciones (6), abogados y notarios (ambos 5,2). También las empresas, con variaciones: pequeñas y medianas (6,6), grandes (5,2), multinacionales (4,5). Quienes se hunden son las empresas financieras: cajas de ahorros (3,7) y bancos (2,9).
La verdad demoscópica es lo que es, ya sabemos. Pero los resultados no parecen disparatados, se acercan bastante a lo que se respira en la calle.
En el fondo, da la impresión de que los ciudadanos son bastante inteligentes: sin prejuicios, califican por cuestiones de competencia, de saber, de conocimiento, como lo hace cualquier buen profesor.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 20 de agosto de 2011)
QUERIDO ACCIONISTA DEL ESTADO.
Imagina que eres accionista de una gran empresa con pérdidas y los ejecutivos lo único que te proponen son recortes. Seguramente te preguntarás: ¿por qué no piensan en cambiar cómo se hacen las cosas y no solo en recortar? Pues, bueno, eso es lo que está ocurriendo en nuestras Administraciones públicas, cuyos ejecutivos (y candidatos a ejecutivos del partido de la oposición) centran sus propuestas en recortes. Creemos que, además de confrontar tijeras de distintos colores políticos, debemos iniciar en España pronto un debate serio sobre cómo aumentar la eficacia y eficiencia de nuestro sector público.
Nos gustaría dejar claro que no compartimos la opinión de aquellos que consideran que las Administraciones públicas españolas son generalmente ineficientes e irreformables por naturaleza. Por el contrario, algunas reformas exitosas de nuestra historia reciente, como las del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o la Dirección General de Tráfico, son ejemplos admirados fuera de nuestras fronteras. Además, las Administraciones públicas españolas disponen de un enorme caudal de valiosos recursos materiales y sobre todo humanos. Pero ¿es un caudal de recursos bien aprovechados?
Quizás no, pues existe la percepción de que ha habido un freno en el ímpetu reformista o incluso un deterioro relativo -es decir, en comparación con otros países- del sector público español. Por ejemplo, si miramos la evolución durante la primera década de este siglo del indicador del Banco Mundial government effectiveness -que refleja la valoración media que diversos observadores hacen de la prestación de políticas públicas básicas en un país, como educación, sanidad, infraestructuras y calidad de la burocracia- vemos que España estaba mejor valorada en 2000 que en 2009. Un único indicador numérico nos dice poco y además podemos dudar de cómo ha sido elaborado. Pero coincide con la evolución de otros índices y, más importante, con la sensación de descontento y desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas españolas, que, entre otros, recoge el Movimiento del 15-M.
Esta tendencia, como mínimo, no positiva del sector público español se empieza a detectar antes de la crisis económica. Por tanto, no es simplemente una consecuencia de la misma, sino que, más bien, puede ser un factor que haya contribuido a la especial intensidad de nuestra crisis y que puede dificultar la recuperación. No estamos en condiciones de ofrecer un diagnóstico exhaustivo de los problemas de eficiencia de nuestro sector público. Pero sí queremos contribuir con una reflexión general sobre lo que consideramos un problemático denominador común que, a grandes rasgos, comparten nuestras Administraciones públicas, tanto a nivel central como autonómico y local.
Hay una concentración excesiva de responsabilidad en la cúpula de las organizaciones; es decir, en el ministro, en el consejero autonómico o en sus equivalentes en las entidades locales. Más que pirámides, las Administraciones públicas españolas son un poco como cerillas, con toda la responsabilidad acumulada en la cabeza. Eso genera muchos inconvenientes. Sobre todo, para los teóricamente beneficiados con esta estructura: unos políticos que, a la mínima, arden con la facilidad de la cabeza de una cerilla mientras el resto de la Administración puede quedar incólume.
Está claro que los que están en el mando central prefieren tener las riendas y ven con reticencia la pérdida de capacidad para controlar lo que pasa por "ahí abajo". Pero la acumulación de responsabilidad que sucede en España puede ser devastadora para los cargos políticos. Lo hemos visto cuando hay un problema con la construcción de un túnel, un accidente de ferrocarril, se escapa un recluso o se pierde el control sobre un incendio forestal. Periodistas y partidos de la oposición suelen apuntar al ministro o al consejero, cuando en muchos casos lo lógico sería que respondiera un directivo profesional intermedio.
Además, la acumulación de responsabilidad no favorece que el ministro-consejero-alcalde sea capaz de imponer unos principios uniformes y coherentes en la prestación de servicios públicos. Por el contrario, la excesiva centralización de decisiones importantes lleva a un cierto laissez faire en el que los prestadores directos del servicio están confundidos sobre qué cuestiones es más urgente priorizar. Por ejemplo, los profesores de enseñanza secundaria se preguntan con frecuencia: ¿Qué quieren, excelencia o cohesión social?
Por tanto, creemos que un nuevo impulso reformista en las Administraciones españolas debería basarse en el principio de descentralizar responsabilidad (y poder) de los máximos responsables políticos tanto "hacia abajo" como "hacia fuera". La Administración del futuro debería corresponsabilizar más de la prestación de los servicios públicos tanto a directivos y empleados públicos como a los propios usuarios. Queremos centrarnos en tres propuestas.
En primer lugar, España puede avanzar mucho más en las reformas que han modernizado la gestión de las Administraciones de los países desarrollados durante los últimos 20 años. Los nuevos modelos de gestión pública buscan una mejor conexión entre el "cielo" -el nivel político- y "la tierra" -el nivel operativo administrativo-. La idea es permitir a los gestores públicos que se sitúan entre la cúpula política y la base administrativa convertirse en verdaderos directivos.
La adaptación de estas recetas gerenciales a las Administraciones públicas podría suponer: a) Limitar el número de niveles administrativos a unos pocos (en el caso de las Administraciones públicas: el nivel político de gobierno, el nivel de grandes direcciones generales al estilo de lo que es hoy, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico, y el nivel de unidades de gestión de servicios potentes dentro de aquellas); b) Desarrollar objetivos para las unidades no en función de sus operaciones internas, sino de su contribución a metas relevantes; c) Vincular la promoción de los empleados a la evaluación de su rendimiento.
La segunda propuesta sería "romper" las organizaciones grandes en entidades más pequeñas, que actúen de forma autónoma y compitan entre ellas. Se trataría de descentralizar poder de la oficina central del ministerio a la dirección del centro escolar, de la oficina de empleo o del centro de salud. Ello significaría: a) Calcular la dotación económica que precisa el servicio en función de criterios objetivos como el número de alumnos, de usuarios o pacientes; b) Dejar libertad de gestión a los responsables de esas entidades, incluyendo la contratación de personal entre candidatos acreditados para la función.
En tercer lugar, también es necesaria una mayor responsabilidad del usuario en el momento de acceder o beneficiarse de algunos servicios. Urge desincentivar ciertos comportamientos abusivos: una frecuentación excesiva en asistencia primaria, que un estudiante universitario repita una asignatura por encima de un número razonable de veces o que una persona sin empleo esté inactiva. Y sí, nos referimos a esa palabra casi proscrita en el debate público en nuestro país: el copago. La experiencia de otros países nos enseña que es posible introducir copagos sencillos y, a la vez, socialmente justos. Por ejemplo, que todos paguemos una cantidad lo suficientemente elevada (unos 20 euros por visita médica) para evitar un abuso de los servicios, pero con un límite anual lo suficientemente bajo (unos 100 euros al año) para no discriminar a los más necesitados económica o sanitariamente, como los enfermos crónicos. La posibilidad de gratuidad total o reembolso debería quedar limitada a colectivos extremadamente vulnerables y no, por ejemplo, a todos los pensionistas.
Como accionistas del Estado, nos gustaría que estas propuestas, y no solo los recortes presupuestarios, formaran parte del debate político para salir de la crisis.
(Artículo de Xavier Ballart y Víctor Lapuente, publicado en "El País el 2 de agosto de 2011)
Nos gustaría dejar claro que no compartimos la opinión de aquellos que consideran que las Administraciones públicas españolas son generalmente ineficientes e irreformables por naturaleza. Por el contrario, algunas reformas exitosas de nuestra historia reciente, como las del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o la Dirección General de Tráfico, son ejemplos admirados fuera de nuestras fronteras. Además, las Administraciones públicas españolas disponen de un enorme caudal de valiosos recursos materiales y sobre todo humanos. Pero ¿es un caudal de recursos bien aprovechados?
Quizás no, pues existe la percepción de que ha habido un freno en el ímpetu reformista o incluso un deterioro relativo -es decir, en comparación con otros países- del sector público español. Por ejemplo, si miramos la evolución durante la primera década de este siglo del indicador del Banco Mundial government effectiveness -que refleja la valoración media que diversos observadores hacen de la prestación de políticas públicas básicas en un país, como educación, sanidad, infraestructuras y calidad de la burocracia- vemos que España estaba mejor valorada en 2000 que en 2009. Un único indicador numérico nos dice poco y además podemos dudar de cómo ha sido elaborado. Pero coincide con la evolución de otros índices y, más importante, con la sensación de descontento y desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas españolas, que, entre otros, recoge el Movimiento del 15-M.
Esta tendencia, como mínimo, no positiva del sector público español se empieza a detectar antes de la crisis económica. Por tanto, no es simplemente una consecuencia de la misma, sino que, más bien, puede ser un factor que haya contribuido a la especial intensidad de nuestra crisis y que puede dificultar la recuperación. No estamos en condiciones de ofrecer un diagnóstico exhaustivo de los problemas de eficiencia de nuestro sector público. Pero sí queremos contribuir con una reflexión general sobre lo que consideramos un problemático denominador común que, a grandes rasgos, comparten nuestras Administraciones públicas, tanto a nivel central como autonómico y local.
Hay una concentración excesiva de responsabilidad en la cúpula de las organizaciones; es decir, en el ministro, en el consejero autonómico o en sus equivalentes en las entidades locales. Más que pirámides, las Administraciones públicas españolas son un poco como cerillas, con toda la responsabilidad acumulada en la cabeza. Eso genera muchos inconvenientes. Sobre todo, para los teóricamente beneficiados con esta estructura: unos políticos que, a la mínima, arden con la facilidad de la cabeza de una cerilla mientras el resto de la Administración puede quedar incólume.
Está claro que los que están en el mando central prefieren tener las riendas y ven con reticencia la pérdida de capacidad para controlar lo que pasa por "ahí abajo". Pero la acumulación de responsabilidad que sucede en España puede ser devastadora para los cargos políticos. Lo hemos visto cuando hay un problema con la construcción de un túnel, un accidente de ferrocarril, se escapa un recluso o se pierde el control sobre un incendio forestal. Periodistas y partidos de la oposición suelen apuntar al ministro o al consejero, cuando en muchos casos lo lógico sería que respondiera un directivo profesional intermedio.
Además, la acumulación de responsabilidad no favorece que el ministro-consejero-alcalde sea capaz de imponer unos principios uniformes y coherentes en la prestación de servicios públicos. Por el contrario, la excesiva centralización de decisiones importantes lleva a un cierto laissez faire en el que los prestadores directos del servicio están confundidos sobre qué cuestiones es más urgente priorizar. Por ejemplo, los profesores de enseñanza secundaria se preguntan con frecuencia: ¿Qué quieren, excelencia o cohesión social?
Por tanto, creemos que un nuevo impulso reformista en las Administraciones españolas debería basarse en el principio de descentralizar responsabilidad (y poder) de los máximos responsables políticos tanto "hacia abajo" como "hacia fuera". La Administración del futuro debería corresponsabilizar más de la prestación de los servicios públicos tanto a directivos y empleados públicos como a los propios usuarios. Queremos centrarnos en tres propuestas.
En primer lugar, España puede avanzar mucho más en las reformas que han modernizado la gestión de las Administraciones de los países desarrollados durante los últimos 20 años. Los nuevos modelos de gestión pública buscan una mejor conexión entre el "cielo" -el nivel político- y "la tierra" -el nivel operativo administrativo-. La idea es permitir a los gestores públicos que se sitúan entre la cúpula política y la base administrativa convertirse en verdaderos directivos.
La adaptación de estas recetas gerenciales a las Administraciones públicas podría suponer: a) Limitar el número de niveles administrativos a unos pocos (en el caso de las Administraciones públicas: el nivel político de gobierno, el nivel de grandes direcciones generales al estilo de lo que es hoy, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico, y el nivel de unidades de gestión de servicios potentes dentro de aquellas); b) Desarrollar objetivos para las unidades no en función de sus operaciones internas, sino de su contribución a metas relevantes; c) Vincular la promoción de los empleados a la evaluación de su rendimiento.
La segunda propuesta sería "romper" las organizaciones grandes en entidades más pequeñas, que actúen de forma autónoma y compitan entre ellas. Se trataría de descentralizar poder de la oficina central del ministerio a la dirección del centro escolar, de la oficina de empleo o del centro de salud. Ello significaría: a) Calcular la dotación económica que precisa el servicio en función de criterios objetivos como el número de alumnos, de usuarios o pacientes; b) Dejar libertad de gestión a los responsables de esas entidades, incluyendo la contratación de personal entre candidatos acreditados para la función.
En tercer lugar, también es necesaria una mayor responsabilidad del usuario en el momento de acceder o beneficiarse de algunos servicios. Urge desincentivar ciertos comportamientos abusivos: una frecuentación excesiva en asistencia primaria, que un estudiante universitario repita una asignatura por encima de un número razonable de veces o que una persona sin empleo esté inactiva. Y sí, nos referimos a esa palabra casi proscrita en el debate público en nuestro país: el copago. La experiencia de otros países nos enseña que es posible introducir copagos sencillos y, a la vez, socialmente justos. Por ejemplo, que todos paguemos una cantidad lo suficientemente elevada (unos 20 euros por visita médica) para evitar un abuso de los servicios, pero con un límite anual lo suficientemente bajo (unos 100 euros al año) para no discriminar a los más necesitados económica o sanitariamente, como los enfermos crónicos. La posibilidad de gratuidad total o reembolso debería quedar limitada a colectivos extremadamente vulnerables y no, por ejemplo, a todos los pensionistas.
Como accionistas del Estado, nos gustaría que estas propuestas, y no solo los recortes presupuestarios, formaran parte del debate político para salir de la crisis.
(Artículo de Xavier Ballart y Víctor Lapuente, publicado en "El País el 2 de agosto de 2011)
YA NI AGOSTO ES LO QUE ERA.
El verano es un cruce en el que chocan dos fantasías. La fantasía del descanso y la fantasía de la libertad. La del descanso exige inmovilidad, quietud, abandono. Por el contrario, la fantasía de la libertad tiende a provocar una movilidad extrema, nerviosa: hay que aprovechar el tiempo estival al máximo realizando todas aquellas actividades que el año laboral, tan severo, ha frustrado o prohibido. Unos aspiran a huir de la cruda realidad, fundando un oasis: amables aperitivos en una terraza marinera, largas conversaciones en torno a una buena mesa, formidables siestas de montaña. Otros, en cambio, poseídos por el ansia de aprovechar la provisional libertad de las vacaciones, van de un lugar a otro sin descanso: atravesando océanos, explorando selvas, pateando capitales. Mientras unos descansan, otros corren. Mientras unos arraigan en la tierra natal, otros vuelan cuanto más lejos de casa mejor. Mientras unos aman los paisajes ancestrales, otrosse enamoran de geografías y voces extrañas.
A pesar de ser antagónicas, estas dos fantasías que nos esperan a la puerta de las vacaciones encuentran la síntesis en dos libros antiguos, la Odisea y la Eneida, obras fundacionales de nuestra cultura que resumen el espíritu del verano: los viajes de Ulises y de Eneas no tienen más objetivo que el retorno. Ulises vive diez años de vacaciones forzosas, llenas de peligros y adrenalina, llenas de terror y sexo, antes de poder reencontrar a la esposa en su isla. Eneas, huyendo de la ciudad natal destruida, debe superar todo tipo de obstáculos y seducciones hasta que encuentra, no sin arduos combates, el lugar en el que levantar Roma, la nueva Troya.
Pero a la hora de elegir una de las dos fantasías vacacionales, la del descanso y la de la libertad, ningún factor es más determinante, por supuesto, que la situación económica. Con la cartera llena, el mundo entero está al alcance de la mano; pero si está vacía, el mundo parece no sólo lejano sino francamente inhóspito. Por culpa de la crisis, llegamos todos a agosto con un peso en el corazón. Nos dijeron que la crisis sería una V o, a lo sumo, una U, pero ha tomado forma de espiral: desde hace tres años, vamos dando vueltas en torno a nuestra miserable deuda y cada una de estas vueltas nos acerca un poco más al pozo. Muchos se quedan en casa, este agosto, o, como máximo, en escenarios domésticos. Desearían huir, pero no pueden. Desearían viajar, pero no se atreven. Deberán consolarse practicando el dolce far niente, que en tiempos no tan lejanos era un atributo de la aristocracia. Aunque ya en un libro lleno de agudeza, Pensamientos ociosos de un ocioso, el olvidado Jerome K. Jerome anticipó crudamente el sentimiento con el que muchos empiezan hoy las vacaciones: "Es imposible disfrutar a fondo del ocio, si uno no tiene trabajo pendiente".
(Artículo de Antonio Puigverd, publicado en "La Vanguardia" el 1 de agosto de 2011)
A pesar de ser antagónicas, estas dos fantasías que nos esperan a la puerta de las vacaciones encuentran la síntesis en dos libros antiguos, la Odisea y la Eneida, obras fundacionales de nuestra cultura que resumen el espíritu del verano: los viajes de Ulises y de Eneas no tienen más objetivo que el retorno. Ulises vive diez años de vacaciones forzosas, llenas de peligros y adrenalina, llenas de terror y sexo, antes de poder reencontrar a la esposa en su isla. Eneas, huyendo de la ciudad natal destruida, debe superar todo tipo de obstáculos y seducciones hasta que encuentra, no sin arduos combates, el lugar en el que levantar Roma, la nueva Troya.
Pero a la hora de elegir una de las dos fantasías vacacionales, la del descanso y la de la libertad, ningún factor es más determinante, por supuesto, que la situación económica. Con la cartera llena, el mundo entero está al alcance de la mano; pero si está vacía, el mundo parece no sólo lejano sino francamente inhóspito. Por culpa de la crisis, llegamos todos a agosto con un peso en el corazón. Nos dijeron que la crisis sería una V o, a lo sumo, una U, pero ha tomado forma de espiral: desde hace tres años, vamos dando vueltas en torno a nuestra miserable deuda y cada una de estas vueltas nos acerca un poco más al pozo. Muchos se quedan en casa, este agosto, o, como máximo, en escenarios domésticos. Desearían huir, pero no pueden. Desearían viajar, pero no se atreven. Deberán consolarse practicando el dolce far niente, que en tiempos no tan lejanos era un atributo de la aristocracia. Aunque ya en un libro lleno de agudeza, Pensamientos ociosos de un ocioso, el olvidado Jerome K. Jerome anticipó crudamente el sentimiento con el que muchos empiezan hoy las vacaciones: "Es imposible disfrutar a fondo del ocio, si uno no tiene trabajo pendiente".
(Artículo de Antonio Puigverd, publicado en "La Vanguardia" el 1 de agosto de 2011)
CIUDADANO CAMPS.
PARA seguir siendo un ciudadano honorable, al menos hasta que los jueces emitan sentencia, Francisco Camps no tenía más remedio que dejar de ser el Muy Honorable presidente de la Generalitat valenciana. Por la dignidad del cargo, por ejemplaridad moral y por respeto a los ciudadanos que lo eligen, el representante del Estado en una comunidad autónoma no se puede sentar en un banquillo sea cual sea la acusación que se le impute. Como si se tratase de una multa de tráfico. En el caso de Camps confluyen además los principios de regeneración ética de su partido y los intereses políticos de su líder, que le ha venido manteniendo su apoyo más allá de los límites de lo razonable. Como el propio Rajoy le ha hecho ver con la desagradable dureza de quien se siente desafiado, había llegado en su irreal galopada autodefensiva a un punto sin retorno en que la única elección posible basculaba entre la dimisión y la deshonra. Asumir la responsabilidad política o aceptar la responsabilidad penal.
En este desgraciado asunto de los trajes el presidente valenciano ha sufrido un escrutinio atroz y desproporcionado pero también ha cometido importantes errores encadenados, desde relacionarse más de la cuenta con tipos poco recomendables a sostener con demasiada firmeza una versión que tal vez no pueda probar. El más grave de todos, sin embargo, fue su insistencia en repetir candidatura confiado en que la mayoría absoluta acabaría volviéndose absolutoria. Eso era un doble desafío, a su partido y a los tribunales. Quizá incluso a la suerte; en todo caso estaba vinculando de forma temeraria su peripecia judicial a su posición institucional. Consumada la reelección y confirmada la imputación no le quedaba más salida que la renuncia; el ciudadano Camps tiene derecho a defender hasta el final su presunción de inocencia pero el presidente de la Generalitat no se lo puede permitir.
En esta España donde hay gente que roba sin consecuencias desde terrenos públicos hasta bancos, donde los policías ayudan a escaparse a los terroristas y donde los asesinos en serie eluden sus condenas entre resquicios legales, puede parecer un exagerado despropósito que un político demasiado coqueto tenga que abandonar por hacerse el longuis cuando le regalaban los trajes. Sin embargo no se trata de una cuestión de escalas morales sino de modelos de conducta. En materia de respeto a la ley todo ejemplo es poco y quienes aspiran a hacer valer un sentido diferente de la responsabilidad pública están obligados a demostrarlo incluso en las circunstancias más nimias. En ese sentido, el presidente de Valencia aún no es culpable de nada salvo de haber entendido tarde y a la fuerza la delicadeza de su rango representativo. Llevado de la soberbia se ha dejado malaconsejar y se ha metido a sí mismo en un embrollo que tal vez no merecía. El costoso precio que paga por ello es el símbolo del alto valor de la virtud democrática.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 21 de julio de 2011)
En este desgraciado asunto de los trajes el presidente valenciano ha sufrido un escrutinio atroz y desproporcionado pero también ha cometido importantes errores encadenados, desde relacionarse más de la cuenta con tipos poco recomendables a sostener con demasiada firmeza una versión que tal vez no pueda probar. El más grave de todos, sin embargo, fue su insistencia en repetir candidatura confiado en que la mayoría absoluta acabaría volviéndose absolutoria. Eso era un doble desafío, a su partido y a los tribunales. Quizá incluso a la suerte; en todo caso estaba vinculando de forma temeraria su peripecia judicial a su posición institucional. Consumada la reelección y confirmada la imputación no le quedaba más salida que la renuncia; el ciudadano Camps tiene derecho a defender hasta el final su presunción de inocencia pero el presidente de la Generalitat no se lo puede permitir.
En esta España donde hay gente que roba sin consecuencias desde terrenos públicos hasta bancos, donde los policías ayudan a escaparse a los terroristas y donde los asesinos en serie eluden sus condenas entre resquicios legales, puede parecer un exagerado despropósito que un político demasiado coqueto tenga que abandonar por hacerse el longuis cuando le regalaban los trajes. Sin embargo no se trata de una cuestión de escalas morales sino de modelos de conducta. En materia de respeto a la ley todo ejemplo es poco y quienes aspiran a hacer valer un sentido diferente de la responsabilidad pública están obligados a demostrarlo incluso en las circunstancias más nimias. En ese sentido, el presidente de Valencia aún no es culpable de nada salvo de haber entendido tarde y a la fuerza la delicadeza de su rango representativo. Llevado de la soberbia se ha dejado malaconsejar y se ha metido a sí mismo en un embrollo que tal vez no merecía. El costoso precio que paga por ello es el símbolo del alto valor de la virtud democrática.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 21 de julio de 2011)
DAR EXPLICACIONES Y PEDIR PERDÓN.
En las últimas horas ha cobrado fuerza la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, decida pagar una multa para evitar sentarse en el banquillo por el caso de los trajes, después de que el viernes pasado el juez Flors decidiera abrir juicio oral al líder del PPCV así como a Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Esta opción es la que maneja la dirección nacional de los populares y tiene como objetivo evitar la imagen de un presidente autonómico del PP entrando en el Tribunal Superior de Justicia para ser juzgado. Y seguramente en unas fechas que coincidirían con la campaña electoral de las generales, si como parece muy probable se adelantan al otoño. Para que esta alternativa llegara a concretarse, los cuatro encausados tendrían que estar de acuerdo, lo cual no es tan fácil, especialmente en el caso de Ricardo Costa, que parece tener nuevamente en sus manos el futuro político de Camps.
En los más de dos años que ya dura el escándado conocido como 'caso Gürtel', el presidente Camps ha insistido en numerosas ocasiones en que estaría encantado de explicar en los tribunales de justicia todo lo relacionado con el asunto. La vista era la oportunidad de demostrar su inocencia o de sustanciar las responsabilidades penales y políticas (con la consiguiente dimisión en caso de ser condenado), y el lugar en el que se aclararía la verdad o no de todo lo publicado en los dos últimos años. LAS PROVINCIAS ha defendido siempre que había que dejar actuar a la Justicia y respetar sus tiempos y sus resoluciones.
Ahora bien, pagar la multa supone dar un giro radical en el discurso de Francisco Camps de estos dos años. Pagar la multa implica la admisión de unos hechos delictivos, la asunción de una culpa concreta. El líder del PP le debe muchas aclaraciones a la ciudadanía, a la opinión pública y a sus votantes, y si no las va a dar en un tribunal de justicia ha de hacerlo públicamente; el caso no se puede cerrar así, por la puerta falsa, porque dejaría definitivamente tocada su credibilidad. Con el abono de una cantidad económica no se puede dar por finiquitado un caso que ha puesto en entredicho el buen nombre del presidente de la Comunitat Valenciana y ha erosionado la imagen del conjunto del territorio. El Presidente está política y moralmente obligado a dar explicaciones y a pedir perdón por los errores y contradicciones en los que ha incurrido a lo largo de este proceso. Debe aclarar cuánto de estrecha era su relación con la trama, cuál fue su relación personal con Álvaro Pérez 'El Bigotes', si fue consciente del cúmulo de regalos que le hicieron (prendas de vestir por un total de 14.000 euros) y si hubo o no contraprestación, si se considera engañado o víctima de toda esta red, etc. Camps debería comparecer ante los medios de comunicación para someterse sin límite de tiempo a todas las preguntas que los periodistas estimen oportunas, sin ningún tipo de cortapisas y fijar una versión definitiva sobre este asunto. Finalmente, pagar implica asumir de forma obligada que el Presidente hizo algunas cosas mal, supone asumir errores de bulto, como mínimo en lo relativo a las amistades peligrosas y a las distintas y contradictorias versiones de los hechos que ha ido contando a lo largo del tiempo.
(Editorial de "Las Provincias", publicado el 20 de julio de 2011)
ESTA INSOPORTABLE LEVEDAD.
Hace poco más de un mes asistí en Madrid a varios debates entre intelectuales, políticos, empresarios y ciudadanos del común. A pesar de reunir muy diferente y variopinta asistencia, en todos ellos tuve ocasión de comprobar el singular sentido de ánimo de la sociedad capitalina (creo que la española en general) ante lo que podríamos llamar, parodiando a Kundera, la insoportable levedad del devenir de España. Dos de esos actos estaban relacionados directamente con la recuperación de la memoria colectiva. Uno fue organizado por la Asociación de Defensa de la Transición y el otro, por la Fundación Fernando Abril Martorell, que otorgaba el Premio de la Concordia a Antonio Muñoz Molina. Salvo el incombustible Enrique Múgica y yo mismo, creo que prácticamente no hubo coincidencias entre los presentes en ambas ocasiones. Sin embargo, resultaron tan evidentes la convergencia de actitudes y lo similar de las preocupaciones allí expresadas, que bien puede entenderse que reflejaban un verdadero estado de opinión. Gentes de derechas, de centro y de izquierdas, antiguos comunistas y viejos franquistas arrepentidos, católicos fervientes y ateos recalcitrantes, mujeres, hombres, profesores, jueces, militares, diputados, periodistas e intelectuales, reclamaban, con la serena parsimonia de su experiencia y la firmeza de su convicción, una recuperación del consenso y el pacto como únicas vías para salir del agujero en el que parece hundirse la sociedad española.
Por los mismos días me reuní en un par de escuelas de negocios con jóvenes empresarios y directivos, la mayoría de ellos bien instalados, y con otros profesionales y universitarios víctimas del paro, algunos de ellos ocasionales pero frecuentes visitantes, como tantos ciudadanos, de la acampada de los indignados en la Puerta del Sol. Eran gentes nacidas en los años setenta y ochenta, algunos más jóvenes aún, cuyos puntos de vista no divergían mucho de los de la generación de sus padres y coincidían en una expresión de simpatía hacia el movimiento del 15-M, por más que algunos se sintieran molestos por la invasión de la vía pública.
Todo ello me sirvió para comprobar la existencia de un creciente malestar que no conoce fronteras ideológicas, generacionales ni de clase social. Puede pensarse que cuanto nos sucede se resume en la profundidad de la recesión económica y la atribulada gestión de la misma. En muchos países europeos, los Gobiernos y los partidos que les sustentan vienen siendo contundentemente desalojados del poder central o local por los electores, en busca de una alternativa posible que mejore la vida de los ciudadanos. Pero la crisis no es solo económica, aunque sus efectos sobre el aumento del paro y el descenso de nivel de vida de las gentes sean los más inmediatos y dolorosos, sino también política y de convivencia. Es además sistémica no únicamente en lo financiero, sino que afecta de lleno al modelo de organización social y al desarrollo individual y colectivo de las gentes. El descontento español, griego, islandés o portugués, ahora italiano también, anida con diferentes expresiones en muchas otras latitudes, y en el norte de África y Cercano Oriente comienza a cuajar en guerras civiles larvadas, o no tan larvadas, como las de Libia y Siria. La falta de liderazgo, en ocasiones capaz de afirmarse solo por la fuerza, la resistencia al cambio de quienes ocupan posiciones establecidas y la inflexibilidad de la respuesta frente a un mundo en continua ebullición, no harán sino prolongar la decadencia de una realidad insostenible.
Nos enfrentamos, desde luego, a problemas globales, por lo que las soluciones lo tienen que ser también. Pero la expresión local de unos y otras evidencia las carencias del Estado-nación a la hora de enfrentar estas cuestiones. Eso explica la deriva hacia el populismo de tantos líderes políticos, dispuestos a deslizarse sin mayores cauciones por la senda del proteccionismo comercial, la xenofobia racista y la insolidaridad. El cortoplacismo, atizado por la frecuencia de comicios de todo tipo y las urgencias de las campañas electorales, caracteriza la mayoría de las decisiones de los dirigentes occidentales, que no entienden su incapacidad de competir con algunas sociedades emergentes en las que el calendario —como en el caso de China— corre a diferente velocidad que en el resto del mundo.
Sobresale el distanciamiento entre la clase política y los ciudadanos, no solo en los regímenes dictatoriales o autoritarios, sino en democracias más o menos consolidadas. Los acampados en las plazas protestan contra el sistema sobre todo por haber sido excluidos de él. Están contra los partidos, los sindicatos, los banqueros y… los periódicos, o los medios de comunicación en general. A todos se mide por el mismo rasero, como integrantes de una casta reacia a propiciar los cambios que la gente demanda. A todos se les reprocha ignorar que las nuevas tecnologías de la comunicación han empoderado a los pueblos más que algunas de las instituciones democráticas que rigen la vida de los países. Y en todos los casos aspiran a más participación ante lo que consideran el fracaso de la representación política. Los reclamos de reforma de la ley electoral, o contra la presencia de imputados en las listas, se basan en la percepción, desde mi punto de vista acertada, de que los representantes no nos representan, o lo hacen cada vez menos. No digo esto a la búsqueda de alguna popularidad que no merezco entre los nuevos levantiscos. Hace un cuarto de siglo, en mi libro El tamaño del elefante, escribía: “No es ya el Parlamento el que controla al Gobierno, sino el Gobierno el que controla a la mayoría parlamentaria, la diseña de antemano…. Y de acuerdo con los sondeos electorales, la domestica, la manipula y utiliza… Una reforma de todo el sistema de representación política en España es necesaria si se quiere que la democracia avanzada que la Constitución define se haga efectivamente realidad”. A partir de aquella fecha, los problemas no han hecho sino empeorar en ese terreno. Ahora se ven agudizados por la profundidad de la crisis, la destrucción de empleo, la falta de horizonte de las nuevas generaciones y la perplejidad e irritación que producen ver a los dirigentes políticos disputarse el poder por el poder, reproduciendo promesas que nunca se cumplen y rindiendo tributo a una demagogia persistente e inútil.
Algunos comparan las revueltas juveniles de ahora con los acontecimientos de Mayo del 68. La escenografía es en parte similar, con esas chicas ofreciendo flores a los robocops policiales, remedando imágenes de una época en la que los manifestantes entonaban el haz el amor y no la guerra. Pero pese a la idílica utopía del movimiento hippie, Mayo del 68 acabó siendo violento, y mayo del 2011 apenas lo ha sido. Las revoluciones han perdido prestigio y habrá que esperar a ver en qué desembocan los acontecimientos del norte de África para saber si son capaces de recuperarlo. En el entretanto, conviene no desdeñar el significado de las protestas. No es solo la representación política lo que está en entredicho, sino un entramado institucional anquilosado y clientelista que sume a los ciudadanos en la desesperanza y el desasosiego.
Por lo mismo, hace años que deberíamos haber encarado una reforma constitucional que actualizara la gobernación de este país. Una reforma capaz de instaurar un Estado federal moderno, culminando y corrigiendo el proceso de las autonomías, que cuestione la provincia como distrito electoral y establezca las prioridades para las próximas generaciones de españoles. Un programa así exige no solo un liderazgo del que hoy carecemos, sino una voluntad de acuerdo en la política que permita abordar también, de manera urgente y eficaz, la reforma del sistema financiero y la modernización de las relaciones laborales, sin lo que será imposible dinamizar la economía y generar puestos de trabajo. Pero mientras el país confronta la amenaza de ruina, se desvanece la cohesión territorial y aumentan los conflictos sociales. La pérdida de confianza en la gestión del actual presidente del Gobierno es clamorosa dentro y fuera de España. Es imposible suponer que de una legislatura como la que hemos padecido se derive ya ninguna de las soluciones que los ciudadanos reclaman. El deterioro preocupante del partido en el poder amenaza con desequilibrar el futuro inmediato de nuestras instituciones políticas. Y aunque su recién estrenado candidato ha procurado, con éxito inicial, devolverle la esperanza, no es imaginable que acuda a los próximos comicios sin un congreso previo que restaure su maltrecho liderazgo y diseñe un proyecto que le permita recuperar al electorado y elaborar los pactos que el futuro demanda. Para que todo eso suceda, José Luis Rodríguez Zapatero debe de una vez por todas abandonar su patológico optimismo y renunciar al juego de las adivinanzas. Los titubeos, las dudas y los aplazamientos a que nos tiene acostumbrados son la peor de las recetas para una situación que reclama medidas de urgencia. Su deber moral es anunciar cuanto antes un calendario creíble para el proceso electoral. Solo así podrán los españoles soportar la levedad del ser.
(Artículo de Juan Luis Cebrián, publicado en "El País" el 18 de julio de 2011)
Por los mismos días me reuní en un par de escuelas de negocios con jóvenes empresarios y directivos, la mayoría de ellos bien instalados, y con otros profesionales y universitarios víctimas del paro, algunos de ellos ocasionales pero frecuentes visitantes, como tantos ciudadanos, de la acampada de los indignados en la Puerta del Sol. Eran gentes nacidas en los años setenta y ochenta, algunos más jóvenes aún, cuyos puntos de vista no divergían mucho de los de la generación de sus padres y coincidían en una expresión de simpatía hacia el movimiento del 15-M, por más que algunos se sintieran molestos por la invasión de la vía pública.
Todo ello me sirvió para comprobar la existencia de un creciente malestar que no conoce fronteras ideológicas, generacionales ni de clase social. Puede pensarse que cuanto nos sucede se resume en la profundidad de la recesión económica y la atribulada gestión de la misma. En muchos países europeos, los Gobiernos y los partidos que les sustentan vienen siendo contundentemente desalojados del poder central o local por los electores, en busca de una alternativa posible que mejore la vida de los ciudadanos. Pero la crisis no es solo económica, aunque sus efectos sobre el aumento del paro y el descenso de nivel de vida de las gentes sean los más inmediatos y dolorosos, sino también política y de convivencia. Es además sistémica no únicamente en lo financiero, sino que afecta de lleno al modelo de organización social y al desarrollo individual y colectivo de las gentes. El descontento español, griego, islandés o portugués, ahora italiano también, anida con diferentes expresiones en muchas otras latitudes, y en el norte de África y Cercano Oriente comienza a cuajar en guerras civiles larvadas, o no tan larvadas, como las de Libia y Siria. La falta de liderazgo, en ocasiones capaz de afirmarse solo por la fuerza, la resistencia al cambio de quienes ocupan posiciones establecidas y la inflexibilidad de la respuesta frente a un mundo en continua ebullición, no harán sino prolongar la decadencia de una realidad insostenible.
Nos enfrentamos, desde luego, a problemas globales, por lo que las soluciones lo tienen que ser también. Pero la expresión local de unos y otras evidencia las carencias del Estado-nación a la hora de enfrentar estas cuestiones. Eso explica la deriva hacia el populismo de tantos líderes políticos, dispuestos a deslizarse sin mayores cauciones por la senda del proteccionismo comercial, la xenofobia racista y la insolidaridad. El cortoplacismo, atizado por la frecuencia de comicios de todo tipo y las urgencias de las campañas electorales, caracteriza la mayoría de las decisiones de los dirigentes occidentales, que no entienden su incapacidad de competir con algunas sociedades emergentes en las que el calendario —como en el caso de China— corre a diferente velocidad que en el resto del mundo.
Sobresale el distanciamiento entre la clase política y los ciudadanos, no solo en los regímenes dictatoriales o autoritarios, sino en democracias más o menos consolidadas. Los acampados en las plazas protestan contra el sistema sobre todo por haber sido excluidos de él. Están contra los partidos, los sindicatos, los banqueros y… los periódicos, o los medios de comunicación en general. A todos se mide por el mismo rasero, como integrantes de una casta reacia a propiciar los cambios que la gente demanda. A todos se les reprocha ignorar que las nuevas tecnologías de la comunicación han empoderado a los pueblos más que algunas de las instituciones democráticas que rigen la vida de los países. Y en todos los casos aspiran a más participación ante lo que consideran el fracaso de la representación política. Los reclamos de reforma de la ley electoral, o contra la presencia de imputados en las listas, se basan en la percepción, desde mi punto de vista acertada, de que los representantes no nos representan, o lo hacen cada vez menos. No digo esto a la búsqueda de alguna popularidad que no merezco entre los nuevos levantiscos. Hace un cuarto de siglo, en mi libro El tamaño del elefante, escribía: “No es ya el Parlamento el que controla al Gobierno, sino el Gobierno el que controla a la mayoría parlamentaria, la diseña de antemano…. Y de acuerdo con los sondeos electorales, la domestica, la manipula y utiliza… Una reforma de todo el sistema de representación política en España es necesaria si se quiere que la democracia avanzada que la Constitución define se haga efectivamente realidad”. A partir de aquella fecha, los problemas no han hecho sino empeorar en ese terreno. Ahora se ven agudizados por la profundidad de la crisis, la destrucción de empleo, la falta de horizonte de las nuevas generaciones y la perplejidad e irritación que producen ver a los dirigentes políticos disputarse el poder por el poder, reproduciendo promesas que nunca se cumplen y rindiendo tributo a una demagogia persistente e inútil.
Algunos comparan las revueltas juveniles de ahora con los acontecimientos de Mayo del 68. La escenografía es en parte similar, con esas chicas ofreciendo flores a los robocops policiales, remedando imágenes de una época en la que los manifestantes entonaban el haz el amor y no la guerra. Pero pese a la idílica utopía del movimiento hippie, Mayo del 68 acabó siendo violento, y mayo del 2011 apenas lo ha sido. Las revoluciones han perdido prestigio y habrá que esperar a ver en qué desembocan los acontecimientos del norte de África para saber si son capaces de recuperarlo. En el entretanto, conviene no desdeñar el significado de las protestas. No es solo la representación política lo que está en entredicho, sino un entramado institucional anquilosado y clientelista que sume a los ciudadanos en la desesperanza y el desasosiego.
Por lo mismo, hace años que deberíamos haber encarado una reforma constitucional que actualizara la gobernación de este país. Una reforma capaz de instaurar un Estado federal moderno, culminando y corrigiendo el proceso de las autonomías, que cuestione la provincia como distrito electoral y establezca las prioridades para las próximas generaciones de españoles. Un programa así exige no solo un liderazgo del que hoy carecemos, sino una voluntad de acuerdo en la política que permita abordar también, de manera urgente y eficaz, la reforma del sistema financiero y la modernización de las relaciones laborales, sin lo que será imposible dinamizar la economía y generar puestos de trabajo. Pero mientras el país confronta la amenaza de ruina, se desvanece la cohesión territorial y aumentan los conflictos sociales. La pérdida de confianza en la gestión del actual presidente del Gobierno es clamorosa dentro y fuera de España. Es imposible suponer que de una legislatura como la que hemos padecido se derive ya ninguna de las soluciones que los ciudadanos reclaman. El deterioro preocupante del partido en el poder amenaza con desequilibrar el futuro inmediato de nuestras instituciones políticas. Y aunque su recién estrenado candidato ha procurado, con éxito inicial, devolverle la esperanza, no es imaginable que acuda a los próximos comicios sin un congreso previo que restaure su maltrecho liderazgo y diseñe un proyecto que le permita recuperar al electorado y elaborar los pactos que el futuro demanda. Para que todo eso suceda, José Luis Rodríguez Zapatero debe de una vez por todas abandonar su patológico optimismo y renunciar al juego de las adivinanzas. Los titubeos, las dudas y los aplazamientos a que nos tiene acostumbrados son la peor de las recetas para una situación que reclama medidas de urgencia. Su deber moral es anunciar cuanto antes un calendario creíble para el proceso electoral. Solo así podrán los españoles soportar la levedad del ser.
(Artículo de Juan Luis Cebrián, publicado en "El País" el 18 de julio de 2011)
¿QUIÉN SIRVE A QUIÉN?
En contraposición a las dictaduras, donde es el Gobierno el que censura a la prensa, las democracias se basan en la sencilla idea de que es la prensa la que tiene el derecho de censurar al Gobierno. Aunque la frase del presidente Jefferson -"prefiero periódicos sin democracia que democracia sin periódicos"- haya sido distorsionada, pues en realidad Jefferson nunca habló de "democracia" (un término que, paradójicamente, no está en la Constitución estadounidense) sino de "Gobierno", la frase se ha consolidado en la imaginación colectiva porque captura con extraordinaria sencillez la relación entre poder y prensa que debe regir en un sistema democrático. Por esa razón, mientras que en una democracia los controles gubernamentales sobre la prensa son excepcionales y las sanciones tienen lugar a posteriori, la prensa puede censurar todos los días al Gobierno sin más límite que algunas sencillas reglas que garanticen la veracidad de la información.
Gracias a este práctico arreglo, las democracias pueden funcionar de forma efectiva y, además, hacerlo respetando las normas básicas que rigen nuestros Estados de derecho. Por eso, independientemente de si una democracia adopta el modelo parlamentario o el presidencial, opta por un sistema mayoritario o proporcional o configura el Estado de modo unitario o de acuerdo con parámetros federales, la relación entre poder y prensa no debería variar gran cosa. Por un lado, la prensa sirve a los ciudadanos para controlar retrospectivamente la acción del Gobierno y sancionar los incumplimientos de las promesas o las violaciones de las normas en los que estos hayan incurrido. Por otro lado, transmite información a los políticos sobre las preferencias de la ciudadanía, lo que les ayuda a diseñar políticas que satisfagan al mayor número de personas. De esta manera, al llegar las elecciones, los votantes, que dispondrán de una información completa sobre las acciones de los políticos, podrán elegir racionalmente a aquellos que mejor sirvan a sus intereses. Mientras, los políticos, que dispondrán ante sí de un rico y amplio mapa acerca de cuáles son las preferencias de la opinión pública, podrán hacer una oferta electoral y de políticas públicas ajustada a las demandas de los electores. Por si fuera poco, en un sistema de libre mercado que funcione correctamente es hasta posible que, gracias a la publicidad, este sistema de control prospectivo y retrospectivo que garantiza la democracia sea sumamente barato para el ciudadano.
Esto en teoría. El problema, claro está, comienza cuando uno levanta la vista del manual de ciencia política que de forma tan cándida nos ha traído hasta este párrafo y observa el mundo real, un mundo en el que, como vemos estos días con el escándalo que le ha costado el cierre a News of the World, hay sectores enteros de la prensa supuestamente libre que han dejado de cumplir su misión para pasar a convertirse en un poder autónomo que aspira a capturar el poder político mediante técnicas chantajistas y matonas para ponerlo al servicio de sus propios intereses económicos. Como se ha visto, en ese mundo los lectores de periódicos dejan de ser tratados como ciudadanos, los políticos dejan de actuar como representantes de la soberanía popular y los periodistas dejan de ser honestos intermediarios que transmiten información que ayude a las dos partes a elaborar opiniones informadas. No es casualidad que la misma polarización que se ha instalado en la política tiente también a muchos medios de comunicación. La polarización ideológica sirve a los políticos para evitar rendir cuentas. Con los medios, ocurre algo parecido. En teoría, deberían competir por ofrecer un mejor producto a un menor precio. Pero en la práctica, como ocurre con las marcas comerciales, es más fácil mantener e incrementar la clientela mediante la polarización ideológica y la apelación a los más bajos instintos que mediante la objetividad y la transparencia. Paradójicamente, como ocurre en EE UU, cuanto más libre y más amplio es el mercado y, por tanto, más dinero hay en juego, más resquicios se abren para que la polarización se imponga, en la política y en los medios. Todo ello, sin que a cambio esté muy claro que una mayor regulación sea la solución o el comienzo de otra serie de problemas. En ese mundo distópico, partidos y medios invierten su papel 180 grados y terminan por hacer exactamente lo contrario de aquello para lo que fueron fundados: en lugar de servir a los ciudadanos, buscan ciudadanos de los que servirse.
(Artículo de José Ignacio Torreblanca, publicado en "El País" el 15 de julio de 2011)
Gracias a este práctico arreglo, las democracias pueden funcionar de forma efectiva y, además, hacerlo respetando las normas básicas que rigen nuestros Estados de derecho. Por eso, independientemente de si una democracia adopta el modelo parlamentario o el presidencial, opta por un sistema mayoritario o proporcional o configura el Estado de modo unitario o de acuerdo con parámetros federales, la relación entre poder y prensa no debería variar gran cosa. Por un lado, la prensa sirve a los ciudadanos para controlar retrospectivamente la acción del Gobierno y sancionar los incumplimientos de las promesas o las violaciones de las normas en los que estos hayan incurrido. Por otro lado, transmite información a los políticos sobre las preferencias de la ciudadanía, lo que les ayuda a diseñar políticas que satisfagan al mayor número de personas. De esta manera, al llegar las elecciones, los votantes, que dispondrán de una información completa sobre las acciones de los políticos, podrán elegir racionalmente a aquellos que mejor sirvan a sus intereses. Mientras, los políticos, que dispondrán ante sí de un rico y amplio mapa acerca de cuáles son las preferencias de la opinión pública, podrán hacer una oferta electoral y de políticas públicas ajustada a las demandas de los electores. Por si fuera poco, en un sistema de libre mercado que funcione correctamente es hasta posible que, gracias a la publicidad, este sistema de control prospectivo y retrospectivo que garantiza la democracia sea sumamente barato para el ciudadano.
Esto en teoría. El problema, claro está, comienza cuando uno levanta la vista del manual de ciencia política que de forma tan cándida nos ha traído hasta este párrafo y observa el mundo real, un mundo en el que, como vemos estos días con el escándalo que le ha costado el cierre a News of the World, hay sectores enteros de la prensa supuestamente libre que han dejado de cumplir su misión para pasar a convertirse en un poder autónomo que aspira a capturar el poder político mediante técnicas chantajistas y matonas para ponerlo al servicio de sus propios intereses económicos. Como se ha visto, en ese mundo los lectores de periódicos dejan de ser tratados como ciudadanos, los políticos dejan de actuar como representantes de la soberanía popular y los periodistas dejan de ser honestos intermediarios que transmiten información que ayude a las dos partes a elaborar opiniones informadas. No es casualidad que la misma polarización que se ha instalado en la política tiente también a muchos medios de comunicación. La polarización ideológica sirve a los políticos para evitar rendir cuentas. Con los medios, ocurre algo parecido. En teoría, deberían competir por ofrecer un mejor producto a un menor precio. Pero en la práctica, como ocurre con las marcas comerciales, es más fácil mantener e incrementar la clientela mediante la polarización ideológica y la apelación a los más bajos instintos que mediante la objetividad y la transparencia. Paradójicamente, como ocurre en EE UU, cuanto más libre y más amplio es el mercado y, por tanto, más dinero hay en juego, más resquicios se abren para que la polarización se imponga, en la política y en los medios. Todo ello, sin que a cambio esté muy claro que una mayor regulación sea la solución o el comienzo de otra serie de problemas. En ese mundo distópico, partidos y medios invierten su papel 180 grados y terminan por hacer exactamente lo contrario de aquello para lo que fueron fundados: en lugar de servir a los ciudadanos, buscan ciudadanos de los que servirse.
(Artículo de José Ignacio Torreblanca, publicado en "El País" el 15 de julio de 2011)
NUEVA GOBERNANZA LOCAL.
La crisis de las haciendas locales no puede disuadir a ningún gobierno local de optar por la cohesión social, la competitividad económica y el desarrollo humano de la ciudad, pero para ello deben cambiar el modelo de gestión de los ayuntamientos, de lo contrario el abordaje ineludible del déficit y la deuda municipal conllevará la decadencia de las ciudades y la marginalidad de los gobiernos locales.
La mayoría de los ayuntamientos españoles se presentan a la ciudadanía fundamentalmente como ofertantes de servicios y equipamientos públicos, y consideran a los ciudadanos como clientes o usuarios de estos servicios. Ahora este modelo debe cambiar.
Unos ayuntamientos que afronten la reducción del gasto sin reestructurar su manera de gobernar se limitarán a reducir la oferta de servicios, provocarán la decadencia de las ciudades y municipios y favorecerán el desencanto político ciudadano, así como su deslegitimación como gobiernos democráticos.
Hoy, lo más importante para los gobiernos locales es dar respuesta al incremento de las necesidades sociales y a la reestructuración de la economía con menos recursos, y para ello deben cambiar su manera de gestionar, así como su relación con la sociedad civil. Deben avanzar en lo que se denomina gobernanza democrática.
Esta nueva gobernanza se dirige a multiplicar el impacto de los fondos públicos en la realización de los objetivos de cohesión social y competitividad económica de la ciudad. Y consiste básicamente en:
1) Dar un mayor protagonismo político al alcalde y regidores. Estos deben dejar de ser gestores para convertirse en dinamizadores y organizadores del interés general en las estrategias, políticas y proyectos, a partir de articular los intereses legítimos de los distintos sectores económicos, sociales y vecinales en estrategias, políticas y proyectos.
2) Restituir el papel del funcionariado como garante del Estado de derecho y fortalecedor de la institucionalidad democrática, y no como gestores de servicios. Es decir como generador de un sistema de normas y procedimientos sencillo, transparente, objetivo y equitativo que genere confianza en la sociedad civil, y facilite su dinamización y desarrollo económico y social. Para la gestión de servicios, mejor contratar externamente a empresas y tercer sector, bajo objetivos y supervisión públicas.
3) Promover redes y sistemas de cooperación público-privados, en un marco estratégico compartido, para el desarrollo de programas y proyectos que articulen fondos públicos y privados o de voluntariado.
4) Prioridad a los proyectos integrales o transversales en los que participen diferentes departamentos municipales de un ayuntamiento o diferentes ayuntamientos, lo que permitirá un uso más eficaz de los recursos.
5) Nueva orientación de la participación. Esta debe dejar de centrarse en los fondos públicos y más en objetivos de ciudad en los que sea necesario y factible el compromiso y colaboración de la sociedad civil organizada y el voluntariado.
(Artículo de José María Esteve, publicado en "La Voz de Galicia" el 13 de julio de 2011)
La mayoría de los ayuntamientos españoles se presentan a la ciudadanía fundamentalmente como ofertantes de servicios y equipamientos públicos, y consideran a los ciudadanos como clientes o usuarios de estos servicios. Ahora este modelo debe cambiar.
Unos ayuntamientos que afronten la reducción del gasto sin reestructurar su manera de gobernar se limitarán a reducir la oferta de servicios, provocarán la decadencia de las ciudades y municipios y favorecerán el desencanto político ciudadano, así como su deslegitimación como gobiernos democráticos.
Hoy, lo más importante para los gobiernos locales es dar respuesta al incremento de las necesidades sociales y a la reestructuración de la economía con menos recursos, y para ello deben cambiar su manera de gestionar, así como su relación con la sociedad civil. Deben avanzar en lo que se denomina gobernanza democrática.
Esta nueva gobernanza se dirige a multiplicar el impacto de los fondos públicos en la realización de los objetivos de cohesión social y competitividad económica de la ciudad. Y consiste básicamente en:
1) Dar un mayor protagonismo político al alcalde y regidores. Estos deben dejar de ser gestores para convertirse en dinamizadores y organizadores del interés general en las estrategias, políticas y proyectos, a partir de articular los intereses legítimos de los distintos sectores económicos, sociales y vecinales en estrategias, políticas y proyectos.
2) Restituir el papel del funcionariado como garante del Estado de derecho y fortalecedor de la institucionalidad democrática, y no como gestores de servicios. Es decir como generador de un sistema de normas y procedimientos sencillo, transparente, objetivo y equitativo que genere confianza en la sociedad civil, y facilite su dinamización y desarrollo económico y social. Para la gestión de servicios, mejor contratar externamente a empresas y tercer sector, bajo objetivos y supervisión públicas.
3) Promover redes y sistemas de cooperación público-privados, en un marco estratégico compartido, para el desarrollo de programas y proyectos que articulen fondos públicos y privados o de voluntariado.
4) Prioridad a los proyectos integrales o transversales en los que participen diferentes departamentos municipales de un ayuntamiento o diferentes ayuntamientos, lo que permitirá un uso más eficaz de los recursos.
5) Nueva orientación de la participación. Esta debe dejar de centrarse en los fondos públicos y más en objetivos de ciudad en los que sea necesario y factible el compromiso y colaboración de la sociedad civil organizada y el voluntariado.
(Artículo de José María Esteve, publicado en "La Voz de Galicia" el 13 de julio de 2011)
LA CUEVA DE ALÍ BABÁ.
Gracias al que, presupongo, dificultoso trabajo de investigación de Diario de Mallorca, nos hemos enterado de la disparatada gestión de los sucesivos gobiernos de la comunidad autónoma y del ayuntamiento de Palma: empresas innecesarias y dietas por asistencia a los consejos de administración de hasta 900 euros, del orden de 1.600 consejeros; empleos públicos sin procesos de selección que atendieran al principio de igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, con sueldos estratosféricos en muchos casos. Según otras informaciones periodísticas, en Emaya, brillan con luz propia sueldos de conductores de recogida de basura del orden de 59.000 euros al año. En una palabra, vivimos en el país de Jauja. Para algunos. Para los parados, para los mileuristas, para los jubilados, para la gente normal, un país de latrocinio continuado que deben financiar con sus impuestos y con las altísimas tarifas de los servicios municipales. Quizá con la excusa de no debilitar la naciente autonomía se ha pecado de una indulgencia excesiva con unos manirrotos dirigentes que han hecho del dinero de todos un botín a repartir entre partidarios, parientes y en algunos casos documentados del gobierno Matas, directamente a sus propios bolsillos. Por eso no deja de ser un alivio y una esperanza que en las páginas de una parte del llamado cuarto poder –la prensa libre como garantía de la democracia– se abra camino aquello que el verdadero poder –también los sindicatos– mantiene entre tinieblas.
En esta cueva de Alí Babá en que se ha convertido una –en principio– noble causa como la autonomía política, generalizada en el conjunto del Estado, cabe distinguir distintos aspectos. El primero de ellos es el que no se recata en reconocer el propio presidente Bauzá: "No consentiré tantas empresas públicas para cubrir cuotas políticas". Es decir que la proliferación de empresas públicas y sus elevados sueldos no tienen que ver con una necesidad objetiva fruto de una demanda social imposible de atender por los medios ordinarios de la administración y de sus funcionarios, estos que acceden a un puesto público por medio de oposiciones. Tiene que ver con el clientelismo político, con colocar a los afiliados al partido del gobierno que deben cumplir una doble función: asegurar el poder interno de la dirección partidaria y actuar de recolectores de votos en las sucesivas elecciones, sean generales, autonómicas o municipales. También para contentar a los que no han sido agraciados en la pedrea del reparto de cargos políticos. En último caso, cuando se trata de puestos de calificación menor, este clientelismo se dirige a simples electores de una u otra localidad, sea en Gesma, el Ibanat, Fodesma, una residencia pública, o en cualquier otro organismo.
Otro aspecto es el puro y simple nepotismo. Aquí ya no se trata de motivaciones políticas impresentables, sino de colocar a parientes y amigos. Casos muy populares ha habido, en época de Matas y en época de Antich. Sería espectacular conocer la relación de parientes de los gobernantes entre las plantillas de personal laboral de las administraciones, o en determinados consejos de administración que dependen de las mismas. Se sabe de autoridades académicas que han gestionado cerca de los responsables políticos la colocación de sus cónyuges. Y hasta de sus ex cónyuges. Y ha habido una vergonzosa complicidad social con estos comportamientos. Quizá porque muchas personas con un cierto pedigrí social han pensado que podía peligrar su estatus en caso de que manifestaran su repulsa por unos comportamientos a todas luces indecentes; o que se automutilaban la posibilidad de hacer lo mismo: "lo hacen todos". Entre nosotros es muy común la hipocresía de proclamar grandes principios en abstracto, pero si hay que mover influencias para colocar a un hijo, se hace. El mensaje para los jóvenes, tanto en el primer como en este segundo caso es demoledor: "No te esfuerces en ser mejor, en tener ideas propias, esfuérzate en situarte cerca del poder".
Finalmente, en el caso de Emaya, que reúne, creo, todas las posibilidades, el aspecto que con más frecuencia se ha dado, es el de la mala gestión. Aquí la corrupción fundamental ha consistido, más allá del nepotismo o del clientelismo de los últimos cuatro años, achacable directamente a UM, pero indirectamente a PSOE e IU para mantener el poder municipal, han sido los diez y seis años de gobierno del partido popular que, además, se dedicó a comprar con el dinero de todos –las tarifas del servicio público de agua y recogida de basuras– la paz social. La presión sindical –en forma de huelga– ha prácticamente desaparecido del mundo de la empresa privada, se juega con la desaparición de la empresa y, por tanto del puesto de trabajo. Ha quedado limitada a los colectivos de privilegiados, normalmente de carácter público, con una gran capacidad de presión en servicios de gran importancia social: transportes, recogida de basuras, etc.: los controladores de tráfico aéreo fueron un ejemplo. También el personal de Emaya, cuyos sueldos en algunos casos superiores a los de los consellers deben pagar los colectivos que no tienen ningún poder de presión y, no por ello menos dignos de reconocimiento. Bauzá se ha pronunciado sobre las cuotas políticas, convendría que también atendiera estas otras formas de corrupción.
(Artículo de Ramón Aguiló, publicado en "Diario de Mallorca" el 8 de julio de 2011)
En esta cueva de Alí Babá en que se ha convertido una –en principio– noble causa como la autonomía política, generalizada en el conjunto del Estado, cabe distinguir distintos aspectos. El primero de ellos es el que no se recata en reconocer el propio presidente Bauzá: "No consentiré tantas empresas públicas para cubrir cuotas políticas". Es decir que la proliferación de empresas públicas y sus elevados sueldos no tienen que ver con una necesidad objetiva fruto de una demanda social imposible de atender por los medios ordinarios de la administración y de sus funcionarios, estos que acceden a un puesto público por medio de oposiciones. Tiene que ver con el clientelismo político, con colocar a los afiliados al partido del gobierno que deben cumplir una doble función: asegurar el poder interno de la dirección partidaria y actuar de recolectores de votos en las sucesivas elecciones, sean generales, autonómicas o municipales. También para contentar a los que no han sido agraciados en la pedrea del reparto de cargos políticos. En último caso, cuando se trata de puestos de calificación menor, este clientelismo se dirige a simples electores de una u otra localidad, sea en Gesma, el Ibanat, Fodesma, una residencia pública, o en cualquier otro organismo.
Otro aspecto es el puro y simple nepotismo. Aquí ya no se trata de motivaciones políticas impresentables, sino de colocar a parientes y amigos. Casos muy populares ha habido, en época de Matas y en época de Antich. Sería espectacular conocer la relación de parientes de los gobernantes entre las plantillas de personal laboral de las administraciones, o en determinados consejos de administración que dependen de las mismas. Se sabe de autoridades académicas que han gestionado cerca de los responsables políticos la colocación de sus cónyuges. Y hasta de sus ex cónyuges. Y ha habido una vergonzosa complicidad social con estos comportamientos. Quizá porque muchas personas con un cierto pedigrí social han pensado que podía peligrar su estatus en caso de que manifestaran su repulsa por unos comportamientos a todas luces indecentes; o que se automutilaban la posibilidad de hacer lo mismo: "lo hacen todos". Entre nosotros es muy común la hipocresía de proclamar grandes principios en abstracto, pero si hay que mover influencias para colocar a un hijo, se hace. El mensaje para los jóvenes, tanto en el primer como en este segundo caso es demoledor: "No te esfuerces en ser mejor, en tener ideas propias, esfuérzate en situarte cerca del poder".
Finalmente, en el caso de Emaya, que reúne, creo, todas las posibilidades, el aspecto que con más frecuencia se ha dado, es el de la mala gestión. Aquí la corrupción fundamental ha consistido, más allá del nepotismo o del clientelismo de los últimos cuatro años, achacable directamente a UM, pero indirectamente a PSOE e IU para mantener el poder municipal, han sido los diez y seis años de gobierno del partido popular que, además, se dedicó a comprar con el dinero de todos –las tarifas del servicio público de agua y recogida de basuras– la paz social. La presión sindical –en forma de huelga– ha prácticamente desaparecido del mundo de la empresa privada, se juega con la desaparición de la empresa y, por tanto del puesto de trabajo. Ha quedado limitada a los colectivos de privilegiados, normalmente de carácter público, con una gran capacidad de presión en servicios de gran importancia social: transportes, recogida de basuras, etc.: los controladores de tráfico aéreo fueron un ejemplo. También el personal de Emaya, cuyos sueldos en algunos casos superiores a los de los consellers deben pagar los colectivos que no tienen ningún poder de presión y, no por ello menos dignos de reconocimiento. Bauzá se ha pronunciado sobre las cuotas políticas, convendría que también atendiera estas otras formas de corrupción.
(Artículo de Ramón Aguiló, publicado en "Diario de Mallorca" el 8 de julio de 2011)
LOS CORRUPTOS.
EL encanto de los sondeos de opinión, si es que tienen alguno, reside en su capacidad para convertir en número, incluso con decimales, la percepción que todos tenemos de la realidad circundante. Antes de su decimonónica invención —en USA, naturalmente— la valoración cuantitativa circulaba del poco al mucho pasando por el bastante; pero la técnica se ha ido perfeccionando y, bien alimentada por sus clientes principales, los partidos políticos y otros grupos e instituciones de escasa ambición científica, nos permite saber que el 85,6 por ciento de los españoles creen que en nuestro país la corrupción está «muy» o «bastante» extendida. Quizás para compensar tan negativa valoración de nuestra triste realidad nacional, existe un 0,2 por ciento de ciudadanos que, posiblemente instalados en la inopia, piensan que no hay corrupción y que, si la hubiere, está muy poco extendida. En esto me sumo a la mayoría; pero no desde mi convicción democrática, sino a partir de lo que Baura llamaba la malvada observación del paseante.
Algunos piensan, y así vienen diciéndolo desde hace siglos, que la corrupción es inherente a la naturaleza humana. Si fuera de ese modo, la proporción entre corruptos e íntegros tendería a ser pareja entre todos los grupos de actividad y, por lo que llevamos visto, en los conventos de clausura se dan menos casos de esta peculiar infección moral que en los Ayuntamientos. Es, natural o inducida, muy preocupante que, de cada diez ciudadanos, solo uno y medio estén a salvo de toda sospecha.
En un intento de clasificación de la corrupción en los partidos políticos, siempre según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, el PP es el más corrupto de todos y, en una escala del 0 al 10, merece una nota de 6,95. El PSOE sale algo más favorecido en este retrato sociométrico. Es 54 centésimas menos corrupto que su principal opositor: 6,41. Lo que sí parece claro, y tiende a explicar muchos de los fenómenos sobrecogedores que padecemos y alteran nuestra vida ciudadana, es que la corrupción es mucha, muchísima, y que, decimales aparte, se prodiga por doquier como una evidencia más del mal funcionamiento de un Estado en el que sus tres principales poderes viven amancebados. La corrupción les sale barata a los corruptos y, todavía peor, no está lo suficientemente mal vista por quienes la sufragan con un doloroso esfuerzo fiscal. No basta con imputar a quienes parecen inmersos en el fenómeno. Habrá, para empezar, que retirarles el saludo —la muerte civil, el ostracismo— y, después, encerrarles en un lazareto lejano de todo lo público, fuentes incluidas.
(Artículo de Manuel Martín Ferrand, publicado en "ABC" el 8 de julio de 2011)
Algunos piensan, y así vienen diciéndolo desde hace siglos, que la corrupción es inherente a la naturaleza humana. Si fuera de ese modo, la proporción entre corruptos e íntegros tendería a ser pareja entre todos los grupos de actividad y, por lo que llevamos visto, en los conventos de clausura se dan menos casos de esta peculiar infección moral que en los Ayuntamientos. Es, natural o inducida, muy preocupante que, de cada diez ciudadanos, solo uno y medio estén a salvo de toda sospecha.
En un intento de clasificación de la corrupción en los partidos políticos, siempre según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, el PP es el más corrupto de todos y, en una escala del 0 al 10, merece una nota de 6,95. El PSOE sale algo más favorecido en este retrato sociométrico. Es 54 centésimas menos corrupto que su principal opositor: 6,41. Lo que sí parece claro, y tiende a explicar muchos de los fenómenos sobrecogedores que padecemos y alteran nuestra vida ciudadana, es que la corrupción es mucha, muchísima, y que, decimales aparte, se prodiga por doquier como una evidencia más del mal funcionamiento de un Estado en el que sus tres principales poderes viven amancebados. La corrupción les sale barata a los corruptos y, todavía peor, no está lo suficientemente mal vista por quienes la sufragan con un doloroso esfuerzo fiscal. No basta con imputar a quienes parecen inmersos en el fenómeno. Habrá, para empezar, que retirarles el saludo —la muerte civil, el ostracismo— y, después, encerrarles en un lazareto lejano de todo lo público, fuentes incluidas.
(Artículo de Manuel Martín Ferrand, publicado en "ABC" el 8 de julio de 2011)
EL SISTEMA ELECTORAL MIXTO.
Está en el ambiente que la percepción generalizada respecto de nuestra clase política se mantiene bajo mínimos, hasta tal punto que, según los sondeos, es considerada el segundo problema nacional. La convicción creciente, cierta o no, de que los políticos están distanciados de los ciudadanos, constituyen una oligarquía con intereses propios distintos a los generales y se dotan de inaceptables privilegios, sigilosamente se va instalando entre nosotros. La simpatía que han sentido por los indignados (con los políticos) personas de un amplio espectro ideológico, contribuye a confirmarlo. Y cuando decimos "políticos", no nos referimos sólo a individuos sino también, aun con mayor motivo, a los partidos, los auténticos sujetos de la vida política.
Si esta convicción crece hasta hacerse ampliamente mayoritaria, la democracia entrará en zona de peligro. Las crisis económicas prolongadas, con los costes sociales consiguientes, son siempre un buen caldo de cultivo para todo tipo de populismos simplistas que suelen desembocar en salidas autoritarias. Por tanto, es necesario regenerar la democracia y una de las medidas más posibles y urgentes es la reforma electoral. Si esta reforma pretende ser eficaz en esta labor regeneradora debe aprovecharse para reformar los partidos políticos. Para comprender este alcance, apuntemos algunas características de los dos sistemas electorales clásicos, el mayoritario y el proporcional.
En el sistema mayoritario se elige un diputado por distrito y gana el candidato que ha obtenido más votos. Se trata, sin duda, de un sistema sencillo y claro, así es en Gran Bretaña y EE.UU. El sistema proporcional, más complejo, exige distritos amplios y se vota a listas de candidatos presentadas por los respectivos partidos. Mediante la aplicación de una fórmula matemática los votos obtenidos se convierten en escaños según criterios de proporcionalidad. Es la fórmula predominante en Europa, también la española en el Congreso y en todas las comunidades autónomas. Ambos sistemas tienen ventajas e inconvenientes.
El mayoritario permite una mayor proximidad entre electores y elegidos y, por tanto, un mayor conocimiento y control sobre el parlamentario, así como una más exigente rendición de cuentas al final de la legislatura. Sin embargo, tiene como desventaja fomentar que los diputados defiendan intereses puramente localistas y que se tienda al bipartidismo dejando marginadas las opciones políticas minoritarias.
La fórmula proporcional, en cambio, permite que el resultado en escaños refleje mejor el pluralismo político: las minorías pueden obtener más fácilmente representación y se frena el abstencionismo de quien no se identifica con los grandes partidos. Sin embargo, también presenta inconvenientes: primero, al votar a una lista se despersonalizan las elecciones, sólo se conoce al primero de la lista; segundo, y más importante, se otorga un gran poder a las direcciones de los partidos que son quienes confeccionan las listas de candidatos, de tal manera que, de hecho, a excepción del líder, en lugar de votar a candidatos se vota a una lista de perfectos desconocidos cuyo mayor mérito ha sido y seguirá siendo callar y obedecer.
Intentar corregir esta situación introduciendo en el actual sistema proporcional las listas desbloqueadas o abiertas no creo que sea un remedio suficiente si lo que se pretende es reformar los partidos y prestigiar la política. A mi modo de ver, la mejor solución consiste en encontrar un tercer modelo que combine las ventajas de los dos sistemas clásicos. En el sistema mixto, el sistema alemán, cada elector dispone de dos votos: uno para elegir por el sistema proporcional la lista nacional única propuesta por cada partido; y el otro para elegir a un candidato individual en cada pequeño distrito de acuerdo con el sistema mayoritario. Así, el ciudadano alemán sostiene una relación cercana con el diputado elegido directamente en su distrito mientras la fórmula proporcional aplicada a la lista nacional permite un mayor pluralismo en el resultado final que impide caer en las simplificaciones del bipartidismo.
Pero, además, esta fórmula mixta tiene otra ventaja todavía más interesante: los candidatos individuales que se presentan en los distritos cobran personalidad propia ante sus electores y se independizan, en cierta manera, de la dirección de los partidos que en su origen les designaron. Esta relación de proximidad diputado/elector, mejora necesariamente la calidad del diputado dado que está más controlado por los ciudadanos y, en su caso, la reelección no depende sólo de la voluntad del partido sino también de su propio éxito electoral. Los partidos, por decirlo así, se esponjan, se hacen más porosos y abiertos, dejan que la sociedad penetre en sus estructuras, sus diputados están cercanos a un público al que deben rendir cuentas. A su vez, la lista nacional permite mantener la columna vertebral de cada partido impidiendo que se disgregue.
En Catalunya corren aires de reforma electoral. No me extrañaría, sin embargo, que dicha reforma fuera gatopardiana: cambiarlo todo para que no cambie nada.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 7 de julio de 2011)
Si esta convicción crece hasta hacerse ampliamente mayoritaria, la democracia entrará en zona de peligro. Las crisis económicas prolongadas, con los costes sociales consiguientes, son siempre un buen caldo de cultivo para todo tipo de populismos simplistas que suelen desembocar en salidas autoritarias. Por tanto, es necesario regenerar la democracia y una de las medidas más posibles y urgentes es la reforma electoral. Si esta reforma pretende ser eficaz en esta labor regeneradora debe aprovecharse para reformar los partidos políticos. Para comprender este alcance, apuntemos algunas características de los dos sistemas electorales clásicos, el mayoritario y el proporcional.
En el sistema mayoritario se elige un diputado por distrito y gana el candidato que ha obtenido más votos. Se trata, sin duda, de un sistema sencillo y claro, así es en Gran Bretaña y EE.UU. El sistema proporcional, más complejo, exige distritos amplios y se vota a listas de candidatos presentadas por los respectivos partidos. Mediante la aplicación de una fórmula matemática los votos obtenidos se convierten en escaños según criterios de proporcionalidad. Es la fórmula predominante en Europa, también la española en el Congreso y en todas las comunidades autónomas. Ambos sistemas tienen ventajas e inconvenientes.
El mayoritario permite una mayor proximidad entre electores y elegidos y, por tanto, un mayor conocimiento y control sobre el parlamentario, así como una más exigente rendición de cuentas al final de la legislatura. Sin embargo, tiene como desventaja fomentar que los diputados defiendan intereses puramente localistas y que se tienda al bipartidismo dejando marginadas las opciones políticas minoritarias.
La fórmula proporcional, en cambio, permite que el resultado en escaños refleje mejor el pluralismo político: las minorías pueden obtener más fácilmente representación y se frena el abstencionismo de quien no se identifica con los grandes partidos. Sin embargo, también presenta inconvenientes: primero, al votar a una lista se despersonalizan las elecciones, sólo se conoce al primero de la lista; segundo, y más importante, se otorga un gran poder a las direcciones de los partidos que son quienes confeccionan las listas de candidatos, de tal manera que, de hecho, a excepción del líder, en lugar de votar a candidatos se vota a una lista de perfectos desconocidos cuyo mayor mérito ha sido y seguirá siendo callar y obedecer.
Intentar corregir esta situación introduciendo en el actual sistema proporcional las listas desbloqueadas o abiertas no creo que sea un remedio suficiente si lo que se pretende es reformar los partidos y prestigiar la política. A mi modo de ver, la mejor solución consiste en encontrar un tercer modelo que combine las ventajas de los dos sistemas clásicos. En el sistema mixto, el sistema alemán, cada elector dispone de dos votos: uno para elegir por el sistema proporcional la lista nacional única propuesta por cada partido; y el otro para elegir a un candidato individual en cada pequeño distrito de acuerdo con el sistema mayoritario. Así, el ciudadano alemán sostiene una relación cercana con el diputado elegido directamente en su distrito mientras la fórmula proporcional aplicada a la lista nacional permite un mayor pluralismo en el resultado final que impide caer en las simplificaciones del bipartidismo.
Pero, además, esta fórmula mixta tiene otra ventaja todavía más interesante: los candidatos individuales que se presentan en los distritos cobran personalidad propia ante sus electores y se independizan, en cierta manera, de la dirección de los partidos que en su origen les designaron. Esta relación de proximidad diputado/elector, mejora necesariamente la calidad del diputado dado que está más controlado por los ciudadanos y, en su caso, la reelección no depende sólo de la voluntad del partido sino también de su propio éxito electoral. Los partidos, por decirlo así, se esponjan, se hacen más porosos y abiertos, dejan que la sociedad penetre en sus estructuras, sus diputados están cercanos a un público al que deben rendir cuentas. A su vez, la lista nacional permite mantener la columna vertebral de cada partido impidiendo que se disgregue.
En Catalunya corren aires de reforma electoral. No me extrañaría, sin embargo, que dicha reforma fuera gatopardiana: cambiarlo todo para que no cambie nada.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 7 de julio de 2011)
TRANSPARENCIA Y EFICACIA.
AYER recibí un correo electrónico extraordinario que merece comentario y análisis, el contrato de Christine Lagarde como directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. No era una filtración de un amigo cotilla, ni siquiera un spam de grupos anónimos de presuntos indignados. Se trataba de una comunicación oficial del FMI en un alarde de transparencia informativa que merece elogio. Qué lección de eso que los anglosajones llaman accountabilityen plena batalla sobre la opacidad de la SGAE. El contrato establece la remuneración completa de la nueva directora, incluyendo dietas, beneficios, gastos de libre disposición y derechos de pensión, cumpliendo así con las directrices de buen gobierno que tantos proclaman y tan pocos cumplen; pocos en el sector privado y ninguno en el público. Ya me gustaría tener un documento semejante, una copia del contrato, de los presidentes de las empresas públicas españolas, por ejemplo. Ya sé que se presta a todo tipo de demagogia, pero ésta se combate con información, educación y valor político. Si hay que ponerle una pega es que el sueldo de Lagarde se actualiza con la inflación y no con la productividad, lo que contradice directamente la política económica recomendada por el FMI. No han estado muy inteligentes en este punto, supongo que porque conllevaba lesionar derechos adquiridos y prácticas establecidas y exigía negociar con los sindicatos internos de profesionales. Pero parecería lógico, porque lo que es bueno para la administración griega debe serlo también para el Fondo.
No he sido partidario del nombramiento de la ex ministra francesa. Creo, y así lo he escrito, que su nombramiento es un error por múltiples razones. Es un político y los tres anteriores no han dado muy buen resultado al frente del organismo internacional. Su designación es un paso más hacia la politización de la institución, alejándola de su imprescindible carácter técnico. No es economista y aunque pueda sonar a corporativismo por mi parte, no me imagino a un Premio Nobel de Economía dirigiendo el Tribunal Penal Internacional. Y lo peor, es europea, lo siento no soy nacionalista ni en esto, y Europa es precisamente el principal acreedor de ese organismo. Su nombramiento es como si Bankia hubiera elegido presidente al jefe de la patronal inmobiliaria. Pero dicho esto, el contrato y su publicidad son impecables y una lección para muchos.
Habrá escándalo y rasgado de vestiduras, sin duda, por el elevado salario, pero en eso el FMI también es digno de admirar. El principio es simple, si uno quiere altos funcionarios competentes tiene que estar dispuestos a pagarlos adecuadamente. Lagarde pierde dinero asumiendo esta responsabilidad y lo hace por voluntad de servicio público y un poco de ambición, que también es legítimo. Es un principio a imitar por todas las administraciones públicas. Ahora que toca austeridad, hay que hacerlo racionalmente y sin poner en peligro la eficacia de la administración ni aumentar su dependencia del sector privado. Menos funcionarios y mejor pagados, con una distribución sesgada hacia puestos técnicos y elevados niveles de escolarización, mejoran la calidad del servicio público y responden mejor a las necesidades de la Administración en una economía de mercado. Es una alternativa sin duda más eficiente que estrategias populistas de congelación salarial y estigmatización de los funcionarios porque no hay coraje político para coger la tijera y eliminar puestos innecesarios, que normalmente son de baja cualificación. Ojalá cunda el ejemplo.
(Artículo de Fernando Fernández, publicado en "ABC" el 7 de julio de 2011)
No he sido partidario del nombramiento de la ex ministra francesa. Creo, y así lo he escrito, que su nombramiento es un error por múltiples razones. Es un político y los tres anteriores no han dado muy buen resultado al frente del organismo internacional. Su designación es un paso más hacia la politización de la institución, alejándola de su imprescindible carácter técnico. No es economista y aunque pueda sonar a corporativismo por mi parte, no me imagino a un Premio Nobel de Economía dirigiendo el Tribunal Penal Internacional. Y lo peor, es europea, lo siento no soy nacionalista ni en esto, y Europa es precisamente el principal acreedor de ese organismo. Su nombramiento es como si Bankia hubiera elegido presidente al jefe de la patronal inmobiliaria. Pero dicho esto, el contrato y su publicidad son impecables y una lección para muchos.
Habrá escándalo y rasgado de vestiduras, sin duda, por el elevado salario, pero en eso el FMI también es digno de admirar. El principio es simple, si uno quiere altos funcionarios competentes tiene que estar dispuestos a pagarlos adecuadamente. Lagarde pierde dinero asumiendo esta responsabilidad y lo hace por voluntad de servicio público y un poco de ambición, que también es legítimo. Es un principio a imitar por todas las administraciones públicas. Ahora que toca austeridad, hay que hacerlo racionalmente y sin poner en peligro la eficacia de la administración ni aumentar su dependencia del sector privado. Menos funcionarios y mejor pagados, con una distribución sesgada hacia puestos técnicos y elevados niveles de escolarización, mejoran la calidad del servicio público y responden mejor a las necesidades de la Administración en una economía de mercado. Es una alternativa sin duda más eficiente que estrategias populistas de congelación salarial y estigmatización de los funcionarios porque no hay coraje político para coger la tijera y eliminar puestos innecesarios, que normalmente son de baja cualificación. Ojalá cunda el ejemplo.
(Artículo de Fernando Fernández, publicado en "ABC" el 7 de julio de 2011)
CORTES O FRONTÓN.
En 2009, la Asociación para la Defensa de la Función Pública pidió a las Cortes de Aragón que impulsara una comisión de investigación sobre los gabinetes del Gobierno autonómico y otra sobre los criterios de conducta pública de las instituciones. No existía el 15-M. Pero siempre ha habido ciudadanos que, pese a las dificultades, han luchado contra la opacidad y han impulsado el debate sobre la austeridad y la transparencia. Las Cortes desestimaron la propuesta de la asociación alegando que no estaba legitimada para hacer estas peticiones. A los afectados les pareció un portazo en su cara. Y su manera de protestar fue recurrir en amparo al Constitucional, que les ha dado la razón. El fallo anula los acuerdos de las Cortes que archivaron su petición y recuerda la importancia de este derecho fundamental. Las Cortes, en lugar de hacer de frontón, podrían haber llevado el asunto a la comisión de peticiones y derechos humanos. No lo hicieron, como si creyeran que pedir no es un derecho sino un vicio contra el que contraponer la "virtud" de no dar. El caso explica el recelo hacia los políticos. No es por sus privilegios, es por su lejanía, su negativa a escuchar. La pena es que la mala praxis de algunos, que confunden lo público con sus intereses, afecta a la imagen de muchos otros y su intachable, callada labor.
(Artículo de Encarna Samitier, publicado en "Heraldo de Aragón" el 3 de julio de 2011)
(Artículo de Encarna Samitier, publicado en "Heraldo de Aragón" el 3 de julio de 2011)
LA HORA DE "LOS PUEBLOS".
“Nosotros, los pueblos…”
Inicio de la Carta de las Naciones Unidas, 1945.
Por fin, “los pueblos” están empezando a tomar en sus manos las riendas del destino común. Las maquinaciones del Gran Dominio –financiero, militar, energético, mediático– comienzan a ser contrarrestadas por millones de voces hasta ahora desoídas y acalladas. Son los estertores de un sistema que, liderado por el presidente Reagan y la premier Thatcher, sustituyó los principios de justicia social, dignidad humana, libertad y solidaridad por el mercantilismo puro; las ayudas, por préstamos en condiciones draconianas; la cooperación internacional, por explotación; y las Naciones Unidas, por una oligarquía plutocrática (G-6, G-7, G-8…).
En todos estos años, la mayoría de los países fueron cayendo en la trampa de la “globalización”, y los intereses a corto plazo fueron ocultando, en el apogeo de la expansión neoliberal, el deterioro medioambiental, las burbujas económicas, la impunidad en el espacio supranacional con inadmisibles tráficos de toda índole, personas incluidas; el incremento de las asimetrías sociales; la deslocalización fundamentada en el “todo vale”… Todo ello aderezado con invasiones como las de Kósovo o Irak, basadas en la discrecionalidad y la mentira, sin contar con la autorización del Consejo de Seguridad.De pronto, en momentos en que el gasto militar alcanzaba diariamente los 4.000 millones de dólares al tiempo que morían de hambre más de 60.000 personas, llegó la quiebra del sistema financiero en EEUU y su inmediato “rescate”. No había dinero para los Objetivos del Milenio, para la lucha contra el hambre y la pobreza extrema, ni contra el sida, pero, de pronto, aparecieron torrentes de fondos para salvar del naufragio a los mismos financieros que habían provocado la catástrofe. El Gran Dominio, restablecido, vuelve a las andadas y ha decidido aplicar a los países de la eurozona los mismos “ajustes” que durante décadas aplicó a los países en desarrollo: recortes, despidos masivos, privatizaciones a mansalva…Sin embargo, desde los primeros años de la década de los noventa se viene fraguando el cambio radical que podría hacer posible que el siglo XXI sea el siglo de la gente. Desde el origen de los tiempos, unos cuantos hombres han mandado sobre el resto de los hombres y de las mujeres. Los ciudadanos no han tenido más opción que obedecer, ofreciendo sin discusión hasta su propia vida cuando quienes ostentaban el poder así lo requerían. Las elecciones han representado un importante adelanto, pero su “formalización progresiva” ha llevado, junto a una notoria desinformación de la ciudadanía, a democracias muy imperfectas, donde los ciudadanos son contados en las elecciones, pero luego no son tenidos en cuenta.
Pues bien, cuando la tecnología de la comunicación empezó a permitir la exposición libre –por internet y los SMS de la telefonía móvil–, estaba claro que la participación no presencial sería el gran factor de transformaciones de hondo calado. Mediante los mismos avances tecnológicos se está procurando distraer a “los pueblos”, mantenerlos como espectadores impasibles, como receptores permanentes. Pero han sido ya muchos, y serán muchos más en el futuro próximo, los que vayan incorporándose a la gran plaza mundial del ciberespacio, a la gran Puerta del Sol, desde donde pedirán, como Blas de Otero, “la paz y la palabra”. Sus voces, expresadas serena y pacíficamente, ya no podrán ser desoídas.
Esta capacidad va acompañada de una conciencia global y de un conocimiento de la realidad a escala planetaria que permiten no sólo conocer las precariedades de los demás, sino apreciar lo que cada uno posee. Los ciudadanos del mundo se van dando cuenta de que pueden modificar las formas de gobernación mundial y hacer frente a los poderes que siempre han deseado, desde sus altos pedestales, mantenerlos atemorizados y silenciados.
Así, en Irán, China, Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Siria, Italia o Reino Unido hubo concentraciones importantes, especialmente en el caso de la Primavera Árabe, movilizadas desde el ciberespacio, y el 15 de mayo se inició en España la reunión de los indignados, que respondían así a la provocación del lúcido nonagenario Stéphane Hessel. Urgidos, pero sin violencia, los ciudadanos, especialmente los jóvenes, están planteando con propuestas concretas una auténtica reformulación de la democracia.“Situaciones sin precedentes requieren soluciones sin precedentes”, ha escrito Amin Maalouf, y me gusta repetirlo. Ha llegado el momento de la reacción popular, de formular propuestas muy concretas e innovadoras que respondan a los “esfuerzos creadores” que Robert Schumman reclamaba en 1950 para la Europa comunitaria que iniciaba su andadura.
Reforma inmediata de la Ley Electoral, supresión de los paraísos fiscales, rechazo a los servicios de los bancos que utilizan esos medios de evasión, transición urgente desde una economía de especulación a una productiva, desarrollo global sostenible, son algunas de esas propuestas. Otras son la autonomía europea en seguridad, con sus propios observatorios y mecanismos de calificación y decisión económica; el inaplazable desarme nuclear, y refundación de un sistema de Naciones Unidas como interlocutor único, dotado de toda la autoridad necesaria para resolver conflictos como los que hoy intentan –con efectos colaterales inadmisibles– abordar infructuosamente los periclitados G-8 o G-20. Todo esto podría ser realidad en poco tiempo.
(Artículo de Federico Mayor Zaragoza, publicado en "Público" el 2 de julio de 2011)
Inicio de la Carta de las Naciones Unidas, 1945.
Por fin, “los pueblos” están empezando a tomar en sus manos las riendas del destino común. Las maquinaciones del Gran Dominio –financiero, militar, energético, mediático– comienzan a ser contrarrestadas por millones de voces hasta ahora desoídas y acalladas. Son los estertores de un sistema que, liderado por el presidente Reagan y la premier Thatcher, sustituyó los principios de justicia social, dignidad humana, libertad y solidaridad por el mercantilismo puro; las ayudas, por préstamos en condiciones draconianas; la cooperación internacional, por explotación; y las Naciones Unidas, por una oligarquía plutocrática (G-6, G-7, G-8…).
En todos estos años, la mayoría de los países fueron cayendo en la trampa de la “globalización”, y los intereses a corto plazo fueron ocultando, en el apogeo de la expansión neoliberal, el deterioro medioambiental, las burbujas económicas, la impunidad en el espacio supranacional con inadmisibles tráficos de toda índole, personas incluidas; el incremento de las asimetrías sociales; la deslocalización fundamentada en el “todo vale”… Todo ello aderezado con invasiones como las de Kósovo o Irak, basadas en la discrecionalidad y la mentira, sin contar con la autorización del Consejo de Seguridad.De pronto, en momentos en que el gasto militar alcanzaba diariamente los 4.000 millones de dólares al tiempo que morían de hambre más de 60.000 personas, llegó la quiebra del sistema financiero en EEUU y su inmediato “rescate”. No había dinero para los Objetivos del Milenio, para la lucha contra el hambre y la pobreza extrema, ni contra el sida, pero, de pronto, aparecieron torrentes de fondos para salvar del naufragio a los mismos financieros que habían provocado la catástrofe. El Gran Dominio, restablecido, vuelve a las andadas y ha decidido aplicar a los países de la eurozona los mismos “ajustes” que durante décadas aplicó a los países en desarrollo: recortes, despidos masivos, privatizaciones a mansalva…Sin embargo, desde los primeros años de la década de los noventa se viene fraguando el cambio radical que podría hacer posible que el siglo XXI sea el siglo de la gente. Desde el origen de los tiempos, unos cuantos hombres han mandado sobre el resto de los hombres y de las mujeres. Los ciudadanos no han tenido más opción que obedecer, ofreciendo sin discusión hasta su propia vida cuando quienes ostentaban el poder así lo requerían. Las elecciones han representado un importante adelanto, pero su “formalización progresiva” ha llevado, junto a una notoria desinformación de la ciudadanía, a democracias muy imperfectas, donde los ciudadanos son contados en las elecciones, pero luego no son tenidos en cuenta.
Pues bien, cuando la tecnología de la comunicación empezó a permitir la exposición libre –por internet y los SMS de la telefonía móvil–, estaba claro que la participación no presencial sería el gran factor de transformaciones de hondo calado. Mediante los mismos avances tecnológicos se está procurando distraer a “los pueblos”, mantenerlos como espectadores impasibles, como receptores permanentes. Pero han sido ya muchos, y serán muchos más en el futuro próximo, los que vayan incorporándose a la gran plaza mundial del ciberespacio, a la gran Puerta del Sol, desde donde pedirán, como Blas de Otero, “la paz y la palabra”. Sus voces, expresadas serena y pacíficamente, ya no podrán ser desoídas.
Esta capacidad va acompañada de una conciencia global y de un conocimiento de la realidad a escala planetaria que permiten no sólo conocer las precariedades de los demás, sino apreciar lo que cada uno posee. Los ciudadanos del mundo se van dando cuenta de que pueden modificar las formas de gobernación mundial y hacer frente a los poderes que siempre han deseado, desde sus altos pedestales, mantenerlos atemorizados y silenciados.
Así, en Irán, China, Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Siria, Italia o Reino Unido hubo concentraciones importantes, especialmente en el caso de la Primavera Árabe, movilizadas desde el ciberespacio, y el 15 de mayo se inició en España la reunión de los indignados, que respondían así a la provocación del lúcido nonagenario Stéphane Hessel. Urgidos, pero sin violencia, los ciudadanos, especialmente los jóvenes, están planteando con propuestas concretas una auténtica reformulación de la democracia.“Situaciones sin precedentes requieren soluciones sin precedentes”, ha escrito Amin Maalouf, y me gusta repetirlo. Ha llegado el momento de la reacción popular, de formular propuestas muy concretas e innovadoras que respondan a los “esfuerzos creadores” que Robert Schumman reclamaba en 1950 para la Europa comunitaria que iniciaba su andadura.
Reforma inmediata de la Ley Electoral, supresión de los paraísos fiscales, rechazo a los servicios de los bancos que utilizan esos medios de evasión, transición urgente desde una economía de especulación a una productiva, desarrollo global sostenible, son algunas de esas propuestas. Otras son la autonomía europea en seguridad, con sus propios observatorios y mecanismos de calificación y decisión económica; el inaplazable desarme nuclear, y refundación de un sistema de Naciones Unidas como interlocutor único, dotado de toda la autoridad necesaria para resolver conflictos como los que hoy intentan –con efectos colaterales inadmisibles– abordar infructuosamente los periclitados G-8 o G-20. Todo esto podría ser realidad en poco tiempo.
(Artículo de Federico Mayor Zaragoza, publicado en "Público" el 2 de julio de 2011)
LA POLÍTICA EN EL EPICENTRO DE LA INDIGNACIÓN.
Mucha gente se ha quedado perpleja ante el hecho de que el Movimiento 15-M se haya puesto de acuerdo, fundamentalmente, en reformas de tipo político, más que económico. Esas propuestas van desde la reforma de la Ley Electoral a la eliminación de imputados en las listas de los partidos políticos, hasta la petición de listas abiertas y en general más democracia en los partidos. No estoy de acuerdo con los que critican al Movimiento 15-M por haberse centrado, al final, en pedir reformas de tipo político. Al revés, creo que su petición tiene bastante sentido, como trataré de argumentar en las líneas que siguen.
La crisis económica que comienza en 2007 fue seguida, entre otras muchas declaraciones rimbombantes, por la petición de Sarkozy de que había que "refundar el capitalismo". A partir de ahí, el mundo se organizó en el G-20, y los países más desarrollados del planeta, junto con una representación de los no tan desarrollados, comenzaron a coordinarse y a hacer propuestas encaminadas a regular más, y sobre todo mejor, los mercados internacionales. El objetivo era que lo que había ocurrido a partir de 2007, y sobre todo a partir de septiembre de 2008, con la caída de Lehman Brothers, no se volviera a repetir jamás en el futuro. Dichas propuestas eran todas ellas bienintencionadas: se trataba, en esencia, de eliminar los perversos incentivos que propiciaban los comportamientos de altísimo riesgo en los mercados financieros.
El caso es que a fecha de hoy, estas propuestas siguen siendo eso, meras propuestas. Los mercados internacionales siguen haciendo dinero como lo han estado haciendo en los últimos 20 años, es decir: poniendo en riesgo a la economía real de todo el planeta y, con ello, a toda la ciudadanía. Parece que han cambiado muchas cosas, pero en realidad, desde que estallara la burbuja financiera, en 2007-2008, nada, o muy poco, ha cambiado.
El Movimiento 15-M nace, crece y va a seguir desarrollándose fundamentalmente sobre la desesperanzada constatación de que a pesar de la que nos ha caído encima nada ha cambiado. Si uno se pasea por Sol, la pregunta que le hacen recurrentemente es la siguiente: ¿cómo es posible que todo siga igual? Esa pregunta ha dejado perplejos, desorientados, a los políticos de toda clase y condición. Precisamente por ello es absolutamente necesario dar respuesta a esa pregunta. El político, los políticos que acierten en hacerlo serán los que se lleven el gato al agua, no de estas elecciones o de las siguientes, sino del gran cambio de paradigma económico, pero sobre todo político, que se avecina desde que comenzó la crisis.
Para responder a la anteriorpregunta, vayamos por partes. Una de las razones por las que "todo sigue igual" es porque los Estados no tienen potencia suficiente, capacidad, recursos, para hacer frente a los llamados mercados. En realidad, los Estados ya no son lo que una vez fueron.
¿Por qué? Hagamos un poco de memoria. En los años ochenta, cuando comienza el movimiento liberalizador de los mercados internacionales, fundamentalmente de capitales, se produce, al mismo tiempo, de manera paralela, una revolución en las ideas políticas, que hemos convenido en llamar neoconservadurismo. El abanderado de esa revolución política fue Ronald Reagan, quien puso de moda el "small is beautiful". En su dimensión política, small is beautiful quiere decir que el Estado, cuanto más pequeño, mejor. De esta manera, lo que vemos a partir de los años ochenta, no solamente en Estados Unidos, y lo que es más grave, no solamente en los países gobernados por partidos conservadores, es una progresiva retirada del Estado de todos aquellos espacios que tradicionalmente había ocupado desde la II Guerra Mundial. Así, los monopolios públicos de Estado se fueron privatizando.
Se fue dando cabida a la iniciativa privada en sectores absolutamente consustanciales con la propia esencia de lo público, como la sanidad, la educación y hasta la seguridad. Y se fueron mermando, poco a poco, los recursos, tanto materiales como humanos, de los Estados. El Estado tenía que centrarse "en lo principal" y dejar a un lado "lo accesorio", como rezaban principios tan en boga en el momento como el de la subsidiariedad. La realidad es que, con el tiempo, el Estado ya no pudo centrarse ni en lo principal, ni siquiera en lo accesorio. Dicho de otra manera, el Estado dejó de ser eficaz.
Cuando el Estado deja de ser eficaz, empieza a perder su base de legitimación social. Como señala Belén Barreiro en un excelente artículo publicado en estas mismas páginas (EL PAÍS, 16 de junio de 2011), los ciudadanos buscan en el Estado, ante todo, eficacia, que las instituciones resuelvan sus problemas de empleo, seguridad, salud, educación o de lo que sea menester. Cuando esto no ocurre, miran para otra parte. Es decir, cuando se constata, por ejemplo, que los Estados no son eficaces para subirse a los lomos de un caballo desbocado llamado "mercados financieros internacionales", los ciudadanos empiezan a preguntarse para qué valen las instituciones, para qué valen los políticos, para qué valen los coches oficiales en los que viajan, para qué valen los asesores a los que pagan... Un suma y sigue que suele acabar generando el más rancio de los populismos.
Por eso, cuando el Movimiento 15-M solicita, ante todo, reformas políticas, lo que está mandando es un mensaje más o menos articulado de denuncia ante la ineficacia del Estado. Hay que reforzar el Estado, nos están diciendo, y sus instituciones, para que pueda cumplir su promesa de que protegerá a los ciudadanos. Y reforzar al Estado pasa necesariamente por ponerlo a punto desde una perspectiva política. Fundamentalmente, porque si un Estado no es suficientemente representativo, transparente y abierto, jamás podrá ser eficaz, y si no es eficaz, carecerá de la necesaria legitimación social.
La manera de volver a crear una alianza entre la gente y el Estado, sus instituciones y los políticos, es tomando en serio las reivindicaciones de aquellos que piden que se acometa una segunda transición política en nuestro país. Sin ella no se contará con el respaldo de la gente. Y sin el respaldo de la gente, el Estado, nuestro Estado y todos los demás, jamás tendrán el empuje necesario como para poner en orden nuestra maltrecha economía. Construyamos los cimientos de nuestro nuevo modelo de sociedad empezando no por el tejado, sino por sus pilares: hablemos de política, y reformémosla, como punto de partida.
(Artículo de Antonio Estella, publicado en "El País" el 29 de junio de 2011)
La crisis económica que comienza en 2007 fue seguida, entre otras muchas declaraciones rimbombantes, por la petición de Sarkozy de que había que "refundar el capitalismo". A partir de ahí, el mundo se organizó en el G-20, y los países más desarrollados del planeta, junto con una representación de los no tan desarrollados, comenzaron a coordinarse y a hacer propuestas encaminadas a regular más, y sobre todo mejor, los mercados internacionales. El objetivo era que lo que había ocurrido a partir de 2007, y sobre todo a partir de septiembre de 2008, con la caída de Lehman Brothers, no se volviera a repetir jamás en el futuro. Dichas propuestas eran todas ellas bienintencionadas: se trataba, en esencia, de eliminar los perversos incentivos que propiciaban los comportamientos de altísimo riesgo en los mercados financieros.
El caso es que a fecha de hoy, estas propuestas siguen siendo eso, meras propuestas. Los mercados internacionales siguen haciendo dinero como lo han estado haciendo en los últimos 20 años, es decir: poniendo en riesgo a la economía real de todo el planeta y, con ello, a toda la ciudadanía. Parece que han cambiado muchas cosas, pero en realidad, desde que estallara la burbuja financiera, en 2007-2008, nada, o muy poco, ha cambiado.
El Movimiento 15-M nace, crece y va a seguir desarrollándose fundamentalmente sobre la desesperanzada constatación de que a pesar de la que nos ha caído encima nada ha cambiado. Si uno se pasea por Sol, la pregunta que le hacen recurrentemente es la siguiente: ¿cómo es posible que todo siga igual? Esa pregunta ha dejado perplejos, desorientados, a los políticos de toda clase y condición. Precisamente por ello es absolutamente necesario dar respuesta a esa pregunta. El político, los políticos que acierten en hacerlo serán los que se lleven el gato al agua, no de estas elecciones o de las siguientes, sino del gran cambio de paradigma económico, pero sobre todo político, que se avecina desde que comenzó la crisis.
Para responder a la anteriorpregunta, vayamos por partes. Una de las razones por las que "todo sigue igual" es porque los Estados no tienen potencia suficiente, capacidad, recursos, para hacer frente a los llamados mercados. En realidad, los Estados ya no son lo que una vez fueron.
¿Por qué? Hagamos un poco de memoria. En los años ochenta, cuando comienza el movimiento liberalizador de los mercados internacionales, fundamentalmente de capitales, se produce, al mismo tiempo, de manera paralela, una revolución en las ideas políticas, que hemos convenido en llamar neoconservadurismo. El abanderado de esa revolución política fue Ronald Reagan, quien puso de moda el "small is beautiful". En su dimensión política, small is beautiful quiere decir que el Estado, cuanto más pequeño, mejor. De esta manera, lo que vemos a partir de los años ochenta, no solamente en Estados Unidos, y lo que es más grave, no solamente en los países gobernados por partidos conservadores, es una progresiva retirada del Estado de todos aquellos espacios que tradicionalmente había ocupado desde la II Guerra Mundial. Así, los monopolios públicos de Estado se fueron privatizando.
Se fue dando cabida a la iniciativa privada en sectores absolutamente consustanciales con la propia esencia de lo público, como la sanidad, la educación y hasta la seguridad. Y se fueron mermando, poco a poco, los recursos, tanto materiales como humanos, de los Estados. El Estado tenía que centrarse "en lo principal" y dejar a un lado "lo accesorio", como rezaban principios tan en boga en el momento como el de la subsidiariedad. La realidad es que, con el tiempo, el Estado ya no pudo centrarse ni en lo principal, ni siquiera en lo accesorio. Dicho de otra manera, el Estado dejó de ser eficaz.
Cuando el Estado deja de ser eficaz, empieza a perder su base de legitimación social. Como señala Belén Barreiro en un excelente artículo publicado en estas mismas páginas (EL PAÍS, 16 de junio de 2011), los ciudadanos buscan en el Estado, ante todo, eficacia, que las instituciones resuelvan sus problemas de empleo, seguridad, salud, educación o de lo que sea menester. Cuando esto no ocurre, miran para otra parte. Es decir, cuando se constata, por ejemplo, que los Estados no son eficaces para subirse a los lomos de un caballo desbocado llamado "mercados financieros internacionales", los ciudadanos empiezan a preguntarse para qué valen las instituciones, para qué valen los políticos, para qué valen los coches oficiales en los que viajan, para qué valen los asesores a los que pagan... Un suma y sigue que suele acabar generando el más rancio de los populismos.
Por eso, cuando el Movimiento 15-M solicita, ante todo, reformas políticas, lo que está mandando es un mensaje más o menos articulado de denuncia ante la ineficacia del Estado. Hay que reforzar el Estado, nos están diciendo, y sus instituciones, para que pueda cumplir su promesa de que protegerá a los ciudadanos. Y reforzar al Estado pasa necesariamente por ponerlo a punto desde una perspectiva política. Fundamentalmente, porque si un Estado no es suficientemente representativo, transparente y abierto, jamás podrá ser eficaz, y si no es eficaz, carecerá de la necesaria legitimación social.
La manera de volver a crear una alianza entre la gente y el Estado, sus instituciones y los políticos, es tomando en serio las reivindicaciones de aquellos que piden que se acometa una segunda transición política en nuestro país. Sin ella no se contará con el respaldo de la gente. Y sin el respaldo de la gente, el Estado, nuestro Estado y todos los demás, jamás tendrán el empuje necesario como para poner en orden nuestra maltrecha economía. Construyamos los cimientos de nuestro nuevo modelo de sociedad empezando no por el tejado, sino por sus pilares: hablemos de política, y reformémosla, como punto de partida.
(Artículo de Antonio Estella, publicado en "El País" el 29 de junio de 2011)
CONFIAR EN LOS FUNCIONARIOS.
Sabemos que son muchos los que asesoran a las Administraciones públicas sin ser funcionarios, sino personas designadas al simple criterio del que las nombra o propone libre y hasta en ocasiones, arbitrariamente.
El régimen es mejorable pero todo irá peor si prosigue el arrinconamiento de tanto funcionario competente, pero relegado prácticamente a la inactividad, por no profesar las ideas dominantes en la Administración en la que sirven ni dejarle desempeñar el destino que por su titulación le corresponda; a veces, se premia la obediencia más que la competencia.
Los asesores no funcionarios deberían ser solo la excepción (justificada) en el mundo de las Administraciones públicas, por causa legal bastante o para asuntos de notoria especialidad. Políticos, funcionarios y ¡público! deberían remar al tiempo, mejorando cuanto se pueda la función pública, respetando los derechos particulares pero dando primacía a las obligaciones comunes.
Generalizar las acusaciones contra los funcionarios como ahora es usual es tan injusto como hacerlo contra otras profesiones; son ganas de apagar las luces para que todos los gatos parezcan pardos, que decía con chanza, un ilustre pensador. Quien opta por generalizar mucho opta por pensar poco. Humanamente, no tendemos a corregirnos porque reservamos nuestras energías para exigir que se corrijan los demás.
Opino que no es lícito atribuir a los 2.353.000 funcionarios que aproximadamente existían en España en el 2006, la misma imputación de mala conducta que se predica con inconsciencia, de todos ellos. Aunque tampoco se pueda generalizar, uno recuerda con ternura el caso de un compañero de Hacienda encargado de una ventanilla y que era tan amable con los que le consultaban, que dio lugar al abuso, hasta el punto que hubo que retirarle de allí porque a fuerza de servir casi estaba mentalmente inservible.
Los funcionarios saben que si el poder público del que participan en proporciones diversas, les dota de una especie formal de superioridad sobre los particulares, es bajo la condición implícita de descender al nivel preciso que cada cual requiera, para que le entendamos, nos entienda y sea atendido.
Pese a todo, la reforma de la Función Pública no es la cuestión principal de las que ahora exigen una atención perentoria; es seguro que hay muchos que disponen de un inventario de las deficiencias funcionariales pero me atrevo a asegurar que ninguno cuenta con un catálogo de las soluciones que remediarían los males que se denuncian y que no siempre son reales.
¿Por qué hablar críticamente de las cuestiones que afectan al funcionariado en plena crisis económica y como si fuera de ese estamento la culpa de lo que pasa? No hablo de la rebaja del 5% de los haberes que percibían, sí hablo de que ponerlos en el interior del huracán y suponer que sustituyéndolos poco menos que a todos, los compatriotas que les sustituyeran traerían consigo, la panacea de todos los males, es tan ridículo como indigno.
Los funcionarios públicos ocupan sus puestos tras duras pruebas pensadas para acreditar su preparación en pugna con otros compatriotas; cualquiera que haya sido opositor a niveles más bajos o más altos, sabe que es así y también sabe que en ocasiones, pueden primar circunstancias non sanctas precisamente y que alteran el resultado objetivo esperado de las pruebas, pero eso que es condenable, no legitimaría el cambio del sistema básico de las oposiciones y concursos aunque sí la anulación de los resultados, una vez acreditado el desafuero.
¿Quién conoce un régimen de ingreso que ofreciese más garantías que el de las oposiciones? Nadie ha sido capaz de exponer y convencer con razones ponderables, que exista ese régimen que dotase de mejor personal a las Administraciones públicas y que también, propiciara una merecida promoción a los que sepan ganársela con sacrificio. Me atrevo a sostener que las oposiciones (la segunda bárbara fiesta nacional) y los concursos, aseguran con trabajo, sudor y lágrimas, el lugar que busquemos.
Las oposiciones son como la democracia, el peor de los sistemas excluyendo los demás. Un día daremos con medio selectivo mejor pero aún nadie lo conoce; en el fondo, depende de que abunden o escaseen, las oportunidades que ofrezca la iniciativa privada. Y ese es el drama.
(Artículo de Hipólito Gómez de las Roces, publicado en "El Periódico de Aragón el 26 de junio de 2011)
El régimen es mejorable pero todo irá peor si prosigue el arrinconamiento de tanto funcionario competente, pero relegado prácticamente a la inactividad, por no profesar las ideas dominantes en la Administración en la que sirven ni dejarle desempeñar el destino que por su titulación le corresponda; a veces, se premia la obediencia más que la competencia.
Los asesores no funcionarios deberían ser solo la excepción (justificada) en el mundo de las Administraciones públicas, por causa legal bastante o para asuntos de notoria especialidad. Políticos, funcionarios y ¡público! deberían remar al tiempo, mejorando cuanto se pueda la función pública, respetando los derechos particulares pero dando primacía a las obligaciones comunes.
Generalizar las acusaciones contra los funcionarios como ahora es usual es tan injusto como hacerlo contra otras profesiones; son ganas de apagar las luces para que todos los gatos parezcan pardos, que decía con chanza, un ilustre pensador. Quien opta por generalizar mucho opta por pensar poco. Humanamente, no tendemos a corregirnos porque reservamos nuestras energías para exigir que se corrijan los demás.
Opino que no es lícito atribuir a los 2.353.000 funcionarios que aproximadamente existían en España en el 2006, la misma imputación de mala conducta que se predica con inconsciencia, de todos ellos. Aunque tampoco se pueda generalizar, uno recuerda con ternura el caso de un compañero de Hacienda encargado de una ventanilla y que era tan amable con los que le consultaban, que dio lugar al abuso, hasta el punto que hubo que retirarle de allí porque a fuerza de servir casi estaba mentalmente inservible.
Los funcionarios saben que si el poder público del que participan en proporciones diversas, les dota de una especie formal de superioridad sobre los particulares, es bajo la condición implícita de descender al nivel preciso que cada cual requiera, para que le entendamos, nos entienda y sea atendido.
Pese a todo, la reforma de la Función Pública no es la cuestión principal de las que ahora exigen una atención perentoria; es seguro que hay muchos que disponen de un inventario de las deficiencias funcionariales pero me atrevo a asegurar que ninguno cuenta con un catálogo de las soluciones que remediarían los males que se denuncian y que no siempre son reales.
¿Por qué hablar críticamente de las cuestiones que afectan al funcionariado en plena crisis económica y como si fuera de ese estamento la culpa de lo que pasa? No hablo de la rebaja del 5% de los haberes que percibían, sí hablo de que ponerlos en el interior del huracán y suponer que sustituyéndolos poco menos que a todos, los compatriotas que les sustituyeran traerían consigo, la panacea de todos los males, es tan ridículo como indigno.
Los funcionarios públicos ocupan sus puestos tras duras pruebas pensadas para acreditar su preparación en pugna con otros compatriotas; cualquiera que haya sido opositor a niveles más bajos o más altos, sabe que es así y también sabe que en ocasiones, pueden primar circunstancias non sanctas precisamente y que alteran el resultado objetivo esperado de las pruebas, pero eso que es condenable, no legitimaría el cambio del sistema básico de las oposiciones y concursos aunque sí la anulación de los resultados, una vez acreditado el desafuero.
¿Quién conoce un régimen de ingreso que ofreciese más garantías que el de las oposiciones? Nadie ha sido capaz de exponer y convencer con razones ponderables, que exista ese régimen que dotase de mejor personal a las Administraciones públicas y que también, propiciara una merecida promoción a los que sepan ganársela con sacrificio. Me atrevo a sostener que las oposiciones (la segunda bárbara fiesta nacional) y los concursos, aseguran con trabajo, sudor y lágrimas, el lugar que busquemos.
Las oposiciones son como la democracia, el peor de los sistemas excluyendo los demás. Un día daremos con medio selectivo mejor pero aún nadie lo conoce; en el fondo, depende de que abunden o escaseen, las oportunidades que ofrezca la iniciativa privada. Y ese es el drama.
(Artículo de Hipólito Gómez de las Roces, publicado en "El Periódico de Aragón el 26 de junio de 2011)
UN DERECHO DE LOS CIUDADANOS.
Naciones Unidas formuló hace años una declaración en la que establecía que los ciudadanos tienen derecho a mantenerse informados a través de las estadísticas oficiales y que, a fin de mantener su confianza, los organismos encargados de esa tarea han de decidir, "con arreglo a criterios estrictamente profesionales, científicos, éticos y públicos", los métodos de reunión, procesamiento, almacenamiento y presentación de esos datos.
Se trata, pues, de un derecho de los ciudadanos a conocer todos los datos estadísticos disponibles acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental de su país, y no de un derecho, o una información, en alguna medida reservada a los investigadores que lo soliciten o de aquellos que acrediten tener un concreto interés en el asunto. Las administraciones no deberían hurtar al ciudadano los datos en bruto y ofrecer exclusivamente gráficos "trabajados", como es práctica habitual en algunos ministerios. Las estadísticas no son solo cuestión de calidad (que es una exigencia evidente) sino también de cantidad. Basta con que cualquier lector de este periódico entre en la página web de Oficina Federal de Información Estadística de Estados Unidos (http://www.fedstats.gov/) para comprobar que es posible colocar a disposición de todo el mundo un volumen de información estadística descomunal, de manera sencilla, organizada y accesible.
Es agotador tener que recordar continuamente que España sigue teniendo un serio problema de transparencia y que, 33 años después de aprobada la Constitución democrática de 1978, siguen sin existir los instrumentos legales ni las herramientas necesarias para adecuar nuestra realidad a la de los países más avanzados de nuestro entorno. No ha sido aprobada aún la imprescindible Ley de Libre Acceso a la Información, equivalente a las Freedom Information Act que existen en prácticamente todos los países de la UE y que en España es un simple borrador fantasma, que aparece y desaparece de los programas electorales y de la secretaría del Congreso desde hace más de quince años.
El problema con los datos estadísticos es igualmente antiguo y vergonzoso. Los criminólogos y catedráticos de Derecho Penal han protestado por la desaparición de estadísticas policiales que les permitían comparar la evolución de determinados delitos y relacionarlos con edades, lugares, género o cualquier otro tipo de parámetro que les resulte útil. El Consejo Económico y Social se ha escandalizado por la opacidad que rodea a datos que son imprescindibles para analizar el pulso del sistema nacional de salud. Hace años que están secuestradas estadísticas que permitirían comparar el nivel de los servicios sanitarios que reciben los españoles, según su lugar de residencia, es decir, según la comunidad autónoma que los proporciona. El secretismo denunciado por el CES ha sido elaborado y mantenido tanto por las autoridades nacionales como por las autonómicas, perfectamente de acuerdo en sustraer datos a la opinión pública pese a la evidente vulneración de los derechos cívicos que ello implica. Hace años que los especialistas en sanidad pública exigen la creación de registros estadísticos nacionales en los que se sistematice la información de todas las comunidades autónomas.
No habrá forma de conseguir algún avance mientras que los políticos españoles, de una tendencia o de otra, de una comunidad o de otra, no acepten que la información estadística no es una herramienta suya sino un derecho de los ciudadanos y que no es algo que deba ser negociado o discutido. Es vergonzoso que a estas alturas, las listas de espera quirúrgica por Comunidades sean secretas y que el Estado no sea capaz de obtener y centralizar multitud de datos estadísticos que quedan "en poder" de los poderes autonómicos como si fueran competencias y no información destinada a ser compartida. Si el gobierno no es capaz de garantizar unas estadísticas amplias y fiables, debería impulsar al menos la creación de una Agencia Federal que actúe de manera profesional e independiente y que acabe con este escándalo.
(Artículo de Soledad Gállego-Díaz, publicado en "El País" el 23 de junio de 2011)
Se trata, pues, de un derecho de los ciudadanos a conocer todos los datos estadísticos disponibles acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental de su país, y no de un derecho, o una información, en alguna medida reservada a los investigadores que lo soliciten o de aquellos que acrediten tener un concreto interés en el asunto. Las administraciones no deberían hurtar al ciudadano los datos en bruto y ofrecer exclusivamente gráficos "trabajados", como es práctica habitual en algunos ministerios. Las estadísticas no son solo cuestión de calidad (que es una exigencia evidente) sino también de cantidad. Basta con que cualquier lector de este periódico entre en la página web de Oficina Federal de Información Estadística de Estados Unidos (http://www.fedstats.gov/) para comprobar que es posible colocar a disposición de todo el mundo un volumen de información estadística descomunal, de manera sencilla, organizada y accesible.
Es agotador tener que recordar continuamente que España sigue teniendo un serio problema de transparencia y que, 33 años después de aprobada la Constitución democrática de 1978, siguen sin existir los instrumentos legales ni las herramientas necesarias para adecuar nuestra realidad a la de los países más avanzados de nuestro entorno. No ha sido aprobada aún la imprescindible Ley de Libre Acceso a la Información, equivalente a las Freedom Information Act que existen en prácticamente todos los países de la UE y que en España es un simple borrador fantasma, que aparece y desaparece de los programas electorales y de la secretaría del Congreso desde hace más de quince años.
El problema con los datos estadísticos es igualmente antiguo y vergonzoso. Los criminólogos y catedráticos de Derecho Penal han protestado por la desaparición de estadísticas policiales que les permitían comparar la evolución de determinados delitos y relacionarlos con edades, lugares, género o cualquier otro tipo de parámetro que les resulte útil. El Consejo Económico y Social se ha escandalizado por la opacidad que rodea a datos que son imprescindibles para analizar el pulso del sistema nacional de salud. Hace años que están secuestradas estadísticas que permitirían comparar el nivel de los servicios sanitarios que reciben los españoles, según su lugar de residencia, es decir, según la comunidad autónoma que los proporciona. El secretismo denunciado por el CES ha sido elaborado y mantenido tanto por las autoridades nacionales como por las autonómicas, perfectamente de acuerdo en sustraer datos a la opinión pública pese a la evidente vulneración de los derechos cívicos que ello implica. Hace años que los especialistas en sanidad pública exigen la creación de registros estadísticos nacionales en los que se sistematice la información de todas las comunidades autónomas.
No habrá forma de conseguir algún avance mientras que los políticos españoles, de una tendencia o de otra, de una comunidad o de otra, no acepten que la información estadística no es una herramienta suya sino un derecho de los ciudadanos y que no es algo que deba ser negociado o discutido. Es vergonzoso que a estas alturas, las listas de espera quirúrgica por Comunidades sean secretas y que el Estado no sea capaz de obtener y centralizar multitud de datos estadísticos que quedan "en poder" de los poderes autonómicos como si fueran competencias y no información destinada a ser compartida. Si el gobierno no es capaz de garantizar unas estadísticas amplias y fiables, debería impulsar al menos la creación de una Agencia Federal que actúe de manera profesional e independiente y que acabe con este escándalo.
(Artículo de Soledad Gállego-Díaz, publicado en "El País" el 23 de junio de 2011)
DEFENSORES Y TRANSPARENCIA.
La figura del ombudsman, nacida en Suecia en 1809 para controlar la actividad de la Administración, es una de las instituciones más sólidas de los sistemas democráticos. Su existencia es uno de los posibles requisitos de homologación democrática, como sucede con la candidatura de Turquía para su ingreso en la UE. Se argumenta que allá donde se legisla y se construye una Administración que aplica y gestiona la legislación, se requiere un ombudsman como garantía para combatir la "mala administración".
El reciente reconocimiento normativo del Derecho a la Buena Administración abunda en la trascendencia de esta figura. Este derecho ya aparece en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 41, y se está reproduciendo en todos los nuevos ordenamientos democráticos. Consiste en que aquellos actos legales de las Administraciones que son expresión de "mala administración", deben ser señalados y corregidos. La institución idónea para ello, para controlar, investigar y proponer medidas para subsanar los errores de las Administraciones, es el ombudsman.
El Consejo de Europa recomienda con fuerza la existencia de ombudsmen o defensores en los diversos niveles de la Administración. Así el Congreso de Poderes Regionales y Locales recomienda en su Informe de 2010 de forma categórica la existencia de ombudsmen regionales para garantizar los derechos humanos en los primeros escalones de la democracia. La Asamblea Parlamentaria del Consejo informó ya en el 2003 sobre el ombudsman, y ahora su Comisión Jurídica acaba de aprobar una propuesta de elaboración de un nuevo informe, haciendo balance del trabajo de los ombudsmen en Europa y con la finalidad de fortalecer su estatus ante las amenazas que se ciernen sobre ellos, como son la Ley Presupuestaria italiana de 2010, que conlleva la desaparición de los defensores locales, o propuestas como la anunciada por la presidenta de Castilla-La Mancha. También el Comisario Europeo de Derechos Humanos y la Comisión de Prevención de la Tortura apelan constantemente a la ayuda de los ombudsmen, también regionales, para que colaboren en sus trabajos, informes y visitas.
El Ombudsman de la Unión Europea potencia la red de ombudsmen regionales para su coordinación y para la mejora de la defensa de los derechos en el seno de la UE. Todos los defensores españoles forman parte de aquella red. Por su parte, el Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), fundado en 1978, es la única organización mundial para la cooperación entre más de 150 instituciones de ombudsman. El IOI está configurado y dirigido por defensores de diversos niveles, ejerciendo los regionales un papel decisivo en el intercambio de experiencias y en la gestión de los diversos niveles de colaboración.
En nuestro ordenamiento, la Constitución Española de 1978 establece un Defensor en su Título I y prevé en su Título VIII el desarrollo del Estado de las Autonomías con Estatutos, en los cuales se recoge el principio de autoorganización de sus instituciones y la creación de las Administraciones autónomas. Estas, de acuerdo con los elementos hasta aquí citados, deben ser controladas por los defensores autonómicos. Los defensores autonómicos, como comisionados de sus respectivos parlamentos, tienen la función de informar a la Cámara autónoma sobre la actuación de la Administración a partir de su labor de control y de defensa de los derechos. Si se diera la circunstancia de que solo el Defensor del Pueblo de España ejerciera la función supervisora, este daría cuenta a las Cortes Generales de la actuación de la Administración autónoma, con lo cual se pierde uno de los elementos fundamentales de la eficacia de la institución del Ombudsman: la denuncia y la información que este lleva a cabo ante la Cámara que controla al Gobierno que dirige la Administración, con la finalidad de que el Parlamento pueda actuar en consecuencia. Por esto, además de por su proximidad y conocimiento, los defensores autonómicos son más idóneos.
Es obvio que se debe dar una distribución de funciones entre el Defensor del Pueblo y autonómicos para evitar duplicidades, trabajando en colaboración, con un gran ahorro de dinero público, suprimiendo los constantes desplazamientos a las comunidades autónomas que el Defensor del Pueblo realiza, y dar un mejor rendimiento a la función de garantía de los derechos de los ciudadanos. En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece la necesidad de que el Defensor del Pueblo y el Síndic colaboren en el ejercicio de sus funciones. Y precisamente la sentencia del recurso del Defensor del Pueblo del Tribunal Constitucional ratifica la existencia de Síndic de Greuges y estipula la necesidad de colaboración entre los mismos.
El trabajo de los defensores autonómicos es una aplicación del principio de subsidiariedad, y facilita y potencia la calidad de la defensa de los derechos. Su papel es clave en aras del control de la Administración, en favor de la transparencia y la lucha contra la mala administración y corrupción. Un Gobierno que pretenda prescindir de esta figura puede ser sospechoso de opacidad y de querer evitar el control externo, así como de debilitar la calidad democrática de nuestro sistema político.
(Artículo de Rafael Ribó, publicado en "El País" el 23 de junio de 2011)
El reciente reconocimiento normativo del Derecho a la Buena Administración abunda en la trascendencia de esta figura. Este derecho ya aparece en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 41, y se está reproduciendo en todos los nuevos ordenamientos democráticos. Consiste en que aquellos actos legales de las Administraciones que son expresión de "mala administración", deben ser señalados y corregidos. La institución idónea para ello, para controlar, investigar y proponer medidas para subsanar los errores de las Administraciones, es el ombudsman.
El Consejo de Europa recomienda con fuerza la existencia de ombudsmen o defensores en los diversos niveles de la Administración. Así el Congreso de Poderes Regionales y Locales recomienda en su Informe de 2010 de forma categórica la existencia de ombudsmen regionales para garantizar los derechos humanos en los primeros escalones de la democracia. La Asamblea Parlamentaria del Consejo informó ya en el 2003 sobre el ombudsman, y ahora su Comisión Jurídica acaba de aprobar una propuesta de elaboración de un nuevo informe, haciendo balance del trabajo de los ombudsmen en Europa y con la finalidad de fortalecer su estatus ante las amenazas que se ciernen sobre ellos, como son la Ley Presupuestaria italiana de 2010, que conlleva la desaparición de los defensores locales, o propuestas como la anunciada por la presidenta de Castilla-La Mancha. También el Comisario Europeo de Derechos Humanos y la Comisión de Prevención de la Tortura apelan constantemente a la ayuda de los ombudsmen, también regionales, para que colaboren en sus trabajos, informes y visitas.
El Ombudsman de la Unión Europea potencia la red de ombudsmen regionales para su coordinación y para la mejora de la defensa de los derechos en el seno de la UE. Todos los defensores españoles forman parte de aquella red. Por su parte, el Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), fundado en 1978, es la única organización mundial para la cooperación entre más de 150 instituciones de ombudsman. El IOI está configurado y dirigido por defensores de diversos niveles, ejerciendo los regionales un papel decisivo en el intercambio de experiencias y en la gestión de los diversos niveles de colaboración.
En nuestro ordenamiento, la Constitución Española de 1978 establece un Defensor en su Título I y prevé en su Título VIII el desarrollo del Estado de las Autonomías con Estatutos, en los cuales se recoge el principio de autoorganización de sus instituciones y la creación de las Administraciones autónomas. Estas, de acuerdo con los elementos hasta aquí citados, deben ser controladas por los defensores autonómicos. Los defensores autonómicos, como comisionados de sus respectivos parlamentos, tienen la función de informar a la Cámara autónoma sobre la actuación de la Administración a partir de su labor de control y de defensa de los derechos. Si se diera la circunstancia de que solo el Defensor del Pueblo de España ejerciera la función supervisora, este daría cuenta a las Cortes Generales de la actuación de la Administración autónoma, con lo cual se pierde uno de los elementos fundamentales de la eficacia de la institución del Ombudsman: la denuncia y la información que este lleva a cabo ante la Cámara que controla al Gobierno que dirige la Administración, con la finalidad de que el Parlamento pueda actuar en consecuencia. Por esto, además de por su proximidad y conocimiento, los defensores autonómicos son más idóneos.
Es obvio que se debe dar una distribución de funciones entre el Defensor del Pueblo y autonómicos para evitar duplicidades, trabajando en colaboración, con un gran ahorro de dinero público, suprimiendo los constantes desplazamientos a las comunidades autónomas que el Defensor del Pueblo realiza, y dar un mejor rendimiento a la función de garantía de los derechos de los ciudadanos. En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece la necesidad de que el Defensor del Pueblo y el Síndic colaboren en el ejercicio de sus funciones. Y precisamente la sentencia del recurso del Defensor del Pueblo del Tribunal Constitucional ratifica la existencia de Síndic de Greuges y estipula la necesidad de colaboración entre los mismos.
El trabajo de los defensores autonómicos es una aplicación del principio de subsidiariedad, y facilita y potencia la calidad de la defensa de los derechos. Su papel es clave en aras del control de la Administración, en favor de la transparencia y la lucha contra la mala administración y corrupción. Un Gobierno que pretenda prescindir de esta figura puede ser sospechoso de opacidad y de querer evitar el control externo, así como de debilitar la calidad democrática de nuestro sistema político.
(Artículo de Rafael Ribó, publicado en "El País" el 23 de junio de 2011)
EN NOMBRE DE LOS CASTIGADOS.
El año 2004, todavía estaba lejos la crisis global que nos golpea, Michael Hardt y Antonio Negri publicaron el libro Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio. Negri fue, durante los años sesenta y setenta, uno de los ideólogos principales y más activos de la extrema izquierda italiana. En 1979, fue detenido, procesado y condenado como inspirador de las Brigadas Rojas, aunque él negó tener vínculos con los terroristas. Después de unos años de cárcel y de exilio en Francia (protegido por el presidente Mitterrand), volvió a primera fila en medio del trauma posterior a los atentados del 11-S, reconvertido en pensador de cabecera de los grupos alterglobalizadores. En el libro mencionado, se puede encontrar la doctrina que inspira las consignas del movimiento de los indignados o 15-M: “La autonomía de la multitud y sus capacidades de autoorganización económica, política y social usurpan cualquier función de la soberanía. Así pues, tras haber dejado de ser terreno exclusivo de lo político, la soberanía ha sido desterrada de la política por la multitud. Cuando la multitud es por fin capaz de regirse a sí misma, la democracia se hace posible”. Entendámonos: donde Marx y Lenin escribían proletariado Negri pone multitud. Y la democracia que “se hace posible” es la que querrían aquellos que sostienen que la presente democracia no lo es. Clarísimo.
Si se lee con atención el párrafo de la obra de Negri y Hardt, se pone de manifiesto que (como algunos hemos intentado explicar desde hace días y mucho antes de los hechos violentos contra el Parlament y los diputados) la base ideológica de este fenómeno es la descalificación frontal de las instituciones democráticas en nombre de una masa (la multitud en red) que protagoniza un supuesto proceso insurreccional/revolucionario que trata de fundamentar una nueva legitimidad a partir de cero. Un acampado me lo resumió en otras palabras: “Nosotros no crearemos un partido político ni nada parecido, porque estamos construyendo una nueva realidad donde todo lo que tú defiendes ya no tendrá ningún sentido”. Esta ideología no es nueva, aunque algunos están convencidos de que sí. Lo que es nuevo es el formato en el que se presenta, mediante tecnologías de la comunicación que convierten todo receptor en emisor. La multitud –la masa que dirían Ortega y Gasset o Canetti– no tiene centro, ni portavoces estables, ni una dirección clara, sino que se limita a ocupar el espacio público, literalmente. Así lo hicieron con las plazas, en medio de la simpatía general. Cuando lo quisieron repetir con el Parlament, fueron víctimas de su propaganda emocional y de un cálculo táctico erróneo. Hay una palabra que sirve para denominar el poder de la masa: oclocracia. Como es evidente, todo esto no tiene nada de progresista, es pura nostalgia por un estadio primitivo de pureza ideal en que los individuos, en asamblea permanente, establecían un gobierno perfecto, liberados para siempre de los intereses oscuros de los poderosos.
Esta ideología antipolítica, antidemócrata, simplista, demagógica y populista existía antes de la crisis, siempre ha existido, adaptando su retórica a la moda de cada momento. Ahora, sin embargo, ha encontrado la gran ocasión para salir de la marginalidad y ofrecerse como la solución mágica a miles de personas que sufren de manera muy cruda y aguda los efectos de la recesión y el paro. Como todos los populistas, los vendedores de la oclocracia, los que habían leído a Negri y otros catecismos similares, los que llevaban décadas predicando desde grupúsculos sin audiencia, han salido a pescar en el malestar y, por primera vez, han encontrado gente normal que, desesperada y harta de la política oficial, les ha hecho un poco de caso y se ha sumado a la manifestación. La frustración vendrá pronto. Lo que ha pasado no es más ni menos que esto. Y no le quito ninguna importancia, obviamente. Porque todo movimiento social que es capaz de cierta movilización merece ser analizado con atención, pero insisto en un punto, para evitar malentendidos: mi interpretación –tan provisional como todas– es que el movimiento de los indignados es, en esencia, una respuesta puramente reactiva que aprovecha y explota el sufrimiento y la incertidumbre de mucha gente para vender una no-alternativa defectuosa y tóxica que, cuando se somete a las urnas, nunca pasa de obtener un apoyo testimonial; sólo deben contar el número de votos de los partidos de extrema izquierda. Con todo, es conveniente distinguir entre el movimiento de Madrid (más articulado, reformista y concreto) y el de Barcelona (dominado por posiciones más radicales y genéricas). Que la manifestación de la capital catalana fuera la más numerosa se puede explicar a partir del hecho que el Govern de la Generalitat ha sido la única administración en todo el Estado que ha impulsado unas políticas de austeridad sin disimular, mientras otras autonomías y ayuntamientos se hacen el loco, por miedo a las protestas.
En nombre de los castigados, todo vale. Tiene razón Salvador Cardús cuando dice que el problema de fondo no es el rostro más o menos violento de algunos indignados sino la inspiración antipolítica y antipluralista del movimiento. Una persona joven trataba de justificarme el intento de bloquear el Parlamento porque “los votantes de CiU fueron embaucados, no sabían que habría recortes”. No falla: el ciudadano que no se suma a la cacerolada es un ser alienado que debe ser salvado y las mayorías parlamentarias no tienen ningún valor. A partir de aquí, se hacen frases que son tan bonitas como terribles: “La calle es nuestra”. Ecos franquistas. La mezcla de ignorancia y falta de memoria no es el cóctel más aconsejable en una hora tan difícil. Como escribió Raymond Aron, el revulsivo contra la indiferencia nunca puede ser el fanatismo. Nunca.
(Artículo de Francesc-Marc Álvaro, publicado en "La Vanguardia" el 22 de junio de 2011)
Si se lee con atención el párrafo de la obra de Negri y Hardt, se pone de manifiesto que (como algunos hemos intentado explicar desde hace días y mucho antes de los hechos violentos contra el Parlament y los diputados) la base ideológica de este fenómeno es la descalificación frontal de las instituciones democráticas en nombre de una masa (la multitud en red) que protagoniza un supuesto proceso insurreccional/revolucionario que trata de fundamentar una nueva legitimidad a partir de cero. Un acampado me lo resumió en otras palabras: “Nosotros no crearemos un partido político ni nada parecido, porque estamos construyendo una nueva realidad donde todo lo que tú defiendes ya no tendrá ningún sentido”. Esta ideología no es nueva, aunque algunos están convencidos de que sí. Lo que es nuevo es el formato en el que se presenta, mediante tecnologías de la comunicación que convierten todo receptor en emisor. La multitud –la masa que dirían Ortega y Gasset o Canetti– no tiene centro, ni portavoces estables, ni una dirección clara, sino que se limita a ocupar el espacio público, literalmente. Así lo hicieron con las plazas, en medio de la simpatía general. Cuando lo quisieron repetir con el Parlament, fueron víctimas de su propaganda emocional y de un cálculo táctico erróneo. Hay una palabra que sirve para denominar el poder de la masa: oclocracia. Como es evidente, todo esto no tiene nada de progresista, es pura nostalgia por un estadio primitivo de pureza ideal en que los individuos, en asamblea permanente, establecían un gobierno perfecto, liberados para siempre de los intereses oscuros de los poderosos.
Esta ideología antipolítica, antidemócrata, simplista, demagógica y populista existía antes de la crisis, siempre ha existido, adaptando su retórica a la moda de cada momento. Ahora, sin embargo, ha encontrado la gran ocasión para salir de la marginalidad y ofrecerse como la solución mágica a miles de personas que sufren de manera muy cruda y aguda los efectos de la recesión y el paro. Como todos los populistas, los vendedores de la oclocracia, los que habían leído a Negri y otros catecismos similares, los que llevaban décadas predicando desde grupúsculos sin audiencia, han salido a pescar en el malestar y, por primera vez, han encontrado gente normal que, desesperada y harta de la política oficial, les ha hecho un poco de caso y se ha sumado a la manifestación. La frustración vendrá pronto. Lo que ha pasado no es más ni menos que esto. Y no le quito ninguna importancia, obviamente. Porque todo movimiento social que es capaz de cierta movilización merece ser analizado con atención, pero insisto en un punto, para evitar malentendidos: mi interpretación –tan provisional como todas– es que el movimiento de los indignados es, en esencia, una respuesta puramente reactiva que aprovecha y explota el sufrimiento y la incertidumbre de mucha gente para vender una no-alternativa defectuosa y tóxica que, cuando se somete a las urnas, nunca pasa de obtener un apoyo testimonial; sólo deben contar el número de votos de los partidos de extrema izquierda. Con todo, es conveniente distinguir entre el movimiento de Madrid (más articulado, reformista y concreto) y el de Barcelona (dominado por posiciones más radicales y genéricas). Que la manifestación de la capital catalana fuera la más numerosa se puede explicar a partir del hecho que el Govern de la Generalitat ha sido la única administración en todo el Estado que ha impulsado unas políticas de austeridad sin disimular, mientras otras autonomías y ayuntamientos se hacen el loco, por miedo a las protestas.
En nombre de los castigados, todo vale. Tiene razón Salvador Cardús cuando dice que el problema de fondo no es el rostro más o menos violento de algunos indignados sino la inspiración antipolítica y antipluralista del movimiento. Una persona joven trataba de justificarme el intento de bloquear el Parlamento porque “los votantes de CiU fueron embaucados, no sabían que habría recortes”. No falla: el ciudadano que no se suma a la cacerolada es un ser alienado que debe ser salvado y las mayorías parlamentarias no tienen ningún valor. A partir de aquí, se hacen frases que son tan bonitas como terribles: “La calle es nuestra”. Ecos franquistas. La mezcla de ignorancia y falta de memoria no es el cóctel más aconsejable en una hora tan difícil. Como escribió Raymond Aron, el revulsivo contra la indiferencia nunca puede ser el fanatismo. Nunca.
(Artículo de Francesc-Marc Álvaro, publicado en "La Vanguardia" el 22 de junio de 2011)
AHORA SE INDIGNAN LOS PARTIDOS.
¿Quién le pone el cascabel al gato? se preguntaba hace poco Santiago Carrillo y la misma pregunta se hacía ayer todo el mundo. Los mercados siguen apretando, Grecia se encuentra al borde del precipicio y España sufre como nunca recordando el refrán sobre las barbas del vecino. Así que ayer lo políticamente correcto era reaccionar con respeto y simpatía ante el éxito de las movilizaciones que el domingo llevaron a cabo una parte numerosa de los indignados que pueblan la península Ibérica, las Baleares y las Canarias. Sin embargo, detrás de las buenas palabras, partidos y líderes políticos no pudieron ocultar cierta indignación por el hecho de que el movimiento del 15-M rechaza a los partidos en bloque y pone en duda su legitimidad y la del parlamento.
Sólo hubo un líder político, Josep Antoni Duran Lleida, que forzó la corrección política del día. El líder de Unió Democràtica llegó a admitir que hay que combatir las imposiciones de los mercados financieros a los gobiernos democráticos como pretenden los indignados, pero una vez dicho esto añadió: “Sería un gravísimoerror pensar que se puede responder al malestar social fuera de las instituciones y del parlamentarismo. Sería hacer marcha atrás después de lo que nos ha costado conquistar la democracia. Es imposible dialogar con los indignados porque no nos quieren como interlocutores y porque pretenden deslegitimar el sistema parlamentario”.
Duran protagonizó una controversia sobre este asunto con la ministra de Defensa, Carme Chacón, que como otros dirigentes socialistas buscó seducir a los indignados. “Sus propuestas no sólo son razonables, sino también posibles” dijo la ministra e inmediatamente Duran le tomó la palabra. “La ministra Chacón tiene una gran oportunidad. Es ministra del Gobierno español. No sé por qué no lo ha hecho antes si considera razonables las propuestas. Yo emplazo al PSOE y a la ministra Chacón a que esta misma semana lleve las propuestas de los indignados al Congreso”.
Se notó ayer que la consigna socialista era hacer como que se le tiende la mano al movimiento del 15-M, conscientes que, en el fondo, se trata de clientela potencial de la izquierda. Tras la ejecutiva del PSOE, Marcelino Iglesias, felicitó en nombre del partido al movimiento de los indignados por el éxito de las manifestaciones y aseguró que la cúpula socialista había “tomado buena nota” de sus propuestas. Los socialistas andan con el corazón partido. En público tienden la mano al 15-M pero en privado la ejecutiva socialista debatió las consecuencias electorales del movimiento, si les perjudicaba o les beneficiaba electoralmente, hasta que llegó el presidente y mando a parar. José Luis Rodríguez Zapatero sentenció: “No hay mecanismos que puedan sustituir a las democracias representativas”. Y no sólo eso, el presidente del Gobierno dejó meridianamente clara su convicción de que no hay alternativa a las políticas de ajuste que está llevando a cabo para evitar que España acaba en la misma situación de Grecia. He aquí el gran dilema socialista: Si no hace las reformas, será la ruina y si se llevan a cabo, la izquierda política se rebelará contra el partido gobernante que hoy por hoy todavía es el PSOE. Desde el PP Esteban González Pons barrió para casa: “La gente está indignada con el presidente del Gobierno porque no vio la crisis y no la ha resuelto: el PP es la solución a la indignación”.
Todos los partidos se reivindicaron a sí mismos, frente a los tics antipolíticos y especialmente indignados, valga la redundancia, se mostraron partidos como ICV y ERC que recordaron que llevan años defendiendo las mismas propuestas que los indignados. El president de la Generalitat, Artur Mas, también opinó: “Hay que comprender a aquellos que tienen la sensación de que no han creado los problemas y, en cambio, los están padeciendo, pero no hay atajos, ni soluciones mágicas, ni milagros para solucionar los problemas y sólo saldremos de la crisis a través de un esfuerzo colectivo”.
(Artículo de Jordi Barbeta, publicado en "La Vanguardia" el 21 de junio de 2011)
Sólo hubo un líder político, Josep Antoni Duran Lleida, que forzó la corrección política del día. El líder de Unió Democràtica llegó a admitir que hay que combatir las imposiciones de los mercados financieros a los gobiernos democráticos como pretenden los indignados, pero una vez dicho esto añadió: “Sería un gravísimoerror pensar que se puede responder al malestar social fuera de las instituciones y del parlamentarismo. Sería hacer marcha atrás después de lo que nos ha costado conquistar la democracia. Es imposible dialogar con los indignados porque no nos quieren como interlocutores y porque pretenden deslegitimar el sistema parlamentario”.
Duran protagonizó una controversia sobre este asunto con la ministra de Defensa, Carme Chacón, que como otros dirigentes socialistas buscó seducir a los indignados. “Sus propuestas no sólo son razonables, sino también posibles” dijo la ministra e inmediatamente Duran le tomó la palabra. “La ministra Chacón tiene una gran oportunidad. Es ministra del Gobierno español. No sé por qué no lo ha hecho antes si considera razonables las propuestas. Yo emplazo al PSOE y a la ministra Chacón a que esta misma semana lleve las propuestas de los indignados al Congreso”.
Se notó ayer que la consigna socialista era hacer como que se le tiende la mano al movimiento del 15-M, conscientes que, en el fondo, se trata de clientela potencial de la izquierda. Tras la ejecutiva del PSOE, Marcelino Iglesias, felicitó en nombre del partido al movimiento de los indignados por el éxito de las manifestaciones y aseguró que la cúpula socialista había “tomado buena nota” de sus propuestas. Los socialistas andan con el corazón partido. En público tienden la mano al 15-M pero en privado la ejecutiva socialista debatió las consecuencias electorales del movimiento, si les perjudicaba o les beneficiaba electoralmente, hasta que llegó el presidente y mando a parar. José Luis Rodríguez Zapatero sentenció: “No hay mecanismos que puedan sustituir a las democracias representativas”. Y no sólo eso, el presidente del Gobierno dejó meridianamente clara su convicción de que no hay alternativa a las políticas de ajuste que está llevando a cabo para evitar que España acaba en la misma situación de Grecia. He aquí el gran dilema socialista: Si no hace las reformas, será la ruina y si se llevan a cabo, la izquierda política se rebelará contra el partido gobernante que hoy por hoy todavía es el PSOE. Desde el PP Esteban González Pons barrió para casa: “La gente está indignada con el presidente del Gobierno porque no vio la crisis y no la ha resuelto: el PP es la solución a la indignación”.
Todos los partidos se reivindicaron a sí mismos, frente a los tics antipolíticos y especialmente indignados, valga la redundancia, se mostraron partidos como ICV y ERC que recordaron que llevan años defendiendo las mismas propuestas que los indignados. El president de la Generalitat, Artur Mas, también opinó: “Hay que comprender a aquellos que tienen la sensación de que no han creado los problemas y, en cambio, los están padeciendo, pero no hay atajos, ni soluciones mágicas, ni milagros para solucionar los problemas y sólo saldremos de la crisis a través de un esfuerzo colectivo”.
(Artículo de Jordi Barbeta, publicado en "La Vanguardia" el 21 de junio de 2011)
INDIGNADOS EN ZONA GRIS.
Las manifestaciones de ayer contra el Pacto del Euro habrían sido un acto de protesta más si no fuera porque los convocantes, la plataforma Democracia Real Ya y otros grupos surgidos tras las elecciones del 22 de mayo, llevan varias semanas monopolizando gran parte del debate público en España. Bajo el eslogan de “no nos representan”, legítimo si se refiere a los líderes y partidos políticos, pero inquietante si se dirige a las instituciones, los indignados han ido adoptando causas diversas a medida que pasaban los días, desde el boicot al desahucio judicial de viviendas hasta la acampada ante las puertas del Parlamento de Cataluña en protesta por los recortes presupuestarios que se proponía aprobar el Gobierno de Mas.
Desde que los indignados aparecieron en escena, han sido numerosas las instancias que han intentado explicar el fenómeno, muchas veces proyectando sobre el movimiento un significado que, por lo demás, no resulta fácil extraer de la amalgama de sus reivindicaciones. Ideólogos, sociólogos, politólogos y especialistas en las más variadas disciplinas, además de los dirigentes políticos, han hecho decir a los manifestantes lo que, al parecer, estos no alcanzan a expresar por sí solos. Desde ámbitos conservadores, se ha querido ver en las protestas la estrategia de un ente difuso, la izquierda, que no se encuentra en los partidos ni se expresa abiertamente en los medios de comunicación, sino que forma parte de una especie de red clandestina desde la que se mueven no se sabe qué peones para conseguir cualquier cosa, empezando, según se dice, por el intento de deslegitimar por anticipado unas elecciones generales que con toda probabilidad ganará el Partido Popular.
Frente a estas elucubraciones, lo que ideólogos, sociólogos, politólogos y otros especialistas, además de los dirigentes políticos, no han buscado es describir las protestas con los términos que ofrece el Estado de derecho ni, por tanto, encontrar una respuesta dentro del sistema institucional, donde están previstos los derechos de reunión y manifestación que, a fin de cuentas, ejercen los indignados. A efectos del Estado de derecho y del sistema institucional, es indiferente que muchas de sus reivindicaciones traduzcan un sentimiento general acerca del mal uso que los dirigentes y partidos políticos hacen de las instituciones y que otras, por el contrario, sean inviables. Y es indiferente porque los indignados, como ciudadanos que son, están en su derecho de defender unas y otras dentro de los cauces legales.
Sucede, sin embargo, que la acampada de Sol y otras ciudades acabaron situadas en una zona gris de la legalidad durante la jornada de reflexión antes de las elecciones municipales. No solo a consecuencia de la deliberada desobediencia civil de los manifestantes, sino también de una resolución de la Junta Electoral Central que, ignorando la dificultad de disolver la multitud concentrada, no hubiera podido cumplirse sin provocar una alteración de la jornada electoral más grave que la que pretendía evitar. Hay quienes sostienen que ese riego debería haberse corrido fuera cual fuera su coste. Pero también es posible defender que la Junta, que no es un dispensador automático de resoluciones, debió adoptar otra decisión, fijando los límites necesarios para que la acampada no interfiriese en el desarrollo de las elecciones en lugar de ordenar disolverla. Ambas salidas eran posibles ateniéndose a la ley, como demuestra la existencia de precedentes anteriores, de forma que la opción por una u otra reclamaba una discusión política, no una argumentación académica. Todo esto es ya agua pasada, pero que, por desgracia, sigue moviendo molinos.
Los incidentes en el Parlamento de Cataluña han marcado un punto de inflexión, puesto que un grupo de exaltados acosó a unos diputados en los que tal vez ellos no se sientan representados, pero que, no obstante, representan la voluntad democráticamente expresada de miles de ciudadanos. Los convocantes de la acampada se han desmarcado de los incidentes. Es imposible entender qué gana el Estado de derecho y el sistema institucional desoyendo esa declaración, evitando al mismo tiempo dar explicaciones sobre quiénes eran esos exaltados y prefiriendo, en cambio, convertir el fenómeno de los indignados en una variante de la kale borroka y de la guerrilla urbana. Las especulaciones ideológicas, sociológicas, politológicas o de cualquier otra naturaleza sobre el significado de lo que está ocurriendo en las calles españolas pueden ser útiles en el ámbito del conocimiento; en el de la política democrática, es necesario que, cuanto antes, el fenómeno se describa en los términos del Estado de derecho para decidir una respuesta dentro del sistema institucional, y acabar con la zona gris en la que, unos por otros, todos han acabado por instalarlo.
(Artículo de José María Ridao, publicado en "El País" el 20 de junio de 2011)
"¿DE QUÉ TE ALEGRAS?", PREGUNTÓ EL ABUELO.
La manifestación, una columna obrera del Baix Llobregat, había llegado a la plaza Sant Jaume para protestar por el continuo cierre de empresas. Pedían más seguro de paro y planes urgentes de reindustrialización. Mayo de 1980, pocos meses después de las primeras elecciones al Parlament de Catalunya. Un grupo intentó ocupar el Palau de la Generalitat. Hubo forcejeos con los pocos Mossos d'Esquadra que custodiaban el edificio, mossos con sombrero de copa y alpargatas a los que aún les costaba distinguir a Jordi Pujol de Josep Tarradellas y de José Antonio Samaranch. Los policías lograron cerrar la puerta y dio comienzo una escena del siglo XV, cuando en Barcelona luchaban la Biga y la Busca, el partido de la nobleza y el de los mercaderes partidarios del proteccionismo y la devaluación de la moneda. Fortaleza asediada.
Los manifestantes empujaban y la aldaba crujía con desespero. Algunos periodistas quedamos dentro del Palau. Recuerdo como si fuese ayer el sordo vaivén de la viga de madera y el rostro grave de los funcionarios. Tenían miedo. En la plaza, el servicio de orden de Comisiones Obreras no conseguía controlar a los más exaltados. El portón resistió.
Recuerdo, aún con más emoción, lo que vino después. Llegué a casa muy impresionado por el intento de asalto al Palau de la Generalitat. Tenía veintitrés años recién cumplidos, lecturas e ideas políticas pendientes de ordenar, una vaga sensación de desarraigo después de catorce meses de instrucción militar en el desierto de Almería y un trabajo de aprendiz en el diario Tele/eXprés, tan ilusionante como triste por la precaria situación del que había sido el periódico más moderno de Barcelona. Llegué a casa y le conté a mi abuelo lo sucedido. Se lo expliqué con brillo en la mirada. Él solía leer el Avui antes de comer. En realidad se había pasado casi cuarenta años sin comprar otra publicación que no fuese el Mundo Deportivo, más las entregas semanales de El Capitán Trueno y Rin Tin Tin, que me regalaba los miércoles y los viernes. El día después de la muerte de Franco se fue al quiosco y compró su primer diario de información general desde el 26 de enero de 1939. Mi abuelo, hombre de pocas palabras, se me quedó mirando. "¿De qué te alegras?", me preguntó. No me dijo nada más y lo he recordado siempre.
Para seguir el hilo de la memoria he de contarles algunas cosas más sobre mi familia. No sé si hago bien. Mi abuelo era mecánico ajustador y su maestro en la escuela industrial de Badalona, antes de la dictadura de Primo de Rivera, había sido Artur Martorell, uno de los artífices de la renovación pedagógica en Catalunya. Conservo algunas libretas de su niñez. Unas fichas magníficas de los principales países del mundo, redactadas íntegramente en catalán, con mapas dibujados a mano y datos geográficos muy precisos. En el cuaderno de Rusia –con la bandera roja, blanca y azul en la portada– se lee lo siguiente: "Dada la magnitud de la revolución en curso, se hace muy difícil prever la evolución política de este gran país". Conservo también los cuadernos escolares de mi padre, posteriores a 1940, enteramente en castellano y con una caligrafía perfecta. Un orden catalán incipiente que buscaba su propia explicación del mundo y un orden deseoso de orden después del desastre. Mientras mi abuelo materno fabricaba munición para el ejército de la República, mi padre –un niño de seis años–, oía caer las bombas italianas cerca de su casa y veía, horrorizado, como los anarquistas lanzaban a la hoguera las imágenes de la iglesia de Sant Josep.
Ciudad de talleres, la crisis de los setenta fue muy dura en Badalona. Mucha gente perdió el trabajo. Entre ellos, mi padre, contable en una fábrica de pinturas. A los cincuenta años se vio obligado a colgar la camisa y la corbata para buscar empleo como panadero, oficio que había aprendido de joven, con mi otro abuelo. Cambió los libros de contabilidad por el trabajo nocturno y el trasiego de pesados sacos de harina. Un amigo suyo de la oficina instaló un puesto de golosinas cerca de un colegio. Algunos días, al salir de la panadería, mi padre le iba a visitar y juntos comentaban el raro avatar de sus vidas. Sin tanto aparato mediático como ahora, aquella crisis derrumbó el pequeño bienestar de mucha gente. La crisis del petróleo afectó casi exclusivamente al trabajo industrial. Había en el país muchas ganas de salir adelante, la democracia prometía bellos horizontes y una nueva generación formada en la universidad se disponía a tomar el poder. Los parados de cincuenta años se espabilaron como pudieron para llegar a la jubilación. Mi padre no la alcanzó.
Nuestra generación ha sido más afortunada. Hasta ahora hemos tenido buen viento. No hemos vivido la guerra y los grandes derrumbes a los que hemos asistido han ocurrido bastante lejos (el cuaderno de Rusia...). Ahora que las cosas se están torciendo, quizás nuestro principal deber sea prevenir males mayores –puesto que todo puede ir a peor, muy a peor– antes que entregarnos al retour d'âge y al delirio de una segunda juventud revolucionaria. Esta semana he recordado la mirada de mi abuelo al tener noticia de la repugnante agresión en Barcelona a un diputado ciego.
(Artículo de Enric Juliana, publicado en "La Vanguardia" el 19 de junio de 2011)
Los manifestantes empujaban y la aldaba crujía con desespero. Algunos periodistas quedamos dentro del Palau. Recuerdo como si fuese ayer el sordo vaivén de la viga de madera y el rostro grave de los funcionarios. Tenían miedo. En la plaza, el servicio de orden de Comisiones Obreras no conseguía controlar a los más exaltados. El portón resistió.
Recuerdo, aún con más emoción, lo que vino después. Llegué a casa muy impresionado por el intento de asalto al Palau de la Generalitat. Tenía veintitrés años recién cumplidos, lecturas e ideas políticas pendientes de ordenar, una vaga sensación de desarraigo después de catorce meses de instrucción militar en el desierto de Almería y un trabajo de aprendiz en el diario Tele/eXprés, tan ilusionante como triste por la precaria situación del que había sido el periódico más moderno de Barcelona. Llegué a casa y le conté a mi abuelo lo sucedido. Se lo expliqué con brillo en la mirada. Él solía leer el Avui antes de comer. En realidad se había pasado casi cuarenta años sin comprar otra publicación que no fuese el Mundo Deportivo, más las entregas semanales de El Capitán Trueno y Rin Tin Tin, que me regalaba los miércoles y los viernes. El día después de la muerte de Franco se fue al quiosco y compró su primer diario de información general desde el 26 de enero de 1939. Mi abuelo, hombre de pocas palabras, se me quedó mirando. "¿De qué te alegras?", me preguntó. No me dijo nada más y lo he recordado siempre.
Para seguir el hilo de la memoria he de contarles algunas cosas más sobre mi familia. No sé si hago bien. Mi abuelo era mecánico ajustador y su maestro en la escuela industrial de Badalona, antes de la dictadura de Primo de Rivera, había sido Artur Martorell, uno de los artífices de la renovación pedagógica en Catalunya. Conservo algunas libretas de su niñez. Unas fichas magníficas de los principales países del mundo, redactadas íntegramente en catalán, con mapas dibujados a mano y datos geográficos muy precisos. En el cuaderno de Rusia –con la bandera roja, blanca y azul en la portada– se lee lo siguiente: "Dada la magnitud de la revolución en curso, se hace muy difícil prever la evolución política de este gran país". Conservo también los cuadernos escolares de mi padre, posteriores a 1940, enteramente en castellano y con una caligrafía perfecta. Un orden catalán incipiente que buscaba su propia explicación del mundo y un orden deseoso de orden después del desastre. Mientras mi abuelo materno fabricaba munición para el ejército de la República, mi padre –un niño de seis años–, oía caer las bombas italianas cerca de su casa y veía, horrorizado, como los anarquistas lanzaban a la hoguera las imágenes de la iglesia de Sant Josep.
Ciudad de talleres, la crisis de los setenta fue muy dura en Badalona. Mucha gente perdió el trabajo. Entre ellos, mi padre, contable en una fábrica de pinturas. A los cincuenta años se vio obligado a colgar la camisa y la corbata para buscar empleo como panadero, oficio que había aprendido de joven, con mi otro abuelo. Cambió los libros de contabilidad por el trabajo nocturno y el trasiego de pesados sacos de harina. Un amigo suyo de la oficina instaló un puesto de golosinas cerca de un colegio. Algunos días, al salir de la panadería, mi padre le iba a visitar y juntos comentaban el raro avatar de sus vidas. Sin tanto aparato mediático como ahora, aquella crisis derrumbó el pequeño bienestar de mucha gente. La crisis del petróleo afectó casi exclusivamente al trabajo industrial. Había en el país muchas ganas de salir adelante, la democracia prometía bellos horizontes y una nueva generación formada en la universidad se disponía a tomar el poder. Los parados de cincuenta años se espabilaron como pudieron para llegar a la jubilación. Mi padre no la alcanzó.
Nuestra generación ha sido más afortunada. Hasta ahora hemos tenido buen viento. No hemos vivido la guerra y los grandes derrumbes a los que hemos asistido han ocurrido bastante lejos (el cuaderno de Rusia...). Ahora que las cosas se están torciendo, quizás nuestro principal deber sea prevenir males mayores –puesto que todo puede ir a peor, muy a peor– antes que entregarnos al retour d'âge y al delirio de una segunda juventud revolucionaria. Esta semana he recordado la mirada de mi abuelo al tener noticia de la repugnante agresión en Barcelona a un diputado ciego.
(Artículo de Enric Juliana, publicado en "La Vanguardia" el 19 de junio de 2011)
LA CORRUPCIÓN VA POR AUTONOMÍAS.
Al dispararse en España la corrupción vinculada al ladrillo anónimo, existía el riesgo de que la compra masiva de voluntades políticas no sólo pervirtiera a los gobernantes envueltos en ellas. La tentación jacobina de las prácticas corruptas podría haber conducido a una homogeneización indeseable de las distintas comunidades, pulverizando las idiosincrasias bruñidas con un coste secular. Por fortuna, la corrupción va por autonomías, y el espíritu regional se ha preservado en las operaciones de saqueo de fondos públicos, mediante el consorcio de dirigentes de los partidos y de avispados empresarios. La única excepción transfronteriza sería Gürtel, pero el prodigio admirable de esta trama consiste en metamorfosearse en sus diferentes ramales, para cumplir con el inexcusable principio darwiniano de adaptación al medio regional.
Vistos siempre desde fuera, los casos de corrupción que han salpicado a la comunidad valenciana sobresalen por la ejemplar complicidad emocional que se establece entre los empresarios y los políticos corruptos. A menudo, los socios en aventuras mercantiles desarrollan una hostilidad que acaba por entorpecer la buena marcha de la empresa. Las efusiones recogidas en las comunicaciones telefónicas aquí intervenidas contradice la pulsión divorcista. Los escándalos de esta autonomía resaltan también por la exhibición detectada en Brugal, yates incluidos. En cuanto a las diferencias entre dirigentes de línea Camps o herederos de Zaplana, los primeros tienen gustos más baratos y, probablemente por su entrada tardía en el mercado, muestran una mayor diversificación tecnológica frente a la confianza ciega de los clásicos en el ladrillo.
Sería hipócrita ocultar que la corrupción andaluza se desarrolla con una alegría especial. La emulación de Gil exige unos ritmos y un desenfado que serían impensables en autonomías más húmedas. El gilismo ha sido incorporado con éxito al equipaje genético de políticos corruptos de PP y PSOE. El alcalde socialista que guarda sus ahorros sobornados en un colchón debe resguardarse como un ejemplar de la España en vías de extinción, con el mismo esmero empleado en clasificar los restos de Atapuerca. El jolgorio gilista se traslada incluso al interiorismo. La jirafa disecada que fue inventariada en la mansión de Roca sería impensable por ejemplo en la corrupción madrileña. Insinuar siquiera que un corrompible catalán coloque un mamífero cuellilargo en su residencia, costaría una querella criminal.
La teoría de las modalidades regionales de corrupción se cumple a rajatabla en Balears, donde la insularidad acentúa los protocolos autóctonos. A diferencia de la comunidad valenciana, aquí no se percibe un cariño especial entre los políticos y los empresarios que les ayudan al vaciado de las arcas públicas. La reacción es huraña y vergonzante –quizás por el dolor de compartir una ganancia que se preferiría exclusiva–, hasta el punto de entorpecer los mecanismos de reparto. Habría que separar los casos ligados al entorno de Matas, un admirador entusiasta de Zaplana. En contra de la luminosidad andaluza, el despilfarro en suites de hotel a mil euros la noche se produce en geografías alejadas como Shangai, Moscú, Roma o Los Angeles.
Ajena a las modas que han otorgado preeminencia a la corrupción de otras comunidades, Galicia se mantiene fiel a los principios de una actividad bronca, por mucho que se intente embellecerla. Su símbolo sería el back to basics, la desnudez que se traduce en la refractariedad de los hombres de negocios corruptos a compartir una ganancia que deseaban íntegra, si acaso tras el abono de una módica comisión al político de turno. En toda España, ha sido necesaria una intensa labor pedagógica para convencer a los corruptores de que los corrompibles deben ser tratados en pie de igualdad.
Madrid practica como nadie la corrupción del restaurante, hasta el punto de que puede defenderse la tesis de que la compraventa de políticos fue una distracción ideada para amenizar las interminables sobremesas. Gürtel se impuso en la comunidad madrileña al sustituir los mamíferos disecados por la contemplación de jirafas vivas, en safaris sufragados a los políticos corruptos. Se trata sin duda de una versión más ecológica y sostenible de la corrupción, porque una misma jirafa puede ser contemplada por decenas de políticos en venta.
El club de tenis es a Cataluña lo que el restaurante a Madrid. La decidida apuesta catalana por la cultura se transmite a una corrupción de Palau de la Música. Frente a la charanga imperante en otras regiones, aquí el saqueo cursa con especial distinción. En fin, también las maniobras venales han respetado la atmósfera austera y granítica de Castilla y León, según demuestra su ramificación de Gürtel.
(Artículo de Matías Vallés, publicado en "Diario de Mallorca¨" el 18 de junio de 2011)
Vistos siempre desde fuera, los casos de corrupción que han salpicado a la comunidad valenciana sobresalen por la ejemplar complicidad emocional que se establece entre los empresarios y los políticos corruptos. A menudo, los socios en aventuras mercantiles desarrollan una hostilidad que acaba por entorpecer la buena marcha de la empresa. Las efusiones recogidas en las comunicaciones telefónicas aquí intervenidas contradice la pulsión divorcista. Los escándalos de esta autonomía resaltan también por la exhibición detectada en Brugal, yates incluidos. En cuanto a las diferencias entre dirigentes de línea Camps o herederos de Zaplana, los primeros tienen gustos más baratos y, probablemente por su entrada tardía en el mercado, muestran una mayor diversificación tecnológica frente a la confianza ciega de los clásicos en el ladrillo.
Sería hipócrita ocultar que la corrupción andaluza se desarrolla con una alegría especial. La emulación de Gil exige unos ritmos y un desenfado que serían impensables en autonomías más húmedas. El gilismo ha sido incorporado con éxito al equipaje genético de políticos corruptos de PP y PSOE. El alcalde socialista que guarda sus ahorros sobornados en un colchón debe resguardarse como un ejemplar de la España en vías de extinción, con el mismo esmero empleado en clasificar los restos de Atapuerca. El jolgorio gilista se traslada incluso al interiorismo. La jirafa disecada que fue inventariada en la mansión de Roca sería impensable por ejemplo en la corrupción madrileña. Insinuar siquiera que un corrompible catalán coloque un mamífero cuellilargo en su residencia, costaría una querella criminal.
La teoría de las modalidades regionales de corrupción se cumple a rajatabla en Balears, donde la insularidad acentúa los protocolos autóctonos. A diferencia de la comunidad valenciana, aquí no se percibe un cariño especial entre los políticos y los empresarios que les ayudan al vaciado de las arcas públicas. La reacción es huraña y vergonzante –quizás por el dolor de compartir una ganancia que se preferiría exclusiva–, hasta el punto de entorpecer los mecanismos de reparto. Habría que separar los casos ligados al entorno de Matas, un admirador entusiasta de Zaplana. En contra de la luminosidad andaluza, el despilfarro en suites de hotel a mil euros la noche se produce en geografías alejadas como Shangai, Moscú, Roma o Los Angeles.
Ajena a las modas que han otorgado preeminencia a la corrupción de otras comunidades, Galicia se mantiene fiel a los principios de una actividad bronca, por mucho que se intente embellecerla. Su símbolo sería el back to basics, la desnudez que se traduce en la refractariedad de los hombres de negocios corruptos a compartir una ganancia que deseaban íntegra, si acaso tras el abono de una módica comisión al político de turno. En toda España, ha sido necesaria una intensa labor pedagógica para convencer a los corruptores de que los corrompibles deben ser tratados en pie de igualdad.
Madrid practica como nadie la corrupción del restaurante, hasta el punto de que puede defenderse la tesis de que la compraventa de políticos fue una distracción ideada para amenizar las interminables sobremesas. Gürtel se impuso en la comunidad madrileña al sustituir los mamíferos disecados por la contemplación de jirafas vivas, en safaris sufragados a los políticos corruptos. Se trata sin duda de una versión más ecológica y sostenible de la corrupción, porque una misma jirafa puede ser contemplada por decenas de políticos en venta.
El club de tenis es a Cataluña lo que el restaurante a Madrid. La decidida apuesta catalana por la cultura se transmite a una corrupción de Palau de la Música. Frente a la charanga imperante en otras regiones, aquí el saqueo cursa con especial distinción. En fin, también las maniobras venales han respetado la atmósfera austera y granítica de Castilla y León, según demuestra su ramificación de Gürtel.
(Artículo de Matías Vallés, publicado en "Diario de Mallorca¨" el 18 de junio de 2011)
TARJETAS ROJAS.
LO de la tarjeta roja sí tiene un pase. Es algo naïf pero rebaja la tensión después del sabotaje cafre de Barcelona y está bien traído en una comunidad, la valenciana, donde a una decena de parlamentarios —empezando tal vez por el presidente— tenían que haberle mostrado la tarjetita los dirigentes de su propio partido. Otros habrá que se merezcan sólo la amarilla, y la mayoría pueden y deben seguir en el terreno de juego; cumplen su deber con errores como todo el mundo. Pero si el movimiento 15-M quiere recuperar credibilidad y simpatía popular después de las algaradas —que ha repudiado hasta Stephane Hessel, el gurú antisemita del panfletillo de cabecera— tiene que desbatasunizarse y repudiar toda forma de violencia, incluidos la intimidación y el insulto. Porque hay bastante gente deseando utilizar las buenas intenciones de los indignadoscomo materia inflamable. En una época en que los sindicatos han perdido capacidad de movilización, ciertos estrategas políticos están pensando en el potencial de esa revuelta como vanguardia de presión cuando la derecha llegue al poder y empiece a podar de veras el presupuesto. Y eso conduce a Grecia, a los bancos quemados y a las batallas campales: un programa de actos que siempre atrae a los radicales y a los exaltados pero no resulta seductor para la mayoría de la gente.
El peligro del movimiento de protesta no consiste sólo en que los extremistas lo conduzcan hacia el alboroto y la borroka, sino en que se deslice hacia la antipolítica. Compuesto en su mayoría por jóvenes que minusvaloran las libertades porque siempre han vivido en ellas, anida desde el principio en su seno un prejuicio hacia las reglas políticas que en el fondo no es sino un viejo mito antidemocrático. La democracia se caracteriza por el respeto a las leyes y a sus formas, y si algo demostró la Transición española es que es posible cambiar sin traumas incluso la legalidad de una dictadura. La gente de las acampadas no puede olvidar que, además de la presión de la calle, dispone de una contundente herramienta que se llama voto, al que los políticos temen como los agricultores al granizo. Por muy desencantados y cabreados que estén, han de entender la contradicción que supone clamar por la falta de representatividad de unos diputados elegidos por millones de españoles y en cambio creer que ellos sí representan algo más que a sí mismos. Por ese camino circulan a contramano y se van a equivocar de ruta. Ocurrió el 22 de mayo: mientras ellos se instalaban en las plazas a vivir su emocionante bautismo asambleario el resto iba a las urnas en proporción abrumadoramente superior. Un rito muy aburrido pero infinitamente más eficaz.
Las tarjetas rojas a los políticos son una manera civilizada de expresar descontento. No estaría de más que se las enseñasen también a los bárbaros antisistema que están prostituyendo su causa.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 17 de junio 2011)
DE LA INDIGNACIÓN A LA INDIGNIDAD.
Entra dentro de la normalidad democrática que los ciudadanos muestren su desacuerdo con determinadas decisiones gubernamentales, y es legítimo que a menudo expresen esta discrepancia con acciones que aspiran a la amplificación mediática. No es infrecuente, incluso, que esta actitud pueda llevar a alteraciones ocasionales del orden público. Estas alteraciones no favorecen la convivencia y, en general, no suelen aportar ninguna idea verdaderamente alternativa; en todo caso, también están previstas por las reglas del juego. Más allá de eso, sin embargo, nos adentramos ya en otro ámbito. Cruzamos la línea roja que separa nítidamente las actitudes democráticas de las que no tienen en cuenta la voluntad de la mayoría, expresada con claridad aritmética en las urnas. Sea cual sea su color político, todos y cada uno de las diputadas y los diputados del Parlament de Catalunya tienen algo en común: no están allí por casualidad, sino porque así lo decidieron democráticamente los catalanes. Y no fueron centenares o miles de catalanes, sino millones. Es muy importante subrayar este hecho, no despreciarlo como si fuera un detalle sin importancia: en democracia, las minorías no pueden imponer su voluntad a las mayorías. Asimismo, estas no pueden ignorar las inquietudes de aquellas. He ahí las reglas del juego, comunes en cualquier país que sea respetuoso con las libertades y los derechos de las personas. Quien rompe estas reglas, quien cruza la línea roja, tiene que ser muy consciente de lo que está haciendo: no se enfrenta al poder, ni al sistema, ni a otras abstracciones por el estilo, sino precisamente a lo que decidieron la mayoría de sus conciudadanos y que, en toda democracia moderna, está representado en el Parlament.
Catalunya sufre los efectos de las dificultades que afectan al Estado y una parte de Europa, con el agravante de un trato fiscal injusto por parte de España y de un endeudamiento que ha obligado a redimensionar los presupuestos de la Generalitat. Es perfectamente legítimo que muchas personas focalicen su malestar en el Govern, sin tener en cuenta el origen directo de la situación. Resulta igualmente explicable que algunos ciudadanos expresen, con toda la vehemencia necesaria, sus inquietudes y propongan reformas en profundidad –reformas radicales, en el buen sentido de la palabra, es decir, el que se refiere a la raíz de los problemas–. La democracia no es más que este juego respetuoso de discrepancias. Sin embargo, la democracia se fundamenta en el respeto, el diálogo, la discrepancia pacífica y el pacto, y en el rechazo a imponer las ideas por la vía de la violencia y la coacción.
El estado de la sociedad catalana no es ciertamente el que querríamos. Hay muchas cosas que, con el consenso adecuado, pueden y tienen que ser mejoradas. Pero entre un sistema democrático imperfecto y el caos violento que ayer se instaló a las puertas del Parlament de Catalunya, personalmente me quedo –y creo que la mayoría de la población también– con esta democracia. Puede tener sus debilidades, sus grietas, sus carencias, pero garantiza el ejercicio de los derechos y las libertades, así como la voz de todos. Las imperfecciones del sistema no justifican que nuestro país se pueda comparar, como han hecho algunos, con determinados regímenes dictatoriales donde recientemente ha acabado aflorando la legítima indignación entre los ciudadanos. Esta comparación supone una enorme falta de respeto hacia las personas que sí que han vivido de forma real y dramática la falta de libertades, la persecución arbitraria y la precariedad material. Muchos de ellos huyeron de las dictaduras donde vivían hacia unas democracias, las europeas, que ahora algunos no consideran “reales”. La comparación también resulta insultante para las personas que dieron su vida para que nuestro Parlament representara la voluntad del pueblo de Catalunya. Ayer algunos quisieron acallarlo mediante la coacción. Y estos tienen que ser denunciados, combatidos y, si es preciso, detenidos y juzgados. No es lo mismo declararse indignado que actuar de manera indigna.
A lo largo del siglo XX, la actitud hostil hacia la democracia representativa y sus instituciones –de manera especial el Parlament– tuvo sistemáticamente, sin excepciones, traducciones inquietantes e incluso catastróficas. No nacimos ayer y, en consecuencia, tenemos la obligación moral, no sólo política, de impedir la repetición de determinados errores gravísimos que comprometerían irreversiblemente el bienestar y las libertades de las generaciones futuras. Ayer, en el Parlament, los representantes legítimos del pueblo de Catalunya de todos los partidos políticos transformamos una situación de excepcionalidad, marcada por la coacción violenta de una minoría, en una sesión normal. Esta no se inició en cualquier momento, sino a las diez en punto: como estaba previsto, como tenía que ser. Gracias a las fuerzas de seguridad, a la tarea de los periodistas y, por supuesto, a la determinación de todas las personas que ayer estábamos en la Cámara, el Parlament de Catalunya funcionó. Así ha sido desde la edad media hasta nuestros días, con la excepción de los forzados paréntesis que generan los golpistas y otros profesionales de la violencia, la intolerancia y el dogmatismo.
(Artículo de Artur Mas, publicado en "La Vanguardia" el 16 de junio de 2011)
Catalunya sufre los efectos de las dificultades que afectan al Estado y una parte de Europa, con el agravante de un trato fiscal injusto por parte de España y de un endeudamiento que ha obligado a redimensionar los presupuestos de la Generalitat. Es perfectamente legítimo que muchas personas focalicen su malestar en el Govern, sin tener en cuenta el origen directo de la situación. Resulta igualmente explicable que algunos ciudadanos expresen, con toda la vehemencia necesaria, sus inquietudes y propongan reformas en profundidad –reformas radicales, en el buen sentido de la palabra, es decir, el que se refiere a la raíz de los problemas–. La democracia no es más que este juego respetuoso de discrepancias. Sin embargo, la democracia se fundamenta en el respeto, el diálogo, la discrepancia pacífica y el pacto, y en el rechazo a imponer las ideas por la vía de la violencia y la coacción.
El estado de la sociedad catalana no es ciertamente el que querríamos. Hay muchas cosas que, con el consenso adecuado, pueden y tienen que ser mejoradas. Pero entre un sistema democrático imperfecto y el caos violento que ayer se instaló a las puertas del Parlament de Catalunya, personalmente me quedo –y creo que la mayoría de la población también– con esta democracia. Puede tener sus debilidades, sus grietas, sus carencias, pero garantiza el ejercicio de los derechos y las libertades, así como la voz de todos. Las imperfecciones del sistema no justifican que nuestro país se pueda comparar, como han hecho algunos, con determinados regímenes dictatoriales donde recientemente ha acabado aflorando la legítima indignación entre los ciudadanos. Esta comparación supone una enorme falta de respeto hacia las personas que sí que han vivido de forma real y dramática la falta de libertades, la persecución arbitraria y la precariedad material. Muchos de ellos huyeron de las dictaduras donde vivían hacia unas democracias, las europeas, que ahora algunos no consideran “reales”. La comparación también resulta insultante para las personas que dieron su vida para que nuestro Parlament representara la voluntad del pueblo de Catalunya. Ayer algunos quisieron acallarlo mediante la coacción. Y estos tienen que ser denunciados, combatidos y, si es preciso, detenidos y juzgados. No es lo mismo declararse indignado que actuar de manera indigna.
A lo largo del siglo XX, la actitud hostil hacia la democracia representativa y sus instituciones –de manera especial el Parlament– tuvo sistemáticamente, sin excepciones, traducciones inquietantes e incluso catastróficas. No nacimos ayer y, en consecuencia, tenemos la obligación moral, no sólo política, de impedir la repetición de determinados errores gravísimos que comprometerían irreversiblemente el bienestar y las libertades de las generaciones futuras. Ayer, en el Parlament, los representantes legítimos del pueblo de Catalunya de todos los partidos políticos transformamos una situación de excepcionalidad, marcada por la coacción violenta de una minoría, en una sesión normal. Esta no se inició en cualquier momento, sino a las diez en punto: como estaba previsto, como tenía que ser. Gracias a las fuerzas de seguridad, a la tarea de los periodistas y, por supuesto, a la determinación de todas las personas que ayer estábamos en la Cámara, el Parlament de Catalunya funcionó. Así ha sido desde la edad media hasta nuestros días, con la excepción de los forzados paréntesis que generan los golpistas y otros profesionales de la violencia, la intolerancia y el dogmatismo.
(Artículo de Artur Mas, publicado en "La Vanguardia" el 16 de junio de 2011)
CERCO VIOLENTO.
Los sectores más radicales del movimiento que nació el pasado 15 de mayo en toda España cruzaron el Rubicón democrático ayer en Barcelona. Después de poner cerco en la tarde y noche del martes al parque de la Ciutadella, donde se halla el Parlamento de Cataluña, grupos de manifestantes trataron de impedir ayer el acceso de los parlamentarios al hemiciclo para debatir los Presupuestos de la Generalitat para 2011, la ley de más calado que anualmente presenta un Gobierno. La Cámara legislativa catalana vivió su momento más tenso desde la restauración de la democracia. Nunca un pleno había transcurrido en estas circunstancias.
Con su actitud, los concentrados trataron de coaccionar a los representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos de Cataluña y quisieron obstaculizar el cumplimiento de su labor parlamentaria. La triste guinda del pastel fue la llegada en helicóptero al Parlamento del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y algunos de los consejeros de su Gobierno.
Parte de los concentrados, los más radicales, no dudaron en recurrir al insulto o a la agresión pura y dura. Algunos diputados fueron zarandeados, muchos insultados y a unos pocos se les roció con pintura. La forma en que algunos parlamentarios tuvieron que romper el asedio fue bochornosa. Ayer se cruzó la frontera entre la legítima desobediencia civil y las reprobables actitudes violentas. La mayor parte de los concentrados se apercibieron de ello, pues en la asamblea celebrada por la tarde en Barcelona se criticó abiertamente y de forma mayoritaria a quienes participaron en agresiones y se reivindicó el carácter no violento del Movimiento del 15-M. Lo mismo sucedió en Madrid.
Entre los indignados hay de todo. También entre los políticos: los hay imputados, corruptos y, en una gran mayoría, gente que cumple con su deber con honestidad. Pero los movilizados deben tomar nota de ello y no reincidir en actitudes como la de ayer, que socavan su credibilidad y marcan una deriva abiertamente antidemocrática. Es cierto que con el paso de los días los grupos antisistema han acabado imponiendo su dinámica en el movimiento. Así, aunque la mayoría decidió en asamblea levantar la acampada en la plaza de Catalunya, los irreductibles prosiguen con su ocupación. La democracia representativa puede ser mejorable y algunas de las reivindicaciones de los indignados, de aplicarse, contribuirían a ello. Pero impedir el funcionamiento de sus instituciones, las únicas que representan legítimamente a la mayoría, es entrar en una peligrosa vía incivil.
Capítulo aparte merece la gestión de la seguridad por parte del consejero de Interior, Felip Puig. Desmesurado el pasado 27 de mayo con una carga desproporcionada en la plaza de Catalunya, tampoco supo dar ayer con la fórmula que requería dejar expedita la entrada al Parlamento catalán. Hizo lo que no debía el primer día y, en cambio, no hizo ayer lo que debía para asegurar el funcionamiento del Parlamento sin coacciones de ningún tipo.
(Editorial de "El País", publicado el 16 de junio de 2011)
Con su actitud, los concentrados trataron de coaccionar a los representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos de Cataluña y quisieron obstaculizar el cumplimiento de su labor parlamentaria. La triste guinda del pastel fue la llegada en helicóptero al Parlamento del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y algunos de los consejeros de su Gobierno.
Parte de los concentrados, los más radicales, no dudaron en recurrir al insulto o a la agresión pura y dura. Algunos diputados fueron zarandeados, muchos insultados y a unos pocos se les roció con pintura. La forma en que algunos parlamentarios tuvieron que romper el asedio fue bochornosa. Ayer se cruzó la frontera entre la legítima desobediencia civil y las reprobables actitudes violentas. La mayor parte de los concentrados se apercibieron de ello, pues en la asamblea celebrada por la tarde en Barcelona se criticó abiertamente y de forma mayoritaria a quienes participaron en agresiones y se reivindicó el carácter no violento del Movimiento del 15-M. Lo mismo sucedió en Madrid.
Entre los indignados hay de todo. También entre los políticos: los hay imputados, corruptos y, en una gran mayoría, gente que cumple con su deber con honestidad. Pero los movilizados deben tomar nota de ello y no reincidir en actitudes como la de ayer, que socavan su credibilidad y marcan una deriva abiertamente antidemocrática. Es cierto que con el paso de los días los grupos antisistema han acabado imponiendo su dinámica en el movimiento. Así, aunque la mayoría decidió en asamblea levantar la acampada en la plaza de Catalunya, los irreductibles prosiguen con su ocupación. La democracia representativa puede ser mejorable y algunas de las reivindicaciones de los indignados, de aplicarse, contribuirían a ello. Pero impedir el funcionamiento de sus instituciones, las únicas que representan legítimamente a la mayoría, es entrar en una peligrosa vía incivil.
Capítulo aparte merece la gestión de la seguridad por parte del consejero de Interior, Felip Puig. Desmesurado el pasado 27 de mayo con una carga desproporcionada en la plaza de Catalunya, tampoco supo dar ayer con la fórmula que requería dejar expedita la entrada al Parlamento catalán. Hizo lo que no debía el primer día y, en cambio, no hizo ayer lo que debía para asegurar el funcionamiento del Parlamento sin coacciones de ningún tipo.
(Editorial de "El País", publicado el 16 de junio de 2011)
LAS AUDITORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO.
En las últimas semanas, han venido apareciendo noticias en los medios de comunicación referidas a la solicitud de auditorías del sector público que va a encargar el Govern, al objeto de saber el estado real de las cuentas, solicitud que por supuesto ya había sido efectuada en otros cambios de gobierno a la inversa, en nuestra comunidad autónoma.
Pues bien la rendición de cuentas y la transparencia en el destino de los ingresos aportados por los contribuyentes, no deben ser usados como un instrumento coyuntural al objeto de poner en evidencia la gestión de la otra parte, sino que debe ser la práctica habitual y permanente de nuestros gobernantes. El grupo político que sea capaz de llevar a término dichas acciones tiene el éxito asegurado frente a la ciudadanía que a buen seguro reconocerá dichos valores básicos.
Lo cierto es que tenemos los elementos para fiscalizar al sector público como son los Interventores de la CAIB o los de las entidades locales los cuales se ocupan del control interno y la sindicatura de cuentas de las Balears constituida el 5 de febrero de 2003, que es el órgano al cual corresponde la fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable del sector público de las Balears que de acuerdo con la ley incluye:
a) La administración de la CAIB.b) Los consells insulares y las entidades locales de las Balears.c) La universidad de las Balears.d) Cualquier organismo, ente, entidad, fundación o empresa con participación directa o indirecta de cualquiera de las citadas entidades se rijan por el derecho público o privado.
La fiscalización externa se realiza mediante la realización de la auditoria financiera que debe verificar si las cuentas auditadas se han confeccionado en base a los principios contables que le son aplicables, así como la auditoría de cumplimiento de la legalidad que debe evaluar que la gestión de los recursos públicos cumple con las leyes vigentes, o dicho de otra forma que las cuentas son reales y que lógicamente se ha seguido escrupulosamente la aplicación de la legislación en vigor para su confección.
Tanto o más importante que las mencionadas anteriormente es la auditoría operativa, que incluye la auditoría de eficacia, la de economía y la de eficiencia que tratan de averiguar si se han alcanzado los objetivos previstos en el programa de actuación analizando las desviaciones observadas; si los mismos se han llevado a cabo con el mínimo coste posible y que los recursos se han utilizado conforme a las políticas previstas y por tanto no han sido despilfarrados. En pocas palabras que se gaste en lo previsto, con el mínimo coste y de la mejor forma posible.
En definitiva se trata de evaluar si la gestión llevada a cabo por cada ente, entidad, fundación, consorcio, o empresas que pertenezcan al sector público ha sido efectuada con la debida diligencia, cuestión básica al objeto de intentar mitigar el elevado déficit público existente en nuestra comunidad autónoma.
Por tanto vemos que tenemos los medios necesarios para poder controlar al sector público, otra cosa es que dichos medios tengan los elementos imprescindibles para llevar a buen término las labores encomendadas. Sirva a titulo de ejemplo que en el caso de la sindicatura de cuentas, son manifiestamente reducidas las revisiones efectuadas y los plazos de ejecución son excesivamente tardíos, como muestra reseñar que el informe de la cuenta general del Ayuntamiento de Maó correspondiente al ejercicio 2006 se ha emitido en el año 2009.
Es totalmente insuficiente tanto el número de interventores de la CAIB, así como la treintena de auditores que conforman la sindicatura de cuentas, por tanto la solución pasa por externalizar parte de los trabajos, hecho que ya se ha implantado en otras comunidades autónomas. La colaboración de los auditores del sector privado puede ser una solución válida y con menor coste, al objeto de ampliar al máximo el campo de fiscalización del sector público, así como conseguir la emisión y publicación del informe en el año siguiente al ejercicio objeto de comprobación.
De poco sirven las incidencias y y recomendaciones de los informes de auditoría, si ven la luz con demasiada tardanza respecto a la fecha objeto de la fiscalización.
La auditoría no debe ser considerada como un coste sino como una inversión. Piénsese que el sector público español contrata al año 130.000 millones de euros lo que representa un 13% del PIB, de una buena o mala gestión en dicha contratación puede resultar un diferencial sumamente importante. El cumplimiento de fiscalizar adecuadamente el sector público pasa por dotar debidamente el importe de la partida destinada a dicho fin en los presupuestos anuales aprobados por el Parlament, en sus manos señores parlamentarios, está el lograrlo.
(Artículo de Javier Navarro, publicado en "Diario de Mallorca" el 15 de junio de 2011)
Pues bien la rendición de cuentas y la transparencia en el destino de los ingresos aportados por los contribuyentes, no deben ser usados como un instrumento coyuntural al objeto de poner en evidencia la gestión de la otra parte, sino que debe ser la práctica habitual y permanente de nuestros gobernantes. El grupo político que sea capaz de llevar a término dichas acciones tiene el éxito asegurado frente a la ciudadanía que a buen seguro reconocerá dichos valores básicos.
Lo cierto es que tenemos los elementos para fiscalizar al sector público como son los Interventores de la CAIB o los de las entidades locales los cuales se ocupan del control interno y la sindicatura de cuentas de las Balears constituida el 5 de febrero de 2003, que es el órgano al cual corresponde la fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable del sector público de las Balears que de acuerdo con la ley incluye:
a) La administración de la CAIB.b) Los consells insulares y las entidades locales de las Balears.c) La universidad de las Balears.d) Cualquier organismo, ente, entidad, fundación o empresa con participación directa o indirecta de cualquiera de las citadas entidades se rijan por el derecho público o privado.
La fiscalización externa se realiza mediante la realización de la auditoria financiera que debe verificar si las cuentas auditadas se han confeccionado en base a los principios contables que le son aplicables, así como la auditoría de cumplimiento de la legalidad que debe evaluar que la gestión de los recursos públicos cumple con las leyes vigentes, o dicho de otra forma que las cuentas son reales y que lógicamente se ha seguido escrupulosamente la aplicación de la legislación en vigor para su confección.
Tanto o más importante que las mencionadas anteriormente es la auditoría operativa, que incluye la auditoría de eficacia, la de economía y la de eficiencia que tratan de averiguar si se han alcanzado los objetivos previstos en el programa de actuación analizando las desviaciones observadas; si los mismos se han llevado a cabo con el mínimo coste posible y que los recursos se han utilizado conforme a las políticas previstas y por tanto no han sido despilfarrados. En pocas palabras que se gaste en lo previsto, con el mínimo coste y de la mejor forma posible.
En definitiva se trata de evaluar si la gestión llevada a cabo por cada ente, entidad, fundación, consorcio, o empresas que pertenezcan al sector público ha sido efectuada con la debida diligencia, cuestión básica al objeto de intentar mitigar el elevado déficit público existente en nuestra comunidad autónoma.
Por tanto vemos que tenemos los medios necesarios para poder controlar al sector público, otra cosa es que dichos medios tengan los elementos imprescindibles para llevar a buen término las labores encomendadas. Sirva a titulo de ejemplo que en el caso de la sindicatura de cuentas, son manifiestamente reducidas las revisiones efectuadas y los plazos de ejecución son excesivamente tardíos, como muestra reseñar que el informe de la cuenta general del Ayuntamiento de Maó correspondiente al ejercicio 2006 se ha emitido en el año 2009.
Es totalmente insuficiente tanto el número de interventores de la CAIB, así como la treintena de auditores que conforman la sindicatura de cuentas, por tanto la solución pasa por externalizar parte de los trabajos, hecho que ya se ha implantado en otras comunidades autónomas. La colaboración de los auditores del sector privado puede ser una solución válida y con menor coste, al objeto de ampliar al máximo el campo de fiscalización del sector público, así como conseguir la emisión y publicación del informe en el año siguiente al ejercicio objeto de comprobación.
De poco sirven las incidencias y y recomendaciones de los informes de auditoría, si ven la luz con demasiada tardanza respecto a la fecha objeto de la fiscalización.
La auditoría no debe ser considerada como un coste sino como una inversión. Piénsese que el sector público español contrata al año 130.000 millones de euros lo que representa un 13% del PIB, de una buena o mala gestión en dicha contratación puede resultar un diferencial sumamente importante. El cumplimiento de fiscalizar adecuadamente el sector público pasa por dotar debidamente el importe de la partida destinada a dicho fin en los presupuestos anuales aprobados por el Parlament, en sus manos señores parlamentarios, está el lograrlo.
(Artículo de Javier Navarro, publicado en "Diario de Mallorca" el 15 de junio de 2011)
EL PODER JUDICIAL Y SU INDEPENDENCIA.
CUANDO se habla de la independencia judicial, obviamente, se está haciendo referencia, en principio, a la que todo juez o magistrado debe tener en el ejercicio de su función propia de «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado». La claridad del artículo 117 de la Constitución Española de 1978 es, en este sentido, meridiana. Al respecto, podría afirmarse con un amplísimo margen de seguridad que la inmensa mayoría de los, aproximadamente, cuatro mil setecientos jueces y magistrados que ejercen en España mantienen, con absoluta normalidad, esa independencia en el desarrollo de la jurisdicción que tienen encomendada, a la que sirven con riguroso tecnicismo jurídico dentro de una propia y verdadera profesionalidad. Pero hay otro aspecto de la independencia que hace relación al autogobierno judicial, también previsto en el artículo 122 de la misma norma constitucional, que ya no se percibe con la misma claridad. Si se estableció por el legislador constituyente, en el marco del principio de separación de poderes dentro de una única soberanía nacional, un propio autogobierno del poder judicial que vino a configurarse en la instauración, como órgano constitucional, del Consejo General de dicho poder, lo lógico hubiera sido preservar, absolutamente, al mismo de toda contaminación política. Pero la realidad ha sido muy distinta, y desde su implantación en el año 1980 hasta el momento presente la evolución degenerativa, en este aspecto, vino siendo tan evidente que nadie con sensatez puede negar que la composición y la actuación del Consejo General del Poder Judicial representan con absoluta nitidez la correlación de fuerzas políticas mayoritarias existente en ambas cámaras legislativas.
Que el órgano de gobierno del poder judicial tiene y debe tener una naturaleza política, en cuanto está llamado a ejercer una parte esencial de la gobernación de toda la ciudadanía, es algo que resulta indiscutible, como también lo es el que debe mantener una adecuada relación de colaboración y engranaje con los otros poderes del Estado. Pero que aquel órgano se halle marcadamente politizado, tanto en su configuración como en su ulterior actuación, es algo que repugna, palmariamente, a la propia naturaleza y características de la función de gobierno judicial en el seno de un Estado de Derecho que se ha distinguir, esencialmente, por la absoluta independencia y alejamiento de cuanto represente partidismo político.
La representación judicial en el seno del Consejo —doce jueces y magistrados de todas las categoría judiciales— debiera estar al margen de cualquier tipo de influencia política y encomendada, en exclusiva, al propio cuerpo judicial en su integridad, en el que se advierte una proporción importante, que llega a superar el 50%, de jueces y magistrados que no se hallan asociados. Y es que el asociacionismo judicial, perfectamente legítimo y hasta recomendable, puede conllevar el riesgo de hallarse, de alguna forma y manera, influenciado por los partidos políticos cuya ideología se conforme con la propia o predominante en las distintas asociaciones judiciales. Si llegara a ser cierto, como así se publicó en algún medio de comunicación, que, con ocasión de una de las elecciones a vocales del Consejo General del Poder Judicial, los elegidos, de una y otra tendencia ideológica, fueron convocados, seguidamente, a las respectivas sedes de los partidos políticos afines, la conclusión a la que habría de llegarse es que, ello resultaría letal para la preservación de la independencia del órgano de gobierno del poder judicial. Por otra parte, el hecho del anuncio publicitado de la identidad del nuevo presidente del expresado órgano de gobierno judicial con anterioridad a la reunión constitutiva de este último, que, precisamente, tiene como función constitucional única —artículo 123 de la Constitución de 1978— la libre elección de la persona que ha de presidir el Tribunal Supremo y, consecuentemente, el Consejo General del Poder Judicial, viene a constituir un repudiable signo de politización del órgano constitucional de referencia, al margen del prestigio y respeto que, sin la menor duda, merece la persona que resultó designada para el desempeño de tan alto cometido constitucional.
En cualquier caso, si la Constitución reserva doce puestos de los veinte que integran las vocalías del Consejo General del Poder a «jueces y magistrados de todas las categorías judiciales», parece que debiera establecerse un criterio corrector del sistema hasta ahora seguido que, de una parte, reservara seis de esas plazas a los integrantes de la carrera judicial que no se hallaren asociados; y de otra, procurase que todas las categorías, y no solo la de magistrados, estuvieran presentes en el órgano de gobierno de la judicatura. El sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial por los propios jueces y magistrados se ensayó, aunque tal vez no de forma perfecta, en la composición del primer Consejo General del Poder en el año 1980, pero, a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 —merced a la conocida como «enmienda Bandrés», que asignó a ambas cámaras legislativas la elección, también, de los doce vocales de procedencia judicial— la politización del órgano de gobierno de los jueces fue «in crescendo», y ello pese a la advertencia hecha en su día por el Tribunal Constitucional, al resolver el recurso de inconstitucionalidad planteado frente a dicha reforma de Ley Orgánica, que señaló el riesgo de que la elección íntegra por el Parlamento pudiera conllevar el peligro de un reparto de cuotas políticas, que es lo que, paradójicamente, vino produciéndose desde entonces y en forma, realmente, alarmante.
Como es obvio, esta progresiva politización del órgano de gobierno de los jueces y magistrados no es imputable a estos últimos ni a quienes los representan en dicho órgano. Esa politización deviene de las cámaras legislativas, que eligen en su integridad a los componentes del Consejo General del Poder Judicial, sobre el que pretenden ejercer un control mediato. Buena prueba de ello es la demora habida en la renovación del quinto Consejo, cuyo mandato se prolongó, prácticamente, dos años más de forma similar a lo que ocurrió y sigue ocurriendo en el Tribunal Constitucional, en el que la última renovación parcial se produjo casi tres años después, y la siguiente, que debía haberse operado en el mes de noviembre último, parece que va a seguir el mismo o parecido derrotero, y cuyos anómalos efectos se procuró subsanar con una modificación de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, de dudosa constitucionalidad, que acortó el período de mandato de los nuevos magistrados elegidos.
Pero, por si fuera poco esa politización en la periódica configuración del órgano de gobierno del poder judicial, la independencia del mismo se ve afectada, también, por el limitadísimo ámbito de competencias que se le atribuye. Si estas últimas se circunscriben, fundamentalmente, a la selección, a los nombramientos —la mayoría reglamentados, y solo en un pequeño porcentaje discrecionales— y al ejercicio de la facultad disciplinaria respecto de los jueces y magistrados y ni siquiera se le otorga la competencia en materia retributiva de estos últimos, fácilmente se advierte que la dependencia respecto del Ejecutivo —bien central o autonómico— resulta manifiesta en lo que se refiere tanto a la dotación de medios personales como a la de los materiales. Si, por el contrario, tanto el poder ejecutivo como el legislativo cuentan con una propia y separada autonomía en orden a la gestión de todo su entramado burocrático, no se entiende muy bien por qué el poder judicial ha de hallarse tutelado y depender del Ejecutivo —Ministerio de Justicia o Consejerías de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia— para el desarrollo de la función pública que, constitucionalmente, tiene asignada como los otros dos poderes del Estado tienen la suya.
Bien, frente a cuanto se deja expuesto se podrá decir que la soberanía nacional se halla legítimamente representada en las Cortes Generales y que la responsabilidad de lo que estas hagan deberá depurarse en el proceso electoral, pero esto no resta un ápice al lamentable espectáculo que se está dando a la ciudadanía, que asiste atónita, aunque pueda no parecerlo, a los manejos orientados a la politización de órganos constitucionales, cuya divisa debe estar en su más radical y absoluta independencia.
(Artículo de Benigno Varela, publicado en "ABC" el 13 de junio de 2011)
Que el órgano de gobierno del poder judicial tiene y debe tener una naturaleza política, en cuanto está llamado a ejercer una parte esencial de la gobernación de toda la ciudadanía, es algo que resulta indiscutible, como también lo es el que debe mantener una adecuada relación de colaboración y engranaje con los otros poderes del Estado. Pero que aquel órgano se halle marcadamente politizado, tanto en su configuración como en su ulterior actuación, es algo que repugna, palmariamente, a la propia naturaleza y características de la función de gobierno judicial en el seno de un Estado de Derecho que se ha distinguir, esencialmente, por la absoluta independencia y alejamiento de cuanto represente partidismo político.
La representación judicial en el seno del Consejo —doce jueces y magistrados de todas las categoría judiciales— debiera estar al margen de cualquier tipo de influencia política y encomendada, en exclusiva, al propio cuerpo judicial en su integridad, en el que se advierte una proporción importante, que llega a superar el 50%, de jueces y magistrados que no se hallan asociados. Y es que el asociacionismo judicial, perfectamente legítimo y hasta recomendable, puede conllevar el riesgo de hallarse, de alguna forma y manera, influenciado por los partidos políticos cuya ideología se conforme con la propia o predominante en las distintas asociaciones judiciales. Si llegara a ser cierto, como así se publicó en algún medio de comunicación, que, con ocasión de una de las elecciones a vocales del Consejo General del Poder Judicial, los elegidos, de una y otra tendencia ideológica, fueron convocados, seguidamente, a las respectivas sedes de los partidos políticos afines, la conclusión a la que habría de llegarse es que, ello resultaría letal para la preservación de la independencia del órgano de gobierno del poder judicial. Por otra parte, el hecho del anuncio publicitado de la identidad del nuevo presidente del expresado órgano de gobierno judicial con anterioridad a la reunión constitutiva de este último, que, precisamente, tiene como función constitucional única —artículo 123 de la Constitución de 1978— la libre elección de la persona que ha de presidir el Tribunal Supremo y, consecuentemente, el Consejo General del Poder Judicial, viene a constituir un repudiable signo de politización del órgano constitucional de referencia, al margen del prestigio y respeto que, sin la menor duda, merece la persona que resultó designada para el desempeño de tan alto cometido constitucional.
En cualquier caso, si la Constitución reserva doce puestos de los veinte que integran las vocalías del Consejo General del Poder a «jueces y magistrados de todas las categorías judiciales», parece que debiera establecerse un criterio corrector del sistema hasta ahora seguido que, de una parte, reservara seis de esas plazas a los integrantes de la carrera judicial que no se hallaren asociados; y de otra, procurase que todas las categorías, y no solo la de magistrados, estuvieran presentes en el órgano de gobierno de la judicatura. El sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial por los propios jueces y magistrados se ensayó, aunque tal vez no de forma perfecta, en la composición del primer Consejo General del Poder en el año 1980, pero, a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 —merced a la conocida como «enmienda Bandrés», que asignó a ambas cámaras legislativas la elección, también, de los doce vocales de procedencia judicial— la politización del órgano de gobierno de los jueces fue «in crescendo», y ello pese a la advertencia hecha en su día por el Tribunal Constitucional, al resolver el recurso de inconstitucionalidad planteado frente a dicha reforma de Ley Orgánica, que señaló el riesgo de que la elección íntegra por el Parlamento pudiera conllevar el peligro de un reparto de cuotas políticas, que es lo que, paradójicamente, vino produciéndose desde entonces y en forma, realmente, alarmante.
Como es obvio, esta progresiva politización del órgano de gobierno de los jueces y magistrados no es imputable a estos últimos ni a quienes los representan en dicho órgano. Esa politización deviene de las cámaras legislativas, que eligen en su integridad a los componentes del Consejo General del Poder Judicial, sobre el que pretenden ejercer un control mediato. Buena prueba de ello es la demora habida en la renovación del quinto Consejo, cuyo mandato se prolongó, prácticamente, dos años más de forma similar a lo que ocurrió y sigue ocurriendo en el Tribunal Constitucional, en el que la última renovación parcial se produjo casi tres años después, y la siguiente, que debía haberse operado en el mes de noviembre último, parece que va a seguir el mismo o parecido derrotero, y cuyos anómalos efectos se procuró subsanar con una modificación de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, de dudosa constitucionalidad, que acortó el período de mandato de los nuevos magistrados elegidos.
Pero, por si fuera poco esa politización en la periódica configuración del órgano de gobierno del poder judicial, la independencia del mismo se ve afectada, también, por el limitadísimo ámbito de competencias que se le atribuye. Si estas últimas se circunscriben, fundamentalmente, a la selección, a los nombramientos —la mayoría reglamentados, y solo en un pequeño porcentaje discrecionales— y al ejercicio de la facultad disciplinaria respecto de los jueces y magistrados y ni siquiera se le otorga la competencia en materia retributiva de estos últimos, fácilmente se advierte que la dependencia respecto del Ejecutivo —bien central o autonómico— resulta manifiesta en lo que se refiere tanto a la dotación de medios personales como a la de los materiales. Si, por el contrario, tanto el poder ejecutivo como el legislativo cuentan con una propia y separada autonomía en orden a la gestión de todo su entramado burocrático, no se entiende muy bien por qué el poder judicial ha de hallarse tutelado y depender del Ejecutivo —Ministerio de Justicia o Consejerías de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia— para el desarrollo de la función pública que, constitucionalmente, tiene asignada como los otros dos poderes del Estado tienen la suya.
Bien, frente a cuanto se deja expuesto se podrá decir que la soberanía nacional se halla legítimamente representada en las Cortes Generales y que la responsabilidad de lo que estas hagan deberá depurarse en el proceso electoral, pero esto no resta un ápice al lamentable espectáculo que se está dando a la ciudadanía, que asiste atónita, aunque pueda no parecerlo, a los manejos orientados a la politización de órganos constitucionales, cuya divisa debe estar en su más radical y absoluta independencia.
(Artículo de Benigno Varela, publicado en "ABC" el 13 de junio de 2011)
GENIAL, PERO MAL BICHO.
Bajo el título Mal bicho, pero genial (12 de abril) publicaba Juan Goytisolo un artículo en el que lamenta, como antes Vargas Llosa, la decisión del Gobierno francés de suspender su previsto homenaje al escritor Celine. A su parecer, el "odioso antisemitismo" de este escritor y "su abierta colaboración con los nazis" no restan ni un ápice de su maestría literaria. Era un mal bicho, conviene, pero sin duda genial. Claro que, al venir en último lugar y tras una conjunción adversativa, el calificativo estético tiende a prevalecer sobre el moral. Probemos sin embargo a decir al revés que Celine sin duda fue un genio, pero un mal bicho, y el lector entenderá entonces que debe contar más su deficiencia moral que su excelencia artística. E incluso que esta decae en alguien que lleva "una conducta ignominiosamente vil y rastrera".
Es lo que yo defendía en otro artículo anterior, La lección del 'caso Celine' (19 de marzo), al que -seguramente sin advertirlo- Goytisolo estaba replicando. Allí sugerí algunas tesis a sabiendas de que iban a sonar de modo harto chocante al oído contemporáneo. Creo que en la escala de valores el moral ocupa la cumbre y que su ausencia notoria en una persona rebaja la altura de otros valores que pueda albergar. Que así ocurre lo revela nuestro irrefrenable escándalo ante la coincidencia en el mismo individuo de una enorme altura literaria o artística y de deplorable bajeza moral. ¿O alguien negará la incomodidad y paradoja que ello le suscita?
Y es que, frente a los demás valores, lo peculiar del moral estriba en ser universalmente exigible si queremos vivir una vida propiamente humana. Lo recordaba yo en mi artículo y lo repite Goytisolo en el suyo cuando reitera el desprecio que merece Quevedo "desde el punto de vista... de la honradez exigible a una persona". Que la honradez sea una demanda universal no significa que haya de ser el criterio preeminente para evaluar al artista o al científico como tales. Es un requisito, eso sí, para emitir un juicio más completo sobre su persona. Por eso admiramos el genio poético de un Quevedo, aunque le prestaríamos mayor devoción todavía si tan inmenso poeta no hubiera estado aquejado de "racismo, antisemitismo, misoginia y homofobia". Puede ser engañoso limitarse a decir que un gran hombre tiene luces y sombras, o que tiene sombras pero también luces. Cuando esas sombras son nubarrones de indecencia, las luces del gran hombre brillan algo más apagadas...
El gran escritor español asevera que en Celine convivían la más excelsa empresa creativa y la peor labor panfletaria, "pero importa deslindar una de otra". Me parece que importa más bien lo contrario. Una cosa es que sean deslindables mediante un ejercicio lógico de abstracción y otra que deban serlo en la vida real y en el juicio práctico que esta nos merezca. Precisamente por no ser obligatorios los demás valores son separables unos de otros..., pero no el moral, que siempre habrá que rastrear allí donde comparezca el hombre. Si separamos en un ser humano lo excelente de lo indecente, nos quedará tan solo una excelencia abstracta.
De suerte que, al delimitarlos, nos ahorramos el escabroso problema que suscita la coexistencia en alguien o en su obra de valores tan enfrentados. Se sobreentiende entonces que lo admirable y lo aborrecible resultan incomparables por ser nada más que diferentes. O sea, como diría hoy el sobado tópico, que "no son ni mejor ni peor, sino simplemente distintos". Pero el caso es que, aun cuando a menudo sus portadores huyamos de la comparación, los valores quieren ser comparados...
Tal vez se vea más claro mirando hacia otro ángulo de la cuestión. Una vez desprendidos de su brutal cometido de acabar con la vida de un hombre, ciertos asesinatos podrían contemplarse como obras de arte y el asesino como un artista. ¿Diremos entonces que conviene discernir un aspecto del otro y juzgar cada uno por separado, como si el aspecto criminal no rozara ni empañara su aspecto estético? El genocidio judío en los campos de exterminio ha sido calificado también de una sumamente ingeniosa obra de ingeniería. ¿Nos atreveríamos a valorar esa ingeniería al margen de la doctrina que la justificó y de la matanza que produjo?
Suena, pues, a escapatoria concluir que una obra maestra "no se sujeta a corrección alguna". Si le quitamos a esa corrección su peyorativa carga semántica del presente, ¿habrá que disculpar a un gran artista de no atenerse a exigencias éticas, si para él los valores estéticos están por encima de cualesquiera otros? ¿Acaso tal rebeldía creativa carecerá de esos límites que no cabe rebasar sin que lo atractivo amenace convertirse en repugnante?
Al artista no se le pide nada que no debamos pedir a todo ser humano: que sea fiel a su humanidad. Porque la Humanidad no requiere tanto genios como hombres buenos. Se enriquece sin duda con los grandes creadores, pero más aún con los hombres dispuestos a llevar una vida justa.
(Artículo de Aurelio Arteta, publicado en "El País" el 11 de junio de 2011)
Es lo que yo defendía en otro artículo anterior, La lección del 'caso Celine' (19 de marzo), al que -seguramente sin advertirlo- Goytisolo estaba replicando. Allí sugerí algunas tesis a sabiendas de que iban a sonar de modo harto chocante al oído contemporáneo. Creo que en la escala de valores el moral ocupa la cumbre y que su ausencia notoria en una persona rebaja la altura de otros valores que pueda albergar. Que así ocurre lo revela nuestro irrefrenable escándalo ante la coincidencia en el mismo individuo de una enorme altura literaria o artística y de deplorable bajeza moral. ¿O alguien negará la incomodidad y paradoja que ello le suscita?
Y es que, frente a los demás valores, lo peculiar del moral estriba en ser universalmente exigible si queremos vivir una vida propiamente humana. Lo recordaba yo en mi artículo y lo repite Goytisolo en el suyo cuando reitera el desprecio que merece Quevedo "desde el punto de vista... de la honradez exigible a una persona". Que la honradez sea una demanda universal no significa que haya de ser el criterio preeminente para evaluar al artista o al científico como tales. Es un requisito, eso sí, para emitir un juicio más completo sobre su persona. Por eso admiramos el genio poético de un Quevedo, aunque le prestaríamos mayor devoción todavía si tan inmenso poeta no hubiera estado aquejado de "racismo, antisemitismo, misoginia y homofobia". Puede ser engañoso limitarse a decir que un gran hombre tiene luces y sombras, o que tiene sombras pero también luces. Cuando esas sombras son nubarrones de indecencia, las luces del gran hombre brillan algo más apagadas...
El gran escritor español asevera que en Celine convivían la más excelsa empresa creativa y la peor labor panfletaria, "pero importa deslindar una de otra". Me parece que importa más bien lo contrario. Una cosa es que sean deslindables mediante un ejercicio lógico de abstracción y otra que deban serlo en la vida real y en el juicio práctico que esta nos merezca. Precisamente por no ser obligatorios los demás valores son separables unos de otros..., pero no el moral, que siempre habrá que rastrear allí donde comparezca el hombre. Si separamos en un ser humano lo excelente de lo indecente, nos quedará tan solo una excelencia abstracta.
De suerte que, al delimitarlos, nos ahorramos el escabroso problema que suscita la coexistencia en alguien o en su obra de valores tan enfrentados. Se sobreentiende entonces que lo admirable y lo aborrecible resultan incomparables por ser nada más que diferentes. O sea, como diría hoy el sobado tópico, que "no son ni mejor ni peor, sino simplemente distintos". Pero el caso es que, aun cuando a menudo sus portadores huyamos de la comparación, los valores quieren ser comparados...
Tal vez se vea más claro mirando hacia otro ángulo de la cuestión. Una vez desprendidos de su brutal cometido de acabar con la vida de un hombre, ciertos asesinatos podrían contemplarse como obras de arte y el asesino como un artista. ¿Diremos entonces que conviene discernir un aspecto del otro y juzgar cada uno por separado, como si el aspecto criminal no rozara ni empañara su aspecto estético? El genocidio judío en los campos de exterminio ha sido calificado también de una sumamente ingeniosa obra de ingeniería. ¿Nos atreveríamos a valorar esa ingeniería al margen de la doctrina que la justificó y de la matanza que produjo?
Suena, pues, a escapatoria concluir que una obra maestra "no se sujeta a corrección alguna". Si le quitamos a esa corrección su peyorativa carga semántica del presente, ¿habrá que disculpar a un gran artista de no atenerse a exigencias éticas, si para él los valores estéticos están por encima de cualesquiera otros? ¿Acaso tal rebeldía creativa carecerá de esos límites que no cabe rebasar sin que lo atractivo amenace convertirse en repugnante?
Al artista no se le pide nada que no debamos pedir a todo ser humano: que sea fiel a su humanidad. Porque la Humanidad no requiere tanto genios como hombres buenos. Se enriquece sin duda con los grandes creadores, pero más aún con los hombres dispuestos a llevar una vida justa.
(Artículo de Aurelio Arteta, publicado en "El País" el 11 de junio de 2011)
INDIGNADOS Y ESCÈPTICOS.
LA indignación, como la libertad, no es patrimonio de nadie. Indignados están muchos millones de españoles —el 22 por ciento según el CIS— sin necesidad de formar parte del movimiento que ha empezado a usurpar el legítimo malestar social por la crisis y la pésima gestión que de ella hace la clase dirigente. Por eso quienes de verdad y buena fe convirtieron esta movilización en un interesante fenómeno de protesta popular deberían ser los más interesados en evitar que su causa caiga en manos de un grupo de radicales propensos a la exaltación y la algarada. La amplia simpatía que despertó la revuelta se está trocando en rechazo o distancia ante la okupaciónchabolística de espacios públicos urbanos, y corre el riesgo de diluirse del todo si aumentan los episodios de marginalidad antisistema. A veces da la impresión de que ante el decaimiento de la atención mediática, los resistentes que se han apoderado de la titularidad del motín tratan de recuperar protagonismo mediante una estrategia de provocación que busca titulares de telediario tratando de forzar una represión violenta en la que crecerse.
La asonada de la otra noche ante el Congreso se deslizó por una peligrosa pendiente antidemocrática al cuestionar nada menos que la soberanía del Parlamento. Unos cientos de personas que sólo se representan a sí mismas no pueden impugnar la representatividad de unos diputados limpia y libremente elegidos por treinta millones de ciudadanos. Han confundido la crítica al mal ejercicio de la función representativa, que ciertamente deja mucho que desear, con la refutación del principio esencial del régimen democrático. De ahí a romper las urnas, o a negar su legitimidad, hay muy poco trecho. Un trecho que en todo caso no parece dispuesta a recorrer la mayoría de los ciudadanos, por muy indignada o cabreada que se halle.
Otra cosa es el desafecto popular ante una dirigencia pública que no entiende a la gente, y a la que lo único que preocupa del movimiento crítico es su capacidad de desestabilización y el modo de utilizarla en beneficio propio. Mientras los políticos hacen del 15-M un análisis de impacto electoral o estudian la manera de apropiarse de su potencial como fuerza de choque, está creciendo un virus social nihilista, con alta capacidad de desestabilización, que empieza a descreer del sistema en sí mismo. Ése es el verdadero riesgo. La cohesión democrática no cruje por unas manifestaciones de extremistas, sino por ese silencioso 22 por ciento —y a más— que está dejando de confiar en los mecanismos institucionales por falta de ejemplaridad y de eficacia. Esa proporción de escépticos se parece demasiado a la tasa de paro. Y para convencerlos no basta con pedagogía política; la mejor defensa de la democracia es lograr que funcione.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 10 de junio de 2011)
NO HAY DERROTAS DEFINITIVAS.
Con la victoria de los conservadores en Portugal apenas quedan países con Gobiernos de izquierda en Europa. Pero que el partido ganador se llame Partido Social Demócrata recuerda que hubo un tiempo no tan lejano en que la derecha tuvo que adoptar denominaciones como esa para poder competir. Lo que a su vez relativiza un tanto la idea de que estamos asistiendo al agotamiento definitivo del ciclo socialdemócrata; hay un cambio de tendencia iniciado a mediados de la década pasada, pero los ha habido otras veces en ambos sentidos sin que nunca fueran definitivos.
Una visión desapasionada de la evolución electoral de los principales países en las últimas décadas revela que el deseo de alternancia es tan determinante para el votante como pueda serlo el programa o el liderazgo, con el resultado de un equilibrio entre Gobiernos de derecha y de izquierda.
Si democracia es un sistema político que "permite derrocar al Gobierno sin derramamiento de sangre, mediante una votación", según la definición escueta pero exacta de Karl Popper, hay que concluir que cumple lo que promete.
En la más vieja democracia, la británica, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la reciente victoria de Cameron, los conservadores habían ganado en ocho de las 15 elecciones generales celebradas, y los laboristas en otras tantas, aunque los primeros gobernaron seis años más. Con la particularidad de que a las tres victorias consecutivas de Margaret Thatcher (más una cuarta de su sucesor, John Major, lo que supuso 18 años consecutivos de Gobierno conservador, el triple de la permanencia media de cada uno de los dos grandes partidos) siguieron otras tres victorias consecutivas del laborista Tony Blair.
En Alemania, como en los otros dos países del Eje, Italia y Japón, el partido que ganó las primeras elecciones de postguerra se mantuvo por largos años en el poder. La Democracia Cristiana alemana, durante dos décadas, entre 1949 y 1969. Pero a partir del primer triunfo socialdemócrata, el SPD ganó las elecciones en cinco ocasiones (1969, 1974, 1980, 1998, 2002) y en seis, la CDU (1983, 1987, 1990, 1994, 2005, 2009).
En la Francia de la V República, con una Constitución tallada a la medida del gaullismo, el centro-derecha gobernó ininterrumpidamente entre 1958 y 1981; pero desde la primera victoria del socialista Mitterrand, hace 30 años, hasta hoy ha habido presidente socialista durante 14 años (1981-1995) y de centro-derecha durante 15. En ese mismo periodo, el centro-derecha ha ganado seis elecciones legislativas y el centro-izquierda otras seis, con la particularidad de que en dos ocasiones (en 1986 y en 1997) ha habido cohabitación entre presidente de izquierda y Gobierno de derecha, o viceversa. Pero lo más llamativo de estos años viene siendo la inclinación del electorado francés por el cambio de preferencias de una elección a la siguiente, sea cual sea su ámbito territorial.
En Italia, la Democracia Cristiana, en solitario o con aliados menores, gobernó ininterrumpidamente entre 1948 y los años 80, pero tras la crisis del sistema, a comienzos de los 90, la nueva derecha, representada por Berlusconi, se ha alternado con combinaciones diversas de centro- izquierda (con Amato, D'Alema o Prodi).
En fin, fuera de Europa es también llamativo que en 13 de las 26 elecciones celebradas en Estados Unidos en los 100 años que van de 1908 a la elección de Obama en 2008, vencieron los demócratas y en otras 13 los republicanos.
¿Y en España? Hasta la victoria de Zapatero en 2004 había un equilibrio entre los 13 años y medio de Gobiernos de centro-derecha (los presididos por Suárez, Calvo-Sotelo y Aznar) y los 13 años y medio de Felipe González. Para volver a ese equilibrio, el PP tendría que ganar las dos próximas elecciones. Si lo hace en 2012, se producirá una novedad: será la primera vez que España se alinee con la mayoría de países de la UE: cuando ganó Felipe González, la derecha dominaba ampliamente, y cuando lo hizo Aznar, era la izquierda la que marcaba el paso: en 1998, 13 de los 15 Gobiernos de la Unión, incluyendo los de Berlín, Londres, París y Roma, tenían Gobierno de izquierda, y se hablaba del agotamiento del ciclo liberal con el mismo énfasis con que ahora se diagnostica el colapso de la socialdemocracia. Pero ya se ve que, mientras haya posibilidad de votar, ninguna derrota es definitiva; ni ninguna victoria.
"Nuestros sueños no caben en vuestras urnas", proclamaba estos días un letrero de los acampados en la Plaza de Cataluña de Barcelona. Es una hermosa queja que sin embargo parte de un malentendido: la democracia no sirve para dar la felicidad; sus fines son más modestos: elegir a los gobernantes por un periodo limitado. Posibilidad que solo se valora cuando no se tiene o hay peligro de perderla.
(Artículo de Patxo Unzueta, publicado en "El País" el 9 de junio de 2011)
Una visión desapasionada de la evolución electoral de los principales países en las últimas décadas revela que el deseo de alternancia es tan determinante para el votante como pueda serlo el programa o el liderazgo, con el resultado de un equilibrio entre Gobiernos de derecha y de izquierda.
Si democracia es un sistema político que "permite derrocar al Gobierno sin derramamiento de sangre, mediante una votación", según la definición escueta pero exacta de Karl Popper, hay que concluir que cumple lo que promete.
En la más vieja democracia, la británica, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la reciente victoria de Cameron, los conservadores habían ganado en ocho de las 15 elecciones generales celebradas, y los laboristas en otras tantas, aunque los primeros gobernaron seis años más. Con la particularidad de que a las tres victorias consecutivas de Margaret Thatcher (más una cuarta de su sucesor, John Major, lo que supuso 18 años consecutivos de Gobierno conservador, el triple de la permanencia media de cada uno de los dos grandes partidos) siguieron otras tres victorias consecutivas del laborista Tony Blair.
En Alemania, como en los otros dos países del Eje, Italia y Japón, el partido que ganó las primeras elecciones de postguerra se mantuvo por largos años en el poder. La Democracia Cristiana alemana, durante dos décadas, entre 1949 y 1969. Pero a partir del primer triunfo socialdemócrata, el SPD ganó las elecciones en cinco ocasiones (1969, 1974, 1980, 1998, 2002) y en seis, la CDU (1983, 1987, 1990, 1994, 2005, 2009).
En la Francia de la V República, con una Constitución tallada a la medida del gaullismo, el centro-derecha gobernó ininterrumpidamente entre 1958 y 1981; pero desde la primera victoria del socialista Mitterrand, hace 30 años, hasta hoy ha habido presidente socialista durante 14 años (1981-1995) y de centro-derecha durante 15. En ese mismo periodo, el centro-derecha ha ganado seis elecciones legislativas y el centro-izquierda otras seis, con la particularidad de que en dos ocasiones (en 1986 y en 1997) ha habido cohabitación entre presidente de izquierda y Gobierno de derecha, o viceversa. Pero lo más llamativo de estos años viene siendo la inclinación del electorado francés por el cambio de preferencias de una elección a la siguiente, sea cual sea su ámbito territorial.
En Italia, la Democracia Cristiana, en solitario o con aliados menores, gobernó ininterrumpidamente entre 1948 y los años 80, pero tras la crisis del sistema, a comienzos de los 90, la nueva derecha, representada por Berlusconi, se ha alternado con combinaciones diversas de centro- izquierda (con Amato, D'Alema o Prodi).
En fin, fuera de Europa es también llamativo que en 13 de las 26 elecciones celebradas en Estados Unidos en los 100 años que van de 1908 a la elección de Obama en 2008, vencieron los demócratas y en otras 13 los republicanos.
¿Y en España? Hasta la victoria de Zapatero en 2004 había un equilibrio entre los 13 años y medio de Gobiernos de centro-derecha (los presididos por Suárez, Calvo-Sotelo y Aznar) y los 13 años y medio de Felipe González. Para volver a ese equilibrio, el PP tendría que ganar las dos próximas elecciones. Si lo hace en 2012, se producirá una novedad: será la primera vez que España se alinee con la mayoría de países de la UE: cuando ganó Felipe González, la derecha dominaba ampliamente, y cuando lo hizo Aznar, era la izquierda la que marcaba el paso: en 1998, 13 de los 15 Gobiernos de la Unión, incluyendo los de Berlín, Londres, París y Roma, tenían Gobierno de izquierda, y se hablaba del agotamiento del ciclo liberal con el mismo énfasis con que ahora se diagnostica el colapso de la socialdemocracia. Pero ya se ve que, mientras haya posibilidad de votar, ninguna derrota es definitiva; ni ninguna victoria.
"Nuestros sueños no caben en vuestras urnas", proclamaba estos días un letrero de los acampados en la Plaza de Cataluña de Barcelona. Es una hermosa queja que sin embargo parte de un malentendido: la democracia no sirve para dar la felicidad; sus fines son más modestos: elegir a los gobernantes por un periodo limitado. Posibilidad que solo se valora cuando no se tiene o hay peligro de perderla.
(Artículo de Patxo Unzueta, publicado en "El País" el 9 de junio de 2011)
DESALOJO.
SÓLO en las cinco diputaciones andaluzas que ha perdido el PSOE hay más de quinientos cargos de libre designación, que el PP deberá reducir, según sus promesas, a una cuarta parte. En la comunidad de Castilla-La Mancha asciende a más del triple el número de puestos discrecionales, sin contar la masa laboral contratada —no funcionaria— de las empresas públicas. Y lo mismo ocurre en los ayuntamientos que van a cambiar de gobierno a consecuencia del tsunami electoral de mayo; en el de Sevilla, uno de los más inflacionarios de España en empleo artificial, existe incluso un asombroso gabinete técnico de la Presidencia del Pleno, con su correspondiente dotación de personal encargado de asesorar la extenuante tarea del concejal que dirige —¡una vez al mes!— las sesiones de la corporación. Con esta pléyade de estampillados, el relevo de poder se va a convertir en una escabechina si los entrantes cumplen su programa de adelgazamiento burocrático. La trama clientelar encastrada en las instituciones de larga dominancia socialista otorga a la derrota un rango de shock colectivo: no sólo supone un trauma político sino una multitudinaria experiencia dramática.
Es el problema de haber transformado la política en un modo de vida. El poder en España es una industria de la que dependen miles de empleos directos y muchos más indirectos a través de cientos de programas de actividades subvencionadas. Sólo que, aunque a menudo sus beneficiarios tienden a olvidarlo, se trata de una industria con alto índice de estacionalidad intrínseca. Para evitar los perniciosos vaivenes del turnismo se dotó de estabilidad a los funcionarios públicos en un intento de preservar su independencia, pero los aparatos de partido han soslayado el inconveniente creando enormes superestructuras administrativas paralelas compuestas por el llamado «personal de confianza». Es decir, correligionarios, miembros de la tribu adscritos al presupuesto por militancia o afinidad ideológica. Parientes políticos, en sentido tanto literal como figurado.
Esa altísima tasa de discrecionalidad transforma las elecciones en una batalla por la supervivencia, mucho más cruda en época de contracción del mercado de trabajo. Y forma parte de un oculto argumentario partidista que nunca aflora en la retórica oficial. Cuando el Gobierno anuncia su intención de agotar la legislatura contra la lógica de su propia extenuación política apela a razones de estabilidad de la gobernanza, pero está protegiendo también diez nóminas mensuales de miles de cargos públicos incrustados en la fontanería institucional. Los partidos funcionan como gigantescas oficinas de empleo y en cada coyuntura electoral se juegan un ERE masivo y despiadado. Por eso en este áspero debate del desalojo municipal y autonómico lo que subyace no es el montante de la deuda heredada sino el amargo resquemor de los privilegios perdidos.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 8 de junio de 2011)
LA UE VIGILARÁ QUE LOS PAÍSES LUCHEN CONTRA LA CORRUPCIÓN.
La Comisión Europea ha creado un nuevo mecanismo de vigilancia con el objetivo de supervisar si los Estados miembros realizan suficientes esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Bruselas pretende lograr un mayor compromiso político de los Gobiernos en el combate contra este delito, que tiene un coste anual de 120.000 millones de euros para la economía de la UE (el 1% del PIB).
"La lucha contra la corrupción debe recibir atención prioritaria", ha dicho la comisaria de Interior, Cecilia Malmström. "En mi opinión, entre los políticos y los responsables de la toma de decisiones no existe determinación suficiente para luchar contra este delito", ha denunciado.
El nuevo mecanismo consistirá en un Informe Anticorrupción de la UE, que se publicará cada dos años a partir de 2013. El informe identificará las tendencias y las deficiencias que se deban corregir y estimulará el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas, según Bruselas. Estará basado en información procedente de fuentes diversas, como los mecanismos existentes de supervisión (por el Consejo de Europa, la OCDE y las Naciones Unidas), expertos independientes, partes interesadas y la sociedad civil.
En paralelo, el Ejecutivo comunitario quiere que la UE negocie su participación en el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) con el fin de generar sinergias entre ambos mecanismos.
Según Malmström, el Informe "puede generar voluntad política para que se tomen medidas, ofreciendo una imagen nítida de la labor y los logros de la lucha anticorrupción y señalando también los puntos débiles y los fallos existentes en los 27 Estados miembros de la UE".
El Ejecutivo comunitario ha anunciado además un paquete de medidas que irá adoptando en los próximos meses para reforzar la lucha contra la corrupción. Entre ellas, propondrá nuevas normas de la UE en relación con la confiscación de los productos del delito, una estrategia de mejora de las investigaciones sobre los delitos financieros en 2012 y un plan de acción relativo a la mejora de las estadísticas sobre los delitos.
La Comisión, en colaboración con la OLAF y con otras agencias de la UE, como Europol, intensificará la cooperación policial y judicial y mejorará la formación de los agentes de las fuerzas de seguridad. Asimismo hará propuestas para modernizar las normas de la UE en materia de contratación pública, normas de auditoría y fiscalización reglamentaria de las empresas de la UE.
En 2011 adoptará también una estrategia para combatir los fraudes que dañan los intereses financieros de la UE. Al mismo tiempo, Bruselas prestará mayor atención a los aspectos relacionados con la lucha anticorrupción en el marco del proceso de ampliación de la UE y de la política de vecindad.
(Información extraída de diarioabierto.es)
"La lucha contra la corrupción debe recibir atención prioritaria", ha dicho la comisaria de Interior, Cecilia Malmström. "En mi opinión, entre los políticos y los responsables de la toma de decisiones no existe determinación suficiente para luchar contra este delito", ha denunciado.
El nuevo mecanismo consistirá en un Informe Anticorrupción de la UE, que se publicará cada dos años a partir de 2013. El informe identificará las tendencias y las deficiencias que se deban corregir y estimulará el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas, según Bruselas. Estará basado en información procedente de fuentes diversas, como los mecanismos existentes de supervisión (por el Consejo de Europa, la OCDE y las Naciones Unidas), expertos independientes, partes interesadas y la sociedad civil.
En paralelo, el Ejecutivo comunitario quiere que la UE negocie su participación en el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) con el fin de generar sinergias entre ambos mecanismos.
Según Malmström, el Informe "puede generar voluntad política para que se tomen medidas, ofreciendo una imagen nítida de la labor y los logros de la lucha anticorrupción y señalando también los puntos débiles y los fallos existentes en los 27 Estados miembros de la UE".
El Ejecutivo comunitario ha anunciado además un paquete de medidas que irá adoptando en los próximos meses para reforzar la lucha contra la corrupción. Entre ellas, propondrá nuevas normas de la UE en relación con la confiscación de los productos del delito, una estrategia de mejora de las investigaciones sobre los delitos financieros en 2012 y un plan de acción relativo a la mejora de las estadísticas sobre los delitos.
La Comisión, en colaboración con la OLAF y con otras agencias de la UE, como Europol, intensificará la cooperación policial y judicial y mejorará la formación de los agentes de las fuerzas de seguridad. Asimismo hará propuestas para modernizar las normas de la UE en materia de contratación pública, normas de auditoría y fiscalización reglamentaria de las empresas de la UE.
En 2011 adoptará también una estrategia para combatir los fraudes que dañan los intereses financieros de la UE. Al mismo tiempo, Bruselas prestará mayor atención a los aspectos relacionados con la lucha anticorrupción en el marco del proceso de ampliación de la UE y de la política de vecindad.
(Información extraída de diarioabierto.es)
LA REBELIÓN DE LAS ÉLITES.
El Gobierno, trasponiendo una directiva comunitaria, ha regulado el sueldo de los banqueros tratando de evitar incentivos perversos que animen a los directivos a asumir riesgos que pongan en peligro las entidades. Tardía reforma de un aspecto -los emolumentos de los más altos ejecutivos- que ha causado alarma social a los perdedores de la crisis económica, que son casi todos los ciudadanos: las rentas de los grandes directivos ha pasado en el periodo de la Gran Recesión, como media, de 40 a 400 veces el salario medio.
Entre los analistas no hay consenso en el elemento esencial para explicar el origen de esta crisis: unos afirman que la desregulación de los mercados financieros; otros escogen como culpables las bajas tasas de interés de la Reserva Federal, que incentivaron la toma de créditos y la búsqueda de riesgos elevados para obtener una mayor rentabilidad; los terceros eligen el riesgo moral asociado a la creencia de que las grandes entidades bancarias serían rescatadas en caso de dificultades (como así fue, excepto Lehman Brothers).
Y hay otros que entienden que la crisis fue provocada por quienes persiguiendo su exclusivo beneficio a corto plazo hicieron de las finanzas y del mundo de la empresa un coto privado opaco sin relación con la economía real.
Entre los cercanos a esta última teoría está Alain Touraine, quien en su última obra (Después de la crisis. Paidós) escribe que el comportamiento de los muy ricos, dominado por la obsesión de ordeñar los beneficios máximos, desempeñó y sigue desempeñando el papel principal en la disgregación del sistema social, es decir, "de toda posibilidad de intervención del Estado o de los asalariados en el funcionamiento de la economía".
El sociólogo francés es muy crítico con el enriquecimiento personal de los altos directivos: no existe nada en común entre los golden boys y el resto de los trabajadores, ya que mientras los primeros trabajan para quedarse con los beneficios, los demás demandan subidas salariales del 1% o del 2%.
Lo que caracteriza a la sociedad presente es que las intervenciones masivas de los Gobiernos permitieron la recuperación de los beneficios de los bancos mientras que el elevado paro generado solo disminuirá mucho tiempo después del relanzamiento de las economías. Si no existe más capacidad que la citada de intervención de una autoridad central política que se esfuerce en oponerse a la dominación de los más ricos y en mantener cierta compatibilidad entre los intereses opuestos, ya no puede hablarse de democracia.
Touraine actualiza así el concepto de rebelión de las élites, acuñado hace más de tres lustros por el historiador y sociólogo Christopher Lasch, que define el momento en el que grupos privilegiados de actores económicos y políticos, representantes de los sectores más aventajados de las sociedades, se liberan de la suerte de la mayoría y dan por concluido de modo unilateral el contrato social que los une como ciudadanos. Al aislarse en sus redes y en sus enclaves de bienestar -en su mundo- esas élites abandonan al resto de las clases sociales a su albur, fragmentan los Estados y traicionan la idea de una democracia concebida por todos los ciudadanos.
La rebelión de las élites erosiona el capital social como argamasa que mantiene unida a la sociedad. Existe un acuerdo no escrito entre los ciudadanos, sus élites y el Estado que se ha denominado contrato social. Este contrato, dice Lasch, exige la provisión de protecciones sociales y económicas básicas, incluyendo oportunidades razonables de empleo: un cierto grado de seguridad por el mero hecho de ser ciudadano (la ciudadanía económica). Una parte de ese contrato social contemplaba una cierta equidad: que los pobres compartirían las ganancias cuando la economía crece y que los ricos se distribuirían parte de las penurias sociales en las recesiones.
Krugman ha hablado de "la imprudencia de las élites" en otro sentido pero en la misma dirección: las políticas que han multiplicado el paro y empobrecido a las clases medias fueron abanderadas por pequeños grupos de personas influyentes, "en muchos casos las mismas personas que ahora nos dan lecciones a los demás sobre la necesidad de ponernos serios".
Y al tratar de echar la culpa a los ciudadanos comunes, las élites están eludiendo algunas reflexiones muy necesarias sobre sus propios errores catastróficos.
(Artículo de Joaquín Estefanía, publicado en "El País" el 6 de junio de 2011)
Entre los analistas no hay consenso en el elemento esencial para explicar el origen de esta crisis: unos afirman que la desregulación de los mercados financieros; otros escogen como culpables las bajas tasas de interés de la Reserva Federal, que incentivaron la toma de créditos y la búsqueda de riesgos elevados para obtener una mayor rentabilidad; los terceros eligen el riesgo moral asociado a la creencia de que las grandes entidades bancarias serían rescatadas en caso de dificultades (como así fue, excepto Lehman Brothers).
Y hay otros que entienden que la crisis fue provocada por quienes persiguiendo su exclusivo beneficio a corto plazo hicieron de las finanzas y del mundo de la empresa un coto privado opaco sin relación con la economía real.
Entre los cercanos a esta última teoría está Alain Touraine, quien en su última obra (Después de la crisis. Paidós) escribe que el comportamiento de los muy ricos, dominado por la obsesión de ordeñar los beneficios máximos, desempeñó y sigue desempeñando el papel principal en la disgregación del sistema social, es decir, "de toda posibilidad de intervención del Estado o de los asalariados en el funcionamiento de la economía".
El sociólogo francés es muy crítico con el enriquecimiento personal de los altos directivos: no existe nada en común entre los golden boys y el resto de los trabajadores, ya que mientras los primeros trabajan para quedarse con los beneficios, los demás demandan subidas salariales del 1% o del 2%.
Lo que caracteriza a la sociedad presente es que las intervenciones masivas de los Gobiernos permitieron la recuperación de los beneficios de los bancos mientras que el elevado paro generado solo disminuirá mucho tiempo después del relanzamiento de las economías. Si no existe más capacidad que la citada de intervención de una autoridad central política que se esfuerce en oponerse a la dominación de los más ricos y en mantener cierta compatibilidad entre los intereses opuestos, ya no puede hablarse de democracia.
Touraine actualiza así el concepto de rebelión de las élites, acuñado hace más de tres lustros por el historiador y sociólogo Christopher Lasch, que define el momento en el que grupos privilegiados de actores económicos y políticos, representantes de los sectores más aventajados de las sociedades, se liberan de la suerte de la mayoría y dan por concluido de modo unilateral el contrato social que los une como ciudadanos. Al aislarse en sus redes y en sus enclaves de bienestar -en su mundo- esas élites abandonan al resto de las clases sociales a su albur, fragmentan los Estados y traicionan la idea de una democracia concebida por todos los ciudadanos.
La rebelión de las élites erosiona el capital social como argamasa que mantiene unida a la sociedad. Existe un acuerdo no escrito entre los ciudadanos, sus élites y el Estado que se ha denominado contrato social. Este contrato, dice Lasch, exige la provisión de protecciones sociales y económicas básicas, incluyendo oportunidades razonables de empleo: un cierto grado de seguridad por el mero hecho de ser ciudadano (la ciudadanía económica). Una parte de ese contrato social contemplaba una cierta equidad: que los pobres compartirían las ganancias cuando la economía crece y que los ricos se distribuirían parte de las penurias sociales en las recesiones.
Krugman ha hablado de "la imprudencia de las élites" en otro sentido pero en la misma dirección: las políticas que han multiplicado el paro y empobrecido a las clases medias fueron abanderadas por pequeños grupos de personas influyentes, "en muchos casos las mismas personas que ahora nos dan lecciones a los demás sobre la necesidad de ponernos serios".
Y al tratar de echar la culpa a los ciudadanos comunes, las élites están eludiendo algunas reflexiones muy necesarias sobre sus propios errores catastróficos.
(Artículo de Joaquín Estefanía, publicado en "El País" el 6 de junio de 2011)
¿REGENERACIÓN?
EN 1943, uno de esos excéntricos ingleses enamorados de España, Gerald Brenan, escribió un libro magnífico, paso obligado en la maduración política de la generación que hizo la transición: «El laberinto español». A medio camino entre el mejor periodismo y el ensayo, Brenan iba desgranando los muchos eslabones del laberinto que había llevado a la Guerra Civil: el problema de la tierra y los jornaleros, el problema obrero, los anarquistas, la Iglesia y el Ejército, la Monarquía o la República y, por supuesto, los nacionalismos.
Pues bien, de (casi) todo ello se dio debida cuenta en la transición a la democracia, y así, a comienzos de este nuevo siglo España podía vanagloriarse de haber disfrutado del más largo periodo histórico de libertad política, prosperidad económica y seguridad colectiva. En más de una ocasión he escrito que cuando los historiadores del futuro analicen los treinta primeros años de la democracia española concluirán que el reinado de Juan Carlos I fue el periodo más brillante de la historia moderna de España y puede incluso que el periodo más brillante de la historia de España tout court.
Lo que no sabía entonces es que eso mismo piensan los españoles. Como muestra una reciente encuesta de J. J. Toharia, nada menos que un 72 por ciento cree que, «con todos sus posibles defectos e insuficiencias, la actual democracia constituye el período en que mejor ha estado nuestro país en su historia», opinión que se extiende uniformemente por toda la sociedad española. Lo reitero para que conste en toda su rotundidad: el período en que mejor ha estado nuestro país en toda su historia. No se puede decir más alto y claro.
La sabiduría popular aconseja no arreglar lo que funciona. Y sin embargo, en lugar de asentar lo mucho conseguido, España se lanzó a una revisión, no sé si total pero desde luego muy profunda, en una supuesta «segunda transición» que debía solucionar las «traiciones» de la primera. No voy a entrar en su descripción, bien conocida, pero el resultado de esta estrategia de desmantelamiento del proyecto de la transición es que hoy España se encuentra, entre anonadada y perpleja, zarandeada por al menos tres serias crisis.
Para comenzar por la más urgente, una crisis económica y de modelo productivo de la que no acabamos de salir (de hecho, no acabamos de tocar fondo), sin duda la más perentoria y la que afecta más el bienestar inmediato de los ciudadanos. En segundo lugar, una crisis de modelo de Estado y administración, una crisis de gobernabilidad, con un Estado fragmentado, un ejecutivo de bajísima calidad, un legislativo esclerótico, un judicial politizado, y todo ello monopolizado por los partidos políticos que segregan una democracia de muy baja calidad.
Y entre media de estas dos, en parte como efecto de la segunda pero reforzando ambas, una crisis de liderazgo político y de modo de hacer política. Llevo décadas analizando sondeos de opinión y jamás he visto peor valoración de los políticos y sus partidos (y recientemente de los sindicatos). Si antes señalaba que la transición es motivo de orgullo para los españoles (para ocho de cada diez), el pasado se contrasta con un presente en el que nueve de cada diez aseguran que los partidos políticos «han abandonado el espíritu de consenso de la Transición y sólo piensan en sus exclusivos intereses partidistas». Mala cuestión esta: quienes tienen que resolver los problemas de los españoles son ellos mismos uno de los dos principales problemas, como el CIS lleva señalando hace ya un par de años.
Casi lo teníamos ya, y se nos está escapando. En menos de una década hemos pasado de modelo de economía y de sociedad, creatividad, innovación y vanguardia, a ser uno de los PIGS, el que puede hundir el euro y con él al dólar, el security riskde la economía mundial. De ejemplo de rigor fiscal a ejemplo de despilfarro y endeudamiento; de modelo de creación de trabajo a caso único de desempleo masivo; de país dinámico a país rígido y encorsetado, incapaz de abordar las reformas. Y podría continuar, por ejemplo, de modelo de descentralización a contramodelo.
Hace pocos meses desde estas mismas páginas se recordaba al Silvela de 1898: país sin pulso, se apuntaba, silencio de los intelectuales, apatía ciudadana. No lo creo pero a la historia le divierte jugar con las fechas, y justo cuando conmemoramos el centenario de la muerte en 1911 de Joaquín Costa, el padre del regeneracionismo español (en buena medida una protesta contra el bipartidismo canovista), y a pocos años del centenario de su magnum opus, «Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España» (1901), hete aquí que sus ideas reaparecen de modo natural bajo el paraguas de la «regeneración».
Por supuesto regeneración política es lo que demanda el Movimiento del 15M, decepcionado con el socialismo (pero también con el PP, aunque menos) que, a pesar de su ingenuidad juvenil, algarabía de mensajes, y notable torpeza política asamblearia, es una llamada de atención que, en buena parte de sus propuestas, contaba con el beneplácito de muchos ciudadanos. Al menos hasta que la «democracia real» se manifestó el 22M. Pero regeneración es también lo que piden los ocho millones y medio millones de españoles que han votada al PP, el medio millón que votó a Rosa Díaz y otros grupos minoritarios y, por supuesto, el voto de protesta por antonomasia: los nada menos que 600.000 ciudadanos que se molestaron en votar en blanco.
No es pues de sorprender que ecos de esta misma «indignación» se escuchen en la misma sociedad civil madura, y en muy pocos meses he asistido personalmente al estallido de un proyecto regenerador tras otro. El «Transforma España» de la Fundación Everis, sin duda el que ha tenido más impacto; otro texto importante editado por el Colegio Libre de Eméritos; un tercer informe del Foro de la Sociedad Civil, que presentamos hace un par de semanas; un cuarto editado por la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, «Pulso de España 2010», con un interesantísimo sondeo de opinión (y del que he tomado los datos anteriores), que también tuve la oportunidad de presentar. Añadamos varias auditorías de la democracia española, y aún podría citar otras iniciativas similares que verán la luz próximamente. De modo que no anda el diario ABC ayuno de apoyos cuando lanza su eslogan regenerador.
Corre prisa, mucha prisa. El mundo está cambiando a velocidad de vértigo y vamos a tener que competir mucho y duro en los próximos años. Sólo este pasado verano, el país que (según Zapatero) había sobrepasado a Italia y se aprestaba a sobrepasar a Francia, ha sido dejado atrás por Canadá, Rusia, India e Italia, cayendo así del octavo al duodécimo lugar en el ranking mundial del PIB (y seguiremos cayendo hasta el 16 ó 18, según estimaciones). Las reformas, urgentes, imprescindibles, la «regeneración» por la que el país clama, es sólo el primer paso, sólo la puesta a punto del atleta; luego debe salir a competir en la arena. De momento seguimos en observación en la UVI de los mercados.
(Artículo de Emilio Lamo de Espinosa, publicado en "ABC" el 5 de junio de 2011)
Pues bien, de (casi) todo ello se dio debida cuenta en la transición a la democracia, y así, a comienzos de este nuevo siglo España podía vanagloriarse de haber disfrutado del más largo periodo histórico de libertad política, prosperidad económica y seguridad colectiva. En más de una ocasión he escrito que cuando los historiadores del futuro analicen los treinta primeros años de la democracia española concluirán que el reinado de Juan Carlos I fue el periodo más brillante de la historia moderna de España y puede incluso que el periodo más brillante de la historia de España tout court.
Lo que no sabía entonces es que eso mismo piensan los españoles. Como muestra una reciente encuesta de J. J. Toharia, nada menos que un 72 por ciento cree que, «con todos sus posibles defectos e insuficiencias, la actual democracia constituye el período en que mejor ha estado nuestro país en su historia», opinión que se extiende uniformemente por toda la sociedad española. Lo reitero para que conste en toda su rotundidad: el período en que mejor ha estado nuestro país en toda su historia. No se puede decir más alto y claro.
La sabiduría popular aconseja no arreglar lo que funciona. Y sin embargo, en lugar de asentar lo mucho conseguido, España se lanzó a una revisión, no sé si total pero desde luego muy profunda, en una supuesta «segunda transición» que debía solucionar las «traiciones» de la primera. No voy a entrar en su descripción, bien conocida, pero el resultado de esta estrategia de desmantelamiento del proyecto de la transición es que hoy España se encuentra, entre anonadada y perpleja, zarandeada por al menos tres serias crisis.
Para comenzar por la más urgente, una crisis económica y de modelo productivo de la que no acabamos de salir (de hecho, no acabamos de tocar fondo), sin duda la más perentoria y la que afecta más el bienestar inmediato de los ciudadanos. En segundo lugar, una crisis de modelo de Estado y administración, una crisis de gobernabilidad, con un Estado fragmentado, un ejecutivo de bajísima calidad, un legislativo esclerótico, un judicial politizado, y todo ello monopolizado por los partidos políticos que segregan una democracia de muy baja calidad.
Y entre media de estas dos, en parte como efecto de la segunda pero reforzando ambas, una crisis de liderazgo político y de modo de hacer política. Llevo décadas analizando sondeos de opinión y jamás he visto peor valoración de los políticos y sus partidos (y recientemente de los sindicatos). Si antes señalaba que la transición es motivo de orgullo para los españoles (para ocho de cada diez), el pasado se contrasta con un presente en el que nueve de cada diez aseguran que los partidos políticos «han abandonado el espíritu de consenso de la Transición y sólo piensan en sus exclusivos intereses partidistas». Mala cuestión esta: quienes tienen que resolver los problemas de los españoles son ellos mismos uno de los dos principales problemas, como el CIS lleva señalando hace ya un par de años.
Casi lo teníamos ya, y se nos está escapando. En menos de una década hemos pasado de modelo de economía y de sociedad, creatividad, innovación y vanguardia, a ser uno de los PIGS, el que puede hundir el euro y con él al dólar, el security riskde la economía mundial. De ejemplo de rigor fiscal a ejemplo de despilfarro y endeudamiento; de modelo de creación de trabajo a caso único de desempleo masivo; de país dinámico a país rígido y encorsetado, incapaz de abordar las reformas. Y podría continuar, por ejemplo, de modelo de descentralización a contramodelo.
Hace pocos meses desde estas mismas páginas se recordaba al Silvela de 1898: país sin pulso, se apuntaba, silencio de los intelectuales, apatía ciudadana. No lo creo pero a la historia le divierte jugar con las fechas, y justo cuando conmemoramos el centenario de la muerte en 1911 de Joaquín Costa, el padre del regeneracionismo español (en buena medida una protesta contra el bipartidismo canovista), y a pocos años del centenario de su magnum opus, «Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España» (1901), hete aquí que sus ideas reaparecen de modo natural bajo el paraguas de la «regeneración».
Por supuesto regeneración política es lo que demanda el Movimiento del 15M, decepcionado con el socialismo (pero también con el PP, aunque menos) que, a pesar de su ingenuidad juvenil, algarabía de mensajes, y notable torpeza política asamblearia, es una llamada de atención que, en buena parte de sus propuestas, contaba con el beneplácito de muchos ciudadanos. Al menos hasta que la «democracia real» se manifestó el 22M. Pero regeneración es también lo que piden los ocho millones y medio millones de españoles que han votada al PP, el medio millón que votó a Rosa Díaz y otros grupos minoritarios y, por supuesto, el voto de protesta por antonomasia: los nada menos que 600.000 ciudadanos que se molestaron en votar en blanco.
No es pues de sorprender que ecos de esta misma «indignación» se escuchen en la misma sociedad civil madura, y en muy pocos meses he asistido personalmente al estallido de un proyecto regenerador tras otro. El «Transforma España» de la Fundación Everis, sin duda el que ha tenido más impacto; otro texto importante editado por el Colegio Libre de Eméritos; un tercer informe del Foro de la Sociedad Civil, que presentamos hace un par de semanas; un cuarto editado por la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, «Pulso de España 2010», con un interesantísimo sondeo de opinión (y del que he tomado los datos anteriores), que también tuve la oportunidad de presentar. Añadamos varias auditorías de la democracia española, y aún podría citar otras iniciativas similares que verán la luz próximamente. De modo que no anda el diario ABC ayuno de apoyos cuando lanza su eslogan regenerador.
Corre prisa, mucha prisa. El mundo está cambiando a velocidad de vértigo y vamos a tener que competir mucho y duro en los próximos años. Sólo este pasado verano, el país que (según Zapatero) había sobrepasado a Italia y se aprestaba a sobrepasar a Francia, ha sido dejado atrás por Canadá, Rusia, India e Italia, cayendo así del octavo al duodécimo lugar en el ranking mundial del PIB (y seguiremos cayendo hasta el 16 ó 18, según estimaciones). Las reformas, urgentes, imprescindibles, la «regeneración» por la que el país clama, es sólo el primer paso, sólo la puesta a punto del atleta; luego debe salir a competir en la arena. De momento seguimos en observación en la UVI de los mercados.
(Artículo de Emilio Lamo de Espinosa, publicado en "ABC" el 5 de junio de 2011)
YO EL COCHE OFICIAL, TÚ LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
“Si a los ciudadanos hay que pedirles que se aprieten el cinturón, la administración se lo tiene que apretar dos agujeros más.” -Javier Arenas, presidente del PP de Andalucía-.
Cuando en España se dice de alguien que lleva muchos años en política solemos usar la expresión: “Fulanito lleva treinta años sin bajarse del coche oficial”. Pocas imágenes representan mejor al cargo público entre nosotros que el vehículo con chófer. Sí, en otros países también hay, pero no tantos. Junto a Italia tenemos el mayor parque móvil de Europa. Por algo será.
El tema se presta a demagogia fácil, dicen algunos cada vez que se reabre el debate. Estos días, por ejemplo, cuando los nuevos gobiernos locales y regionales rivalizan por recortar el número de coches.
Hay algo de demagogia, es verdad, pues partimos de que los cargos públicos tienen necesidades de seguridad y transporte que a menudo se resuelven mejor con un coche oficial, y la alternativa puede acabar saliendo más cara (sobre todo si los conductores siguen en plantilla, los coches se conservan, y encima cogen más taxis). Pero eso no justifica el desmadre que hay en España, que además incluye otros muchos gastos “de representación”.
Otra crítica habitual es la del “chocolate del loro”: que recortes así son más efectistas que efectivos, pues el ahorro es escaso. Es verdad que ahorrar 130.000 euros al año en un ayuntamiento como el madrileño, con una deuda de 7.000 millones, es calderilla, pero por algo se empieza. Otra cosa es que, como pasa a menudo, las medidas de austeridad al final se queden en menos, pues ya sabemos que, cuando se apagan los focos, el trecho del dicho al hecho se agranda.
Me preocupa más otro efecto secundario: que los gobernantes jueguen a anotarse un tanto fácil que a cambio les permite reforzar el “clima de austeridad”, la percepción en los ciudadanos de que son tiempos de apretarse el cinturón, para que tengamos más disposición a los recortes venideros. Más que nada porque, a la hora de la verdad, nos tocará apretárnoslo de verdad a quienes no teníamos coche oficial. Y si el trato es “yo me he quedado sin coche oficial, tú te quedas con menos presupuesto para sanidad, educación y otros servicios públicos”, no sé si nos compensa.
(Artículo de Isaac Rosa, publicado en "Público" el 3 de junio de 2011)
Cuando en España se dice de alguien que lleva muchos años en política solemos usar la expresión: “Fulanito lleva treinta años sin bajarse del coche oficial”. Pocas imágenes representan mejor al cargo público entre nosotros que el vehículo con chófer. Sí, en otros países también hay, pero no tantos. Junto a Italia tenemos el mayor parque móvil de Europa. Por algo será.
El tema se presta a demagogia fácil, dicen algunos cada vez que se reabre el debate. Estos días, por ejemplo, cuando los nuevos gobiernos locales y regionales rivalizan por recortar el número de coches.
Hay algo de demagogia, es verdad, pues partimos de que los cargos públicos tienen necesidades de seguridad y transporte que a menudo se resuelven mejor con un coche oficial, y la alternativa puede acabar saliendo más cara (sobre todo si los conductores siguen en plantilla, los coches se conservan, y encima cogen más taxis). Pero eso no justifica el desmadre que hay en España, que además incluye otros muchos gastos “de representación”.
Otra crítica habitual es la del “chocolate del loro”: que recortes así son más efectistas que efectivos, pues el ahorro es escaso. Es verdad que ahorrar 130.000 euros al año en un ayuntamiento como el madrileño, con una deuda de 7.000 millones, es calderilla, pero por algo se empieza. Otra cosa es que, como pasa a menudo, las medidas de austeridad al final se queden en menos, pues ya sabemos que, cuando se apagan los focos, el trecho del dicho al hecho se agranda.
Me preocupa más otro efecto secundario: que los gobernantes jueguen a anotarse un tanto fácil que a cambio les permite reforzar el “clima de austeridad”, la percepción en los ciudadanos de que son tiempos de apretarse el cinturón, para que tengamos más disposición a los recortes venideros. Más que nada porque, a la hora de la verdad, nos tocará apretárnoslo de verdad a quienes no teníamos coche oficial. Y si el trato es “yo me he quedado sin coche oficial, tú te quedas con menos presupuesto para sanidad, educación y otros servicios públicos”, no sé si nos compensa.
(Artículo de Isaac Rosa, publicado en "Público" el 3 de junio de 2011)
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE VIENEN.
La crisis está obligando a un cambio acelerado en la forma de llevar las empresas, los hogares y, también, las Administraciones públicas. Ciertamente, son las dificultades financieras extremas a las que ha llevado el hundimiento de los mecanismos habituales de gastos e ingresos en cada uno de estos agentes lo que está obligando al cambio acelerado. Pero la acumulación de disfunciones disimuladas por la bonanza de los años previos a la crisis resulta, por fin, evidente y hace inviable la continuación del modelo todavía vigente durante los años venideros que se caracterizarán igualmente, desde el lado menos amable, por el formidable ajuste real, de capacidad y empleo, que estamos sufriendo. A cambio, la necesaria reinvención de los modelos de funcionamiento de todos estos agentes económicos implica promesas de futuro respecto a las nuevas funciones y la eficiencia con las que dichas funciones se desempeñarán en los próximos años. Habrá, si se hacen bien las cosas, muchos ganadores a medio y largo plazo.
Este ajuste no es transitorio, lo que debería ser evidente en estos momentos para todos. Y más vale que no lo sea. Debe ser permanente, y solo la creación de nueva capacidad productiva basada en nuevos modelos de negocio, bienes y servicios renovados, más competitivos a base de conocimiento, permitirá evitar que los jóvenes vivan peor que sus padres, al menos en el plano material. En realidad, siempre ha sido así, siempre se han sucedido episodios de cambio estructural que abarcan desde lo organizativo hasta los estilos de vida pasando por los procesos productivos. Pero el actual es un momento bisagra del incesante curso de cambio global en el que, un tanto inadvertidamente para muchos, nos encontramos desde hace años.
Las AAPP también deben cambiar, y lo harán irremediablemente tarde o temprano. La gran cuestión es cómo se van a conciliar en el futuro la provisión de los servicios públicos a los ciudadanos con la austeridad económica impuesta por la necesidad de reformular un modelo fiscal insostenible. La producción de la compleja amalgama de servicios públicos aporta alrededor del 20% del valor añadido bruto en cualquier economía, grande o pequeña. Muchos de estos servicios poseen decisivas derivadas tecnológicas, industriales y empresariales que no se explotan porque su régimen de producción y prestación a los ciudadanos no ha sufrido modificaciones en décadas, a pesar de que todo lo demás ha cambiado. Pero muchos otros servicios públicos se prestan a través de modelos concesionales que, en algunos casos, han supuesto la base para la emergencia de las multinacionales españolas líderes globales en sus respectivos sectores.
El concepto de "lo público" está muy arraigado en el imaginario colectivo español. Al fin y al cabo, tan solo hace unas décadas que se establecieron servicios públicos esenciales para toda la población como la educación obligatoria, la sanidad o las pensiones, cuando en otros países avanzados aquellos datan de mucho antes. Por ello, seguramente, se cuestiona escasamente la eficacia o la eficiencia de muchos modelos vigentes de prestación de estos servicios o de su financiación. También hay que decir, que la cultura de evaluación de políticas públicas es todavía escasa en nuestro país, a pesar de los intentos más o menos nominales, por generalizarla y de la excelente producción académica sobre este particular.
Pero, contra la opinión extendida de que la externalización de servicios (recogida de residuos, transporte urbano o sanidad concertada) equivale a la privatización, hay que decir que la Administración es siempre el "dueño del proyecto" y determina si el concesionario debe seguir o no con la provisión del servicio en el caso de que las encuestas de satisfacción del usuario no den las señales adecuadas. La lógica de gestión que impera en los servicios concesionados, por otra parte, hace que estos se presten más eficientemente pues el concesionario debe encontrar rentabilidad en presupuestos concesionales más reducidos que los existentes para la producción directa del servicio con personal propio de la Administración. En definitiva, los servicios colectivos concesionados siguen siendo públicos y tienen un gran potencial para ser más baratos a la Administración y más satisfactorios para el beneficiario. Este potencial, sin embargo, no es evidente ni puede realizarse en cualesquiera condiciones, como demuestra la acumulación de los pagos anuales de muchos PPP (partenariados público-privados) realizados en el pasado en las mesas de las Consejerías y Concejalías de Hacienda, en muchas ocasiones más onerosos que los propios desembolsos puntuales de las licitaciones convencionales.
La anterior no es sino una lógica posible para abordar la transición que las AAPP deberán realizar en los próximos años para mantener sus actividades básicas sin lastrar la competitividad de la economía. A ella se suman otras lógicas, que tienen que ver con la dosis justa de servicios públicos para preservar la cohesión social y la igualdad de oportunidades, pero no más. O con el compromiso de los beneficiarios de los servicios públicos en su uso responsable, por ejemplo, mediante participación en el coste de los mismos pagando una parte de dicho coste.
Las AAPP no tienen más remedio que reformular su modelo de prestación de servicios a los ciudadanos. Es evidente que el ajuste de capacidad en el sector público no debe afectar a las funciones asignativas (producción de bienes públicos) propias de dichos agentes, ni a las funciones redistributivas, claro. Pero las dosis en las que las AAPP acometen dichas funciones sí pueden, y deben, verse recalculadas. Con todo, convendría distinguir muy nítidamente entre el óptimo (o quantum) de provisión de servicios públicos y el modo de provisión, es decir, a qué agente o agentes confiamos la producción de dichos servicios. También es relevante si en dicho proceso debe intervenir el destinatario final del servicio tanto en la evaluación de la calidad del mismo como en su financiación mediante una tasa, aunque esta sea muy minoritaria respecto al coste total del servicio. Esta es una gran cuestión, que se resolverá en breve, creemos que por la afirmativa, a cambio de asegurar la continuidad en la prestación de muchos servicios públicos y mejorar la calidad de los mismos.
Todos los ámbitos de la actuación asignativa del sector público son susceptibles de acogerse a este enfoque, aunque es previsible la emergencia de resistencias desde muy diversos sectores más o menos vinculados a cada tipo de servicio. Muchas de estas resistencias surgirán como expresión de una legítima defensa de "lo público" basada en la concepción dominante en las socialdemocracias del siglo pasado; y esta dialéctica tiene un cierto recorrido hasta que se llegue a un nuevo paradigma consensuado por la mayoría. Muchas otras resistencias, sin embargo, serán una mera defensa del statu quo, es decir, sea el de las propias unidades administrativas, el de los concesionarios o el de los representantes de los trabajadores públicos o de los ciudadanos destinatarios de los servicios públicos.
Habrá que ver la manera de abordar todos estos procesos de diálogo en paralelo, sin quebrar expectativas ni socavar las bases financieras de un conjunto de servicios que han cohesionado a la sociedad, con la pesante realidad de que los recursos públicos no dan de sí para financiar una cartera de servicios muy amplia con unos estándares de calidad y contenido tecnológico cada vez mayor, pero que tienen un amplio margen para la eficiencia en su producción y para la implicación del beneficiario en un uso responsable de los mismos. Estamos seguros de que en este proceso, conducido con realismo y generosidad de todas las partes, se fraguarán unas nuevas AAPP que contribuyan decisivamente a la competitividad duradera que necesita nuestra economía y a la cohesión responsable que necesita nuestra sociedad.
(Artículo de César Cantalapiedra y José A. Herce, publicado en "El País" el 1 de junio de 2011)
Este ajuste no es transitorio, lo que debería ser evidente en estos momentos para todos. Y más vale que no lo sea. Debe ser permanente, y solo la creación de nueva capacidad productiva basada en nuevos modelos de negocio, bienes y servicios renovados, más competitivos a base de conocimiento, permitirá evitar que los jóvenes vivan peor que sus padres, al menos en el plano material. En realidad, siempre ha sido así, siempre se han sucedido episodios de cambio estructural que abarcan desde lo organizativo hasta los estilos de vida pasando por los procesos productivos. Pero el actual es un momento bisagra del incesante curso de cambio global en el que, un tanto inadvertidamente para muchos, nos encontramos desde hace años.
Las AAPP también deben cambiar, y lo harán irremediablemente tarde o temprano. La gran cuestión es cómo se van a conciliar en el futuro la provisión de los servicios públicos a los ciudadanos con la austeridad económica impuesta por la necesidad de reformular un modelo fiscal insostenible. La producción de la compleja amalgama de servicios públicos aporta alrededor del 20% del valor añadido bruto en cualquier economía, grande o pequeña. Muchos de estos servicios poseen decisivas derivadas tecnológicas, industriales y empresariales que no se explotan porque su régimen de producción y prestación a los ciudadanos no ha sufrido modificaciones en décadas, a pesar de que todo lo demás ha cambiado. Pero muchos otros servicios públicos se prestan a través de modelos concesionales que, en algunos casos, han supuesto la base para la emergencia de las multinacionales españolas líderes globales en sus respectivos sectores.
El concepto de "lo público" está muy arraigado en el imaginario colectivo español. Al fin y al cabo, tan solo hace unas décadas que se establecieron servicios públicos esenciales para toda la población como la educación obligatoria, la sanidad o las pensiones, cuando en otros países avanzados aquellos datan de mucho antes. Por ello, seguramente, se cuestiona escasamente la eficacia o la eficiencia de muchos modelos vigentes de prestación de estos servicios o de su financiación. También hay que decir, que la cultura de evaluación de políticas públicas es todavía escasa en nuestro país, a pesar de los intentos más o menos nominales, por generalizarla y de la excelente producción académica sobre este particular.
Pero, contra la opinión extendida de que la externalización de servicios (recogida de residuos, transporte urbano o sanidad concertada) equivale a la privatización, hay que decir que la Administración es siempre el "dueño del proyecto" y determina si el concesionario debe seguir o no con la provisión del servicio en el caso de que las encuestas de satisfacción del usuario no den las señales adecuadas. La lógica de gestión que impera en los servicios concesionados, por otra parte, hace que estos se presten más eficientemente pues el concesionario debe encontrar rentabilidad en presupuestos concesionales más reducidos que los existentes para la producción directa del servicio con personal propio de la Administración. En definitiva, los servicios colectivos concesionados siguen siendo públicos y tienen un gran potencial para ser más baratos a la Administración y más satisfactorios para el beneficiario. Este potencial, sin embargo, no es evidente ni puede realizarse en cualesquiera condiciones, como demuestra la acumulación de los pagos anuales de muchos PPP (partenariados público-privados) realizados en el pasado en las mesas de las Consejerías y Concejalías de Hacienda, en muchas ocasiones más onerosos que los propios desembolsos puntuales de las licitaciones convencionales.
La anterior no es sino una lógica posible para abordar la transición que las AAPP deberán realizar en los próximos años para mantener sus actividades básicas sin lastrar la competitividad de la economía. A ella se suman otras lógicas, que tienen que ver con la dosis justa de servicios públicos para preservar la cohesión social y la igualdad de oportunidades, pero no más. O con el compromiso de los beneficiarios de los servicios públicos en su uso responsable, por ejemplo, mediante participación en el coste de los mismos pagando una parte de dicho coste.
Las AAPP no tienen más remedio que reformular su modelo de prestación de servicios a los ciudadanos. Es evidente que el ajuste de capacidad en el sector público no debe afectar a las funciones asignativas (producción de bienes públicos) propias de dichos agentes, ni a las funciones redistributivas, claro. Pero las dosis en las que las AAPP acometen dichas funciones sí pueden, y deben, verse recalculadas. Con todo, convendría distinguir muy nítidamente entre el óptimo (o quantum) de provisión de servicios públicos y el modo de provisión, es decir, a qué agente o agentes confiamos la producción de dichos servicios. También es relevante si en dicho proceso debe intervenir el destinatario final del servicio tanto en la evaluación de la calidad del mismo como en su financiación mediante una tasa, aunque esta sea muy minoritaria respecto al coste total del servicio. Esta es una gran cuestión, que se resolverá en breve, creemos que por la afirmativa, a cambio de asegurar la continuidad en la prestación de muchos servicios públicos y mejorar la calidad de los mismos.
Todos los ámbitos de la actuación asignativa del sector público son susceptibles de acogerse a este enfoque, aunque es previsible la emergencia de resistencias desde muy diversos sectores más o menos vinculados a cada tipo de servicio. Muchas de estas resistencias surgirán como expresión de una legítima defensa de "lo público" basada en la concepción dominante en las socialdemocracias del siglo pasado; y esta dialéctica tiene un cierto recorrido hasta que se llegue a un nuevo paradigma consensuado por la mayoría. Muchas otras resistencias, sin embargo, serán una mera defensa del statu quo, es decir, sea el de las propias unidades administrativas, el de los concesionarios o el de los representantes de los trabajadores públicos o de los ciudadanos destinatarios de los servicios públicos.
Habrá que ver la manera de abordar todos estos procesos de diálogo en paralelo, sin quebrar expectativas ni socavar las bases financieras de un conjunto de servicios que han cohesionado a la sociedad, con la pesante realidad de que los recursos públicos no dan de sí para financiar una cartera de servicios muy amplia con unos estándares de calidad y contenido tecnológico cada vez mayor, pero que tienen un amplio margen para la eficiencia en su producción y para la implicación del beneficiario en un uso responsable de los mismos. Estamos seguros de que en este proceso, conducido con realismo y generosidad de todas las partes, se fraguarán unas nuevas AAPP que contribuyan decisivamente a la competitividad duradera que necesita nuestra economía y a la cohesión responsable que necesita nuestra sociedad.
(Artículo de César Cantalapiedra y José A. Herce, publicado en "El País" el 1 de junio de 2011)
MÁS PARTICIPACIÓN.
Un hombre, una mujer, un voto. Existen unos principios básicos que definen la esencia de la democracia y de la libertad. Este es uno. Y también que la expresión de la soberanía popular descansa en la conformación de una mayoría. La suma de votos, expresados en libertad, integra mayorías que representan la voluntad del pueblo. Nadie puede secuestrar la fuerza del voto de los ciudadanos, ni nadie puede sustituir la fuerza del voto por la vía de interpretaciones arbitrarias de lo que el pueblo quiere. A un pueblo no se le interpreta, se le deja hablar y su voz es su voluntad.
A partir de aquí, es bueno comprender y aceptar que el proceso de modernización de nuestra sociedad y el propio progreso que ha acompañado al desarrollo democrático de la sociedad europea plantea la necesidad de abrir campos de participación ciudadana que complementen los tradicionales. La gente, más libre y más comprometida, quiere participar, quiere opinar, quiere sugerir, quiere criticar. Quiere, en definitiva, que su voz sea escuchada.
Las nuevas tecnologías han permitido una gran facilidad de comunicación y mucha espontaneidad en la opinión. Esta nueva situación todavía no ha encontrado vías de expresión política. Hay un vacío que es necesario llenar: no es posible que todo esté todavía tan reglado y pautado, y que se menosprecien las posibilidades de interacción que las nuevas tecnologías nos permiten. La generación digital reclama, con razón, que la política no la obligue a dejar de serlo para participar políticamente.
Ciertamente, no todo ni seguramente lo más importante es simplemente formal y tecnológico. Hay cuestiones de sensibilidad, de actitudes y comportamientos, de proximidad. En una palabra: de vivir y sentir la crisis como un problema que nos afecta a todos. La política ha de seguir el mismo camino que la crisis, para así luchar más eficazmente. Más próxima, menos distancia.
Pero, siempre, un hombre, una mujer, un voto. Compatibilizar este principio y sus consecuencias con el deseo de más y diferente participación es el gran reto del momento. Y, seguramente, de los próximos años.
Democracia y participación, esta es la cuestión.
(Artículo de Miquel Roca, publicado en "La Vanguardia" el 31 de mayo de 2011)
A partir de aquí, es bueno comprender y aceptar que el proceso de modernización de nuestra sociedad y el propio progreso que ha acompañado al desarrollo democrático de la sociedad europea plantea la necesidad de abrir campos de participación ciudadana que complementen los tradicionales. La gente, más libre y más comprometida, quiere participar, quiere opinar, quiere sugerir, quiere criticar. Quiere, en definitiva, que su voz sea escuchada.
Las nuevas tecnologías han permitido una gran facilidad de comunicación y mucha espontaneidad en la opinión. Esta nueva situación todavía no ha encontrado vías de expresión política. Hay un vacío que es necesario llenar: no es posible que todo esté todavía tan reglado y pautado, y que se menosprecien las posibilidades de interacción que las nuevas tecnologías nos permiten. La generación digital reclama, con razón, que la política no la obligue a dejar de serlo para participar políticamente.
Ciertamente, no todo ni seguramente lo más importante es simplemente formal y tecnológico. Hay cuestiones de sensibilidad, de actitudes y comportamientos, de proximidad. En una palabra: de vivir y sentir la crisis como un problema que nos afecta a todos. La política ha de seguir el mismo camino que la crisis, para así luchar más eficazmente. Más próxima, menos distancia.
Pero, siempre, un hombre, una mujer, un voto. Compatibilizar este principio y sus consecuencias con el deseo de más y diferente participación es el gran reto del momento. Y, seguramente, de los próximos años.
Democracia y participación, esta es la cuestión.
(Artículo de Miquel Roca, publicado en "La Vanguardia" el 31 de mayo de 2011)
MADROÑERO: EJEMPLO DE FUNCIONARIO PÚBLICO.
El 19 de mayo, minutos después de salir de su casa, Ángel Madroñero murió repentinamente. Dos días antes había cumplido 82 años. Nacido en Cervera del Río Alhama (La Rioja), pasó parte de su niñez en Haro, donde su padre dirigía un colegio. Estuvo dos años en el seminario de Logroño, de donde salió al convencerse de que no le llegaba la vocación sacerdotal, pero con unas sólidas creencias religiosas. En 1946, su familia llegó al Madrid de la posguerra y aquí prepararía las oposiciones al Cuerpo de Aduanas que le llevaron al dulce y lluvioso paisaje de la ría de Muros y Noya como primer destino.
Al volver a Madrid, se convirtió en jefe de Gabinete del todopoderoso ministro de Hacienda Mariano Navarro Rubio. El Plan de Estabilización de 1959 había dado sus frutos y la economía y la sociedad española estaban inmersas en un rápido proceso de cambio y mejora, progresos que cautelosamente se reflejaban en un sistema financiero hasta entonces rígido e ineficaz. En 1962 se habían dado pasos para liberalizar algunos tipos de interés, vinculando los restantes al Banco de España, una institución cuyo Servicio de Estudios resurgía gracias a Juan Sardá, a quien Madroñero sustituiría en 1965 cuando Navarro Rubio fue nombrado gobernador.
Madroñero continuó su tarea para convertir la oficina en lo que había sido antes de la Guerra Civil, el centro de investigación económica más respetado del país. Ayudado por sus dos subjefes (Mariano Rubio y Antonio Sánchez Pedreño), no solo lo logró, sino que lo convirtió en una cantera de hombres públicos, profesores y en granero de directivos del propio banco, entre ellos él mismo.
Esa década fue escenario de cambios radicales, en los cuales jugó un papel destacado pero poco conocido debido a uno de sus rasgos más destacados: la discreción. Se liberalizaron los tipos, las comisiones y la apertura de sucursales; se eliminaron las diferencias entre bancos comerciales e industriales; se abrieron las puertas a la banca extranjera y se equipararon en numerosos aspectos bancos y cajas.
Pero las cualidades de Madroñero se pusieron a prueba con el estallido de la primera crisis bancaria de la democracia, iniciada a comienzos de 1978 con el Banco de Navarra. Tuvo que dirigir un reducido y escogido grupo que trabajó bajo una enorme presión. El resultado fue satisfactorio y sirvió de prueba porque al poco tiempo -en 1982 y 1983 con la Banca Catalana y los bancos del Grupo Rumasa- el banco central tuvo que intervenir (¡55 entidades resultaron afectadas!) un sistema que se enfrentaba a una política monetaria y de deuda pública cada vez más ágil y complicada.
Madroñero mostró entonces sus mejores cualidades: capacidad de diálogo, claridad, acierto en la elección de sus colaboradores, infinita discreción y absoluta entrega al servicio público, que fue siempre su norte. Había dejado la dirección del Servicio de Estudios en manos de un buen amigo, Luis Ángel Rojo, para concentrarse en el desarrollo de la inspección y la regulación financiera.
En 1984, Mariano Rubio, que había entrado en el banco de su mano, era nombrado gobernador. Ocho años después le sucedería Ángel Rojo. Madroñero acogería esos ascensos con toda afabilidad y sería para ambos un colaborador leal y eficaz, trabajando para consolidar el prestigio de la institución. Esa entrega fue reconocida sobre todo por los empleados del banco, quienes le consideraron un modelo de virtudes profesionales y humanas. Puedo afirmar sin incurrir en exageración que ha sido y será en décadas el directivo más querido por el personal. Fuera de ella sucedió lo mismo, nadie en el difícil mundo de la banca y las cajas pudo jamás reprocharle ni parcialidad en sus decisiones ni soberbia en su trato.
En 1995, tras la crisis de Banesto, decidió jubilarse cuando le quedaban cuatro años de vida activa. Sorprendió y originó multitud de interpretaciones, ninguna de ellas plenamente satisfactoria, tanto más cuanto que el propio interesado jamás aclaró las razones. Desde entonces, llevó una vida tranquila, dedicado a su familia y amigos, disfrutando de vez en cuando, como buen riojano, de la buena mesa y los excelentes vinos de su tierra. También en esta etapa fue un ejemplo, pues a pesar de haber mantenido una relación constante y delicada con las más poderosas instituciones, jamás aceptó ningún puesto que pudiera interpretarse como reconocimiento a pasadas atenciones.
Ejemplo de una concepción del bien común como conjunto de virtudes, desprecio a la banalidad y confianza en la fuerza de un liderazgo ilustrado, Madroñero encarnó como muy pocos la figura del alto funcionario público, tan escasa en estos tiempos de fragmentación social y política. Sus últimos años fueron ejemplo de confianza y serenidad, seguramente porque de acuerdo con sus principios siempre vivió en paz consigo mismo y con los demás.
(Artículo de Raimundo Ortega, publicado en "El País" el 29 de mayo de 2011)
Al volver a Madrid, se convirtió en jefe de Gabinete del todopoderoso ministro de Hacienda Mariano Navarro Rubio. El Plan de Estabilización de 1959 había dado sus frutos y la economía y la sociedad española estaban inmersas en un rápido proceso de cambio y mejora, progresos que cautelosamente se reflejaban en un sistema financiero hasta entonces rígido e ineficaz. En 1962 se habían dado pasos para liberalizar algunos tipos de interés, vinculando los restantes al Banco de España, una institución cuyo Servicio de Estudios resurgía gracias a Juan Sardá, a quien Madroñero sustituiría en 1965 cuando Navarro Rubio fue nombrado gobernador.
Madroñero continuó su tarea para convertir la oficina en lo que había sido antes de la Guerra Civil, el centro de investigación económica más respetado del país. Ayudado por sus dos subjefes (Mariano Rubio y Antonio Sánchez Pedreño), no solo lo logró, sino que lo convirtió en una cantera de hombres públicos, profesores y en granero de directivos del propio banco, entre ellos él mismo.
Esa década fue escenario de cambios radicales, en los cuales jugó un papel destacado pero poco conocido debido a uno de sus rasgos más destacados: la discreción. Se liberalizaron los tipos, las comisiones y la apertura de sucursales; se eliminaron las diferencias entre bancos comerciales e industriales; se abrieron las puertas a la banca extranjera y se equipararon en numerosos aspectos bancos y cajas.
Pero las cualidades de Madroñero se pusieron a prueba con el estallido de la primera crisis bancaria de la democracia, iniciada a comienzos de 1978 con el Banco de Navarra. Tuvo que dirigir un reducido y escogido grupo que trabajó bajo una enorme presión. El resultado fue satisfactorio y sirvió de prueba porque al poco tiempo -en 1982 y 1983 con la Banca Catalana y los bancos del Grupo Rumasa- el banco central tuvo que intervenir (¡55 entidades resultaron afectadas!) un sistema que se enfrentaba a una política monetaria y de deuda pública cada vez más ágil y complicada.
Madroñero mostró entonces sus mejores cualidades: capacidad de diálogo, claridad, acierto en la elección de sus colaboradores, infinita discreción y absoluta entrega al servicio público, que fue siempre su norte. Había dejado la dirección del Servicio de Estudios en manos de un buen amigo, Luis Ángel Rojo, para concentrarse en el desarrollo de la inspección y la regulación financiera.
En 1984, Mariano Rubio, que había entrado en el banco de su mano, era nombrado gobernador. Ocho años después le sucedería Ángel Rojo. Madroñero acogería esos ascensos con toda afabilidad y sería para ambos un colaborador leal y eficaz, trabajando para consolidar el prestigio de la institución. Esa entrega fue reconocida sobre todo por los empleados del banco, quienes le consideraron un modelo de virtudes profesionales y humanas. Puedo afirmar sin incurrir en exageración que ha sido y será en décadas el directivo más querido por el personal. Fuera de ella sucedió lo mismo, nadie en el difícil mundo de la banca y las cajas pudo jamás reprocharle ni parcialidad en sus decisiones ni soberbia en su trato.
En 1995, tras la crisis de Banesto, decidió jubilarse cuando le quedaban cuatro años de vida activa. Sorprendió y originó multitud de interpretaciones, ninguna de ellas plenamente satisfactoria, tanto más cuanto que el propio interesado jamás aclaró las razones. Desde entonces, llevó una vida tranquila, dedicado a su familia y amigos, disfrutando de vez en cuando, como buen riojano, de la buena mesa y los excelentes vinos de su tierra. También en esta etapa fue un ejemplo, pues a pesar de haber mantenido una relación constante y delicada con las más poderosas instituciones, jamás aceptó ningún puesto que pudiera interpretarse como reconocimiento a pasadas atenciones.
Ejemplo de una concepción del bien común como conjunto de virtudes, desprecio a la banalidad y confianza en la fuerza de un liderazgo ilustrado, Madroñero encarnó como muy pocos la figura del alto funcionario público, tan escasa en estos tiempos de fragmentación social y política. Sus últimos años fueron ejemplo de confianza y serenidad, seguramente porque de acuerdo con sus principios siempre vivió en paz consigo mismo y con los demás.
(Artículo de Raimundo Ortega, publicado en "El País" el 29 de mayo de 2011)
PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO.
Podemos las personas corrientes cambiar el mundo? La respuesta es sí. Ya lo hemos hecho. Muchas veces. La última batalla –nunca mejor dicho– la están librando los valientes manifestantes en la primavera árabe, que desde hace meses luchan por la libertad y la justicia contra gobiernos represores. La última batalla… pero no la única.
Amnistía Internacional cumple mañana 50 años. Echando la vista atrás, podemos asegurar que en estas cinco décadas se ha producido una verdadera revolución, un cambio cultural, social y político que ha creado una mayor conciencia global por los derechos humanos. A pesar de las dificultades y de la sensación en ocasiones de ir “marcha atrás”, el salto ha sido enorme.
El mundo ha cambiado, sí, pero no ha cambiado solo. En Amnistía Internacional, muchos años de activismo nos han enseñado que sólo cuando las personas corrientes nos hemos unido en una acción común hemos podido enfrentarnos a las injusticias y lograr cosas extraordinarias.
El activismo es una fuerza poderosa para el cambio. No hay nada que más teman muchos gobiernos –y muchas empresas– que enfrentarse a la unión de miles de acciones individuales. Esto es algo que las fuerzas de la represión nunca han podido silenciar. Por eso, Amnistía Internacional ha sido una organización incómoda para los poderosos, que se han esmerado en descalificarla y atacarla siempre que ha denunciado abusos contra los derechos humanos y ha señalado con el dedo a sus responsables.
Todo empieza en 1961. Dos estudiantes portugueses son encarcelados por brindar por la libertad. La flagrante injusticia inspira al abogado Peter Benenson su famoso artículo “Los prisioneros olvidados”, publicado el 28 de mayo en el periódico The Observer, en el que hace un llamamiento para sumarse a una petición de amnistía para varios presos de conciencia. Miles de personas responden a su iniciativa.
A partir de ahí crece como la espuma una verdadera red social, dispuesta a enfrentarse a los abusos de poder, que ha sabido sacar jugo a las tecnologías que pueden dar voz a las personas desamparadas o que han sufrido abusos, desde la pluma estilográfica de los inicios hasta las poderosas herramientas de comunicación global en internet.Decía que el activismo es una fuerza para el cambio. La liberación de las personas encarceladas por motivos de conciencia fue el principio –50.000 casos trabajados en 50 años, incluyendo algunos célebres como Nelson Mandela, Andrei Sajarov o Aung San Suu Kyi–, pero luego vinieron más logros.
La lucha por la abolición de la pena de muerte puede que sea una de las señas de identidad más reconocibles de Amnistía Internacional. En 1977, sólo 16 países habían renunciado a la aplicación de la pena capital, mientras que en la actualidad lo han hecho 139.Nuestro trabajo por la justicia universal ha tenido también logros importantísimos, como contribuir a la detención e inicio del proceso judicial contra Augusto Pinochet, o a la condena contra Alberto Fujimori. También impulsamos la creación del Tribunal Penal Internacional, instrumento fundamental en la lucha contra la impunidad.En el ámbito del comercio de armas, Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones, lanzó la campaña mundial “Armas Bajo Control” por un tratado internacional sobre el comercio de armas que la ONU respaldó en 2006. También hemos contribuido a la aprobación de otros tratados internacionales que han tenido gran impacto en la vida de millones de personas.
En España hemos trabajado por la protección de las mujeres frente a la violencia de género, por las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, por el control en el comercio de armas, por la erradicación de la tortura y los malos tratos, por la firma de diversos tratados internacionales, por la puesta en marcha de un Plan de Derechos Humanos… En 1995 contribuimos de manera determinante a la abolición en España de la pena de muerte en tiempo de guerra, lo que significó la erradicación de esta condena, aunque todavía se menciona en la Constitución.
¿Podemos las personas corrientes cambiar el mundo? Por supuesto que podemos, y debemos. Los retos en derechos humanos son demasiado importantes como para dejarlos en manos de los gobiernos. Una vez más, el poder de la gente corriente deberá forzar el cambio. En este esfuerzo todos somos imprescindibles. Como lo son los derechos por los que luchamos.
Nuestra agenda de derechos humanos para los próximos años es sencilla y compleja a la vez. Sencilla porque se resume en defender la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y compleja porque esto supone trabajar en muchos ámbitos a la vez: la pobreza, la violencia y la discriminación que sufren millones de personas en el mundo, la justicia internacional, la libertad de expresión, la pena de muerte, las personas migrantes, el comercio de armas…El movimiento global por los derechos humanos debe crecer. Debemos redoblar nuestro impacto. En Amnistía Internacional necesitamos que más personas se sumen a nuestra lucha, tanto en los países del norte, donde la organización es más fuerte, como en los países del sur global, donde tiene el reto de crecer y convertirse en un actor relevante. Esto también incluye incorporar a más gente joven de universidades y centros escolares.En su 50 aniversario, Amnistía Internacional ya tiene tres millones de miembros y simpatizantes y está presente en más de 150 países. Es un buen comienzo.
(Artículo publicado por Alfonso López Borgoñoz, presidente de Amnistía Internacional España, en "Público" el 27 de mayo de 2011)
Amnistía Internacional cumple mañana 50 años. Echando la vista atrás, podemos asegurar que en estas cinco décadas se ha producido una verdadera revolución, un cambio cultural, social y político que ha creado una mayor conciencia global por los derechos humanos. A pesar de las dificultades y de la sensación en ocasiones de ir “marcha atrás”, el salto ha sido enorme.
El mundo ha cambiado, sí, pero no ha cambiado solo. En Amnistía Internacional, muchos años de activismo nos han enseñado que sólo cuando las personas corrientes nos hemos unido en una acción común hemos podido enfrentarnos a las injusticias y lograr cosas extraordinarias.
El activismo es una fuerza poderosa para el cambio. No hay nada que más teman muchos gobiernos –y muchas empresas– que enfrentarse a la unión de miles de acciones individuales. Esto es algo que las fuerzas de la represión nunca han podido silenciar. Por eso, Amnistía Internacional ha sido una organización incómoda para los poderosos, que se han esmerado en descalificarla y atacarla siempre que ha denunciado abusos contra los derechos humanos y ha señalado con el dedo a sus responsables.
Todo empieza en 1961. Dos estudiantes portugueses son encarcelados por brindar por la libertad. La flagrante injusticia inspira al abogado Peter Benenson su famoso artículo “Los prisioneros olvidados”, publicado el 28 de mayo en el periódico The Observer, en el que hace un llamamiento para sumarse a una petición de amnistía para varios presos de conciencia. Miles de personas responden a su iniciativa.
A partir de ahí crece como la espuma una verdadera red social, dispuesta a enfrentarse a los abusos de poder, que ha sabido sacar jugo a las tecnologías que pueden dar voz a las personas desamparadas o que han sufrido abusos, desde la pluma estilográfica de los inicios hasta las poderosas herramientas de comunicación global en internet.Decía que el activismo es una fuerza para el cambio. La liberación de las personas encarceladas por motivos de conciencia fue el principio –50.000 casos trabajados en 50 años, incluyendo algunos célebres como Nelson Mandela, Andrei Sajarov o Aung San Suu Kyi–, pero luego vinieron más logros.
La lucha por la abolición de la pena de muerte puede que sea una de las señas de identidad más reconocibles de Amnistía Internacional. En 1977, sólo 16 países habían renunciado a la aplicación de la pena capital, mientras que en la actualidad lo han hecho 139.Nuestro trabajo por la justicia universal ha tenido también logros importantísimos, como contribuir a la detención e inicio del proceso judicial contra Augusto Pinochet, o a la condena contra Alberto Fujimori. También impulsamos la creación del Tribunal Penal Internacional, instrumento fundamental en la lucha contra la impunidad.En el ámbito del comercio de armas, Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones, lanzó la campaña mundial “Armas Bajo Control” por un tratado internacional sobre el comercio de armas que la ONU respaldó en 2006. También hemos contribuido a la aprobación de otros tratados internacionales que han tenido gran impacto en la vida de millones de personas.
En España hemos trabajado por la protección de las mujeres frente a la violencia de género, por las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, por el control en el comercio de armas, por la erradicación de la tortura y los malos tratos, por la firma de diversos tratados internacionales, por la puesta en marcha de un Plan de Derechos Humanos… En 1995 contribuimos de manera determinante a la abolición en España de la pena de muerte en tiempo de guerra, lo que significó la erradicación de esta condena, aunque todavía se menciona en la Constitución.
¿Podemos las personas corrientes cambiar el mundo? Por supuesto que podemos, y debemos. Los retos en derechos humanos son demasiado importantes como para dejarlos en manos de los gobiernos. Una vez más, el poder de la gente corriente deberá forzar el cambio. En este esfuerzo todos somos imprescindibles. Como lo son los derechos por los que luchamos.
Nuestra agenda de derechos humanos para los próximos años es sencilla y compleja a la vez. Sencilla porque se resume en defender la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y compleja porque esto supone trabajar en muchos ámbitos a la vez: la pobreza, la violencia y la discriminación que sufren millones de personas en el mundo, la justicia internacional, la libertad de expresión, la pena de muerte, las personas migrantes, el comercio de armas…El movimiento global por los derechos humanos debe crecer. Debemos redoblar nuestro impacto. En Amnistía Internacional necesitamos que más personas se sumen a nuestra lucha, tanto en los países del norte, donde la organización es más fuerte, como en los países del sur global, donde tiene el reto de crecer y convertirse en un actor relevante. Esto también incluye incorporar a más gente joven de universidades y centros escolares.En su 50 aniversario, Amnistía Internacional ya tiene tres millones de miembros y simpatizantes y está presente en más de 150 países. Es un buen comienzo.
(Artículo publicado por Alfonso López Borgoñoz, presidente de Amnistía Internacional España, en "Público" el 27 de mayo de 2011)
LOS INDIGNADOS Y LOS ACAMPADOS.
Desde hace casi dos semanas, en plazas céntricas de las capitales de toda España, empezando por la Puerta del Sol y la plaza de Catalunya, están acampados millares de ciudadanos debatiendo sobre una de las varias dimensiones del término política, probablemente la más noble: los problemas de los ciudadanos, de los gobernados. No están debatiendo sobre los problemas de los gobernantes como tales, de cómo se accede y se conserva el poder, según la famosa distinción de Maquiavelo en El Príncipe. A lo más, en relación con el poder político, el debate gira en torno a cómo se ejerce y, sobre todo, ya que se habla de futuro, a cómo debería ejercerse.
No es necesario decir que este término, el de política, es uno de los más desacreditados de nuestra sociedad. Cánovas del Castillo, cuando se estaba redactando las Constitución española de 1876, dijo con su característica ironía y sarcasmo que quizás en el artículo primero de dicha carta magna debería constar esta definición: “Son españoles aquellos que no pueden ser otra cosa”. Pues bien, es probable que hoy en día muchos españoles, en nada de acuerdo con la pesimista expresión de Cánovas, suscribirían algo parecido aplicado a los políticos: “Son políticos… aquellos que no pueden ser otra cosa”.
La frase, como toda generalización, es injusta. Ahora bien, con el actual panorama, ateniéndonos a lo que se deduce tras leer periódicos, escuchar la radio y ver la televisión, es también un juicio natural y comprensible: nuestra endogámica clase política, imperturbable ante las críticas y nada dispuesta a rectificar, se la merece. Las plazas se llenan cada día por esta razón, aunque no es la única, también hay otra: la situación económica y el paro. De todo esto se discute en las plazas, allí se hace política en el mejor sentido de la palabra.
Cuestión distinta es el nivel del debate, aunque creo se trata de un problema menor. ¿Alguien puede pensar que unos simples ciudadanos, generosos y bienintencionados, dispuestos a emplear su tiempo en cuestiones ajenas a sus estricto intereses individuales, pueden encontrar las más rigurosas soluciones a cuestiones complejas en las que no se aclaran ni los mejores especialistas? No se trata, por el momento, de encontrar soluciones sino sólo de formular preguntas, exactamente de formular las preguntas, aquellas que previamente es imprescindible seleccionar para estar en condiciones de resolver luego los problemas.
En esto, en la formulación de las preguntas, el run-run que llega de lo que se discute en estas plazas públicas hace pensar que se acierta de lleno. Los temas que se plantean coinciden con las preocupaciones que se tratan entre amigos, en la familia, en el trabajo, en los bares y cafés: ¿por qué los poderes públicos están salvando, con el dinero de los contribuyentes a las instituciones financieras, principales responsables de la crisis, de tal forma que, al final, acaben estas instituciones siendo sus principales beneficiarias del asunto?; ¿por qué las leyes facilitan cada vez más que los principales responsables del mal funcionamiento de las instituciones democráticas, es decir, los partidos políticos, sean cada vez más invulnerables al control, estén cada vez más blindados con el objetivo de monopolizar el ámbito de los público en detrimento de la libre y efectiva participación de los ciudadanos?
A lo primero se suele responder que el sistema financiero es a la economía como el sistema sanguíneo al cuerpo humano: si no se facilita su funcionamiento el colapso es total e inevitable. Ahora bien, en el caso de que ello sea cierto, que quizás lo es, ¿no estará el sistema financiero abusando de su posición para obtener ventajas desproporcionadas e injustas? En cuanto al problema político, sobre el cual tengo mayores conocimientos, la solución sólo pasa por unos dirigentes de partidos con la altura de miras suficiente como para tomar decisiones que no respondan a sus propios intereses corporativos si no al interés general, al buen funcionamiento de sistema democrático, a una auténtica integración de los ciudadanos en las instituciones. Sólo la fe del carbonero permite esperar esto de nuestros políticos, pero torres más altas han caído y de esperanza también se vive. Quizás estemos en una situación límite y vean los partidos que renunciar a sus privilegios e inmunidades les puede suponer más ventajas que inconvenientes, en definitiva, que desbloqueando la situación pueden ser premiados con el voto ciudadano.
En todo caso, los acampados, a pesar de ser muchos, comparados con los votantes son pocos, incluso poquísimos. Pero no todos los indignados están acampados. Esto es lo que deberían interiorizar los políticos. Los indignados no son la suma de los acampados, los votantes en blanco o nulo y los abstencionistas. Son muchos más. Muchos que votan, desde hace tiempo, al mal menor, tapándose la nariz y a regañadientes. Los indignados son tantos que si formaran un partido arrasarían. Antes que ello se produzca –y no hagamos bromas, la historia del siglo XX, en Alemania y en Italia, debe ser una permanente lección– la clase política española debe rectificar.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 26 de mayo de 2011)
No es necesario decir que este término, el de política, es uno de los más desacreditados de nuestra sociedad. Cánovas del Castillo, cuando se estaba redactando las Constitución española de 1876, dijo con su característica ironía y sarcasmo que quizás en el artículo primero de dicha carta magna debería constar esta definición: “Son españoles aquellos que no pueden ser otra cosa”. Pues bien, es probable que hoy en día muchos españoles, en nada de acuerdo con la pesimista expresión de Cánovas, suscribirían algo parecido aplicado a los políticos: “Son políticos… aquellos que no pueden ser otra cosa”.
La frase, como toda generalización, es injusta. Ahora bien, con el actual panorama, ateniéndonos a lo que se deduce tras leer periódicos, escuchar la radio y ver la televisión, es también un juicio natural y comprensible: nuestra endogámica clase política, imperturbable ante las críticas y nada dispuesta a rectificar, se la merece. Las plazas se llenan cada día por esta razón, aunque no es la única, también hay otra: la situación económica y el paro. De todo esto se discute en las plazas, allí se hace política en el mejor sentido de la palabra.
Cuestión distinta es el nivel del debate, aunque creo se trata de un problema menor. ¿Alguien puede pensar que unos simples ciudadanos, generosos y bienintencionados, dispuestos a emplear su tiempo en cuestiones ajenas a sus estricto intereses individuales, pueden encontrar las más rigurosas soluciones a cuestiones complejas en las que no se aclaran ni los mejores especialistas? No se trata, por el momento, de encontrar soluciones sino sólo de formular preguntas, exactamente de formular las preguntas, aquellas que previamente es imprescindible seleccionar para estar en condiciones de resolver luego los problemas.
En esto, en la formulación de las preguntas, el run-run que llega de lo que se discute en estas plazas públicas hace pensar que se acierta de lleno. Los temas que se plantean coinciden con las preocupaciones que se tratan entre amigos, en la familia, en el trabajo, en los bares y cafés: ¿por qué los poderes públicos están salvando, con el dinero de los contribuyentes a las instituciones financieras, principales responsables de la crisis, de tal forma que, al final, acaben estas instituciones siendo sus principales beneficiarias del asunto?; ¿por qué las leyes facilitan cada vez más que los principales responsables del mal funcionamiento de las instituciones democráticas, es decir, los partidos políticos, sean cada vez más invulnerables al control, estén cada vez más blindados con el objetivo de monopolizar el ámbito de los público en detrimento de la libre y efectiva participación de los ciudadanos?
A lo primero se suele responder que el sistema financiero es a la economía como el sistema sanguíneo al cuerpo humano: si no se facilita su funcionamiento el colapso es total e inevitable. Ahora bien, en el caso de que ello sea cierto, que quizás lo es, ¿no estará el sistema financiero abusando de su posición para obtener ventajas desproporcionadas e injustas? En cuanto al problema político, sobre el cual tengo mayores conocimientos, la solución sólo pasa por unos dirigentes de partidos con la altura de miras suficiente como para tomar decisiones que no respondan a sus propios intereses corporativos si no al interés general, al buen funcionamiento de sistema democrático, a una auténtica integración de los ciudadanos en las instituciones. Sólo la fe del carbonero permite esperar esto de nuestros políticos, pero torres más altas han caído y de esperanza también se vive. Quizás estemos en una situación límite y vean los partidos que renunciar a sus privilegios e inmunidades les puede suponer más ventajas que inconvenientes, en definitiva, que desbloqueando la situación pueden ser premiados con el voto ciudadano.
En todo caso, los acampados, a pesar de ser muchos, comparados con los votantes son pocos, incluso poquísimos. Pero no todos los indignados están acampados. Esto es lo que deberían interiorizar los políticos. Los indignados no son la suma de los acampados, los votantes en blanco o nulo y los abstencionistas. Son muchos más. Muchos que votan, desde hace tiempo, al mal menor, tapándose la nariz y a regañadientes. Los indignados son tantos que si formaran un partido arrasarían. Antes que ello se produzca –y no hagamos bromas, la historia del siglo XX, en Alemania y en Italia, debe ser una permanente lección– la clase política española debe rectificar.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 26 de mayo de 2011)
UN INTELECTUAL AL SERVICIO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.
Luis Ángel Rojo es uno de esos intelectuales que dejan impronta en la historia de su país. Algo poco frecuente, y aún más excepcional cuando se trata de un economista y el país es España. Son muy pocos los nombres que desde el compromiso con el rigor de las ideas económicas han sabido traducirlas en la modernización de la economía y la superación de su retraso. Luis Ángel Rojo lo hizo como profesor y maestro de economistas, como servidor público y como gobernador del Banco de España. Dejó su impronta en los hitos fundamentales de la transformación de la economía española en el último medio siglo: el plan de estabilización, la liberalización de la economía y su apertura al exterior, el establecimiento de una política monetaria activa al servicio de la estabilidad, la modernización del sistema financiero y la integración en la Unión Económica y Monetaria.
Como maestro de economistas ejerció una labor de persuasión social sobre la importancia de las restricciones que impone la escasez de recursos. Como dijo en su discurso de aceptación del Premio de Economía Juan Carlos I, la tarea de los economistas es convencer a los agentes sociales y a los gobernantes de que los reyes magos no existen. Ángel Rojo realizó con paciencia y humor esta persuasión frente a una sociedad cargada de inercias y resistencias, que tendía a adscribir las admoniciones sobre la necesidad de cambiar como un signo de pesimismo y no como la consecuencia lógica de un meditado realismo, sustentado en la confianza de que lo que se había demostrado que valía en los países más adelantados también habría de ser fructífero para los españoles.
Tuvo la satisfacción de ver cómo el número de sus seguidores aumentaba en progresión geométrica y cómo las ideas que defendía se traducían en realidad palpable en el avance de la economía española y en el aumento del bienestar de los españoles. Es difícil encontrar a un profesor de economía con tantas personas que se reclamen alumnos o discípulos suyos. Su interés en la mejora de la política económica le llevó a comprometerse de forma directa en la reforma de los planes de estudios de Economía, a impulsar numerosos proyectos editoriales y a fomentar la ampliación de estudios en las mejores universidades extranjeras.
Para él, la economía era una ciencia aplicada que tenía que contribuir a solucionar los problemas sociales. Siempre entendió la macroeconomía como búsqueda de un sólido fundamento analítico para las decisiones de política económica. Ya en tiempos de Franco protagonizó una asamblea multitudinaria de estudiantes para explicar y criticar una operación de devaluación de la peseta que estaba llamada al fracaso: un hito del movimiento estudiantil de la época.
Nunca quiso asumir compromisos políticos que pudieran hipotecar la independencia de su juicio analítico. Inspiró importantes planes económicos y fue interlocutor privilegiado de todos los jefes de Gobierno de la democracia. Su mayor compromiso lo asumió en el Banco de España, donde impulsó el papel del Servicio de Estudios, reorientó el papel de la política monetaria, influyó decisivamente en la política presupuestaria y de reformas estructurales y modernizó el enfoque regulatorio y supervisor. Ideas que pudo desarrollar plenamente desde su posición de subgobernador y gobernador del Banco. Y si se valora al gobernador de un banco emisor por su legado en el terreno de la estabilidad macroeconómica, es difícil presentar mejores credenciales.
Como responsable de la supervisión bancaria le tocó pilotar, en medio de graves presiones, uno de los episodios de crisis más sonados de la historia financiera reciente, que de no haberse resuelto favorablemente habría hipotecado de forma muy seria la credibilidad del sistema financiero español en un momento muy delicado. No obstante, es en el terreno de la estabilidad financiera donde la herencia de Ángel Rojo ha sido más internacionalmente reconocida como una innovación precursora de los cambios que los bancos centrales y los supervisores bancarios deberán introducir para evitar o al menos reducir al máximo las posibilidades de que se repitan las crisis sistémicas severas que condujeron a la reciente gran recesión. Con la definición y adopción de las provisiones anticíclicas se dotó al sistema financiero español de una línea de resistencia que fue determinante para capear los primeros embates de la crisis.
Espero que se respete que no quiera hacer en público ninguna mención a lo que yo y mi mujer sentimos en estos momentos por la pérdida de una persona a la que hemos apreciado tanto, habiendo tenido el privilegio de disfrutar de su amistad y la de Conchita, su mujer. A lo que estoy obligado hoy como gobernador del Banco de España es a reconocer lo mucho que el Banco le debe a Luis Ángel Rojo. El Banco de España es distinto y mejor gracias a su dedicación a la institución y su huella sigue presente en él. Hace 11 años dejó la institución pero aún se palpa su mejor herencia, ejemplo para todos: su pasión por la excelencia, su constante exigencia de un trabajo bien hecho.
(Artículo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, publicado en "El País" el 25 de mayo de 2011)
Como maestro de economistas ejerció una labor de persuasión social sobre la importancia de las restricciones que impone la escasez de recursos. Como dijo en su discurso de aceptación del Premio de Economía Juan Carlos I, la tarea de los economistas es convencer a los agentes sociales y a los gobernantes de que los reyes magos no existen. Ángel Rojo realizó con paciencia y humor esta persuasión frente a una sociedad cargada de inercias y resistencias, que tendía a adscribir las admoniciones sobre la necesidad de cambiar como un signo de pesimismo y no como la consecuencia lógica de un meditado realismo, sustentado en la confianza de que lo que se había demostrado que valía en los países más adelantados también habría de ser fructífero para los españoles.
Tuvo la satisfacción de ver cómo el número de sus seguidores aumentaba en progresión geométrica y cómo las ideas que defendía se traducían en realidad palpable en el avance de la economía española y en el aumento del bienestar de los españoles. Es difícil encontrar a un profesor de economía con tantas personas que se reclamen alumnos o discípulos suyos. Su interés en la mejora de la política económica le llevó a comprometerse de forma directa en la reforma de los planes de estudios de Economía, a impulsar numerosos proyectos editoriales y a fomentar la ampliación de estudios en las mejores universidades extranjeras.
Para él, la economía era una ciencia aplicada que tenía que contribuir a solucionar los problemas sociales. Siempre entendió la macroeconomía como búsqueda de un sólido fundamento analítico para las decisiones de política económica. Ya en tiempos de Franco protagonizó una asamblea multitudinaria de estudiantes para explicar y criticar una operación de devaluación de la peseta que estaba llamada al fracaso: un hito del movimiento estudiantil de la época.
Nunca quiso asumir compromisos políticos que pudieran hipotecar la independencia de su juicio analítico. Inspiró importantes planes económicos y fue interlocutor privilegiado de todos los jefes de Gobierno de la democracia. Su mayor compromiso lo asumió en el Banco de España, donde impulsó el papel del Servicio de Estudios, reorientó el papel de la política monetaria, influyó decisivamente en la política presupuestaria y de reformas estructurales y modernizó el enfoque regulatorio y supervisor. Ideas que pudo desarrollar plenamente desde su posición de subgobernador y gobernador del Banco. Y si se valora al gobernador de un banco emisor por su legado en el terreno de la estabilidad macroeconómica, es difícil presentar mejores credenciales.
Como responsable de la supervisión bancaria le tocó pilotar, en medio de graves presiones, uno de los episodios de crisis más sonados de la historia financiera reciente, que de no haberse resuelto favorablemente habría hipotecado de forma muy seria la credibilidad del sistema financiero español en un momento muy delicado. No obstante, es en el terreno de la estabilidad financiera donde la herencia de Ángel Rojo ha sido más internacionalmente reconocida como una innovación precursora de los cambios que los bancos centrales y los supervisores bancarios deberán introducir para evitar o al menos reducir al máximo las posibilidades de que se repitan las crisis sistémicas severas que condujeron a la reciente gran recesión. Con la definición y adopción de las provisiones anticíclicas se dotó al sistema financiero español de una línea de resistencia que fue determinante para capear los primeros embates de la crisis.
Espero que se respete que no quiera hacer en público ninguna mención a lo que yo y mi mujer sentimos en estos momentos por la pérdida de una persona a la que hemos apreciado tanto, habiendo tenido el privilegio de disfrutar de su amistad y la de Conchita, su mujer. A lo que estoy obligado hoy como gobernador del Banco de España es a reconocer lo mucho que el Banco le debe a Luis Ángel Rojo. El Banco de España es distinto y mejor gracias a su dedicación a la institución y su huella sigue presente en él. Hace 11 años dejó la institución pero aún se palpa su mejor herencia, ejemplo para todos: su pasión por la excelencia, su constante exigencia de un trabajo bien hecho.
(Artículo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, publicado en "El País" el 25 de mayo de 2011)
EL CASTIGO.
El Partido Popular concentra desde ayer el mayor poder autonómico y municipal del que ha dispuesto ninguna fuerza política desde la recuperación de la democracia en España. Podrá discutirse si es más el resultado de aciertos propios que de errores ajenos, pero lo que está fuera de duda es que el partido de Mariano Rajoy asume una trascendental responsabilidad no solo ante quienes le han votado, sino también ante los ciudadanos que se han inclinado por otras opciones. En democracia, la mayoría no puede confundirse con la totalidad.
La campaña que precedió a las elecciones de ayer ha sido ensimismada y poco clarificadora. Ensimismada, porque los principales partidos se han limitado a prolongar el cruce de descalificaciones en el que llevan enzarzados en las dos últimas legislaturas. Poco clarificadora, porque el planteamiento de la campaña del que partían populares y socialistas impedía cualquier confrontación entre programas. Mientras que el PP se propuso convertir una consulta municipal y autonómica en una primera vuelta de las generales, el Partido Socialista intentó infructuosamente mantenerse en aquel terreno. Eso no le ha evitado obtener sus peores resultados en unas elecciones municipales, además de perder algunos de los gobiernos autonómicos que continuaban en sus manos.
Antes de las elecciones, los socialistas aspiraban a minimizar la imagen de derrota y para ello pretendían concentrar sus esfuerzos para obtener la victoria en muncipios y autonomías a los que concedían una poderosa carga simbólica. Ni siquiera este consuelo les fue concedido por los votantes. El Partido Socialista perdió ayer Castilla-La Mancha y la mayoría absoluta en Extremadura, dos comunidades que no han conocido un gobierno de otro signo. También perdió los Ayuntamientos de Barcelona y de Sevilla, dos ciudades que, por distintas razones, han estado estrechamente vinculadas al socialismo en España durante las tres últimas décadas. Por primera vez CiU se convierte en la primera fuerza municipal en Cataluña. Al final de la noche, el PP sumó unos 400.000 votos, mientras el PSOE sufrió una sangría de casi millón y medio.
El primer beneficiado de este retroceso general de los socialistas ha sido el Partido Popular, que confirma con los resultados obtenidos sus expectativas de un triunfo fácil y, según confía, igualmente rotundo, en las próximas elecciones generales. Pero, junto a él, han conseguido incrementar su representación autonómica y, sobre todo, municipal, fuerzas de distinto signo, situadas tanto a la izquierda como a la derecha. En este caso se encuentra UPyD en Madrid capital y, en Cataluña, una formación izquierdista como CUP y la xenófoba Plataforma por Cataluña. También la entrada de Bildu en los ayuntamientos del País Vasco, sobre todo en Guipúzcoa, es uno de los datos más significativos de la jornada.
A la vista de los resultados, queda claro que los populares han logrado imponer su agenda en estas elecciones, proyectando sobre las candidaturas socialistas el severo desgaste que padece el Gobierno central y su presidente. La renuncia de Zapatero a repetir como cabeza de cartel no ha tenido los efectos esperados, y el conjunto del PSOE ha debido cargar con la factura. A partir de este momento, los avatares de la sucesión son una moneda al aire, no solo por el hecho de desconocer quién será el candidato, sino también por los efectos que el proceso puede provocar en los desencantados votantes socialistas. La presión de los populares en favor de un adelanto electoral no facilitará las cosas.
Las elecciones celebradas ayer tenían como objetivo renovar los ayuntamientos y los parlamentos de 13 autonomías, no decidir sobre el final precipitado de la legislatura. La contundencia de los resultados, sin embargo, coloca una especial responsabilidad sobre el Gobierno y el Partido Socialista. Si Zapatero y su Ejecutivo no demuestran que están en condiciones de emprender iniciativas políticas que doten de sentido la espera hasta marzo, el Partido Popular se sentirá suficientemente reforzado para reclamar la disolución de las Cámaras.
Las trascendentales consecuencias sobre la política nacional de las elecciones celebradas ayer no pueden, con todo, ocultar las tareas pendientes en los ámbitos municipal y autonómico. La victoria del PP significa que él será el encargado de dar respuesta a los principales problemas a los que se enfrentan los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y de los que no se ha hecho apenas mención durante la campaña. El mayor de todos, la grave situación presupuestaria de municipios y comunidades, un asunto que, no solo no ha sido objeto de atención durante la campaña, sino que ni siquiera ha llegado a ser reconocido públicamente por los partidos. En la acumulación de este déficit no hay fuerza política que salga mejor parada que otra, por lo que carecería de sentido que los populares cedieran a la tentación de hacer recaer todas las culpas sobre los socialistas, con el agravante de no ahorrarle al país pasar por unas previsibles turbulencias financieras.
La dimensión de la derrota sufrida por el Partido Socialista hizo que, de manera inesperada, fuese el propio Rodríguez Zapatero quien compareciera al final de la jornada para asumir implícitamente las responsabilidades. Era una forma de manifestar que, aunque en retirada, sigue siendo el líder del partido, al mismo tiempo que un gesto para proteger a su eventual sucesor. El presidente apuntó hacia la crisis económica como causa principal del castigo infligido a los socialistas y quiso defender de nuevo la gestión del Gobierno, insistiendo en la necesidad de proseguir con las reformas para impulsar la recuperación económica y la creación de empleo. Esa es seguramente su voluntad; falta que sea viable.
El factor más sorprendente de esta campaña han sido las concentraciones del Movimiento 15-M, que han coreado repetidamente el grito "no nos representan". Fuera cual fuese ayer la opción de cada ciudadano en las urnas, lo cierto es que, hoy, los consistorios y parlamentos autónomos elegidos sí nos representan, y es a ellos a los que habrá que pedir cuentas de su gestión en cuanto se constituyan.
(Editorial de "El País", publicado el 23 de mayo de 2011)
La campaña que precedió a las elecciones de ayer ha sido ensimismada y poco clarificadora. Ensimismada, porque los principales partidos se han limitado a prolongar el cruce de descalificaciones en el que llevan enzarzados en las dos últimas legislaturas. Poco clarificadora, porque el planteamiento de la campaña del que partían populares y socialistas impedía cualquier confrontación entre programas. Mientras que el PP se propuso convertir una consulta municipal y autonómica en una primera vuelta de las generales, el Partido Socialista intentó infructuosamente mantenerse en aquel terreno. Eso no le ha evitado obtener sus peores resultados en unas elecciones municipales, además de perder algunos de los gobiernos autonómicos que continuaban en sus manos.
Antes de las elecciones, los socialistas aspiraban a minimizar la imagen de derrota y para ello pretendían concentrar sus esfuerzos para obtener la victoria en muncipios y autonomías a los que concedían una poderosa carga simbólica. Ni siquiera este consuelo les fue concedido por los votantes. El Partido Socialista perdió ayer Castilla-La Mancha y la mayoría absoluta en Extremadura, dos comunidades que no han conocido un gobierno de otro signo. También perdió los Ayuntamientos de Barcelona y de Sevilla, dos ciudades que, por distintas razones, han estado estrechamente vinculadas al socialismo en España durante las tres últimas décadas. Por primera vez CiU se convierte en la primera fuerza municipal en Cataluña. Al final de la noche, el PP sumó unos 400.000 votos, mientras el PSOE sufrió una sangría de casi millón y medio.
El primer beneficiado de este retroceso general de los socialistas ha sido el Partido Popular, que confirma con los resultados obtenidos sus expectativas de un triunfo fácil y, según confía, igualmente rotundo, en las próximas elecciones generales. Pero, junto a él, han conseguido incrementar su representación autonómica y, sobre todo, municipal, fuerzas de distinto signo, situadas tanto a la izquierda como a la derecha. En este caso se encuentra UPyD en Madrid capital y, en Cataluña, una formación izquierdista como CUP y la xenófoba Plataforma por Cataluña. También la entrada de Bildu en los ayuntamientos del País Vasco, sobre todo en Guipúzcoa, es uno de los datos más significativos de la jornada.
A la vista de los resultados, queda claro que los populares han logrado imponer su agenda en estas elecciones, proyectando sobre las candidaturas socialistas el severo desgaste que padece el Gobierno central y su presidente. La renuncia de Zapatero a repetir como cabeza de cartel no ha tenido los efectos esperados, y el conjunto del PSOE ha debido cargar con la factura. A partir de este momento, los avatares de la sucesión son una moneda al aire, no solo por el hecho de desconocer quién será el candidato, sino también por los efectos que el proceso puede provocar en los desencantados votantes socialistas. La presión de los populares en favor de un adelanto electoral no facilitará las cosas.
Las elecciones celebradas ayer tenían como objetivo renovar los ayuntamientos y los parlamentos de 13 autonomías, no decidir sobre el final precipitado de la legislatura. La contundencia de los resultados, sin embargo, coloca una especial responsabilidad sobre el Gobierno y el Partido Socialista. Si Zapatero y su Ejecutivo no demuestran que están en condiciones de emprender iniciativas políticas que doten de sentido la espera hasta marzo, el Partido Popular se sentirá suficientemente reforzado para reclamar la disolución de las Cámaras.
Las trascendentales consecuencias sobre la política nacional de las elecciones celebradas ayer no pueden, con todo, ocultar las tareas pendientes en los ámbitos municipal y autonómico. La victoria del PP significa que él será el encargado de dar respuesta a los principales problemas a los que se enfrentan los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y de los que no se ha hecho apenas mención durante la campaña. El mayor de todos, la grave situación presupuestaria de municipios y comunidades, un asunto que, no solo no ha sido objeto de atención durante la campaña, sino que ni siquiera ha llegado a ser reconocido públicamente por los partidos. En la acumulación de este déficit no hay fuerza política que salga mejor parada que otra, por lo que carecería de sentido que los populares cedieran a la tentación de hacer recaer todas las culpas sobre los socialistas, con el agravante de no ahorrarle al país pasar por unas previsibles turbulencias financieras.
La dimensión de la derrota sufrida por el Partido Socialista hizo que, de manera inesperada, fuese el propio Rodríguez Zapatero quien compareciera al final de la jornada para asumir implícitamente las responsabilidades. Era una forma de manifestar que, aunque en retirada, sigue siendo el líder del partido, al mismo tiempo que un gesto para proteger a su eventual sucesor. El presidente apuntó hacia la crisis económica como causa principal del castigo infligido a los socialistas y quiso defender de nuevo la gestión del Gobierno, insistiendo en la necesidad de proseguir con las reformas para impulsar la recuperación económica y la creación de empleo. Esa es seguramente su voluntad; falta que sea viable.
El factor más sorprendente de esta campaña han sido las concentraciones del Movimiento 15-M, que han coreado repetidamente el grito "no nos representan". Fuera cual fuese ayer la opción de cada ciudadano en las urnas, lo cierto es que, hoy, los consistorios y parlamentos autónomos elegidos sí nos representan, y es a ellos a los que habrá que pedir cuentas de su gestión en cuanto se constituyan.
(Editorial de "El País", publicado el 23 de mayo de 2011)
DEMOCRACIA REAL Y FORMAL.
Ya han surgido críticas por el empleo de la expresión “democracia real” en el manifiesto del nuevo movimiento de protesta formado por los colectivos más afectados por la crisis. Algunos se escandalizan de que pueda contraponerse la democracia real a la formal. ¿Acaso la democracia de la que disfrutamos no es real? ¿Qué quiere decir entonces “real”? ¿Es que la democracia es algo más que las reglas que la constituyen y que garantizan la igualdad política de todos los ciudadanos y la celebración periódica de elecciones?En una democracia, todo el mundo tiene el mismo derecho a participar en la esfera política. Además, los derechos de reunión, asociación y libre expresión permiten que los ciudadanos puedan organizarse políticamente, puedan expresarse y protestar y puedan recibir información libremente. La principal decisión colectiva que toma el pueblo es la elección de sus representantes que, a su vez, se encargan de formar un gobierno.Todo en este sistema institucional está encaminado a que los representantes actúen según las preferencias mayoritarias en la sociedad. Eso es el autogobierno: que las decisiones políticas se tomen en función de lo que la gente quiere y no de lo que quieren los sabios, los poderosos, los aristócratas o cualquier otra élite. Si el autogobierno no tuviese valor alguno, se podría elegir a los representantes mediante sorteo.La democracia formal es aquella en la que funcionan las reglas institucionales que definen el sistema, pero que no produce autogobierno. Hay elecciones, hay partidos con posiciones ideológicas diversas y se garantizan los derechos políticos básicos, mas el Gobierno no es capaz de gobernar siguiendo el parecer de la mayoría social.
Creo que, en el fondo, la protesta que está produciéndose estos días se dirige al déficit de autogobierno que padece nuestra sociedad. Este déficit es causado por dos factores muy distintos.
Por un lado, la corrupción, que tiene un efecto corrosivo brutal, sobre todo en tiempos de crisis en los que tanta gente pasa penurias. La corrupción rompe el vínculo representativo, pues el político actúa en beneficio propio o en el de su partido y no en beneficio de la sociedad. Es cierto que la corrupción está hoy enquistada en el nivel autonómico y municipal y no en el Gobierno central, pero teniendo en cuenta los recursos y competencias de los gobiernos autonómicos, esta constatación sirve de poco consuelo.En la medida en que los partidos hagan la vista gorda ante los casos de corrupción que tienen en sus filas o no tomen medidas efectivas para evitar estos fenómenos, se produce un desafecto que se traduce en decepción con la “clase política”. Se supone que otros políticos, con otros niveles de exigencia, actuarían de forma distinta. Hay algo de ilusorio en esa pretensión, pues los políticos reaccionan sobre todo a los incentivos que tienen. Si la ciudadanía se vuelve más severa y se informa mejor y si se reducen las posibilidades de incurrir en prácticas corruptas mediante reformas institucionales adecuadas, esta misma clase política que hoy tenemos se volvería algo más “virtuosa”.
Por otro lado, hay también déficit de autogobierno porque los gobiernos del área euro se han quedado sin margen de maniobra para responder a la crisis. La política monetaria está en manos del BCE, que es independiente, pero responde sobre todo a los intereses de Alemania. Los países no pueden devaluar. Y el déficit público y la deuda que se genera como consecuencia de la caída de ingresos producida por la crisis no son sostenibles dado el perverso diseño institucional de la Unión Monetaria. Todo esto se traduce en políticas de ajuste dañinas que se imponen como un dictado en los países afectados. Otros países fuera del área euro, como Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón, tienen dificultades parecidas o incluso mayores en términos de déficit y deuda pero no están sometidos a los ajustes que requiere el sistema de gobierno de la Unión Monetaria.
En este sentido, da igual qué partido esté en el gobierno, socialdemócrata o conservador. No es un problema de “clase política”. El problema, más bien, es que no hay margen para hacer otra política que no consista en planes de ajuste destinados a frenar los ataques especulativos contra la deuda pública nacional, ataques que por lo demás son incentivados por el diseño institucional del euro. Es imposible imaginar ahora en España que un partido llegara al poder y pudiera hacer una política económica y social muy distinta, dadas las restricciones a las que se enfrentaría.
En estas condiciones, en las que España y otros países de su entorno parecen atrapados en situaciones imposibles como las que han experimentado muchos países emergentes en el pasado, no puede sorprender que surja la protesta por la pérdida de autogobierno democrático. Nos metimos en la aventura del euro. El experimento no ha funcionado como se esperaba, pero en lugar de reformar el sistema de gobierno del euro se obliga a los países de la Unión Monetaria a llevar a cabo planes de ajuste y reformas liberales que perjudican a grandes capas de la sociedad. Es lógico que en estas condiciones se reclame una “democracia real”, una democracia en la que el autogobierno vuelva a ser efectivo.
(Artículo de Ignacio Sánchez-Cuenca, publicado en "Público" el 20 de mayo de 2011)
Creo que, en el fondo, la protesta que está produciéndose estos días se dirige al déficit de autogobierno que padece nuestra sociedad. Este déficit es causado por dos factores muy distintos.
Por un lado, la corrupción, que tiene un efecto corrosivo brutal, sobre todo en tiempos de crisis en los que tanta gente pasa penurias. La corrupción rompe el vínculo representativo, pues el político actúa en beneficio propio o en el de su partido y no en beneficio de la sociedad. Es cierto que la corrupción está hoy enquistada en el nivel autonómico y municipal y no en el Gobierno central, pero teniendo en cuenta los recursos y competencias de los gobiernos autonómicos, esta constatación sirve de poco consuelo.En la medida en que los partidos hagan la vista gorda ante los casos de corrupción que tienen en sus filas o no tomen medidas efectivas para evitar estos fenómenos, se produce un desafecto que se traduce en decepción con la “clase política”. Se supone que otros políticos, con otros niveles de exigencia, actuarían de forma distinta. Hay algo de ilusorio en esa pretensión, pues los políticos reaccionan sobre todo a los incentivos que tienen. Si la ciudadanía se vuelve más severa y se informa mejor y si se reducen las posibilidades de incurrir en prácticas corruptas mediante reformas institucionales adecuadas, esta misma clase política que hoy tenemos se volvería algo más “virtuosa”.
Por otro lado, hay también déficit de autogobierno porque los gobiernos del área euro se han quedado sin margen de maniobra para responder a la crisis. La política monetaria está en manos del BCE, que es independiente, pero responde sobre todo a los intereses de Alemania. Los países no pueden devaluar. Y el déficit público y la deuda que se genera como consecuencia de la caída de ingresos producida por la crisis no son sostenibles dado el perverso diseño institucional de la Unión Monetaria. Todo esto se traduce en políticas de ajuste dañinas que se imponen como un dictado en los países afectados. Otros países fuera del área euro, como Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón, tienen dificultades parecidas o incluso mayores en términos de déficit y deuda pero no están sometidos a los ajustes que requiere el sistema de gobierno de la Unión Monetaria.
En este sentido, da igual qué partido esté en el gobierno, socialdemócrata o conservador. No es un problema de “clase política”. El problema, más bien, es que no hay margen para hacer otra política que no consista en planes de ajuste destinados a frenar los ataques especulativos contra la deuda pública nacional, ataques que por lo demás son incentivados por el diseño institucional del euro. Es imposible imaginar ahora en España que un partido llegara al poder y pudiera hacer una política económica y social muy distinta, dadas las restricciones a las que se enfrentaría.
En estas condiciones, en las que España y otros países de su entorno parecen atrapados en situaciones imposibles como las que han experimentado muchos países emergentes en el pasado, no puede sorprender que surja la protesta por la pérdida de autogobierno democrático. Nos metimos en la aventura del euro. El experimento no ha funcionado como se esperaba, pero en lugar de reformar el sistema de gobierno del euro se obliga a los países de la Unión Monetaria a llevar a cabo planes de ajuste y reformas liberales que perjudican a grandes capas de la sociedad. Es lógico que en estas condiciones se reclame una “democracia real”, una democracia en la que el autogobierno vuelva a ser efectivo.
(Artículo de Ignacio Sánchez-Cuenca, publicado en "Público" el 20 de mayo de 2011)
LA MALA GESTIÓN DE UNA CRISIS.
La creciente presencia masiva de jóvenes, jubilados, desempleados y gentes diversas en puntos simbólicos de las principales ciudades españolas ha desviado ligeramente la atención de la última semana de la campaña electoral que se desarrolla al margen de estas protestas en las que no se ven siglas de partidos políticos ni de sindicatos.
Es un movimiento sin líderes conocidos que aglutina el descontento que late en la crisis social que mantiene en el paro a buena parte de una generación de jóvenes bien preparados que no encuentran trabajo y que piden un cambio en la forma de gestionar los asuntos públicos. No son antisistema sino que piden que el sistema funcione con más transparencia, más democracia y más libertad. No hay dictadura mayor que una democracia sin libertad, escribía Alexis de Toqueville en su Democracia en América a finales del siglo antepasado.
En la última encuesta del CIS se señalaba a los partidos políticos como el tercer problema en nuestra sociedad azotada por la crisis. Se desprende de esa encuesta que los partidos ignoran la opinión y los intereses de los ciudadanos a los que se les pide el voto en listas cerradas y no se les vuelve a incordiar hasta dentro de cuatro años.
Las protestas tienen como telón de fondo lo que ha ocurrido en Islandia y lo que está pasando en el norte de África este año. Concentraciones inesperadas y rápidas de gentes que utilizan los canales de las redes sociales estableciendo complicidades y debates al margen de los medios de comunicación. No es una cuestión menor y harían bien los políticos que van a ser elegidos en escuchar las denuncias que lanza una juventud que muestra pacíficamente su frustración.
Al estallar la crisis en septiembre de 2008, el presidente Sarkozy habló de refundar el capitalismo. No sé si hay que refundarlo porque la historia reciente ha demostrado que es el menos malo de los sistemas. Lo que sí que hay que reformar es el código de conducta de los que lo han hecho fracasar. No se han pedido responsabilidades a los altos ejecutivos que capearon la crisis desde los tiempos de Bush hasta el presidente Obama. Ninguno de ellos ha sido procesado.
Es cierto que los políticos locales o nacionales son incapaces de enderezar una situación de naturaleza global que arranca en el proceso de desregulación que empezó en los años ochenta. Las decisiones que toman vienen impuestas por gobiernos e instituciones que han sido incapaces de reformar un sistema que ellos mismos contribuyeron a su fracaso.Hay que recuperar la accountability, el rendir cuentas, la transparencia y la cercanía entre gobernantes y gobernados. Centrar las políticas en las personas y no en los beneficios y el éxito momentáneos de las élites, ya sean políticas, financieras o sociales. No ha fallado el sistema sino las personas que lo están gestionando.
(Artículo de Lluís Foix, publicado en "La Vanguardia" el 19 de mayo de 2011)
Es un movimiento sin líderes conocidos que aglutina el descontento que late en la crisis social que mantiene en el paro a buena parte de una generación de jóvenes bien preparados que no encuentran trabajo y que piden un cambio en la forma de gestionar los asuntos públicos. No son antisistema sino que piden que el sistema funcione con más transparencia, más democracia y más libertad. No hay dictadura mayor que una democracia sin libertad, escribía Alexis de Toqueville en su Democracia en América a finales del siglo antepasado.
En la última encuesta del CIS se señalaba a los partidos políticos como el tercer problema en nuestra sociedad azotada por la crisis. Se desprende de esa encuesta que los partidos ignoran la opinión y los intereses de los ciudadanos a los que se les pide el voto en listas cerradas y no se les vuelve a incordiar hasta dentro de cuatro años.
Las protestas tienen como telón de fondo lo que ha ocurrido en Islandia y lo que está pasando en el norte de África este año. Concentraciones inesperadas y rápidas de gentes que utilizan los canales de las redes sociales estableciendo complicidades y debates al margen de los medios de comunicación. No es una cuestión menor y harían bien los políticos que van a ser elegidos en escuchar las denuncias que lanza una juventud que muestra pacíficamente su frustración.
Al estallar la crisis en septiembre de 2008, el presidente Sarkozy habló de refundar el capitalismo. No sé si hay que refundarlo porque la historia reciente ha demostrado que es el menos malo de los sistemas. Lo que sí que hay que reformar es el código de conducta de los que lo han hecho fracasar. No se han pedido responsabilidades a los altos ejecutivos que capearon la crisis desde los tiempos de Bush hasta el presidente Obama. Ninguno de ellos ha sido procesado.
Es cierto que los políticos locales o nacionales son incapaces de enderezar una situación de naturaleza global que arranca en el proceso de desregulación que empezó en los años ochenta. Las decisiones que toman vienen impuestas por gobiernos e instituciones que han sido incapaces de reformar un sistema que ellos mismos contribuyeron a su fracaso.Hay que recuperar la accountability, el rendir cuentas, la transparencia y la cercanía entre gobernantes y gobernados. Centrar las políticas en las personas y no en los beneficios y el éxito momentáneos de las élites, ya sean políticas, financieras o sociales. No ha fallado el sistema sino las personas que lo están gestionando.
(Artículo de Lluís Foix, publicado en "La Vanguardia" el 19 de mayo de 2011)
DEL MALESTAR A LA INDIGNACIÓN.
Una vez el malestar se ha hecho indignación, ya solo falta lo más difícil: transformar este sentimiento en una política. Hay quien pretende que esto es imposible, que la indignación no hace política, con lo cual solo genera frustración. La historia está llena de ejemplos que confirman que esto no es cierto: ¿Qué habría sido de los derechos civiles de los negros americanos sin las movilizaciones de los 60? ¿Qué habría pasado en los sistemas de tipo soviético sin la digna irritación que puso a tantos ciudadanos en la calle? O, sin ir tan lejos, las tropas españolas todavía estarían en Irak si la gente no hubiese protestado. Indignación ha sido muchas veces el paso previo a un cambio o transformación política. Lo hemos visto recientemente en los países árabes: el destino final de las revueltas es incierto, pero lo que es innegable es que la indignación ha tenido consecuencias políticas.
Por fin, después de tres años de crisis, han emergido las primeras expresiones de indignación en la sociedad española. No era comprensible que el malestar estuviera tan contenido en una situación potencialmente tan explosiva: 20% de trabajadores en paro; 43% si nos ceñimos a la población juvenil. Se estaba tirando a toda una generación por la borda -con las terribles consecuencias de futuro que eso tiene para el país- y aquí no se movía nadie. Han circulado diversos argumentos para explicar esta atonía: la renta per cápita es todavía suficiente para que las clases medias y parte de las populares puedan proteger a sus hijos; el miedo es muy grande en una sociedad en la que, sin horizontes de futuro, la gente teme perder lo que tiene; el bienestar de estos últimos años ha generado un cambio cultural hacia posiciones más conservadoras; el discurso de la crisis y de los ajustes ha calado y la gente lo acepta con resignación. Podríamos añadir otra explicación: el énfasis de Zapatero en la prioridad a las políticas sociales durante los dos primeros años de la crisis fue un antídoto a la conflictividad. Pero todo se vino abajo cuando Zapatero, bajo la presión de los mercados, dio el gran giro hace un año, coincidiendo además con el momento en que la crisis llegaba ya directamente al bolsillo de los ciudadanos. Allí el presidente se desplomó irremisiblemente en las encuestas y el malestar entró en ebullición hasta emerger ahora, en forma de movilización social.
Está por ver el calado de unas movidas que solo acaban de empezar. Razones para la indignación hay muchas. Viendo a Mariano Rajoy aplaudir, el lunes, al mallorquín Balza por haber hecho limpieza de corruptos en el PP de las islas y jalear, el martes, al imputado Camps en Valencia, que ha llenado las listas de sospechosos, es difícil no sentir irritación. Por una vez, el mensaje de Rajoy ha sido nítido: me da igual que sean legales o corruptos, lo único que importa es que sean del PP. Estos comportamientos son los que desprestigian la democracia. Y lo grave es que una parte de la sociedad parece dispuesta a validarlos, votando a los corruptos.
Las desigualdades han crecido de forma exponencial, poniendo en riesgo el óptimo de desigualdad, a partir del cual aparece la amenaza de fractura. En la pugna entre poder económico y poder político siempre ha llevado ventaja el primero, pero en esta crisis la sumisión de la política ha sido tan grande, que es muy difícil verla como un contrapeso en favor del interés general. Si añadimos una política de consagración legal de los privilegios y el impudor del poder financiero, buscando la socialización de las pérdidas al tiempo que se reparte obscenamente los beneficios, la irritación tiene fundamento. El Gobierno ha perdido la capacidad de conectar con el malestar social. La oposición se ha limitado a la estrategia del cuanto peor, mejor, es decir ha apostado por el poder, no por los ciudadanos. El bipartidismo -propio de los países con mayor desigualdad social- limita peligrosamente las opciones de los ciudadanos. Es lógico que la ciudadanía no se sienta reconocida y cunda la idea de que la democracia está secuestrada.
Los ciudadanos que estos días expresan su indignación, curiosamente, reclaman lo mismo que los ciudadanos de los países árabes: más democracia. Ellos, no tenían; nosotros, la tenemos, pero con señales manifiestas de deterioro y de alejamiento de la ciudadanía. Lo que se pide es reanimar la democracia en beneficio de los ciudadanos. Algo más que votar cada cuatro años.
(Artículo de Josep Ramoneda, publicado en "El País" el 19 de mayo de 2011)
Por fin, después de tres años de crisis, han emergido las primeras expresiones de indignación en la sociedad española. No era comprensible que el malestar estuviera tan contenido en una situación potencialmente tan explosiva: 20% de trabajadores en paro; 43% si nos ceñimos a la población juvenil. Se estaba tirando a toda una generación por la borda -con las terribles consecuencias de futuro que eso tiene para el país- y aquí no se movía nadie. Han circulado diversos argumentos para explicar esta atonía: la renta per cápita es todavía suficiente para que las clases medias y parte de las populares puedan proteger a sus hijos; el miedo es muy grande en una sociedad en la que, sin horizontes de futuro, la gente teme perder lo que tiene; el bienestar de estos últimos años ha generado un cambio cultural hacia posiciones más conservadoras; el discurso de la crisis y de los ajustes ha calado y la gente lo acepta con resignación. Podríamos añadir otra explicación: el énfasis de Zapatero en la prioridad a las políticas sociales durante los dos primeros años de la crisis fue un antídoto a la conflictividad. Pero todo se vino abajo cuando Zapatero, bajo la presión de los mercados, dio el gran giro hace un año, coincidiendo además con el momento en que la crisis llegaba ya directamente al bolsillo de los ciudadanos. Allí el presidente se desplomó irremisiblemente en las encuestas y el malestar entró en ebullición hasta emerger ahora, en forma de movilización social.
Está por ver el calado de unas movidas que solo acaban de empezar. Razones para la indignación hay muchas. Viendo a Mariano Rajoy aplaudir, el lunes, al mallorquín Balza por haber hecho limpieza de corruptos en el PP de las islas y jalear, el martes, al imputado Camps en Valencia, que ha llenado las listas de sospechosos, es difícil no sentir irritación. Por una vez, el mensaje de Rajoy ha sido nítido: me da igual que sean legales o corruptos, lo único que importa es que sean del PP. Estos comportamientos son los que desprestigian la democracia. Y lo grave es que una parte de la sociedad parece dispuesta a validarlos, votando a los corruptos.
Las desigualdades han crecido de forma exponencial, poniendo en riesgo el óptimo de desigualdad, a partir del cual aparece la amenaza de fractura. En la pugna entre poder económico y poder político siempre ha llevado ventaja el primero, pero en esta crisis la sumisión de la política ha sido tan grande, que es muy difícil verla como un contrapeso en favor del interés general. Si añadimos una política de consagración legal de los privilegios y el impudor del poder financiero, buscando la socialización de las pérdidas al tiempo que se reparte obscenamente los beneficios, la irritación tiene fundamento. El Gobierno ha perdido la capacidad de conectar con el malestar social. La oposición se ha limitado a la estrategia del cuanto peor, mejor, es decir ha apostado por el poder, no por los ciudadanos. El bipartidismo -propio de los países con mayor desigualdad social- limita peligrosamente las opciones de los ciudadanos. Es lógico que la ciudadanía no se sienta reconocida y cunda la idea de que la democracia está secuestrada.
Los ciudadanos que estos días expresan su indignación, curiosamente, reclaman lo mismo que los ciudadanos de los países árabes: más democracia. Ellos, no tenían; nosotros, la tenemos, pero con señales manifiestas de deterioro y de alejamiento de la ciudadanía. Lo que se pide es reanimar la democracia en beneficio de los ciudadanos. Algo más que votar cada cuatro años.
(Artículo de Josep Ramoneda, publicado en "El País" el 19 de mayo de 2011)
EICHMANN Y ARENDT EN JERUSALÉN.
El 23 de mayo de 1960, David Ben-Gurión comunicó al Parlamento de Israel que Adolf Eichmann había sido detenido en territorio extranjero, que se hallaba cautivo en Israel y que sería juzgado. El primer ministro no precisó mucho más.
En aquella fecha del inicio de los sesenta, aunque las repercusiones del holocausto no habían dejado de martillear algunas conciencias, las conveniencias políticas e identitarias de algunos estados habían tenido el efecto de “suspender” la presencia del tema, por lo que predominaba una suerte de silencio administrativo relativo al holocausto y sus consecuencias, lo que favoreció la incredulidad de la ciudadanía generando un perverso sentido de vergüenza en los sobrevivientes: algunos borraron el tatuaje de la piel de su antebrazo, la marca de su historia. También en Israel, donde a lo largo de los años cincuenta la shoá (catástrofe) no tuvo prácticamente presencia pública, a pesar de que alrededor de 300.000 sobrevivientes habían alcanzado la tierra donde se construía el nuevo Estado. La revolución sionista precisaba omitir los capítulos de la historia judía relativos a las diásporas y que podían obstaculizar –a su modo de ver– el esfuerzo constructivo del nuevo proyecto. Además, como se decía en Israel, los judíos del exilio –así se llamó a los sobrevivientes– habían llegado a Israel como refugiados tras la guerra, no movidos por un ideal, no por convicción. “En la prensa, en los discursos políticos y en las conversaciones, los estereotipos antisemitas típicos de la Europa de los años treinta traducían un día tras otro el desprecio que los pioneros sentían por los judíos del gueto” (Rony Brauman y Eyal Sivan, Elogi de la desobedència, 2008). Un manual de historia de 220 páginas dedicaba una sola al holocausto frente a la decena destinada a las guerras napoleónicas, (James Young, History and Memory, nº 2, 1990). Los cincuenta fueron una época para los héroes, no para las víctimas gaseadas. Resulta significativo que la ley empleada para juzgar a Eichmann fuese una ley concebida para procesar a los supuestos colaboradores judíos en el gueto.
Ahora se cumple medio siglo del proceso a Eichmann que sacó al holocausto de la marginalidad en la que Occidente lo confinó. En Israel también cambió todo. Ben-Gurión decidió organizar un nuevo discurso sobre el holocausto, un discurso de poder que pusiera la memoria al servicio de su política y de su interpretación de la nación. Al fin y al cabo, declaró en una entrevista, “lo que le pueda pasar a Eichmann no me interesa ni poco ni mucho. Lo que me interesa es el espectáculo”. (Idith Zertal. La nació i la mort). Por ese camino, el proceso a Eichmann tuvo en Israel la naturaleza de una metáfora moral de dimensiones históricas que presentaba al Estado de Israel, por primera vez, como redentor de los seis millones de judíos asesinados. Nacía una nueva legitimación no explorada hasta entonces, el inmenso potencial de las víctimas del holocausto lo permitía. Esa fue la finalidad que estableció el Estado para el juicio, pero “las irregularidades y anomalías del proceso de Jerusalén fueron tantas, tan diversas y de tal complejidad jurídica, que oscurecieron durante el procedimiento (…) los centrales problemas morales, políticos e incluso legales que el proceso inevitablemente tenía que plantear” (Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, 2005). Esos “problemas oscuros” son los que Arendt nos iluminó.
Arendt había seguido el proceso como corresponsal especial de The New Yorker, un semanario estadounidense de ensayos culturales y reportajes de investigación. Desde sus páginas informó sobre el juicio, y en 1963 publicó una obra nueva: Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal, basada en sus notas y reflexiones más generales sobre el proceso y sus consecuencias. Habló de tres temas, del nazismo, de las víctimas y del Estado de Israel. La aportación de Arendt consistió en sostener que la insistencia fiscal en buscar la monstruosidad malvada del procesado oscurecía la singularidad –y novedad– del holocausto, que para Arendt consistía en la sorprendente divergencia entre la atrocidad del crimen y la normalidad de sus perpetradores en la ejecución del mismo. Para Arendt, aquella larga carrera de maldad mostraba “la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes”. El mal de Eichmann, para Arendt, no era radical, tan sólo extremo; la radicalidad del mal se hallaba en la fuente que lo había generado, el totalitarismo.
Pero Arendt criticó algo que fue muy mal recibido por la autoridad judía, la intelectualidad sionista y la academia israelí: la cooperación de los judíos a su propia hecatombe con una obediencia turbadora, y sostenía sus afirmaciones en la exhaustiva y reciente obra de Raul Hilberg, La destrucción de los judíos europeos (1961), que jamás ha sido publicada en hebreo, al igual que el libro de Arendt.
Lo que reprochaba Arendt no era la ausencia de una rebelión judía, sino la incapacidad de decir no. Puesto que el rechazo a obedecer constituye la esencia de la humanidad, Arendt hacía un elogio de la desobediencia. En realidad, de ahí procede una pregunta universal de naturaleza ética que ha condicionado las políticas públicas de memoria –y también la historiografía– en las sociedades que poseen en su pasado reciente una devastación causada por el totalitarismo, como la nuestra: ¿qué hay que hacer, colaborar, resistir, sobrevivir? Cada una de esas palabras abre aún, ahora y aquí, un conflicto. Porque la respuesta, sea la que sea, no es inocua: de ella depende la creación, o no, de un grave vacío ético.
(Artículo de Ricard Vinyes, publicado en "Público" el 18 de mayo de 2011)
En aquella fecha del inicio de los sesenta, aunque las repercusiones del holocausto no habían dejado de martillear algunas conciencias, las conveniencias políticas e identitarias de algunos estados habían tenido el efecto de “suspender” la presencia del tema, por lo que predominaba una suerte de silencio administrativo relativo al holocausto y sus consecuencias, lo que favoreció la incredulidad de la ciudadanía generando un perverso sentido de vergüenza en los sobrevivientes: algunos borraron el tatuaje de la piel de su antebrazo, la marca de su historia. También en Israel, donde a lo largo de los años cincuenta la shoá (catástrofe) no tuvo prácticamente presencia pública, a pesar de que alrededor de 300.000 sobrevivientes habían alcanzado la tierra donde se construía el nuevo Estado. La revolución sionista precisaba omitir los capítulos de la historia judía relativos a las diásporas y que podían obstaculizar –a su modo de ver– el esfuerzo constructivo del nuevo proyecto. Además, como se decía en Israel, los judíos del exilio –así se llamó a los sobrevivientes– habían llegado a Israel como refugiados tras la guerra, no movidos por un ideal, no por convicción. “En la prensa, en los discursos políticos y en las conversaciones, los estereotipos antisemitas típicos de la Europa de los años treinta traducían un día tras otro el desprecio que los pioneros sentían por los judíos del gueto” (Rony Brauman y Eyal Sivan, Elogi de la desobedència, 2008). Un manual de historia de 220 páginas dedicaba una sola al holocausto frente a la decena destinada a las guerras napoleónicas, (James Young, History and Memory, nº 2, 1990). Los cincuenta fueron una época para los héroes, no para las víctimas gaseadas. Resulta significativo que la ley empleada para juzgar a Eichmann fuese una ley concebida para procesar a los supuestos colaboradores judíos en el gueto.
Ahora se cumple medio siglo del proceso a Eichmann que sacó al holocausto de la marginalidad en la que Occidente lo confinó. En Israel también cambió todo. Ben-Gurión decidió organizar un nuevo discurso sobre el holocausto, un discurso de poder que pusiera la memoria al servicio de su política y de su interpretación de la nación. Al fin y al cabo, declaró en una entrevista, “lo que le pueda pasar a Eichmann no me interesa ni poco ni mucho. Lo que me interesa es el espectáculo”. (Idith Zertal. La nació i la mort). Por ese camino, el proceso a Eichmann tuvo en Israel la naturaleza de una metáfora moral de dimensiones históricas que presentaba al Estado de Israel, por primera vez, como redentor de los seis millones de judíos asesinados. Nacía una nueva legitimación no explorada hasta entonces, el inmenso potencial de las víctimas del holocausto lo permitía. Esa fue la finalidad que estableció el Estado para el juicio, pero “las irregularidades y anomalías del proceso de Jerusalén fueron tantas, tan diversas y de tal complejidad jurídica, que oscurecieron durante el procedimiento (…) los centrales problemas morales, políticos e incluso legales que el proceso inevitablemente tenía que plantear” (Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, 2005). Esos “problemas oscuros” son los que Arendt nos iluminó.
Arendt había seguido el proceso como corresponsal especial de The New Yorker, un semanario estadounidense de ensayos culturales y reportajes de investigación. Desde sus páginas informó sobre el juicio, y en 1963 publicó una obra nueva: Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal, basada en sus notas y reflexiones más generales sobre el proceso y sus consecuencias. Habló de tres temas, del nazismo, de las víctimas y del Estado de Israel. La aportación de Arendt consistió en sostener que la insistencia fiscal en buscar la monstruosidad malvada del procesado oscurecía la singularidad –y novedad– del holocausto, que para Arendt consistía en la sorprendente divergencia entre la atrocidad del crimen y la normalidad de sus perpetradores en la ejecución del mismo. Para Arendt, aquella larga carrera de maldad mostraba “la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes”. El mal de Eichmann, para Arendt, no era radical, tan sólo extremo; la radicalidad del mal se hallaba en la fuente que lo había generado, el totalitarismo.
Pero Arendt criticó algo que fue muy mal recibido por la autoridad judía, la intelectualidad sionista y la academia israelí: la cooperación de los judíos a su propia hecatombe con una obediencia turbadora, y sostenía sus afirmaciones en la exhaustiva y reciente obra de Raul Hilberg, La destrucción de los judíos europeos (1961), que jamás ha sido publicada en hebreo, al igual que el libro de Arendt.
Lo que reprochaba Arendt no era la ausencia de una rebelión judía, sino la incapacidad de decir no. Puesto que el rechazo a obedecer constituye la esencia de la humanidad, Arendt hacía un elogio de la desobediencia. En realidad, de ahí procede una pregunta universal de naturaleza ética que ha condicionado las políticas públicas de memoria –y también la historiografía– en las sociedades que poseen en su pasado reciente una devastación causada por el totalitarismo, como la nuestra: ¿qué hay que hacer, colaborar, resistir, sobrevivir? Cada una de esas palabras abre aún, ahora y aquí, un conflicto. Porque la respuesta, sea la que sea, no es inocua: de ella depende la creación, o no, de un grave vacío ético.
(Artículo de Ricard Vinyes, publicado en "Público" el 18 de mayo de 2011)
ESCÁNDALOS Y DELITOS.
Sólo cuando los hechos vayan esclareciendo lo que pasó realmente en aquella fatídica habitación 2806 del hotel Sofitel de Manhattan, sabremos si estamos ante un gran escándalo de un poderoso personaje o bien hablaremos de un delito que será juzgado por las leyes norteamericanas. Ten cuidado, en Estados Unidos no se bromea, le dijo Nicholas Sarkozy a Dominique Strauss-Khan al proponerle como director gerente del Fondo Monetario Internacional. En Europa continental solemos mantener una tenue línea de responsabilidad entre los actos públicos y privados, de tal manera que un personaje famoso o conocido puede salir bien parado por un escándalo que en Estados Unidos o Inglaterra sería considerado un delito.
Es impensable que las fechorías de Berlusconi, publicadas y con el soporte de vídeos explícitos, no hubieran acabado hace ya años con su carrera política en Estados Unidos. Cuántas carreras políticas se han visto truncadas en Inglaterra por un simple affaire sentimental. El caso Profumo hizo caer al gobierno MacMillan al airearse que el ministro de Defensa mantenía relaciones con una cabaretera que trataba asiduamente a un espía soviético.
En Francia era de dominio público la doble vida amorosa del presidente Mitterrand. Sólo cuando él lo decidió, se publicó la fotografía de su hija natural, Mazarine Pingeot, que figuró en el duelo oficial de los funerales de Estado al morir el presidente. Los franceses aceptaron con cierta complacencia que la doble vida personal de su presidente durante catorce años se exhibiera con Mitterrand de cuerpo presente. No quiero entrar en averiguaciones sobre situaciones semejantes en nuestro país, en el que se suele recurrir a todo tipo de influencias para tapar actitudes que no sólo podrían ser motivo de escándalo, sino también constitutivas de delito.
En Europa continental se aplica una generosa manga ancha para tapar las actitudes de la condición humana de los servidores públicos. No sé si la cultura europea es mejor o peor que la anglosajona en estos delicados temas. Lo que sí debía saber Strauss-Khan, si las imputaciones son ciertas, es que tener mucho poder económico o político en Estados Unidos no equivale a tener barra libre para abusar, en este caso, de la camarera de hotel de lujo.
El político europeo de hoy ha de saber, en cualquier caso, que su vida privada acaba teniendo una repercusión pública.
(Artículo de Lluís Foix, publicado en "La Vanguardia" el 17 de mayo de 2011)
Es impensable que las fechorías de Berlusconi, publicadas y con el soporte de vídeos explícitos, no hubieran acabado hace ya años con su carrera política en Estados Unidos. Cuántas carreras políticas se han visto truncadas en Inglaterra por un simple affaire sentimental. El caso Profumo hizo caer al gobierno MacMillan al airearse que el ministro de Defensa mantenía relaciones con una cabaretera que trataba asiduamente a un espía soviético.
En Francia era de dominio público la doble vida amorosa del presidente Mitterrand. Sólo cuando él lo decidió, se publicó la fotografía de su hija natural, Mazarine Pingeot, que figuró en el duelo oficial de los funerales de Estado al morir el presidente. Los franceses aceptaron con cierta complacencia que la doble vida personal de su presidente durante catorce años se exhibiera con Mitterrand de cuerpo presente. No quiero entrar en averiguaciones sobre situaciones semejantes en nuestro país, en el que se suele recurrir a todo tipo de influencias para tapar actitudes que no sólo podrían ser motivo de escándalo, sino también constitutivas de delito.
En Europa continental se aplica una generosa manga ancha para tapar las actitudes de la condición humana de los servidores públicos. No sé si la cultura europea es mejor o peor que la anglosajona en estos delicados temas. Lo que sí debía saber Strauss-Khan, si las imputaciones son ciertas, es que tener mucho poder económico o político en Estados Unidos no equivale a tener barra libre para abusar, en este caso, de la camarera de hotel de lujo.
El político europeo de hoy ha de saber, en cualquier caso, que su vida privada acaba teniendo una repercusión pública.
(Artículo de Lluís Foix, publicado en "La Vanguardia" el 17 de mayo de 2011)
LA MÁQUINA DE COLOCAR.
EL modelo autonómico dejó de funcionar hace tiempo, pero es intocable. Después de pasarse varios años discutiendo en mayor o menor medida la necesidad de reformarlo, reconducirlo o como mínimo embridar el gasto desbocado de las autonomías, los grandes partidos lo han declarado tema tabú en estas elecciones que ventilan el poder en trece comunidades. De repente ha desaparecido el debate, que estaba hasta hace bien poco en la agenda inmediata del ajuste del déficit. Y sigue estando, claro, sólo que los gabinetes de campaña han prohibido mencionarlo; no se ganan votos prometiendo apretones de cinturón. Por eso en los mítines se habla —se grita, más bien— del paro, de la extrema derecha, de los culpables de la crisis, de Bildu, de los sondeos, de la corrupción, y se llama a votar en clave nacional pero está vetado mencionar uno de los problemas esenciales de la nación, que es el diseño territorial del Estado. En las elecciones autonómicas no se puede tratar el asunto de las autonomías.
Al fondo de este chocante silencio está el papel fundamental de los poderes regionales como agentes principales del clientelismo político. Las comunidades autónomas son el primer aparato de colocación de España, una fábrica de cargos públicos a pleno rendimiento, y también el primer distribuidor de recursos, subvenciones, licencias de actividad y contratos de obras o de servicios. Su máquina de gastar resulta imprescindible para el funcionamiento de un tejido partidista basado en la capacidad de aglutinar lealtades mediante el reparto de favores entre afiliados y simpatizantes. El PP y el PSOE se han convertido de hecho en confederaciones de estructuras territoriales que ejercen de verdaderos califatos y determinan con su peso específico la elección de los líderes nacionales. Y en el caso de los nacionalismos, autonomía y partido forman una simbiosis elemental, conceptualmente indisoluble hasta el punto de que fuera del poder peligra la supervivencia misma de la organización. Los gobiernos que salgan de las urnas el domingo controlarán una inmensa porción del gasto público, que es el combustible de la política.
Todos los participantes en las elecciones saben que será necesario un recorte en esa nómina hipertrofiada, que habrá que podar organigramas, reducir cargos y ajustar plantillas, pero confían en minimizar su parte de la rebaja y en todo caso no están dispuestos a asumir sus costes de antemano. Aunque en la mayoría de los casos han renunciado a prometer inversiones que no podrán acometer, lo que de ningún modo aceptan es que se adelante el debate sobre la propia estructura del modelo que garantiza sus cuotas de liderazgo. Ése será un debate para las generales, y probablemente tan estéril como hasta ahora porque en España ya no hay poderes nacionales libres de la condición de rehenes de sus virreinatos.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 16 de mayo de 2011)
VUELVE EL PANFLETO.
Un nonagenario, Stéphane Hessel, desborda las fronteras francesas llamando a enfrentarse a la crisis holística de nuestra sociedad. En España, su libro, ¡Indignaos!, publicado por Destino, se refuerza con un vibrante prólogo de José Luis Sampedro, de la misma edad que Hessel. Sin apearse ni de la vida ni de su constante lucha, ambos hombres, pese a los achaques de su edad, dan una lección de empuje y coherencia. Con 94 años, a ambos, de trayectoria plena e insobornable compromiso, la preocupación por la deriva de la sociedad actual les ha unido.
¡Indignaos!, 19 páginas, publicado en Francia por una pequeña editorial, parece alumbrar el renacer del panfleto, ese veterano género que trata de satisfacer la necesidad de comunicar ideas a contracorriente en tiempos difíciles; un género que, en todos los países y en todos los momentos históricos, siempre ha sido perseguido por las autoridades.
Está en la naturaleza del ser humano el querer expresar la crítica y la denuncia aunque el poder no se lo permita. Con los antecedentes de las filípicas griegas y los libelos romanos, el panfleto atraviesa el medioevo como sinónimo de escrito de carácter satírico y/o difamatorio. Para algunos autores, el vocablo toma el nombre de una obra teatral del siglo XII que llegó a constituir un género, Pamphilius seu de amore. Más tarde, en el último tercio del siglo XVIII, los panfletos pasaron a transformarse en escritos políticos e ideológicos con las revoluciones democráticas norteamericana y francesa. Surgieron como reprobación al orden establecido y con el objetivo de difundirse rápidamente al margen de los canales tradicionales que les estaban vedados. Su época dorada, sin embargo, es el siglo XIX. Los movimientos obreros utilizaron el panfleto para la difusión ideológica y para incitar a la acción libertadora; la obra cumbre del género es el Manifiesto Comunista (1848).
En cuanto a España, varias instituciones ilustradas canarias conservan panfletos del siglo XIX, de pulcra caligrafía, convocando a la insurrección contra la invasión francesa. Y bajo el franquismo, las octavillas a multicopista fueron arriesgados ejercicios de oposición y llamamientos a rebelarse contra una dictadura asfixiante.
La similitud de circunstancias está en la clave de la vuelta hoy del panfleto político y social. Si en el siglo XIX se produjo una gran convulsión con la industrialización y el nacimiento de la clase obrera, asistimos ahora a una transformación profunda que está acabando con los derechos laborales y sociales logrados desde entonces. La única diferencia es que el asalariado del siglo XXI se considera a sí mismo, al menos en España, "clase media" y no se mueve. Casi nadie lo hace.
Y sin embargo, el nuevo panfleto se abre paso con inusitado vigor, publicitado, como siempre, de boca a oído, horadando el "pensamiento único" oficial, combatiendo la resignación y la cobardía. Si ¡Indignaos!, de Hessel, es ya el libro de no ficción más vendido en España, Reacciona, publicado por Aguilar, que ahonda en nuestros motivos particulares, ha escalado en solo tres semanas al quinto puesto. En este caso es Hessel quien prologa un libro que inicia el relato coral con José Luis Sampedro levantando una alfombra donde se ocultan las miserias al gran público: "Se confunde a la gente ofreciéndole libertad de expresión al tiempo que se le escamotea la libertad de pensamiento". Como él, Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, habla de los cambios radicales a acometer: "¡Ha llegado el momento de 'rescatar' a los ciudadanos!". Pero la economía no es el único sector del que se habla en este librito, por la sencilla razón de que no es el único afectado por esta profunda crisis.Toda una generación estafada de jóvenes -como dice el periodista Ignacio Escolar-, la sociedad desinformada o la debacle de la ciencia, la educación y la cultura, que son la base del auténtico progreso, sufren hoy las consecuencias de un sistema injusto.
Y hay más: el Manifiesto de economistas aterrorizados, de autores franceses, también comienza a propagarse en España.
El descontento de una parte de la ciudadanía -la que con criterio propio se siente seriamente agraviada- se está canalizando también en iniciativas como juventud sin futuro/sinmiedo o democraciarealya, entre otras, con creciente seguimiento en Internet. La actuación de los políticos sufre un claro desprestigio (representa el tercer problema para los españoles tras los económicos), lo que menoscaba peligrosamente el valor de una actividad destinada a dignificar el papel del ciudadano y a regular la acción del Estado en beneficio de la sociedad.
Las asambleas y mítines de los siglos XIX y XX parecen haberse trasladado a las redes sociales e Internet con su enorme poder amplificador. En un océano de masificación informativa, en el que los grandes medios difunden de manera casi uniforme la cultura dominante, se necesitan brújulas, periscopios y radares para orientarse. Y así, impresa o digital, una literatura panfletaria -cuya calidad desmiente el carácter peyorativo que solía acompañar al género- se abre paso con el mismo espíritu crítico de antaño. Son textos breves y directos que hablan con vehemencia cargada de razones. Dos nonagenarios -con décadas de historia vividas y reflexionadas- marcan el camino por el que ya muchos avanzan para indignarse y reaccionar. Ignorarlo sería insensato.
(Artículo de Rosa María Artal, publicado en "El País" el 7 de mayo de 2011)
¡Indignaos!, 19 páginas, publicado en Francia por una pequeña editorial, parece alumbrar el renacer del panfleto, ese veterano género que trata de satisfacer la necesidad de comunicar ideas a contracorriente en tiempos difíciles; un género que, en todos los países y en todos los momentos históricos, siempre ha sido perseguido por las autoridades.
Está en la naturaleza del ser humano el querer expresar la crítica y la denuncia aunque el poder no se lo permita. Con los antecedentes de las filípicas griegas y los libelos romanos, el panfleto atraviesa el medioevo como sinónimo de escrito de carácter satírico y/o difamatorio. Para algunos autores, el vocablo toma el nombre de una obra teatral del siglo XII que llegó a constituir un género, Pamphilius seu de amore. Más tarde, en el último tercio del siglo XVIII, los panfletos pasaron a transformarse en escritos políticos e ideológicos con las revoluciones democráticas norteamericana y francesa. Surgieron como reprobación al orden establecido y con el objetivo de difundirse rápidamente al margen de los canales tradicionales que les estaban vedados. Su época dorada, sin embargo, es el siglo XIX. Los movimientos obreros utilizaron el panfleto para la difusión ideológica y para incitar a la acción libertadora; la obra cumbre del género es el Manifiesto Comunista (1848).
En cuanto a España, varias instituciones ilustradas canarias conservan panfletos del siglo XIX, de pulcra caligrafía, convocando a la insurrección contra la invasión francesa. Y bajo el franquismo, las octavillas a multicopista fueron arriesgados ejercicios de oposición y llamamientos a rebelarse contra una dictadura asfixiante.
La similitud de circunstancias está en la clave de la vuelta hoy del panfleto político y social. Si en el siglo XIX se produjo una gran convulsión con la industrialización y el nacimiento de la clase obrera, asistimos ahora a una transformación profunda que está acabando con los derechos laborales y sociales logrados desde entonces. La única diferencia es que el asalariado del siglo XXI se considera a sí mismo, al menos en España, "clase media" y no se mueve. Casi nadie lo hace.
Y sin embargo, el nuevo panfleto se abre paso con inusitado vigor, publicitado, como siempre, de boca a oído, horadando el "pensamiento único" oficial, combatiendo la resignación y la cobardía. Si ¡Indignaos!, de Hessel, es ya el libro de no ficción más vendido en España, Reacciona, publicado por Aguilar, que ahonda en nuestros motivos particulares, ha escalado en solo tres semanas al quinto puesto. En este caso es Hessel quien prologa un libro que inicia el relato coral con José Luis Sampedro levantando una alfombra donde se ocultan las miserias al gran público: "Se confunde a la gente ofreciéndole libertad de expresión al tiempo que se le escamotea la libertad de pensamiento". Como él, Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, habla de los cambios radicales a acometer: "¡Ha llegado el momento de 'rescatar' a los ciudadanos!". Pero la economía no es el único sector del que se habla en este librito, por la sencilla razón de que no es el único afectado por esta profunda crisis.Toda una generación estafada de jóvenes -como dice el periodista Ignacio Escolar-, la sociedad desinformada o la debacle de la ciencia, la educación y la cultura, que son la base del auténtico progreso, sufren hoy las consecuencias de un sistema injusto.
Y hay más: el Manifiesto de economistas aterrorizados, de autores franceses, también comienza a propagarse en España.
El descontento de una parte de la ciudadanía -la que con criterio propio se siente seriamente agraviada- se está canalizando también en iniciativas como juventud sin futuro/sinmiedo o democraciarealya, entre otras, con creciente seguimiento en Internet. La actuación de los políticos sufre un claro desprestigio (representa el tercer problema para los españoles tras los económicos), lo que menoscaba peligrosamente el valor de una actividad destinada a dignificar el papel del ciudadano y a regular la acción del Estado en beneficio de la sociedad.
Las asambleas y mítines de los siglos XIX y XX parecen haberse trasladado a las redes sociales e Internet con su enorme poder amplificador. En un océano de masificación informativa, en el que los grandes medios difunden de manera casi uniforme la cultura dominante, se necesitan brújulas, periscopios y radares para orientarse. Y así, impresa o digital, una literatura panfletaria -cuya calidad desmiente el carácter peyorativo que solía acompañar al género- se abre paso con el mismo espíritu crítico de antaño. Son textos breves y directos que hablan con vehemencia cargada de razones. Dos nonagenarios -con décadas de historia vividas y reflexionadas- marcan el camino por el que ya muchos avanzan para indignarse y reaccionar. Ignorarlo sería insensato.
(Artículo de Rosa María Artal, publicado en "El País" el 7 de mayo de 2011)
SENSIBILIDAD DEMOCRÁTICA.
La presidencia de Rodríguez Zapatero empezó con la retirada de las tropas de Irak y termina con el mensaje de felicitación a Obama por la ejecución de Bin Laden. El cumplimiento de la promesa de retirar las tropas de Irak le dio un enorme capital de confianza. Zapatero tuvo el coraje de desafiar al Imperio en un momento en que este vivía especialmente irritado. Pero lo hizo con tanta sensación de haber dado un paso imposible, que quedó paralizado. Tenía razón y no supo sacar de ella la energía necesaria para hacerse imprescindible en un mundo vapuleado por la locura del terrorismo islamista y la insensata respuesta bélica.
Después llegó Obama. Y a Zapatero se le hizo la luz. De la hostilidad al servilismo: todo por Obama. Ahora, le felicita. Yo también me congratulo de la desaparición de Bin Laden. Si la destrucción de las Torres Gemelas fue el símbolo de los años del terrorismo global, solo otro icono podía simbolizar el fin de este periodo. Y este era la caída de Bin Laden. De momento, un icono por ausencia, porque el miedo a la creación de un mártir, lo ha llevado al fondo de los mares. Iconografía del vacío. Si esta imagen ausente puede ser considerada el fin de una época tenemos que agradecerlo a los ciudadanos de los países árabes y musulmanes, en especial las nuevas generaciones, que han derrotado al fundamentalismo islámico. Y nosotros sin enterarnos. Con los ideólogos del poder occidental machacándonos con la terrible amenaza de la civilización islámica.
Pero Zapatero felicita a Obama. Y uno tiene la sensación de que volvemos a estar en tiempos absurdos en que es necesario recordar lo evidente. Y lo evidente, en cultura democrática, es que a los criminales se les detiene y se les entrega a un tribunal para que sean juzgados. Con Bin Laden se ha optado por la vía expeditiva: la ejecución en el momento de la captura. Puedo entender perfectamente por qué. Sin duda, era complicado encontrar un lugar adecuado donde instalarle, decidir ante qué tribunal se le presentaba, tenerlo expuesto al mundo durante un largo juicio, y así sucesivamente. Obama, además, ha visto la oportunidad de satisfacer el deseo de venganza ordinaria tan extendido en la sociedad americana que recibió una afrenta que nunca habría imaginado. Es una catapulta a la reelección. Pero todo ello no nos debe hacer olvidar los principios básicos por lo que habíamos decidido que nos regíamos. Hoy la ejecución sumaria a todos nos parece bien porque es Bin Laden el ejecutado, pero se empieza así y nunca sabe dónde se acaba. Guantánamo está ahí para recordatorio de todos.
Esta pérdida de sensibilidad por los principios del Estado democrático está en el orden del día. Y la doctrina de seguridad primero y las respuestas a la crisis económica después, no han hecho sino acelerarla. Cada día vivimos recortes de derechos y libertades básicas, que se asumen no solo con la más absoluta normalidad, sino con el aplauso y la satisfacción. Dos ejemplos que están de actualidad: la pretensión de Francia e Italia de cargarse el espacio de libre circulación de Schengen y el uso en España de la Ley de Partidos para echar de las elecciones a dos partidos legales. Sobre lo primero, la Comisión Europea ya ha dado el visto bueno y ninguno de los Gobiernos ha chistado. La libre circulación es una libertad básica, de la que Europa se ha enorgullecido pero hace tiempo que los Gobiernos han decidido que frente a los inmigrantes todo está permitido. Cuando nació la Ley de Partidos algunos advertimos del enorme riesgo de estas leyes hechas para casos concretos. En principio, solo tenía que afectar a partidos abertzales comprometidos con ETA, ahora ya ha alcanzado a un partido de trayectoria inequívocamente democrática, como Eusko Alkartasuna, el de un expresidente vasco. ¿Unos nombres sospechosos en unas listas son razón suficiente para cercenar un derecho fundamental como es el de participación política? Zapatero, el que se asustó, después de desafiar a Bush, está asustado por el PP desde que fracasó la tregua anterior. Y no ha sido capaz de zafarse de la cínica presión de los populares.
A la vista de cómo se está llevando la salida de la crisis, es legítimo preguntarse si nuestras democracias sobrevivirán a la plutocracia en que estamos instalados. Y por si quedaban dudas sobre la pertinencia de la pregunta, es alarmante ver el escaso respeto que nuestros dirigentes políticos tienen por los modos y maneras de la política democrática.
(Artículo de Josep Ramoneda, publicado en "El País" el 5 de mayo de 2011)
Después llegó Obama. Y a Zapatero se le hizo la luz. De la hostilidad al servilismo: todo por Obama. Ahora, le felicita. Yo también me congratulo de la desaparición de Bin Laden. Si la destrucción de las Torres Gemelas fue el símbolo de los años del terrorismo global, solo otro icono podía simbolizar el fin de este periodo. Y este era la caída de Bin Laden. De momento, un icono por ausencia, porque el miedo a la creación de un mártir, lo ha llevado al fondo de los mares. Iconografía del vacío. Si esta imagen ausente puede ser considerada el fin de una época tenemos que agradecerlo a los ciudadanos de los países árabes y musulmanes, en especial las nuevas generaciones, que han derrotado al fundamentalismo islámico. Y nosotros sin enterarnos. Con los ideólogos del poder occidental machacándonos con la terrible amenaza de la civilización islámica.
Pero Zapatero felicita a Obama. Y uno tiene la sensación de que volvemos a estar en tiempos absurdos en que es necesario recordar lo evidente. Y lo evidente, en cultura democrática, es que a los criminales se les detiene y se les entrega a un tribunal para que sean juzgados. Con Bin Laden se ha optado por la vía expeditiva: la ejecución en el momento de la captura. Puedo entender perfectamente por qué. Sin duda, era complicado encontrar un lugar adecuado donde instalarle, decidir ante qué tribunal se le presentaba, tenerlo expuesto al mundo durante un largo juicio, y así sucesivamente. Obama, además, ha visto la oportunidad de satisfacer el deseo de venganza ordinaria tan extendido en la sociedad americana que recibió una afrenta que nunca habría imaginado. Es una catapulta a la reelección. Pero todo ello no nos debe hacer olvidar los principios básicos por lo que habíamos decidido que nos regíamos. Hoy la ejecución sumaria a todos nos parece bien porque es Bin Laden el ejecutado, pero se empieza así y nunca sabe dónde se acaba. Guantánamo está ahí para recordatorio de todos.
Esta pérdida de sensibilidad por los principios del Estado democrático está en el orden del día. Y la doctrina de seguridad primero y las respuestas a la crisis económica después, no han hecho sino acelerarla. Cada día vivimos recortes de derechos y libertades básicas, que se asumen no solo con la más absoluta normalidad, sino con el aplauso y la satisfacción. Dos ejemplos que están de actualidad: la pretensión de Francia e Italia de cargarse el espacio de libre circulación de Schengen y el uso en España de la Ley de Partidos para echar de las elecciones a dos partidos legales. Sobre lo primero, la Comisión Europea ya ha dado el visto bueno y ninguno de los Gobiernos ha chistado. La libre circulación es una libertad básica, de la que Europa se ha enorgullecido pero hace tiempo que los Gobiernos han decidido que frente a los inmigrantes todo está permitido. Cuando nació la Ley de Partidos algunos advertimos del enorme riesgo de estas leyes hechas para casos concretos. En principio, solo tenía que afectar a partidos abertzales comprometidos con ETA, ahora ya ha alcanzado a un partido de trayectoria inequívocamente democrática, como Eusko Alkartasuna, el de un expresidente vasco. ¿Unos nombres sospechosos en unas listas son razón suficiente para cercenar un derecho fundamental como es el de participación política? Zapatero, el que se asustó, después de desafiar a Bush, está asustado por el PP desde que fracasó la tregua anterior. Y no ha sido capaz de zafarse de la cínica presión de los populares.
A la vista de cómo se está llevando la salida de la crisis, es legítimo preguntarse si nuestras democracias sobrevivirán a la plutocracia en que estamos instalados. Y por si quedaban dudas sobre la pertinencia de la pregunta, es alarmante ver el escaso respeto que nuestros dirigentes políticos tienen por los modos y maneras de la política democrática.
(Artículo de Josep Ramoneda, publicado en "El País" el 5 de mayo de 2011)
EL LENGUAJE DEL DINERO.
El lenguaje de la política tiende a ser enrevesado, flexible hasta la contradicción. Escurrir el bulto, ganar tiempo es el destino más habitual de sus metáforas. El lenguaje del dinero es directo, impaciente, no se para en barras, en si es justo o no.
Pocas cuestiones concitan más acuerdo, aunque sea con tonos distintos, que la necesidad de darle una larga pensada a cómo sintonizar a Gobierno, comunidades y ayuntamientos para prestar el mejor servicio posible sin derrochar dinero público. Es una inquietud natural, nacida de un proceso de descentralización vertiginoso.
El debate lleva tiempo planteado, pero en vez de atacar la cuestión, en vez de recabar datos y establecer criterios técnicos para dirimir dónde hay duplicidades, cómo encauzar la cooperación, cómo simplificar trámites, la política se demora en sacar tajada a la bronca territorial, el mensaje más fácil.
Ahora la crisis, la urgencia por atajar el déficit público impone su ley. El Gobierno, que ha encargado un informe a la Agencia de Evaluación, se ha comprometido a impulsar un pacto con comunidades y ayuntamientos. Eso sí, no antes de las elecciones del 22 de mayo. Esta legislatura no brindará otra oportunidad para debatir qué servicios debe prestar cada administración, cómo lograr ser más eficaz, dónde están los excesos.
El ahorro de recursos públicos debería ser una consecuencia de ese debate. Pero si la política vuelve a demorarse, comunidades y ayuntamientos, asfixiadas por la falta de ingresos, no tendrán opción. Se hablará el lenguaje del dinero. Ya se habla.
(Artículo de Alejandro Bolaños, publicado en "El País" el 2 de mayo de 2011)
Pocas cuestiones concitan más acuerdo, aunque sea con tonos distintos, que la necesidad de darle una larga pensada a cómo sintonizar a Gobierno, comunidades y ayuntamientos para prestar el mejor servicio posible sin derrochar dinero público. Es una inquietud natural, nacida de un proceso de descentralización vertiginoso.
El debate lleva tiempo planteado, pero en vez de atacar la cuestión, en vez de recabar datos y establecer criterios técnicos para dirimir dónde hay duplicidades, cómo encauzar la cooperación, cómo simplificar trámites, la política se demora en sacar tajada a la bronca territorial, el mensaje más fácil.
Ahora la crisis, la urgencia por atajar el déficit público impone su ley. El Gobierno, que ha encargado un informe a la Agencia de Evaluación, se ha comprometido a impulsar un pacto con comunidades y ayuntamientos. Eso sí, no antes de las elecciones del 22 de mayo. Esta legislatura no brindará otra oportunidad para debatir qué servicios debe prestar cada administración, cómo lograr ser más eficaz, dónde están los excesos.
El ahorro de recursos públicos debería ser una consecuencia de ese debate. Pero si la política vuelve a demorarse, comunidades y ayuntamientos, asfixiadas por la falta de ingresos, no tendrán opción. Se hablará el lenguaje del dinero. Ya se habla.
(Artículo de Alejandro Bolaños, publicado en "El País" el 2 de mayo de 2011)
UN PARO ALARMANTE.
Que lo peor de la crisis económica, de su particularización en España, no había pasado lo acaba de recordar la encuesta de población activa (EPA) correspondiente al primer trimestre del año. 4.910.200 personas no tienen empleo, lo que supone un 21,29% de la población activa. El número de parados aumenta en 213.500 y la ocupación cae en 256.500 personas.
Dos elementos añaden severidad a esas cifras alarmantes. Una parte muy significativa de los jóvenes españoles siguen desempleados y más de dos millones de personas sufren el paro de larga duración. A la erosión de la calidad del capital humano que eso significa, se añade el no menos inquietante deterioro de la confianza de los ciudadanos; no solo de los que no tienen empleo. Hacen bien en asumir que no hay condiciones de mejora inmediata.
Las perspectivas no son favorables. Es probable que el paro deje de crecer, pero también es improbable que inicie una rápida e intensa caída. Su mantenimiento en niveles elevados, junto a un número creciente de familias en las que nadie trabaja (más de 1,3 millones) o la expiración del subsidio de desempleo son elementos que seguirán influyendo en las decisiones de gasto y en las expectativas empresariales. Es conveniente recordar que la creación neta de empleo en la economía española requiere tasas de crecimiento del PIB en torno al 2%. Con la información disponible se sabe que esos ritmos están todavía lejos.
El mercado de trabajo es un fiel reflejo, en primer lugar, de la debilidad de la actividad económica. El colapso de la construcción y su impacto en sectores con la demanda derivada de aquel, dominante durante más de una década, es responsable del mayor contingente de parados. Ese excepcional desempleo es también tributario de la muy pronunciada y prolongada contracción en el crédito al sector privado, en especial a las pequeñas y medianas empresas, principales responsables de la creación de empleo.
Considerar que la causa única o fundamental del enorme desempleo español (que duplica la media europea) es una organización del mercado de trabajo mucho más rígida que la de nuestros socios es una presunción que no dispone de respaldo empírico suficiente. La flexibilidad del despido o la de la fijación de salarios, por citar dos aspectos básicos de esas normas, no son mucho mayores en las economías europeas más avanzadas que en España. Sin ir muy lejos, el País Vasco, por ejemplo, dispone de una regulación laboral no muy distinta a la del conjunto de España, pero su tasa de paro es la mitad de la media. La explicación de las diferencias hay que localizarlas en lo que las empresas producen, cómo lo hacen y cómo compiten en los mercados. Y, no menos importante, en la calidad de la propia gestión empresarial y la de la formación profesional de los que trabajan.
La mayoría de las empresas saludarían un mercado de trabajo menos y mejor regulado. Pero constituye un error, generador de falsas esperanzas, hacer de su desregulación el elemento central de la recuperación del empleo y un fundamento de la modernización de la economía española. Tampoco van a ser la panacea las medidas encaminadas a aflorar la actividad económica sumergida que acaba de aprobar el Gobierno.
(Editorial de "El País", publicado el 30 de abril de 2011)
Dos elementos añaden severidad a esas cifras alarmantes. Una parte muy significativa de los jóvenes españoles siguen desempleados y más de dos millones de personas sufren el paro de larga duración. A la erosión de la calidad del capital humano que eso significa, se añade el no menos inquietante deterioro de la confianza de los ciudadanos; no solo de los que no tienen empleo. Hacen bien en asumir que no hay condiciones de mejora inmediata.
Las perspectivas no son favorables. Es probable que el paro deje de crecer, pero también es improbable que inicie una rápida e intensa caída. Su mantenimiento en niveles elevados, junto a un número creciente de familias en las que nadie trabaja (más de 1,3 millones) o la expiración del subsidio de desempleo son elementos que seguirán influyendo en las decisiones de gasto y en las expectativas empresariales. Es conveniente recordar que la creación neta de empleo en la economía española requiere tasas de crecimiento del PIB en torno al 2%. Con la información disponible se sabe que esos ritmos están todavía lejos.
El mercado de trabajo es un fiel reflejo, en primer lugar, de la debilidad de la actividad económica. El colapso de la construcción y su impacto en sectores con la demanda derivada de aquel, dominante durante más de una década, es responsable del mayor contingente de parados. Ese excepcional desempleo es también tributario de la muy pronunciada y prolongada contracción en el crédito al sector privado, en especial a las pequeñas y medianas empresas, principales responsables de la creación de empleo.
Considerar que la causa única o fundamental del enorme desempleo español (que duplica la media europea) es una organización del mercado de trabajo mucho más rígida que la de nuestros socios es una presunción que no dispone de respaldo empírico suficiente. La flexibilidad del despido o la de la fijación de salarios, por citar dos aspectos básicos de esas normas, no son mucho mayores en las economías europeas más avanzadas que en España. Sin ir muy lejos, el País Vasco, por ejemplo, dispone de una regulación laboral no muy distinta a la del conjunto de España, pero su tasa de paro es la mitad de la media. La explicación de las diferencias hay que localizarlas en lo que las empresas producen, cómo lo hacen y cómo compiten en los mercados. Y, no menos importante, en la calidad de la propia gestión empresarial y la de la formación profesional de los que trabajan.
La mayoría de las empresas saludarían un mercado de trabajo menos y mejor regulado. Pero constituye un error, generador de falsas esperanzas, hacer de su desregulación el elemento central de la recuperación del empleo y un fundamento de la modernización de la economía española. Tampoco van a ser la panacea las medidas encaminadas a aflorar la actividad económica sumergida que acaba de aprobar el Gobierno.
(Editorial de "El País", publicado el 30 de abril de 2011)
UN CUADRO DEL GRECO.
EL Greco le ha hecho un retrato a la política española y la ha sacado más bien enfermiza y poco favorecida, con cara pálida, gesto tramposo y aspecto de estar podrida por dentro. Además de un pintor excelso cuya obra cumbre cuelga paredaña con el despacho toledano de José María Barreda, el GRECO es el acrónimo del Grupo de Estados contra la Corrupción, organismo del Consejo de Europa dedicado a analizar lo que su propio nombre indica. Por segunda vez en dos años dicho observatorio ha pintado un cuadro inquietante de las finanzas de nuestros partidos, que salen perfiladas por su lado más siniestro y borroso: gastos desmedidos, ingresos opacos, deudas galopantes, cuentas sin auditar y un sospechoso compadreo de créditos bancarios y cancelaciones dudosas. Todo ello rodeado de esperanzadoras promesas de regeneración que nunca pasan del plano de la retórica.
Nada que no supiésemos, por supuesto, pero tampoco nada que se pueda ocultar a una mirada objetiva y sin contaminar por la red de intereses que domina la partitocracia española. El informe del GRECO irrumpe de forma muy clarificadora en un debate electoral dominado por la presencia en las candidaturas autonómicas y locales de numerosos implicados en tramas corruptas, y viene a demostrar que la clase política tiene poco interés real en depurar un sistema envilecido por la falta de transparencia y un indulgente autoamparo. Los partidos son máquinas de gastar inmunes a los principios de austeridad y de igualdad de oportunidades, y utilizan el poder para un turbio tráfico de favores administrados discrecionalmente según la muy habitual ley del embudo. Chulean al Tribunal de Cuentas, se autoadjudican subvenciones, olvidan pagar los créditos y como todo dinero les parece poco recurren a intermediarios inescrupulosos para organizar mecanismos de financiación paralela. Cuando la sociedad les demanda —tímidamente, por cierto— un mínimo de decencia a sus dirigentes sólo se les ocurre pedir más fondos públicos; ni por asomo les sobreviene la posibilidad de reducir el despilfarro, de someterse a una regulación de cuotas y donaciones o de depender de sus simpatizantes a través de porcentajes del IRPF.
El origen de la corrupción está en esa codicia corporativa más que en las manos largas de algunos desaprensivos que no podrían enriquecerse sin prestar servicios a las organizaciones que de un modo u otro los amparan. Por eso la tolerancia y la renuencia a adoptar medidas regeneradoras; ni los mismos dirigentes llegan a saber hasta dónde alcanzan las responsabilidades en un sistema tan degradado. Se limitan a reprocharse mutuamente escándalos en la confianza de que los de unos compensan los de los otros. Y a tirar para adelante ocultando las miserias, aunque de vez en cuando venga un Greco y los retrate a todos juntos con las manos sucias y la sonrisa falsa.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 27 de abril de 2011)
CUENTAS OPACAS.
El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), órgano dependiente del Consejo de Europa, considera que la financiación de los partidos políticos sigue siendo uno de los grandes capítulos pendientes en España. En un informe anterior, el Greco sugirió la necesidad de aplicar seis medidas para hacer más transparentes las cuentas de las fuerzas políticas. En el nuevo informe ha constatado que solo dos se han adoptado, aunque de manera insuficiente: el refuerzo de los medios a disposición del Tribunal de Cuentas y el establecimiento de un sistema de sanciones. Las cuatro restantes permanecen en el limbo, con lo que la consideración sobre la lucha contra la corrupción en España es negativa.
Entre las recomendaciones desatendidas se encuentran las que, sin duda, resultarían más eficaces para combatir la corrupción, como la fijación de un límite al endeudamiento de los partidos o la realización de auditorías. Ni siquiera el Tribunal de Cuentas ha tenido acceso a las cuentas reales de las fuerzas políticas, puesto que hasta ahora no ha podido cruzar sus datos con los del Banco de España para comprobar si la cancelación de algunos créditos deberían ser consideradas donaciones. El Tribunal tampoco ha podido conocer en su exacta dimensión las contribuciones a la financiación de algunas fundaciones dependientes de partidos.
El descorazonador informe del Greco ha venido a recordar que, pese a la omnipresencia de la corrupción en el debate político español, los partidos están más dispuestos a utilizarla como arma electoral que a emprender reformas legales que permitan avanzar en la prevención y la depuración de responsabilidades. Hasta ahora, la estrategia común ha consistido en magnificar los casos ajenos para alejar la atención de los propios, en el sobrentendido de que, finalmente, unos escándalos neutralizarán electoralmente a otros.
La insuficiencia de la financiación de los partidos es un hecho conocido que, sin embargo, no ha sido abordado con la atención que requiere, por su capacidad para contaminar la totalidad del sistema democrático. El acuerdo tácito que parece haberse instalado es el de aceptar que cada partido intente resolver sus problemas como pueda, pagando las consecuencias que tenga que pagar solo en el caso de que sea descubierto.
(Editorial de "El País", publicado el 26 de abril de 2011)
Entre las recomendaciones desatendidas se encuentran las que, sin duda, resultarían más eficaces para combatir la corrupción, como la fijación de un límite al endeudamiento de los partidos o la realización de auditorías. Ni siquiera el Tribunal de Cuentas ha tenido acceso a las cuentas reales de las fuerzas políticas, puesto que hasta ahora no ha podido cruzar sus datos con los del Banco de España para comprobar si la cancelación de algunos créditos deberían ser consideradas donaciones. El Tribunal tampoco ha podido conocer en su exacta dimensión las contribuciones a la financiación de algunas fundaciones dependientes de partidos.
El descorazonador informe del Greco ha venido a recordar que, pese a la omnipresencia de la corrupción en el debate político español, los partidos están más dispuestos a utilizarla como arma electoral que a emprender reformas legales que permitan avanzar en la prevención y la depuración de responsabilidades. Hasta ahora, la estrategia común ha consistido en magnificar los casos ajenos para alejar la atención de los propios, en el sobrentendido de que, finalmente, unos escándalos neutralizarán electoralmente a otros.
La insuficiencia de la financiación de los partidos es un hecho conocido que, sin embargo, no ha sido abordado con la atención que requiere, por su capacidad para contaminar la totalidad del sistema democrático. El acuerdo tácito que parece haberse instalado es el de aceptar que cada partido intente resolver sus problemas como pueda, pagando las consecuencias que tenga que pagar solo en el caso de que sea descubierto.
(Editorial de "El País", publicado el 26 de abril de 2011)
O INEVITÁVEL É INVIÁVEL: MANIFESTO
Somos cidadãos e cidadãs nascidos depois do 25 de Abril de 1974. Crescemos com a consciência de que as conquistas democráticas e os mais básicos direitos de cidadania são filhos directos desse momento histórico. Soubemos resistir ao derrotismo cínico, mesmo quando os factos pareciam querer lutar contra nós: quando o então primeiro-ministro Cavaco Silva recusava uma pensão ao capitão de Abril, Salgueiro Maia, e a concedia a torturadores da PIDE/DGS; quando um governo decidia comemorar Abril como uma "evolução", colocando o "R" no caixote de lixo da História; quando víamos figuras políticas e militares tomar a revolução do 25 de Abril como um património seu. Soubemos permanecer alinhados com a sabedoria da esperança, porque sem ela a democracia não tem alma nem futuro. O momento crítico que o país atravessa tem vindo a ser aproveitado para promover uma erosão preocupante da herança material e simbólica construída em torno do 25 de Abril. Não o afirmamos por saudosismo bacoco ou por populismo de circunstância. Se não é de agora o ataque a algumas conquistas que fizeram de nós um país mais justo, mais livre e menos desigual, a ofensiva que se prepara - com a cobertura do Fundo Monetário Internacional e a acção diligente do "grande centro" ideológico - pode significar um retrocesso sério, inédito e porventura irreversível.
Entendemos, por isso, que é altura de erguermos a nossa voz. Amanhã pode ser tarde. O primeiro eixo dessa ofensiva ocorre no campo do trabalho. A regressão dos direitos laborais tem caminhado a par com uma crescente precarização que invade todos os planos da vida: o emprego e o rendimento são incertos, tal como incerto se torna o local onde se reside, a possibilidade de constituir família, o futuro profissional. Como o sabem todos aqueles e aquelas que experienciam esta situação, a precariedade não rima com liberdade. Esta só existe se estiverem garantidas perspectivas mínimas de segurança laboral, um rendimento adequado, habitação condigna e a possibilidade de se acederem a dispositivos culturais e educativos. O desemprego, os falsos recibos verdes, o uso continuado e abusivo de contratos a prazo e as empresas de trabalho temporário são hoje as faces deste tempo em que o trabalho sem direitos se tornou a norma. Recentes declarações de agentes políticos e económicos já mostraram que a redução dos direitos e a retracção salarial é a rota pretendida. Em sentido inverso, estamos dispostos a lutar por um novo pacto social que trave este regresso a vínculos laborais típicos do século XIX. O segundo eixo dessa ofensiva centra-se no enfraquecimento e desmantelamento do Estado social. A saúde e a educação são as duas grandes fatias do bolo público que o apetite privado busca capturar. Infelizmente, algum caminho já foi trilhado, ainda que na penumbra. Sabemos que não há igualdade de oportunidades sem uma rede pública estruturada e acessível de saúde e educação. Estamos convencidos de que não há democracia sem igualdade de oportunidades. Preocupa-nos, por isso, o desinvestimento no SNS, a inexistência de uma rede de creches acessível, os problemas que enfrenta a escola pública e as desistências de frequência do ensino superior por motivos económicos. Num país com fortes bolsas de pobreza e com endémicas desigualdades, corroer direitos sociais constitucionalmente consagrados é perverter a nossa coluna vertebral democrática, e o caldo perfeito para o populismo xenófobo. Com isso, não podemos pactuar. No nosso ponto de vista, esta é a linha de fronteira que separa uma sociedade preocupada com o equilíbrio e a justiça e uma sociedade baseada numa diferença substantiva entre as elites e a restante população. Por fim, o terceiro e mais inquietante eixo desta ofensiva anti-Abril assenta na imposição de uma ideia de inevitabilidade que transforma a política mais numa ratificação de escolhas já feitas do que numa disputa real em torno de projectos diferenciados. Este discurso ganhou terreno nos últimos tempos, acentuou-se bastante nas últimas semanas e tenderá a piorar com a transformação do país num protectorado do FMI. Um novo vocabulário instala-se, transformando em "credores" aqueles que lucram com a dívida, em "resgate financeiro" a imposição ainda mais acentuada de políticas de austeridade e em "consenso alargado" a vontade de ditar a priori as soluções governativas. Esta maquilhagem da língua ocupa de tal forma o terreno mediático que a própria capacidade de pensar e enunciar alternativas se encontra ofuscada. Por isso dizemos: queremos contribuir para melhorar o país, mas recusamos ser parte de uma engrenagem de destruição de direitos e de erosão da esperança. Se nos roubarem Abril, dar-vos-emos Maio!
Alexandre de Sousa Carvalho - Relações Internacionais, investigador; Alexandre Isaac - antropólogo, dirigente associativo; Alfredo Campos - sociólogo, bolseiro de investigação; Ana Fernandes Ngom - animadora sociocultural; André Avelãs - artista; André Rosado Janeco - bolseiro de doutoramento; António Cambreiro - estudante; Artur Moniz Carreiro - desempregado; Bruno Cabral - realizador; Bruno Rocha - administrativo; Bruno Sena Martins - antropólogo; Carla Silva - médica, sindicalista; Catarina F. Rocha - estudante; Catarina Fernandes - animadora sociocultural, estagiária; Catarina Guerreiro - estudante; Catarina Lobo - estudante; Celina da Piedade - música; Chullage - sociólogo, músico; Cláudia Diogo - livreira; Cláudia Fernandes - desempregada; Cristina Andrade - psicóloga; Daniel Sousa - guitarrista, professor; Duarte Nuno - analista de sistemas; Ester Cortegano - tradutora; Fernando Ramalho - músico; Francisca Bagulho - produtora cultural; Francisco Costa - linguista; Gui Castro Felga - arquitecta; Helena Romão - música, musicóloga; Joana Albuquerque - estudante; Joana Ferreira - lojista; João Labrincha - Relações Internacionais, desempregado; Joana Manuel - actriz; João Pacheco - jornalista; João Ricardo Vasconcelos - politólogo, gestor de projectos; João Rodrigues - economista; José Luís Peixoto - escritor; José Neves - historiador, professor universitário; José Reis Santos - historiador; Lídia Fernandes - desempregada; Lúcia Marques - curadora, crítica de arte; Luís Bernardo - estudante de doutoramento; Maria Veloso - técnica administrativa; Mariana Avelãs - tradutora; Mariana Canotilho - assistente universitária; Mariana Vieira - estudante de doutoramento; Marta Lança - jornalista, editora; Marta Rebelo - jurista, assistente universitária; Miguel Cardina - historiador; Miguel Simplício David - engenheiro civil; Nuno Duarte (Jel) - artista; Nuno Leal - estudante; Nuno Teles - economista; Paula Carvalho - aprendiz de costureira; Paula Gil - Relações Internacionais, estagiária; Pedro Miguel Santos - jornalista; Ricardo Araújo Pereira - humorista; Ricardo Lopes Lindim Ramos - engenheiro civil; Ricardo Noronha - historiador; Ricardo Sequeiros Coelho - bolseiro de investigação; Rita Correia - artesã; Rita Silva - animadora; Salomé Coelho - investigadora em Estudos Feministas, dirigente associativa; Sara Figueiredo Costa - jornalista; Sara Vidal - música; Sérgio Castro - engenheiro informático; Sérgio Pereira - militar; Tiago Augusto Baptista - médico, sindicalista; Tiago Brandão Rodrigues - bioquímico; Tiago Gillot - engenheiro agrónomo, encarregado de armazém; Tiago Ivo Cruz - programador cultural; Tiago Mota Saraiva - arquitecto; Tiago Ribeiro - sociólogo; Úrsula Martins - estudante.
(Manifiesto publicado en el diario portugués "Expresso" el 22 de abril de 2011)
EL ESTADO "SUBPRIME".
Cuando el 22 de mayo se cierren las urnas municipales y autonómicas se formalizará el gran problema que ha estado semienterrado en este largo periodo de campaña preelectoral: miles de facturas sin pagar, poco o nada de dinero para satisfacerlas, y decenas de miles de empresas (sobre todo pequeñas y medianas, pero también grandes) y trabajadores autónomos acosados por la morosidad y a punto de cesar en su actividad ante la imposibilidad de hacer frente a sus propias obligaciones. Entonces entraremos en una nueva fase de la crisis, muy dolorosa, por la debilidad de las políticas de proximidad que protagonizan las comunidades autónomas (CC AA) y los ayuntamientos.
Si la prioridad de la política económica (la reducción del déficit y la deuda pública a los ritmos previstos) es irrenunciable, la dificultad es evidente. En 2010, el Estado central contuvo el déficit público un poco por encima de lo esperado y mantuvo la deuda pública embridada dentro de los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero no ocurrió lo mismo con el conjunto de las Administraciones Públicas (AA PP): entre las comunidades y los ayuntamientos la deuda ascendió al 15,3% del PIB, habiéndose casi duplicado respecto a 2007, el año de comienzo de la crisis. En 2011, el déficit de las CC AA deberá ser, todo lo más, el 1,3% del PIB y está como media en más del doble (2,8%). Y ello, suponiendo que estos porcentajes sean los correctos: algunas AA PP se han caracterizado por la opacidad de sus cuentas; en ocasiones las han maquillado aparcando parte de su deuda en sociedades mixtas que no aparecen en los presupuestos públicos.
El control del gasto de las AA PP figura entre las preocupaciones de quienes que todos los días miran con lupa al Reino de España para prestarle dinero. Además, sus ingresos son muy dependientes de las transferencias del Gobierno central y de las actividades relacionadas con el sector de la construcción. Implicado el primero en un fuerte programa de austeridad (con caídas de los principales impuestos y con gastos comprometidos con los planes de rescate financiero y con el incremento del seguro de desempleo), y con el estallido de la burbuja inmobiliaria, estas AAPP tienen muy difícil seguir financiando las competencias transferidas y los servicios que ahora prestan en materia de sanidad, educación, ayuda a las familias y a los parados, etcétera.
Cataluña, que ya celebró sus elecciones autonómicas, es el precedente de lo que puede suceder. Sus intentos de reconducir a la baja algunos servicios básicos o las dificultades para endeudarse en los mercados (en el caso de que previamente se obtenga la autorización del Gobierno), evidencian el camino que van a recorrer otras AA PP.
Hay dos tipos de víctimas: los ciudadanos que ven reducida la eficacia de su Estado de Bienestar (educación, sanidad, dependencia...), y las empresas y trabajadores autónomos que sufren el enorme crecimiento de la morosidad. Hay facturas, sobre todo entre algunos grupos de proveedores, que tardan en pagarse casi dos años en algunas CC AA. Además, el propio hecho de la convocatoria de elecciones ha retrasado aun más los pagos pendientes. En 2010 entró en vigor una Ley de Morosidad que indicaba que la demora máxima de las AA PP no podría superar los 50 días este año, 40 días en 2012 y 30 días a partir de 2013. Nada deteriora más la calidad de la democracia que las normas que no se cumplen. Hay ayuntamientos, que ven rechazados los pagarés que firman a sus acreedores porque las entidades financieras no se fían de que vayan a cobrarlos. La secuencia es parecida a ésta: comunidades y ayuntamientos que no pueden pagar sus deudas a las pymes o los trabajadores autónomos; éstos, a su vez, no pueden hacer frente a sus obligaciones por lo que sus acreedores instan su suspensión de pagos. Al suspender pagos, las Administraciones Públicas no vuelven a contratarles, etcétera.
Todo ello hace más inentendible que no se haya firmado un pacto transversal entre los principales partidos, que afectase a todas las Administraciones del Estado y que durase más de una legislatura, para que, gobierne quien gobierne, pueda abordar los problemas pendientes y trazar las líneas de la futura financiación. La ceguera de los que se creen vencedores.
(Artículo de Joaquín Estefanía, publicado en "El País" el 25 de abril de 2011)
Si la prioridad de la política económica (la reducción del déficit y la deuda pública a los ritmos previstos) es irrenunciable, la dificultad es evidente. En 2010, el Estado central contuvo el déficit público un poco por encima de lo esperado y mantuvo la deuda pública embridada dentro de los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero no ocurrió lo mismo con el conjunto de las Administraciones Públicas (AA PP): entre las comunidades y los ayuntamientos la deuda ascendió al 15,3% del PIB, habiéndose casi duplicado respecto a 2007, el año de comienzo de la crisis. En 2011, el déficit de las CC AA deberá ser, todo lo más, el 1,3% del PIB y está como media en más del doble (2,8%). Y ello, suponiendo que estos porcentajes sean los correctos: algunas AA PP se han caracterizado por la opacidad de sus cuentas; en ocasiones las han maquillado aparcando parte de su deuda en sociedades mixtas que no aparecen en los presupuestos públicos.
El control del gasto de las AA PP figura entre las preocupaciones de quienes que todos los días miran con lupa al Reino de España para prestarle dinero. Además, sus ingresos son muy dependientes de las transferencias del Gobierno central y de las actividades relacionadas con el sector de la construcción. Implicado el primero en un fuerte programa de austeridad (con caídas de los principales impuestos y con gastos comprometidos con los planes de rescate financiero y con el incremento del seguro de desempleo), y con el estallido de la burbuja inmobiliaria, estas AAPP tienen muy difícil seguir financiando las competencias transferidas y los servicios que ahora prestan en materia de sanidad, educación, ayuda a las familias y a los parados, etcétera.
Cataluña, que ya celebró sus elecciones autonómicas, es el precedente de lo que puede suceder. Sus intentos de reconducir a la baja algunos servicios básicos o las dificultades para endeudarse en los mercados (en el caso de que previamente se obtenga la autorización del Gobierno), evidencian el camino que van a recorrer otras AA PP.
Hay dos tipos de víctimas: los ciudadanos que ven reducida la eficacia de su Estado de Bienestar (educación, sanidad, dependencia...), y las empresas y trabajadores autónomos que sufren el enorme crecimiento de la morosidad. Hay facturas, sobre todo entre algunos grupos de proveedores, que tardan en pagarse casi dos años en algunas CC AA. Además, el propio hecho de la convocatoria de elecciones ha retrasado aun más los pagos pendientes. En 2010 entró en vigor una Ley de Morosidad que indicaba que la demora máxima de las AA PP no podría superar los 50 días este año, 40 días en 2012 y 30 días a partir de 2013. Nada deteriora más la calidad de la democracia que las normas que no se cumplen. Hay ayuntamientos, que ven rechazados los pagarés que firman a sus acreedores porque las entidades financieras no se fían de que vayan a cobrarlos. La secuencia es parecida a ésta: comunidades y ayuntamientos que no pueden pagar sus deudas a las pymes o los trabajadores autónomos; éstos, a su vez, no pueden hacer frente a sus obligaciones por lo que sus acreedores instan su suspensión de pagos. Al suspender pagos, las Administraciones Públicas no vuelven a contratarles, etcétera.
Todo ello hace más inentendible que no se haya firmado un pacto transversal entre los principales partidos, que afectase a todas las Administraciones del Estado y que durase más de una legislatura, para que, gobierne quien gobierne, pueda abordar los problemas pendientes y trazar las líneas de la futura financiación. La ceguera de los que se creen vencedores.
(Artículo de Joaquín Estefanía, publicado en "El País" el 25 de abril de 2011)
LA CAPTURA DEL ESTADO.
ES típico de los finales de legislatura buscar una salida digna a los profesionales que han trabajado para el partido de gobierno. Un proceso habitual que hay que saber contener, porque tiene tendencia al gigantismo y puede llegar a desvirtuar al Estado, a capturarlo por interés partidista cuando el cambio de color político es inminente. Entonces se apodera de los funcionarios de partido y de sus compañeros de viaje una especie de horror vacui, una sensación de derribo que liquida precipitadamente la legislatura. Esto es lo que pasa en Andalucía pero se había conseguido evitar en el gobierno central hasta que alguien ha descubierto el botín de la renovación de los consejos de los organismos reguladores. El espectáculo está siendo tremendo, impropio de una economía madura y una sociedad democrática en la que las instituciones deberían de estar por encima de las personas. Que dos secretarios de Estado sean los candidatos oficiales a presidir las Comisiones Nacionales de Energía y del Mercado de las Telecomunicaciones dice mucho de la idea que tiene este gobierno de la independencia de estos organismos. Si tal es el descaro en estos nombramientos que llevan aparejado escrutinio público y cierto coste político, qué pasará en las designaciones ministeriales directas. Me temo que bien pueden parecerse a una república bananera.
Este gobierno prometió en las elecciones dotar de plena autonomía operativa, funcional, económica y personal a los reguladores económicos y ahora los utiliza como su finca particular para pagar favores. No lo hizo por capricho, sino por exigencia de los organismos internacionales que insistían que ésta era precisamente una de las reformas estructurales que aumentaría la productividad de la economía española. Toda la teoría y la evidencia empírica demuestran que cuando las tarifas públicas las fijan técnicos independientes y sin disciplina política, los servicios públicos son más eficientes, funcionan mejor y son más baratos. Pero el gobierno ha preferido ocupar los organismos reguladores, ponerlos a su servicio y utilizarlos en el cambalache político para asegurarse un año más de legislatura. La instrumentalización del Estado al servicio del partido gubernamental es una manifestación más de la degeneración democrática de esta legislatura, del deterioro institucional que quedará como un daño permanente de la gestión del presidente Zapatero.
Nunca antes nadie se había atrevido a tanto, pero es que nunca antes nadie había sentido tanto desprecio por sus propias palabras. Hace poco más de un mes que el gobierno aprobaba la ley de Economía Sostenible. Uno de sus objetivos era garantizar la independencia de los organismos reguladores. Establecía para los candidatos un mecanismo de audiencia pública en el Congreso, otro intento de copiar un procedimiento anglosajón y traspasarlo al sistema político español. Es obvio qué será un nuevo injerto fallido. Con estos candidatos es fácil imaginar cómo van a ser estas audiencias. La disciplina de voto se impondrá como un rodillo, ¡ay de aquél que ose disentir de su partido y se atreva a hacer preguntas inteligentes sin desvelárselas antes al candidato oficial! Los diputados saben bien con quien se juegan su futuro. Zapatero y sus ministros han vuelto a prestar un mal servicio al país. De un plumazo, literalmente, se han cargado la esperanza de contar con organismos independientes nutridos de profesionales competentes y con libertad de criterio. Será divertido oírles rasgarse las vestiduras cuando dentro de un año aproximadamente el PP cambie la norma y cese a todos los consejeros. Es lo que tiene vivir en un país periférico, que el riesgo regulatorio es muy elevado.
(Artículo de Fernando Fernández, publicado en "ABC" el 21 de abril de 2011)
METIDO EN EL CUARTÓN.
A un funcionario del Ayuntamiento de Gijón le han metido en un cuartón oscuro, con un ventanuco, y tapizado de contadores eléctricos. Decimos «cuartón» porque es el término antiguo para hablar de las mazmorras de la Policía. Pero da la casualidad de que el tal funcionario es uno de los cinco abogados de la asesoría jurídica municipal y al mismo tiempo el secretario general de la Asociación de Funcionarios del Ayuntamiento de Gijón (AFAG). Este sindicato, junto con la USO, ha sido el que más resoluciones del Ayuntamiento ha derribado en los tribunales durante los últimos años, en materia de convocatorias de plazas de funcionario, designaciones de cargos de confianza y negociación de convenios. Es decir, todas esas parcelas en las que el equipo municipal de gobierno es acusado de haber creado un cortijo. Verde y con asas: al cuartón. Y lo curioso es que dicha estancia de lujo ha sido creada después de le remodelación de uno de los edificios del Ayuntamiento. Bien es sabido que la Administración pública se extiende como el aceite hasta ocupar todo los espacios disponibles, y aún más, pero lo glorioso del caso es que la municipalidad se gaste una pasta en reformas y al final tenga que recurrir a un cuarto de contadores, o algo similar, para meter a un funcionario. Esto se llama despilfarro propiciado por nuestros rectores munícipes. Total que el asunto del cuartón va camino de los tribunales una vez que la Inspección de Trabajo haya dictaminado que la situación es infame. Nos tememos que todo este suceso, o al menos el área de personal del Ayuntamiento, depende del edil y candidato del PSOE, Santiago Martínez Argüelles, al que tantos que le aprecian llaman «Santi». Pero nos preguntamos: ¿será el santo de «Santi» o «Santi» el castigador». En resumidas cuentas: cortijo, despilfarros, castigos, venganzas... Después de 32 años gobernando, éstas son las pequeñas adherencias que se producen. Repetimos que esto hay que airearlo en mayo, que es el mes de las flores y de las elecciones.
(Artículo de Javier Morán, publicado en "La Nueva España" el 19 de abril de 2011)
(Artículo de Javier Morán, publicado en "La Nueva España" el 19 de abril de 2011)
DIMITIR EN DEMOCRACIA.
En los diccionarios políticos no aparece la palabra dimisión y, sin embargo, desde que la democracia existe, dimitir, en el sentido de renunciar a una posición de poder, es una eventualidad siempre abierta a quien la ocupa. En el Antiguo Régimen, ni el rey absoluto ni sus secretarios dimitían, como no dimiten hoy los sultanes ni los tiranos, los que detentan un poder personal irrestricto en sistemas dictatoriales o totalitarios: es imposible imaginar la dimisión de un Hitler, de un Stalin, de un Franco o de cualquiera de los de su clase, de un Gadafi, por ejemplo; sin embargo, es posible, a pesar del talante de hierro, imaginar la dimisión de Margaret Thatcher, del general De Gaulle o la de Richard Nixon y, por motivos bien diferentes, la de Willy Brandt. Casos extremos, pero elocuentes: políticos que ejercieron el poder en democracia aureolados por esa cualidad inasible que se llama carisma. Pero todos ellos sintieron la llegada de ese momento en que comienza a moverse la tierra bajo los pies y la autoridad se pone en entredicho, por un grave error o una sucesión de políticas erróneas, por la tardía respuesta a una constelación de factores adversos, por la pérdida de confianza de quienes los elevaron a posiciones de poder o porque el carisma se rompe, triturado por conductas éticamente reprobables. La savia que alimenta en democracia el ejercicio del poder, y que se transmite desde la sociedad al que lo ostenta, se debilita, la confianza se esfuma, las luchas de facciones se avivan. Suena entonces la hora de dimitir, que podrá todavía rodearse de grandeza si el político en cuestión no intenta mantenerse en el cargo desesperadamente. La obstinación de aferrarse al poder, para que nadie entienda la dimisión como reconocimiento de un error o de una culpa, ensucia las relaciones entre políticos y ciudadanos, deteriora la democracia, e introduce un ruido en el debate público, que se vuelve ensordecedor cuando la exigencia de responsabilidad se desplaza de la política a la judicatura. Es lo que sucede entre nosotros, poco entrenados en el democrático ejercicio de la dimisión. Resulta inconcebible -y sería un baldón en democracias acostumbradas a exigir responsabilidades a sus cargos electos- que alguien que conversa con el cabecilla de una red de corrupción en los términos utilizados por el presidente de la Generalitat valenciana no solo permanezca en su puesto sino que acuda a las siguientes elecciones rodeado de toda su clientela política. La red de corrupción existe; los trajes, relojes y pulseras, a la vista de todos; las íntimas relaciones entre políticos y corruptos, pregonadas; el precio de una visita papal, contabilizado. Por muchísimo menos han dimitido un ministro alemán y el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos; pero aquí, aferrados a sus cargos, Camps y sus secuaces, cubiertos por la plana mayor de su partido, no saben qué cosa es la responsabilidad política, prueba irrebatible de que el sistema que ellos gobiernan, donde dimitir está prohibido, es una democracia enferma. (Artículo de Santos Juliá, publicado en "El País" el 18 de abril de 2011)
CORRUPCIÓN INOCENTE.
La explosión de la burbuja crediticia e inmobiliaria ha dejado al descubierto una gran cantidad de destrozos ya conocidos: financieros, económicos, sociales y políticos. Pero hay también otros menos visibles. Uno de los que más me han sorprendido descubrir es la existencia de un nuevo tipo de corrupción, que podíamos llamar “corrupción inocente”. Utilizo el adjetivo inocente no en sentido exculpatorio, sino para señalar que los que la practican lo hacen sin tener conciencia de estar haciendo nada ilegal; ni tampoco algo que, sin ser ilegal, sea, sin embargo, moralmente censurable. Creen, simplemente, estar actuando de acuerdo con las leyes del mercado. Este tipo de corrupción es potencialmente más dañina que la corrupción pura y dura que se practica con nocturnidad y alevosía; es decir, con conocimiento y conciencia de estar haciendo algo ilegal o moralmente cuestionable. Al ser pretendidamente inocente, se transforma en un virus contagioso capaz de penetrar en el ADN moral de la sociedad y de mutarse como una verdadera cultura de corrupción, difícil entonces de erradicar. En nuestro caso, el ejemplo más reciente y más alegremente desvergonzado de corrupción inocente es la presencia como candidatos a las próximas elecciones municipales y autonómicas de personas incursas en procesos judiciales por corrupción. Por aspirar a convertirse en representantes de la ejemplaridad pública cabría esperar que su sentido moral les llevase a no ampararse en la presunción de inocencia. Pero no es así. Y tengo para mí que, aun cuando los tribunales acaben juzgándolos culpables de prácticas ilegales, ellos seguirán creyendo que no han cometido nada que sea moralmente condenable. Pero al hablar de la corrupción inocente no me refiero solo, ni principalmente, a este tipo de corrupción. Un ejemplo más paradigmático son las conductas corruptas que están detrás de la crisis financiera de 2008. Lo que hemos visto a lo largo de estos tres años -especialmente, a través de las comisiones parlamentarias de investigación de otros países (¿para cuándo la nuestra?) y de investigaciones internas como las llevadas a cabo por el FMI- nos descubre prácticas que se relacionan con el fraude, la prevaricación, el abuso de información privilegiada, los sobresueldos, el expolio, la mala fe, el enriquecimiento ilícito, la promoción profesional, la búsqueda de prestigio o el mantenimiento de posiciones poder. ¿Podemos decir que son prácticas corruptas, aun cuando no sean en algunos casos una ilegalidad? No hay una definición precisa de corrupción, pero podemos meter dentro de ese término todas aquellas conductas que tienen como efecto corromper formas de funcionar las instituciones que la sociedad considera como buenas. Ahora bien, el hecho que me interesa destacar es que aunque la sociedad las considere corruptas, los que las practican no tienen conciencia de estar cometiendo actos ilícitos o inmorales. Se puede comprobar observando la rapidez con que los responsables de las agencias de evaluación del riesgo o de las entidades bancarias que han sido rescatadas con fondos públicos han vuelto a desarrollar el mismo tipo de conductas de riesgo o de prácticas salariales que llevaron a la crisis y a la quiebra. ¿Son personas inmorales? Más bien creo que son amorales. Muchas personas cuyos comportamientos y prácticas son cuestionables, ya sea legal (caso Enron o Lehman Brothers) o éticamente (como sucede con las agencias de calificación de riesgo o las elevadísimas retribuciones de algunos banqueros), creen, ingenua, pero honestamente, que ellos no hacen más que seguir lo que dictan las leyes de los mercados. Por tanto, en su opinión, sus acciones no deberían ser juzgadas desde un punto de vista moral. La ética del mercado sería en realidad el terreno de la no ética. Cuando actúan en los mercados financieros, los agentes estarían privados de la libre voluntad de decidir. Pero si no hay libre albedrío, no habría tampoco responsabilidad individual por las conductas. No son inmorales, sino amorales. El mejor ejemplo de la corrupción inocente. ¿De dónde les viene a los financieros esta ética lúgubre del mercado? ¿Quién les ha llevado a creer que actuando de forma corrupta solo hacen seguir las leyes del mercado? Los economistas. La teoría financiera y de la empresa que se ha enseñado a lo largo de las últimas décadas en las escuelas de negocios y universidades es, además de pura soberbia analítica, una verdadera una bancarrota moral. La idea de que los mercados son eficientes solo cuando se autorregulan y están libres de cualquier control público es, además de mala teoría, una ideología encubridora de intereses privados. Mientras no se la erradique, la corrupción inocente seguirá campando a sus anchas. Hay algunos signos de reacción dentro de la profesión. Además de las opiniones de algunos de los más prestigiosos economistas, en la reunión de enero pasado de la mayor y más influyente asociación de economistas, la American Economic Association, se ha propuesto que los economistas tengan que suscribir un código ético, como ya ocurre con otros muchos profesionales. Es urgente una ética para economistas, especialmente cuando actúan de proponentes de políticas. Como ha señalado George DeMartino, de la Universidad de Denver, el hecho de proponer políticas radicales de libre mercado desde posiciones analíticas con escaso fundamento empírico ha llevado a prestigiosos economistas a caer en una importante quiebra ética. Uno de los mandamientos de la ética para economistas tiene que ser el no usar el nombre del mercado en vano. Como enseñaron los padres de la economía, comenzando por Adam Smith, la economía es una ciencia con un profundo sentido moral. Es urgente, por tanto, debatir sobre los límites morales del mercado. (Artículo de Antón Costas, publicado en "El País" el 17 de abril de 2011)
NO TAN INOCENTES.
Al menos un centenar de imputados, entre los que destaca por el rango institucional que tiene el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, integran las listas para Ayuntamientos y comunidades autónomas del próximo 22 de mayo. No todos sus problemas con la justicia están relacionados con el ejercicio de un cargo público o pueden catalogarse como delitos de corrupción -cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, etcétera...-, pero son la mayoría. El debate sobre si basta la imputación o procesamiento o hay que esperar a la condena para abandonar la vida pública ha estado presente desde los inicios de la democracia. En los pasados años ochenta un implacable José María Aznar, entonces jefe de la oposición de Alianza Popular en Castilla y León, puso el listón muy alto contra la corrupción y lo aplicó a sus adversarios políticos. No lo mantuvo a la misma altura, sin embargo, después en su partido. Y hoy está ya a ras del suelo en el caso de Camps y de los otros imputados que colonizan las listas electorales de la Comunidad Valenciana. También otros partidos, y en especial el PSOE, combinan con soltura una actitud complaciente con sus imputados y exigente con el resto y ofrecen explicaciones para salir del paso. Algunas, tan peregrinas como que imputado es solo quien acude al juzgado acompañado de abogado y no el que el juez designa como posible autor de hechos aparentemente delictivos. Pero la explicación más al uso es la traslación sin más de la presunción de inocencia desde el campo penal. Que un candidato imputado no esté condenado y le ampare la presunción de inocencia no le libra de ser sospechoso de una conducta impropia que le pone en entredicho ante los ciudadanos y posibles electores. El caso de Camps es especialmente grave: es un imputado al borde del juicio que aspira a ser reelegido con el propósito apenas velado -hay explícitos amagos al respecto- de utilizar el veredicto de las urnas si le son favorables como contrapunto a una eventual condena judicial. Su horizonte penal puede ennegrecerse aún más si el asunto de los trajes se vincula, como plantea la Fiscalía Anticorrupción con una lógica procesal intachable, con el resto de delitos de que son acusados varios altos cargos, incluido Camps, del Gobierno y del PP valencianos en relación con la trama Gürtel. Por fortuna, la complaciente actitud de Rajoy hacia Camps se ha quebrado esta semana. Génova ha desautorizado al PP valenciano, que pretendía imponer una intolerable censura a las cuatro cadenas (RTVE, Telecinco, Cuatro y La Sexta) que el sábado pasado difundieron informaciones detalladas sobre los imputados, acusados e implicados en casos de corrupción de la lista del presidente valenciano. Confirmado como candidato y envalentonado con sus buenas perspectivas electorales, Camps no desaprovecha ninguna oportunidad para exhibir su bajo concepto de la actividad política. (Editorial de "El País", publicado el16 de abril de 2011)
DEMOCRACIA JUDICIAL.
Cien personas de las que concurren a las elecciones el próximo 22-M están imputadas judicialmente, entre ellas buena parte de los que aparecen en la trama Gürtel. Se abre el juicio a Garzón por prevaricación en el caso de las presuntas escuchas ilegales. El Tribunal Constitucional está pendiente de emitir su sentencia sobre la legalización de Sortu después de haberse pronunciado al respecto la Sala Especial del Tribunal Supremo. Previamente le compitió también al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el Estatuto de Cataluña en una de sus sentencias más controvertidas. Podríamos seguir así mencionando una buena ristra de casos de los últimos meses, y la impresión que de forma más o menos consciente se va abriendo paso es que son los jueces y magistrados los que acaban resolviendo nuestros principales conflictos políticos. Desde la organización territorial del Estado, pasando por la memoria histórica, hasta los más intrincados vericuetos de la corrupción. Se dirá que esto es lo que ocurre en un Estado de derecho y que ahí reside su grandeza. Los jueces actúan en él como guardianes de la legalidad, y no tienen más remedio que intervenir cuando se les reclama o cuando aprecian de oficio algún delito. Pero el hecho es que este juicio complaciente se desvanece cuando observamos que el ya casi inevitable protagonismo político de la judicatura acaba provocando una deslegitimación del sistema como un todo. La "judicialización de la política", como bien sabemos, tiene como corolario lógico la "politización de la justicia". Su protagonismo en la solución de casos políticos disputados ha acabado por imputar a nuestros guardianes de la legalidad prácticas que casan mal con su supuesta función. Sus sentencias suelen ser leídas al final más por adscripciones ideológicas que por su estricta congruencia jurídica. Lejos, pues, de resolver las disputas políticas desde la racionalidad del Estado de derecho, muchas veces solo contribuyen a aumentar el encono. Ya no hay jueces sin más, sin adjetivos, sino "jueces progresistas", "jueces conservadores", etc. El caso Garzón, con su plétora de dimensiones en cada una de sus causas, sería el ejemplo más claro de este síndrome. Es obvio que la politización funciona en las dos direcciones. Los jueces son también cada vez más conscientes de su papel político; no siempre se quedan en la mera aplicación de la ley, y muchas veces gozan de una creatividad interpretativa que trasciende dicha función. Y las presiones sobre ellos, como bien observara Rafael del Águila, no son más que el reconocimiento explícito de su poder político efectivo. Pero resulta que este es un poder que en gran medida les ha sido trasladado por la propia clase política. Porque, no nos engañemos, en gran cantidad de casos, su intervención no es más que el resultado de una dejación que aquella hace de funciones que en rigor le deberían corresponder. En una democracia adversativa como la nuestra, caracterizada por la alergia a los grandes pactos, la tentación de delegar las disputas políticas en decisiones judiciales es constante. En las grandes cuestiones apelando a los recursos ante el Tribunal Constitucional, como viene haciendo el PP cada vez que pierde alguna votación sobre asuntos que considera fundamentales. O esperando a que las acusaciones por corrupción se resuelvan judicialmente en vez de actuar el propio partido apartando a los imputados. Esto último no solo contribuiría a aliviar la presencia pública de la actividad judicial; también trasladaría a la ciudadanía la imagen de que el interés del partido está por debajo de ciertos requerimientos de ética pública y que no cabe una "absolución democrática" de las imputaciones judiciales, como tantas veces se ha intentado. Con todo, esta politización de la justicia tiene el gran inconveniente de cuestionar la "verdad judicial", esa forma convencional de resolver a efectos prácticos el insoluble pluralismo de las "opiniones". Como se vio con la sentencia sobre el 11-M u otras de gran relevancia política, parece que ya no hay sentencias firmes, con capacidad para pronunciarse de forma definitiva sobre una determinada realidad. Toda sentencia carga sobre sí el sambenito del interés político partidista. La función de establecer hechos y responsabilidades, aunque vinculante, sigue sin ser definitivamente dilucidada. No hay forma de zanjar lo que es real por la vía judicial. Siempre sigue siendo cuestionado. Y la algarabía de las opiniones reina libre sin encontrar un punto de reposo. Como ocurre en el espacio mediático, donde la realidad es filtrada (casi) siempre desde alguna perspectiva de parte, la constante traslación de conflictos políticos al espacio judicial ha acabado ya (casi) por hacer indistinguibles las fronteras entre política y derecha. (Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 15 de abril de 2011)
CUERDA DE SOSPECHOSOS.
ES falso de toda falsedad el rumor de que El Bigotesha declinado ir en la lista del PP para la Comunidad Valenciana. No lo es en cambio, por desgracia, que casi sea verosímil habida cuenta de que en dicha candidatura figura una decena de imputados y/o implicados en mayor o menor grado con las tramas de Gürtel y Brugal, impuestos por el presidente Camps no se sabe si para reivindicar su inocencia, para aforarlos judicialmente o para lanzarle un órdago a Mariano Rajoy. Quizá para las tres cosas. Lo cierto es que, una vez admitida por el líder nacional la presencia en el listado del propio Camps, éste no tenía ningún motivo para no aplicar a sus colaboradores la presunción de honestidad que ha recabado para sí mismo. El resultado de la debilidad de uno y de la osadía del otro es un destrozo moral que avería la credibilidad del Partido Popular para exigir limpieza y regeneración en la vida pública, ofrece munición a los socialistas y arruina el discurso crítico contra la corrupción en Andalucía. Demasiado precio para una mayoría que el centro-derecha tiene garantizada en Valencia con cualquier otro candidato.
Se puede comprender que Camps haya pecado de obstinación, empeñado como está en reivindicar su honradez y basar su línea de defensa en la negación de cualquier atisbo de culpa en el asunto de los trajes, regalo que casi todo el mundo da por sentado que existió aunque no constituya motivo para condenarle al fuego eterno. Lo que ya se entiende menos es la benevolencia de un Rajoy que entre el principio de autoridad y el beneficio de la duda ha optado por lo segundo. La doctrina exigente que predica el PP en materia de integridad pública le obliga a ser riguroso con su propia conducta, y aunque el presidente valenciano sea objetivo de una exagerada cacería, resulta evidente que va a sentarse en el banquillo de los acusados con todo lo que ello comporta de desprestigio político. En un caso similar fulminó Aznar al mallorquín Cañellas, aunque sobre éste pesaban acusaciones mucho más graves. Rajoy no puede permitir que su camino a La Moncloa quede empedrado de suspicacias; en su calidad de líder tiene la última palabra y debía haberla usado para vetar a Camps en vista de que el interesado se lo ponía difícil en lo que no cabe contemplar sino como un desafío. Si al final sale absuelto ya tendrá tiempo de rehabilitarlo y hasta de nombrarlo ministro cuando sea presidente del Gobierno.
Al permitir una cuerda de sospechosos en sus listas, la dirección popular sólo dilata hasta después del 22 de mayo el problema que plantea en Valencia su aparato político, contaminado de connivencias con tipos de dudosa reputación y mal pelaje. Mala decisión. Para alcanzar el poder a veces hay que utilizar la guillotina sin contemplaciones y dejar, como dicen los árabes, que Dios —o la justicia, o la opinión pública— reconozca a los justos cuando lleguen a su seno.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 14 de abril de 2011)
CIEN DÍAS SIN OPOSICIÓN.
Hemos hablado mucho de los cien primeros días del Govern que preside Artur Mas, pero apenas hemos abordado de qué forma está desarrollando su labor la oposición parlamentaria, integrada mayormente por las tres formaciones que alumbraron y sostuvieron ese gabinete sin proyecto claro que pasará a la historia como tripartito. Si la democracia catalana tiene algún trazo específico que la diferencia del resto de las Españas, es precisamente su mapa de partidos, mucho más variado y plural que el tablero de las otras comunidades autónomas. Aquí, más que oposición, tenemos oposiciones, el juego no es únicamente cosa de dos; sobre el papel, esto debería enriquecer el debate público y el intercambio de criterios sobre lo que debe y puede hacerse desde la administración llamada autonómica. Pero me temo que no siempre es así. Por lo menos, estos tres primeros meses son descorazonadores. En sentido estricto, en Catalunya no se ejerce ahora una oposición política que merezca tal nombre. Se trata de otra cosa.
El Ejecutivo de Mas ha procedido a recortar los presupuestos en un 10% y el gran mensaje que han lanzado al unísono PSC, ERC e ICV es que CiU pretende desmantelar, desmontar y cargarse el Estado de bienestar. Para aliñar la consigna no han faltado incluso peregrinas teorías conspiratorias que ven en cada conseller un agente privatizador dispuesto a inmolarse a fuego lento para que las manos ocultas y negras del mercado les otorguen algún día –se supone que en secreto– la medalla al mérito ultraliberal y neocon. Que el presidente de la Generalitat haya recordado el papel protagonista que tuvo CiU en la construcción del sistema de protección social catalán no ha servido para atajar estas patrañas, impropias de gente que ha gobernado y desea volver a hacerlo. Parece que es mejor no tener memoria a la hora de desplegar demagogias. Para la izquierda oficial, está fuera de discusión que Mas se lo pasa en grande cuando solicita sacrificios a los ciudadanos y cuando va predicando que la única manera de asegurar el futuro para nuestros hijos es intentar hacer ahora los deberes de la forma más creíble y solvente. Los deberes –por cierto– que el equipo de José Montilla eludió y postergó.
Se comprende que los sectores directamente afectados por cada tijeretazo presupuestario expresen sus quejas, ya sean los médicos o los maestros; aunque se entiende menos, por ejemplo, que el presidente del consejo asesor del Govern en materia sanitaria haya encabezado la manifestación sin avisar y en plan alarmista, en lugar de buscar el diálogo directo y constructivo con el president que depositó su confianza en él. En todo caso, forma parte del combate normal de intereses en una sociedad abierta que las partes cuiden de su parcela, so pena de quedarse en la trinchera gremial. Al gobernante corresponde escuchar lo que cada sector expresa, con mucha, poca o bastante razón, según los casos. Escuchar, ponderar, reflexionar y, finalmente, decidir. Pero los partidos no son sindicatos, ni colegios profesionales, ni asociaciones de usuarios, ni mutualidades, ni plataformas vecinales, ni nada de todo esto. Las fuerzas políticas (salvo aquellas de inequívoca vocación minoritaria) deben trascender las demandas de parte porque existen para hacer otra cosa: una síntesis plausible y aplicable en nombre del interés general, o al menos es eso lo que las legitima para presentarse a las elecciones. Y es aquí donde reside el malentendido que nos ha dejado sin verdadera oposición política en Catalunya.
Que sea ICV quien trate de hacer suyas todas las quejas de los entornos profesionales y sociales más directamente afectados por los recortes presupuestarios es algo que entra en el guión, está en el ADN de unos poscomunistas especializados en la cultura del no. Pero no es lógico que el PSC y ERC se hayan apuntado a esta táctica, que les empequeñece y les resta capacidad de negociación porque sitúa la discusión en la caldera de los maximalismos, en el circo del blanco y negro, en la arena de una generalización abusiva que prescinde del detalle y lo fía todo al barullo. Es obvio que las decisiones de Mas y sus consellers son discutibles y merecen un profundo y vivo debate, pero este no tendrá lugar seriamente porque la oposición en el Parlament ha decidido apuntar muy alto: adiós al Estado de bienestar, que viene el coco, sálvese quien pueda, etcétera. Así las cosas, sólo queda la perdigonada para conseguir un titular y el aplauso fácil de este o aquel gremio enfadado, pero el conjunto de los ciudadanos se queda igual. Un país merece un Gobierno responsable pero también una oposición que no practique eso que Jordi Pujol llamaba la política de la cerilla.
Insistamos: la política democrática es un ejercicio delicado de síntesis, una búsqueda constante de equilibrios entre demandas y necesidades de ámbitos muy diversos en una sociedad determinada, a partir de unos principios conocidos y de unos programas que el elector escoge. La síntesis es imperativa para quien gobierna pero concierne de forma igual a los escaños de la oposición, a menos que esta haya decidido emprender el atajo de la antipolítica, del populismo, del cachondeo o del “cuanto peor, mejor”. Un contexto de crisis económica tan escalofriante como el que nos ha tocado vivir agudiza esta misión fundacional de la política y hace de ella una tarea mucho más ardua y compleja. Ello debería servir para que, al menos en el PSC, nadie ceda a la tentación de actuar como si nunca más tuvieran que presidir el Govern de Catalunya.
(Artículo de Francesc-Marc Álvaro, publicado en "La Vanguardia" el 13 de abril de 2011)
El Ejecutivo de Mas ha procedido a recortar los presupuestos en un 10% y el gran mensaje que han lanzado al unísono PSC, ERC e ICV es que CiU pretende desmantelar, desmontar y cargarse el Estado de bienestar. Para aliñar la consigna no han faltado incluso peregrinas teorías conspiratorias que ven en cada conseller un agente privatizador dispuesto a inmolarse a fuego lento para que las manos ocultas y negras del mercado les otorguen algún día –se supone que en secreto– la medalla al mérito ultraliberal y neocon. Que el presidente de la Generalitat haya recordado el papel protagonista que tuvo CiU en la construcción del sistema de protección social catalán no ha servido para atajar estas patrañas, impropias de gente que ha gobernado y desea volver a hacerlo. Parece que es mejor no tener memoria a la hora de desplegar demagogias. Para la izquierda oficial, está fuera de discusión que Mas se lo pasa en grande cuando solicita sacrificios a los ciudadanos y cuando va predicando que la única manera de asegurar el futuro para nuestros hijos es intentar hacer ahora los deberes de la forma más creíble y solvente. Los deberes –por cierto– que el equipo de José Montilla eludió y postergó.
Se comprende que los sectores directamente afectados por cada tijeretazo presupuestario expresen sus quejas, ya sean los médicos o los maestros; aunque se entiende menos, por ejemplo, que el presidente del consejo asesor del Govern en materia sanitaria haya encabezado la manifestación sin avisar y en plan alarmista, en lugar de buscar el diálogo directo y constructivo con el president que depositó su confianza en él. En todo caso, forma parte del combate normal de intereses en una sociedad abierta que las partes cuiden de su parcela, so pena de quedarse en la trinchera gremial. Al gobernante corresponde escuchar lo que cada sector expresa, con mucha, poca o bastante razón, según los casos. Escuchar, ponderar, reflexionar y, finalmente, decidir. Pero los partidos no son sindicatos, ni colegios profesionales, ni asociaciones de usuarios, ni mutualidades, ni plataformas vecinales, ni nada de todo esto. Las fuerzas políticas (salvo aquellas de inequívoca vocación minoritaria) deben trascender las demandas de parte porque existen para hacer otra cosa: una síntesis plausible y aplicable en nombre del interés general, o al menos es eso lo que las legitima para presentarse a las elecciones. Y es aquí donde reside el malentendido que nos ha dejado sin verdadera oposición política en Catalunya.
Que sea ICV quien trate de hacer suyas todas las quejas de los entornos profesionales y sociales más directamente afectados por los recortes presupuestarios es algo que entra en el guión, está en el ADN de unos poscomunistas especializados en la cultura del no. Pero no es lógico que el PSC y ERC se hayan apuntado a esta táctica, que les empequeñece y les resta capacidad de negociación porque sitúa la discusión en la caldera de los maximalismos, en el circo del blanco y negro, en la arena de una generalización abusiva que prescinde del detalle y lo fía todo al barullo. Es obvio que las decisiones de Mas y sus consellers son discutibles y merecen un profundo y vivo debate, pero este no tendrá lugar seriamente porque la oposición en el Parlament ha decidido apuntar muy alto: adiós al Estado de bienestar, que viene el coco, sálvese quien pueda, etcétera. Así las cosas, sólo queda la perdigonada para conseguir un titular y el aplauso fácil de este o aquel gremio enfadado, pero el conjunto de los ciudadanos se queda igual. Un país merece un Gobierno responsable pero también una oposición que no practique eso que Jordi Pujol llamaba la política de la cerilla.
Insistamos: la política democrática es un ejercicio delicado de síntesis, una búsqueda constante de equilibrios entre demandas y necesidades de ámbitos muy diversos en una sociedad determinada, a partir de unos principios conocidos y de unos programas que el elector escoge. La síntesis es imperativa para quien gobierna pero concierne de forma igual a los escaños de la oposición, a menos que esta haya decidido emprender el atajo de la antipolítica, del populismo, del cachondeo o del “cuanto peor, mejor”. Un contexto de crisis económica tan escalofriante como el que nos ha tocado vivir agudiza esta misión fundacional de la política y hace de ella una tarea mucho más ardua y compleja. Ello debería servir para que, al menos en el PSC, nadie ceda a la tentación de actuar como si nunca más tuvieran que presidir el Govern de Catalunya.
(Artículo de Francesc-Marc Álvaro, publicado en "La Vanguardia" el 13 de abril de 2011)
JERÓNIMO AROZAMENA, PRIMER VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
Jerónimo Arozamena Sierra, que este jueves ha fallecido en Madrid a lo 87 años, pertenece a la categoría de juristas íntegros y capaces que contribuyeron, durante la Transición, a convertir España en un Estado de derecho precisamente en una de la zonas más contaminadas por el franquismo: el poder judicial. Arozamena, natural de Reinosa (Cantabria), ingresó en la carrera judicial en 1952, a los 26 años, y perteneció a la primera promoción de magistrados de lo contencioso-administrativo. En 1974, a los 50 años, fue promovido a magistrado de la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Propició la legalización del PCE, sin que se le ocurriera establecer sospechas o atender conjeturas contra los comunistas, odiados por los jueces y por los militares, mayoritariamente franquistas. Al crearse en 1977 la Audiencia Nacional fue nombrado presidente de su Sala de lo Contencioso-Administrativo. Una vez aprobada la Constitución y ante la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional (TC), fue uno de los primeros magistrados reclutados por centristas y socialistas, en aquellos tiempos en que los dos grandes partidos buscaban juristas de calidad, aptos para interpretar la Constitución democrática, no bloques cerrados de juristas clientes de uno u otro partido, como se hace ahora. En 1980 fue designado magistrado del Constitucional -firmó como ponente la primera sentencia que emitió el tribunal- y meses después ocuparía la vicepresidencia del TC, formando tándem con el gran presidente Manuel García Pelayo hasta 1986. Contribuyó a la tarea de imponer la aplicación de la Constitución a los jueces, muchos de los cuales pretendían seguir aplicando la legislación franquista. Cuando se cuestionó ante el TC la Ley del Aborto, a Jerónimo Arozamena no le tembló el pulso para mantener en su voto particular, frente a la mayoría que objetó la inicial ley y obligó al legislador a rehacerla, que el aborto es un "tema abierto a la disponibilidad del legislador democrático", sin que considerara que el artículo 15 de la Constitución fuera un obstáculo, ya que la protección del derecho a la vida había que entenderla vinculada a las personas. Tampoco tuvo dudas el magistrado Arozamena para votar a favor de la expropiación de Rumasa. Frustrado candidato al Consejo General del Poder Judicial, perteneció a la comisión de codificación y al Consejo de Estado, institución presidida por su antiguo compañero en el TC Francisco Rubio Llorente, hasta que en junio de 2009 cesó a petición propia como consejero permanente de Estado. Gran administrativista, es autor de varias publicaciones sobre urbanismo. Con la muerte de Arozamena se pierde un hombre inteligente, perspicaz, con un gran sentido del humor, sin alardes de progresismo, pero con convicciones jurídicas muy firmes en favor del imperio del derecho y de la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos. (Artículo de Bonifacio de la Cuadra, publicado en "El País" el 9 de abril de 2011)
RECUPERAR LA DEMOCRACIA
Hoy en día estamos viendo movilizaciones populares en muchas partes del mundo –desde los países árabes a Wisconsin (EEUU), pasando por la mayoría de países de la Unión Europea– que exigen cambios de las políticas llevadas a cabo por gobiernos y por estados que se perciben insensibles a los deseos de la mayoría de la población. En estas manifestaciones –a pesar de la elevada diversidad de situaciones– hay un elemento común: la protesta frente a una enorme concentración de poder económico y político que obstaculiza la expresión democrática. Y un ejemplo de ello es España.Estamos viendo en España la puesta en marcha, por parte del Estado (tanto central como autonómico), de recortes muy sustanciales del gasto público, incluyendo el gasto público social que financia las transferencias públicas –como las pensiones– y los servicios públicos del Estado del bienestar tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios a las personas con dependencias, escuelas de infancia, servicios sociales y otros.Estos recortes están afectando de una manera muy marcada a la calidad y cobertura de tales servicios empeorando la situación existente, que ya era insuficiente antes de que se iniciara la crisis. España en 2008 estaba a la cola de la Unión Europea de los 15 (UE-15, el grupo de países de semejante desarrollo a España) en gasto público social. Nos gastábamos en el Estado del bienestar sólo el 19% del PIB (el más bajo de la UE-15, cuyo promedio era del 24%, mientras que el de Suecia era del 28%). Una consecuencia de ello es que sólo el 9% de la población adulta trabajaba en los servicios públicos del Estado del bienestar (el promedio de la UE-15 era del 15%, y en Suecia, del 24%). Los recortes que están ocurriendo ahora están disminuyendo todavía más tal empleo.La estructura de poder (que se basa en el 20-30% de la población, la de mayor renta) no parece consciente de este enorme retraso y subfinanciación, pues utiliza principalmente los servicios privados. Envían a sus hijos a la escuela privada (que recibe los subsidios más altos existentes en la UE-15, llamado concierto) y cuando caen enfermos van a la sanidad privada. Esta estructura de poder (que tiene enorme influencia política y mediática en España) promueve el mensaje de que no hay otra alternativa a tales políticas de recortes. Argumentan que hay que recortar el gasto público para reducir el déficit del Estado y la deuda pública, a fin de calmar los mercados financieros y que así estos nos presten dinero a intereses razonables.Esta explicación, que a base de repetirse miles de veces se ha convertido en un dogma, es profundamente errónea y se promueve porque sirve a los intereses de esta estructura de poder, que utiliza la presión de los mercados financieros como excusa para llevar a cabo lo que ha deseado hacer desde siempre. Los datos muestran claramente que no es cierto que en España no existan recursos para financiar un Estado del bienestar de primera clase. España no es pobre. El PIB per cápita es ya el 94% del promedio de la UE-15, pero el gasto público social por habitante es sólo el 74% del promedio del gasto público social promedio de la UE-15. Si nos gastáramos lo que nos pertenece por el nivel de desarrollo económico que tenemos, es decir el 94%, nos gastaríamos 80.000 millones de euros más, con los cuales se podrían cubrir las enormes insuficiencias. España, pues, tiene los recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. En lugar de ello, el Estado ha estado pidiendo préstamos a la banca extranjera, endeudándose y financiando escasamente su Estado del bienestar. España, como Grecia y Portugal, tiene unos ingresos al Estado muy bajos y un fraude fiscal muy elevado. Como admitió sorprendentemente un dirigente del Deutsche Bank, uno de los banqueros más importantes de Alemania, “ha existido durante los años de boom una alianza entre las clases más pudientes de los países de la periferia de la UE, que no pagaron impuestos al Estado, y la banca, que se ha beneficiado de la baja carga impositiva al prestar dinero al Estado para financiar su dimensión social”.Y ahí está la raíz del problema. La estructura de poder no está contribuyendo al Estado lo que debiera por su nivel de riqueza. El trabajador de la manufactura en España paga el 74% de los impuestos del trabajador de la manufactura sueca. El empresario, sólo un 38%. Y empeorando la situación, el Estado ha reducido más y más los impuestos, lo que ha beneficiado sobre todo a las rentas superiores. Los propios inspectores de Hacienda han indicado que podrían recogerse más de 38.000 millones de euros, centrándose en estos sectores, sin afectar a la carga impositiva de la mayoría de la población. El déficit del Estado podría reducirse a base de aumentar los impuestos de estos sectores en lugar de empobrecer todavía más al Estado del bienestar.En realidad, durante la crisis la gran mayoría de las empresas del Ibex-35 han continuado teniendo grandes beneficios, siendo la banca española una de las que tienen más beneficios en Europa. El Banco Santander ha conseguido 35.000 millones de euros de beneficios netos (es el banco que ha conseguido más beneficios en el mundo, después de dos bancos chinos).Estos recortes de gasto público social se están haciendo a pesar de que la mayoría de la población está en contra. Es una decisión más (otra es el retraso de la edad obligatoria de la jubilación) que muestra la enorme distancia entre los gobernantes y los gobernados. De una manera creciente, los establishments políticos y mediáticos que dirigen el país están imponiendo medidas en contra del parecer de la ciudadanía. De ahí que las poblaciones, en su indignación –que ocurrirá si se le provee de información que cuestione el dogma de que no hay otra alternativa–, deben manifestarse y agitarse socialmente para recuperar la democracia en España. (Artículo de Vicenç Navarro, publicado en "Público" el 7 de abril de 2011)
NO ESTAMOS EN BABIA.
Nadie sospecha ni por un momento que las revueltas que han derribado el concepto de autoridad monolítica y despótica en el mundo árabe y musulmán puedan reproducirse de otra manera en las sociedades democráticas y libres. Por supuesto que no vamos a asistir a manifestaciones como las de la plaza Tahrir de El Cairo o las que hacen tambalear a regímenes que parecían inmutables como el de Siria, Yemen, Bahréin y tantos otros. Entre otras razones porque las urnas echan a los gobiernos cuando lo consideran conveniente para los intereses de las gentes. Pero no hay que subestimar que se puedan suscitar protestas en una Europa que vive bajo el miedo al paro, a la crisis y al futuro. He recordado un libro de Pío Baroja, La ciudad de la niebla, en el que describe a los ingleses como entusiastas frenéticos de los revolucionarios de los demás países, pero no de los suyos. Un enemigo del zar o de un rey de cualquier parte, tiene siempre en Londres grandes simpatías. Ellos creen, escribe Baroja, y en parte se acercan a la verdad, que los gobiernos de Europa son todos abominables, menos el suyo. Así, un revolucionario alemán, español o ruso manifiesta un descontento lógico; en cambio, un revolucionario inglés es un hombre absurdo. No hay que descartar que se produzcan situaciones inesperadas en esta nuestra Europa si la bolsa de los parados y desprotegidos aumenta hasta niveles insostenibles, si los gobiernos no dan respuestas fiables para superar la crisis, si van recortándose prestaciones sociales adelgazando el estado del bienestar hasta dejarlo en los huesos, si la desconsideración del inmigrante enfrenta a la clase política entre sí. Las revueltas no tienen por qué seguir las pautas del norte de África, pero sí pueden manifestarse a través de las redes sociales, de esta realidad que circula con libertad sin límites por el subsuelo y al margen del poder, de una capacidad de convocatoria transversal que escapa a cualquier previsión y control informativos. Sólo veremos el alcance de lo que está ocurriendo cuando hayamos atravesado la ola del tsunami gigantesco que está cambiando comportamientos y actitudes de los gobernantes hacia los gobernados y al revés. Quizás el cambio se producirá en la actuación de los políticos y de los partidos que no pueden gestionar como si los ciudadanos estuviéramos en Babia. (Artículo de Luís Foix, publicado en "La Vanguardia" el 5 de abril de 2011)
SOBRE LA INDIGNACIÓN Y LA IRA.
A veces basta con volver tan sólo un poco la cabeza para descubrir lo mucho que han cambiado las cosas, en todos los sentidos, en los últimos años, pongamos que década y media. Sucede con muchas cosas, basta pensar un poco en ellas, viajando un poco hacia atrás en el calendario. Hoy pretendía hablarles de la ira y de la indignación, y no como defectos antropológicos o vicios morales, sino, más bien, como motores de la acción política y, por tanto, en cierto sentido, como virtudes. André Comte-Sponville, el filósofo francés que acaba de estar en Barcelona presentando su último libro, publicó en 1995 una especie de best seller filosófico (y no es un oxímoron irónico: era la época de El mundo de Sofía y bobadas por el estilo) titulado Pequeño tratado de las grandes virtudes. Muy de época, enseguida verán, pues las virtudes eran la templanza, la generosidad, la compasión, la humildad, la misericordia, la tolerancia, la dulzura, la buena fe... A uno ya entonces le costaba entender cómo era posible que en un mundo de aves de rapiña fuese posible articular una ética (individual), con ambición política (colectiva), fundada en virtudes como esas. Sí, claro, sin todo eso estamos a un paso de la inhumanidad, pero ¿pueden ser orientaciones para la acción en un mundo, como el de entonces, que renovaba sus garras tras el fin de la guerra fría? Hay libros, como ese, que ya eran viejos antes de llegar a las librerías. El mundo del que hablaban no existía ya, si es que alguna vez había existido. Ya se sabe, sin embargo, que a veces los filósofos, o algunos, hablan no tanto del mundo que existe como de aquel en el que les complacería vivir. El tratado de Comte- Sponville, a toro pasado, bien puede releerse hoy como manual de cierto buenismo o como el primer catecismo posmoderno. La cuestión es que, por extrañas razones, o no tanto, hoy, quince años después, no parece que todas esas supuestas virtudes sean demasiado válidas para pensar el mundo en el que vivimos, ni siquiera, tal vez, en el que nos gustaría vivir. No parece inoportuna la consideración si tenemos en cuenta el éxito del panfleto Indignez-vous! que acaba de llegar, traducido, a nuestras librerías (¡Indignaos! en castellano, Indigneu- vos! en catalán: ambos en Destino). En Francia, en apenas unos meses, lleva vendidos ochocientos mil ejemplares (a 3 € ), y aquí, con una semana en la calle, no apunta mal camino (¿por qué a 5 € ?). ¿De qué se trata? Pues del último texto, en forma de panfleto, unas treinta páginas, que el jovencito Stéphane Hessel, con noventa y tres años cumplidos, acaba de publicar para que nos indignemos y dejemos de contemplar con indiferencia cómo están desmontando las sociedades en las que vivimos. Hessel es un judío berlinés, nacionalizado francés, que vio interrumpida su vida por la Segunda Guerra Mundial, luchó con la resistencia en contra de la expansión fascista por Europa, fue deportado a Buchenwald y acabó siendo uno de los redactores (hoy, el último vivo) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Qué pretende Hessel con su panfleto? Advertir a las nuevas generaciones que no se dejen convencer de que todo lo que está sucediendo, sobre todo en los últimos tres años, en el mundo global, es inevitable. A su juicio, se están desmontando las bases mismas en las que se fundaron los estados democráticos y sociales surgidos después de 1945, y todo ello a causa de lo que denomina “la actual dictadura de los sistemas financieros”, ese poder que está más allá, y por encima, de cualquier sistema político de representación democrática. Y es en ese contexto que reclama no callarse, no estarse quietos, sino indignarse. Y, por añadidura, convertir la indignación en responsabilidad y compromiso. ¿Se trata simplemente de invitar a una reacción individual y visceral? Nada de ello: de forma semejante a como Pascal invocaba las razones del corazón, Hessel apela a las razones de la indignación, pues ahí está, como diagnóstico del problema, parte de la solución. No me parece extraño el éxito de Hessel en su invitación a sublevarse movilizando toda nuestra indignación. Hace muy poco, Peter Sloterdijk hablaba en Ira y tiempo, un libro muy oportuno para releer ahora, de la importancia de la ira como “fuerza fundamental en el ecosistema de los afectos, ya sea interpersonal, política o culturalmente”. Sloterdijk pensaba en los años posteriores al 11-S o en las revueltas de las banlieues de las grandes ciudades francesas. Hoy añadiríamos las sublevaciones en el mundo árabe, donde hemos escuchado claramente a la ira y la indignación, o, podemos adivinarlo, lo que va a empezar a suceder, y que está sucediendo ya, en las sociedades del capitalismo avanzado. Sloterdijk recordaba cómo la ira es la primera palabra europea (la primera palabra de La Ilíada: “La ira, canta, oh Diosa, del Pelida Aquiles”) y cómo Aristóteles la consideraba necesaria para enfrentarse a la injusticia, aunque, como reconocía el Estagirita, “puede servirnos, no como jefe, sino como soldado”. Todo está cambiando mucho. Y algunas cosas, de forma peligrosa. No parece temerario advertir que, con la excusa de la crisis, ya empiezan a cuestionarse algunas cosas que ponen en peligro, no el Estado de bienestar, sino el modelo mismo en el que se fundan nuestras sociedades. Pero no aquello que, justamente, sería fácil acordar que debe ser cambiado, sino, más bien, aquello que, de cambiar, empezará a confirmar que, en lo mejor, estamos dejando de ser aquellos que éramos. (Artículo de Xavier Antich, publicado en "La Vanguardia" el 4 de abril de 2011)
EL DESPRECIO
Indicaba La Rochefoucauld que lo propio de la mediocridad es el creerse superior. De tal ceguera, el desprecio es entonces inevitable corolario. Pero aquel que se entrega a la ebriedad del desprecio olvida que para su víctima este es quizás el sentimiento que puede con mayor dificultad ser superado. La historia del colonialismo da buena prueba de ello. Los resistentes árabes de la Argelia francesa, o los compañeros de Mandela en Sudáfrica, habrán podido superar el haber sido víctimas de explotación económica, de maltrato físico y hasta de odio, pero dudo mucho que haya habido sutura para el sentimiento de que su comunidad era vista como intrínsecamente poco decente o, en el mejor de los casos, tratada con condescendencia. En el conflicto bélico de Argelia hubo sin duda crímenes por ambos lados. Mas en esos diferendos en los que la responsabilidad es compartida, si una de las fracciones es víctima de desprecio por parte de la otra se da una asimetría que confiere a la primera una legitimidad moral. Por eso fue imperativo en su día tomar posición contra los partidarios de la Argelia francesa. Se extiende el vejatorio prejuicio de que una Europa que trabaja debe arrastrar a otra dada a la gandulería El desprecio se manifiesta en ocasiones en forma exclusivamente verbal, pero entre seres de palabra esta es potencialmente arma temible, por cuyas heridas se exige reparación. Sea cual sea el resultado de la crisis de Siria, me atrevo a conjeturar que los términos rebaño y horda con los que un esbirro del clan familiar en el poder se refirió a las víctimas de la masacre de Deraa acabarán pesando fuertemente en la balanza. El mayor peso de la crisis en la Europa periférica ha sido ocasión de que ciertos políticos y comentaristas expresen con impudicia opiniones hirientes para la dignidad y que inevitablemente dejan huella. El mismo día en que el primer ministro José Sócrates estaba llamado a justificar su gestión de la crisis social y financiera de Portugal ante los demás mandatarios europeos, el director de redacción del diario económico parisino La Tribune efectuaba el siguiente diagnóstico: "En los orígenes de la crisis se encuentra el problema... del menú gratuito. Durante 10 años los convidados del euro han estado en el festín sin pagar la cuenta... y he aquí que ahora les es presentada. Demasiado elevada para los comensales sin maneras, convertidos de nuevo en famélicos". Ni que decir tiene que los míseros gorrones en cuestión son los que en otro artículo del mismo diario se continúa calificando de Pigs, acrónimo que algunos creían ya en desuso y aquí enmarcado en una amable frase relativa a lo imprescindible del "recurso al palo" dado "que el incentivo de la zanahoria, bajo forma de fondos estructurales, de los que se nutrieron ampliamente los Pigs, realmente no ha funcionado". Que no se trate de opiniones vertidas en alguna publicación marginal, sino en el segundo periódico económico de Francia, constituye un indicio de que la manifestación del sentimiento de pertenencia a comunidades intrínsecamente superiores ha dejado de ser en Europa algo chocante. Cuando en marzo de 2010 la revista alemana Focus esgrimía en su portada una Venus de Milo haciendo la peineta a la Europa seria, y ponía despectivamente en duda que Grecia (al igual que España, Irlanda y Portugal) tuviera intención de devolver a Alemania su dinero, muchos estimaron que estábamos ante una provocación anecdótica. Vemos, sin embargo, que la cosa ha calado. No se trata de una Europa a dos velocidades, se trata del vejatorio sentimiento de que una Europa limpia y que trabaja ha de arrastrar el peso de una Europa tendente a la gandulería. Obviamente no hay lugar para el análisis. Lejos queda el tiempo en que lo decente era intentar dar cuenta de las múltiples variables y la complejidad en la relación de fuerzas que desde el siglo XIX habían determinado la división de Europa entre zonas rurales y zonas fabriles. Los clichés y prejuicios se generalizan, entre países comunitarios y en el seno de muchos de ellos, contaminando de paso otras causas, empezando por legítimas reivindicaciones culturales y lingüísticas que, a la larga, nada tienen que ganar con tal amalgama. Nadie duda de que la Europa periférica tiene intereses objetivos en seguir vinculada a los países rectores de la llamada Unión, entre otras cosas para intentar salir juntos del pantano social y moral en que estamos inmersos, pero desde luego no al precio de interiorizar una jerarquía vejatoria entre comunidades del continente, a veces pertenecientes a un mismo país. Cuando los tribunos de la Liga Norte sintieron por vez primera que con total impunidad podían referirse a los meridionales italianos como parásitos aprovechados de los que era sano despegarse, algo en la dignidad de los ciudadanos europeos se había ya resquebrajado. Mucho tiene que ver con ello la pasividad ante un orden económico y social que implica renuncia al ideario de fraternidad e igualdad heredado de la Ilustración. Es simplemente hora de restaurar tal ideario. (Artículo de Víctor Gómez Pin, publicado en "El País" el 2 de abril de 2011)
LA ACCIÓN JUDICIA SE IMPONE A LA ELECTORAL.
Lejos de amainar, el temporal va adquiriendo mayor virulencia. Como consecuencia directa de ello, la sociedad balear permanece en estos momentos bajo el efecto de una extensa cascada de asuntos judiciales motivados por la corrupción política en la que, dada su densidad, resulta un tanto complejo poner orden y concierto. Ayer fue un día particularmente aciago en este aspecto, dado que se produjeron abundantes acontecimientos. Se está, ahora mismo, en una situación insólita en la que la acción judicial supera a la electoral lo cual, ya es decir, en el momento en que se cierran candidaturas, se recomponen partidos y el calendario se aproxima a las urnas. Aun con todo ello, la actualidad obliga a mirar a los estrados judiciales antes que al cartel o preestreno electoral. La jornada de ayer fue generosa en noticias frescas y nada gratificantes porque, a fin de cuentas, todo se resume diciendo que afloraron nuevos entuertos o se enredaron, todavía más, algunos de los ya conocidos. Saltó la operación Xoriguer en Ciutadella con ramificaciones en Mallorca y en concreto dos detenidos en Palma. Es un nuevo caso de presunta corrupción que ha llevado a la investigación a partir de indicios de delito en la fundación pública Citur (Ciutadella Turismo). El presidente de la Autoridad Portuaria, tuvo que acudir al Juzgado de la mano de la operación Mar Blau y en una larga declaración acusó a su antecesor, Joan Verger, de haberle ocultado el acuerdo entre el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferran y la directiva del Club Marítimo de Maó, en el que habían acordado que Trapsa retiraría su oferta a cambio de dinero y de la cesión de tres amarres. Pero esto no es todo. Los fiscales Anticorrupción han reaccionado a la negativa del Tribunal Superior de asumir el caso de la Ópera del Moll Vell de Palma y han pedido una fianza de 1,6 millones para Francesc Fiol. Dado que el diputado del PP seguirá siendo aforado por lo menos hasta el mes de junio, no queda más remedio que replantearse otra vez las cosas y volver a determinar si el TSJB acaba tramitando la causa. Al mismo tiempo, el juez Castro deberá decidir si abre juicio oral sobre la pieza separada de los contratos supuestamente opacos a Maite Areal, la esposa del expresident Matas. Con todo lo expuesto y con el archivo de las causas abiertas al exconseller Flaquer y al productor José Luis Moreno de por medio, el secretario general del PP, Miquel Ramis, denunció también ayer lo que viene a considerar una persecución en toda regla contra su partido afirmando que jueces y fiscales están "a la orden" del Gobierno central. Es una imputación grave que parece obedecer a pretextos electorales antes que a causa justificada y que fue rebatida de forma rápida por las asociaciones de la judicatura, incluidas las consideradas de tinte conservador y por tanto más próximas a la ideología del PP. Hubo cierto amago de afán de venganza en las palabras de Ramis y algunas dosis de indignación ante la que el PSOE, en un envite que no tiene viso alguno de prosperar, vista su procedencia, ha recetado "examen de conciencia" al PP. Imperan los nervios electorales porque la acción política, tan apremiante en tiempos de elecciones, no logra inmiscuirse en la cotidianidad de una Justicia que, a pesar de todo, sigue yendo a la suya. Puede desesperar a quienes dependen de la urna y del cargo, pero no deja de ser una garantía y un alivio para el ciudadano corriente. La mejor forma de esquivar "la orden" judicial es actuar de forma que se pueda prescindir de ella. (Artículo de LLorenç Riera, publicado en "Diario de Mallorca" el 30 de marzo de 2011
UN FRENESÍ BAJO LAS ALFOMBRAS.
No hay balance posible de los primeros cien días del nuevo gobierno de Catalunya –el próximo 7 de abril– sin considerar un dato significativo de la actualidad española: el disimulo con que parte de las administraciones regionales y locales están aguardando las elecciones del día 22 de mayo. Simula y disimula, aconsejaba el cardenal Mazarino a sus cortesanos. Dicho en otras palabras. Mientras en Catalunya, el lenguaje oficial sobre la crisis ha adquirido crudeza (demasiada para algunos exponentes de la coalición gobernante que quisieran a un Artur Mas con mayores astucias comunicativas), en otras latitudes, la consigna es silbar. Silbar, silbar y silbar, pese al creciente desprestigio del Estado autonómico. Y si los pagos atrasados lo permiten, seguir silbando hasta después de las elecciones generales. Bajo algunas alfrombras españolas ya no caben más proveedores al borde de la quiebra y del ataque de nervios. La sociedad tiende a aceptar ese disimulo. Después de quince años de crecimiento ininterrumpido y de una parranda inmobiliaria sin precedentes, muchos españoles quieren seguir creyendo en la teoría del paréntesis, alimentada con ahínco por los dos grandes partidos. El PSOE, para salir vivo del atolladero. El Partido Popular, para lanzarse al asalto de una mayoría absoluta que le proteja. El momento es de una gran insinceridad. En pleno ciclo electoral, la verdad no conviene a casi nadie. Y la verdad es que las cosas no volverán a ser como antes y que España deberá aceptarse como un país modesto. Sólo desde una inteligente modestia se podrá afrontar la recuperación. El café para todos es más amargo en unas tazas que en otras. Si el lector alberga alguna duda al respecto, le recomiendo que lea durante unas semanas la prensa regional, en la que hay diarios de notable calidad. Todos hablan de la crisis, obviamente, pero con matices y suavidades dignas de estudio. Sí, es verdad, en algunas autonomías silban menos. En Galicia, sin elecciones a la Xunta, el ajuste parece que va en serio. En Murcia –donde sí hay elecciones– ha habido bofetadas por el recorte en la nómina de los funcionarios... Y en el País Vasco casi no pasa nada gracias al mullido colchón del fuero confederal. En más de media España, la consigna es llegar al 22 de mayo como sea. En Catalunya –con una deuda elevada, con una creciente sensación de injusticia fiscal y con la oposición descuajeringada– el guión es otro. El relato catalán de la crisis es hoy el más áspero de la Península, junto con el de Portugal. Dos ejemplos. Los catalanes se interrogan desde hace semanas sobre la conveniencia de haber construido el aeropuerto de Alguaire en Lleida, mientras en la Comunitat Valenciana celebran con júbilo el aeropuerto sin aviones de Castellón, recién inaugurado. Los portugueses ya saben que tardarán muchos años en ver llegar el AVE a Lisboa, y en el Madrid oficial se sigue fantaseando con la expansión de “la mayor red de alta velocidad del mundo”. Sobre esa asimetría se asientan los cien primeros días de Artur Mas. Y su paradoja es la siguiente: mientras en Catalunya ya se han disparado los mecanismos de refrigeración del entusiasmo convergente (señal de que la central atómica funciona bien), en Madrid la crudeza de CiU da un esmalte de seriedad al presidente de la Generalitat, puesto que en la capital saben muy bien cuál es el frenesí bajo las alfombras. (Artículo de Enric Juliana, publicado en "La Vanguardia" el 29 de marzo de 2011)
LA PEOR CARA DE LA POLÍTICA.
Frente a la denostada imagen del político desvergonzado que se aprovecha de las comodidades y privilegios asociados a la vida pública, a fuerza de ser honestos y ecuánimes, también debemos reconocer que subsisten otros —en realidad son muchos— dirigentes de moralidad intachable y abnegada entrega. Lejos de los pomposos despachos de los altos cargos, en numerosos municipios y aldeas surgen alcaldes o concejales que se esfuerzan en cuadrar el presupuesto para ofrecer servicios útiles al ciudadano. No todo está corrompido. Aunque la perversión del sistema se extendió sin mesura con las plusvalías que generaba la especulación inmobiliaria hasta mancillar la reputación de demasiados ayuntamientos, también es verdad que no todos sucumbieron al encanto de los sobornos y las comisiones. Aquellos representantes públicos sin escrúpulos que han logrado esquivar la acción inquisidora de la fiscalía y que resisten sin fisuras los titulares de la cada vez más debilitada prensa libre siempre podrán efectuar un balance muy positivo—contante y sonante— de su paso por la política, pero casi todos los demás —la mayoría— regresarán a la vida privada con la misma cuenta de resultados y el honor incólume. Es más, unos pocos, por desgracia, deberán anotar en su haber episodios tan desagradables como el escarnio público y la agresión verbal y hasta física. Todavía hoy sigue sin esclarecer el asesinato, ocurrido en octubre de 2007, del alcalde de Polop de la Marina, Alejandro Ponsoda, aunque sin llegar a un final tan luctuoso, en los últimos cuatro años también se han registrado incendios provocados, robos, lesiones, pintadas amenazantes e insultos que permiten demostrar que no todo el monte es orégano. La política también es una profesión de riesgo. (Editorial del diario "Levante", publicado el 27 de marzo de 2011)
LA CONFIANZA.
Creo que lo único exigible a los políticos es que generen confianza. Hace tiempo leí en The philosophical baby algo curioso al respecto: su autora, la psicóloga Alison Gopnik, afirmaba que los bebés necesitan sentirse amados para así poder aprender y desarrollar su inteligencia; es decir, necesitan asegurarse de la fiabilidad de las emociones y de los afectos de sus cuidadores. De hecho, la confianza es el fundamento del bienestar moral y afectivo de cualquier sociedad. Más aún, la confianza crea riqueza. Uno diría que es su condición sine qua non.
Por supuesto, la confianza se articula de modo distinto según sea el entorno cultural de las naciones. Bagehot, en su columna de The Economist, citaba el pasado mes de febrero un extenso informe sueco que se presentó en el último Foro de Davos. En el mismo se explicaban algunas de las particularidades del modelo escandinavo: "Los americanos –asevera el ponente– favorecen la alianza entre individuo y familia... sospechando del Estado. Los alemanes confían en la familia y el Estado, olvidando al individuo. En los países nórdicos, en cambio, se favorece al Estado y al individuo...". Años antes, en 1958, el politólogo norteamericano Edward C. Banfield había estudiado el ejemplo del sur de Italia en su ensayo The moral basis of a backward society y concluyó que la solidaridad entre los ciudadanos italianos difícilmente logra romper la barrera de la familia o del propio clan. Lo que sale perdiendo entonces es el "capital social", todo aquello que refuerza el bien común y asienta la prosperidad. Con sus matices, el caso español no se aleja mucho del italiano. Quiero decir que hay algo específicamente mediterráneo que nos distingue de los alemanes y de los nórdicos. En definitiva, la cultura nos moldea: de ahí la importancia de fortalecer el capital social y crear confianza.
Uno sospecha que detrás del profundo pesimismo histórico de España hay un déficit del sentido de la confianza. La corrupción actual de la clase política –pienso en Balears, en Valencia, en los ERES de Andalucía– puede haber acentuado este proceso de desapego, pero no lo ha creado. Al igual que en Italia, lo que prima en nuestro país es un cierto sentido de la familia y de la amistad, si bien nuestra relación con la política es equívoca, casi feudal. Se pagan y se deben favores, se establecen lealtades, el poder político y el económico se sostienen mutuamente. Todo ello debilita el capital social y provoca frustración, ya que cortocircuita el sentido moral de la confianza y orienta de un modo peligroso la brújula del comportamiento cívico.
Lógicamente la corrupción tiene múltiples rostros: la ineptitud, por ejemplo, o la mediocridad, así como el mantenimiento de toda una serie de políticas –las subvenciones, sin ir más lejos– que subrayan las garantías gremiales, semi-monopolísticas, de tantos sectores económicos del país, cerrando además el paso a los mejores. En realidad no hay nada más urgente que establecer una cultura de la confianza y de la responsabilidad, una especie de pacto virtuoso que afirme la calidad y la independencia institucional, elimine las rigideces de la economía y subraye la equidad en las oportunidades.
(Artículo de Daniel Capó, publicado en "Diario de Mallorca" el 25 de marzo de 2011)
Por supuesto, la confianza se articula de modo distinto según sea el entorno cultural de las naciones. Bagehot, en su columna de The Economist, citaba el pasado mes de febrero un extenso informe sueco que se presentó en el último Foro de Davos. En el mismo se explicaban algunas de las particularidades del modelo escandinavo: "Los americanos –asevera el ponente– favorecen la alianza entre individuo y familia... sospechando del Estado. Los alemanes confían en la familia y el Estado, olvidando al individuo. En los países nórdicos, en cambio, se favorece al Estado y al individuo...". Años antes, en 1958, el politólogo norteamericano Edward C. Banfield había estudiado el ejemplo del sur de Italia en su ensayo The moral basis of a backward society y concluyó que la solidaridad entre los ciudadanos italianos difícilmente logra romper la barrera de la familia o del propio clan. Lo que sale perdiendo entonces es el "capital social", todo aquello que refuerza el bien común y asienta la prosperidad. Con sus matices, el caso español no se aleja mucho del italiano. Quiero decir que hay algo específicamente mediterráneo que nos distingue de los alemanes y de los nórdicos. En definitiva, la cultura nos moldea: de ahí la importancia de fortalecer el capital social y crear confianza.
Uno sospecha que detrás del profundo pesimismo histórico de España hay un déficit del sentido de la confianza. La corrupción actual de la clase política –pienso en Balears, en Valencia, en los ERES de Andalucía– puede haber acentuado este proceso de desapego, pero no lo ha creado. Al igual que en Italia, lo que prima en nuestro país es un cierto sentido de la familia y de la amistad, si bien nuestra relación con la política es equívoca, casi feudal. Se pagan y se deben favores, se establecen lealtades, el poder político y el económico se sostienen mutuamente. Todo ello debilita el capital social y provoca frustración, ya que cortocircuita el sentido moral de la confianza y orienta de un modo peligroso la brújula del comportamiento cívico.
Lógicamente la corrupción tiene múltiples rostros: la ineptitud, por ejemplo, o la mediocridad, así como el mantenimiento de toda una serie de políticas –las subvenciones, sin ir más lejos– que subrayan las garantías gremiales, semi-monopolísticas, de tantos sectores económicos del país, cerrando además el paso a los mejores. En realidad no hay nada más urgente que establecer una cultura de la confianza y de la responsabilidad, una especie de pacto virtuoso que afirme la calidad y la independencia institucional, elimine las rigideces de la economía y subraye la equidad en las oportunidades.
(Artículo de Daniel Capó, publicado en "Diario de Mallorca" el 25 de marzo de 2011)
UN PAIS MODESTO.
España límita al norte con la disciplina económica alemana –la rudeza con que Angela Merkel maneja su agenda electoral– y la voluntad de poder francesa –recién zarpada del puerto de Marsella a bordo del portaaviones nuclear Charles de Gaulle–. Limita al sur con la anarquía que viene del norte de África: las tensiones que en Marruecos parece controlar el rey Mohamed y que un día pueden buscar alivio en Ceuta y Melilla; las grietas en el blindaje de la oligarquía militar argelina, en cuyas manos está la llave del gas; la guerra civil en Libia, que todo el mundo ha visto empezar y nadie sabe cómo acabará; la lábil esperanza democrática en Túnez y, más allá, el jeroglífico egipcio, donde siguen mandando los oficiales y los escribas del faraón. Limita al oeste con el triste hundimiento de Portugal, lo peor que estos días nos podía ocurrir. Y linda en el este con el inexistente corredor mediterráneo, la maltrecha articulación de la España mercantil, desestimada frívolamente durante los quince años de borrachera inmobiliaria.
Esos son los puntos cardinales de una España modesta que no logra quitarse de la cabeza los sueños de grandeza acumulados durante tres lustros económicamente excepcionales, que no volverán. El desfallecimiento de Portugal es, en parte, responsabilidad española. Les hemos acabado de hundir. Portugal es hoy el heraldo de la penitencia que viene: España, país modesto en los siglos venideros.
La continuidad del euro está en manos de la industria exportadora alemana y del consenso de su sociedad, programada desde 1945 para no pensar el mundo en términos imperiales. Los bancos alemanes están mal, como ha señalado acertadamente Manel Pérez en La Vanguardia. Los bancos alemanes están agujereados por las hipotecas españolas, pero la federación es fuerte. Un país de 80 millones de habitantes, con una industria potente y un glacis que va de Alsacia a Varsovia y que desciende hacia el norte de Italia (la Lombardía de la Liga Norte y del emperador Barbarroja), Croacia y los montes Cárpatos, evitando las aguas más peligrosas del Mediterráneo, es el indiscutible polo dominante. Hoy y mañana, el Consejo Europeo de Bruselas, con Portugal en la mesa de operaciones, debatirá el plan Merkel de disciplina, barnizado y suavizado por el flamenco Van Rompuy. Y España, país modesto, lo acatará.
París no está en condiciones de discutirle la primacía económica a Berlín. No hay plan B francés. A cambio, Alemania no cuestiona la política agrícola común, clave de la estabilidad interna francesa y pilar fundacional de la Europa comunitaria. Francia, con el mejor servicio exterior del mundo después del de Estados Unidos, la independencia energética que le proporcionan 59 reactores nucleares y una notable fuerza de combate, se siente hoy en condiciones de liderar la tutela occidental sobre la anarquía que viene del norte de África y de su patio de atrás, el desguazado Sahel (Mauritania, Senegal, Mali, Níger, Chad, Sudán, Eritrea...). Y lo va a intentar.
Esos son los cuatro puntos cardinales –atención a Portugal, la sacudida viene ahora del oeste– de una España cuyo único destino posible es reconocerse y aceptarse –sobre todo aceptarse– como un país modesto. La fiesta se ha acabado para siempre. Y desde una inteligente modestia podrían hacerse cosas interesantes: acercar Latinoamérica a Europa, reconciliarse con la diversidad interna, apostar por las exportaciones, ayudar con prudencia en el Mediterráneo y olvidarse por una larga temporada de los delirios de grandeza. No hay alternativa para Don Quijote y Don Juan Tenorio. Acaso, una eterna amargura...
(Artículo de Enric Juliana, publicado en "La Vanguardia" el 24 de marzo de 2011)
Esos son los puntos cardinales de una España modesta que no logra quitarse de la cabeza los sueños de grandeza acumulados durante tres lustros económicamente excepcionales, que no volverán. El desfallecimiento de Portugal es, en parte, responsabilidad española. Les hemos acabado de hundir. Portugal es hoy el heraldo de la penitencia que viene: España, país modesto en los siglos venideros.
La continuidad del euro está en manos de la industria exportadora alemana y del consenso de su sociedad, programada desde 1945 para no pensar el mundo en términos imperiales. Los bancos alemanes están mal, como ha señalado acertadamente Manel Pérez en La Vanguardia. Los bancos alemanes están agujereados por las hipotecas españolas, pero la federación es fuerte. Un país de 80 millones de habitantes, con una industria potente y un glacis que va de Alsacia a Varsovia y que desciende hacia el norte de Italia (la Lombardía de la Liga Norte y del emperador Barbarroja), Croacia y los montes Cárpatos, evitando las aguas más peligrosas del Mediterráneo, es el indiscutible polo dominante. Hoy y mañana, el Consejo Europeo de Bruselas, con Portugal en la mesa de operaciones, debatirá el plan Merkel de disciplina, barnizado y suavizado por el flamenco Van Rompuy. Y España, país modesto, lo acatará.
París no está en condiciones de discutirle la primacía económica a Berlín. No hay plan B francés. A cambio, Alemania no cuestiona la política agrícola común, clave de la estabilidad interna francesa y pilar fundacional de la Europa comunitaria. Francia, con el mejor servicio exterior del mundo después del de Estados Unidos, la independencia energética que le proporcionan 59 reactores nucleares y una notable fuerza de combate, se siente hoy en condiciones de liderar la tutela occidental sobre la anarquía que viene del norte de África y de su patio de atrás, el desguazado Sahel (Mauritania, Senegal, Mali, Níger, Chad, Sudán, Eritrea...). Y lo va a intentar.
Esos son los cuatro puntos cardinales –atención a Portugal, la sacudida viene ahora del oeste– de una España cuyo único destino posible es reconocerse y aceptarse –sobre todo aceptarse– como un país modesto. La fiesta se ha acabado para siempre. Y desde una inteligente modestia podrían hacerse cosas interesantes: acercar Latinoamérica a Europa, reconciliarse con la diversidad interna, apostar por las exportaciones, ayudar con prudencia en el Mediterráneo y olvidarse por una larga temporada de los delirios de grandeza. No hay alternativa para Don Quijote y Don Juan Tenorio. Acaso, una eterna amargura...
(Artículo de Enric Juliana, publicado en "La Vanguardia" el 24 de marzo de 2011)
EL NEGOCIO Y EL FRAUDE DE LAS APARIENCIAS.
A pesar de que ésta no es una de sus cualidades fundamentales, a la Administración no le queda más remedio que permanecer atenta, en guardia, porque, para decirlo en lenguaje llano, siempre hay un ejercito de desaprensivos dispuestos a golearla, importando muy poco si el tanto se encaja de forma antirreglamentaria. Lo importante es marcarlo. Además, está archidemostrado que la picaresca es un elemento innato a la condición humana y que tiene una enorme capacidad de adaptación a los tiempos y a las circunstancias. Incluso más, se despliega con mejor fortuna en épocas de escasez laboral y crisis económica. Vamos, que ahora mismo tiene el terreno despejado.
Pero, que la necesidad agudice el ingenio, no significa, ni mucho menos, que éste pueda justificarse a toda cosa y que pueda incurrir en fraude o trampa legal. En estas estamos, como resultaba fácil presumir. Tanto que la propia Administración ha decidido implicar a varios de sus departamentos más elocuentes en busca de quienes están distorsionando la realidad y presentan como cotización a la Seguridad Social y percepción de la ayuda por desempleo, lo que en realidad no es más que montaje directo para vivir a expensas del Estado sin reportar por ello actividad o beneficio laboral alguno.
La Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, el Inem, los Cuerpos de Seguridad del Estado y hasta el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se han visto en la necesidad de coordinar esfuerzos para desenmascarar a quienes se han instalado en la sopa boba de las apariencias convertidas en fraude directo. Son las empresas de conveniencia y los falsos trabajadores que se avienen a formalizar contratos aparentes para después poder cobrar el paro o prorrogar un permiso de residencia otorgado, en principio, por causa laboral. No es un acto de caridad que tampoco sería tal porque, a cuenta de ello, el supuesto empresario cobra una comisión al contratado en falso.
Entrar en este oscuro mundo no es cuestión fácil, sobre todo en estos tiempos de crisis en los que muchas personas hacen lo indecible, en el buen sentido del término, para procurarse un puesto de trabajo que no llegan a alcanzar o se desesperan frente al permiso de residencia estancado antes que vencido y del que llegan a depender tantas cosas vitales. Pero el río revuelto de la escasez laboral y la crisis económica no puede acabar revirtiendo en ganacia de pescadores furtivos y nada escrupulosos porque, de lo contrario, aparte de la apropiación indebida de cotizaciones y percepciones, acabarán pagando justos por pecadores.La campaña contra el fraude laboral emprendida por la Administración en Balears se había convertido en necesaria a todas luces. En tiempos difíciles, el sentido de la justicia y la legalidad se vuelven especialmente sensibles y necesarios. Además, hay comportamientos tan exagerados que se transforman en puro reclamo para los inspectores, como el de la constructora que, justamente ahora, aumenta su plantilla en un centenar de trabajadores o el de la empresa que se especializa en contratar a inmigrantes procedentes de países africanos. El problema estará ahora en recuperar el dinero otorgado en falso o anular las cotizaciones irreales porque este tiempo de empresarios y trabajadores se esfuman en un santiamén. Por eso, aún reconociendo la dificultad que ello comporta, sería más oportuno establecer vías para evitar que este tipo de fraudes se desarrollen.
(Artículo de Llorenç Riera, publicado en "Diario de Mallorca" el 22 de marzo de 2011)
Pero, que la necesidad agudice el ingenio, no significa, ni mucho menos, que éste pueda justificarse a toda cosa y que pueda incurrir en fraude o trampa legal. En estas estamos, como resultaba fácil presumir. Tanto que la propia Administración ha decidido implicar a varios de sus departamentos más elocuentes en busca de quienes están distorsionando la realidad y presentan como cotización a la Seguridad Social y percepción de la ayuda por desempleo, lo que en realidad no es más que montaje directo para vivir a expensas del Estado sin reportar por ello actividad o beneficio laboral alguno.
La Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, el Inem, los Cuerpos de Seguridad del Estado y hasta el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se han visto en la necesidad de coordinar esfuerzos para desenmascarar a quienes se han instalado en la sopa boba de las apariencias convertidas en fraude directo. Son las empresas de conveniencia y los falsos trabajadores que se avienen a formalizar contratos aparentes para después poder cobrar el paro o prorrogar un permiso de residencia otorgado, en principio, por causa laboral. No es un acto de caridad que tampoco sería tal porque, a cuenta de ello, el supuesto empresario cobra una comisión al contratado en falso.
Entrar en este oscuro mundo no es cuestión fácil, sobre todo en estos tiempos de crisis en los que muchas personas hacen lo indecible, en el buen sentido del término, para procurarse un puesto de trabajo que no llegan a alcanzar o se desesperan frente al permiso de residencia estancado antes que vencido y del que llegan a depender tantas cosas vitales. Pero el río revuelto de la escasez laboral y la crisis económica no puede acabar revirtiendo en ganacia de pescadores furtivos y nada escrupulosos porque, de lo contrario, aparte de la apropiación indebida de cotizaciones y percepciones, acabarán pagando justos por pecadores.La campaña contra el fraude laboral emprendida por la Administración en Balears se había convertido en necesaria a todas luces. En tiempos difíciles, el sentido de la justicia y la legalidad se vuelven especialmente sensibles y necesarios. Además, hay comportamientos tan exagerados que se transforman en puro reclamo para los inspectores, como el de la constructora que, justamente ahora, aumenta su plantilla en un centenar de trabajadores o el de la empresa que se especializa en contratar a inmigrantes procedentes de países africanos. El problema estará ahora en recuperar el dinero otorgado en falso o anular las cotizaciones irreales porque este tiempo de empresarios y trabajadores se esfuman en un santiamén. Por eso, aún reconociendo la dificultad que ello comporta, sería más oportuno establecer vías para evitar que este tipo de fraudes se desarrollen.
(Artículo de Llorenç Riera, publicado en "Diario de Mallorca" el 22 de marzo de 2011)
LUTO EN LA LUCHA CONTRA EL FUEGO.
El trágico accidente sufrido por la tripulación de un helicóptero antiincendios, que ayer se cobró la vida en Teruel de cuatro brigadistas, un agente de la naturaleza y un piloto, nos recuerda con toda la crudeza los peligros que asumen estos trabajadores, la mayoría de las ocasiones ignorados para el común de los mortales. Y no por falta, desgraciadamente, de antecedentes. Hace solo dos años falleció el conductor de una motobomba en Corbalán, y hace cuatro veranos fue una compañera de cuatro de los fallecidos ayer en la brigada helitransportada de Alcorisa quien perdió la vida cuando luchaba contra el fuego. A diferencia de estos precedentes inmediatos, el percance de ayer no se produjo en el frente de las llamas en unas condiciones particularmente hostiles. En pleno vuelo, en una jornada de tiempo calmado, a bordo de un aparato casi nuevo comandado por un piloto experimentado, las causas del accidente que se ha saldado con seis muertes y un superviviente son una incógnita que habrán de despejarse con una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes. Aragón está de luto por la muerte de estos servidores públicos que, acaba de demostrarse una vez más, se juegan el tipo cada vez que han de intervenir, por limitado que sea el incendio y aunque sus medios de trabajo, sus equipos y hasta su preparación parezcan cada vez mejores. Es importante que todos los tengamos en cuenta, y que en este tiempo de ajustes y de dudas sepamos identificar a los miembros de estas cuadrillas como héroes cotidianos que luchan por lo común arriesgando su propia vida.
(Editorial de "El Periódico de Aragón", publicado el 20 de marzo de 2011)
(Editorial de "El Periódico de Aragón", publicado el 20 de marzo de 2011)
PRESENCIA DE JOVELLANOS.
EN este año en que se cumple el bicentenario de su fallecimiento, acaecido el 29 de noviembre de 1811 en Puerto de Vega (Asturias), la figura de Jovellanos vuelve a brillar por la persistente actualidad de su pensamiento y por su actitud ante la realidad política y social de su tiempo. En efecto, su infatigable curiosidad, sus saberes enciclopédicos y su asombrosa capacidad de trabajo le llevaron a tratar con penetración y exhaustividad un sinnúmero de cuestiones importantes de la España de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX.
Nada de lo humano le fue ajeno, y menos que nada la actividad por la cual el hombre llega a ser verdaderamente humano: la educación. La creación del Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, inaugurado en 1794, quedará para siempre como su más ambicioso empeño pedagógico, por dar valor, con notoria perspicacia, a las «enseñanzas técnicas», las denominadas «ciencias útiles», frente a la escolástica y las pobres indagaciones metafísicasque dominaban en la Universidad de entonces.
En ese momento concluye también su gran obra reformadora «Informe sobre la Ley Agraria» y, animado por la ilusión educativa, se vuelca en su Instituto de modo casi exclusivo, hasta que en el otoño de 1797 abandona «su paraíso asturiano» para volver a Madrid, a recorrer el camino que sería, ya para siempre, la etapa más dura y amarga de su vida.
Ahora bien, sin duda la actual vigencia de Jovellanos tiene que ver, más bien, con su ejemplar actuación pública, en circunstancias especialmente delicadas de la historia de nuestro país. Frente al estancamiento y el atraso económico y social, batalló en favor de las necesarias reformas, de modo que la nación pudiera alcanzar la prosperidad y el bienestar público. Su mesura y su rectitud moral admitieron en él la coexistencia del temperamento conservador y el talante progresista, el respeto a las instituciones válidas de la tradición y una notoria inclinación hacia el reformismo ilustrado; lo que se ha dado en llamar el jovellanismo político. De ahí que se haya podido afirmar que «Jovellanos es el gran precursor de la España del equilibrio y la concordia», una vía posible y equidistante entre la radicalidad y el inmovilismo. ¿Acaso no fue esa actitud de equilibrada síntesis, junto con su pasión por la verdad y el progreso, lo que haría de él un personaje controvertido y sospechoso para otros? ¿No es ese modo de estar en la política un ejemplo válido para la España de nuestros días? ¿No es esa la cualidad propia de los hombres de Estado que tanto echamos de menos en los políticos de nuestro tiempo? ¿Acaso no fue esa actitud la que —como habría sucedido en nuestros días— le trajo tantos disgustos y sinsabores en los quince últimos años de su vida? Como afirmara Julián Marías, «a la vuelta de muchos elogios, Jovellanos casi nunca ha tenido buena prensa, porque no la ha tenido en España la mesura, sino las dos tradiciones de desmesura y extremismo que han pretendido, alternativa y simultáneamente, identificarse con nuestra realidad histórica». Esta inclinación explica, según creo, que su recia personalidad y la honradez indiscutible de su vida no le libraran en algún momento de la incomprensión y la envidia; sobre todo a partir de 1797, año de su nombramiento como ministro de Gracia y Justicia.
Por fortuna, no es menos cierto que, desaparecidos tan infundados e injustos prejuicios en torno a su figura, se ha alcanzado un amplio consenso acerca de la verdadera significación de este gran asturiano en la Historia, con mayúscula, de nuestro país. Como me he permitido decir en otra ocasión, es posible también que solo la España de las últimas décadas situada a la altura de las naciones europeas vecinas, aunque con sus problemas y algunos demonios regionales y nacionales que todavía nos aquejan, se aproxime a lo que soñara Jovellanos.
Después de doscientos años de una historia accidentada, parece que esa España está, por fin, en condiciones de valorar la notabilísima aportación de Jovellanos a la modernización de nuestra nación. Con alguna razón se le ha calificado como un hombre abierto a la transición política y social de su época, a cuyo servicio puso su saber y su buen hacer, la rigurosa fecundidad de su pensamiento ilustrado, su prudencia en el decir y en el obrar, todo lo que hace de él nuestro primer humanista moderno.
No me parece, sin embargo, que se hayan difundido suficientemente las enseñanzas de su vida y obra, ni que estas hayan recibido la atención que merecen entre los políticos y las generaciones más jóvenes. Porque no es fácil explicar esa especie de «aislamiento» del gran patricio asturiano que vivió con tanta verdad y tanta honestidad un patriotismo ejemplar. Sería deseable para todos la recuperación de un jovellanismo activo, una más extensa difusión de aquella responsabilidad social y política que él sintió por sus compatriotas, de aquella inteligencia generosa y omnipresente en todo el quehacer de su existencia, desde el nacimiento en el Gijón de su alma hasta su fallecimiento en Puerto de Vega, huyendo de los franceses.
Y quiero terminar también estas reflexiones con unas palabras, otra vez de Julián Marías, que en no pequeña medida hacen presente el mensaje para hoy mismo: «Y no se olvide que cuando un país está realmente dividido en dos, esta escisión afecta precisamente a aquellos hombres que no la quieren ni la pueden aceptar; y así quedaron hundidos, divididos, heridos, los que no eran hombres de partido , capaces de aceptar frívolamente la partición; los que eran, por el contrario, españoles enteros. De ellos, acaso el mejor, clave de su tiempo, era Jovellanos». Merece la pena revivir su trayectoria biográfica, releerlo con profundidad, extraer nuevas enseñanzas de su moderación y sentido común, rescatar su inteligente y desinteresado modo de concebir la actividad política, su afán de integración comprendiendo el sentir de unos y otros, y, en fin, reconocerse en su amor a esta nuestra España, a veces tan maltratada. En los difíciles tiempos que corren, no estaría de más recuperar el espíritu que Jovellanos, este «español de todas las Españas», encarnó en la política nacional de su tiempo.
(Artículo de Aurelio Menéndez, publicado en "ABC" el 19 de marzo de 2011)
Nada de lo humano le fue ajeno, y menos que nada la actividad por la cual el hombre llega a ser verdaderamente humano: la educación. La creación del Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, inaugurado en 1794, quedará para siempre como su más ambicioso empeño pedagógico, por dar valor, con notoria perspicacia, a las «enseñanzas técnicas», las denominadas «ciencias útiles», frente a la escolástica y las pobres indagaciones metafísicasque dominaban en la Universidad de entonces.
En ese momento concluye también su gran obra reformadora «Informe sobre la Ley Agraria» y, animado por la ilusión educativa, se vuelca en su Instituto de modo casi exclusivo, hasta que en el otoño de 1797 abandona «su paraíso asturiano» para volver a Madrid, a recorrer el camino que sería, ya para siempre, la etapa más dura y amarga de su vida.
Ahora bien, sin duda la actual vigencia de Jovellanos tiene que ver, más bien, con su ejemplar actuación pública, en circunstancias especialmente delicadas de la historia de nuestro país. Frente al estancamiento y el atraso económico y social, batalló en favor de las necesarias reformas, de modo que la nación pudiera alcanzar la prosperidad y el bienestar público. Su mesura y su rectitud moral admitieron en él la coexistencia del temperamento conservador y el talante progresista, el respeto a las instituciones válidas de la tradición y una notoria inclinación hacia el reformismo ilustrado; lo que se ha dado en llamar el jovellanismo político. De ahí que se haya podido afirmar que «Jovellanos es el gran precursor de la España del equilibrio y la concordia», una vía posible y equidistante entre la radicalidad y el inmovilismo. ¿Acaso no fue esa actitud de equilibrada síntesis, junto con su pasión por la verdad y el progreso, lo que haría de él un personaje controvertido y sospechoso para otros? ¿No es ese modo de estar en la política un ejemplo válido para la España de nuestros días? ¿No es esa la cualidad propia de los hombres de Estado que tanto echamos de menos en los políticos de nuestro tiempo? ¿Acaso no fue esa actitud la que —como habría sucedido en nuestros días— le trajo tantos disgustos y sinsabores en los quince últimos años de su vida? Como afirmara Julián Marías, «a la vuelta de muchos elogios, Jovellanos casi nunca ha tenido buena prensa, porque no la ha tenido en España la mesura, sino las dos tradiciones de desmesura y extremismo que han pretendido, alternativa y simultáneamente, identificarse con nuestra realidad histórica». Esta inclinación explica, según creo, que su recia personalidad y la honradez indiscutible de su vida no le libraran en algún momento de la incomprensión y la envidia; sobre todo a partir de 1797, año de su nombramiento como ministro de Gracia y Justicia.
Por fortuna, no es menos cierto que, desaparecidos tan infundados e injustos prejuicios en torno a su figura, se ha alcanzado un amplio consenso acerca de la verdadera significación de este gran asturiano en la Historia, con mayúscula, de nuestro país. Como me he permitido decir en otra ocasión, es posible también que solo la España de las últimas décadas situada a la altura de las naciones europeas vecinas, aunque con sus problemas y algunos demonios regionales y nacionales que todavía nos aquejan, se aproxime a lo que soñara Jovellanos.
Después de doscientos años de una historia accidentada, parece que esa España está, por fin, en condiciones de valorar la notabilísima aportación de Jovellanos a la modernización de nuestra nación. Con alguna razón se le ha calificado como un hombre abierto a la transición política y social de su época, a cuyo servicio puso su saber y su buen hacer, la rigurosa fecundidad de su pensamiento ilustrado, su prudencia en el decir y en el obrar, todo lo que hace de él nuestro primer humanista moderno.
No me parece, sin embargo, que se hayan difundido suficientemente las enseñanzas de su vida y obra, ni que estas hayan recibido la atención que merecen entre los políticos y las generaciones más jóvenes. Porque no es fácil explicar esa especie de «aislamiento» del gran patricio asturiano que vivió con tanta verdad y tanta honestidad un patriotismo ejemplar. Sería deseable para todos la recuperación de un jovellanismo activo, una más extensa difusión de aquella responsabilidad social y política que él sintió por sus compatriotas, de aquella inteligencia generosa y omnipresente en todo el quehacer de su existencia, desde el nacimiento en el Gijón de su alma hasta su fallecimiento en Puerto de Vega, huyendo de los franceses.
Y quiero terminar también estas reflexiones con unas palabras, otra vez de Julián Marías, que en no pequeña medida hacen presente el mensaje para hoy mismo: «Y no se olvide que cuando un país está realmente dividido en dos, esta escisión afecta precisamente a aquellos hombres que no la quieren ni la pueden aceptar; y así quedaron hundidos, divididos, heridos, los que no eran hombres de partido , capaces de aceptar frívolamente la partición; los que eran, por el contrario, españoles enteros. De ellos, acaso el mejor, clave de su tiempo, era Jovellanos». Merece la pena revivir su trayectoria biográfica, releerlo con profundidad, extraer nuevas enseñanzas de su moderación y sentido común, rescatar su inteligente y desinteresado modo de concebir la actividad política, su afán de integración comprendiendo el sentir de unos y otros, y, en fin, reconocerse en su amor a esta nuestra España, a veces tan maltratada. En los difíciles tiempos que corren, no estaría de más recuperar el espíritu que Jovellanos, este «español de todas las Españas», encarnó en la política nacional de su tiempo.
(Artículo de Aurelio Menéndez, publicado en "ABC" el 19 de marzo de 2011)
LA LECCIÓN DEL "CASO CÉLINE".
Semanas atrás el ministro francés de Cultura rechazó, a causa de sus "inmundos escritos antisemitas", el homenaje nacional que se iba a dedicar este año al escritor Louis-Ferdinand Céline en el 50º aniversario de su muerte. Creo que esa exclusión está plenamente justificada y contiene alguna lección implícita que convendría sacar a la luz. Entre otras, nos enseña las diferencias inocultables de valor entre los diversos valores y, a fin de cuentas, la primacía del valor moral sobre todos los demás.
Enseguida se dejarán oír voces de protesta. ¿A quién se le ocurre en estos tiempos comparar valores y luego atreverse incluso a declarar a unos más valiosos que otros? Si para el relativismo ambiental establecer una jerarquía entre las culturas o sus instituciones ya suena a blasfemia y medir los méritos relativos de las personas es cuando menos una operación sospechosa, ¿cómo no va a serlo pretender que hasta los valores mismos se sitúen en una escala de mayor a menor? ¿Acaso no sería más acertado considerar a los valores -los intelectuales, los religiosos, los estéticos, los políticos, los morales, etcétera- independientes entre sí y distribuidos aleatoriamente en los individuos sin marcar diferencia alguna? Pero lo cierto es que las marcamos.
¿Y por qué no podrían los franceses mantener su admiración estética al escritor, y venerarle como merece, mientras reservan para el hombre y el ciudadano más bien su repulsión moral? Sencillamente, por ser imposible conservar intacta la primera si la acompaña la segunda. Al retirarle todo mérito a Céline como sujeto moral, su indiscutible valía literaria queda como en suspenso, e incluso un tanto disminuida.
Se replicará todavía que nadie sería entonces admirable, si para ser tenido por tal fuera preciso serlo del todo y en bloque. A lo más, alguien resultará sumamente valioso en un conjunto muy escaso de valores, al tiempo que solo estimable en muchos otros y hasta despreciable en algunos. La experiencia común nos enseña que el hombre más sabio puede ser un mediocre pintor, pues la carencia de cualidades artísticas no rebaja en nada su celebrada sabiduría. Pero esa experiencia tiene su excepción precisamente en el valor moral.
En este terreno a duras penas se logra sofocar algún escándalo a la hora de enjuiciar a una eminencia falta del suficiente respaldo moral. Ahí está para probarlo el estremecimiento que siguió a la revelación del pasado nazi de Heidegger y que otro ilustre filósofo resumió en esta fórmula que no deja de sonarnos paradójica: "Martin Heidegger fue el más grande de los pensadores y el más pequeño de los hombres". En lo que ahora nos ocupa, el alcalde de París ha sentenciado que Céline fue un "excelente escritor", pero también un "perfecto cabrón". Con el descubrimiento de su flaqueza moral la admiración por tan gran filósofo o por el eximio escritor no se extingue, cierto, pero ¿acaso no quedan ya sus figuras empalidecidas y en entredicho?
Y es que, frente a los demás valores, la peculiaridad de los morales estriba en ser universalmente exigibles. Como explicara Protágoras, el resto de cualidades y destrezas se reparte entre los hombres por naturaleza o por azar según cierta proporción, pues a la sociedad le basta eso para sobrevivir. Con que en nuestra ciudad haya unos pocos panaderos nos aseguramos el suministro diario de pan. Pero el "sentido moral" (el respeto y la justicia) debemos aprenderlo todos, porque su carencia arruina la vida civil o impide la vida humana a secas. Nadie puede pedirnos a todos desarrollar notables facultades musicales o intelectuales, pues no está en la naturaleza o en la vocación de cada uno llegar a ser, digamos, consumado pianista o investigador científico. Por el contrario, el descuido de las capacidades morales desde la familia y la escuela nos es reprochable, porque en ellas se contiene nuestra vocación de personas y de ciudadanos.
Así que, por volver a nuestro punto de partida, los franceses no estaban obligados a cultivar su escritura ni mucho menos a elevarse a la altura literaria de un Céline. Pero este, al igual que todos sus compatriotas en aquellas circunstancias, debía haber alcanzado la altura moral suficiente para ver en los judíos a seres humanos y denunciar su persecución y genocidio. Una sociedad se conforma con unos pocos escritores de indiscutible calidad para disfrutar de la belleza creada por la palabra. Pero un solo ciudadano al que falte la conciencia de la igual dignidad humana, como le faltó a Céline, puede destrozar la vida de muchos o consentir su destrucción.
Bien sabemos que un encumbrado carácter moral no pierde su crédito por notorios que sean sus defectos desde otros ángulos de la excelencia. Pero, al revés, es imposible admirar al genio o al artista con todo entusiasmo si sobre su conducta -privada o pública- se cierne una sombra considerable de sordidez o inhumanidad. Se diría que la excelencia moral es la que más vale porque, sin ella, las demás excelencias valen menos...
(Artículo de Aurelio Arteta, publicado en "El País" el 19 de marzo de 2011)
Enseguida se dejarán oír voces de protesta. ¿A quién se le ocurre en estos tiempos comparar valores y luego atreverse incluso a declarar a unos más valiosos que otros? Si para el relativismo ambiental establecer una jerarquía entre las culturas o sus instituciones ya suena a blasfemia y medir los méritos relativos de las personas es cuando menos una operación sospechosa, ¿cómo no va a serlo pretender que hasta los valores mismos se sitúen en una escala de mayor a menor? ¿Acaso no sería más acertado considerar a los valores -los intelectuales, los religiosos, los estéticos, los políticos, los morales, etcétera- independientes entre sí y distribuidos aleatoriamente en los individuos sin marcar diferencia alguna? Pero lo cierto es que las marcamos.
¿Y por qué no podrían los franceses mantener su admiración estética al escritor, y venerarle como merece, mientras reservan para el hombre y el ciudadano más bien su repulsión moral? Sencillamente, por ser imposible conservar intacta la primera si la acompaña la segunda. Al retirarle todo mérito a Céline como sujeto moral, su indiscutible valía literaria queda como en suspenso, e incluso un tanto disminuida.
Se replicará todavía que nadie sería entonces admirable, si para ser tenido por tal fuera preciso serlo del todo y en bloque. A lo más, alguien resultará sumamente valioso en un conjunto muy escaso de valores, al tiempo que solo estimable en muchos otros y hasta despreciable en algunos. La experiencia común nos enseña que el hombre más sabio puede ser un mediocre pintor, pues la carencia de cualidades artísticas no rebaja en nada su celebrada sabiduría. Pero esa experiencia tiene su excepción precisamente en el valor moral.
En este terreno a duras penas se logra sofocar algún escándalo a la hora de enjuiciar a una eminencia falta del suficiente respaldo moral. Ahí está para probarlo el estremecimiento que siguió a la revelación del pasado nazi de Heidegger y que otro ilustre filósofo resumió en esta fórmula que no deja de sonarnos paradójica: "Martin Heidegger fue el más grande de los pensadores y el más pequeño de los hombres". En lo que ahora nos ocupa, el alcalde de París ha sentenciado que Céline fue un "excelente escritor", pero también un "perfecto cabrón". Con el descubrimiento de su flaqueza moral la admiración por tan gran filósofo o por el eximio escritor no se extingue, cierto, pero ¿acaso no quedan ya sus figuras empalidecidas y en entredicho?
Y es que, frente a los demás valores, la peculiaridad de los morales estriba en ser universalmente exigibles. Como explicara Protágoras, el resto de cualidades y destrezas se reparte entre los hombres por naturaleza o por azar según cierta proporción, pues a la sociedad le basta eso para sobrevivir. Con que en nuestra ciudad haya unos pocos panaderos nos aseguramos el suministro diario de pan. Pero el "sentido moral" (el respeto y la justicia) debemos aprenderlo todos, porque su carencia arruina la vida civil o impide la vida humana a secas. Nadie puede pedirnos a todos desarrollar notables facultades musicales o intelectuales, pues no está en la naturaleza o en la vocación de cada uno llegar a ser, digamos, consumado pianista o investigador científico. Por el contrario, el descuido de las capacidades morales desde la familia y la escuela nos es reprochable, porque en ellas se contiene nuestra vocación de personas y de ciudadanos.
Así que, por volver a nuestro punto de partida, los franceses no estaban obligados a cultivar su escritura ni mucho menos a elevarse a la altura literaria de un Céline. Pero este, al igual que todos sus compatriotas en aquellas circunstancias, debía haber alcanzado la altura moral suficiente para ver en los judíos a seres humanos y denunciar su persecución y genocidio. Una sociedad se conforma con unos pocos escritores de indiscutible calidad para disfrutar de la belleza creada por la palabra. Pero un solo ciudadano al que falte la conciencia de la igual dignidad humana, como le faltó a Céline, puede destrozar la vida de muchos o consentir su destrucción.
Bien sabemos que un encumbrado carácter moral no pierde su crédito por notorios que sean sus defectos desde otros ángulos de la excelencia. Pero, al revés, es imposible admirar al genio o al artista con todo entusiasmo si sobre su conducta -privada o pública- se cierne una sombra considerable de sordidez o inhumanidad. Se diría que la excelencia moral es la que más vale porque, sin ella, las demás excelencias valen menos...
(Artículo de Aurelio Arteta, publicado en "El País" el 19 de marzo de 2011)
ANIVERSARIO MELANCÓLICO.
Italia llega a los 150 años de su unificación convencida de que tiene poco que celebrar. La crisis política e institucional que atraviesa el país bajo el Gobierno de Silvio Berlusconi convertiría cualquier fórmula de conmemoración en un gesto estrictamente ritual, más adecuado para desencadenar la melancolía de los italianos por el estado en el que se encuentran sus instituciones comunes que para valorar los logros de la que, pese a todo, sigue siendo una nación puntera.
Así ha debido de entenderlo el propio Berlusconi, quien ha dejado transcurrir el aniversario sin las grandes exhibiciones de orgullo nacional de que ha hecho gala en otras ocasiones. Existe, además, una razón inmediata que explicaría el bajo perfil adoptado por Il Cavaliere: su principal socio de Gobierno, la Liga Norte, ha adoptado como principales ejes de campaña la explotación de las diferencias regionales y la crítica al peso político de Roma en el conjunto de Italia.
Para la sociedad civil, el aniversario es un momento como cualquier otro para reflexionar sobre la situación de un país del que siempre se dijo que podía funcionar, y de hecho funcionaba, al margen de su crónica inestabilidad política. Bajo el mandato de Berlusconi se ha producido, sin embargo, una preocupante vuelta de tuerca: negocios y política han dejado de desarrollarse en esferas distintas, con el agravante de que la fusión se ha llevado a cabo sobre los peores rasgos de ambos mundos. En el Parlamento italiano, las voluntades políticas se compran a plena luz y los debates suelen ser una variante de los más zafios espectáculos televisivos.
Esta degradación política e institucional no es solo un problema interno italiano; es, además, un pesado lastre para el maltrecho proyecto de la Europa unida. El Gobierno de Berlusconi ha dado carta de naturaleza entre los Veintisiete a algunas medidas que hasta ahora formaban parte del inaceptable arsenal de las fuerzas populistas y xenófobas, como la elaboración de censos que solo afectan a algunas comunidades y grupos humanos. También ha desempeñado un deshonroso papel en crisis como la de Libia, acentuando la ya de por sí acusada querencia de la Unión hacia la inacción y la retórica.
En cualquier caso, Italia no es solo su Gobierno, sino una ciudadanía forjada hace 150 años. Y que tarde o temprano volverá a colocar a su país en el lugar que le corresponde.
(Editorial de "El País", publicado el 18 de marzo de 2011)
Así ha debido de entenderlo el propio Berlusconi, quien ha dejado transcurrir el aniversario sin las grandes exhibiciones de orgullo nacional de que ha hecho gala en otras ocasiones. Existe, además, una razón inmediata que explicaría el bajo perfil adoptado por Il Cavaliere: su principal socio de Gobierno, la Liga Norte, ha adoptado como principales ejes de campaña la explotación de las diferencias regionales y la crítica al peso político de Roma en el conjunto de Italia.
Para la sociedad civil, el aniversario es un momento como cualquier otro para reflexionar sobre la situación de un país del que siempre se dijo que podía funcionar, y de hecho funcionaba, al margen de su crónica inestabilidad política. Bajo el mandato de Berlusconi se ha producido, sin embargo, una preocupante vuelta de tuerca: negocios y política han dejado de desarrollarse en esferas distintas, con el agravante de que la fusión se ha llevado a cabo sobre los peores rasgos de ambos mundos. En el Parlamento italiano, las voluntades políticas se compran a plena luz y los debates suelen ser una variante de los más zafios espectáculos televisivos.
Esta degradación política e institucional no es solo un problema interno italiano; es, además, un pesado lastre para el maltrecho proyecto de la Europa unida. El Gobierno de Berlusconi ha dado carta de naturaleza entre los Veintisiete a algunas medidas que hasta ahora formaban parte del inaceptable arsenal de las fuerzas populistas y xenófobas, como la elaboración de censos que solo afectan a algunas comunidades y grupos humanos. También ha desempeñado un deshonroso papel en crisis como la de Libia, acentuando la ya de por sí acusada querencia de la Unión hacia la inacción y la retórica.
En cualquier caso, Italia no es solo su Gobierno, sino una ciudadanía forjada hace 150 años. Y que tarde o temprano volverá a colocar a su país en el lugar que le corresponde.
(Editorial de "El País", publicado el 18 de marzo de 2011)
FELIZ CUMPLEAÑOS, CARA ITALIA.
"Italia se ha despertado, estamos listos para morir".
Eran otros tiempos. Pero el espíritu era ese.
Lo otro es ahora: un Gobierno nefasto, un comité de negocios que destruye la cultura, el pensamiento, la inteligencia, el humor, la ironía y la poesía para que la crítica se extinga, y triunfe la mediocridad y la estafa, la propaganda y el camelo.
Si se ve desde fuera, es solo un accidente del camino, un espanto que la historia sepultará como un periodo podrido, marcado por la avaricia y la falsedad de una clase dirigente que no sabe lo que son los principios y sobre todo no sabe entender que su final hace tiempo que pasó por la puerta.
La pérdida de toda ética pública, y la conversión del sistema democrático en un sucio bazar donde todo se compra y se consume sin freno, por el mero hecho de sobrevivir y seguir adelante a toda costa, ha marcado esta época de Italia.
Por eso ya no es Italia, sino Vaticalia: un remedo, un pastiche, un remiendo. El país maravilloso, que fue la vanguardia del mundo hace 40 años, paradójicamente está de nuevo, y todavía, por hacer. Parece haberlo olvidado todo en el camino, haber sepultado su memoria mejor. El exceso de bienestar, y de dinero, produce también monstruos, como la razón.
El Estado ha sido secuestrado por una panda de bandoleros antiestatalistas que lo desguazan para trincar mejor. Fuera la escuela, fuera la justicia, fuera los periódicos, abajo la Constitución.
La izquierda asiste impertérrita a la demolición, secuestrada por una casta privilegiada que solo aspira a trabajar lo menos posible y a comer lo mejor posible sin acordarse de los electores ni de los jóvenes ni de los inmigrantes, ni de las mujeres. Orejeras y pensión vitalicia.
Y lo mejor de la Iglesia, su base comprometida, pensante y honesta, ha sido secuestrada por los movimientos laicos, falsos profetas, mercantes y mercachifles, mercadotécnicos de las beatificaciones y las leyes provida, que en ausencia de instituciones fuertes y creíbles aprovechan para repartirse el botín.
El folklore parafascista de la Liga, la putocracia de las velinas, la videocracia que iguala el debate al entretenimiento y las elecciones a un concurso de televoto completan el panorama desolador.
Pero hoy es el día de festejar y agradecer.
Y es justo además reconocer a Italia todo lo que nos ha enseñado, y todavía nos enseña, su espléndido pasado, su talento, su simpatía, su genialidad.
Italia está herida pero sigue muy viva. Ahí están Saviano, Benigni, Napolitano, sus científicos, sus economistas, sus mujeres indignadas, los cientos de movimientos solidarios y antimafia, los jóvenes siempre dispuestos a salir a la calle, las movilizaciones continuas y conmovedoras, los fiscales que no se arrugan, los periodistas que cuentan la verdad, los nuevos creadores de sátiras por Internet, la red de cazadores de caimanes...
A muchos españoles nos gustaría tener todo eso. Y nos gustaría decir a los italianos sanos y buenos -los hay y son millones, y están tocados pero no hundidos- que estamos con ellos. Que nos duele Italia y mucho más Vaticalia. Que les necesitamos de vuelta para que Europa deje de ser una mesa de metacrilato ocupada por incompetentes.
Y que todo el sarcasmo, la sátira, incluso la malicia que a veces nos hace destilar su decadencia y su letargo son solo una coraza. El escudo que ayuda a aguantar el tirón, resistir el desprecio de los cobardes, los jerifaltes, los mafiosos, los dictadorcillos, los evasores, los chorizos, los falsos cristianos, sus medios cómplices y los fintos progresistas inflamados de pavor y retórica.
Ce la faremo? Chi lo sa? Lo importante es no desviarse del camino... Y luego, sarà quel che sarà...
Como decía Morente, "deseando una cosa / parece un mundo, / luego que se consigue, tan solo es humo".
Y como decía Flaiano, "soñador es un hombre con los pies fuertemente anclados en las nubes".
Feliz cumpleaños, carissima Italia.
(Del blog "Vaticalia", de Miguel Mora, publicado el 17 de marzo de 2011)
Eran otros tiempos. Pero el espíritu era ese.
Lo otro es ahora: un Gobierno nefasto, un comité de negocios que destruye la cultura, el pensamiento, la inteligencia, el humor, la ironía y la poesía para que la crítica se extinga, y triunfe la mediocridad y la estafa, la propaganda y el camelo.
Si se ve desde fuera, es solo un accidente del camino, un espanto que la historia sepultará como un periodo podrido, marcado por la avaricia y la falsedad de una clase dirigente que no sabe lo que son los principios y sobre todo no sabe entender que su final hace tiempo que pasó por la puerta.
La pérdida de toda ética pública, y la conversión del sistema democrático en un sucio bazar donde todo se compra y se consume sin freno, por el mero hecho de sobrevivir y seguir adelante a toda costa, ha marcado esta época de Italia.
Por eso ya no es Italia, sino Vaticalia: un remedo, un pastiche, un remiendo. El país maravilloso, que fue la vanguardia del mundo hace 40 años, paradójicamente está de nuevo, y todavía, por hacer. Parece haberlo olvidado todo en el camino, haber sepultado su memoria mejor. El exceso de bienestar, y de dinero, produce también monstruos, como la razón.
El Estado ha sido secuestrado por una panda de bandoleros antiestatalistas que lo desguazan para trincar mejor. Fuera la escuela, fuera la justicia, fuera los periódicos, abajo la Constitución.
La izquierda asiste impertérrita a la demolición, secuestrada por una casta privilegiada que solo aspira a trabajar lo menos posible y a comer lo mejor posible sin acordarse de los electores ni de los jóvenes ni de los inmigrantes, ni de las mujeres. Orejeras y pensión vitalicia.
Y lo mejor de la Iglesia, su base comprometida, pensante y honesta, ha sido secuestrada por los movimientos laicos, falsos profetas, mercantes y mercachifles, mercadotécnicos de las beatificaciones y las leyes provida, que en ausencia de instituciones fuertes y creíbles aprovechan para repartirse el botín.
El folklore parafascista de la Liga, la putocracia de las velinas, la videocracia que iguala el debate al entretenimiento y las elecciones a un concurso de televoto completan el panorama desolador.
Pero hoy es el día de festejar y agradecer.
Y es justo además reconocer a Italia todo lo que nos ha enseñado, y todavía nos enseña, su espléndido pasado, su talento, su simpatía, su genialidad.
Italia está herida pero sigue muy viva. Ahí están Saviano, Benigni, Napolitano, sus científicos, sus economistas, sus mujeres indignadas, los cientos de movimientos solidarios y antimafia, los jóvenes siempre dispuestos a salir a la calle, las movilizaciones continuas y conmovedoras, los fiscales que no se arrugan, los periodistas que cuentan la verdad, los nuevos creadores de sátiras por Internet, la red de cazadores de caimanes...
A muchos españoles nos gustaría tener todo eso. Y nos gustaría decir a los italianos sanos y buenos -los hay y son millones, y están tocados pero no hundidos- que estamos con ellos. Que nos duele Italia y mucho más Vaticalia. Que les necesitamos de vuelta para que Europa deje de ser una mesa de metacrilato ocupada por incompetentes.
Y que todo el sarcasmo, la sátira, incluso la malicia que a veces nos hace destilar su decadencia y su letargo son solo una coraza. El escudo que ayuda a aguantar el tirón, resistir el desprecio de los cobardes, los jerifaltes, los mafiosos, los dictadorcillos, los evasores, los chorizos, los falsos cristianos, sus medios cómplices y los fintos progresistas inflamados de pavor y retórica.
Ce la faremo? Chi lo sa? Lo importante es no desviarse del camino... Y luego, sarà quel che sarà...
Como decía Morente, "deseando una cosa / parece un mundo, / luego que se consigue, tan solo es humo".
Y como decía Flaiano, "soñador es un hombre con los pies fuertemente anclados en las nubes".
Feliz cumpleaños, carissima Italia.
(Del blog "Vaticalia", de Miguel Mora, publicado el 17 de marzo de 2011)
RITROVIAMO L'ORGOGLIO DELL'UNITÁ.
UNITI, ALMENO UN GIORNO
L'Italia che oggi arriva al suo 150° compleanno, e lo celebra in Parlamento e nelle piazze, è un Paese su molti aspetti diviso. Dalla storia, e dalla geografia. Sulla memoria storica, e sugli interessi territoriali. Ma è un grande Paese, che può essere orgoglioso del contributo di bellezza, sapere, lavoro che con i suoi artisti, scienziati, emigranti ha dato all'umanità. Il Paese degli ottomila Comuni, che a ogni collina cambia accento, paesaggio, costumi e prodotti, ma che mantiene una vocazione universale: la classicità e la cristianità, i Cesari e i Papi; il Rinascimento, con cui insegnò al mondo a raffigurare e pensare le cose, e il Risorgimento, con cui si riaffacciò sulla scena internazionale. Perciò oggi è giusto festeggiare, tutti insieme; senza che questo implichi essere tutti d'accordo, condividere la stessa idea dell'Italia.
Il Risorgimento che unificò la penisola scontentò cattolici e repubblicani, e comportò una guerra civile al Sud. Anche la Costituzione nacque alla fine di un sanguinoso scontro interno. Il dopoguerra è stato segnato prima dalle contrapposizioni ideologiche, poi da quelle personali. Oggi la festa è contestata al Nord dai leghisti - anche se non da tutti - e al Sud da un movimento che sarebbe riduttivo definire neoborbonico, e presto troverà una sua forma di rappresentanza politica, una lega del Mezzogiorno. Ma Paesi considerati più patriottici del nostro hanno alle spalle divisioni anche peggiori. Gli Stati Uniti furono lacerati da una guerra civile che lasciò il Sud pressoché distrutto. I francesi si sono trucidati tra loro negli anni della Rivoluzione e della Comune. Spagna e Regno Unito si misurano da decenni con separatisti armati. Eppure i nostri vicini e alleati si riconoscono in valori comuni. Ciò che unisce è più di ciò che divide. Perché lo stesso non dovrebbe valere per noi?
Non si tratta di ricostruire in laboratorio impossibili memorie condivise, ma di riconoscere che pure noi italiani abbiamo un passato di cui possiamo andare fieri e un futuro ricco di possibilità. L'attaccamento alle piccole patrie, ai dialetti, ai Comuni è giusto e utile, è la ricchezza che il mondo globale ci chiede; e può stare assieme al legame con la patria comune che ci comprende tutti.
Ce lo insegnano Alessandro Manzoni, grande italiano e grande milanese, che compose l'ode oggi ripubblicata dal Corriere quand'era ancora cittadino austriaco. E Daniele Manin, acclamato dai veneziani che sventolavano il vessillo con il leone di San Marco e il Tricolore. Oggi ricordiamoci anche di Ciampi, quando dice di sentirsi livornese, toscano, italiano ed europeo. E di Napolitano, quando ricorda l'influenza fortissima sull'identità italiana di Napoli e l'urgenza del suo riscatto. Anche nelle nostre famiglie c'è un personaggio che ha contribuito a fare la storia d'Italia. Nel Risorgimento, nelle due Guerre mondiali, nelle varie forme che assunse la Resistenza, nella ricostruzione. Oggi raccontiamone la storia ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ritroviamo quel frammento di memoria nazionale che ogni casa custodisce, magari in forma di lettere, cimeli, ritratti. E non temiamo le sofferenze che pure ci portiamo dietro; perché anche di quelle possiamo essere orgogliosi, anche quelle servono a costruire un futuro che oggi potrebbe apparirci meno avaro e meno incerto.
(Artículo de Aldo Cazzullo, publicado en "Il Corriere della Sera" el 17 de marzo de 2011)
CIENTO CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA UNIDAD ITALIANA.
Amo l’Italia e mi riconosco nella Costituzione.
“Dietro a ogni articolo della nostra Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta”. Pietro Calamandrei.
(Extraído de la edición de "La Repubblica" de 17 de marzo de 2010)
“Dietro a ogni articolo della nostra Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta”. Pietro Calamandrei.
(Extraído de la edición de "La Repubblica" de 17 de marzo de 2010)
ELOGIO DEL CIVISMO JAPONÉS.
Japón vive su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Así lo admitió el domingo su primer ministro Naoto Kan, tras el terremoto de grado 9 del viernes, el subsiguiente tsunami y los primeros accidentes nucleares en la central de Fukushima. Desde entonces, pese a los esfuerzos de la sociedad japonesa, la situación no ha hecho sino empeorar. Ayer, los niveles de radiación detectados en el aire habían aumentado considerablemente, también en Tokio, 240 kilómetros al sur de la citada central.
Los periodistas desplazados al escenario de la tragedia nos brindan a diario imágenes espeluznantes: nucleares desprendiendo columnas de humotras un estallido, rescate de cadáveres, ciudades arrasadas por el barro parduzco del tsunami, barcos de gran tonelaje arrastrados tierra adentro o cientos de flamantes automóviles reducidos a chatarra. Sobre estos y otros fondos de destrucción, a veces el fotógrafo sorprende a un ciudadano que lo ha perdido todo y llora sumido en el desconsuelo. La tragedia ha sido, ciertamente, enorme. Pero, aún a pesar del mucho daño sufrido por el país, que encarnan esas figuras dolientes, lo más característico de los japoneses en esta hora fatídica es su civismo. Un civismo hecho de entereza, de inquebrantable vocación de resistencia, de orden y, sobre todo, de solidaridad. Los japoneses que han padecido más de cerca las inclemencias naturales guardan cola pacientemente para recibir asistencia alimentaria o sanitaria; no se tiene noticia de ciudadanos que hayan aprovechado el desconcierto para darse al pillaje; ni de comerciantes que suban ahora los precios de los productos de primera necesidad. Por el contrario, la población se comporta de modo responsable, sereno y contenido, lo que en ocasiones llama la atención en las sociedades occidentales. ¿Cómo lo logran?
Esta pregunta admite varias respuestas. La primera tiene que ver con Japón en tanto que sociedad habituada a un entorno hostil, azotado periódicamente por tifones, terremotos y maremotos. La segunda, con los recursos disponibles: durante siglos, la alimentación de los japoneses se basó en el arroz y el pescado; el arroz había que cultivarlo manualmente en campos inundados y en condiciones penosas que sólo se sobrellevaban con un fuerte sentimiento comunitario; los pescadores se establecían y operaban, claro está, en zonas costeras frecuentemente barridas por los elementos, y estaban también acostumbrados a practicar el socorro mútuo. Esa familiaridad con la catástrofe, ese sentido de comunidad basado además en un tradicionalismo muy afecto a la familia y el trabajo, propiciaron el desarrollo de unos protocolos de actuación en situaciones de crisis y, en definitiva, una cultura cívica: desde su época escolar, los japoneses interiorizan las reglas que deben seguir en caso de accidente. Si a todo ello le sumamos otros factores cohesionadores, como la insularidad, los periodos históricos de aislamento, la densidad de población –127 millones de habitantes, el triple que España, en un territorio menor que el nuestro- o la última gran prueba superada -la Segunda Guerra Mundial, trágicamente culminada por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki-, quizás dispongamos de algunas claves para explicar la admirable conducta cívica de los japoneses. Es decir, de una sociedad cuyos miembros saben que el sentido comunitario debe tener siempre prioridad sobre el individualismo. Y en una situación de crisis colectiva, con mayor motivo.
(Editorial de "La Vanguardia", publicado el 16 de marzo de 2011)
Los periodistas desplazados al escenario de la tragedia nos brindan a diario imágenes espeluznantes: nucleares desprendiendo columnas de humotras un estallido, rescate de cadáveres, ciudades arrasadas por el barro parduzco del tsunami, barcos de gran tonelaje arrastrados tierra adentro o cientos de flamantes automóviles reducidos a chatarra. Sobre estos y otros fondos de destrucción, a veces el fotógrafo sorprende a un ciudadano que lo ha perdido todo y llora sumido en el desconsuelo. La tragedia ha sido, ciertamente, enorme. Pero, aún a pesar del mucho daño sufrido por el país, que encarnan esas figuras dolientes, lo más característico de los japoneses en esta hora fatídica es su civismo. Un civismo hecho de entereza, de inquebrantable vocación de resistencia, de orden y, sobre todo, de solidaridad. Los japoneses que han padecido más de cerca las inclemencias naturales guardan cola pacientemente para recibir asistencia alimentaria o sanitaria; no se tiene noticia de ciudadanos que hayan aprovechado el desconcierto para darse al pillaje; ni de comerciantes que suban ahora los precios de los productos de primera necesidad. Por el contrario, la población se comporta de modo responsable, sereno y contenido, lo que en ocasiones llama la atención en las sociedades occidentales. ¿Cómo lo logran?
Esta pregunta admite varias respuestas. La primera tiene que ver con Japón en tanto que sociedad habituada a un entorno hostil, azotado periódicamente por tifones, terremotos y maremotos. La segunda, con los recursos disponibles: durante siglos, la alimentación de los japoneses se basó en el arroz y el pescado; el arroz había que cultivarlo manualmente en campos inundados y en condiciones penosas que sólo se sobrellevaban con un fuerte sentimiento comunitario; los pescadores se establecían y operaban, claro está, en zonas costeras frecuentemente barridas por los elementos, y estaban también acostumbrados a practicar el socorro mútuo. Esa familiaridad con la catástrofe, ese sentido de comunidad basado además en un tradicionalismo muy afecto a la familia y el trabajo, propiciaron el desarrollo de unos protocolos de actuación en situaciones de crisis y, en definitiva, una cultura cívica: desde su época escolar, los japoneses interiorizan las reglas que deben seguir en caso de accidente. Si a todo ello le sumamos otros factores cohesionadores, como la insularidad, los periodos históricos de aislamento, la densidad de población –127 millones de habitantes, el triple que España, en un territorio menor que el nuestro- o la última gran prueba superada -la Segunda Guerra Mundial, trágicamente culminada por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki-, quizás dispongamos de algunas claves para explicar la admirable conducta cívica de los japoneses. Es decir, de una sociedad cuyos miembros saben que el sentido comunitario debe tener siempre prioridad sobre el individualismo. Y en una situación de crisis colectiva, con mayor motivo.
(Editorial de "La Vanguardia", publicado el 16 de marzo de 2011)
CORRUPCIÓN: ¡INDIGNAOS!
Vivimos asediados por noticias de escándalos y denuncias de corrupción que nos trasladan desde la estupefacción hasta el asco como en un tiovivo endemoniado. Son siempre asuntos delicados que tienen consecuencias muy visibles sobre los dineros públicos y, si miramos el turbio vaso del déficit, advertiremos que en su fondo se halla depositado el légamo de estas prácticas.
Cuando existen indicios de delito, hay tribunales penales que se ocupan de ello. Actúan de acuerdo con sus pausados ritmos, pues ya sabemos que hay plazos en el mundo judicial que se asemejan a los plazos bíblicos o incluso a los geológicos. Pero todo sea bienvenido porque es el sacrificio que ha de arder, en un Estado de Derecho, en el pebetero de las garantías de los ciudadanos.
Dejando aparte a la jurisdicción penal, la pregunta que conviene formular es si el ordenamiento (ojo, no el ordeñamiento) jurídico contiene otros instrumentos de defensa de la legalidad y del buen hacer que no se están activando o se están activando de manera deficiente. En concreto: ¿ha de quedarse la Administración paralizada ante episodios que claramente le resultan lesivos y perjudiciales como organización colectiva que es llamada a gestionar los intereses generales? ¿Ha de ser la Administración el Bártolo del rossiniano Barbero de Sevilla que se queda como una estatua “fría e inmóvil”?
Los estudiosos sabemos que esos instrumentos existen porque la lucha por el Derecho es, desde que el mundo es mundo, una lucha incesante contra “las inmunidades del poder”, en la bella expresión de García de Enterría.
Ahora, si nosotros aplicamos una mirada buida a esos escándalos de nuestros pecados advertiremos que casi siempre están relacionados con el urbanismo, los contratos públicos y las subvenciones. Pues bien, en el ámbito del urbanismo, desde hace décadas (incluso desde el franquismo), la Administración puede declarar la invalidez de planes, de promociones urbanísticas, de parcelaciones o de licencias de edificación y ello permite restaurar los espacios heridos por esas actuaciones ilegales, incluso demoliendo las trapacerías que hayan podido llegar a tener la consistencia de un edificio. Es más: se pueden imponer sanciones económicas que eliminen de cuajo los beneficios que haya podido obtener el infractor.
Sin embargo, vemos cómo promociones y construcciones, que acampan extramuros de la legalidad, se convierten en parte inamovible del paisaje sin que las administraciones públicas hayan desplegado sus facultades para defender el interés público conculcado. Y hay algo peor pues, a veces, son esas mismas administraciones las impulsoras de estos desmanes bien porque los respaldan o bien porque miran con insolencia hacia otro lado. Los episodios más visibles de estas actitudes intolerables se producen cuando se atreven descaradamente a inejecutar sentencias firmes de los tribunales de justicia.
El segundo pantano es el de la contratación pública. Hay leyes, en este ámbito, para todo. Podemos decir que no existe resquicio alguno al que no alcance la luz de una previsión del legislador (que es prolífico y proteico: europeo, estatal, autonómico…). Cualquier empresario que se haya visto perjudicado porque los criterios de selección del contratista han sido manipulados o se han desvirtuado las reglas de la publicidad y la concurrencia, o se han efectuado adjudicaciones irregulares, puede poner en marcha procedimientos rápidos de recurso que incluso permiten paralizar las actuaciones realizadas. Y, además, la legislación española ha insistido -cierto que sin éxito- en la responsabilidad en la que incurren los funcionarios que participen en la comisión de estos desmanes. Pero… los tales empresarios ven coartada su independencia por su dependencia de las administraciones públicas. Que les pueden expulsar, si son díscolos y gustan de enredarse con escritos y pleitos, del dulce paraíso donde se degusta el gran pastel de la contratación pública. Y reconducirlos por esta vía poco a poco hacia la mendicidad callejera.
¿Y las subvenciones? De nuevo, nos encontramos con un nutrido grupo de preceptos que permite a las administraciones otorgantes declarar su invalidez e incluso exigir su completo reintegro. Por eso, ante uno de los escándalos que hoy ocupan las páginas de algunos periódicos (no de todos) relacionados con los Expedientes de Regulación de Empleo en Andalucía, no entendemos por qué la propia administración andaluza no ha iniciado ya los procedimientos para recuperar las cantidades indebidamente abonadas.
Volvemos a nuestro argumento que sirve de hilo conductor de este pequeño artículo. El Derecho tiene armas bruñidas para entrar en combate. Está la vía de la jurisdicción penal, que es la más vistosa y la que acapara titulares. Pero está también la más modesta de la jurisdicción contable, atribuida a órganos específicos que tienen encomendadas las funciones de controlar la actividad económica del sector público o de quienes perciben fondos públicos, así como las de determinar los daños y perjuicios ocasionados a las arcas públicas activando los mecanismos de la llamada responsabilidad contable. Esto afecta al Estado y a algunas comunidades autónomas, tan insistentes a la hora de reclamar competencias como negligentes a la hora de ejercer aquellas que pueden resultar embarazosas o poco lúcidas.
Y asimismo -como hemos adelantado- la Administración puede analizar la legalidad de los actos administrativos, soporte de estas subvenciones y, a través de la revisión de oficio o del mecanismo previsto en la Ley de Subvenciones, acordar la nulidad de los mismos y exigir la devolución de las cantidades indebidamente percibidas.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de marzo de 2010, ha recordado que “la Administración perjudicada podrá ejercer toda clase de pretensiones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas sin necesidad de declarar previamente lesivos los actos que impugne”. Y, con cita de otra sentencia del mismo Tribunal (de 21 de julio de 2004), puntualiza que el procedimiento administrativo de reintegro de subvenciones y el procedimiento de responsabilidad contable no son mutuamente excluyentes, pues tienen distinta naturaleza y significación. El reintegro de subvenciones sólo exige el incumplimiento por el beneficiario de la obligación de justificación del destino de la subvención (se trataba de fondos del INEM) y, en cambio, el procedimiento de responsabilidad contable tiene como presupuesto que el menoscabo de caudales se haya producido por dolo, culpa o negligencia grave del sujeto que ha recibido la subvención.
El 19 de julio del mismo año 2010, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de insistir en estos argumentos.
Concluyamos afirmando que las administraciones no actúan porque faltan las adecuadas decisiones políticas. Y porque la clase política, ávida de influencia, ha ocupado el espacio que debe estar reservado a unos funcionarios públicos neutrales y seleccionados de acuerdo con el principio de mérito y capacidad. En fin, porque los ciudadanos hemos perdido la capacidad de reacción, bien porque muchos se benefician del clientelismo que genera una democracia escoltada por dos partidos políticos como la que padecemos, o porque sencillamente han tirado la toalla y se hallan refugiados en sus asuntos personales como el burgués de la época del Biedermeier.
Pero es hora de indignarse. Y de hacerlo con más amplitud y vuelos que la indignación a la que nos convoca Stéphane Hessel en su escueto opúsculo. Y de recordar que la mirada de Argos del legislador no debemos empañarla con el filtro de los intereses espurios.
(Artículo de Francisco Sosa Wagner, publicado en "El Mundo" el 8 de marzo de 2011)
Cuando existen indicios de delito, hay tribunales penales que se ocupan de ello. Actúan de acuerdo con sus pausados ritmos, pues ya sabemos que hay plazos en el mundo judicial que se asemejan a los plazos bíblicos o incluso a los geológicos. Pero todo sea bienvenido porque es el sacrificio que ha de arder, en un Estado de Derecho, en el pebetero de las garantías de los ciudadanos.
Dejando aparte a la jurisdicción penal, la pregunta que conviene formular es si el ordenamiento (ojo, no el ordeñamiento) jurídico contiene otros instrumentos de defensa de la legalidad y del buen hacer que no se están activando o se están activando de manera deficiente. En concreto: ¿ha de quedarse la Administración paralizada ante episodios que claramente le resultan lesivos y perjudiciales como organización colectiva que es llamada a gestionar los intereses generales? ¿Ha de ser la Administración el Bártolo del rossiniano Barbero de Sevilla que se queda como una estatua “fría e inmóvil”?
Los estudiosos sabemos que esos instrumentos existen porque la lucha por el Derecho es, desde que el mundo es mundo, una lucha incesante contra “las inmunidades del poder”, en la bella expresión de García de Enterría.
Ahora, si nosotros aplicamos una mirada buida a esos escándalos de nuestros pecados advertiremos que casi siempre están relacionados con el urbanismo, los contratos públicos y las subvenciones. Pues bien, en el ámbito del urbanismo, desde hace décadas (incluso desde el franquismo), la Administración puede declarar la invalidez de planes, de promociones urbanísticas, de parcelaciones o de licencias de edificación y ello permite restaurar los espacios heridos por esas actuaciones ilegales, incluso demoliendo las trapacerías que hayan podido llegar a tener la consistencia de un edificio. Es más: se pueden imponer sanciones económicas que eliminen de cuajo los beneficios que haya podido obtener el infractor.
Sin embargo, vemos cómo promociones y construcciones, que acampan extramuros de la legalidad, se convierten en parte inamovible del paisaje sin que las administraciones públicas hayan desplegado sus facultades para defender el interés público conculcado. Y hay algo peor pues, a veces, son esas mismas administraciones las impulsoras de estos desmanes bien porque los respaldan o bien porque miran con insolencia hacia otro lado. Los episodios más visibles de estas actitudes intolerables se producen cuando se atreven descaradamente a inejecutar sentencias firmes de los tribunales de justicia.
El segundo pantano es el de la contratación pública. Hay leyes, en este ámbito, para todo. Podemos decir que no existe resquicio alguno al que no alcance la luz de una previsión del legislador (que es prolífico y proteico: europeo, estatal, autonómico…). Cualquier empresario que se haya visto perjudicado porque los criterios de selección del contratista han sido manipulados o se han desvirtuado las reglas de la publicidad y la concurrencia, o se han efectuado adjudicaciones irregulares, puede poner en marcha procedimientos rápidos de recurso que incluso permiten paralizar las actuaciones realizadas. Y, además, la legislación española ha insistido -cierto que sin éxito- en la responsabilidad en la que incurren los funcionarios que participen en la comisión de estos desmanes. Pero… los tales empresarios ven coartada su independencia por su dependencia de las administraciones públicas. Que les pueden expulsar, si son díscolos y gustan de enredarse con escritos y pleitos, del dulce paraíso donde se degusta el gran pastel de la contratación pública. Y reconducirlos por esta vía poco a poco hacia la mendicidad callejera.
¿Y las subvenciones? De nuevo, nos encontramos con un nutrido grupo de preceptos que permite a las administraciones otorgantes declarar su invalidez e incluso exigir su completo reintegro. Por eso, ante uno de los escándalos que hoy ocupan las páginas de algunos periódicos (no de todos) relacionados con los Expedientes de Regulación de Empleo en Andalucía, no entendemos por qué la propia administración andaluza no ha iniciado ya los procedimientos para recuperar las cantidades indebidamente abonadas.
Volvemos a nuestro argumento que sirve de hilo conductor de este pequeño artículo. El Derecho tiene armas bruñidas para entrar en combate. Está la vía de la jurisdicción penal, que es la más vistosa y la que acapara titulares. Pero está también la más modesta de la jurisdicción contable, atribuida a órganos específicos que tienen encomendadas las funciones de controlar la actividad económica del sector público o de quienes perciben fondos públicos, así como las de determinar los daños y perjuicios ocasionados a las arcas públicas activando los mecanismos de la llamada responsabilidad contable. Esto afecta al Estado y a algunas comunidades autónomas, tan insistentes a la hora de reclamar competencias como negligentes a la hora de ejercer aquellas que pueden resultar embarazosas o poco lúcidas.
Y asimismo -como hemos adelantado- la Administración puede analizar la legalidad de los actos administrativos, soporte de estas subvenciones y, a través de la revisión de oficio o del mecanismo previsto en la Ley de Subvenciones, acordar la nulidad de los mismos y exigir la devolución de las cantidades indebidamente percibidas.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de marzo de 2010, ha recordado que “la Administración perjudicada podrá ejercer toda clase de pretensiones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas sin necesidad de declarar previamente lesivos los actos que impugne”. Y, con cita de otra sentencia del mismo Tribunal (de 21 de julio de 2004), puntualiza que el procedimiento administrativo de reintegro de subvenciones y el procedimiento de responsabilidad contable no son mutuamente excluyentes, pues tienen distinta naturaleza y significación. El reintegro de subvenciones sólo exige el incumplimiento por el beneficiario de la obligación de justificación del destino de la subvención (se trataba de fondos del INEM) y, en cambio, el procedimiento de responsabilidad contable tiene como presupuesto que el menoscabo de caudales se haya producido por dolo, culpa o negligencia grave del sujeto que ha recibido la subvención.
El 19 de julio del mismo año 2010, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de insistir en estos argumentos.
Concluyamos afirmando que las administraciones no actúan porque faltan las adecuadas decisiones políticas. Y porque la clase política, ávida de influencia, ha ocupado el espacio que debe estar reservado a unos funcionarios públicos neutrales y seleccionados de acuerdo con el principio de mérito y capacidad. En fin, porque los ciudadanos hemos perdido la capacidad de reacción, bien porque muchos se benefician del clientelismo que genera una democracia escoltada por dos partidos políticos como la que padecemos, o porque sencillamente han tirado la toalla y se hallan refugiados en sus asuntos personales como el burgués de la época del Biedermeier.
Pero es hora de indignarse. Y de hacerlo con más amplitud y vuelos que la indignación a la que nos convoca Stéphane Hessel en su escueto opúsculo. Y de recordar que la mirada de Argos del legislador no debemos empañarla con el filtro de los intereses espurios.
(Artículo de Francisco Sosa Wagner, publicado en "El Mundo" el 8 de marzo de 2011)
LA CRISIS DE VALORES Y EL INDIVIDUALISMO.
SE habla mucho de la crisis de valores. Pero, los valores no entran en crisis. Es la apreciación subjetiva del valor la que cambia. Un valor, por definición, es aquella propiedad —cualidad, significación, importancia o validez— que tienen las cosas para satisfacer las necesidades humanas o proporcionarnos placer y bienestar. Mientras una cosa tenga alguna propiedad que satisfaga mis necesidades o me proporcione placer o bienestar, esta cosa será un valor para mí y no estará en crisis. Y si esta cosa no satisface ninguna de mis necesidades, por mucho que los demás la aprecien, para mí no tiene ningún valor. Así, pues, se podría hablar de crisis de valores en este sentido puramente subjetivo: hay cosas que una mayoría de personas comienzan a creer que ya no son tan valiosas, que ya no merecen la pena, que ya no justifican el esfuerzo que se debe hacer para alcanzarlas, poseerlas, mantenerlas o extenderlas. De una manera estadística se podría establecer una clasificación de preferencias, y sería la posición en esta lista la que temporalmente daría valor al valor. Es lo que tradicionalmente se ha denominado escala de valores o jerarquía axiológica. Y el ascenso o descenso en la clasificación no puede calificarse de crisis de valores. Por lo demás, la estabilidad de una escala de valores es histórica. Nuevas realidades sociales, diferentes estadios de conciencia social, acostumbran a comportar cambios axiológicos.
¿Qué ocurre hoy? Estamos presenciando el nacimiento de la fase fractal de los valores: toda escala o jerarquía de valores genera y desarrolla otra que virtualmente supera la anterior. Parafraseando a Nietzsche, hay valores precedentemente catalogados como vicios que adquieren la categoría de virtudes. Y viceversa. La alteración de la escala de valores no siempre es positiva. Por ejemplo, no resulta positiva la pérdida de valor de la autoridad, el esfuerzo, el mérito o la excelencia. Como tampoco resulta positiva la ganancia de valor del relativismo, la medianía, el embuste o el insulto. En cualquier caso, más allá de nuestra apreciación de los valores, hay que reconocer que vivimos un presente axiológicamente plural. Los valores —para bien y para mal— se han secularizado y democratizado. Y, como apuntaba antes, del hecho que una parte de la sociedad destrone ciertos valores no se infiere que nos dirijamos hacia la quiebra moral. ¿Qué ocurre hoy?, preguntaba. Que determinados valores han perdido la condición de monarcas absolutos. Sigamos con la analogía política: en la cuestión de los valores se está imponiendo una mentalidad constitucional según la cual todos los valores tienen cabida, siempre que respeten las reglas del Estado de derecho. Un Estado que, por definición, excluye el privilegio axiológico. Cosa que no impide que nuestra jerarquía de valores esté hoy encabezada —distinto es que se obre o no en consecuencia— por esos absolutos o universales empíricos del género humano que son la vida y la libertad.
Hablando de la crisis de valores y de la secularización y democratización de los valores, conviene detenerse en una de las dicotomías éticas —más supuesta que real— de nuestro presente: solidaridad versusindividualismo. Hay quien afirma que el auge del individualismo es una carga de profundidad contra la solidaridad. No es eso. Ni el individualismo es un fenómeno nuevo —el afán de autonomía individual ha sido siempre uno de los valores de nuestra cultura— ni la solidaridad se está perdiendo. Veamos. La solidaridad, ¿ha entrado en crisis? Conviene aclarar que la solidaridad no ha entrado en crisis, porque rigurosamente hablando no existe ninguna edad de oro de la Humanidad en que haya sido un valor hegemónico. Lo que sí parece haber entrado en crisis —quien ha perdido posiciones en la jerarquía axiológica vigente— es una concepción redentorista de la solidaridad que, paradójicamente, tiene mucho de egoísta. Hablo de los llamados «actos de compasión», ese altruismo generalmente interesado que ayuda al Otro buscando la satisfacción personal que produce el auxilio al próximo. Hablo de la cara oculta de una solidaridad que busca calmar la mala conciencia del occidental privilegiado, que especula con la piedad para obtener subvenciones, que utiliza la filantropía para hacer carrera política, que convierte la fraternidad en una profesión a falta de otra mejor. Hablo, en fin, de las administraciones que conceden subvenciones en función de los propios intereses o de las firmas que practican el humanitarismo para mejorar la imagen corporativa y ganar mercado o cuota de pantalla.
Frente a esa solidaridad farisaica, existe un individualismo que asume que todo ser humano, en su diferencia, posee la misma dignidad. Asunción que permite llegar a un cierto grado de altruismo y solidaridad construido sobre bases no hipócritas ni ideológicas. Es decir, edificado sobre bases desinteresadas. «Únicamente los solitarios pueden ser solidarios», decía José Bergamín. Me permito retocar la afirmación —de resonancias nietzscheanas— del poeta: únicamente los individualistas pueden ser solidarios. Y ello, porque el individualismo encuentra la respuesta adecuada a la pregunta formulada por Rousseau hace más de dos siglos: «¿Se puede obligar al hombre a ser generoso?». A diferencia del despotismo del Bien propio de la solidaridad por decreto, a diferencia de la solidaridad por interés característica del fariseísmo y el fariseo de turno, el individualismo —el individualista—, a la manera de Hume, practica voluntariamente la «disposición social del género humano. En eso consiste precisamente la solidaridad bien entendida y el individualismo bien entendido. Alguien recordará que existe también una solidaridad franca y desinteresada así como un individualismo insolente y codicioso. Cierto. No lo niego. El objeto de estas líneas es otro: mostrar que el individualismo —como suele pregonarse con excesiva frecuencia en determinados ambientes ideológicos y políticos— no es ni representa necesariamente el grado cero de lo social. ¿Por qué el individualismo ha de ser, poco menos que por definición, egoísta e insolidario? Y, puestos a formular preguntas, ¿quizá la solidaridad —que suele considerarse lo opuesto al individualismo— está siempre libre de pecado?
Cuando, parafraseando a Max Weber, el mundo se está desencantando a pasos de gigante, el individualismo —que además de reconocer al Otro apuesta por la tolerancia, la pluralidad, la privacidad y la autonomía personal: ¿la «franquicia personal» de Étienne de La Boétie?— se erige en una suerte de resumen y compendio del civismo imperfecto propio de las sociedades desarrolladas de nuestro tiempo. Un individualismo que, para afirmarse, no necesita heroicidades o utopías que, en el mejor de los casos, han demostrado no valer nada pese a costar mucho. Un individualismo —ahí está la clave— que es capaz de constituir una empresa cooperativa susceptible de producir un amplio abanico de ventajas mutuas. Por eso —volviendo al inicio de estas líneas en que hablaba de la llamada crisis de valores y de los cambios axiológicos producto de las modificaciones y evolución de la conciencia social—, el individualismo está en alza en la jerarquía de valores de nuestro presente. Pero —sentido del límite obliga—, conviene ser precavido. Conviene guardar las distancias con uno mismo y con los demás. Ni ensimismarse ni disolverse en el Otro. Ya dijo Antístenes de Atenas que, con el individualismo, sucede algo parecido a lo que ocurre con la brasa: «Demasiado cerca, quema; demasiado lejos, hiela».
(Artículo de Miquel Porta, publicado en "ABC" el 12 de marzo de 2011)
¿Qué ocurre hoy? Estamos presenciando el nacimiento de la fase fractal de los valores: toda escala o jerarquía de valores genera y desarrolla otra que virtualmente supera la anterior. Parafraseando a Nietzsche, hay valores precedentemente catalogados como vicios que adquieren la categoría de virtudes. Y viceversa. La alteración de la escala de valores no siempre es positiva. Por ejemplo, no resulta positiva la pérdida de valor de la autoridad, el esfuerzo, el mérito o la excelencia. Como tampoco resulta positiva la ganancia de valor del relativismo, la medianía, el embuste o el insulto. En cualquier caso, más allá de nuestra apreciación de los valores, hay que reconocer que vivimos un presente axiológicamente plural. Los valores —para bien y para mal— se han secularizado y democratizado. Y, como apuntaba antes, del hecho que una parte de la sociedad destrone ciertos valores no se infiere que nos dirijamos hacia la quiebra moral. ¿Qué ocurre hoy?, preguntaba. Que determinados valores han perdido la condición de monarcas absolutos. Sigamos con la analogía política: en la cuestión de los valores se está imponiendo una mentalidad constitucional según la cual todos los valores tienen cabida, siempre que respeten las reglas del Estado de derecho. Un Estado que, por definición, excluye el privilegio axiológico. Cosa que no impide que nuestra jerarquía de valores esté hoy encabezada —distinto es que se obre o no en consecuencia— por esos absolutos o universales empíricos del género humano que son la vida y la libertad.
Hablando de la crisis de valores y de la secularización y democratización de los valores, conviene detenerse en una de las dicotomías éticas —más supuesta que real— de nuestro presente: solidaridad versusindividualismo. Hay quien afirma que el auge del individualismo es una carga de profundidad contra la solidaridad. No es eso. Ni el individualismo es un fenómeno nuevo —el afán de autonomía individual ha sido siempre uno de los valores de nuestra cultura— ni la solidaridad se está perdiendo. Veamos. La solidaridad, ¿ha entrado en crisis? Conviene aclarar que la solidaridad no ha entrado en crisis, porque rigurosamente hablando no existe ninguna edad de oro de la Humanidad en que haya sido un valor hegemónico. Lo que sí parece haber entrado en crisis —quien ha perdido posiciones en la jerarquía axiológica vigente— es una concepción redentorista de la solidaridad que, paradójicamente, tiene mucho de egoísta. Hablo de los llamados «actos de compasión», ese altruismo generalmente interesado que ayuda al Otro buscando la satisfacción personal que produce el auxilio al próximo. Hablo de la cara oculta de una solidaridad que busca calmar la mala conciencia del occidental privilegiado, que especula con la piedad para obtener subvenciones, que utiliza la filantropía para hacer carrera política, que convierte la fraternidad en una profesión a falta de otra mejor. Hablo, en fin, de las administraciones que conceden subvenciones en función de los propios intereses o de las firmas que practican el humanitarismo para mejorar la imagen corporativa y ganar mercado o cuota de pantalla.
Frente a esa solidaridad farisaica, existe un individualismo que asume que todo ser humano, en su diferencia, posee la misma dignidad. Asunción que permite llegar a un cierto grado de altruismo y solidaridad construido sobre bases no hipócritas ni ideológicas. Es decir, edificado sobre bases desinteresadas. «Únicamente los solitarios pueden ser solidarios», decía José Bergamín. Me permito retocar la afirmación —de resonancias nietzscheanas— del poeta: únicamente los individualistas pueden ser solidarios. Y ello, porque el individualismo encuentra la respuesta adecuada a la pregunta formulada por Rousseau hace más de dos siglos: «¿Se puede obligar al hombre a ser generoso?». A diferencia del despotismo del Bien propio de la solidaridad por decreto, a diferencia de la solidaridad por interés característica del fariseísmo y el fariseo de turno, el individualismo —el individualista—, a la manera de Hume, practica voluntariamente la «disposición social del género humano. En eso consiste precisamente la solidaridad bien entendida y el individualismo bien entendido. Alguien recordará que existe también una solidaridad franca y desinteresada así como un individualismo insolente y codicioso. Cierto. No lo niego. El objeto de estas líneas es otro: mostrar que el individualismo —como suele pregonarse con excesiva frecuencia en determinados ambientes ideológicos y políticos— no es ni representa necesariamente el grado cero de lo social. ¿Por qué el individualismo ha de ser, poco menos que por definición, egoísta e insolidario? Y, puestos a formular preguntas, ¿quizá la solidaridad —que suele considerarse lo opuesto al individualismo— está siempre libre de pecado?
Cuando, parafraseando a Max Weber, el mundo se está desencantando a pasos de gigante, el individualismo —que además de reconocer al Otro apuesta por la tolerancia, la pluralidad, la privacidad y la autonomía personal: ¿la «franquicia personal» de Étienne de La Boétie?— se erige en una suerte de resumen y compendio del civismo imperfecto propio de las sociedades desarrolladas de nuestro tiempo. Un individualismo que, para afirmarse, no necesita heroicidades o utopías que, en el mejor de los casos, han demostrado no valer nada pese a costar mucho. Un individualismo —ahí está la clave— que es capaz de constituir una empresa cooperativa susceptible de producir un amplio abanico de ventajas mutuas. Por eso —volviendo al inicio de estas líneas en que hablaba de la llamada crisis de valores y de los cambios axiológicos producto de las modificaciones y evolución de la conciencia social—, el individualismo está en alza en la jerarquía de valores de nuestro presente. Pero —sentido del límite obliga—, conviene ser precavido. Conviene guardar las distancias con uno mismo y con los demás. Ni ensimismarse ni disolverse en el Otro. Ya dijo Antístenes de Atenas que, con el individualismo, sucede algo parecido a lo que ocurre con la brasa: «Demasiado cerca, quema; demasiado lejos, hiela».
(Artículo de Miquel Porta, publicado en "ABC" el 12 de marzo de 2011)
JACQUES CHIRAC OU L'IMPUNITÉ PERMANENTE.
En langage diplomatique, on conviendra que les défenseurs de Jacques Chirac ont été remarquablement habiles. De façon plus familière, disons qu'ils sont des champions en matière de tartufferie. Ils n'ont cessé, mardi 8 mars, de soutenir qu'ils n'étaient pour rien dans la manœuvre qui a conduit au report sine die du procès de l'ancien président de la République. C'est formellement exact. Mais ils sont arrivés à leurs fins : éviter à leur client, le plus longtemps possible, l'humiliation de devoir comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris, pour l'affaire des emplois présumés fictifs de la Ville de Paris, du temps où il en était le maire.
La manœuvre ? Le mot paraît rude. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée, à l'ouverture du procès, le 7 mars, par l'avocat d'un des coprévenus de M.Chirac, est légitime. Cette procédure, introduite dans la Constitution en 2008 et mise en œuvre depuis un an, permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative qui lui est opposée. En l'occurrence, il s'agit d'un point très technique sur la "connexité" des deux dossiers dans lesquels M. Chirac est impliqué (l'un instruit à Nanterre et l'autre à Paris) et des délais de prescription de l'abus de bien social.
Ce droit nouveau ouvert aux justiciables est une indéniable avancée pour la protection des libertés individuelles. Au nom des droits de la défense, il est normal que cette procédure ait été invoquée et que le président du tribunal, dès lors qu'il l'a jugée fondée, reporte le procès en attendant que la Cour de cassation décide, ou non, de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel. Compte tenu des délais d'examen par la Cour et par le Conseil, le procès ne pourrait reprendre qu'à l'automne. Ou plus vraisemblablement après l'élection présidentielle de 2012, puisque l'usage est de ne pas juger des personnalités politiques en période électorale.
Le droit est donc respecté. La morale démocratique, en revanche, ne l'est pas. Depuis bientôt vingt ans, Jacques Chirac bénéficie d'une immunité permanente, en quelque sorte. Durant ses deux mandats, elle était liée à sa fonction. Depuis qu'il est redevenu un citoyen ordinaire, elle résulte des innombrables obstacles invoqués pour retarder son procès, et dont la QPC n'est que le dernier.
Le 8 mars encore, le tribunal aurait pu décider de suspendre le volet parisien de l'affaire, mais de se saisir du volet nanterrois, vierge de tout vice procédural, et dans lequel M. Chirac est l'ultime prévenu, après la condamnation, en 2004, de plusieurs cadres du RPR, et en particulier de M. Juppé. Il n'en a rien fait, au motif opportun que les deux affaires devaient être jugées ensemble.
De bout en bout, avec autant d'acharnement que d'habileté, l'ancien chef de l'Etat aura donc été protégé des rigueurs éventuelles de la justice. Comme le symbole d'une justice à géométrie variable. Et comme un déni de démocratie de nature à creuser un peu plus le fossé de défiance qui sépare les gouvernants des citoyens.
(Editorial de "Le Monde", publicado el 10 de marzo de 2011)
La manœuvre ? Le mot paraît rude. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée, à l'ouverture du procès, le 7 mars, par l'avocat d'un des coprévenus de M.Chirac, est légitime. Cette procédure, introduite dans la Constitution en 2008 et mise en œuvre depuis un an, permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative qui lui est opposée. En l'occurrence, il s'agit d'un point très technique sur la "connexité" des deux dossiers dans lesquels M. Chirac est impliqué (l'un instruit à Nanterre et l'autre à Paris) et des délais de prescription de l'abus de bien social.
Ce droit nouveau ouvert aux justiciables est une indéniable avancée pour la protection des libertés individuelles. Au nom des droits de la défense, il est normal que cette procédure ait été invoquée et que le président du tribunal, dès lors qu'il l'a jugée fondée, reporte le procès en attendant que la Cour de cassation décide, ou non, de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel. Compte tenu des délais d'examen par la Cour et par le Conseil, le procès ne pourrait reprendre qu'à l'automne. Ou plus vraisemblablement après l'élection présidentielle de 2012, puisque l'usage est de ne pas juger des personnalités politiques en période électorale.
Le droit est donc respecté. La morale démocratique, en revanche, ne l'est pas. Depuis bientôt vingt ans, Jacques Chirac bénéficie d'une immunité permanente, en quelque sorte. Durant ses deux mandats, elle était liée à sa fonction. Depuis qu'il est redevenu un citoyen ordinaire, elle résulte des innombrables obstacles invoqués pour retarder son procès, et dont la QPC n'est que le dernier.
Le 8 mars encore, le tribunal aurait pu décider de suspendre le volet parisien de l'affaire, mais de se saisir du volet nanterrois, vierge de tout vice procédural, et dans lequel M. Chirac est l'ultime prévenu, après la condamnation, en 2004, de plusieurs cadres du RPR, et en particulier de M. Juppé. Il n'en a rien fait, au motif opportun que les deux affaires devaient être jugées ensemble.
De bout en bout, avec autant d'acharnement que d'habileté, l'ancien chef de l'Etat aura donc été protégé des rigueurs éventuelles de la justice. Comme le symbole d'une justice à géométrie variable. Et comme un déni de démocratie de nature à creuser un peu plus le fossé de défiance qui sépare les gouvernants des citoyens.
(Editorial de "Le Monde", publicado el 10 de marzo de 2011)
LA UNIVERSIDAD DE LOS GESTORES.
Reduciéndola a su estructura más simple, la universidad es un centro de enseñanza superior que consta de tres elementos básicos: profesores, alumnos y bibliotecas (o laboratorios, clínicas, talleres...).
Las funciones de la universidad son la docencia, la investigación y la transferencia de conocimientos. La función docente debería consistir en que los profesores recomendaran lecturas (o ejercicios empíricos) a los alumnos, les hicieran reflexionar sobre ellas y, a final del curso, comprobaran y calificaran los conocimientos aprendidos. Confieso que ni como alumno, ni como profesor, he experimentado una docencia de este tipo: clases magistrales, manuales y apuntes han sido, desgraciadamente, casi los únicos instrumentos de trabajo. La investigación consiste en desarrollar una actividad que genere nuevos conocimientos y su finalidad, en lo fundamental, no ha cambiado. La transferencia de conocimientos es la aplicación práctica de los conocimientos universitarios a la sociedad, en definitiva, la función social que la universidad tiene asignada más allá del ámbito estrictamente universitario.
Si las funciones de la universidad son las que hemos enunciado, a sus profesores se les debe exigir que demuestren su mérito y capacidad en estos campos. Para ello, la calidad universitaria depende de un buen procedimiento de selección y promoción del profesorado que permita comprobar el nivel de conocimientos, la aptitud docente, la capacidad investigadora y de transferencia del conocimiento. Pues bien, lo que se exige al profesorado para ingresar y progresar en la universidad española actual se aleja, cada vez más, de este tipo de exigencias. Veamos.
Como sabemos, la selección de los mejores, en cualquier campo de la vida, nunca está asegurada: sólo hay métodos malos y menos malos. Hasta hace muy poco en España se seleccionaba al profesorado funcionario mediante el sistema de oposiciones bajo muy diversas variantes, ciertamente algunas mejores que otras: el sistema de habilitaciones establecido en el 2001 era mejor que el anterior, vigente desde 1984. En todo caso, las oposiciones consistían en un conjunto de pruebas ante un tribunal elegido en su mayoría por sorteo entre especialistas en una determinada materia que debatía ante el público los méritos de los concursantes. No siempre se acertaba: pero cuando menos el tribunal estaba compuesto por especialistas, elegidos por sorteo, con pruebas públicas. Se aseguraba en lo posible la capacidad y mérito de los elegidos, así como la imparcialidad del tribunal.
Pero en el año 2007 se cambió el sistema: las oposiciones desaparecieron y se pasó al sistema de acreditaciones, un sistema de baremos y de puntos. En este sistema, la comisión juzgadora no está compuesta por especialistas en las materias sobre las que debe decidir, ha sido designada por el ministerio y toma acuerdos sin debate público y sin ni siquiera entrevistar al concursante. Los criterios mediante los cuales se designa a los profesores son simplemente cuantitativos y previamente tasados –número de libros, páginas de artículos, estancias en el extranjero, cursos de aptitud pedagógica, cargos académicos de gestión, entre otros–, no cualitativos y motivados según la libre apreciación de la comisión juzgadora acerca de cada concursante concreto. Ni imparcialidad, ni publicidad, ni responsabilidad de los miembros de la comisión: se limitan a aplicar los puntos según unos baremos preestablecidos. El campo para la arbitrariedad está, pues, mucho más abonado que antes. Además, una vez el concursante resulta acreditado, la asignación a la plaza concreta la determinan las universidades correspondientes mediante una pantomima de concursos públicos que fomenta, también más que antes, la endogamia de facultades y departamentos universitarios.
Pero, como es sabido, todo mal sistema es susceptible de empeorar, y en eso, naturalmente, estamos. Hace un par de meses, el Ministerio de Educación ha hecho público un borrador de decreto que regula el estatuto del personal docente e investigador, el cual, entre otras cuestiones, establece un nuevo sistema de acceso y promoción del profesorado, también por baremos y puntos, mediante el invento de una nueva carrera académica horizontal en la que, más que los conocimientos y la investigación, se premian la antigüedad, la dirección y gestión académica y la formación pedagógica. Es decir, calentar la silla durante años, tener cargos y carguillos diversos –entre ellos los sindicales– y asistir a cursillos. Teniendo en cuenta que los méritos de docencia se cuentan por años de docencia y en la transferencia de conocimientos cuenta también la gestión, sólo puede ser valorada con una mínima objetividad la investigación, un 25% del total baremado: uno puede llegar a catedrático con un cero de investigación. Más de dos mil profesores ya han firmado un manifiesto rechazando el borrador de decreto (www.peticionpublica.es).
Esta burocratizada universidad pública ya no será, ya no está siendo, la universidad de los profesores mejores, sino de los profesores gestores. Habrá menos sabios y más gestores, por supuesto malos gestores.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 10 de marzo de 2011)
Las funciones de la universidad son la docencia, la investigación y la transferencia de conocimientos. La función docente debería consistir en que los profesores recomendaran lecturas (o ejercicios empíricos) a los alumnos, les hicieran reflexionar sobre ellas y, a final del curso, comprobaran y calificaran los conocimientos aprendidos. Confieso que ni como alumno, ni como profesor, he experimentado una docencia de este tipo: clases magistrales, manuales y apuntes han sido, desgraciadamente, casi los únicos instrumentos de trabajo. La investigación consiste en desarrollar una actividad que genere nuevos conocimientos y su finalidad, en lo fundamental, no ha cambiado. La transferencia de conocimientos es la aplicación práctica de los conocimientos universitarios a la sociedad, en definitiva, la función social que la universidad tiene asignada más allá del ámbito estrictamente universitario.
Si las funciones de la universidad son las que hemos enunciado, a sus profesores se les debe exigir que demuestren su mérito y capacidad en estos campos. Para ello, la calidad universitaria depende de un buen procedimiento de selección y promoción del profesorado que permita comprobar el nivel de conocimientos, la aptitud docente, la capacidad investigadora y de transferencia del conocimiento. Pues bien, lo que se exige al profesorado para ingresar y progresar en la universidad española actual se aleja, cada vez más, de este tipo de exigencias. Veamos.
Como sabemos, la selección de los mejores, en cualquier campo de la vida, nunca está asegurada: sólo hay métodos malos y menos malos. Hasta hace muy poco en España se seleccionaba al profesorado funcionario mediante el sistema de oposiciones bajo muy diversas variantes, ciertamente algunas mejores que otras: el sistema de habilitaciones establecido en el 2001 era mejor que el anterior, vigente desde 1984. En todo caso, las oposiciones consistían en un conjunto de pruebas ante un tribunal elegido en su mayoría por sorteo entre especialistas en una determinada materia que debatía ante el público los méritos de los concursantes. No siempre se acertaba: pero cuando menos el tribunal estaba compuesto por especialistas, elegidos por sorteo, con pruebas públicas. Se aseguraba en lo posible la capacidad y mérito de los elegidos, así como la imparcialidad del tribunal.
Pero en el año 2007 se cambió el sistema: las oposiciones desaparecieron y se pasó al sistema de acreditaciones, un sistema de baremos y de puntos. En este sistema, la comisión juzgadora no está compuesta por especialistas en las materias sobre las que debe decidir, ha sido designada por el ministerio y toma acuerdos sin debate público y sin ni siquiera entrevistar al concursante. Los criterios mediante los cuales se designa a los profesores son simplemente cuantitativos y previamente tasados –número de libros, páginas de artículos, estancias en el extranjero, cursos de aptitud pedagógica, cargos académicos de gestión, entre otros–, no cualitativos y motivados según la libre apreciación de la comisión juzgadora acerca de cada concursante concreto. Ni imparcialidad, ni publicidad, ni responsabilidad de los miembros de la comisión: se limitan a aplicar los puntos según unos baremos preestablecidos. El campo para la arbitrariedad está, pues, mucho más abonado que antes. Además, una vez el concursante resulta acreditado, la asignación a la plaza concreta la determinan las universidades correspondientes mediante una pantomima de concursos públicos que fomenta, también más que antes, la endogamia de facultades y departamentos universitarios.
Pero, como es sabido, todo mal sistema es susceptible de empeorar, y en eso, naturalmente, estamos. Hace un par de meses, el Ministerio de Educación ha hecho público un borrador de decreto que regula el estatuto del personal docente e investigador, el cual, entre otras cuestiones, establece un nuevo sistema de acceso y promoción del profesorado, también por baremos y puntos, mediante el invento de una nueva carrera académica horizontal en la que, más que los conocimientos y la investigación, se premian la antigüedad, la dirección y gestión académica y la formación pedagógica. Es decir, calentar la silla durante años, tener cargos y carguillos diversos –entre ellos los sindicales– y asistir a cursillos. Teniendo en cuenta que los méritos de docencia se cuentan por años de docencia y en la transferencia de conocimientos cuenta también la gestión, sólo puede ser valorada con una mínima objetividad la investigación, un 25% del total baremado: uno puede llegar a catedrático con un cero de investigación. Más de dos mil profesores ya han firmado un manifiesto rechazando el borrador de decreto (www.peticionpublica.es).
Esta burocratizada universidad pública ya no será, ya no está siendo, la universidad de los profesores mejores, sino de los profesores gestores. Habrá menos sabios y más gestores, por supuesto malos gestores.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 10 de marzo de 2011)
DOS ESPAÑAS.
ES probable que ya hayan desaparecido las famosas dos Españas ideológicas, esas dos Españas que se enfrentaban a garrotazos como los personajes del grabado de Goya y que inspiraron los famosos versos de Machado. Es cierto que esas dos Españas -tan obtusas como suicidas- perviven en muchas tertulias televisivas y en algunos periódicos, pero por fortuna ya no responden a la forma de pensar de la mayoría de la población. La gente de la calle, al margen de algunos casos de sectarismo incurable, suele ser mucho más sensata de lo que da a entender nuestra calamitosa clase política. Y suerte que es así.
En cambio, sí que existen otras dos Españas en el terreno de las condiciones laborales. Y esas dos Españas son la España de los empleados públicos -que tienen un sueldo asegurado de por vida-, y la España de los trabajadores del sector privado, que pueden quedarse en paro en cualquier momento. Durante los últimos 30 años, estas dos Españas han convivido más o menos sin problemas por una especie de pacto tácito que todavía dura: la España funcionarial aceptaba hacer un trabajo seguro en una dependencia pública, aunque ese trabajo fuera aburrido y sin perspectivas de mejora, mientras que la España del sector privado aceptaba hacer un trabajo arriesgado y con frecuencia mucho más duro, porque ese trabajo al menos ofrecía posibilidades de ascenso. Unos trabajadores asumían el tedio y la rutina, otros aceptaban el riesgo y la posibilidad de promoción interna, y parece que hasta ahora la cosa ha funcionado. Y eso que algunos trabajadores públicos tenían privilegios escandalosos: convenios que les permitían controlar la contratación del personal, blindajes salariales, jubilaciones anticipadas, etcétera.
Aena -el organismo público que gestiona los aeropuertos españoles- es el ejemplo típico de esas dos Españas laborales. Aunque es una empresa deficitaria que se sostiene con dinero del contribuyente, ha cedido a las amenazas de sus empleados (ya fueran controladores o personal de tierra) de paralizar el país en los momentos críticos, y así ha aceptado unos convenios abusivos o incluso delirantes. Con tal de no perturbar el tráfico aéreo, Aena ha aceptado todas las exigencias de sus empleados, hasta las más humillantes para los trabajadores de otros sectores que jamás iban a poder disfrutarlas. Por eso era razonable privatizar Aena. Y por eso es un disparate la huelga que han anunciado los trabajadores de los aeropuertos para Semana Santa y las vacaciones de verano. Muchas familias dependen de esos turistas para llegar a fin de mes. Y eso es lo que deberían aprender de una vez algunos trabajadores públicos que llevan demasiados años viviendo -y muy bien- de espaldas a la realidad.
(Artículo de Eduardo Jordá, publicado en "Diario de Sevilla" el 9 de marzo de 2011)
En cambio, sí que existen otras dos Españas en el terreno de las condiciones laborales. Y esas dos Españas son la España de los empleados públicos -que tienen un sueldo asegurado de por vida-, y la España de los trabajadores del sector privado, que pueden quedarse en paro en cualquier momento. Durante los últimos 30 años, estas dos Españas han convivido más o menos sin problemas por una especie de pacto tácito que todavía dura: la España funcionarial aceptaba hacer un trabajo seguro en una dependencia pública, aunque ese trabajo fuera aburrido y sin perspectivas de mejora, mientras que la España del sector privado aceptaba hacer un trabajo arriesgado y con frecuencia mucho más duro, porque ese trabajo al menos ofrecía posibilidades de ascenso. Unos trabajadores asumían el tedio y la rutina, otros aceptaban el riesgo y la posibilidad de promoción interna, y parece que hasta ahora la cosa ha funcionado. Y eso que algunos trabajadores públicos tenían privilegios escandalosos: convenios que les permitían controlar la contratación del personal, blindajes salariales, jubilaciones anticipadas, etcétera.
Aena -el organismo público que gestiona los aeropuertos españoles- es el ejemplo típico de esas dos Españas laborales. Aunque es una empresa deficitaria que se sostiene con dinero del contribuyente, ha cedido a las amenazas de sus empleados (ya fueran controladores o personal de tierra) de paralizar el país en los momentos críticos, y así ha aceptado unos convenios abusivos o incluso delirantes. Con tal de no perturbar el tráfico aéreo, Aena ha aceptado todas las exigencias de sus empleados, hasta las más humillantes para los trabajadores de otros sectores que jamás iban a poder disfrutarlas. Por eso era razonable privatizar Aena. Y por eso es un disparate la huelga que han anunciado los trabajadores de los aeropuertos para Semana Santa y las vacaciones de verano. Muchas familias dependen de esos turistas para llegar a fin de mes. Y eso es lo que deberían aprender de una vez algunos trabajadores públicos que llevan demasiados años viviendo -y muy bien- de espaldas a la realidad.
(Artículo de Eduardo Jordá, publicado en "Diario de Sevilla" el 9 de marzo de 2011)
NO DIGA NEGOCIACIÓN COLETIVA, DIGA SALARIOS.
“La estructura y contenidos actuales de la negociación colectiva imponen límites muy restrictivos a la flexibilidad salarial.” -Documento de propuestas de FEDEA- .
Lo de la “negociación colectiva” siempre me ha parecido un eufemismo para referirse a lo que de verdad importa en las relaciones entre trabajadores y empresarios: el salario, la pela. Es verdad que la negociación de un convenio incluye muchos puntos, del horario a la promoción pasando por las vacaciones o los riesgos laborales. Pero al final, lo que cuenta es el salario: cuánto cobramos, y cuánto subirá este año.
Basta ver lo que sucede en la mayoría de conflictos laborales: las dos partes plantean sus propuestas, todas irrenunciables, pero al final la guerra está en el salario, y las huelgas más enconadas se desconvocan en cuanto se alcanza un acuerdo en ese punto.
Lo mismo pasa estos días con las propuestas para reformar la negociación colectiva. En realidad de lo único que se habla es de salarios: cómo lograr un ámbito y unas normas de negociación que tiren para abajo de los sueldos. De ahí el valor del eufemismo: es fácil para un ministro o portavoz empresarial pedir la reforma del sistema de negociación colectiva; le sería más incómodo decir que hay que bajar los sueldos, aunque todos entendemos.
Ayer los famosos ‘cien economistas’ agrupados en la fundación de estudios Fedea, que cada poco sacan un manifiesto sobre mercado de trabajo, pensiones o lo que toque reformar, presentaron un documento con “Nueve propuestas para la reforma de la negociación colectiva en España”, que bajo la hojarasca economicista y los habituales tecnicismos de despiste bien podía titularse “Nueve propuestas para bajar los sueldos.”
Todas las propuestas giran en torno a lo mismo, a lo único que importa: cláusulas salariales, descuelgue indefinido (es decir, congelación salarial indefinida), productividad, ultraactividad o ámbitos de negociación (favoreciendo el más pequeño, el de la empresa, frente a los convenios provinciales o sectoriales, pues cuanto más abajo se negocia más se diluye la fuerza colectiva de los trabajadores).
En ésas estamos, a diez días de la fecha límite para bajar los sueldos. Perdón, quería decir para reformar la negociación colectiva.
(Artículo de Isaac Rosa, publicado en "Público" el 9 de marzo de 2011)
Lo de la “negociación colectiva” siempre me ha parecido un eufemismo para referirse a lo que de verdad importa en las relaciones entre trabajadores y empresarios: el salario, la pela. Es verdad que la negociación de un convenio incluye muchos puntos, del horario a la promoción pasando por las vacaciones o los riesgos laborales. Pero al final, lo que cuenta es el salario: cuánto cobramos, y cuánto subirá este año.
Basta ver lo que sucede en la mayoría de conflictos laborales: las dos partes plantean sus propuestas, todas irrenunciables, pero al final la guerra está en el salario, y las huelgas más enconadas se desconvocan en cuanto se alcanza un acuerdo en ese punto.
Lo mismo pasa estos días con las propuestas para reformar la negociación colectiva. En realidad de lo único que se habla es de salarios: cómo lograr un ámbito y unas normas de negociación que tiren para abajo de los sueldos. De ahí el valor del eufemismo: es fácil para un ministro o portavoz empresarial pedir la reforma del sistema de negociación colectiva; le sería más incómodo decir que hay que bajar los sueldos, aunque todos entendemos.
Ayer los famosos ‘cien economistas’ agrupados en la fundación de estudios Fedea, que cada poco sacan un manifiesto sobre mercado de trabajo, pensiones o lo que toque reformar, presentaron un documento con “Nueve propuestas para la reforma de la negociación colectiva en España”, que bajo la hojarasca economicista y los habituales tecnicismos de despiste bien podía titularse “Nueve propuestas para bajar los sueldos.”
Todas las propuestas giran en torno a lo mismo, a lo único que importa: cláusulas salariales, descuelgue indefinido (es decir, congelación salarial indefinida), productividad, ultraactividad o ámbitos de negociación (favoreciendo el más pequeño, el de la empresa, frente a los convenios provinciales o sectoriales, pues cuanto más abajo se negocia más se diluye la fuerza colectiva de los trabajadores).
En ésas estamos, a diez días de la fecha límite para bajar los sueldos. Perdón, quería decir para reformar la negociación colectiva.
(Artículo de Isaac Rosa, publicado en "Público" el 9 de marzo de 2011)
L'EUROPE AU FÉMININ.
Une analyse de leur présence aux postes à responsabilité dans les 27 Etats membres de l'Union européenne comme dans le reste du monde révèle les défis auxquels sont encore confrontées les femmes tant dans la vie économique que politique. Ayant conquis à ce jour tous les secteurs professionnels, et même si de nombreuses études sur les avantages d'une importante proportion de femmes dans les entreprises semblent permettre un tournant, elles demeurent souvent moins bien placées et surtout moins bien payées que les hommes. Leur situation dans le domaine politique est également significative des progrès qui restent à faire.La question "féminine", à savoir la place et le rôle des femmes dans la société, s'impose de plus en plus dans les débats.
Chaque responsable politique, dirigeant d'entreprise, journaliste, etc. prend peu à peu conscience que la situation actuelle ne peut plus perdurer car les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale. Récemment, les médias économiques titraient sur les femmes – à titre d'exemples, "Women at the Top" Financial Times 17 novembre 2010, "Female Factor" International Herald Tribune 27 novembre 2010 et "le pouvoir des femmes" l'Expansion janvier 2011 - qui étudient, travaillent, consomment et, malgré les résistances qui subsistent encore, s'imposent aux sommets.
La nouvelle décennie qui s'ouvre devrait donc voir les choses évoluer. Il convient toutefois de rester très vigilantes car les choses ne vont pas malheureusement pas de soi et les tentations existent de maintenir certains freins ou "plafonds de verre". En effet, il est flagrant, par exemple, de voir qu'une des rares grandes entreprises françaises dirigée par une femme (Anne Lauvergeon chez AREVA, classée 15e sur les 50 femmes du classement du Financial Times) fasse l'objet d'intenses manœuvres orchestrées uniquement par des hommes pour la mettre dehors et, en fin de compte, lui prendre sa place.
Certes l'année 2010 a vu éclore en France notamment mais partout en Europe et dans le monde, la question de la représentation des femmes dans les conseils d'administration/de surveillance des entreprises. Partant du modèle de la Norvège qui est le seul pays à afficher un taux de féminisation supérieur à 40% dans les postes de dirigeants des entreprises, les acteurs économiques sont contraints de rattraper leur retard et d'afficher une situation bien meilleure que celle de leurs concurrents, en nommant à tour de bras des femmes dans leurs instances dirigeantes. Il était temps. Que ne l'ont-ils pas fait plus tôt ?
Dans le domaine politique, deux femmes ont été élues Premier ministre de leur pays en Europe en 2010 (Iveta Radicova en Slovaquie et Mari Kiviniemi en Finlande) portant ainsi à 3, sur 27, le nombre de femmes chefs de gouvernement dans l'UE ; elles rejoignent ainsi Angela Merkel qui n'est plus seule. Au Brésil, Dilma Rousseff a été élue présidente et Laura Chinchilla Miranda au Costa Rica. Micheline Calmy-Rey préside la Confédération helvétique en 2011. Toutefois, là encore, la vigilance s'impose car les vieux démons machistes restent vivaces. En Hongrie, malgré une victoire écrasante le 25 avril dernier, le Premier ministre Viktor Orban n'a pas désigné une seule femme ministre de plein exercice ! Idem en République tchèque après les élections des 28 et 29 mai dernier ! On a peine à y croire !
L'Europe est pourtant pour beaucoup de femmes un modèle, mais si nous n'y prêtons pas attention et nous n'y mettons pas toutes nos forces, l'étoile européenne va pâlir. Nos dirigeants seraient bien inspirés de participer volontairement au changement avant de se le faire imposer.
Car, en fin de compte, promouvoir les femmes, c'est vraiment l'un des moyens les plus efficaces de faire progresser la civilisation, de contribuer au progrès et de conforter la démocratie.
(Artículo de Pascale Joannin, publicado en "Le Monde" el 8 de marzo de 2011)
Chaque responsable politique, dirigeant d'entreprise, journaliste, etc. prend peu à peu conscience que la situation actuelle ne peut plus perdurer car les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale. Récemment, les médias économiques titraient sur les femmes – à titre d'exemples, "Women at the Top" Financial Times 17 novembre 2010, "Female Factor" International Herald Tribune 27 novembre 2010 et "le pouvoir des femmes" l'Expansion janvier 2011 - qui étudient, travaillent, consomment et, malgré les résistances qui subsistent encore, s'imposent aux sommets.
La nouvelle décennie qui s'ouvre devrait donc voir les choses évoluer. Il convient toutefois de rester très vigilantes car les choses ne vont pas malheureusement pas de soi et les tentations existent de maintenir certains freins ou "plafonds de verre". En effet, il est flagrant, par exemple, de voir qu'une des rares grandes entreprises françaises dirigée par une femme (Anne Lauvergeon chez AREVA, classée 15e sur les 50 femmes du classement du Financial Times) fasse l'objet d'intenses manœuvres orchestrées uniquement par des hommes pour la mettre dehors et, en fin de compte, lui prendre sa place.
Certes l'année 2010 a vu éclore en France notamment mais partout en Europe et dans le monde, la question de la représentation des femmes dans les conseils d'administration/de surveillance des entreprises. Partant du modèle de la Norvège qui est le seul pays à afficher un taux de féminisation supérieur à 40% dans les postes de dirigeants des entreprises, les acteurs économiques sont contraints de rattraper leur retard et d'afficher une situation bien meilleure que celle de leurs concurrents, en nommant à tour de bras des femmes dans leurs instances dirigeantes. Il était temps. Que ne l'ont-ils pas fait plus tôt ?
Dans le domaine politique, deux femmes ont été élues Premier ministre de leur pays en Europe en 2010 (Iveta Radicova en Slovaquie et Mari Kiviniemi en Finlande) portant ainsi à 3, sur 27, le nombre de femmes chefs de gouvernement dans l'UE ; elles rejoignent ainsi Angela Merkel qui n'est plus seule. Au Brésil, Dilma Rousseff a été élue présidente et Laura Chinchilla Miranda au Costa Rica. Micheline Calmy-Rey préside la Confédération helvétique en 2011. Toutefois, là encore, la vigilance s'impose car les vieux démons machistes restent vivaces. En Hongrie, malgré une victoire écrasante le 25 avril dernier, le Premier ministre Viktor Orban n'a pas désigné une seule femme ministre de plein exercice ! Idem en République tchèque après les élections des 28 et 29 mai dernier ! On a peine à y croire !
L'Europe est pourtant pour beaucoup de femmes un modèle, mais si nous n'y prêtons pas attention et nous n'y mettons pas toutes nos forces, l'étoile européenne va pâlir. Nos dirigeants seraient bien inspirés de participer volontairement au changement avant de se le faire imposer.
Car, en fin de compte, promouvoir les femmes, c'est vraiment l'un des moyens les plus efficaces de faire progresser la civilisation, de contribuer au progrès et de conforter la démocratie.
(Artículo de Pascale Joannin, publicado en "Le Monde" el 8 de marzo de 2011)
CHIRAC ANTE EL JUEZ.
A sus 78 años, el ex presidente francés Jacques Chirac debe cargar con la pesada losa de ser el primero de sus pares que es juzgado por corrupción, y, aunque es probable que sus abogados consigan ahorrarle el trago de tener que sentarse físicamente ante el Tribunal, es evidente que no era éste el aspecto con el que un día soñó pasar a la historia. Para los demagogos, este episodio demostraría que la corrupción es un mal común a todos los países. Pero se equivocan, porque la grandeza de la democracia vuelve a probar que en los países libres la ley está por encima de todos.
(Comentario editorial del diario "ABC", publicado el 8 de marzo de 2011)
(Comentario editorial del diario "ABC", publicado el 8 de marzo de 2011)
PERVERSIÓN.
La suerte ya está echada. Finalmente, los partidos con responsabilidades de poder han optado por presentar en sus listas electorales a los comicios municipales y autonómicos a notorios candidatos imputados por corrupción. Así lo ha hecho el PP, que como espera ganar las elecciones con gran ventaja, dado el voto de castigo al partido del Gobierno hundido por la crisis, intenta aprovechar la ocasión para evadir de este modo su responsabilidad como cómplice, beneficiario y encubridor de la red Gürtel, henchida a su costa desde los tiempos de Aznar: el mayor escándalo de corrupción de la democracia española.
Pero, increíblemente, también ha hecho lo mismo el PSOE, que no ha vacilado en presentar imputados en lugares como Granada, Melilla o Grazalema, mientras arrecia el escándalo de los 70 beneficiarios de los ERE destapados por el caso Mercasevilla. Lo que viene a demostrar que el socialismo andaluz, tras tantos años de mayoría absoluta, ha caído en poder de corruptas redes clientelares. Y lo peor es que los otros partidos con responsabilidad de poder territorial (UM en Baleares, CiU en Cataluña, PNV en Euskadi, Coalición Canaria en Canarias...) tampoco están libres de reproche sino más bien todo lo contrario.
Todo lo cual me parece una perversión del vínculo de representación democrática entre autoridades y ciudadanos. Sé que presentar imputados como candidatos no llega a ser una flagrante violación de la legalidad, pues para algo nuestros partidos mayoritarios se han esforzado en garantizarse al alimón una espuria inmunidad (por no decir impunidad encubierta). Pero aunque no sea ilegal, desde luego es ilegítimo, pues no resulta admisible que una autoridad pública pueda pedir un voto de confianza a los mismos ciudadanos a los que puede haber defraudado, según se desprende de su imputación judicial.
Y el que un imputado por corrupción pueda pedir el voto a los mismos ciudadanos a quienes habría perjudicado me parece tan ilegítimo (salvadas las evidentes distancias del daño imputado) como el que un encubridor del terrorismo pueda pedir el voto a los mismos ciudadanos que son víctimas potenciales de sus cómplices terroristas. Por eso, igual que la Ley de Partidos excluye de las listas electorales a los cómplices del terrorismo por competencia desleal que distorsiona la igualdad de oportunidades entre los candidatos, también habría que hacer lo mismo con los candidatos imputados por corrupción, excluyéndoles de las listas electorales a fin de garantizar la igualdad de oportunidades frente a sus rivales. Pues igual que el candidato afín al terrorismo cobraría ilegítima ventaja frente al rival que pueda ser su víctima potencial, también el candidato afín a los corruptos cobra espuria ventaja frente al rival que no se beneficie de la corrupción.
Sin embargo, la peor perversión no es esa, pues más indigna resulta la busca de absolución en las urnas. Es lo que ocurre cuando el candidato imputado es efectivamente reelegido, pues inmediatamente recurre a esa pretendida absolución para hacer fingidas protestas de inocencia ofendida. Y eso es como dar gato por liebre, pues en el mejor de los casos, de lo único que absolvería la reelección es de la responsabilidad política y nunca de la judicial. Una absolución electoral que es políticamente aprovechada para presionar a los tribunales a la espera de forzar así una absolución judicial probablemente inmerecida.
Pero ni siquiera es cierto que la reelección signifique una absolución política. La mayor parte de los electores que votan por un imputado no lo hacen porque crean en su inocencia sino por otras razones compatibles con la creencia en su culpabilidad, entre las que destacan estas: el pragmatismo (se vota al mal menor), el cinismo (la corrupción es muy eficaz en la lucha por el poder), el sectarismo (con razón o sin ella es nuestro "hijo de puta"), el escepticismo (no se puede confiar en una justicia tan tendenciosa, desautorizada como está por mediáticos juicios paralelos) y el nihilismo (que ensalza la transgresión de estafadores impunes como El Dioni, Mario Conde o Ruiz-Mateos).
Finalmente, en la presentación de imputados aún subyace otra perversión del civismo democrático todavía más insidiosa. Y es la de buscar la complicidad del votante para delegar en él la última responsabilidad, transfiriéndole y haciéndole copartícipe de la elección del mal, a fin de compartir así un pacto de culpabilidad. Es algo análogo a la corrupción de menores a lo que podría llamarse estupro de votantes o corrupción de electores, dada la perversión que supone el que una autoridad civil busque la complicidad de los ciudadanos a los que defrauda para que le autoricen con su voto a seguir defraudándoles.
(Artículo de Enrique Gil Calvo, publicado en "El País" el 7 de marzo de 2011)
Pero, increíblemente, también ha hecho lo mismo el PSOE, que no ha vacilado en presentar imputados en lugares como Granada, Melilla o Grazalema, mientras arrecia el escándalo de los 70 beneficiarios de los ERE destapados por el caso Mercasevilla. Lo que viene a demostrar que el socialismo andaluz, tras tantos años de mayoría absoluta, ha caído en poder de corruptas redes clientelares. Y lo peor es que los otros partidos con responsabilidad de poder territorial (UM en Baleares, CiU en Cataluña, PNV en Euskadi, Coalición Canaria en Canarias...) tampoco están libres de reproche sino más bien todo lo contrario.
Todo lo cual me parece una perversión del vínculo de representación democrática entre autoridades y ciudadanos. Sé que presentar imputados como candidatos no llega a ser una flagrante violación de la legalidad, pues para algo nuestros partidos mayoritarios se han esforzado en garantizarse al alimón una espuria inmunidad (por no decir impunidad encubierta). Pero aunque no sea ilegal, desde luego es ilegítimo, pues no resulta admisible que una autoridad pública pueda pedir un voto de confianza a los mismos ciudadanos a los que puede haber defraudado, según se desprende de su imputación judicial.
Y el que un imputado por corrupción pueda pedir el voto a los mismos ciudadanos a quienes habría perjudicado me parece tan ilegítimo (salvadas las evidentes distancias del daño imputado) como el que un encubridor del terrorismo pueda pedir el voto a los mismos ciudadanos que son víctimas potenciales de sus cómplices terroristas. Por eso, igual que la Ley de Partidos excluye de las listas electorales a los cómplices del terrorismo por competencia desleal que distorsiona la igualdad de oportunidades entre los candidatos, también habría que hacer lo mismo con los candidatos imputados por corrupción, excluyéndoles de las listas electorales a fin de garantizar la igualdad de oportunidades frente a sus rivales. Pues igual que el candidato afín al terrorismo cobraría ilegítima ventaja frente al rival que pueda ser su víctima potencial, también el candidato afín a los corruptos cobra espuria ventaja frente al rival que no se beneficie de la corrupción.
Sin embargo, la peor perversión no es esa, pues más indigna resulta la busca de absolución en las urnas. Es lo que ocurre cuando el candidato imputado es efectivamente reelegido, pues inmediatamente recurre a esa pretendida absolución para hacer fingidas protestas de inocencia ofendida. Y eso es como dar gato por liebre, pues en el mejor de los casos, de lo único que absolvería la reelección es de la responsabilidad política y nunca de la judicial. Una absolución electoral que es políticamente aprovechada para presionar a los tribunales a la espera de forzar así una absolución judicial probablemente inmerecida.
Pero ni siquiera es cierto que la reelección signifique una absolución política. La mayor parte de los electores que votan por un imputado no lo hacen porque crean en su inocencia sino por otras razones compatibles con la creencia en su culpabilidad, entre las que destacan estas: el pragmatismo (se vota al mal menor), el cinismo (la corrupción es muy eficaz en la lucha por el poder), el sectarismo (con razón o sin ella es nuestro "hijo de puta"), el escepticismo (no se puede confiar en una justicia tan tendenciosa, desautorizada como está por mediáticos juicios paralelos) y el nihilismo (que ensalza la transgresión de estafadores impunes como El Dioni, Mario Conde o Ruiz-Mateos).
Finalmente, en la presentación de imputados aún subyace otra perversión del civismo democrático todavía más insidiosa. Y es la de buscar la complicidad del votante para delegar en él la última responsabilidad, transfiriéndole y haciéndole copartícipe de la elección del mal, a fin de compartir así un pacto de culpabilidad. Es algo análogo a la corrupción de menores a lo que podría llamarse estupro de votantes o corrupción de electores, dada la perversión que supone el que una autoridad civil busque la complicidad de los ciudadanos a los que defrauda para que le autoricen con su voto a seguir defraudándoles.
(Artículo de Enrique Gil Calvo, publicado en "El País" el 7 de marzo de 2011)
CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA.
EL mayor problema de España no es el paro, con ser enorme, ni el de Eta, que sigue viva, ni el de un gobierno tan incapaz como desbordado. Es la corrupción. Una corrupción no sólo generalizada, sino también legalizada tácitamente por un consenso social que paraliza todos los mecanismos de la nación, impidiéndola avanzar.
Soy consciente de la gravedad de lo que digo, por lo que me apresuro a demostrarlo. Para empezar. ¿qué es corrupción? No sólo meter la mano en las arcas públicas. Ese es su resultado. La corrupción ha empezado mucho antes, en las mentes. Concretamente, en aceptar que el fin justifica los medios. Una vez aceptado, se extiende como una mancha de aceite por todos los ámbitos de la sociedad, manchándolos, hasta no quedar nada limpio. Con lo que, de hecho, se la legaliza. Y ya no extraña que valga más el carné de un partido que una brillante ejecutoria profesional o que se acepte que la lealtad a un líder sea más importante que la lealtad a la ley. En otras palabras: la corrupción gubernamental empieza por la corrupción de los principios. Que es lo que está teniendo hoy lugar en España.
Las consecuencias son devastadoras, empezando por la falta de competitividad. Es tan elocuente como descorazonador que para encontrar un empleo en España lo más importante sean las conexiones familiares, políticas o personales. ¿Cómo va a funcionar un país así? ¿Cómo va a competir en el mercado global? ¿Cómo va salir de la crisis si se posterga la capacidad, las ansias de mejora individual y se favorece al ventajista sobre el preparado?
Corrupción ha habido en todas las épocas y todos los países, al ser inherente a la frágil naturaleza humana. La diferencia está en la actitud ante ella. En los países punteros, se combate. Ahí tienen al ministro de Defensa alemán dimitiendo por haber copiado su tesis doctoral. Algo que aquí, donde copiar está al orden del día, puede incluso se aplaudiese. Aparte de que no habría lugar, pues pocos, si alguno, de nuestros ministros tiene el grado de doctor. Respecto a la apropiación indebida de fondos públicos, que en los países serios acarrea no ya el cese del infractor, sino su ingreso en la cárcel, ¿qué más da si «no son de nadie», como dijo una ministra? De mentir, prefiero no hablar. Los españoles lo damos por descontado en los políticos, e incluso algunos alardean de ello, como aquel famoso alcalde que decía «las promesas electorales están para no cumplirlas.» Pronto llegaremos a lo de aquel político brasileño, Ademar de Barros: «Eu robo, pero fago.» Aquí, ni siquiera hacen.
Aunque eso no es lo peor. Lo peor es la falta de reacción ciudadana. ¿Dónde están las manifestaciones contra los últimos escándalos, despilfarros, bribonadas? ¿Es que unos temen se les acabe el chollo y otros esperan que les llegue cuando ganen los «suyos»?
(Artículo de José María Carrascal, publicado en el diario "ABC" el 6 de marzo de 2011)
Soy consciente de la gravedad de lo que digo, por lo que me apresuro a demostrarlo. Para empezar. ¿qué es corrupción? No sólo meter la mano en las arcas públicas. Ese es su resultado. La corrupción ha empezado mucho antes, en las mentes. Concretamente, en aceptar que el fin justifica los medios. Una vez aceptado, se extiende como una mancha de aceite por todos los ámbitos de la sociedad, manchándolos, hasta no quedar nada limpio. Con lo que, de hecho, se la legaliza. Y ya no extraña que valga más el carné de un partido que una brillante ejecutoria profesional o que se acepte que la lealtad a un líder sea más importante que la lealtad a la ley. En otras palabras: la corrupción gubernamental empieza por la corrupción de los principios. Que es lo que está teniendo hoy lugar en España.
Las consecuencias son devastadoras, empezando por la falta de competitividad. Es tan elocuente como descorazonador que para encontrar un empleo en España lo más importante sean las conexiones familiares, políticas o personales. ¿Cómo va a funcionar un país así? ¿Cómo va a competir en el mercado global? ¿Cómo va salir de la crisis si se posterga la capacidad, las ansias de mejora individual y se favorece al ventajista sobre el preparado?
Corrupción ha habido en todas las épocas y todos los países, al ser inherente a la frágil naturaleza humana. La diferencia está en la actitud ante ella. En los países punteros, se combate. Ahí tienen al ministro de Defensa alemán dimitiendo por haber copiado su tesis doctoral. Algo que aquí, donde copiar está al orden del día, puede incluso se aplaudiese. Aparte de que no habría lugar, pues pocos, si alguno, de nuestros ministros tiene el grado de doctor. Respecto a la apropiación indebida de fondos públicos, que en los países serios acarrea no ya el cese del infractor, sino su ingreso en la cárcel, ¿qué más da si «no son de nadie», como dijo una ministra? De mentir, prefiero no hablar. Los españoles lo damos por descontado en los políticos, e incluso algunos alardean de ello, como aquel famoso alcalde que decía «las promesas electorales están para no cumplirlas.» Pronto llegaremos a lo de aquel político brasileño, Ademar de Barros: «Eu robo, pero fago.» Aquí, ni siquiera hacen.
Aunque eso no es lo peor. Lo peor es la falta de reacción ciudadana. ¿Dónde están las manifestaciones contra los últimos escándalos, despilfarros, bribonadas? ¿Es que unos temen se les acabe el chollo y otros esperan que les llegue cuando ganen los «suyos»?
(Artículo de José María Carrascal, publicado en el diario "ABC" el 6 de marzo de 2011)
EL PUEBLO EXISTE.
El pueblo había desaparecido. Filósofos, políticos, analistas: en Occidente todos concordaban en el aburguesamiento de las clases trabajadoras, aunque sólo fuera por los gloriosos años del Estado del bie-nestar propio de nuestras sociedades desarrolladas. En cuanto a los países en vías de desarrollo, estaba claro que, sometidos como lo estaban a dictaduras férreas nutridas por Occidente, su estancamiento casi catatónico era la garantía de un orden mundial muy conveniente.
Dos acontecimientos quebraron nuestras sólidas convicciones. Primero, el despertar auténtico de tres pueblos árabes que lograron el asombroso resultado de echar a un par de dictadores con sus cómplices, de arrinconar a un tirano loco, de aterrorizar a unos cuantos más y de minar las bases de regímenes corrompidos exigiendo elecciones libres en nombre de la democracia. Un pueblo enfurecido pero no violento, acuciado por la miseria y la sed de libertad, en cuya lucha se fundían las diferencias de clase y de religión. La historia de Túnez, de Egipto y de Libia no ha terminado; pero ha comenzado bien.
En la democracia, en cambio, parecía inútil buscar al pueblo y esperar que se expresase: para eso tenía representantes, unos partidos convertidos, según Juan I. Macua, en agencias de colocación, una casta dirigente elegida –es verdad– y pagada en principio para hablar en su nombre. Con eso, la acción democrática parecía reducida al proceso electoral. Toda búsqueda inquieta o sentimental del colectivo que se agrupaba bajo ese nombre terminaba en la noche de los tiempos: 1789, la Comuna de París, Garibaldi, Steinbeck, las grandes huelgas… Y sin embargo, según un sondeo hecho por la revista Philosophie, frente a lo que ya se llama en democracia “la crisis de la representación”, el 66% de los franceses se declara favorable a que ciudadanos “por sorteo”, como en Atenas, compongan comités populares para controlar la acción de los elegidos locales. Y que una ley sea revisada automáticamente si una manifestación de un millón de personas lo pide.Y entonces, pese al casi boicot o desinterés de la información, nos llega una noticia de Islandia: en 2008, en plena crisis financiera, el pueblo, los ciudadanos, bajaron a la calle. Mucho se ha razonado sobre la crisis, así como sobre la actitud desvergonzada de las organizaciones financieras nacionales e internacionales que se hicieron con el mango y con la sartén, como dijo Iñaki Gabilondo, y se llega siempre a la misma constatación: los que han de pagar la nota no son los culpables. Son la gente.
En Islandia, isla de 317.000 habitantes, con el Parlamento(Althing) más viejo del mundo (año 930), el pueblo ha decidido no pagar. Todos los bancos islandeses se habían portado muy mal. En particular Landsbanki, cuya filial Icesave, con tasas de interés de hasta el 6%, había atraído en cinco meses 10.000 millones de dólares ingresados por 300.000 británicos y buen número de holandeses, depósitos no cubiertos por el fondo islandés de garantía. Este pueblo de pescadores pronto se vio a merced de los banqueros de negocios, de una banca central y un Gobierno ebrio de éxito financiero. Islandia fue el primer país en sucumbir a la crisis financiera. En pocos días, sus tres bancos principales, Kaupthing, Landsbanki y Glitnir, mordieron el polvo.
Cuando tuvo lugar la previsible quiebra de Icesave, Londres y La Haya se a apresuraron a reembolsar a sus ciudadanos, arrojando con ello un tupido velo sobre la nulidad total de sus autoridades de control. Luego, ambos países pasaron la factura a Reykjavik: 4.000 millones de euros (2.700 los británicos y 1.300 los holandeses), a 15 años y un interés del 5,5%. Al principio, el Parlamento islandés nacionalizó los tres bancos, cosa que provocó la huida de sus directivos y, temeroso de ver denegado su acceso a la Unión Europea, promulgó una ley sobre el reembolso. Constatando que la suma exigida significaría el pago de 100 euros mensuales durante ocho años para cada uno de los habitantes de la isla, un vasto movimiento de opinión y manifestaciones obligaron al presidente islandés a rehusar la ratificación de la ley y someterla a un referéndum, cuyo resultado fue una sorpresa: el 93% de los islandeses votaron contra el reembolso. Desde entonces, el problema está en suspenso.Pese a la nueva oferta de reembolso de la deuda con el 3% de interés y pagos aplazados hasta 2046, aceptada esta vez por el primer ministro islandés, Reino Unido y Holanda sólo pueden esperar un rechazo masivo. “Los ciudadanos de Islandia serán llamados a las urnas para votar este nuevo acuerdo con los Gobiernos británico y holandés”, declaró el presidente Olafur Grímsson, que en marzo de 2010 se alegró del rechazo masivo al plan anterior, al que él también se opuso.
Este procedimiento debería dar que pensar tanto a los dirigentes como a los expertos en democracia. Al mismo tiempo, los islandeses decidieron cambiar la Constitución. Desde mediados de febrero, 35 ciudadanos electos al margen de todos los partidos trabajan sobre un nuevo texto, basado en la separación de la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los recursos naturales y la clara separación entre poderes ejecutivo y legislativo. Deben entregar el texto antes del próximo verano.
(Artículo de Nicole Thibon, publicado en "Público" el 6 de marzo de 2011)
Dos acontecimientos quebraron nuestras sólidas convicciones. Primero, el despertar auténtico de tres pueblos árabes que lograron el asombroso resultado de echar a un par de dictadores con sus cómplices, de arrinconar a un tirano loco, de aterrorizar a unos cuantos más y de minar las bases de regímenes corrompidos exigiendo elecciones libres en nombre de la democracia. Un pueblo enfurecido pero no violento, acuciado por la miseria y la sed de libertad, en cuya lucha se fundían las diferencias de clase y de religión. La historia de Túnez, de Egipto y de Libia no ha terminado; pero ha comenzado bien.
En la democracia, en cambio, parecía inútil buscar al pueblo y esperar que se expresase: para eso tenía representantes, unos partidos convertidos, según Juan I. Macua, en agencias de colocación, una casta dirigente elegida –es verdad– y pagada en principio para hablar en su nombre. Con eso, la acción democrática parecía reducida al proceso electoral. Toda búsqueda inquieta o sentimental del colectivo que se agrupaba bajo ese nombre terminaba en la noche de los tiempos: 1789, la Comuna de París, Garibaldi, Steinbeck, las grandes huelgas… Y sin embargo, según un sondeo hecho por la revista Philosophie, frente a lo que ya se llama en democracia “la crisis de la representación”, el 66% de los franceses se declara favorable a que ciudadanos “por sorteo”, como en Atenas, compongan comités populares para controlar la acción de los elegidos locales. Y que una ley sea revisada automáticamente si una manifestación de un millón de personas lo pide.Y entonces, pese al casi boicot o desinterés de la información, nos llega una noticia de Islandia: en 2008, en plena crisis financiera, el pueblo, los ciudadanos, bajaron a la calle. Mucho se ha razonado sobre la crisis, así como sobre la actitud desvergonzada de las organizaciones financieras nacionales e internacionales que se hicieron con el mango y con la sartén, como dijo Iñaki Gabilondo, y se llega siempre a la misma constatación: los que han de pagar la nota no son los culpables. Son la gente.
En Islandia, isla de 317.000 habitantes, con el Parlamento(Althing) más viejo del mundo (año 930), el pueblo ha decidido no pagar. Todos los bancos islandeses se habían portado muy mal. En particular Landsbanki, cuya filial Icesave, con tasas de interés de hasta el 6%, había atraído en cinco meses 10.000 millones de dólares ingresados por 300.000 británicos y buen número de holandeses, depósitos no cubiertos por el fondo islandés de garantía. Este pueblo de pescadores pronto se vio a merced de los banqueros de negocios, de una banca central y un Gobierno ebrio de éxito financiero. Islandia fue el primer país en sucumbir a la crisis financiera. En pocos días, sus tres bancos principales, Kaupthing, Landsbanki y Glitnir, mordieron el polvo.
Cuando tuvo lugar la previsible quiebra de Icesave, Londres y La Haya se a apresuraron a reembolsar a sus ciudadanos, arrojando con ello un tupido velo sobre la nulidad total de sus autoridades de control. Luego, ambos países pasaron la factura a Reykjavik: 4.000 millones de euros (2.700 los británicos y 1.300 los holandeses), a 15 años y un interés del 5,5%. Al principio, el Parlamento islandés nacionalizó los tres bancos, cosa que provocó la huida de sus directivos y, temeroso de ver denegado su acceso a la Unión Europea, promulgó una ley sobre el reembolso. Constatando que la suma exigida significaría el pago de 100 euros mensuales durante ocho años para cada uno de los habitantes de la isla, un vasto movimiento de opinión y manifestaciones obligaron al presidente islandés a rehusar la ratificación de la ley y someterla a un referéndum, cuyo resultado fue una sorpresa: el 93% de los islandeses votaron contra el reembolso. Desde entonces, el problema está en suspenso.Pese a la nueva oferta de reembolso de la deuda con el 3% de interés y pagos aplazados hasta 2046, aceptada esta vez por el primer ministro islandés, Reino Unido y Holanda sólo pueden esperar un rechazo masivo. “Los ciudadanos de Islandia serán llamados a las urnas para votar este nuevo acuerdo con los Gobiernos británico y holandés”, declaró el presidente Olafur Grímsson, que en marzo de 2010 se alegró del rechazo masivo al plan anterior, al que él también se opuso.
Este procedimiento debería dar que pensar tanto a los dirigentes como a los expertos en democracia. Al mismo tiempo, los islandeses decidieron cambiar la Constitución. Desde mediados de febrero, 35 ciudadanos electos al margen de todos los partidos trabajan sobre un nuevo texto, basado en la separación de la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los recursos naturales y la clara separación entre poderes ejecutivo y legislativo. Deben entregar el texto antes del próximo verano.
(Artículo de Nicole Thibon, publicado en "Público" el 6 de marzo de 2011)
POLÍTICOS, DOCTORES Y OTROS ANIMALES.
Al ministro alemán de defensa, Karl-Theodor zu Guttemberg, no parecía bastarle con ser noble. En una sociedad como la alemana, los títulos adquiridos a través de la cuna necesitan complementarse con los logrados por el esfuerzo. El esfuerzo intelectual, por supuesto. Quizá por eso sintió la necesidad de hacerse doctor. Además, se buscó como director de tesis a uno de los grandes constitucionalistas alemanes, Peter Häberle. Así consiguió al fin tenerlo todo, un nombre de alcurnia, una esposa que entroncaba con el mismísimo Bismarck, una atractiva imagen mediática, una capacidad expresiva que destacaba sobre cualquier otro ejemplar de la fauna política alemana, y, como toda persona que se precie en ese país, el doctorado. Era el candidato natural para convertirse algún día en canciller. Hasta que se descubrió que una buena parte de su tesis había sido plagiada de fuentes diversas. Al final, en una bella ejemplificación de los efectos de la codicia, la presión mediática pudo con él y no tuvo más remedio que dimitir.
Hasta aquí, todo esto no deja de ser una anécdota de la política europea. Si acercamos este modelo a nuestro país encontramos, sin embargo, algunas cosas interesantes que nos dicen bastante sobre la forma específica en que se ejerce el reclutamiento de la clase política en España, los alicientes y desincentivos de entrar en lo público. Para empezar, aquí nadie con el perfil de Zu Guttemberg hubiera pensado jamás en dedicarse a la política. Su destino hubiera sido, sin ninguna duda, la empresa privada. Del mismo modo que entre nosotros ningún político en su sano juicio puede imaginar jamás que un título de doctor pueda servir para algo en el ejercicio de su empeño profesional. Nadie se lo reconocería como mérito a tener en cuenta. Ni en la izquierda ni en la derecha.
Con todo, sí se aprecian actitudes y orígenes profesionales distintos según hablemos de uno u otro bando. En la derecha parece predominar todavía la divinización franquista de las grandes oposiciones. Quizá porque son garantía de disciplina y capacidad de trabajo. Obsérvese que el líder del PP es registrador y sus dos mujeres más relevantes son abogadas del Estado, y eso sigue pesando en el imaginario de la derecha nacional. No parece haber espacio para los empresarios de éxito por mucho que su discurso vea en ellos a los nuevos héroes sociales. Estos no encuentran en ella, además, el más mínimo incentivo, a menos que, como Pizarro en su día, estén ya de vuelta de su empeño profesional "natural". Pero siempre se verán como una extravagancia. Lo natural es, en general, el vínculo entre política y mundo jurídico y el reconocimiento estatal del mérito a través de los altos cuerpos funcionariales. Eso sí, cuando salen de su ejercicio público todos van como locos a la empresa privada. La política es aquí el camino hacia la empresa, no al revés.
En la izquierda predomina también la selección de cargos a través de los diversos cuerpos de funcionarios, aunque sin insistir tanto en su estatus relativo. Los políticos, y esto lo sabemos ya desde el clásico libro de Klaus von Beyme (La clase política en el Estado de partidos; Alianza ed.), en todas partes tienen una conexión privilegiada y simbiótica con los cuerpos funcionariales. Sin embargo, la izquierda siempre ha gustado también de adornar su imagen con gentes provenientes del mundo intelectual y académico. La mayoría de las veces para sufrimiento mutuo. Al contrario que los funcionarios, aquellos no están tan acostumbrados a la disciplina y a las jerarquías que impone la vida partidista. Pero quienes aguantan y consiguen transfigurarse, suelen acabar convirtiéndose en algunos de los mejores políticos.
La cuestión fundamental, por tanto, es saber si quien se dedica a la política puede seguir conservando la identidad de su anterior origen, o si lo político consigue disolverla en sus lógicas propias. Hoy la mayoría de los políticos son ya casi todos "políticos de profesión", no de vocación, por valernos de la distinción weberiana. Y los que sobreviven en la política, sean doctores, intelectuales, juristas o trabajadores del metal, se ven tan fagocitados por ella, que al final su formación anterior queda como mera anécdota curricular. La política, en interacción directa con los medios, establece sus propios mecanismos de selección darwinista, solo sobreviven los más aptos. Quizá por eso se dice que carece de incentivos. Y esto es lo grave. Hemos dado ya por perdido un mecanismo fluido de ida y vuelta entre política y sociedad civil que permita mantener el atractivo del servicio público.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 4 de marzo de 2011)
Hasta aquí, todo esto no deja de ser una anécdota de la política europea. Si acercamos este modelo a nuestro país encontramos, sin embargo, algunas cosas interesantes que nos dicen bastante sobre la forma específica en que se ejerce el reclutamiento de la clase política en España, los alicientes y desincentivos de entrar en lo público. Para empezar, aquí nadie con el perfil de Zu Guttemberg hubiera pensado jamás en dedicarse a la política. Su destino hubiera sido, sin ninguna duda, la empresa privada. Del mismo modo que entre nosotros ningún político en su sano juicio puede imaginar jamás que un título de doctor pueda servir para algo en el ejercicio de su empeño profesional. Nadie se lo reconocería como mérito a tener en cuenta. Ni en la izquierda ni en la derecha.
Con todo, sí se aprecian actitudes y orígenes profesionales distintos según hablemos de uno u otro bando. En la derecha parece predominar todavía la divinización franquista de las grandes oposiciones. Quizá porque son garantía de disciplina y capacidad de trabajo. Obsérvese que el líder del PP es registrador y sus dos mujeres más relevantes son abogadas del Estado, y eso sigue pesando en el imaginario de la derecha nacional. No parece haber espacio para los empresarios de éxito por mucho que su discurso vea en ellos a los nuevos héroes sociales. Estos no encuentran en ella, además, el más mínimo incentivo, a menos que, como Pizarro en su día, estén ya de vuelta de su empeño profesional "natural". Pero siempre se verán como una extravagancia. Lo natural es, en general, el vínculo entre política y mundo jurídico y el reconocimiento estatal del mérito a través de los altos cuerpos funcionariales. Eso sí, cuando salen de su ejercicio público todos van como locos a la empresa privada. La política es aquí el camino hacia la empresa, no al revés.
En la izquierda predomina también la selección de cargos a través de los diversos cuerpos de funcionarios, aunque sin insistir tanto en su estatus relativo. Los políticos, y esto lo sabemos ya desde el clásico libro de Klaus von Beyme (La clase política en el Estado de partidos; Alianza ed.), en todas partes tienen una conexión privilegiada y simbiótica con los cuerpos funcionariales. Sin embargo, la izquierda siempre ha gustado también de adornar su imagen con gentes provenientes del mundo intelectual y académico. La mayoría de las veces para sufrimiento mutuo. Al contrario que los funcionarios, aquellos no están tan acostumbrados a la disciplina y a las jerarquías que impone la vida partidista. Pero quienes aguantan y consiguen transfigurarse, suelen acabar convirtiéndose en algunos de los mejores políticos.
La cuestión fundamental, por tanto, es saber si quien se dedica a la política puede seguir conservando la identidad de su anterior origen, o si lo político consigue disolverla en sus lógicas propias. Hoy la mayoría de los políticos son ya casi todos "políticos de profesión", no de vocación, por valernos de la distinción weberiana. Y los que sobreviven en la política, sean doctores, intelectuales, juristas o trabajadores del metal, se ven tan fagocitados por ella, que al final su formación anterior queda como mera anécdota curricular. La política, en interacción directa con los medios, establece sus propios mecanismos de selección darwinista, solo sobreviven los más aptos. Quizá por eso se dice que carece de incentivos. Y esto es lo grave. Hemos dado ya por perdido un mecanismo fluido de ida y vuelta entre política y sociedad civil que permita mantener el atractivo del servicio público.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 4 de marzo de 2011)
PROFESIONALES CONTRA EL DESMANTELAMIENTO.
Hace pocos días, un grupo de dos mil profesionales de los servicios sanitarios públicos de Catalunya presentaron un manifiesto en el que se advierte del riesgo que para los servicios sanitarios básicos suponen los recientes recortes presupuestarios. Además de señalar tales riesgos, en el manifiesto se denuncia la excesiva estructura burocrática en la gestión de los centros sanitarios.
Mediante el último ajuste del Gobierno de CiU se pretende reducir un 10% adicional el gasto sanitario público; esta reducción se suma a recortes previos, entre los que conviene no olvidar el descenso hasta en un 7% de los salarios de los empleados públicos a partir de junio de 2010. Medidas de ajuste más recientes se han centrado en la reducción de las plantillas, por medio de una política extraordinariamente restrictiva de amortización de las plazas procedentes de jubilaciones y la no renovación de contratos temporales.
El manifiesto de los profesionales sanitarios no debería ser un hecho aislado: quienes mejor conocen los riesgos del estrangulamiento financiero de los servicios del Estado del bienestar son los propios profesionales del sector. Mientras que la ciudadanía en general puede recibir una información más sesgada, o más manipulada ideológicamente, favorable a la mercantilización y, eventualmente, privatización o simplemente desaparición de los servicios del Estado del bienestar, los profesionales conocen directamente qué factores afectan a la calidad del servicio. Su voz es indispensable para señalar y denunciar los procesos actuales de “desmantelamiento programado” de servicios públicos educativos, sanitarios y relativos a la dependencia. Procesos que empiezan con restricciones presupuestarias que causan caídas en la calidad de los servicios públicos, que a su vez provocan la “huida” de las clases medias de estos y, por tanto, su deslegitimación y falta de apoyo electoral que conduce, en un circuito que se retroalimenta, a sucesivos desmantelamientos. Procesos “programados”, no atribuibles (al menos no únicamente) a motivos técnicos sino profundamente arraigados en la ideología neoliberal. La crisis fiscal proporciona el medio perfecto para su desarrollo.
(Artículo de Jorge Calero, publicado en "Público" el 3 de marzo de 2011)
Mediante el último ajuste del Gobierno de CiU se pretende reducir un 10% adicional el gasto sanitario público; esta reducción se suma a recortes previos, entre los que conviene no olvidar el descenso hasta en un 7% de los salarios de los empleados públicos a partir de junio de 2010. Medidas de ajuste más recientes se han centrado en la reducción de las plantillas, por medio de una política extraordinariamente restrictiva de amortización de las plazas procedentes de jubilaciones y la no renovación de contratos temporales.
El manifiesto de los profesionales sanitarios no debería ser un hecho aislado: quienes mejor conocen los riesgos del estrangulamiento financiero de los servicios del Estado del bienestar son los propios profesionales del sector. Mientras que la ciudadanía en general puede recibir una información más sesgada, o más manipulada ideológicamente, favorable a la mercantilización y, eventualmente, privatización o simplemente desaparición de los servicios del Estado del bienestar, los profesionales conocen directamente qué factores afectan a la calidad del servicio. Su voz es indispensable para señalar y denunciar los procesos actuales de “desmantelamiento programado” de servicios públicos educativos, sanitarios y relativos a la dependencia. Procesos que empiezan con restricciones presupuestarias que causan caídas en la calidad de los servicios públicos, que a su vez provocan la “huida” de las clases medias de estos y, por tanto, su deslegitimación y falta de apoyo electoral que conduce, en un circuito que se retroalimenta, a sucesivos desmantelamientos. Procesos “programados”, no atribuibles (al menos no únicamente) a motivos técnicos sino profundamente arraigados en la ideología neoliberal. La crisis fiscal proporciona el medio perfecto para su desarrollo.
(Artículo de Jorge Calero, publicado en "Público" el 3 de marzo de 2011)
CONTRATO CON LOS ELECTORES.
Vamos de cabeza a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, cuyo decreto de convocatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado a más tardar el 29 de marzo. El plazo para insertar las candidaturas contendientes llega hasta el 18 de abril y la campaña propiamente dicha se circunscribe a los 15 días de vísperas, a contar desde el 9 de mayo. Antes se habrá despejado o no por la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo la solicitud de inscripción de Sortu, la nueva formación de la izquierda abertzale, en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. Pero todos estos plazos formales para nada afectan a la climatología electoral en cuyo ciclo estamos de lleno inmersos.
Así lo prueban las convenciones de candidatos de las diferentes fuerzas políticas que se vienen sucediendo desde hace varios fines de semana. Para examinar este proceder conviene recordar la definición del artículo 5º de la Constitución a tenor de la cual "los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política". Enseguida el citado artículo añade que "su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley" y precisa que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". El déficit democrático de los partidos requeriría un examen detallado pero será imposible ponerle coto si el texto constitucional queda reducido a un desiderátum cuyo incumplimiento carece de consecuencias.
En todo caso, está comprobado que la proximidad de las elecciones produce efectos catalizadores capaces de desencadenar y acelerar reacciones que se paralizan o ralentizan cuando las urnas están distantes. A partir de ahí se configuran dos escuelas de pensamiento. La primera, a la vista de esas aceleraciones, sostiene que debería haber elecciones con la mayor frecuencia posible, mejor con carácter semestral que anual. Sus adictos estiman que, bajo los estímulos de esa inminencia de los comicios, desaparecería la tentación de la siesta yacente, a la que tantas veces propenden los electos, una vez pasado el difícil trago de la noche del escrutinio. La segunda, considera que las campañas electorales fomentan el populismo y la demagogia y simplifican los mensajes de las fuerzas políticas que compiten, de modo que se prefiere el chafarrinón impresionista a la precisión del trazo bien cuidado.
Del todo por la patria se pasa al todo por el impacto, desde el convencimiento de que el bien más escaso es el de la atención del público elector. De modo que quienes se encuadran en esta segunda escuela tienden a subrayar los peligros y las perversidades degradantes de la vida política que generan las elecciones y se inclinan por espaciarlas. Argumentan también, los encuadrados en esta segunda escuela, con la conveniencia de que el tiempo que transcurre entre dos convocatorias sucesivas permita evaluar el cumplimiento de tareas que se miden en años de esfuerzos serenos, ajenos a la epilepsia disruptiva generada por las campañas electorales.
Por muchas que sean sus diferencias, ambas escuelas de pensamiento coinciden en que el momento electoral es el de la rendición de cuentas, la formulación de ofertas y la presentación de equipos. Así sucedió cuando en una convención de candidatos a las elecciones municipales y autonómicas previas a la victoria de 1996, el presidente del PP, José María Aznar, lanzó la propuesta del contrato con los electores. Qué bien sonaban, me parece recordar que en la plaza de toros de Zaragoza, aquellas definiciones donde el PP se incompatibilizaba con la corrupción. Claro que, una vez expulsados que fuimos del paraíso, todos nos encontramos en estado de naturaleza caída, es decir, que somos todos susceptibles de corrompernos sometidos como estamos a los agentes de la erosión. Por eso, todos debemos pedir cuentas y estar obligados a rendirlas, sin que nadie tenga que sentirse ofendido. Una sana desconfianza es vital para el sistema.
Otra cosa es que el éxito en las urnas exija que antes se haya sido capaz de interpretar de oído y establecer la debida sintonía con el votante. Por eso, los programas y los candidatos revelan la idea que los partidos se hacen del elector. Cuando se arremete contra los corruptos ajenos y al mismo tiempo se les elimina de las listas propias es porque se considera que con ellos a bordo sería imposible la victoria. Cuando se les confirma como candidatos es porque se sobrentiende que sus desfalcos no levantan objeciones dado el pacto de envilecimiento subyacente. Veremos.
(Artículo de Miguel Ángel Aguilar, publicado en "El País" el 1 de marzo de 2011)
Así lo prueban las convenciones de candidatos de las diferentes fuerzas políticas que se vienen sucediendo desde hace varios fines de semana. Para examinar este proceder conviene recordar la definición del artículo 5º de la Constitución a tenor de la cual "los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política". Enseguida el citado artículo añade que "su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley" y precisa que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". El déficit democrático de los partidos requeriría un examen detallado pero será imposible ponerle coto si el texto constitucional queda reducido a un desiderátum cuyo incumplimiento carece de consecuencias.
En todo caso, está comprobado que la proximidad de las elecciones produce efectos catalizadores capaces de desencadenar y acelerar reacciones que se paralizan o ralentizan cuando las urnas están distantes. A partir de ahí se configuran dos escuelas de pensamiento. La primera, a la vista de esas aceleraciones, sostiene que debería haber elecciones con la mayor frecuencia posible, mejor con carácter semestral que anual. Sus adictos estiman que, bajo los estímulos de esa inminencia de los comicios, desaparecería la tentación de la siesta yacente, a la que tantas veces propenden los electos, una vez pasado el difícil trago de la noche del escrutinio. La segunda, considera que las campañas electorales fomentan el populismo y la demagogia y simplifican los mensajes de las fuerzas políticas que compiten, de modo que se prefiere el chafarrinón impresionista a la precisión del trazo bien cuidado.
Del todo por la patria se pasa al todo por el impacto, desde el convencimiento de que el bien más escaso es el de la atención del público elector. De modo que quienes se encuadran en esta segunda escuela tienden a subrayar los peligros y las perversidades degradantes de la vida política que generan las elecciones y se inclinan por espaciarlas. Argumentan también, los encuadrados en esta segunda escuela, con la conveniencia de que el tiempo que transcurre entre dos convocatorias sucesivas permita evaluar el cumplimiento de tareas que se miden en años de esfuerzos serenos, ajenos a la epilepsia disruptiva generada por las campañas electorales.
Por muchas que sean sus diferencias, ambas escuelas de pensamiento coinciden en que el momento electoral es el de la rendición de cuentas, la formulación de ofertas y la presentación de equipos. Así sucedió cuando en una convención de candidatos a las elecciones municipales y autonómicas previas a la victoria de 1996, el presidente del PP, José María Aznar, lanzó la propuesta del contrato con los electores. Qué bien sonaban, me parece recordar que en la plaza de toros de Zaragoza, aquellas definiciones donde el PP se incompatibilizaba con la corrupción. Claro que, una vez expulsados que fuimos del paraíso, todos nos encontramos en estado de naturaleza caída, es decir, que somos todos susceptibles de corrompernos sometidos como estamos a los agentes de la erosión. Por eso, todos debemos pedir cuentas y estar obligados a rendirlas, sin que nadie tenga que sentirse ofendido. Una sana desconfianza es vital para el sistema.
Otra cosa es que el éxito en las urnas exija que antes se haya sido capaz de interpretar de oído y establecer la debida sintonía con el votante. Por eso, los programas y los candidatos revelan la idea que los partidos se hacen del elector. Cuando se arremete contra los corruptos ajenos y al mismo tiempo se les elimina de las listas propias es porque se considera que con ellos a bordo sería imposible la victoria. Cuando se les confirma como candidatos es porque se sobrentiende que sus desfalcos no levantan objeciones dado el pacto de envilecimiento subyacente. Veremos.
(Artículo de Miguel Ángel Aguilar, publicado en "El País" el 1 de marzo de 2011)
EL FUTURO ES SUYO.
Algunos estudios concluyen que los jóvenes tienen, por primera vez, menos expectativas que las de sus padres a su edad. No sé en qué datos pueden apoyarse estas conclusiones, pero resulta difícil compartirlas. Los padres de muchos de nuestros jóvenes conocieron la emigración de la miseria, no pudieron escolarizarse, habitaron en chabolas y tuvieron que superar dificultades extremas para sobrevivir. ¿Nos hemos olvidado de todo esto?
Muchos de los que hoy tienen 45 años vivieron las crisis de los 60 como niños, pero aún deben recordar en su memoria las condiciones en que sus padres tuvieron que afrontar aquellas situaciones. No podrá afirmarse qué futuro espera a nuestros jóvenes de hoy, pero puede asegurarse sin lugar a dudas que, de momento, su presente ha sido mucho mejor que el de sus padres. Quizás el problema está en que estos –los padres– se han sentido tan satisfechos de ofrecer a sus hijos una calidad de vida y más comodidades de las que ellos pudieron disfrutar, que se les ha olvidado señalar pedagógicamente el esfuerzo que para ello tuvieron que hacer.
El valor del esfuerzo es el resultado de una acción pedagógica que lo ponga en relación con lo que hoy se tiene. Hablar de las dificultades que el futuro pueda deparar a los jóvenes sin indicar que el esfuerzo para superarlas será seguramente inferior al que tuvieron que hacer sus padres y abuelos para ofrecerles el presente que hasta el momento han podido disfrutar es favorecer el desarme moral de esta juventud.
Antes hablábamos de escolarización, hoy de fracaso escolar; antes el paro no estaba subvencionado o, en su momento, muy escasamente atendido. Hoy discutimos su extensión en el tiempo, en condiciones insospechadas hace 30 o 40 años. Hoy nuestros jóvenes se inquietan por el futuro profesional de sus títulos universitarios; hace no tantos años, las universidades eran recintos privilegiados para unas minorías.
Lo tendrán difícil, seguro. Pero están –los jóvenes– mucho mejor preparados que hace 30 o 40 años. O lo podrían estar si hubieran querido. ¡No será posible acompañar a los jóvenes a lo largo de toda su vida! Su futuro es suyo.
(Artículo de Miquel Roca, publicado en "La Vanguardia" el 1 de marzo de 2011)
Muchos de los que hoy tienen 45 años vivieron las crisis de los 60 como niños, pero aún deben recordar en su memoria las condiciones en que sus padres tuvieron que afrontar aquellas situaciones. No podrá afirmarse qué futuro espera a nuestros jóvenes de hoy, pero puede asegurarse sin lugar a dudas que, de momento, su presente ha sido mucho mejor que el de sus padres. Quizás el problema está en que estos –los padres– se han sentido tan satisfechos de ofrecer a sus hijos una calidad de vida y más comodidades de las que ellos pudieron disfrutar, que se les ha olvidado señalar pedagógicamente el esfuerzo que para ello tuvieron que hacer.
El valor del esfuerzo es el resultado de una acción pedagógica que lo ponga en relación con lo que hoy se tiene. Hablar de las dificultades que el futuro pueda deparar a los jóvenes sin indicar que el esfuerzo para superarlas será seguramente inferior al que tuvieron que hacer sus padres y abuelos para ofrecerles el presente que hasta el momento han podido disfrutar es favorecer el desarme moral de esta juventud.
Antes hablábamos de escolarización, hoy de fracaso escolar; antes el paro no estaba subvencionado o, en su momento, muy escasamente atendido. Hoy discutimos su extensión en el tiempo, en condiciones insospechadas hace 30 o 40 años. Hoy nuestros jóvenes se inquietan por el futuro profesional de sus títulos universitarios; hace no tantos años, las universidades eran recintos privilegiados para unas minorías.
Lo tendrán difícil, seguro. Pero están –los jóvenes– mucho mejor preparados que hace 30 o 40 años. O lo podrían estar si hubieran querido. ¡No será posible acompañar a los jóvenes a lo largo de toda su vida! Su futuro es suyo.
(Artículo de Miquel Roca, publicado en "La Vanguardia" el 1 de marzo de 2011)
EL INJUSTIFICABLE ABANDONO DE LIBIA.
DURANTE muchos años, los libios van a reprochar al mundo libre su injustificable falta de coherencia y su inacción en estos tristes momentos en los que Gadafi destruye su propio país. A pesar de la evidencia inapelable de los hechos, el mundo libre ha faltado a sus principios y está abandonando a todos los libios que hoy luchan por la libertad, aunque con ello corramos el riesgo de dejarlos en el futuro en manos de los extremistas islámicos, y de provocar una suerte de éxodo hacia Occidente de miles de musulmanes descontentos en busca de otro modo de vida. Es necesario pasar por alto los convencionalismos de salón y tomar las decisiones que puedan evitar, precisamente, escenarios indeseables que mañana resultarían mucho más peligrosos y costosos de afrontar. En estas mismas páginas ya se ha evocado la posibilidad de que en Libia se pueda reproducir el modelo de Somalia, cuya sola mención debería bastar para no seguir mirando hacia la costa sur del Mediterráneo como si lo que allí sucede no fuera más que un desastre meteorológico. Pese a ello, si la ONU y la Unión Africana sienten cómo chirrían sus estructuras ante los tardíos debates abiertos en su seno sobre el destino de Gadafi y su familia, se debe, sobre todo, a la incapacidad de Estados Unidos y Europa para liderar un movimiento claro y activo de condena contra un tirano cuyo innoble comportamiento era de sobras conocido desde hace mucho tiempo.
Libia es sólo un elemento —y ni siquiera el más grande— de un conjunto de escenarios que pueden causar abruptamente un daño terrible a nuestro confiado modo de vida. Es imposible predecir lo que puede suceder, por ejemplo, en Irán, cuya influencia en los mercados energéticos es mucho mayor que la de Libia y está dirigido por una versión persa y mucho más agresiva que la que representa el sátrapa norteafricano. ¿Qué pueden esperar de Occidente los partidarios de la democracia cuando salgan a manifestarse a las calles de Teherán bajo las balas de Ahmadineyad? Es evidente que la fragilidad de las sociedades modernas frente a un entorno inestable no se resuelve cultivando cierto tipo de relaciones que, a la postre, equivalen a rodearse de un campo de minas, sino preparándose concienzudamente para hacer frente a los riesgos y trabajando con decisión para eliminarlos cuando sea posible, no mirando para otro lado.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 27 de febrero de 2011)
LIBIA SE DESANGRA.
A la espera de su previsible desenlace en la trinchera de Trípoli, Libia se ha convertido en un escenario bélico donde el acorralado Gadafi y sus leales intentan hacer buena la promesa del coronel de morir matando. Es un paisaje especialmente cruel, de matanzas indiscriminadas, en el que, a diferencia de Túnez y Egipto, el criminal desafío del tirano árabe frente a su pueblo limita drásticamente las opciones y entenebrece la salida de la revuelta.
El pueblo libio está pagando un precio terrible por intentar librarse del lunático déspota que responsabiliza a Al Qaeda y a jóvenes drogados de la insurrección popular. Y si Gadafi es finalmente derrocado no será gracias a la colaboración decidida de Estados Unidos o Europa, que después de 10 días y varios miles de víctimas siguen deshojando la margarita de lo conveniente. Mientras los libios caen en las calles, se organizan en comités ciudadanos o de resistencia y sus soldados o diplomáticos desertan, Washington, Bruselas y el Consejo de Seguridad seguían ayer enfangados en una bochornosa retórica de admoniciones, discusiones preliminares y propuestas de sanciones todavía pendientes de concretar. Todo lo que la OTAN, reunida ayer de urgencia, está en condiciones de aportar es su contribución logística a la evacuación de extranjeros y la asistencia humanitaria.
Las potencias democráticas, que encabezadas por Estados Unidos cometieron el trágico error de rehabilitar por petróleo y supuesta seguridad a un dictador brutal cuya tiranía interna se ha mantenido intacta 40 años, siguen sin definir cómo enfrentarse a un criminal en ejercicio, pese a tener un abanico de opciones que habrían ahorrado muchas vidas de haberse aplicado en cuanto estuvo claro el salvajismo desatado por Gadafi. Se trata de medidas enunciadas y que ayer aún estaban pendientes de ejecución, como la imposición de una zona de exclusión aérea, para impedir que la aviación libia sea utilizada como arma de exterminio y transporte de mercenarios; el inmediato embargo internacional sobre todo equipamiento militar; la congelación de los activos del Gobierno de Trípoli o la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Gadafi y sus secuaces.
En Libia, a diferencia de Túnez o Egipto, el Ejército regular es una fuerza marginal mantenida así por Gadafi para evitar un golpe militar. Las tropas de choque de esta dictadura perfecta son una oscura red de brigadas especiales, comités revolucionarios y agencias de seguridad, todos bajo el control directo del déspota.
Los libios sublevados por su libertad precisan desesperadamente muchas cosas materiales estos días. Pero para perseverar en su lucha, que es la de un mundo árabe que despierta, necesitan sobre todo una señal rotunda e inequívoca -hechos, no palabras- de que la llamada comunidad internacional está con ellos y contra un régimen de terror, el de Gadafi, que para mayor escarnio todavía se sienta en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
(Editorial de "El País", publicado el 26 de febrero de 2011)
El pueblo libio está pagando un precio terrible por intentar librarse del lunático déspota que responsabiliza a Al Qaeda y a jóvenes drogados de la insurrección popular. Y si Gadafi es finalmente derrocado no será gracias a la colaboración decidida de Estados Unidos o Europa, que después de 10 días y varios miles de víctimas siguen deshojando la margarita de lo conveniente. Mientras los libios caen en las calles, se organizan en comités ciudadanos o de resistencia y sus soldados o diplomáticos desertan, Washington, Bruselas y el Consejo de Seguridad seguían ayer enfangados en una bochornosa retórica de admoniciones, discusiones preliminares y propuestas de sanciones todavía pendientes de concretar. Todo lo que la OTAN, reunida ayer de urgencia, está en condiciones de aportar es su contribución logística a la evacuación de extranjeros y la asistencia humanitaria.
Las potencias democráticas, que encabezadas por Estados Unidos cometieron el trágico error de rehabilitar por petróleo y supuesta seguridad a un dictador brutal cuya tiranía interna se ha mantenido intacta 40 años, siguen sin definir cómo enfrentarse a un criminal en ejercicio, pese a tener un abanico de opciones que habrían ahorrado muchas vidas de haberse aplicado en cuanto estuvo claro el salvajismo desatado por Gadafi. Se trata de medidas enunciadas y que ayer aún estaban pendientes de ejecución, como la imposición de una zona de exclusión aérea, para impedir que la aviación libia sea utilizada como arma de exterminio y transporte de mercenarios; el inmediato embargo internacional sobre todo equipamiento militar; la congelación de los activos del Gobierno de Trípoli o la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Gadafi y sus secuaces.
En Libia, a diferencia de Túnez o Egipto, el Ejército regular es una fuerza marginal mantenida así por Gadafi para evitar un golpe militar. Las tropas de choque de esta dictadura perfecta son una oscura red de brigadas especiales, comités revolucionarios y agencias de seguridad, todos bajo el control directo del déspota.
Los libios sublevados por su libertad precisan desesperadamente muchas cosas materiales estos días. Pero para perseverar en su lucha, que es la de un mundo árabe que despierta, necesitan sobre todo una señal rotunda e inequívoca -hechos, no palabras- de que la llamada comunidad internacional está con ellos y contra un régimen de terror, el de Gadafi, que para mayor escarnio todavía se sienta en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
(Editorial de "El País", publicado el 26 de febrero de 2011)
UN NUEVO PANARABISMO.
Gadafi ametralla y bombardea al pueblo para mantenerse en el poder. A diferencia de Ben Ali y Mubarak, a él solo lo sacarán con los pies por delante. No es esta, sin embargo, la principal diferencia del tirano libio con sus derrocados vecinos. Ben Ali y Mubarak eran dictadores domésticos, como lo fueron Franco o Salazar, sin pretensiones de universalidad. Gadafi, en cambio, se presentaba, sobre todo en sus primeros lustros, como sucesor de Nasser, adalid del panarabismo y líder revolucionario del Tercer Mundo.
Ben Ali y Mubarak eran vasallos de Estados Unidos y no molestaban a Israel. Gadafi le plantaba cara al imperio, quería destruir el Estado judío, apadrinaba toda suerte de guerrillas y terrorismos de ultraizquierda y se decía inventor de una visión cósmica: la yamahiriya o república asamblearia de las masas. En su pesadillesco discurso del martes, aún se presentó como un "revolucionario" que levantaba el puño.
Por esto es tan relevante que la revolución democrática árabe que ya ha barrido a Ben Ali y Mubarak intente ahora abatir a Gadafi. En la guerra de 1967, Israel le dio la estocada mortal al panarabismo laico, socialistoide y tercermundista, tanto en sus vertientes baazista como nasserista. Su cadáver -estrafalario, retórico y criminal en la figura de Gadafi- está siendo enterrado ahora por los luchadores libios. Y en contra de lo que se decía, su sucesor no va a ser el islamismo, o al menos, no el único.
En Libia, la primavera árabe confirma que está por encima de las diferencias que han escindido ese mundo: pro y antiamericanos, socios o enemigos jurados de Israel, de discurso derechista o izquierdista, de orden o "revolucionarios", pobres o ricos en petróleo. El panarabismo del siglo XX ha sido sustituido por uno nuevo: el de los ciudadanos que reclaman libertades y derechos, se vistan sus regímenes con los oropeles que se vistan; el de los ciudadanos que, a través de Al Yazira e Internet, han creado una umma, una comunidad que, desde el Atlántico al Golfo, desea pluralidad -incluido, por qué no, un lugar al sol para los islamistas- y democracia sin adjetivos.
Podemos fijarnos en el bosque o en las ramas. El bosque: Libia comparte con los países norteafricanos una población mayoritariamente juvenil, hastiada de cleptocracia y frustrada en sus ansias de libertad, trabajo y trato digno. Las ramas: una escasa identidad nacional, un gran tribalismo, una salida aún más difícil a esta crisis, que puede pasar por la muerte de Gadafi, la guerra civil y la balcanización del país.
Estos últimos, dice el analista libanés Rami Khouri, "son aspectos fascinantes pero secundarios de los cambios en marcha". Lo principal, añade, es que, tanto en Libia y Bahréin como en Túnez y Egipto, en Marruecos como en Argelia, "los hombres y las mujeres árabes quieren ser tratados como seres humanos y como ciudadanos". Sí, esta es la gran novedad.
(Artículo de Javier Valenzuela, publicado en "El País" el 25 de febrero de 2011)
Ben Ali y Mubarak eran vasallos de Estados Unidos y no molestaban a Israel. Gadafi le plantaba cara al imperio, quería destruir el Estado judío, apadrinaba toda suerte de guerrillas y terrorismos de ultraizquierda y se decía inventor de una visión cósmica: la yamahiriya o república asamblearia de las masas. En su pesadillesco discurso del martes, aún se presentó como un "revolucionario" que levantaba el puño.
Por esto es tan relevante que la revolución democrática árabe que ya ha barrido a Ben Ali y Mubarak intente ahora abatir a Gadafi. En la guerra de 1967, Israel le dio la estocada mortal al panarabismo laico, socialistoide y tercermundista, tanto en sus vertientes baazista como nasserista. Su cadáver -estrafalario, retórico y criminal en la figura de Gadafi- está siendo enterrado ahora por los luchadores libios. Y en contra de lo que se decía, su sucesor no va a ser el islamismo, o al menos, no el único.
En Libia, la primavera árabe confirma que está por encima de las diferencias que han escindido ese mundo: pro y antiamericanos, socios o enemigos jurados de Israel, de discurso derechista o izquierdista, de orden o "revolucionarios", pobres o ricos en petróleo. El panarabismo del siglo XX ha sido sustituido por uno nuevo: el de los ciudadanos que reclaman libertades y derechos, se vistan sus regímenes con los oropeles que se vistan; el de los ciudadanos que, a través de Al Yazira e Internet, han creado una umma, una comunidad que, desde el Atlántico al Golfo, desea pluralidad -incluido, por qué no, un lugar al sol para los islamistas- y democracia sin adjetivos.
Podemos fijarnos en el bosque o en las ramas. El bosque: Libia comparte con los países norteafricanos una población mayoritariamente juvenil, hastiada de cleptocracia y frustrada en sus ansias de libertad, trabajo y trato digno. Las ramas: una escasa identidad nacional, un gran tribalismo, una salida aún más difícil a esta crisis, que puede pasar por la muerte de Gadafi, la guerra civil y la balcanización del país.
Estos últimos, dice el analista libanés Rami Khouri, "son aspectos fascinantes pero secundarios de los cambios en marcha". Lo principal, añade, es que, tanto en Libia y Bahréin como en Túnez y Egipto, en Marruecos como en Argelia, "los hombres y las mujeres árabes quieren ser tratados como seres humanos y como ciudadanos". Sí, esta es la gran novedad.
(Artículo de Javier Valenzuela, publicado en "El País" el 25 de febrero de 2011)
VENCEDORES Y VENCIDOS.
Las crisis tienen vencedores y vencidos. Cuando salimos del túnel nos encontramos con un paisaje recién estrenado, en el que nada está en su sitio. Algunos jugadores han desaparecido. Otros han quedado disminuidos y contarán poco a partir de ahora. Unos terceros son los que han seguido el consejo del nuevo alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, que ha vencido en las elecciones de su ciudad después de dejar la Casa Blanca de Obama, donde fue jefe del gabinete presidencial, el equivalente a un primer ministro: no desaproveches una buena crisis.
Sucede con las crisis económicas como la que estamos atravesando; pero también con las políticas, como las que afectan a todos los países árabes. En este caso, además, es una crisis revolucionaria, que pone de cabeza para abajo los sistemas de poder que han venido funcionando en toda la zona desde que terminó la etapa colonial. Si la crisis de las hipotecas subprime se llevó por delante la banca de Wall Street, esta crisis revolucionaria ya se ha cargado a tres grandes empresas y monopolios de poder que controlaban nada menos que una población total de 100 millones de habitantes, dos millones de kilómetros cuadrados y tres países enteros, con extensos recursos energéticos y turísticos y el control de una vía de comunicación estratégica como el canal de Suez.
Aprovechar las crisis quiere decir utilizarlas para sacar grasa de los negocios actuales e imaginar otros nuevos, acordes con los nuevos tiempos. También estamos hablando de negocios políticos. Los clanes mafiosos derrocados poco podrán aprovechar, pero sus socios, amigos y aliados todavía estarán a tiempo, si espabilan. Dos recientes reacciones proporcionan excelentes ejemplos de capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. El primero es el del presidente israelí, Simon Peres, en su viaje a España, entusiasmado con la revolución árabe: "La democracia de nuestros vecinos es la mejor garantía para la paz". El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, no le va a la zaga ni en entusiasmo ni en declaraciones. "En lugar de matar a la gente, escúchenla", ha dicho dirigiéndose a Gadafi. Seguro que los bancos, fondos de inversiones y socios empresariales de los tres clanes mafiosos seguirán similar conducta, guiada por las juiciosas y célebres palabras inventadas por Giuseppe Tomasi di Lampedusa en boca de su Gatopardo: "Que todo cambie para que nada cambie".
De momento es evidente que algunos se muestran ajenos a la vieja sabiduría del poder y se aferran al mundo antiguo en su hundimiento. La gran mayoría de los países árabes donde la revolución todavía no ha cuajado están maquillando a toda prisa sus miserables sistemas de dominación feudal. Liberación de presos políticos, subsidios a los alimentos, ayudas directas a las familias, destitución de ministros quemados o promesas de reformas constitucionales. Ejemplo de una mediocre reacción a los retos que se les presentan a tales regímenes lo encontramos en las palabras del rey de Marruecos, Mohamed VI, que se niega a responder ante unas pretensiones de democratización que considera demagógicas.
Algo similar sucede con las viejas potencias coloniales europeas, perdedoras en sucesivas oleadas de cambios, y perdedoras ahora, a juzgar por sus lamentables reacciones ante la crisis revolucionaria. El caso más sangrante es el de Francia, cuya política exterior ha entrado en barrena al mando de Nicolas Sarkozy, un presidente tachado de aficionado, impulsivo y excesivamente mediático desde las filas de su propia diplomacia. Lo dice el escrito de un grupo de altos funcionarios del Quai d'Orsay, publicado con pseudónimo en el diario Le Monde, en el que denuncian la desaparición de la voz de Francia en el mundo. Todo lo que se aplica a Francia tiene valor también para la Unión Europea, que inaugura el "servicio exterior mayor del mundo" con un naufragio de reglamento.
¿Hay vencedores? Los hay y ya de partida. Turquía, claramente. Quienes buscan la mano que mece la cuna en todo proceso de cambios históricos pueden fijarse en Ankara y en el próspero futuro del islamismo moderado de Recep Tayyip Erdogan. También los habrá por fuerza de su voluntad. Difícil pensar que Israel, abiertamente perjudicado ahora, no pugne por sacar provecho de la crisis. Teherán ya ha movido ficha: dos buques de guerra suyos han entrado en el Mediterráneo por Suez, por primera vez desde 1979. Queda claro que le aprovecha el cambio. Quien nada arriesga, como es el caso de la mayor parte de los países europeos, España incluida, seguro que nada gana. Los rendimientos de las crisis, también las revolucionarias, serán para quien los trabaje.
(Artículo Lluís Bassets, publicado en "El País" el 24 de febrero de 2011)
EL ESTADO SOY YO.
A mediados de los ochenta del pasado siglo, charlaba con mis amigos músicos de la plaza de Marraquech en la peluquería en la que trabajaba uno de ellos cuando entró un desconocido de una treintena de años cuyo acento nos intrigó. No era magrebí ni egipcio ni de Oriente Próximo. Mientras se sometía a las tijeras y el peine del barbero, le preguntamos de dónde procedía. De Libia, dijo. Curioso como soy, le pedí su opinión sobre el Líder Máximo. "Es mi padre", dijo. "Bueno, el padre de todos los libios". Su singular sistema de gobierno, insistí, ¿funcionaba bien? Como una seda, repuso. La gente, ¿vivía satisfecha? Satisfecha, no, feliz. Le comenté que la perfección que nos pintaba no existe en nuestro triste mundo. Todas las sociedades del planeta tienen problemas, pequeños o grandes, pero problemas. El desconocido pareció reflexionar y su letanía de las bondades del sistema se trocó en lamento. Sí, había un gran problema, el de la dote. Casarse era muy caro, no estaba al alcance de todos los bolsillos. El tono de su voz cambió también de la autoafirmación a la angustia. Había venido precisamente a Marruecos en busca de una novia. En Casablanca le hablaron de una muchacha virgen y quien la conocía le prometió concertar una cita con ella, pero necesitaba hacerle un buen regalo antes de los preliminares del trato, él confió 2.000 dirhams al intermediario y a la hora fijada para el encuentro en la sala trasera de un café del centro, no aparecieron ni él ni la prometida, le habían engañado y se sentía deshecho, aquella era su última oportunidad, nos preguntó si conocíamos a alguna joven casadera, aunque no fuera entrada en carnes o tuviera algún defecto, a él no le importaba, quería volver a su tierra casado y con los papeles en regla... La visión beatífica de la yamahiriya de Gadafi se había convertido de golpe en una mezcla de desesperanza y quejío flamenco. Ignoro si alcanzó su objetivo o regresó a Libia con las manos vacías.
Poco después, con motivo de uno de esos matrimonios interestatales efímeros a los que el coronel es tan aficionado, decenas de millares de marroquíes emigraron a Libia en busca de trabajo. Gadafi había proclamado la Unión Árabe con Marruecos y los emigrantes confiaban en ser recibidos por sus hermanos con los brazos abiertos. El sueño de tan bella hermandad no duró. El regreso a cuentagotas primero y masivo después reflejaba un total desengaño. Los que confiaron en las promesas del Líder sufrieron un régimen cuartelero, su contacto con la población local estaba sometido a la estrecha vigilancia de los comités de defensa de la Revolución y la existencia bajo el "gobierno de las masas populares" expuesto en el Libro Verde era infinitamente peor que en la del país que habían abandonado. Mencionar a Gadafi y su yamahiriya era mentarles la bicha. Fueron ellos quienes adaptaron a su manera el chiste que oí en Estados Unidos sobre un concurso cuya recompensa consistía en un viaje a Filadelfia. Primer premio, tres días en Libia; segundo, tres semanas en Libia; tercero, tres meses en Libia. El humor marrakchí era su válvula de escape.
Un diplomático español que fue cónsul general en Trípoli me refirió también por estas fechas una anécdota muy reveladora del edén gadafiano. Un día fue convocado a la Comisaría Central de la ciudad: un compatriota nuestro había intentado violar a una mujer libia. Al personarse en el lugar, la lectura del acta de acusación le llenó de perplejidad: la tentativa de violación se había llevado a cabo a la luz del día en la céntrica plaza Verde. Si se tiene en cuenta el número de viandantes que la cruzan a diario, la acusación resultaba inverosímil. Cuando tras mucho papeleo y protestas pudo acceder a la celda del acusado, este -marino de un buque que había hecho escala en Trípoli- le confesó el crimen: ¡Le había guiñado el ojo! La supuesta agraviada pertenecía a la guardia personal del Líder Máximo y, como tal, formaba parte de la alta jerarquía en el poder. Las negociaciones para liberar al culpable concluyeron de forma insólita. Según el abogado de la defensa de oficio, este debía declararse homosexual y demostrar así que en el guiño dirigido a la guardaespaldas no había intención lujuriosa alguna. Maldiciendo su suerte, el marino firmó su para él afrentosa condición de marica y quedó en libertad.
Mientras ocurrían esas cosas y cosillas, la figura del Líder era celebrada en una universidad madrileña como la del genio visionario de una "tercera teoría universal", cuyo Libro Verde abría al mundo árabe y no árabe la llave del futuro. Se organizó así una videoconferencia en la que Gadafi se dirigió al estudiantado reunido simultáneamente en nuestra alma máter y en Trípoli. Cada una de sus frases proferidas con una voz espesa y átona, iba seguida de una salva de aplausos que solo cesaban cuando el homenajeado indicaba con una señal del dedo que quería seguir desgranando su rosario de perlas de sabiduría. La ensalada compuesta de socialismo, panarabismo y un vago ingrediente religioso siguió suscitando con todo el entusiasmo asambleario: en fecha mucho más reciente, leí en un folleto impreso en España que 700 especialistas venidos del mundo entero se habían reunido durante tres días en la capital libia para estudiar el contenido doctrinal de la obra del Jefe. ¿Por qué no, pensé de inmediato, 7.000 especialistas durante tres meses? ¿O, mejor aún, 700.000 durante tres años? El absurdo hubiera sido el mismo y la maravilla aún mayor.
Las inmensas reservas de hidrocarburos del país de su propiedad -las mayores de África- explican tanta obsequiosidad, compadreo y falta de principios. Desde su alineación con los presuntos Estados árabes moderados, esto es, opuestos al terrorismo islamista, todo le fue perdonado: no solo su demagogia y sus soflamas contra el imperialismo norteamericano, sino también cuanto se cocinaba en las cloacas del poder: la represión sangrienta de cualquier conato de oposición; la desaparición entre muchas otras, sin dejar huella, del padre del novelista Hisham Matar; la participación de sus servicios secretos en el atentado de Lockerbie en 1988, en el que perecieron 270 pasajeros; el repugnante proceso de las desdichadas enfermeras búlgaras acusadas de propagar el sida a fin de ocultar las carencias del sistema sanitario libio... Su desmesurada afición a los disfraces y escenarios de "autenticidad beduina" era en verdad única. Gorra de plato, librea, medallas, charreteras, uniformes de almirantazgo o de húsar del imperio austrohúngaro, feces otomanos, turbantes tribales, túnicas azules en juego con birretes del mismo paño, capas majestuosas de todos los colores del arcoíris (tal vez por lo de "una buena capa, todo lo tapa"), enmarcaban un rostro cada vez más inexpresivo y acartonado, con la mandíbula desdeñosamente alzada al estilo de Mussolini. El frenesí exhibicionista le acompañaba en todos sus viajes o en los actos de pleitesía que le tributaban los déspotas africanos. Instalaba así su jaima portátil en Roma, París, Madrid y Londres, recibía los abrazos de Berlusconi, Sarkozy y de los primeros ministros español y británico, respondía a la afrenta de la policía de Ginebra que detuvo a su hijo por maltrato físico a sus servidores, no solo con la retirada de todos sus fondos de los bancos suizos, sino también con la original propuesta de que la Confederación Helvética fuera borrada del mapa y repartida conforme a sus distintas lenguas entre Alemania, Francia e Italia.
El "gobierno de las masas populares" es él. Gadafi acapara todo el poder en un país sin Constitución, Parlamento ni partidos políticos y su endiosamiento carece de límites. Por eso, el espectáculo de los últimos días, con docenas de miles de manifestantes que, como en Teherán, salen valientemente a la calle desafiando los disparos de la policía y de los matones a sueldo, llena de euforia a quienes conocen su régimen opresor al servicio de su megalomanía. Frente a las declamaciones de quienes se dan golpes de pecho y se manifiestan dispuestos a derramar su sangre por el Líder Máximo (mientras derraman entre tanto las de sus compatriotas), los gritos de júbilo de quienes pisotean en Bengasi su odioso retrato, tienen algo de iniciático y liberador. Sea cual fuere el resultado inmediato de esta matanza de sus amados súbditos, Gadafi forma parte ya de la trinidad de los ídolos caídos en el muladar de la historia con Ben Ali y Mubarak. Confiemos en que el próximo sea Ahmedineyad.
(Artículo de Juan Goytisolo, publicado en "El País" el 23 de febrero de 2011)
Poco después, con motivo de uno de esos matrimonios interestatales efímeros a los que el coronel es tan aficionado, decenas de millares de marroquíes emigraron a Libia en busca de trabajo. Gadafi había proclamado la Unión Árabe con Marruecos y los emigrantes confiaban en ser recibidos por sus hermanos con los brazos abiertos. El sueño de tan bella hermandad no duró. El regreso a cuentagotas primero y masivo después reflejaba un total desengaño. Los que confiaron en las promesas del Líder sufrieron un régimen cuartelero, su contacto con la población local estaba sometido a la estrecha vigilancia de los comités de defensa de la Revolución y la existencia bajo el "gobierno de las masas populares" expuesto en el Libro Verde era infinitamente peor que en la del país que habían abandonado. Mencionar a Gadafi y su yamahiriya era mentarles la bicha. Fueron ellos quienes adaptaron a su manera el chiste que oí en Estados Unidos sobre un concurso cuya recompensa consistía en un viaje a Filadelfia. Primer premio, tres días en Libia; segundo, tres semanas en Libia; tercero, tres meses en Libia. El humor marrakchí era su válvula de escape.
Un diplomático español que fue cónsul general en Trípoli me refirió también por estas fechas una anécdota muy reveladora del edén gadafiano. Un día fue convocado a la Comisaría Central de la ciudad: un compatriota nuestro había intentado violar a una mujer libia. Al personarse en el lugar, la lectura del acta de acusación le llenó de perplejidad: la tentativa de violación se había llevado a cabo a la luz del día en la céntrica plaza Verde. Si se tiene en cuenta el número de viandantes que la cruzan a diario, la acusación resultaba inverosímil. Cuando tras mucho papeleo y protestas pudo acceder a la celda del acusado, este -marino de un buque que había hecho escala en Trípoli- le confesó el crimen: ¡Le había guiñado el ojo! La supuesta agraviada pertenecía a la guardia personal del Líder Máximo y, como tal, formaba parte de la alta jerarquía en el poder. Las negociaciones para liberar al culpable concluyeron de forma insólita. Según el abogado de la defensa de oficio, este debía declararse homosexual y demostrar así que en el guiño dirigido a la guardaespaldas no había intención lujuriosa alguna. Maldiciendo su suerte, el marino firmó su para él afrentosa condición de marica y quedó en libertad.
Mientras ocurrían esas cosas y cosillas, la figura del Líder era celebrada en una universidad madrileña como la del genio visionario de una "tercera teoría universal", cuyo Libro Verde abría al mundo árabe y no árabe la llave del futuro. Se organizó así una videoconferencia en la que Gadafi se dirigió al estudiantado reunido simultáneamente en nuestra alma máter y en Trípoli. Cada una de sus frases proferidas con una voz espesa y átona, iba seguida de una salva de aplausos que solo cesaban cuando el homenajeado indicaba con una señal del dedo que quería seguir desgranando su rosario de perlas de sabiduría. La ensalada compuesta de socialismo, panarabismo y un vago ingrediente religioso siguió suscitando con todo el entusiasmo asambleario: en fecha mucho más reciente, leí en un folleto impreso en España que 700 especialistas venidos del mundo entero se habían reunido durante tres días en la capital libia para estudiar el contenido doctrinal de la obra del Jefe. ¿Por qué no, pensé de inmediato, 7.000 especialistas durante tres meses? ¿O, mejor aún, 700.000 durante tres años? El absurdo hubiera sido el mismo y la maravilla aún mayor.
Las inmensas reservas de hidrocarburos del país de su propiedad -las mayores de África- explican tanta obsequiosidad, compadreo y falta de principios. Desde su alineación con los presuntos Estados árabes moderados, esto es, opuestos al terrorismo islamista, todo le fue perdonado: no solo su demagogia y sus soflamas contra el imperialismo norteamericano, sino también cuanto se cocinaba en las cloacas del poder: la represión sangrienta de cualquier conato de oposición; la desaparición entre muchas otras, sin dejar huella, del padre del novelista Hisham Matar; la participación de sus servicios secretos en el atentado de Lockerbie en 1988, en el que perecieron 270 pasajeros; el repugnante proceso de las desdichadas enfermeras búlgaras acusadas de propagar el sida a fin de ocultar las carencias del sistema sanitario libio... Su desmesurada afición a los disfraces y escenarios de "autenticidad beduina" era en verdad única. Gorra de plato, librea, medallas, charreteras, uniformes de almirantazgo o de húsar del imperio austrohúngaro, feces otomanos, turbantes tribales, túnicas azules en juego con birretes del mismo paño, capas majestuosas de todos los colores del arcoíris (tal vez por lo de "una buena capa, todo lo tapa"), enmarcaban un rostro cada vez más inexpresivo y acartonado, con la mandíbula desdeñosamente alzada al estilo de Mussolini. El frenesí exhibicionista le acompañaba en todos sus viajes o en los actos de pleitesía que le tributaban los déspotas africanos. Instalaba así su jaima portátil en Roma, París, Madrid y Londres, recibía los abrazos de Berlusconi, Sarkozy y de los primeros ministros español y británico, respondía a la afrenta de la policía de Ginebra que detuvo a su hijo por maltrato físico a sus servidores, no solo con la retirada de todos sus fondos de los bancos suizos, sino también con la original propuesta de que la Confederación Helvética fuera borrada del mapa y repartida conforme a sus distintas lenguas entre Alemania, Francia e Italia.
El "gobierno de las masas populares" es él. Gadafi acapara todo el poder en un país sin Constitución, Parlamento ni partidos políticos y su endiosamiento carece de límites. Por eso, el espectáculo de los últimos días, con docenas de miles de manifestantes que, como en Teherán, salen valientemente a la calle desafiando los disparos de la policía y de los matones a sueldo, llena de euforia a quienes conocen su régimen opresor al servicio de su megalomanía. Frente a las declamaciones de quienes se dan golpes de pecho y se manifiestan dispuestos a derramar su sangre por el Líder Máximo (mientras derraman entre tanto las de sus compatriotas), los gritos de júbilo de quienes pisotean en Bengasi su odioso retrato, tienen algo de iniciático y liberador. Sea cual fuere el resultado inmediato de esta matanza de sus amados súbditos, Gadafi forma parte ya de la trinidad de los ídolos caídos en el muladar de la historia con Ben Ali y Mubarak. Confiemos en que el próximo sea Ahmedineyad.
(Artículo de Juan Goytisolo, publicado en "El País" el 23 de febrero de 2011)
LOS LÍMITES DE LA TRANSPARENCIA.
El signo de nuestra época es la inmediatez. Nada nos resulta más sospechoso que las mediaciones, los intermediarios, las construcciones y las representaciones. Pensamos que para conocer la verdad basta que los datos estén al alcance; que una democracia solo necesita que nada nos impida decidir. En nuestro inconsciente colectivo consideramos que son más útiles los datos que las interpretaciones y, por el mismo prejuicio, tendemos a pensar que es más democrático participar que delegar. Una similar desconfianza ante las mediaciones nos lleva a suponer automáticamente que algo es verdadero cuando es transparente, que toda representación falsifica y que todo secreto es ilegítimo. No hay nada peor que un intermediario. Por eso nos resulta de entrada más cercano un filtrador que un periodista, un aficionado que un profesional, las ONG que los Gobiernos y, por eso mismo, nuestro mayor desprecio se dirige a quien representa la mayor mediación: como nos recuerdan las encuestas, nuestro gran problema es... la clase política. La actual fascinación por las redes sociales, la participación o la proximidad pone de manifiesto que la única utopía que sigue viva es la de la desin-termediación.
Al final, necesitamos mediación, profesionalidad y representación para analizar los datos
Es la opacidad lo que más empobrece las democracias
Estando así las cosas, nadie podía sorprenderse de que las filtraciones de Wikileaks hayan sido recibidas como una confirmación de lo que ya sabíamos: que el sistema es malísimo y nosotros, inocentes. Coincide esto en el tiempo con una crisis económica cuyos exégetas llevan tiempo repitiendo que la estamos pagando los que no la hemos provocado. Afortunadamente, nosotros no formamos parte de ese mercado que se dedica a conspirar y atacar. Identificados los problemas y asignadas las responsabilidades, nos hemos ahorrado casi todo el trabajo de pensar un mundo complejo y adaptar la democracia a las nuevas realidades. La indignación puede seguir sustituyendo cómodamente a la reflexión y al esfuerzo democrático.
La transparencia es, sin duda, uno de los principales valores democráticos, gracias a la cual la ciudadanía puede controlar la actividad de sus cargos electos, verificar el respeto a los procedimientos legales, comprender los procesos de decisión y confiar en las instituciones políticas. Ahora bien, ¿tan seguros estamos de que disponer libremente de 250.000 documentos de la diplomacia americana nos hace más inteligentes y mejores demócratas? ¿Sabríamos más del mundo si se suprimieran todos los secretos? ¿Somos mejores ciudadanos a medida que vamos descubriendo lo torpes y cínicos que son muchas de nuestras autoridades?
No deberíamos dejarnos seducir por la idea de que estamos ante un mundo de información disponible, transparente y sin secretos. De entrada, porque somos conscientes de que determinadasnegociaciones exitosas del pasado no se hubieran producido si hubieran sido retransmitidas en directo. Existe algo que podríamos denominar los beneficios diplomáticos de la intransparencia. Por supuesto que en este aspecto muchos procedimientos tradicionales están llamados a desaparecer y quien a partir de ahora participe en un proceso diplomático ha de saber que muchas cosas terminarán por saberse. Pero también es cierto que la exigencia de una transparencia total podría paralizar la acción pública en no pocas ocasiones. Hay compromisos que no pueden alcanzarse con luz y taquígrafos, lo que suele provocar que los actores radicalicen sus posiciones. Pese a ciertas celebraciones apresuradas de un inminente mundo sin doblez ni zonas de sombra, la distinción entre escenarios y bastidores sigue siendo necesaria para la política.
Pero es que hay también una ambigüedad de la transparencia desnuda, no contextualizada. Es una ilusión pensar que basta con que los datos sean públicos para que reine la verdad en política, los poderes se desnuden y la ciudadanía comprenda lo que realmente pasa. Además del acceso a los datos públicos, está la cuestión de su significado. Poner en la red grandes cantidades de datos y documentos no basta para hacer más inteligible la acción pública: hay que interpretarlos, entender las condiciones en las que han sido producidos, sin olvidar que generalmente no dan cuenta más que de una parte de la realidad.
Además de límites, la transparencia puede tener efectos perversos. No son pocos los que han advertido que Internet se puede convertir en un instrumento de opacidad: al aumentar los datos suministrados a los ciudadanos, complica su trabajo de vigilancia. Es la opacidad y no la falta de transparencia lo que más empobrece las democracias. Obsesionarse con la transparencia descuidando todo lo demás equivale a equivocarse en el foco de atención.
Y a este respecto cabe mencionar un efecto insólito en virtud del cual la realidad política nos resulta ininteligible no porque nos falten datos o porque no escrutemos atentamente a nuestros representantes, sino porque lo hacemos en exceso, de una manera constante e inmediata. La vigilancia extrema sobre los actores políticos puede llevarles a sobreproteger sus acciones. Un ejemplo de ello es el hecho de que muchos políticos, sabiendo que sus menores actos y declaraciones son examinados y difundidos, tienden a encorsetar su comunicación. La democracia está hoy más empobrecida por los discursos que no dicen nada que por el ocultamiento expreso de información.
Las sociedades democráticas reclaman con toda razón un mayor y más fácil acceso a la información. Pero la abundancia de datos no garantiza vigilancia democrática; para ello hace falta, además, movilizar comunidades de intérpretes capaces de darles un contexto, un sentido y una valoración crítica. Separar lo esencial de lo anecdótico, analizar y situar en una perspectiva adecuada los datos exige mediadores que dispongan de tiempo y competencias cognitivas. Los partidos políticos son un instrumento imprescindible para reducir esa complejidad. En este trabajo de interpretación de la realidad también son inevitables los periodistas, cuyo trabajo no va a ser superfluo en la era de Internet, sino todo lo contrario. Pero estoy defendiendo la necesidad cognitiva del sistema político y de los medios de comunicación y no a sus representantes que, como todos, también son manifiestamente mejorables.
Defender hoy este trabajo de mediación equivale a renunciar al grato favor de la corriente, porque casi nadie quiere renunciar a este cauce para el despliegue de la indignación que es la posibilidad de matar al mediador. Frente a todas las promesas de paciencia interpretativa, Internet es un espacio que ofrece participación y democracia directa, expresión y decisión sin intermediarios. Todo lo cual conecta con esa desconfianza democrática hacia el experto y la consiguiente celebración del ciudadano corriente que parece inobjetable democráticamente. La libertad del amateur frente al anquilosamiento del profesional, este vendría a ser el nuevo antagonismo para el que Internet constituye un formidable campo de batalla. La presencia del aficionado, del filtrador escandalizado, es muy importante y contribuye sin duda a democratizar el proceso de creación y circulación de información. Pero en realidad hay una cadena de cooperación muchísimo más compleja entre unos y otros: solo los grandes diarios de referencia tienen las competencias necesarias para explotar esas montañas de información. Al final, terminamos necesitando mediación, profesionalidad y representación. Sin ellas el mundo es menos inteligible y más ingobernable. Juzguemos si estas instancias hacen bien lo que deben y no nos dejemos capturar por la perezosa ilusión de que su mera carencia nos hará libres.
(Artículo de Daniel Innerarity, publicado en "El País" el 22 de febrero de 2011)
Al final, necesitamos mediación, profesionalidad y representación para analizar los datos
Es la opacidad lo que más empobrece las democracias
Estando así las cosas, nadie podía sorprenderse de que las filtraciones de Wikileaks hayan sido recibidas como una confirmación de lo que ya sabíamos: que el sistema es malísimo y nosotros, inocentes. Coincide esto en el tiempo con una crisis económica cuyos exégetas llevan tiempo repitiendo que la estamos pagando los que no la hemos provocado. Afortunadamente, nosotros no formamos parte de ese mercado que se dedica a conspirar y atacar. Identificados los problemas y asignadas las responsabilidades, nos hemos ahorrado casi todo el trabajo de pensar un mundo complejo y adaptar la democracia a las nuevas realidades. La indignación puede seguir sustituyendo cómodamente a la reflexión y al esfuerzo democrático.
La transparencia es, sin duda, uno de los principales valores democráticos, gracias a la cual la ciudadanía puede controlar la actividad de sus cargos electos, verificar el respeto a los procedimientos legales, comprender los procesos de decisión y confiar en las instituciones políticas. Ahora bien, ¿tan seguros estamos de que disponer libremente de 250.000 documentos de la diplomacia americana nos hace más inteligentes y mejores demócratas? ¿Sabríamos más del mundo si se suprimieran todos los secretos? ¿Somos mejores ciudadanos a medida que vamos descubriendo lo torpes y cínicos que son muchas de nuestras autoridades?
No deberíamos dejarnos seducir por la idea de que estamos ante un mundo de información disponible, transparente y sin secretos. De entrada, porque somos conscientes de que determinadasnegociaciones exitosas del pasado no se hubieran producido si hubieran sido retransmitidas en directo. Existe algo que podríamos denominar los beneficios diplomáticos de la intransparencia. Por supuesto que en este aspecto muchos procedimientos tradicionales están llamados a desaparecer y quien a partir de ahora participe en un proceso diplomático ha de saber que muchas cosas terminarán por saberse. Pero también es cierto que la exigencia de una transparencia total podría paralizar la acción pública en no pocas ocasiones. Hay compromisos que no pueden alcanzarse con luz y taquígrafos, lo que suele provocar que los actores radicalicen sus posiciones. Pese a ciertas celebraciones apresuradas de un inminente mundo sin doblez ni zonas de sombra, la distinción entre escenarios y bastidores sigue siendo necesaria para la política.
Pero es que hay también una ambigüedad de la transparencia desnuda, no contextualizada. Es una ilusión pensar que basta con que los datos sean públicos para que reine la verdad en política, los poderes se desnuden y la ciudadanía comprenda lo que realmente pasa. Además del acceso a los datos públicos, está la cuestión de su significado. Poner en la red grandes cantidades de datos y documentos no basta para hacer más inteligible la acción pública: hay que interpretarlos, entender las condiciones en las que han sido producidos, sin olvidar que generalmente no dan cuenta más que de una parte de la realidad.
Además de límites, la transparencia puede tener efectos perversos. No son pocos los que han advertido que Internet se puede convertir en un instrumento de opacidad: al aumentar los datos suministrados a los ciudadanos, complica su trabajo de vigilancia. Es la opacidad y no la falta de transparencia lo que más empobrece las democracias. Obsesionarse con la transparencia descuidando todo lo demás equivale a equivocarse en el foco de atención.
Y a este respecto cabe mencionar un efecto insólito en virtud del cual la realidad política nos resulta ininteligible no porque nos falten datos o porque no escrutemos atentamente a nuestros representantes, sino porque lo hacemos en exceso, de una manera constante e inmediata. La vigilancia extrema sobre los actores políticos puede llevarles a sobreproteger sus acciones. Un ejemplo de ello es el hecho de que muchos políticos, sabiendo que sus menores actos y declaraciones son examinados y difundidos, tienden a encorsetar su comunicación. La democracia está hoy más empobrecida por los discursos que no dicen nada que por el ocultamiento expreso de información.
Las sociedades democráticas reclaman con toda razón un mayor y más fácil acceso a la información. Pero la abundancia de datos no garantiza vigilancia democrática; para ello hace falta, además, movilizar comunidades de intérpretes capaces de darles un contexto, un sentido y una valoración crítica. Separar lo esencial de lo anecdótico, analizar y situar en una perspectiva adecuada los datos exige mediadores que dispongan de tiempo y competencias cognitivas. Los partidos políticos son un instrumento imprescindible para reducir esa complejidad. En este trabajo de interpretación de la realidad también son inevitables los periodistas, cuyo trabajo no va a ser superfluo en la era de Internet, sino todo lo contrario. Pero estoy defendiendo la necesidad cognitiva del sistema político y de los medios de comunicación y no a sus representantes que, como todos, también son manifiestamente mejorables.
Defender hoy este trabajo de mediación equivale a renunciar al grato favor de la corriente, porque casi nadie quiere renunciar a este cauce para el despliegue de la indignación que es la posibilidad de matar al mediador. Frente a todas las promesas de paciencia interpretativa, Internet es un espacio que ofrece participación y democracia directa, expresión y decisión sin intermediarios. Todo lo cual conecta con esa desconfianza democrática hacia el experto y la consiguiente celebración del ciudadano corriente que parece inobjetable democráticamente. La libertad del amateur frente al anquilosamiento del profesional, este vendría a ser el nuevo antagonismo para el que Internet constituye un formidable campo de batalla. La presencia del aficionado, del filtrador escandalizado, es muy importante y contribuye sin duda a democratizar el proceso de creación y circulación de información. Pero en realidad hay una cadena de cooperación muchísimo más compleja entre unos y otros: solo los grandes diarios de referencia tienen las competencias necesarias para explotar esas montañas de información. Al final, terminamos necesitando mediación, profesionalidad y representación. Sin ellas el mundo es menos inteligible y más ingobernable. Juzguemos si estas instancias hacen bien lo que deben y no nos dejemos capturar por la perezosa ilusión de que su mera carencia nos hará libres.
(Artículo de Daniel Innerarity, publicado en "El País" el 22 de febrero de 2011)
MI EDUCACIÓN EUROPEA.
EUROPA se ha quedado sin moral. Las palabras de Ortega en La rebeliónde las masas se repiten, seguramente con exceso, en estos tiempos de crisis. Da pudor opinar sobre la moral ajena, aunque sea bajo la coartada de un colectivo (Europa) que tampoco sabríamos definir exactamente. Antes de hablar así, convendría hacer ciertas precisiones sobre el sentido de «moral» y preguntar por las convenciones lingüísticas de los demás. Para entendernos. Por eso es mejor rebajar la solemnidad de las palabras y decir que Europa se está quedando sin educación.
Como en otros ámbitos, Europa pierde centralidad. Me remito al último Informe PISA sobre la enseñanza en la OCDE, que muestra el auge de algunos países asiáticos y el estancamiento de España y buena parte de Europa; o a los diversos rankingsdonde las universidades americanas van dejando huecos hacia el Este en un escenario no hace tanto dominado por Europa. Y nuestra dinámica no es esperanzadora. Basta preguntar a los docentes. En España, pero también en Italia, donde se viven jornadas de protesta por el exceso de normas, la falta de medios y los recortes a las becas; o en una Inglaterra incendiada ante la subida de las tasas universitarias. Por no hablar de Grecia.
Es cierto que Europa lidia con un serio problema de inmigración y que, aunque esté lejos de darle al extranjero el trato justo que algunos reivindicamos desde un ideal cosmopolita, los grandes esfuerzos que se hacen por su integración penalizan el rendimiento medio del sistema educativo. También son ciertas nuestra crisis económica y la sensación de no poder seguir sufragando los costes sociales que hemos sabido darnos, como si la enseñanza (pública) fuera un coste más. Nada ayuda.
Sin embargo, la educación es prioritaria. Está en la base de la generación de valor y cohesión social. La mejor inversión de futuro. Y hay margen para optimizar los recursos disponibles desviando hacia la educación parte de los que se consumen en áreas de acción pública infinitamente menos rentables socialmente, sea por la atención a políticas marginales y no productivas o por el mantenimiento de estructuras administrativas ineficientes.
Sumando la inestabilidad legislativa a la falta de apoyo real al profesorado y a sus necesidades materiales para enseñar y vivir, o a la inversa, el diagnóstico tiene que ver con la dispersión de las áreas de decisión y el localismo excesivo. También con la instrumentalización del debate político sobre la enseñanza, enfocado al corto plazo de las elecciones o —aún peor— de las encuestas que guían a ciegas las acciones de gobierno. Falta el horizonte necesario —en el espacio y en el tiempo— para diseñar sistemas que maduren y den réditos a favor de otras generaciones, en un entorno competitivo donde solo progresarán quienes acierten con una política educativa de largo alcance, amplio consenso y capaz de anticipar las necesidades de una sociedad en evolución. Mejor sociedad que mercado: en materia de educación no deben actuar solo vectores económicos, sino también las convicciones colectivas profundas acerca de la clase de futuro para el que queremos prepararnos. De ahí la necesidad del consenso social.
Solo he conocido la enseñanza pública. En el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid tuve los mejores profesores imaginables. Recuerdo al buen maestro que perdió a su familia al estrellarse el seiscientos en que viajaban. Nos hizo ver de cerca a un puñado de niños las heridas injustas de la muerte y el valor ejemplar de la dignidad. Una lección dolorosa, difícil de replicar cuando se cuestiona la autoridad del profesor hasta llegar al acoso moral o físico. En los últimos años disfruté de experiencias inolvidables: el profesor Brañas, cuyos ojos entrecerrados brillaban al tratar de inyectarnos en vena el ibant obscuri sola sub nocte per umbram, de Virgilio; la profesora Toranzos, que simplificaba de tal modo el griego homérico que lo podíamos leer aquellos preadolescentes medio imberbes y medio bárbaros, a medida que nos civilizábamos; el padre Mindán Manero, embozado en una sotana que arrastraba hasta el suelo, las manos a la espalda, grandes zancadas, explicando tan razonadamente a Platón y a Nietzsche que era imposible saber con qué carta se quedaba; o Jaime Oliver Asín, sobrino del islamista Asín Palacios, que nos trataba como adultos y nos aproximó como adultos a la literatura y a un viejo corazón compartido con el mundo árabe para nombrar las ciudades o las estrellas. Un lujo.
Podría decir prácticamente lo mismo de la Universidad Complutense. Salí de sus aulas para, casi sin solución de continuidad, convertirme en profesor de derecho civil. Treinta y cinco años de docente, la mayor parte en la UNED. La única universidad que depende del Estado y que, por su extraordinaria función social en todas las comunidades de España, cubriendo los huecos que dejan otros centros universitarios, llegando a pueblos, cárceles, trabajadores e inmigrantes, merecería más reconocimiento y una mucho mayor atención presupuestaria.
Nadie me hará renegar de la enseñanza pública. Me considero un privilegiado y no dudo de que es la garantía última de calidad e igualdad, sin discriminación, en la formación de los jóvenes, aunque para competir en la sociedad global sean también imprescindibles las instituciones privadas que gradúan la oferta educativa orientándola a todos los matices de la demanda.
Hoy, encuestas aparte, vemos niveles de aprendizaje muy bajos en colegios y universidades; más bajos que antes, aunque la enseñanza se haya generalizado. Pocos conocimientos y menos herramientas para adquirirlos. Falla lo básico: el dominio del lenguaje o los lenguajes, de las matemáticas y de la historia, la disposición al sacrificio. Frente al valor del esfuerzo, el tótem del entretenimiento al que servimos entre todos, padres y profesores especialmente, como si tuviéramos la obligación de suavizar a los jóvenes las asperezas de la vida. El triunfo de lo efímero y lo superficial. Además, los sistemas se retroalimentan: quienes nos gobiernan no son reclutados por una formación sobresaliente, que tendrán dificultades para apreciar y difundir. Su experiencia profesional se suele limitar a la vida interna de los partidos políticos, donde nacen, crecen, se reproducen y mueren. Unos ecosistemas necesarios pero poco exigentes en términos de cualificación académica. No son los únicos. Hablo de Europa, pero la situación, mejor en países como Finlandia, Suecia, Holanda o Alemania, es particularmente grave en España. No solo gracias a nuestro nivel educativo por debajo de la media, la altísima tasa de paro entre los jóvenes o las carencias en política científica y formación profesional, sino por una dosis inconsciente de autocomplacencia. ¿Qué podemos esperar?
La respuesta para los habitantes de esta vieja tierra desparramada es no esperar. Reinventar el papel de Europa como forma no excluyente de civilización proyectada en la enseñanza. Aquí donde hemos alcanzado las cotas más altas de excelencia académica y bienestar social. El lugar del griego, el latín y un derecho expandido en el mundo por el imperio de la razón. El origen de la cultura cristiana y las universidades; del humanismo, la Ilustración y los conceptos que han llevado al Estado moderno y a un orden mental y social con vocación universal que hemos de seguir transformando. Quizás antes que un euro sólido nos falte mayor sentido de la responsabilidad: dejar de fiarlo todo a la maquinaria oxidada de los Estados, cuya acción debemos los ciudadanos guiar milimétricamente, y hacer cada uno más en su competencia, exigiendo, votando, instruyendo, con el empeño de consolidar un espacio común y abierto que supere los balbuceos de Bolonia y prepare una unidad cultural, económica y política más firme y mejor institucionalizada. Por un lugar digno en la sociedad internacional y que esta sea más lúcida, solidaria y justa. La Europa que me enseñaron o soñaron, tal vez, pensadores como Erasmo, Montaigne, Locke, Voltaire o Kant. El único futuro para esta piel de toro cuarteada.
(Artículo de Antonio Hernández-Gil, publicado en "ABC" el 21 de febrero de 2011)
Como en otros ámbitos, Europa pierde centralidad. Me remito al último Informe PISA sobre la enseñanza en la OCDE, que muestra el auge de algunos países asiáticos y el estancamiento de España y buena parte de Europa; o a los diversos rankingsdonde las universidades americanas van dejando huecos hacia el Este en un escenario no hace tanto dominado por Europa. Y nuestra dinámica no es esperanzadora. Basta preguntar a los docentes. En España, pero también en Italia, donde se viven jornadas de protesta por el exceso de normas, la falta de medios y los recortes a las becas; o en una Inglaterra incendiada ante la subida de las tasas universitarias. Por no hablar de Grecia.
Es cierto que Europa lidia con un serio problema de inmigración y que, aunque esté lejos de darle al extranjero el trato justo que algunos reivindicamos desde un ideal cosmopolita, los grandes esfuerzos que se hacen por su integración penalizan el rendimiento medio del sistema educativo. También son ciertas nuestra crisis económica y la sensación de no poder seguir sufragando los costes sociales que hemos sabido darnos, como si la enseñanza (pública) fuera un coste más. Nada ayuda.
Sin embargo, la educación es prioritaria. Está en la base de la generación de valor y cohesión social. La mejor inversión de futuro. Y hay margen para optimizar los recursos disponibles desviando hacia la educación parte de los que se consumen en áreas de acción pública infinitamente menos rentables socialmente, sea por la atención a políticas marginales y no productivas o por el mantenimiento de estructuras administrativas ineficientes.
Sumando la inestabilidad legislativa a la falta de apoyo real al profesorado y a sus necesidades materiales para enseñar y vivir, o a la inversa, el diagnóstico tiene que ver con la dispersión de las áreas de decisión y el localismo excesivo. También con la instrumentalización del debate político sobre la enseñanza, enfocado al corto plazo de las elecciones o —aún peor— de las encuestas que guían a ciegas las acciones de gobierno. Falta el horizonte necesario —en el espacio y en el tiempo— para diseñar sistemas que maduren y den réditos a favor de otras generaciones, en un entorno competitivo donde solo progresarán quienes acierten con una política educativa de largo alcance, amplio consenso y capaz de anticipar las necesidades de una sociedad en evolución. Mejor sociedad que mercado: en materia de educación no deben actuar solo vectores económicos, sino también las convicciones colectivas profundas acerca de la clase de futuro para el que queremos prepararnos. De ahí la necesidad del consenso social.
Solo he conocido la enseñanza pública. En el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid tuve los mejores profesores imaginables. Recuerdo al buen maestro que perdió a su familia al estrellarse el seiscientos en que viajaban. Nos hizo ver de cerca a un puñado de niños las heridas injustas de la muerte y el valor ejemplar de la dignidad. Una lección dolorosa, difícil de replicar cuando se cuestiona la autoridad del profesor hasta llegar al acoso moral o físico. En los últimos años disfruté de experiencias inolvidables: el profesor Brañas, cuyos ojos entrecerrados brillaban al tratar de inyectarnos en vena el ibant obscuri sola sub nocte per umbram, de Virgilio; la profesora Toranzos, que simplificaba de tal modo el griego homérico que lo podíamos leer aquellos preadolescentes medio imberbes y medio bárbaros, a medida que nos civilizábamos; el padre Mindán Manero, embozado en una sotana que arrastraba hasta el suelo, las manos a la espalda, grandes zancadas, explicando tan razonadamente a Platón y a Nietzsche que era imposible saber con qué carta se quedaba; o Jaime Oliver Asín, sobrino del islamista Asín Palacios, que nos trataba como adultos y nos aproximó como adultos a la literatura y a un viejo corazón compartido con el mundo árabe para nombrar las ciudades o las estrellas. Un lujo.
Podría decir prácticamente lo mismo de la Universidad Complutense. Salí de sus aulas para, casi sin solución de continuidad, convertirme en profesor de derecho civil. Treinta y cinco años de docente, la mayor parte en la UNED. La única universidad que depende del Estado y que, por su extraordinaria función social en todas las comunidades de España, cubriendo los huecos que dejan otros centros universitarios, llegando a pueblos, cárceles, trabajadores e inmigrantes, merecería más reconocimiento y una mucho mayor atención presupuestaria.
Nadie me hará renegar de la enseñanza pública. Me considero un privilegiado y no dudo de que es la garantía última de calidad e igualdad, sin discriminación, en la formación de los jóvenes, aunque para competir en la sociedad global sean también imprescindibles las instituciones privadas que gradúan la oferta educativa orientándola a todos los matices de la demanda.
Hoy, encuestas aparte, vemos niveles de aprendizaje muy bajos en colegios y universidades; más bajos que antes, aunque la enseñanza se haya generalizado. Pocos conocimientos y menos herramientas para adquirirlos. Falla lo básico: el dominio del lenguaje o los lenguajes, de las matemáticas y de la historia, la disposición al sacrificio. Frente al valor del esfuerzo, el tótem del entretenimiento al que servimos entre todos, padres y profesores especialmente, como si tuviéramos la obligación de suavizar a los jóvenes las asperezas de la vida. El triunfo de lo efímero y lo superficial. Además, los sistemas se retroalimentan: quienes nos gobiernan no son reclutados por una formación sobresaliente, que tendrán dificultades para apreciar y difundir. Su experiencia profesional se suele limitar a la vida interna de los partidos políticos, donde nacen, crecen, se reproducen y mueren. Unos ecosistemas necesarios pero poco exigentes en términos de cualificación académica. No son los únicos. Hablo de Europa, pero la situación, mejor en países como Finlandia, Suecia, Holanda o Alemania, es particularmente grave en España. No solo gracias a nuestro nivel educativo por debajo de la media, la altísima tasa de paro entre los jóvenes o las carencias en política científica y formación profesional, sino por una dosis inconsciente de autocomplacencia. ¿Qué podemos esperar?
La respuesta para los habitantes de esta vieja tierra desparramada es no esperar. Reinventar el papel de Europa como forma no excluyente de civilización proyectada en la enseñanza. Aquí donde hemos alcanzado las cotas más altas de excelencia académica y bienestar social. El lugar del griego, el latín y un derecho expandido en el mundo por el imperio de la razón. El origen de la cultura cristiana y las universidades; del humanismo, la Ilustración y los conceptos que han llevado al Estado moderno y a un orden mental y social con vocación universal que hemos de seguir transformando. Quizás antes que un euro sólido nos falte mayor sentido de la responsabilidad: dejar de fiarlo todo a la maquinaria oxidada de los Estados, cuya acción debemos los ciudadanos guiar milimétricamente, y hacer cada uno más en su competencia, exigiendo, votando, instruyendo, con el empeño de consolidar un espacio común y abierto que supere los balbuceos de Bolonia y prepare una unidad cultural, económica y política más firme y mejor institucionalizada. Por un lugar digno en la sociedad internacional y que esta sea más lúcida, solidaria y justa. La Europa que me enseñaron o soñaron, tal vez, pensadores como Erasmo, Montaigne, Locke, Voltaire o Kant. El único futuro para esta piel de toro cuarteada.
(Artículo de Antonio Hernández-Gil, publicado en "ABC" el 21 de febrero de 2011)
POR UNA FISCALÍA IMPARCIAL.
EL PP está reiterando sus quejas por el carácter progubernamental de algunas actuaciones muy cualificadas del fiscal general del Estado, no solo en asuntos de corrupción que afecten a ese partido, sino también en otros de extraordinario interés público, como lo fueron algunos sumarios contra el entramado batasuno durante la negociación política del Gobierno con ETA, y lo es, actualmente, el «caso Faisán». El hecho de que estas protestas vengan de un partido político, y al margen de que puedan incurrir en algún exceso verbal, no obsta a la gravedad de las responsabilidades que incumben al Gobierno y a Conde-Pumpido por haber transformado la Fiscalía en un arma arrojadiza contra la oposición y en una mordaza para ocultar la verdad incómoda. La escandalosa malversación de fondos públicos en los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía —ABC ofrece hoy el documento que prueba que el presidente del Gobierno andaluz avaló en su época de consejero los ERE irregulares— es el último episodio de la sujeción de la Fiscalía al interés del Gobierno. No es temerario pensar que si ese fraude hubiera sido cometido por el gobierno popular de Madrid, de Galicia o de Valencia, la reacción de la Fiscalía Anticorrupción habría consistido en una cadena de detenciones e imputaciones. El «caso Faisán» ha demostrado el oportunismo de la Fiscalía, que ha pasado de pedir el archivo del sumario a proponer diligencias con las que no sería extraño que pretenda crear un cortafuegos que proteja a los más altos cargos de Interior. Este es el Ministerio Fiscal que quería el PSOE, y para lograrlo reformó su Estatuto Orgánico, convirtiendo el principio de jerarquía en una forma de caudillaje que entrega el poder al fiscal general, después de haber convertido la Junta de Fiscales de Sala en su gabinete privado —pese a la calidad de muchos, no todos, de sus integrantes—, y el Consejo Fiscal, en un órgano decorativo.
La Justicia necesita reformas estructurales, y no solo en relación con el funcionamiento de los tribunales. El Ministerio Público se encuentra en su momento histórico de mayor descrédito y, si se produce un cambio de gobierno, su reforma ha de ser prioritaria para que la legalidad y la imparcialidad que proclama la Constitución como principios de su funcionamiento sean reglas de aplicación real, y no meras declaraciones de intenciones. La Fiscalía, compuesta por excelentes servidores públicos en su inmensa mayoría, es imprescindible para la defensa de los derechos y las libertades fundamentales y para promover la acción de la Justicia, pero no es su función servir de quinta columna del Gobierno en los tribunales.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 20 de febrero de 2011)
PARTIDOS POLÍTICOS Y ACCIÓN POPULAR.
Los partidos políticos tienen una función esencial en la formación de la voluntad colectiva, cual es su preparación, impulso y decisión. Este proceso culmina con la expresión de la voluntad ciudadana en el Parlamento, donde encuentra su cauce regular. Es por ello que se ha definido la democracia actual como Estado de partidos, un modelo en el que la relación con la sociedad civil es determinada y garantizada materialmente a través del sistema de partidos. La Constitución española adopta el modelo en su artículo 6, que establece: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el objeto de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.Sin embargo, cabe plantearse si los partidos políticos pueden, a su vez, utilizar mecanismos de participación en los asuntos públicos que el legislador constitucional quiso reservar para el ejercicio directo de los ciudadanos, fortaleciendo así cauces de participación ciudadana no dependientes de aquellos. A día de hoy, parece que la centralidad de los partidos en el diseño constitucional y político ha desembocado en algo muy distinto; a saber, su transversalidad: los partidos acaban ocupando espacios que, en principio, el constituyente ha considerado ajenos a su intervención, en paralelismo con lo que, en el derecho mercantil, se conoce como abuso de posición dominante. Un ejemplo de ello es el ejercicio de la acción popular.
Es bien cierto que el art.125 de la Constitución no parece poner límite alguno al ejercicio de la acción popular por parte de los partidos políticos. Sin embargo, dicho instrumento forma parte de un grupo de instituciones que la Constitución quiso reservar para su ejercicio ciudadano. En ese ejercicio directo de la democracia se encuentran figuras como la participación directa en asuntos públicos del art.23.1, primer inciso; el derecho de petición del art.29.1; la iniciativa popular del art. 87.3; la participación en el enjuiciamiento por medio de un jurado y, finalmente, la acción popular, según el art.125. Son, pues, espacios constitucionalmente reservados al ejercicio directo de los derechos de ciudadanía y participación en la gestión de los asuntos públicos que se configuran al margen de las instituciones representativas, como un cauce distinto de la intervención popular en los asuntos públicos. Uno de los ejemplos citados es el ejercicio de la iniciativa legislativa popular. Aunque no se diga de manera explícita, resultaría frontalmente contrario a la Constitución que un partido político presentara una iniciativa legislativa al amparo del art.87.3 y un notorio fraude de ley que hiciera pasar como iniciativa popular una iniciativa auspiciada, dirigida y difundida entre y por sus militantes. No otra cosa cabe afirmar de lo recogido en el art.125 de la Constitución: no existe una limitación expresa a su ejercicio por los partidos, pero ello se desprende sin dificultad del sistema de equilibrios y contrapesos que alumbró el legislador constituyente de 1978.
El ejercicio por los partidos políticos de la acción popular acaba fagocitando la iniciativa ciudadana y arrinconando el ejercicio por los particulares de la acción popular al convertirse en instrumento de combate de los partidos, los cuales extraen de las causas penales informaciones y argumentos que utilizar en el debate político. En definitiva, los partidos acaban teniendo presencia en los procesos con finalidades últimas extraprocesales. Dicha presencia y utilización contraviene frontalmente el diseño constitucional: si la finalidad de los partidos políticos consiste, según la Constitución, en servir de instrumento fundamental de la participación política y de formación de la voluntad popular, dichos elementos delimitan su ámbito posible de actuación y marcan las fronteras de su actuación legítima. No parece, salvo perversión del sistema y voladura de los equilibrios constitucionales, que la acción popular suponga el ejercicio de alguna de las dos misiones que la Constitución reserva a los partidos, salvo que se pretenda utilizar la acción penal como instrumento del debate político y se produzca un abuso de posición dominante por parte de los partidos.
Por otra parte, el propio Tribunal Constitucional ha advertido que, por la especial naturaleza de los partidos políticos y lo cualificado de sus funciones constitucionales, disfrutan de ciertos privilegios, pero también son acreedores de ciertas limitaciones en su actuar. En este sentido, en la Sentencia 3/1981, de 2 de febrero, el Tribunal afirmó que “conclusiones parecidas se deducen de otro argumento formulado en las alegaciones para justificar un régimen jurídico peculiar de los partidos políticos; el que estos por razón de esa cierta función pública que tienen en las modernas democracias, gozan legalmente de determinados privilegios, que ha de tener como lógica contrapartida determinadas limitaciones, no aplicables a las acciones en general”.
De acuerdo con dicha doctrina constitucional, ningún obstáculo constitucional existiría para que, en una futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, se prohibiera a los partidos políticos ser parte en el proceso penal en concepto de acción popular, precisamente, porque el ejercicio de sus funciones constitucionalmente asignadas, que conlleva ciertos privilegios, comporta, igualmente, determinadas limitaciones que no son aplicables al resto de entidades públicas y privadas.
(Artículo de Carlos Bautista, publicado en "Público" el 20 de febrero de 2011)
Es bien cierto que el art.125 de la Constitución no parece poner límite alguno al ejercicio de la acción popular por parte de los partidos políticos. Sin embargo, dicho instrumento forma parte de un grupo de instituciones que la Constitución quiso reservar para su ejercicio ciudadano. En ese ejercicio directo de la democracia se encuentran figuras como la participación directa en asuntos públicos del art.23.1, primer inciso; el derecho de petición del art.29.1; la iniciativa popular del art. 87.3; la participación en el enjuiciamiento por medio de un jurado y, finalmente, la acción popular, según el art.125. Son, pues, espacios constitucionalmente reservados al ejercicio directo de los derechos de ciudadanía y participación en la gestión de los asuntos públicos que se configuran al margen de las instituciones representativas, como un cauce distinto de la intervención popular en los asuntos públicos. Uno de los ejemplos citados es el ejercicio de la iniciativa legislativa popular. Aunque no se diga de manera explícita, resultaría frontalmente contrario a la Constitución que un partido político presentara una iniciativa legislativa al amparo del art.87.3 y un notorio fraude de ley que hiciera pasar como iniciativa popular una iniciativa auspiciada, dirigida y difundida entre y por sus militantes. No otra cosa cabe afirmar de lo recogido en el art.125 de la Constitución: no existe una limitación expresa a su ejercicio por los partidos, pero ello se desprende sin dificultad del sistema de equilibrios y contrapesos que alumbró el legislador constituyente de 1978.
El ejercicio por los partidos políticos de la acción popular acaba fagocitando la iniciativa ciudadana y arrinconando el ejercicio por los particulares de la acción popular al convertirse en instrumento de combate de los partidos, los cuales extraen de las causas penales informaciones y argumentos que utilizar en el debate político. En definitiva, los partidos acaban teniendo presencia en los procesos con finalidades últimas extraprocesales. Dicha presencia y utilización contraviene frontalmente el diseño constitucional: si la finalidad de los partidos políticos consiste, según la Constitución, en servir de instrumento fundamental de la participación política y de formación de la voluntad popular, dichos elementos delimitan su ámbito posible de actuación y marcan las fronteras de su actuación legítima. No parece, salvo perversión del sistema y voladura de los equilibrios constitucionales, que la acción popular suponga el ejercicio de alguna de las dos misiones que la Constitución reserva a los partidos, salvo que se pretenda utilizar la acción penal como instrumento del debate político y se produzca un abuso de posición dominante por parte de los partidos.
Por otra parte, el propio Tribunal Constitucional ha advertido que, por la especial naturaleza de los partidos políticos y lo cualificado de sus funciones constitucionales, disfrutan de ciertos privilegios, pero también son acreedores de ciertas limitaciones en su actuar. En este sentido, en la Sentencia 3/1981, de 2 de febrero, el Tribunal afirmó que “conclusiones parecidas se deducen de otro argumento formulado en las alegaciones para justificar un régimen jurídico peculiar de los partidos políticos; el que estos por razón de esa cierta función pública que tienen en las modernas democracias, gozan legalmente de determinados privilegios, que ha de tener como lógica contrapartida determinadas limitaciones, no aplicables a las acciones en general”.
De acuerdo con dicha doctrina constitucional, ningún obstáculo constitucional existiría para que, en una futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, se prohibiera a los partidos políticos ser parte en el proceso penal en concepto de acción popular, precisamente, porque el ejercicio de sus funciones constitucionalmente asignadas, que conlleva ciertos privilegios, comporta, igualmente, determinadas limitaciones que no son aplicables al resto de entidades públicas y privadas.
(Artículo de Carlos Bautista, publicado en "Público" el 20 de febrero de 2011)
Y DE LOS FUNCIONARIOS QUÉ.
Nos han ilustrado las crónicas con la metodología fraudulenta seguida por Matas y Fiol para contratar por más de un millón de euros el anteproyecto y las dos maquetas del proyecto de ópera. Todo ello después de una rutilante reunión en Roma, donde participaron Matas, Calatrava y… ¡cómo no!, nuestro numen benefactor, don Pedro Serra –Pedrito para Joan Fageda, que es como de la familia–, que no nos abandona ni de noche ni de día, siempre velando por nuestro bienestar, que es el suyo. Parece ser que el arquitecto de la vicepresidencia –un tipo que se la coge con papel de fumar–, dijo que él no estampaba la firma en el informe favorable a la legalidad de la contratación del empíreo valenciano si otro arquitecto del Ibisec no lo hacía. Por lo visto, estando reunidos debatiendo la legalidad de tal trámite administrativo, irrumpió en la sala el conseller de Educación –hermano del abogado de Sacresa, (Can Domenge)–, para avisar con el dedo que en ningún caso habría represalias… pero que se tenía que firmar de todas todas. Vaya si firmaron los titulados superiores.
Es un hecho evidente que muchos de los episodios de corrupción que hemos vivido no hubieran podido suceder si hubiéramos tenido una oposición que mereciera este nombre y si los funcionarios encargados en todas las instituciones de velar por la legalidad hubieran cumplido con sus obligaciones. Últimamente, con motivo de la crisis y el brutal desempleo, algunas voces han clamado por terminar con el puesto de trabajo para toda la vida de los empleados públicos. Aparte de las tareas exclusivamente administrativas, tienen los funcionarios, entre otras cosas, la condición de fedatarios públicos y de garantes de la legalidad de las decisiones de la administración. La inamovilidad del puesto de trabajo debería ser la salvaguarda por la que el funcionario no se debe a los políticos sino a las leyes. Imagínense en qué se convertiría la administración si los políticos pudieran despedir a quienes puedan contradecirles en el ejercicio de su función. Pero, claro, hay todo un arsenal de gabelas –como las que quería poner en marcha el conseller pompier Moragues– que pueden ablandar al más terco. Te quedas sin productividad, sin bufanda, sin jefatura, encerrado en un despacho practicando jiu-jitsu con las musarañas. O sea, que hay un exceso de discrecionalidades, en relación al desarrollo del trabajo y de los emolumentos, que actúan como emolientes de la tumoración de legalismos que perturban y entorpecen los sueños de nuestras dilectas autoridades. Como en otras palabras altisonantes que se reclaman de grandes principios, autonomía, ¡cuántos pecados se cometen en tu nombre! No habríamos llegado donde estamos si se hubieran mantenido las acreditaciones y los concursos a nivel de todo el Estado de los viejos cuerpos nacionales de secretarios, interventores y depositarios para la administración local y nos hubiéramos ahorrado estos directores generales no funcionarios con que han trufado la administración. Y si para formar el nuevo funcionariado de las comunidades autónomas y los parlamentos no se hubieran implementado en ocasiones los sistemas heterodoxos –por llamarlos de una manera compasiva– que se han utilizado. Hemos podido constatar el nepotismo y el clientelismo, del cual un ejemplo paradigmático es la convocatoria de los Serveis Ferroviaris de Mallorca, concursos a la medida de los enchufados, protagonizados por todas las fuerzas políticas. Nada ilustra mejor el surrealismo de la partitocracia que sufrimos, que la genial idea de nombrar dos gerentes para dirigir una empresa pública, como es SFM. Como se sabe, el más elemental principio de organización supone que cada nivel de gestión debe tener un responsable. Aquí, como los partidos de progrés no se fían el uno del otro y además tienen que colocar como sea a sus afiliados, tenemos dos. Como si en vez de una alcaldesa, tuviéramos dos, de partidos diferentes.
Lo que no acabo de comprender es que los jueces pasen por alto o minimicen esta responsabilidad de unos funcionarios que son instrumento necesario para la comisión de muchos de los delitos de corrupción. Incurren en prevaricación, como los compañeros del PP de Fernando Rubio, que también votaron la venta de can Domenge, y a quienes no se les han exigido responsabilidades. Pero son estos funcionarios que, bien por pusilanimidad, por temor a la pérdida de privilegios, o por ser ellos mismos corruptos, no están a la altura de su función. Si están al servicio de los políticos en vez de estarlo de las leyes deberían perder su condición. Son indignos de ella.
(Artículo de Ramón Aguiló, publicado en "Diario de Mallorca" el 18 de febrero de 2011)
Es un hecho evidente que muchos de los episodios de corrupción que hemos vivido no hubieran podido suceder si hubiéramos tenido una oposición que mereciera este nombre y si los funcionarios encargados en todas las instituciones de velar por la legalidad hubieran cumplido con sus obligaciones. Últimamente, con motivo de la crisis y el brutal desempleo, algunas voces han clamado por terminar con el puesto de trabajo para toda la vida de los empleados públicos. Aparte de las tareas exclusivamente administrativas, tienen los funcionarios, entre otras cosas, la condición de fedatarios públicos y de garantes de la legalidad de las decisiones de la administración. La inamovilidad del puesto de trabajo debería ser la salvaguarda por la que el funcionario no se debe a los políticos sino a las leyes. Imagínense en qué se convertiría la administración si los políticos pudieran despedir a quienes puedan contradecirles en el ejercicio de su función. Pero, claro, hay todo un arsenal de gabelas –como las que quería poner en marcha el conseller pompier Moragues– que pueden ablandar al más terco. Te quedas sin productividad, sin bufanda, sin jefatura, encerrado en un despacho practicando jiu-jitsu con las musarañas. O sea, que hay un exceso de discrecionalidades, en relación al desarrollo del trabajo y de los emolumentos, que actúan como emolientes de la tumoración de legalismos que perturban y entorpecen los sueños de nuestras dilectas autoridades. Como en otras palabras altisonantes que se reclaman de grandes principios, autonomía, ¡cuántos pecados se cometen en tu nombre! No habríamos llegado donde estamos si se hubieran mantenido las acreditaciones y los concursos a nivel de todo el Estado de los viejos cuerpos nacionales de secretarios, interventores y depositarios para la administración local y nos hubiéramos ahorrado estos directores generales no funcionarios con que han trufado la administración. Y si para formar el nuevo funcionariado de las comunidades autónomas y los parlamentos no se hubieran implementado en ocasiones los sistemas heterodoxos –por llamarlos de una manera compasiva– que se han utilizado. Hemos podido constatar el nepotismo y el clientelismo, del cual un ejemplo paradigmático es la convocatoria de los Serveis Ferroviaris de Mallorca, concursos a la medida de los enchufados, protagonizados por todas las fuerzas políticas. Nada ilustra mejor el surrealismo de la partitocracia que sufrimos, que la genial idea de nombrar dos gerentes para dirigir una empresa pública, como es SFM. Como se sabe, el más elemental principio de organización supone que cada nivel de gestión debe tener un responsable. Aquí, como los partidos de progrés no se fían el uno del otro y además tienen que colocar como sea a sus afiliados, tenemos dos. Como si en vez de una alcaldesa, tuviéramos dos, de partidos diferentes.
Lo que no acabo de comprender es que los jueces pasen por alto o minimicen esta responsabilidad de unos funcionarios que son instrumento necesario para la comisión de muchos de los delitos de corrupción. Incurren en prevaricación, como los compañeros del PP de Fernando Rubio, que también votaron la venta de can Domenge, y a quienes no se les han exigido responsabilidades. Pero son estos funcionarios que, bien por pusilanimidad, por temor a la pérdida de privilegios, o por ser ellos mismos corruptos, no están a la altura de su función. Si están al servicio de los políticos en vez de estarlo de las leyes deberían perder su condición. Son indignos de ella.
(Artículo de Ramón Aguiló, publicado en "Diario de Mallorca" el 18 de febrero de 2011)
LA AGENDA DE LA LIBERTAD.
Hay pavor en la Internacional Autoritaria. No son buenos tiempos para los autócratas. Tampoco para sus amigos y aliados occidentales. La oleada revolucionaria promete un tiempo nuevo, que exigirá una forma de gobernar y de comportarse distinta, probablemente fuera del alcance de la mayoría de los dictadores y reyezuelos que roban y oprimen a sus ciudadanos.
Los jóvenes de la plaza Tahrir, los que de verdad han doblado el espinazo a una dictadura crucial en la geopolítica de Oriente Medio, han trazado una línea que organiza el mundo político del futuro: ya no valen las derechas y las izquierdas del siglo XX. Las ansias de libertad y prosperidad de esta nueva generación global y tecnológica dejan a un lado, y bajo un mismo estigma, a Fidel Castro y al coronel Gaddafi, a los reyezuelos de la Península Arábiga y al último dictador europeo, Aleksander Lukashenko; y, naturalmente, a los más eficaces y autoritarios de todos, quizás no lo más corruptos personalmente, como son los mandarines chinos.
Ahora hay que decidirse, para que todos sepamos quien queda de un lado y del otro de la línea y cómo debe tratarse desde la parte de acá a los de la parte de allá. Lo primero, pues, es saber si queremos estar al lado de los tunecinos y los egipcios, si les apoyamos en la construcción de la democracia y la prosperidad o preferimos seguir enredando.Washington ya ha dicho que sí, rotundamente, mientras que Bruselas no se sabe muy bien si ha dicho algo y qué ha dicho. Si atendemos a la gesticulación italiana con la inmigración estamos diciendo que no y que nos gustaba más el mundo anterior, con las poblaciones bajo el control de los dictadores. Si nos fijamos en Francia, basta con ver la cara que le está quedando a su ministra de Exteriores, Michèle Alliot-Marie, para ver que nos gustaban más los tiranos, con quienes tan buenas relaciones mantienen ciertas élites europeas, francesas sobre todo.
Esa nueva división del mundo entre autoritarios y liberales es tan sencilla de enunciar como difícil de definir y organizar. Después de un mes de vacilaciones, peleas domésticas y lluvia de críticas, la Casa Blanca y el departamento de Estado han empezado a ponerse a la tarea. Hay talentos del pesimismo que no cesan en su imprecación contra Barack Obama. Lo último que podía admitir el pensamiento más conservador es que Mubarak cayera o que vencieran los héroes de Tahrir y que no fuera por el impulso directo de una orden salida de Washington. El ensanchamiento de la libertad en el mundo se concibe como una reducción del poder y la fuerza de Estados Unidos. Curiosa forma de contemplar a un país que tiene sus orígenes en una revolución asentada sobre la idea de la libertad del ciudadano. De modo que EE UU ha hecho lo único que no les gusta estos apóstoles de la estabilidad: acompañar al movimiento y empezar a cambiar de posición en su actitud ante las dictaduras en el mundo.
Una nueva agenda de la libertad está ahora en el taller de las ideas para responder al desafío y poner al día a la política exterior de Washington. A diferencia de la anterior, la de George Bush, que también quería extender la democracia por el planeta, la de Obama no será militar, sino pacífica. No hay que cambiar regímenes a punta de pistola, sino exigirles que respondan pacíficamente a quienes se manifiestan pacíficamente; demandarles el reconocimiento de las libertades de expresión y de reunión; apoyar moralmente a los ciudadanos que se movilizan; y estimular a los regímenes para que respondan a las exigencias de cambio. Estas son unas primeras ideas esbozadas por el presidente, en su rueda de prensa del martes, en la que se declaró “en el lado correcto de la historia” y recordó que “la democracia es un lío, porque no tienes que negociar con una persona sino con un amplio abanico de puntos de vista”.
Hillary Clinton, la secretaria de Estado, el mismo día, amplió estas ideas con una notable intervención acerca del mundo digital. Es la tecnología la que amplia el espacio público compartido del siglo XXI. Los estados democráticos deben comprometerse para que el ágora global sea abierta y los ciudadanos cuenten con libertad de conectar. En el trato con las dictaduras, habrá que situar también en primer plan esta exigencia, que no afecta a un sector industrial, el de Internet y las telecoms, sino al futuro de la libertad en el mundo. La reacción de Washington ante Wikileaks no es el mejor modelo para esta nueva agenda, pero sí lo es el esfuerzo por atrapar la ola revolucionaria.
Como la revolución misma, el giro no ha hecho más que empezar y la nueva agenda, menos realista, más idealista, es apenas un esbozo que veremos crecer en los próximos meses.
(Artículo de Lluís Bassets, publicado en "El País" el 17 de febrero de 2011)
MAGNÍFICO.
A Lorenzo de Médicis lo llamaron magnífico porque unió a su condición de estadista la de poeta, filósofo y mecenas de las artes. Por las mismas razones llamaron magnífico al sultán otomano Solimán, que fue también un poeta notable y fomentó el desarrollo de las ciencias y las artes. En España, ser magnífico sale más barato, basta con ser rector universitario. Sin embargo, el cargo no hace la virtud, solo la presupone. Desde Aristóteles es magnífico quien es capaz de hacer grandes cosas, y pocas cosas son tan grandes como el conocimiento, que nos rescata de nuestra humilde condición natural y nos eleva a la de seres civilizados. Magnífico fue por ello el mecenas Archer Milton Huntington, que, entre otras muchas hazañas del espíritu, fundó en Broadway la Hispanic Society of America para difundir en Nueva York la cultura española que tanto amaba. En segundas nupcias se casó con la escultora Anna Hyatt, cuyas estatuas y monumentos figurativos recuerdan su nombre en plazas y jardines no solo estadounidenses, sino de otras ciudades del mundo, como Blois o Sevilla. A Anne Hyatt Huntington le gustaban los monumentos ecuestres; uno de ellos, Los portadores de la antorcha, se lo donó a la Ciudad Universitaria de Madrid, y desde el día de San Isidro de 1955 esa alegoría en aluminio de la transmisión del saber a través de las generaciones no solo da esplendor a la plaza de Ramón y Cajal, sino que se ha convertido en emblema de un campus que fue un caso único en el mundo por su concepción unitaria y su diseño específico, pues, además de reunir todas las disciplinas del conocimiento, sus aularios, bibliotecas y laboratorios se integraban entre arboretos y jardines, junto a campos de deporte y fuentes. El locus amoenus, la Universidad-jardín, proyectada en 1928 por Modesto López-Otero en la finca de Moncloa, aspiraba a sosegar el alma y volverla receptiva al hacer, al saber y al hacer saber. La Ciudad Universitaria de Madrid fue motivo de orgullo. Ahora es algo dolorosamente parecido a un basurero (véase el reportaje de ABC del pasado 9 y 10 de febrero).
El monumento de Anne Hyatt Huntington lleva años afeado por las pintadas. En el año 2003, con motivo de las elecciones al Rectorado, todos los candidatos posaron junto al conjunto escultórico, que estaba entonces impoluto. En esa foto también estaba el actual rector, que ahora se va dejando un recinto deteriorado por la suciedad y el abandono. Del mismo modo que la sangre se ve mucho más sobre unos guantes blancos, la suciedad es más patente cuando afecta a ciertos ámbitos que la sociedad inviste de sacralidad: un jardín, un museo, un templo, un campus universitario. Es cierto que la limpieza o el decoro no pertenecen al catálogo de las grandes virtudes, sino de las buenas maneras, pero estas son muy importantes porque preceden a las buenas acciones y conducen a ellas. La limpieza es un signo y un indicio de una gestión plausible, y, sensu contrario, la mugre lo es de la incuria y el descalabro.
En Las Ciudades Invisibles, Italo Calvino refiere una ciudad cuyos habitantes están perpetuamente afanados en erigir andamios, revocar fachadas, levantar cubos y bajar plomadas. Cuando les preguntan por qué la construcción de la ciudad se hace tan larga, responden: «Para que no empiece la destrucción». Interrogados sobre si temen que apenas quitados los andamios la ciudad empiece a resquebrajarse y hacerse pedazos, dicen en voz baja: «No solo la ciudad». Lo que Calvino insinúa es que se empieza por consentir la incuria y se acaba por instaurar la decadencia, la ruina y la barbarie, que es lo contrario de la civilización. La suciedad de la Ciudad Universitaria es un signo de la situación de la Universidad Complutense, que roza la catástrofe económica, la irrelevancia institucional y el abatimiento de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios.
Los responsables de este deterioro buscan excusas en la insuficiencia de recursos, pero un reciente informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid atribuye sus enormes deudas a una gestión irregular, irresponsable y opaca. Es saludable que la sociedad invierta en sus universidades, pero la sociedad necesita intervenir en ellas: auditarlas, criticarlas, convalidarlas y vigilar el eventual derroche o la malversación. Por eso no rige en el ámbito universitario el lema que Rabelais colocó en el frontispicio de la abadía de Telema: «Haz lo que quieras». Ni el rector ni el gerente pueden hacer lo que quieran, sino lo conveniente. Los académicos hacemos bien en defender la autonomía de la Universidad, pero autonomía sin responsabilidad no es autonomía, es irresponsabilidad. También lo es ignorar el principio de realidad y confiar a un recetario ideológico la solución de los problemas. Ni la experiencia ni el sentido común autorizan a creer que se pueda mejorar el mundo gobernándolo con supersticiones. Quizá no sea un crimen, pero es un error no pequeño y de consecuencias terribles, como no deja de recordarnos la actualidad desde el caso Lysenko en la Unión Soviética, que ha llenado tantas páginas en la historia universal de la estupidez. Contrariamente a la fidelidad a un amigo, que es una virtud, la pueril fidelidad a una ideología sigue siendo el prólogo de algunos desastres.
El monumento de Anne Hyatt Huntington pide a gritos que le laven la cara, y para la comunidad universitaria sería magnífico disfrutar de un campus limpio donde se puedan mantener los ojos y las fosas nasales bien abiertos sin que ni la fealdad ni los hedores nos abatan en la melancolía. Para que un rector merezca el tratamiento de magnífico debería mostrar con hechos que lo es, y no con las palabras intransitivas de los ensueños ideológicos. Por los recursos que la sociedad le ha dado, por su tamaño, por su historia y porque es un valor estratégico del Estado, la Complutense debería tener tanto prestigio como Harvard, Nihon, Humboldt, Sorbona o Cambridge, cuya excelencia no solo pregonan los «rankings», sino que se preanuncia en el magnífico esplendor de sus campus tan limpios.
(Artículo de José Iturmendi, publicado en "ABC" el 16 de febrero de 2011)
El monumento de Anne Hyatt Huntington lleva años afeado por las pintadas. En el año 2003, con motivo de las elecciones al Rectorado, todos los candidatos posaron junto al conjunto escultórico, que estaba entonces impoluto. En esa foto también estaba el actual rector, que ahora se va dejando un recinto deteriorado por la suciedad y el abandono. Del mismo modo que la sangre se ve mucho más sobre unos guantes blancos, la suciedad es más patente cuando afecta a ciertos ámbitos que la sociedad inviste de sacralidad: un jardín, un museo, un templo, un campus universitario. Es cierto que la limpieza o el decoro no pertenecen al catálogo de las grandes virtudes, sino de las buenas maneras, pero estas son muy importantes porque preceden a las buenas acciones y conducen a ellas. La limpieza es un signo y un indicio de una gestión plausible, y, sensu contrario, la mugre lo es de la incuria y el descalabro.
En Las Ciudades Invisibles, Italo Calvino refiere una ciudad cuyos habitantes están perpetuamente afanados en erigir andamios, revocar fachadas, levantar cubos y bajar plomadas. Cuando les preguntan por qué la construcción de la ciudad se hace tan larga, responden: «Para que no empiece la destrucción». Interrogados sobre si temen que apenas quitados los andamios la ciudad empiece a resquebrajarse y hacerse pedazos, dicen en voz baja: «No solo la ciudad». Lo que Calvino insinúa es que se empieza por consentir la incuria y se acaba por instaurar la decadencia, la ruina y la barbarie, que es lo contrario de la civilización. La suciedad de la Ciudad Universitaria es un signo de la situación de la Universidad Complutense, que roza la catástrofe económica, la irrelevancia institucional y el abatimiento de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios.
Los responsables de este deterioro buscan excusas en la insuficiencia de recursos, pero un reciente informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid atribuye sus enormes deudas a una gestión irregular, irresponsable y opaca. Es saludable que la sociedad invierta en sus universidades, pero la sociedad necesita intervenir en ellas: auditarlas, criticarlas, convalidarlas y vigilar el eventual derroche o la malversación. Por eso no rige en el ámbito universitario el lema que Rabelais colocó en el frontispicio de la abadía de Telema: «Haz lo que quieras». Ni el rector ni el gerente pueden hacer lo que quieran, sino lo conveniente. Los académicos hacemos bien en defender la autonomía de la Universidad, pero autonomía sin responsabilidad no es autonomía, es irresponsabilidad. También lo es ignorar el principio de realidad y confiar a un recetario ideológico la solución de los problemas. Ni la experiencia ni el sentido común autorizan a creer que se pueda mejorar el mundo gobernándolo con supersticiones. Quizá no sea un crimen, pero es un error no pequeño y de consecuencias terribles, como no deja de recordarnos la actualidad desde el caso Lysenko en la Unión Soviética, que ha llenado tantas páginas en la historia universal de la estupidez. Contrariamente a la fidelidad a un amigo, que es una virtud, la pueril fidelidad a una ideología sigue siendo el prólogo de algunos desastres.
El monumento de Anne Hyatt Huntington pide a gritos que le laven la cara, y para la comunidad universitaria sería magnífico disfrutar de un campus limpio donde se puedan mantener los ojos y las fosas nasales bien abiertos sin que ni la fealdad ni los hedores nos abatan en la melancolía. Para que un rector merezca el tratamiento de magnífico debería mostrar con hechos que lo es, y no con las palabras intransitivas de los ensueños ideológicos. Por los recursos que la sociedad le ha dado, por su tamaño, por su historia y porque es un valor estratégico del Estado, la Complutense debería tener tanto prestigio como Harvard, Nihon, Humboldt, Sorbona o Cambridge, cuya excelencia no solo pregonan los «rankings», sino que se preanuncia en el magnífico esplendor de sus campus tan limpios.
(Artículo de José Iturmendi, publicado en "ABC" el 16 de febrero de 2011)
EL CÁNCER DE LA CORRUPCIÓN.
Con frecuencia, podría decirse que con demasiada frecuencia, asoman a los titulares de los diarios noticias de corrupción como consecuencia de la apertura de las diligencias correspondientes de sumarios de carácter penal. Más que esas actuaciones puntuales, abordables por los mecanismos de un Estado de derecho, lo que preocupa es el clima que ayudan a generar en la sociedad. Quizá sean la punta del iceberg de conductas que no alcanzan el nivel penal. En los movimientos contra gobernantes de Túnez y Egipto, junto a la ausencia de libertades figura el rechazo de la corrupción. Pero esta es posible también en regímenes democráticos. Conviene que se trate de hechos aislados, porque la corrupción es letal para la democracia en cuanto socava la confianza de los ciudadanos en sus representantes.
El diccionario de la lengua define la corrupción como acción y efecto de corromper, como sobornar o cohechar, vicio referido a costumbres, sinónimo de depravación o perversión. En la vida pública se refiere a que en la necesaria confrontación de intereses públicos y privados se hace prevalecer estos sobre aquellos. Es una cuestión que afecta a quienes tienen cargos de representación pública y a los funcionarios.
Las fórmulas de corrupción son de diferente nivel y ofrecen variadas motivaciones. Puede tratarse de la búsqueda de un beneficio personal de carácter económico o beneficio ajeno por diferentes motivos, o tratarse de amistad sin excluir beneficiar al partido político. Juegan en ello el tráfico de influencias, la procura de informaciones privilegiadas, haya o no una contraprestación. Se rompen las reglas del juego. Existen zonas de penumbra, adjudicaciones de contratos, recalificaciones de suelo, que no se clarean siempre con acción de la justicia y dejan en la sociedad como impresión desconcertante la idea de que algo turbio existe.
La corrupción precisa de un clima apropiado en el que valores de carácter ético son menospreciados. Existe una intercomunicación entre las esferas pública y privada. Los comportamientos en la función pública en un país desarrollado están influidos por lo que sucede en el sector privado, donde los fenómenos de corrupción no son certificables con la misma claridad. Un mal ejemplo han sido en esta crisis las altas remuneraciones de ejecutivos de entidades financieras que han contribuido a aquella. El cargo político trata de aprovechar su oportunidad. El «todos lo hacen» es una tentación y una excusa para utilizar el poder desviadamente.
Llegue o no al nivel penal, la corrupción es una disfunción de carácter ético. Es en este terreno, con finalidad preventiva, donde debe plantearse la lucha. El cargo o la función no son un botín que haya que aprovechar, sino un servicio. Se trata de responder a una ética profesional que sea positivamente valorada por la sociedad. Se asegura así que no se traspasen las fronteras de lo lícito. El ciudadano tiene derecho y exige que la mujer del César no solo sea honesta, sino que lo parezca.
(Artículo de José Luis Meilán Gil, publicado en "La Voz de Galicia" el 14 de febrero de 2011)
El diccionario de la lengua define la corrupción como acción y efecto de corromper, como sobornar o cohechar, vicio referido a costumbres, sinónimo de depravación o perversión. En la vida pública se refiere a que en la necesaria confrontación de intereses públicos y privados se hace prevalecer estos sobre aquellos. Es una cuestión que afecta a quienes tienen cargos de representación pública y a los funcionarios.
Las fórmulas de corrupción son de diferente nivel y ofrecen variadas motivaciones. Puede tratarse de la búsqueda de un beneficio personal de carácter económico o beneficio ajeno por diferentes motivos, o tratarse de amistad sin excluir beneficiar al partido político. Juegan en ello el tráfico de influencias, la procura de informaciones privilegiadas, haya o no una contraprestación. Se rompen las reglas del juego. Existen zonas de penumbra, adjudicaciones de contratos, recalificaciones de suelo, que no se clarean siempre con acción de la justicia y dejan en la sociedad como impresión desconcertante la idea de que algo turbio existe.
La corrupción precisa de un clima apropiado en el que valores de carácter ético son menospreciados. Existe una intercomunicación entre las esferas pública y privada. Los comportamientos en la función pública en un país desarrollado están influidos por lo que sucede en el sector privado, donde los fenómenos de corrupción no son certificables con la misma claridad. Un mal ejemplo han sido en esta crisis las altas remuneraciones de ejecutivos de entidades financieras que han contribuido a aquella. El cargo político trata de aprovechar su oportunidad. El «todos lo hacen» es una tentación y una excusa para utilizar el poder desviadamente.
Llegue o no al nivel penal, la corrupción es una disfunción de carácter ético. Es en este terreno, con finalidad preventiva, donde debe plantearse la lucha. El cargo o la función no son un botín que haya que aprovechar, sino un servicio. Se trata de responder a una ética profesional que sea positivamente valorada por la sociedad. Se asegura así que no se traspasen las fronteras de lo lícito. El ciudadano tiene derecho y exige que la mujer del César no solo sea honesta, sino que lo parezca.
(Artículo de José Luis Meilán Gil, publicado en "La Voz de Galicia" el 14 de febrero de 2011)
RESPONDER NO ES HUMILLARSE.
Mientras nos quejamos del mal gobierno y nos refocilamos con las revoluciones de los pobres, nosotros nos hemos instalado en el desprecio y el hacer ver que no vemos. La crisis ha generado contravalores insolidarios. Y la exaltación de la tecnología los ha convertido en normas de obligado cumplimiento.
En tiempos de crisis lo importante no es el dinero, sino la esperanza. La esperanza es aquello que esperan los que hace tiempo que la han perdido. Y la confianza es aquel sentimiento que ejerce de motor de los que todavía no han tenido nada. Cuando la confianza se traiciona se cae en la desesperanza. Y eso lleva a los jóvenes y no tan jóvenes a un pozo del que es muy difícil salir.
No es frecuente que en los tiempos que corren se publiquen grandes ofertas de trabajo. Pero a veces ese fenómeno sucede y entonces todos los años de másteres y de idiomas y de trabajos mal pagados se escriben en extensos currículos que van a justificar el trabajo de los departamentos de recursos humanos. De forma incomprensible la confianza renace. Al redactar los méritos, el aspirante al puesto de trabajo se siente la persona más capacitada para desempeñarlo. Ante el supuesto de ser llamado a una entrevista personal, se dispone a vestirse para la ocasión. Todo está a punto para dar el salto a la vida y a la independencia.
Pero pasa el tiempo y nadie responde. El buzón es una cajita yerma y la pantalla del correo electrónico se ha quedado muda. Alguien ha decidido que el esfuerzo personal no vale nada y que la ilusión por trabajar es una mera sensiblería que no merece que la gran corporación dedique sus esfuerzos a una simple respuesta. Desde los altos puestos de dirección no hay lugar para los candidatos noveles. Se les exige experiencia y al mismo tiempo se les niega la posibilidad de adquirirla. Dentro de unos años, cuando la gerontocracia de las empresas haya llevado a la desesperación a sus jóvenes, ya no quedará nadie para considerar que una respuesta no es en ningún caso una humillación del poder, sino una mera forma de civilidad entre iguales.
(Artículo de Joan Barril, publicado en "El Periódico de Catalunya" el 14 de febrero de 2011)
En tiempos de crisis lo importante no es el dinero, sino la esperanza. La esperanza es aquello que esperan los que hace tiempo que la han perdido. Y la confianza es aquel sentimiento que ejerce de motor de los que todavía no han tenido nada. Cuando la confianza se traiciona se cae en la desesperanza. Y eso lleva a los jóvenes y no tan jóvenes a un pozo del que es muy difícil salir.
No es frecuente que en los tiempos que corren se publiquen grandes ofertas de trabajo. Pero a veces ese fenómeno sucede y entonces todos los años de másteres y de idiomas y de trabajos mal pagados se escriben en extensos currículos que van a justificar el trabajo de los departamentos de recursos humanos. De forma incomprensible la confianza renace. Al redactar los méritos, el aspirante al puesto de trabajo se siente la persona más capacitada para desempeñarlo. Ante el supuesto de ser llamado a una entrevista personal, se dispone a vestirse para la ocasión. Todo está a punto para dar el salto a la vida y a la independencia.
Pero pasa el tiempo y nadie responde. El buzón es una cajita yerma y la pantalla del correo electrónico se ha quedado muda. Alguien ha decidido que el esfuerzo personal no vale nada y que la ilusión por trabajar es una mera sensiblería que no merece que la gran corporación dedique sus esfuerzos a una simple respuesta. Desde los altos puestos de dirección no hay lugar para los candidatos noveles. Se les exige experiencia y al mismo tiempo se les niega la posibilidad de adquirirla. Dentro de unos años, cuando la gerontocracia de las empresas haya llevado a la desesperación a sus jóvenes, ya no quedará nadie para considerar que una respuesta no es en ningún caso una humillación del poder, sino una mera forma de civilidad entre iguales.
(Artículo de Joan Barril, publicado en "El Periódico de Catalunya" el 14 de febrero de 2011)
LA LIBERTAD Y LOS ÁRABES.
El movimiento popular que ha sacudido a países como Túnez, Egipto, Yemen y cuyas réplicas han llegado hasta Argelia, Marruecos y Jordania es el más rotundo desmentido a quienes, como Thomas Carlyle, creen que "la historia del mundo es la biografía de los grandes hombres". Ningún caudillo, grupo o partido político puede atribuirse ese sísmico levantamiento social que ha decapitado ya la satrapía tunecina de Ben Ali y la egipcia de Hosni Mubarak, tiene al borde del desplome a la yemenita de Ali Abdalá Saleh y provoca escalofríos en los gobiernos de los países donde la onda convulsiva ha llegado más débilmente como en Siria, Jordania, Argelia, Marruecos y Arabia Saudí.
Es obvio que nadie podía prever lo que ha ocurrido en las sociedades autoritarias árabes y que el mundo entero y, en especial, los analistas, la prensa, las cancillerías y think tanks políticos occidentales se han visto tan sorprendidos por la explosión socio-política árabe como lo estuvieron con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética y sus satélites. No es arbitrario acercar ambos acontecimientos: los dos tienen una trascendencia semejante para las respectivas regiones y lanzan precipitaciones y secuelas políticas para el resto del mundo. ¿Qué mejor prueba que la historia no está escrita y que ella puede tomar de pronto direcciones imprevistas que escapan a todas las teorías que pretenden sujetarla dentro de cauces lógicos?
Dicho esto, no es imposible discernir alguna racionalidad en ese contagioso movimiento de protesta que se inicia, como en una historia fantástica, con la inmolación por el fuego de un pobre y desesperado tunecino de provincia llamado Mohamed Bouazizi y con la rapidez del fuego se extiende por todo el Oriente Próximo. Los países donde ello ha ocurrido padecían dictaduras de decenas de años, corruptas hasta el tuétano, cuyos gobernantes, parientes cercanos y clientelas oligárquicas habían acumulado inmensas fortunas, bien seguras en el extranjero, mientras la pobreza y el desempleo, así como la falta de educación y salud, mantenían a enormes sectores de la población en niveles de mera subsistencia y a veces en la hambruna. La corrupción generalizada y un sistema de favoritismo y privilegio cerraban a la mayoría de la población todos los canales de ascenso económico y social.
Ahora bien, este estado de cosas, que ha sido el de innumerables países a lo largo de la historia, jamás hubiera provocado el alzamiento sin un hecho determinante de los tiempos modernos: la globalización. La revolución de la información ha ido agujereando por doquier los rígidos sistemas de censura que las satrapías árabes habían instalado a fin de tener a los pueblos que explotaban y saqueaban en la ignorancia y el oscurantismo tradicionales. Pero ahora es muy difícil, casi imposible, para un gobierno someter a la sociedad entera a las tinieblas mediáticas a fin de manipularla y engañarla como antaño. La telefonía móvil, el internet, los blogs, el Facebook, el Twitter, las cadenas internacionales de televisión y demás resortes de la tecnología audiovisual han llevado a todos los rincones del mundo la realidad de nuestro tiempo y forzado unas comparaciones que, por supuesto, han mostrado a las masas árabes el anacronismo y barbarie de los regímenes que padecían y la distancia que los separa de los países modernos. Y esos mismos instrumentos de la nueva tecnología han permitido que los manifestantes coordinaran acciones y pudieran introducir cierto orden en lo que en un primer momento pudo parecer una caótica explosión de descontento anárquico. No ha sido así. Uno de los rasgos más sorprendentes de la rebeldía árabe han sido los esfuerzos de los manifestantes por atajar el vandalismo y salir al frente, como en Egipto, de los matones enviados por el régimen a cometer tropelías para desprestigiar el alzamiento e intimidar a la prensa.
La lentitud (para no decir la cobardía) con que los países occidentales -sobre todo los de Europa- han reaccionado, vacilando primero ante lo que ocurría y luego con vacuas declaraciones de buenas intenciones a favor de una solución negociada del conflicto, en vez de apoyar a los rebeldes, tiene que haber causado terrible decepción a los millones de manifestantes que se lanzaron a las calles en los países árabes pidiendo "libertad" y "democracia" y descubrieron que los países libres los miraban con recelo y a veces pánico. Y comprobar, entre otras cosas, que los partidos políticos de Mubarak y Ben Ali ¡eran miembros activos de la Internacional Socialista! Vaya manera de promocionar la social democracia y los derechos humanos en el Oriente Próximo.
La equivocación garrafal de Occidente ha sido ver en el movimiento emancipador de los árabes un caballo de Troya gracias al cual el integrismo islámico podía apoderarse de toda la región y el modelo iraní -una satrapía de fanáticos religiosos- se extendería por todo el Oriente Próximo. La verdad es que el estallido popular no estuvo dirigido por los integristas y que, hasta ahora al menos, éstos no lideran el movimiento emancipador ni pretenden hacerlo. Ellos parecen mucho más conscientes que las cancillerías occidentales de que lo que moviliza a los jóvenes de ambos sexos tunecinos, egipcios, yemenitas y los demás no son la sharia y el deseo de que unos clérigos fanáticos vengan a reemplazar a los dictadorzuelos cleptómanos de los que quieren sacudirse. Habría que ser ciegos o muy prejuiciados para no advertir que el motor secreto de este movimiento es un instinto de libertad y de modernización.
Desde luego que no sabemos aún la deriva que tomará esta rebelión y, por supuesto, no se puede descartar que, en la confusión que todavía prevalece, el integrismo o el Ejército traten de sacar partido. Pero, lo que sí sabemos es que, en su origen y primer desarrollo, este movimiento ha sido civil, no religioso, y claramente inspirado en ideales democráticos de libertad política, libertad de prensa, elecciones libres, lucha contra la corrupción, justicia social, oportunidades para trabajar y mejorar. El Occidente liberal y democrático debería celebrar este hecho como una extraordinaria confirmación de la vigencia universal de los valores que representa la cultura de la libertad y volcar todo su apoyo hacia los pueblos árabes en este momento de su lucha contra los tiranos. No sólo sería un acto de justicia sino también una manera de asegurar la amistad y la colaboración con un futuro Oriente Próximo libre y democrático.
Porque ésta es ahora una posibilidad real. Hasta antes de esta rebelión popular a muchos nos parecía difícil. Lo ocurrido en Irán, y, en cierta forma, en Irak, justificaba cierto pesimismo respecto a la opción democrática en el mundo árabe. Pero lo ocurrido estas últimas semanas debería haber barrido esas reticencias y temores, inspirados en prejuicios culturales y racistas. La libertad no es un valor que sólo los países cultos y evolucionados aprecian en todo lo que significa. Masas desinformadas, discriminadas y explotadas pueden también, por caminos tortuosos a menudo, descubrir que la libertad no es un ente retórico desprovisto de sustancia, sino una llave maestra muy concreta para salir del horror, un instrumento para construir una sociedad donde hombres y mujeres puedan vivir sin miedo, dentro de la legalidad y con oportunidades de progreso. Ha ocurrido en el Asia, en América Latina, en los países que vivieron sometidos a la férula de la Unión Soviética. Y ahora -por fin- está empezando a ocurrir también en los países árabes con una fuerza y heroísmo extraordinarios. Nuestra obligación es mostrarles nuestra solidaridad activa, porque la transformación de Oriente Próximo en una tierra de libertad no sólo beneficiará a millones de árabes sino al mundo entero en general (incluido, por supuesto, Israel, aunque el Gobierno extremista de Netanyahu sea incapaz de entenderlo).
(Artículo de Mario Vargas Llosa, publicado en "El País" el 13 de diciembre de 2011)
Es obvio que nadie podía prever lo que ha ocurrido en las sociedades autoritarias árabes y que el mundo entero y, en especial, los analistas, la prensa, las cancillerías y think tanks políticos occidentales se han visto tan sorprendidos por la explosión socio-política árabe como lo estuvieron con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética y sus satélites. No es arbitrario acercar ambos acontecimientos: los dos tienen una trascendencia semejante para las respectivas regiones y lanzan precipitaciones y secuelas políticas para el resto del mundo. ¿Qué mejor prueba que la historia no está escrita y que ella puede tomar de pronto direcciones imprevistas que escapan a todas las teorías que pretenden sujetarla dentro de cauces lógicos?
Dicho esto, no es imposible discernir alguna racionalidad en ese contagioso movimiento de protesta que se inicia, como en una historia fantástica, con la inmolación por el fuego de un pobre y desesperado tunecino de provincia llamado Mohamed Bouazizi y con la rapidez del fuego se extiende por todo el Oriente Próximo. Los países donde ello ha ocurrido padecían dictaduras de decenas de años, corruptas hasta el tuétano, cuyos gobernantes, parientes cercanos y clientelas oligárquicas habían acumulado inmensas fortunas, bien seguras en el extranjero, mientras la pobreza y el desempleo, así como la falta de educación y salud, mantenían a enormes sectores de la población en niveles de mera subsistencia y a veces en la hambruna. La corrupción generalizada y un sistema de favoritismo y privilegio cerraban a la mayoría de la población todos los canales de ascenso económico y social.
Ahora bien, este estado de cosas, que ha sido el de innumerables países a lo largo de la historia, jamás hubiera provocado el alzamiento sin un hecho determinante de los tiempos modernos: la globalización. La revolución de la información ha ido agujereando por doquier los rígidos sistemas de censura que las satrapías árabes habían instalado a fin de tener a los pueblos que explotaban y saqueaban en la ignorancia y el oscurantismo tradicionales. Pero ahora es muy difícil, casi imposible, para un gobierno someter a la sociedad entera a las tinieblas mediáticas a fin de manipularla y engañarla como antaño. La telefonía móvil, el internet, los blogs, el Facebook, el Twitter, las cadenas internacionales de televisión y demás resortes de la tecnología audiovisual han llevado a todos los rincones del mundo la realidad de nuestro tiempo y forzado unas comparaciones que, por supuesto, han mostrado a las masas árabes el anacronismo y barbarie de los regímenes que padecían y la distancia que los separa de los países modernos. Y esos mismos instrumentos de la nueva tecnología han permitido que los manifestantes coordinaran acciones y pudieran introducir cierto orden en lo que en un primer momento pudo parecer una caótica explosión de descontento anárquico. No ha sido así. Uno de los rasgos más sorprendentes de la rebeldía árabe han sido los esfuerzos de los manifestantes por atajar el vandalismo y salir al frente, como en Egipto, de los matones enviados por el régimen a cometer tropelías para desprestigiar el alzamiento e intimidar a la prensa.
La lentitud (para no decir la cobardía) con que los países occidentales -sobre todo los de Europa- han reaccionado, vacilando primero ante lo que ocurría y luego con vacuas declaraciones de buenas intenciones a favor de una solución negociada del conflicto, en vez de apoyar a los rebeldes, tiene que haber causado terrible decepción a los millones de manifestantes que se lanzaron a las calles en los países árabes pidiendo "libertad" y "democracia" y descubrieron que los países libres los miraban con recelo y a veces pánico. Y comprobar, entre otras cosas, que los partidos políticos de Mubarak y Ben Ali ¡eran miembros activos de la Internacional Socialista! Vaya manera de promocionar la social democracia y los derechos humanos en el Oriente Próximo.
La equivocación garrafal de Occidente ha sido ver en el movimiento emancipador de los árabes un caballo de Troya gracias al cual el integrismo islámico podía apoderarse de toda la región y el modelo iraní -una satrapía de fanáticos religiosos- se extendería por todo el Oriente Próximo. La verdad es que el estallido popular no estuvo dirigido por los integristas y que, hasta ahora al menos, éstos no lideran el movimiento emancipador ni pretenden hacerlo. Ellos parecen mucho más conscientes que las cancillerías occidentales de que lo que moviliza a los jóvenes de ambos sexos tunecinos, egipcios, yemenitas y los demás no son la sharia y el deseo de que unos clérigos fanáticos vengan a reemplazar a los dictadorzuelos cleptómanos de los que quieren sacudirse. Habría que ser ciegos o muy prejuiciados para no advertir que el motor secreto de este movimiento es un instinto de libertad y de modernización.
Desde luego que no sabemos aún la deriva que tomará esta rebelión y, por supuesto, no se puede descartar que, en la confusión que todavía prevalece, el integrismo o el Ejército traten de sacar partido. Pero, lo que sí sabemos es que, en su origen y primer desarrollo, este movimiento ha sido civil, no religioso, y claramente inspirado en ideales democráticos de libertad política, libertad de prensa, elecciones libres, lucha contra la corrupción, justicia social, oportunidades para trabajar y mejorar. El Occidente liberal y democrático debería celebrar este hecho como una extraordinaria confirmación de la vigencia universal de los valores que representa la cultura de la libertad y volcar todo su apoyo hacia los pueblos árabes en este momento de su lucha contra los tiranos. No sólo sería un acto de justicia sino también una manera de asegurar la amistad y la colaboración con un futuro Oriente Próximo libre y democrático.
Porque ésta es ahora una posibilidad real. Hasta antes de esta rebelión popular a muchos nos parecía difícil. Lo ocurrido en Irán, y, en cierta forma, en Irak, justificaba cierto pesimismo respecto a la opción democrática en el mundo árabe. Pero lo ocurrido estas últimas semanas debería haber barrido esas reticencias y temores, inspirados en prejuicios culturales y racistas. La libertad no es un valor que sólo los países cultos y evolucionados aprecian en todo lo que significa. Masas desinformadas, discriminadas y explotadas pueden también, por caminos tortuosos a menudo, descubrir que la libertad no es un ente retórico desprovisto de sustancia, sino una llave maestra muy concreta para salir del horror, un instrumento para construir una sociedad donde hombres y mujeres puedan vivir sin miedo, dentro de la legalidad y con oportunidades de progreso. Ha ocurrido en el Asia, en América Latina, en los países que vivieron sometidos a la férula de la Unión Soviética. Y ahora -por fin- está empezando a ocurrir también en los países árabes con una fuerza y heroísmo extraordinarios. Nuestra obligación es mostrarles nuestra solidaridad activa, porque la transformación de Oriente Próximo en una tierra de libertad no sólo beneficiará a millones de árabes sino al mundo entero en general (incluido, por supuesto, Israel, aunque el Gobierno extremista de Netanyahu sea incapaz de entenderlo).
(Artículo de Mario Vargas Llosa, publicado en "El País" el 13 de diciembre de 2011)
CORRUPCIÓN.
La corrupción pudre la democracia. Raro es el día en el que no trascienden los infamantes detalles de nuevos casos de entramados nacidos para hacer dinero aprovechando las relaciones políticas. Ningún partido se salva y algunos tienen bajo sospecha, cuando no directamente imputados, a más de un dirigente político. Ahora se ha destapado en Andalucía una trama fraudulenta ideada, según los datos publicados, para cobrar ilícitamente primas de jubilación. Es, al parecer, una hijuela del caso Mercasevilla que en este nuevo tentáculo remite a funcionarios corruptos de la Junta. De "fondo de reptiles" habló un ex director general de Trabajo, cuando quiso describir el pufo que la justicia deberá investigar. Antes -y, ya llega tarde-, Griñán, el presidente de la Junta, debería haber dado una explicación a los ciudadanos asumiendo la responsabilidad política que apareja el no haber advertido la existencia de semejante cáncer.
En Andalucía esperan las explicaciones del PSOE y en Valencia desesperan de que Camps aclare las circunstancias en las que pudo prosperar la trama de tráfico de influencias y negocios corruptos organizada por Francisco Correa; trama que también cosechaba en Madrid a partir de las relaciones de éste empresario con altos dirigentes del PP. En Barcelona, en Convergencia, miran hacia otra parte cada vez que alguien pregunta por Millet, el saqueador confeso del Palau. En Mallorca la Fiscalía sigue destejiendo la madeja de presuntos cobros de comisiones ilícitas (caso Palma Arena) en la que está imputado el ex presidente y ex ministro Jaume Matas. En Asturias está preso un consejero; en Galicia varios alcaldes... Y así hasta un total de ochocientos casos en los que en mayor o menor grado están implicados personajes de la política. Vamos camino de parecernos a Italia sí es que no les hemos alcanzado ya.
La última encuesta del CIS proclama la mala opinión que tienen los ciudadanos de los políticos. Los consideran uno de los tres principales problemas que tiene España. Se trata, sin duda, de una exageración, puesto que entre los políticos hay de todo y muchos son gente de probada honradez. Cosa diferente es la escasa disposición que acreditan para cortar por lo sano cuando entre los suyos se detecta a alguien que tiene los dedos demasiado largos. Ahí prima el patriotismo de partido. Es un error. Peor aún, un suicidio político porque el descrédito del sistema de partidos -como ocurrió en Alemania en tiempos de la República de Weimar- puede abrir las puertas al fascismo que se presentaría como el azote de la corrupción. Un nuevo tipo fascismo que ya no vendrá con correajes y botas altas, pero fascismo a fin de cuentas. Ojo a la corrupción, porque, ya digo, pudre la democracia.
(Artículo de Fermín Bocos, publicado en "Heraldo de Aragón" el 12 de febrero de 2011)
En Andalucía esperan las explicaciones del PSOE y en Valencia desesperan de que Camps aclare las circunstancias en las que pudo prosperar la trama de tráfico de influencias y negocios corruptos organizada por Francisco Correa; trama que también cosechaba en Madrid a partir de las relaciones de éste empresario con altos dirigentes del PP. En Barcelona, en Convergencia, miran hacia otra parte cada vez que alguien pregunta por Millet, el saqueador confeso del Palau. En Mallorca la Fiscalía sigue destejiendo la madeja de presuntos cobros de comisiones ilícitas (caso Palma Arena) en la que está imputado el ex presidente y ex ministro Jaume Matas. En Asturias está preso un consejero; en Galicia varios alcaldes... Y así hasta un total de ochocientos casos en los que en mayor o menor grado están implicados personajes de la política. Vamos camino de parecernos a Italia sí es que no les hemos alcanzado ya.
La última encuesta del CIS proclama la mala opinión que tienen los ciudadanos de los políticos. Los consideran uno de los tres principales problemas que tiene España. Se trata, sin duda, de una exageración, puesto que entre los políticos hay de todo y muchos son gente de probada honradez. Cosa diferente es la escasa disposición que acreditan para cortar por lo sano cuando entre los suyos se detecta a alguien que tiene los dedos demasiado largos. Ahí prima el patriotismo de partido. Es un error. Peor aún, un suicidio político porque el descrédito del sistema de partidos -como ocurrió en Alemania en tiempos de la República de Weimar- puede abrir las puertas al fascismo que se presentaría como el azote de la corrupción. Un nuevo tipo fascismo que ya no vendrá con correajes y botas altas, pero fascismo a fin de cuentas. Ojo a la corrupción, porque, ya digo, pudre la democracia.
(Artículo de Fermín Bocos, publicado en "Heraldo de Aragón" el 12 de febrero de 2011)
EL SEGUNDO DISCURSO DE EL CAIRO.
El diablo estaba esperando a Obama en El Cairo. "He venido para buscar un nuevo comienzo entre Estados Unidos y los musulmanes de todo el mundo", dijo el presidente el 4 de junio de 2009, en el hall abarrotado por 3.000 jóvenes de la Universidad cairota. Obama habló entonces de un gran pacto por la tolerancia religiosa, el desarrollo, la democracia, los derechos de la mujer. Como un presagio, aquella mañana Mubarak había excusado su asistencia al acto; tampoco estuvieron los partidos de la oposición. Solo ante los estudiantes y el mundo, Obama lanzó un mensaje de reconciliación con el islam político, renunciando explícitamente a imponer la democracia por la fuerza.
Dos años después, aún persisten el conflicto en Afganistán e Irak y la amenaza de Al Qaeda, y la popularidad de Obama se resiente por su impotencia frente al primer ministro israelí Netanyahu. Pero la oleada democrática está mostrando que existe algo tan fuerte como lo anterior: el simple hecho de que "un adolescente de Kansas pueda conectar instantáneamente con otro de El Cairo". Y Mubarak ha caído.
Inesperadamente, varias fuerzas están arrastrando a Estados Unidos a un lugar desconocido. Una es de tipo emocional: los norteamericanos tienden a ver en cada revuelta democrática una repetición de 1787: la sublevación contra el dominio inglés. Cabe imaginar la satisfacción de Obama ante la espontaneidad en las calles; pero también su contrición por algún joven de aquella mañana de junio que haya resultado herido, o muerto. En este momento, miles de universitarios extranjeros de todas las religiones repartidos por Norteamérica, futuras élites de sus países, vuelven sus ojos hacia el presidente. Y los medios de comunicación recuperan por unos días su orgullo de guardianes de la libertad de expresión. Vientos de cambio aúpan a los valores a su eterna lucha con los intereses.
Estamos ante un hecho objetivo y desconcertante: en medio de una crisis económica global, la democracia y los derechos humanos retornan al primer plano de la política. Cuando la vieja realpolitik parecía haber enterrado a la democracia como motor de cambio e instrumento político, he aquí que parte de la juventud árabe se pone en pie; que en Brasil, la presidenta, Dilma Rosusseff, fuerza al Gobierno iraní a detener la lapidación de otra mujer, Sakineh Ashtani; que el presidente Hu Jintao admite en la Casa Blanca que su país debe aprender sobre derechos humanos. En lo sucesivo, Estados Unidos está obligado a actuar de manera transparente en su patio árabe, más aún después de Wikileaks; pero también los mandatarios chinos o rusos. Cabe pensar que la globalización está presionando hacia una convergencia de regulaciones, no solo en las finanzas, el comercio o el clima, sino también en lo político y social.
Ello está en consonancia con el nuevo imperativo geopolítico. Basta escuchar a los manifestantes de Túnez o Egipto para entender que el peligro no es tanto el asalto al poder por los fanáticos, como continuar el apoyo a las autocracias: ahí está el subdesarrollo, la proliferación nuclear, el conflicto palestino o el recelo de la calle árabe hacia Occidente. Y no está escrito en ningún Corán que la alternativa sea necesariamente peor. A pesar de la obligada prudencia, y de los titubeos de las primeras semanas, la Administración norteamericana ha comprendido que no hay marcha atrás, y está mirando al medio y largo plazo. Puede incluso que se aceleren tendencias ya latentes de su política exterior. Es previsible que Washington se distancie más de su favor incondicional hacia Israel; que apueste por Turquía como ejemplo de equilibrio entre laicismo e islam, mientras guiña un ojo a Francia y Alemania para que desbloquee su paso hacia la UE. En cuanto a Irán, contra lo que esperan los ayatolás, si sus vecinos se miran en el espejo turco muchas cosas podrían cambiar. Si la democracia se afianza como factor de estabilidad, entonces las petrocracias saudí y del golfo Pérsico tendrán que mover ficha.
Paradójicamente, este tsunami árabe llega a Estados Unidos en medio de un retorno al "centro" político, cuando tras las elecciones al Congreso, Obama ha dado marcha atrás en sanidad, inmigración o impuestos. Pero esta partida no se juega en el centro, sino en la radicalidad: es una gran apuesta estratégica, que exige reinventar un equilibrio de poder desde Rabat a Gaza, Damasco o Teherán. Una década después del 11-S, el mundo aguarda expectante los próximos movimientos de Washington. La Administración norteamericana no puede ni quiere parar este proceso. Con o sin presencia de militares, lo relevante es que Obama exigió a tiempo la salida de Mubarak, y garantías para el proceso democrático que se ha abierto. No faltarán en el Congreso los acólitos de la intransigencia israelí, ni los nostálgicos de la realpolitik. Para combatirlos, hará falta una sabia administración de los tiempos, y una clara conciencia de los propios límites. La UE debe volcarse con las transiciones y ayudar a su socio americano a conciliar voluntades, movilizando su diplomacia para prevenir luchas por nuevos espacios de influencia con Moscú, Pekín o Nueva Delhi. Estos días, alguien o algo, está escribiendo un segundo discurso de El Cairo que pondrá rumbo al futuro, con todas sus consecuencias. Y Mubarak ha dimitido.
(Artículo de Vicente Palacio, publicado en "El País" el 12 de febrero e 2011)
Dos años después, aún persisten el conflicto en Afganistán e Irak y la amenaza de Al Qaeda, y la popularidad de Obama se resiente por su impotencia frente al primer ministro israelí Netanyahu. Pero la oleada democrática está mostrando que existe algo tan fuerte como lo anterior: el simple hecho de que "un adolescente de Kansas pueda conectar instantáneamente con otro de El Cairo". Y Mubarak ha caído.
Inesperadamente, varias fuerzas están arrastrando a Estados Unidos a un lugar desconocido. Una es de tipo emocional: los norteamericanos tienden a ver en cada revuelta democrática una repetición de 1787: la sublevación contra el dominio inglés. Cabe imaginar la satisfacción de Obama ante la espontaneidad en las calles; pero también su contrición por algún joven de aquella mañana de junio que haya resultado herido, o muerto. En este momento, miles de universitarios extranjeros de todas las religiones repartidos por Norteamérica, futuras élites de sus países, vuelven sus ojos hacia el presidente. Y los medios de comunicación recuperan por unos días su orgullo de guardianes de la libertad de expresión. Vientos de cambio aúpan a los valores a su eterna lucha con los intereses.
Estamos ante un hecho objetivo y desconcertante: en medio de una crisis económica global, la democracia y los derechos humanos retornan al primer plano de la política. Cuando la vieja realpolitik parecía haber enterrado a la democracia como motor de cambio e instrumento político, he aquí que parte de la juventud árabe se pone en pie; que en Brasil, la presidenta, Dilma Rosusseff, fuerza al Gobierno iraní a detener la lapidación de otra mujer, Sakineh Ashtani; que el presidente Hu Jintao admite en la Casa Blanca que su país debe aprender sobre derechos humanos. En lo sucesivo, Estados Unidos está obligado a actuar de manera transparente en su patio árabe, más aún después de Wikileaks; pero también los mandatarios chinos o rusos. Cabe pensar que la globalización está presionando hacia una convergencia de regulaciones, no solo en las finanzas, el comercio o el clima, sino también en lo político y social.
Ello está en consonancia con el nuevo imperativo geopolítico. Basta escuchar a los manifestantes de Túnez o Egipto para entender que el peligro no es tanto el asalto al poder por los fanáticos, como continuar el apoyo a las autocracias: ahí está el subdesarrollo, la proliferación nuclear, el conflicto palestino o el recelo de la calle árabe hacia Occidente. Y no está escrito en ningún Corán que la alternativa sea necesariamente peor. A pesar de la obligada prudencia, y de los titubeos de las primeras semanas, la Administración norteamericana ha comprendido que no hay marcha atrás, y está mirando al medio y largo plazo. Puede incluso que se aceleren tendencias ya latentes de su política exterior. Es previsible que Washington se distancie más de su favor incondicional hacia Israel; que apueste por Turquía como ejemplo de equilibrio entre laicismo e islam, mientras guiña un ojo a Francia y Alemania para que desbloquee su paso hacia la UE. En cuanto a Irán, contra lo que esperan los ayatolás, si sus vecinos se miran en el espejo turco muchas cosas podrían cambiar. Si la democracia se afianza como factor de estabilidad, entonces las petrocracias saudí y del golfo Pérsico tendrán que mover ficha.
Paradójicamente, este tsunami árabe llega a Estados Unidos en medio de un retorno al "centro" político, cuando tras las elecciones al Congreso, Obama ha dado marcha atrás en sanidad, inmigración o impuestos. Pero esta partida no se juega en el centro, sino en la radicalidad: es una gran apuesta estratégica, que exige reinventar un equilibrio de poder desde Rabat a Gaza, Damasco o Teherán. Una década después del 11-S, el mundo aguarda expectante los próximos movimientos de Washington. La Administración norteamericana no puede ni quiere parar este proceso. Con o sin presencia de militares, lo relevante es que Obama exigió a tiempo la salida de Mubarak, y garantías para el proceso democrático que se ha abierto. No faltarán en el Congreso los acólitos de la intransigencia israelí, ni los nostálgicos de la realpolitik. Para combatirlos, hará falta una sabia administración de los tiempos, y una clara conciencia de los propios límites. La UE debe volcarse con las transiciones y ayudar a su socio americano a conciliar voluntades, movilizando su diplomacia para prevenir luchas por nuevos espacios de influencia con Moscú, Pekín o Nueva Delhi. Estos días, alguien o algo, está escribiendo un segundo discurso de El Cairo que pondrá rumbo al futuro, con todas sus consecuencias. Y Mubarak ha dimitido.
(Artículo de Vicente Palacio, publicado en "El País" el 12 de febrero e 2011)
LOS POLÍTICOS, COMO LOS FUNCIONARIOS.
El de “clase política” quizá no sea un concepto muy afortunado teóricamente, pero es una realidad práctica evidente. En las decisiones de los órganos representativos democráticos la unanimidad es la excepción, salvo cuando afectan a los intereses de los representantes como grupo. Por ejemplo, las referentes a sus salarios, dietas, vacaciones, jubilaciones, compatibilidades, patrimonios, etc. Entonces la unanimidad es la regla, especialmente porque esas decisiones suelen ser beneficiosas y acarrear privilegios.
El Parlamento, cuya función es legislar para todos, a veces legisla para sí mismo; por ejemplo, cuando establece su propio reglamento, lo cual es lógico. Pero también lo hace cuando legisla condiciones laborales o retributivas especiales para sus miembros, lo que ya no lo es tanto. Eso es lo que los constituye en clase y en clase especial.Ahora bien, en su esencia última, la democracia supone la identidad entre gobernantes y gobernados, la ausencia de privilegios. La presencia de estos es propia del antiguo régimen. Cuando en el siglo XIX se decidió que la actividad política fuese remunerada se trataba de garantizar aquella igualdad, de forma que pudieran acceder a ella las gentes sin recursos. Incluso cuando se estableció algún privilegio, por ejemplo la inmunidad parlamentaria, se hizo en pro de ese ideal y para impedir que los representantes pudieran ser objeto de represalias de los monarcas a través de los tribunales.
Con el paso del tiempo, esa identidad se ha roto, dejando paso a situaciones de privilegio que son de escándalo, como se vio hace poco con las corruptelas generalizadas de los diputados británicos y como se ve en España, aunque sea en menor medida. Remediarlo, si existe voluntad política, como parece tener el PSOE pero no el PP, es muy sencillo. Basta con someter a los representantes a la condición de funcionarios, que en el fondo es lo que son mientras dure su mandato: salarios y patrimonio de conocimiento público, transparentes, para que pueda saberse qué intereses representan los representantes; dietas y viáticos de la función pública y régimen de incompatibilidades del funcionariado.Habrá políticos para quienes estas condiciones supongan un sacrificio personal. Pero es que eso es la función política: un servicio público desinteresado y no un negocio. Ni para los registradores de la propiedad.
(Artículo de Ramón Cotarelo, publicado en "Público" el 11 de febrero de 2011)
El Parlamento, cuya función es legislar para todos, a veces legisla para sí mismo; por ejemplo, cuando establece su propio reglamento, lo cual es lógico. Pero también lo hace cuando legisla condiciones laborales o retributivas especiales para sus miembros, lo que ya no lo es tanto. Eso es lo que los constituye en clase y en clase especial.Ahora bien, en su esencia última, la democracia supone la identidad entre gobernantes y gobernados, la ausencia de privilegios. La presencia de estos es propia del antiguo régimen. Cuando en el siglo XIX se decidió que la actividad política fuese remunerada se trataba de garantizar aquella igualdad, de forma que pudieran acceder a ella las gentes sin recursos. Incluso cuando se estableció algún privilegio, por ejemplo la inmunidad parlamentaria, se hizo en pro de ese ideal y para impedir que los representantes pudieran ser objeto de represalias de los monarcas a través de los tribunales.
Con el paso del tiempo, esa identidad se ha roto, dejando paso a situaciones de privilegio que son de escándalo, como se vio hace poco con las corruptelas generalizadas de los diputados británicos y como se ve en España, aunque sea en menor medida. Remediarlo, si existe voluntad política, como parece tener el PSOE pero no el PP, es muy sencillo. Basta con someter a los representantes a la condición de funcionarios, que en el fondo es lo que son mientras dure su mandato: salarios y patrimonio de conocimiento público, transparentes, para que pueda saberse qué intereses representan los representantes; dietas y viáticos de la función pública y régimen de incompatibilidades del funcionariado.Habrá políticos para quienes estas condiciones supongan un sacrificio personal. Pero es que eso es la función política: un servicio público desinteresado y no un negocio. Ni para los registradores de la propiedad.
(Artículo de Ramón Cotarelo, publicado en "Público" el 11 de febrero de 2011)
LOS DICTADORES SON MALOS ALIADOS.
La incógnita sobre las revueltas en Túnez y Egipto es si tienen carácter secular o bien pueden desembocar en regímenes más autoritarios que los del derrocado Ben Ali o del prácticamente desahuciado Mubarak. Estados Unidos y Europa no tienen argumentos para negar a los más de 180 millones de ciudadanos que viven desde Egipto hasta Mauritania los mismos derechos que nosotros disfrutamos.
Las revoluciones que marcaron el siglo pasado, desde la de octubre de 1917 a la de la caída del comunismo en 1989, pasando por la de Teherán de 1979, tienen en común el cambio de regímenes dictatoriales o autocráticos. Pero el desenlace fue bien distinto. Los soviéticos no aportaron ni libertad ni un mayor bienestar. Los ayatolás de Jomeini, tampoco. En Europa del Este, por el contrario, las revueltas que empezaron con la caída del muro de Berlín acabaron en la incorporación gradual de los países que durante dos generaciones habían vivido bajo el paraguas del control económico, militar y político de Moscú.
Una revolución, según dijo Jomeini a su regreso de París hace ahora 32 años, no es sobre el precio de las sandías. Las revoluciones comportan grandes cambios en profundidad que afectan a millones de personas. No hay garantía de que el cambio que se está gestando en Egipto sea para mejorar la vida de sus gentes. Lo que sí cabe afirmar es que una dictadura, tarde o temprano, conduce a protestas populares que exigen las libertades de un régimen democrático.
No es lógico negar a nuestros vecinos de la otra orilla del Mediterráneo aquellos derechos que gozamos en Europa. La democracia tiene muchas imperfecciones, como ha quedado demostrado con los viajes estas Navidades del primer ministro de Francia, François Fillon, invitado distinguido de Mubarak, o el de la ministra de Exteriores, Michèle Alliot-Marie, que se paseó por Túnez en dos ocasiones en el avión de un potentado tunecino asociado al clan del huido presidente Ben Ali. En Francia se ha organizado un escándalo de gran escala. En un país sin libertad, nadie se entera.
Alguien se pondrá al frente de las revoluciones de Túnez y Egipto. Todo puede ocurrir. Pero lo que es imparable es que sociedades tan jóvenes, tan pobres, tan corruptas políticamente y con tantas esperanzas de cambio puedan tolerar la permanencia de dictaduras civiles o militares.
Indonesia y Turquía han demostrado que sociedades ampliamente musulmanas pueden vivir en un ámbito democrático. El futuro es incierto y el vacío creado por la caída de dos dictaduras en el norte de África alguien lo va a ocupar. Haría bien Europa en fomentar sistemas abiertos en los países árabes, aun corriendo el riesgo de que los nuevos dirigentes puedan frustrar las aspiraciones de los miles de manifestantes de El Cairo. Apoyar a dictadores amigos es un error.
(Artículo de Lluís Foix, publicado en "La Vanguardia" el 10 de febrero de 2011)
Las revoluciones que marcaron el siglo pasado, desde la de octubre de 1917 a la de la caída del comunismo en 1989, pasando por la de Teherán de 1979, tienen en común el cambio de regímenes dictatoriales o autocráticos. Pero el desenlace fue bien distinto. Los soviéticos no aportaron ni libertad ni un mayor bienestar. Los ayatolás de Jomeini, tampoco. En Europa del Este, por el contrario, las revueltas que empezaron con la caída del muro de Berlín acabaron en la incorporación gradual de los países que durante dos generaciones habían vivido bajo el paraguas del control económico, militar y político de Moscú.
Una revolución, según dijo Jomeini a su regreso de París hace ahora 32 años, no es sobre el precio de las sandías. Las revoluciones comportan grandes cambios en profundidad que afectan a millones de personas. No hay garantía de que el cambio que se está gestando en Egipto sea para mejorar la vida de sus gentes. Lo que sí cabe afirmar es que una dictadura, tarde o temprano, conduce a protestas populares que exigen las libertades de un régimen democrático.
No es lógico negar a nuestros vecinos de la otra orilla del Mediterráneo aquellos derechos que gozamos en Europa. La democracia tiene muchas imperfecciones, como ha quedado demostrado con los viajes estas Navidades del primer ministro de Francia, François Fillon, invitado distinguido de Mubarak, o el de la ministra de Exteriores, Michèle Alliot-Marie, que se paseó por Túnez en dos ocasiones en el avión de un potentado tunecino asociado al clan del huido presidente Ben Ali. En Francia se ha organizado un escándalo de gran escala. En un país sin libertad, nadie se entera.
Alguien se pondrá al frente de las revoluciones de Túnez y Egipto. Todo puede ocurrir. Pero lo que es imparable es que sociedades tan jóvenes, tan pobres, tan corruptas políticamente y con tantas esperanzas de cambio puedan tolerar la permanencia de dictaduras civiles o militares.
Indonesia y Turquía han demostrado que sociedades ampliamente musulmanas pueden vivir en un ámbito democrático. El futuro es incierto y el vacío creado por la caída de dos dictaduras en el norte de África alguien lo va a ocupar. Haría bien Europa en fomentar sistemas abiertos en los países árabes, aun corriendo el riesgo de que los nuevos dirigentes puedan frustrar las aspiraciones de los miles de manifestantes de El Cairo. Apoyar a dictadores amigos es un error.
(Artículo de Lluís Foix, publicado en "La Vanguardia" el 10 de febrero de 2011)
¿EXCLUYE LA POLÍTICA A LOS MEJORES?
Aún sigue existiendo demasiada confusión con el salario de los altos cargos, las retribuciones de los expresidentes y exministros, las pensiones, el sueldo, la declaración de patrimonio y las actividades extraparlamentarias de los diputados en activo. En 30 años de democracia no hemos logrado que los políticos hablen con claridad de estos asuntos. Se ha demostrado que unos cuantos corruptos tenían mucho que ocultar, pero la mayoría se resiste al considerarlo, erróneamente, un asunto privado. No lo es, porque les financia el Estado, es decir, los ciudadanos con sus impuestos. Esa dependencia les obliga a rendir cuentas y a que la procedencia de sus ingresos sea fiscalizada hasta el último céntimo.Cada vez que pedimos explicaciones sobre sus dineros, los políticos nos acusan de hacer demagogia. Dicen que cobran menos que el resto de sus colegas europeos y que la falta de aliciente económico ahuyentaría a los mejores y sólo se dedicarían a la política los menos preparados. Argumento falaz donde los haya. Los mejores pueden tener una vocación sin ánimo de lucro y prueba de ello es que muchos talentos con excelente formación eligen profesiones tan poco rentables como, entre otras, la sanidad, la investigación científica, la enseñanza, la antropología o las ciencias medioambientales.La transparencia frena la corrupción y el despilfarro. Todos los grupos parlamentarios la defienden, pero no se han puesto de acuerdo a la hora de aplicar el régimen de incompatibilidades, la publicidad de sus bienes o la reforma de sus pensiones. La dignificación de la política, que algunos proclaman, es incompatible con la opacidad.
(Artículo de Nativel Preciado, publicado en "Público" el 9 de febrero de 2011)
(Artículo de Nativel Preciado, publicado en "Público" el 9 de febrero de 2011)
MÉRITOS Y VENTAJAS.
Una de las pocas virtudes de la crisis es que fuerza un diagnóstico de nuestras anomalías como país (económicas, laborales, energéticas, educativas…), que ya son excesivas. Una introspección responsable hubiera permitido su corrección en plazo y nos hubiera ahorrado disgustos. Me centraré en la función pública, que todo el mundo sabe sobredimensionada, aquejada de duplicidades, solapamientos y redundancias, carente de controles y transparencia, donde sistemáticamente se incumplen sus normas y politizada hasta el clientelismo. Una organización y unos modos que cada vez parecen más alejados del interés general y cuyos responsables difícilmente pueden invocarlo para justificarlos.
Uno de los más graves incumplimientos es la vulneración sistemática, a todos los niveles, del procedimiento de provisión de puestos de trabajo: la postergación del concurso de méritos como sistema normal; el abuso de los sistemas discrecionales (libres designaciones, comisiones de servicio…); la falta de convocatoria de las plazas vacantes… Pero no solo es grave que las normas se incumplan, sino, más aun, que sean injustas o que provean un orden ilógico y anómalo.
Un caso paradigmático es el de la consolidación de nivel, que, si tiene su sentido en el marco de la carrera profesional para permitir el progreso del funcionario con el desempeño de puestos de progresiva mayor responsabilidad, queda absolutamente desvirtuado si se vincula a la discrecionalidad de la provisión de puestos.
Así, consolidan nivel, de forma vitalicia, quienes decida el que manda en cada momento, con criterios no necesariamente relacionados con la profesionalidad del funcionario, su experiencia o sus conocimientos, sino con la “confianza”, en las múltiples formas en que se concreta: militancia, amistad, relaciones familiares… Una consolidación de niveles que no tiene nada que ver con la diligencia con que luego desempeñe el trabajo y que podrá esgrimir el resto de su vida laboral, en la provisión ordinaria de puestos, frente a funcionarios que no han disfrutado de esa “confianza”, condicionando la selección de personal.
Cuesta llamar “mérito” a un nivel consolidado en esas condiciones, puesto que es realmente una ventaja que alguien otorgó discrecionalmente, y que se convierte en correlativa desventaja del resto de funcionarios. Una injusticia. Y una rémora para la Administración. La colección de funcionarios con nivel consolidado con criterios políticos que un Gobierno deja al siguiente es toda una carga de profundidad: mayores costes retributivos y la imposibilidad de cubrir las plazas por concurso de méritos, so pena de infiltrar su organigrama con funcionarios que el anterior aventajó a su conveniencia.
Un sistema viciado condenado a perpetuarse, salvo que una modificación legal impida la consolidación de niveles para los puestos cubiertos de forma discrecional. ¿Quién se atreverá? Porque precisamente no conviene a quien gobierna, que es el único que podría hacerlo.
(Artículo de Julio Calvo Iglesias, publicado en "Heraldo de Aragón" el 5 de febrero de 2011)
Uno de los más graves incumplimientos es la vulneración sistemática, a todos los niveles, del procedimiento de provisión de puestos de trabajo: la postergación del concurso de méritos como sistema normal; el abuso de los sistemas discrecionales (libres designaciones, comisiones de servicio…); la falta de convocatoria de las plazas vacantes… Pero no solo es grave que las normas se incumplan, sino, más aun, que sean injustas o que provean un orden ilógico y anómalo.
Un caso paradigmático es el de la consolidación de nivel, que, si tiene su sentido en el marco de la carrera profesional para permitir el progreso del funcionario con el desempeño de puestos de progresiva mayor responsabilidad, queda absolutamente desvirtuado si se vincula a la discrecionalidad de la provisión de puestos.
Así, consolidan nivel, de forma vitalicia, quienes decida el que manda en cada momento, con criterios no necesariamente relacionados con la profesionalidad del funcionario, su experiencia o sus conocimientos, sino con la “confianza”, en las múltiples formas en que se concreta: militancia, amistad, relaciones familiares… Una consolidación de niveles que no tiene nada que ver con la diligencia con que luego desempeñe el trabajo y que podrá esgrimir el resto de su vida laboral, en la provisión ordinaria de puestos, frente a funcionarios que no han disfrutado de esa “confianza”, condicionando la selección de personal.
Cuesta llamar “mérito” a un nivel consolidado en esas condiciones, puesto que es realmente una ventaja que alguien otorgó discrecionalmente, y que se convierte en correlativa desventaja del resto de funcionarios. Una injusticia. Y una rémora para la Administración. La colección de funcionarios con nivel consolidado con criterios políticos que un Gobierno deja al siguiente es toda una carga de profundidad: mayores costes retributivos y la imposibilidad de cubrir las plazas por concurso de méritos, so pena de infiltrar su organigrama con funcionarios que el anterior aventajó a su conveniencia.
Un sistema viciado condenado a perpetuarse, salvo que una modificación legal impida la consolidación de niveles para los puestos cubiertos de forma discrecional. ¿Quién se atreverá? Porque precisamente no conviene a quien gobierna, que es el único que podría hacerlo.
(Artículo de Julio Calvo Iglesias, publicado en "Heraldo de Aragón" el 5 de febrero de 2011)
LA POLÍTICA, SIMPLEMENTE.
Todos los primeros jueves de cada mes, hacia las diez de la noche, durante años, las calles de El Cairo quedaban desiertas. Y lo mismo sucedía en todos los pueblos y ciudades entre Casablanca y Bagdad, a lo largo de todo el mundo árabe. Las grandes metrópolis y las ciudades, las aldeas de montaña o los asentamientos próximos al desierto, padecían de repente un extraño encantamiento. Los cafés se llenaban, familias y amigos se reunían en casas, cualquier rincón se convertía en improvisado lugar de encuentro. Y entonces, todas las ondas desde el Magreb hasta el Éufrates sintonizaban Radio Cairo. Y la emisora era, a veces durante cuatro horas, el corazón del mundo árabe. No hacía falta anunciarlo. Tampoco necesitaba comentarios. Era Oum Kalsoum y, esas noches, todo el mundo árabe latía al compás de su voz, sus canciones y su música. Las veladas de Kalsoum fueron el primer y mayor fenómeno mediático del mundo árabe contemporáneo. Se habló de la importancia de las ondas, pero lo esencial era ella, la voz de Kalsoum.
También estos días, pero ya en todo el mundo, millones de corazones están latiendo al ritmo de las noticias que llegan de Midan Tahrir por twitter, facebook o internet. Y también ahora nos entretenemos en el medio, cuando lo esencial es lo que está pasando allí y lo que desde allí nos llega: lágrimas de ilusión y rabia, de irritación y esperanza. Tras tres décadas de dictadura, millones de egipcios se han sublevado en todo el país. Al tercer día, The Guardian se preguntaba si Tahrir sería para el mundo árabe como el muro de Berlín. La pregunta todavía no tiene respuesta. Pero es una pregunta pertinente. Y por eso estamos pegados a las pantallas de ordenador siguiendo lo que pasa en Egipto, sobre todo, pues en efecto es ahí donde todo puede cambiar o donde todo podría estropearse. Berlín no fue solo Berlín. Y además de Egipto está Túnez y Yemen y Argelia y Jordania... Y por eso esperamos inquietos, con el corazón en vilo, cada nuevo mensaje de nuestros amigos allí: de S., poeta y cineasta egipcia, que está en la plaza de Tahrir, su plaza, gritando y filmando; de R., fotógrafa egipcia, que nos hizo llegar las primeras fotos de la plaza; de X., nuestro amigo catalán, que ya está en Egipto, como cada año, para pasar seis meses en su casa, y que nos cuenta cómo la gente se organiza para resistir y protegerse. Por eso temblamos cuando el jueves por la noche, desde la plaza, S. nos escribió: “estamos esperando para mañana una muy seria confrontación, puede ser una masacre, ya no quedan medios en la plaza aparte de la televisión oficial egipcia”. Cuando ustedes lean este artículo ya sabrán lo que ahora todavía no sabemos. Lo decía X.: “todo va tan rápido que cada hora es una incógnita”.
Y es que nadie puede permanecer indiferente a lo que está sucediendo en El Cairo. Como dijo Lévinas, poniendo palabras para expresar qué quiere decir la conciencia ética: “allí donde yo hubiera podido permanecer espectador, debo ser responsable”. Por eso no hay elección: o la responsabilidad o el cinismo. O estar con los que arriesgan su vida por la libertad y la democracia o con los cómplices de un sistema corrupto, criminal y opresor.
Y, de las diferentes formas de cinismo, estos días han vuelto a aparecer los tics coloniales habituales por estos lares. Escuchamos a analistas que, a distancia, o incluso desde un hotel egipcio, a las ocho horas de llegar, nos dicen cómo es Egipto, qué es lo que quieren o incluso cómo debería ser y qué es lo que deberían hacer. Escuchamos o leemos cómo se elogian las ansias de libertad, y cómo se expresa el miedo por lo que vaya a pasar después, ese miedo al que siempre se le pone nombre, “fundamentalismo islámico”, sin saber, ni remotamente, el peso que eso, sea lo que sea, tiene entre la población de Egipto. Escuchamos las apelaciones a la “estabilidad” y la “calma”, a la “transición”, a un “gobierno de representación ampliada”, como de forma indecente reclamaban cinco líderes de la UE, incluído Zapatero. Escuchamos declaraciones, como las de la jefa de la diplomacia española, mirando a otro lado. Escuchamos voces que no han abierto la boca durante los treinta años de Mubarak y que ahora declaran timoratas un miedo que es sólo suyo.
Y, sobre todo, descubrimos cómo el lenguaje ha empezado a envenenarse. Allí donde sólo hay linchamiento salvaje a los pacíficos manifestantes se habla de “enfrentamiento entre partidarios y detractores de Mubarak”. Y al régimen de corrupción y tortura ahora se lo reconoce como “garantía de estabilidad”. Desde Napoleón, Europa, y con ella Occidente, ha decidido lo que Egipto debía ser e incluso cómo debía representarse. Como si fueran menores de edad. Napoleón y Marx coincidían en eso. También el Tratado de Versalles, en 1919, que ha marcado todo el siglo XX. Pero tal vez ya es hora de reconocer que los egipcios decidan lo que quieren que Egipto sea.
Al final, ¿qué es lo que duele? Reconocer, precisamente aquí, donde nos pensamos estúpidamente que la política consiste en las declaraciones de un director general, un conseller o un ministro, que lo que está sucediendo en Egipto, precisamente, es eso: la política, simplemente. La impugnación de una ordenación injusta de las cosas y la voluntad de modificarlas. Mientras veo en directo las emocionantes imágenes de los millones de cairotas y alejandrinos clamando por la libertad, escucho dos canciones de Oum Kalsoum: Les-sabri houdoub (La paciencia tiene sus límites) y Tala'Al-Fajr (El día ha amanecido).
(Artículo de Xavier Antich, publicado en "La Vanguardia" el 7 de febrero de 2011)
También estos días, pero ya en todo el mundo, millones de corazones están latiendo al ritmo de las noticias que llegan de Midan Tahrir por twitter, facebook o internet. Y también ahora nos entretenemos en el medio, cuando lo esencial es lo que está pasando allí y lo que desde allí nos llega: lágrimas de ilusión y rabia, de irritación y esperanza. Tras tres décadas de dictadura, millones de egipcios se han sublevado en todo el país. Al tercer día, The Guardian se preguntaba si Tahrir sería para el mundo árabe como el muro de Berlín. La pregunta todavía no tiene respuesta. Pero es una pregunta pertinente. Y por eso estamos pegados a las pantallas de ordenador siguiendo lo que pasa en Egipto, sobre todo, pues en efecto es ahí donde todo puede cambiar o donde todo podría estropearse. Berlín no fue solo Berlín. Y además de Egipto está Túnez y Yemen y Argelia y Jordania... Y por eso esperamos inquietos, con el corazón en vilo, cada nuevo mensaje de nuestros amigos allí: de S., poeta y cineasta egipcia, que está en la plaza de Tahrir, su plaza, gritando y filmando; de R., fotógrafa egipcia, que nos hizo llegar las primeras fotos de la plaza; de X., nuestro amigo catalán, que ya está en Egipto, como cada año, para pasar seis meses en su casa, y que nos cuenta cómo la gente se organiza para resistir y protegerse. Por eso temblamos cuando el jueves por la noche, desde la plaza, S. nos escribió: “estamos esperando para mañana una muy seria confrontación, puede ser una masacre, ya no quedan medios en la plaza aparte de la televisión oficial egipcia”. Cuando ustedes lean este artículo ya sabrán lo que ahora todavía no sabemos. Lo decía X.: “todo va tan rápido que cada hora es una incógnita”.
Y es que nadie puede permanecer indiferente a lo que está sucediendo en El Cairo. Como dijo Lévinas, poniendo palabras para expresar qué quiere decir la conciencia ética: “allí donde yo hubiera podido permanecer espectador, debo ser responsable”. Por eso no hay elección: o la responsabilidad o el cinismo. O estar con los que arriesgan su vida por la libertad y la democracia o con los cómplices de un sistema corrupto, criminal y opresor.
Y, de las diferentes formas de cinismo, estos días han vuelto a aparecer los tics coloniales habituales por estos lares. Escuchamos a analistas que, a distancia, o incluso desde un hotel egipcio, a las ocho horas de llegar, nos dicen cómo es Egipto, qué es lo que quieren o incluso cómo debería ser y qué es lo que deberían hacer. Escuchamos o leemos cómo se elogian las ansias de libertad, y cómo se expresa el miedo por lo que vaya a pasar después, ese miedo al que siempre se le pone nombre, “fundamentalismo islámico”, sin saber, ni remotamente, el peso que eso, sea lo que sea, tiene entre la población de Egipto. Escuchamos las apelaciones a la “estabilidad” y la “calma”, a la “transición”, a un “gobierno de representación ampliada”, como de forma indecente reclamaban cinco líderes de la UE, incluído Zapatero. Escuchamos declaraciones, como las de la jefa de la diplomacia española, mirando a otro lado. Escuchamos voces que no han abierto la boca durante los treinta años de Mubarak y que ahora declaran timoratas un miedo que es sólo suyo.
Y, sobre todo, descubrimos cómo el lenguaje ha empezado a envenenarse. Allí donde sólo hay linchamiento salvaje a los pacíficos manifestantes se habla de “enfrentamiento entre partidarios y detractores de Mubarak”. Y al régimen de corrupción y tortura ahora se lo reconoce como “garantía de estabilidad”. Desde Napoleón, Europa, y con ella Occidente, ha decidido lo que Egipto debía ser e incluso cómo debía representarse. Como si fueran menores de edad. Napoleón y Marx coincidían en eso. También el Tratado de Versalles, en 1919, que ha marcado todo el siglo XX. Pero tal vez ya es hora de reconocer que los egipcios decidan lo que quieren que Egipto sea.
Al final, ¿qué es lo que duele? Reconocer, precisamente aquí, donde nos pensamos estúpidamente que la política consiste en las declaraciones de un director general, un conseller o un ministro, que lo que está sucediendo en Egipto, precisamente, es eso: la política, simplemente. La impugnación de una ordenación injusta de las cosas y la voluntad de modificarlas. Mientras veo en directo las emocionantes imágenes de los millones de cairotas y alejandrinos clamando por la libertad, escucho dos canciones de Oum Kalsoum: Les-sabri houdoub (La paciencia tiene sus límites) y Tala'Al-Fajr (El día ha amanecido).
(Artículo de Xavier Antich, publicado en "La Vanguardia" el 7 de febrero de 2011)
LA REBELIÓN NORTEAFRICANA.
La rebelión ha venido y todos saben cómo ha sido. Unos dicen que las crecientes desigualdades en el norte de África, de Marruecos a Egipto, habrían desencadenado la ira y lo que está ocurriendo a partir de que la inmolación de un muchacho tunecino en diciembre fuera la chispa que provocaría el incendio. Otros, que tiranos como Ben Alí o Hosni Mubarak tenían sus días contados, sumidos como estaban en la corrupción. (¿Cuántos decenios de días contados?) Aun otros, que merced a twitter y a la telefonía móvil se había generado una red no controlada por las viejas policías políticas. Y así sucesivamente. Estas no son explicaciones plenamente satisfactorias.
Los seres humanos soportan a menudo con infinita paciencia regímenes políticos extrema y manifiestamente injustos. La pregunta que hay que hacerse no es la habitual de ¿por qué estalló la rebelión?, sino más bien al revés: ¿cómo es posible que la gente aguante tanto sin rebelarse? Lenin, en uno de los ensayos más lúcidos que se hayan compuesto sobre la rebelión, afirmaba que si el poder tiránico no se desmoraliza y sus aparatos represivos -ejército, policía- no lo abandonan, la revolución es imposible. Mubarak debe de haber leído a Lenin, porque ya ha mandado a sus matones a reprimir manifestantes a tiros.
Hasta hoy no se está produciendo una revolución en esa zona, sino una rebelión desesperada, sobre todo por parte de una masiva población joven sin trabajo, fruto de la explosión demográfica que, de seguir, conseguirá que demasiadas cosas agradables terminen yéndose al garete.
La explosión se ha producido según la ley de todas las rebeliones populares, desde la que condujo más tarde a la revolución francesa hasta la rusa bolchevique y la china maoista del siglo XX. Estallan cuando una corriente de esperanzas y expectativas crecientes -de prosperidad y mejores oportunidades- se estrella contra una realidad que las niega. Esa frustración es lo más peligroso para el tirano de turno. No hay efecto contagio que valga -aun siendo un factor que anime a los desesperados- si no viene empujado por la frustración de una esperanza realista.
El espléndido ejemplo de ansias de libertad, democracia y emancipación popular que estamos presenciando a lo largo de la región del Magreb y hasta el Sinaí podría acabar en solo rebelión y no en revolución. (La excepción de momento es un Marruecos que espera tenso el instante a pesar de todos los alauitas pesares). En la revuelta aún no hay programa, ni ideología, ni auténtica concepción de aquel pluralismo político que es la esencia de la democracia. (La democracia es la presencia legítima de un Gobierno con una oposición tan legítima como él.) Acechan los cuervos en algunos lugares -la Hermandad Musulmana junto al Nilo- mientras que en otros la llegada de un viejo exiliado solo pone una figura venerable y paterna para aplacar angustias, brevemente.
Y no vale reprochar todo a las fuerzas exteriores. Los yanquis echaron mano de Mubarak en Egipto como la habían echado del Sha en Persia o de su agente en Bagdad, Sadam Husein, al que luego atacaron y hundieron en una guerra con pretextos inventados. En ella también estuvimos nosotros por obra y desgracia de gobiernos como los de José María Aznar y Tony Blair. Las fuerzas exteriores apoyan a quienes les conviene, aunque Barack Obama esté prometiendo ahora -y bien está que lo haga- que apoyará transiciones pacíficas a la democracia y regímenes decentes allá donde surjan. Esas fuerzas andan, no lo dudemos, metidas en el baile. Lo que vemos son las declaraciones del presidente Obama o las ambiguas y tímidas de la señora Catherine Ashton en nombre de la Unión Europea. Pero lo que pesan son presiones durísimas, ocultas, para que la ira popular no acabe con los tiranos. Al Yemen ya le han obligado a ejercer el arte de la cosmética política de democrática apariencia. Un futuro y patético Wikileaks demostrará lo que sabemos sin que nos lo digan.
Lo que esas fuerzas no controlan es la dinámica terrible de tendencias como las señaladas: incapacidad política y económica de satisfacer anhelos de libertad y trabajo, estupidez represiva, ansia de permanencia ciega en el poder. Castro -cuánto duele decirlo- es un anciano gruñón como lo fuera Franco. Mubarak les emula. Y no sabe irse, ni fallecer.
Y luego vendrá lo que muchos en esta Europa meridional tendrán que entender. Que nuestra frontera sur, el mar, es ya porosa, puente de constantes migraciones hacia el norte -hacia Italia, Grecia, España, Francia- y que lo será más aún, cuando toda la rebelión de las masas norteafricanas se vaya transformando en la migración en tropel a costas ajenas.
Porque si la democracia -y esperemos que les llegue, que no es seguro- es buena para la economía, es decir, para dar trabajo, el desarrollo no es cosa de dos días. La desesperación no se absorbe de la noche a la mañana.
(Artículo de Salvador Giner, publicado en "El Periódico de Catalunya" el 6 de febrero de 2011)
Los seres humanos soportan a menudo con infinita paciencia regímenes políticos extrema y manifiestamente injustos. La pregunta que hay que hacerse no es la habitual de ¿por qué estalló la rebelión?, sino más bien al revés: ¿cómo es posible que la gente aguante tanto sin rebelarse? Lenin, en uno de los ensayos más lúcidos que se hayan compuesto sobre la rebelión, afirmaba que si el poder tiránico no se desmoraliza y sus aparatos represivos -ejército, policía- no lo abandonan, la revolución es imposible. Mubarak debe de haber leído a Lenin, porque ya ha mandado a sus matones a reprimir manifestantes a tiros.
Hasta hoy no se está produciendo una revolución en esa zona, sino una rebelión desesperada, sobre todo por parte de una masiva población joven sin trabajo, fruto de la explosión demográfica que, de seguir, conseguirá que demasiadas cosas agradables terminen yéndose al garete.
La explosión se ha producido según la ley de todas las rebeliones populares, desde la que condujo más tarde a la revolución francesa hasta la rusa bolchevique y la china maoista del siglo XX. Estallan cuando una corriente de esperanzas y expectativas crecientes -de prosperidad y mejores oportunidades- se estrella contra una realidad que las niega. Esa frustración es lo más peligroso para el tirano de turno. No hay efecto contagio que valga -aun siendo un factor que anime a los desesperados- si no viene empujado por la frustración de una esperanza realista.
El espléndido ejemplo de ansias de libertad, democracia y emancipación popular que estamos presenciando a lo largo de la región del Magreb y hasta el Sinaí podría acabar en solo rebelión y no en revolución. (La excepción de momento es un Marruecos que espera tenso el instante a pesar de todos los alauitas pesares). En la revuelta aún no hay programa, ni ideología, ni auténtica concepción de aquel pluralismo político que es la esencia de la democracia. (La democracia es la presencia legítima de un Gobierno con una oposición tan legítima como él.) Acechan los cuervos en algunos lugares -la Hermandad Musulmana junto al Nilo- mientras que en otros la llegada de un viejo exiliado solo pone una figura venerable y paterna para aplacar angustias, brevemente.
Y no vale reprochar todo a las fuerzas exteriores. Los yanquis echaron mano de Mubarak en Egipto como la habían echado del Sha en Persia o de su agente en Bagdad, Sadam Husein, al que luego atacaron y hundieron en una guerra con pretextos inventados. En ella también estuvimos nosotros por obra y desgracia de gobiernos como los de José María Aznar y Tony Blair. Las fuerzas exteriores apoyan a quienes les conviene, aunque Barack Obama esté prometiendo ahora -y bien está que lo haga- que apoyará transiciones pacíficas a la democracia y regímenes decentes allá donde surjan. Esas fuerzas andan, no lo dudemos, metidas en el baile. Lo que vemos son las declaraciones del presidente Obama o las ambiguas y tímidas de la señora Catherine Ashton en nombre de la Unión Europea. Pero lo que pesan son presiones durísimas, ocultas, para que la ira popular no acabe con los tiranos. Al Yemen ya le han obligado a ejercer el arte de la cosmética política de democrática apariencia. Un futuro y patético Wikileaks demostrará lo que sabemos sin que nos lo digan.
Lo que esas fuerzas no controlan es la dinámica terrible de tendencias como las señaladas: incapacidad política y económica de satisfacer anhelos de libertad y trabajo, estupidez represiva, ansia de permanencia ciega en el poder. Castro -cuánto duele decirlo- es un anciano gruñón como lo fuera Franco. Mubarak les emula. Y no sabe irse, ni fallecer.
Y luego vendrá lo que muchos en esta Europa meridional tendrán que entender. Que nuestra frontera sur, el mar, es ya porosa, puente de constantes migraciones hacia el norte -hacia Italia, Grecia, España, Francia- y que lo será más aún, cuando toda la rebelión de las masas norteafricanas se vaya transformando en la migración en tropel a costas ajenas.
Porque si la democracia -y esperemos que les llegue, que no es seguro- es buena para la economía, es decir, para dar trabajo, el desarrollo no es cosa de dos días. La desesperación no se absorbe de la noche a la mañana.
(Artículo de Salvador Giner, publicado en "El Periódico de Catalunya" el 6 de febrero de 2011)
MÁS LIDERAZGO Y MENOS JEFATURA.
Más Platón y menos Prozac» es título de un famoso libro en el que su autor (Lou Marinoff) intenta demostrar que la filosofía puede ser una buena opción para conseguir una vida satisfactoria en todos los órdenes, entre otras aplicaciones. Por analogía, su lectura me ha servido de inspiración en los comentarios que siguen.
Los términos «líder» y «jefe» tienden a ser utilizados de forma alternativa, por no decir equivalente, cuando en realidad representan papeles claramente diferenciados, sobre todo, cuando nos referimos a la función directiva en el ámbito empresarial, en el mundo de la política o incluso del deporte, por poner alguno de los ejemplos más socorridos. Esta no es una cuestión novedosa, ha sido y sigue siendo objeto de interés y de discusión desde hace mucho tiempo, y no sólo a cargo de reconocidos pensadores.
Tanto el liderazgo como la jefatura son procesos que implican la existencia de grupos de personas y la necesidad de cumplir determinados objetivos; básicamente, su prevalencia se justifica porque concurren en un cierto nivel de relación social y compromiso. Y en ese contexto no basta con ocupar un cargo de responsabilidad, hay que desempeñarlo con todas sus consecuencias. Qué duda cabe que en ese desempeño, tanto unos como otros -líderes y jefes- asumen papeles que podrían solaparse, pero las diferencias existen, y no son pocas, y a ellas me referiré de forma resumida, para sostener la afirmación que encabeza estos comentarios.
El jefe, en todo caso, consigue que las personas que dependen de él hagan lo que tienen que hacer; el líder va mucho más allá, y logra que deseen hacer lo que tienen que hacer. ¡Ahí es nada!
En ocasiones el jefe impide que prospere el talento a su alrededor, porque teme que le «hagan sombra». Sin embargo, el líder lo fomenta, se rodea de los mejores y procura que sus colaboradores saquen lo mejor que llevan dentro.
El jefe se interesa por el «cómo» y «cuándo»; para él, a veces, el fin justifica los medios. El líder se interesa también por el «por qué» y actúa con arreglo a una escala de valores.
El jefe se ocupa del «aquí y ahora», mientras que el líder eleva el «punto de mira» y se plantea objetivos de más largo alcance.
Para el jefe la autoridad (que se impone) es una oportunidad para ejercer el mando, mientras que para el líder (que la inspira) lo es para ser útil. El primero dice «aquí mando yo» y empuja al equipo; el segundo dice «aquí sirvo yo» y encabeza la manifestación.
Cuando se comete un error el jefe lo primero que hace es buscar a los culpables, porque el que la hace la paga, y cree que así arregla la situación. El líder corrige, pero comprende; castiga, pero enseña y trata de rehabilitar; también adopta medidas para evitar su reproducción.
El jefe ordena desde su «puesto de mando» y con demasiada frecuencia hace del trabajo una carga; el líder da ejemplo y va marcando el paso. Los que cuentan con un líder pueden llegar a cansarse, pero no terminan hastiados.
En definitiva, el líder moviliza al grupo a través del trabajo en equipo, asignando responsabilidades, delegando facultades y consiguiendo su compromiso.
De forma especial, en tiempos como los que corren es difícil no coincidir en esta observación: necesitamos más líderes y es posible que nos sobren jefes; mandar como lo harían estos últimos es relativamente fácil, y más, si cabe, cuando sólo nos acompañan los obedientes; dirigir es otra cosa que está en sintonía con la breve descripción del liderazgo que precede.
(Artículo de Policarpo Fandos, publicado en "La Nueva España" el 5 de febrero de 2011)
Los términos «líder» y «jefe» tienden a ser utilizados de forma alternativa, por no decir equivalente, cuando en realidad representan papeles claramente diferenciados, sobre todo, cuando nos referimos a la función directiva en el ámbito empresarial, en el mundo de la política o incluso del deporte, por poner alguno de los ejemplos más socorridos. Esta no es una cuestión novedosa, ha sido y sigue siendo objeto de interés y de discusión desde hace mucho tiempo, y no sólo a cargo de reconocidos pensadores.
Tanto el liderazgo como la jefatura son procesos que implican la existencia de grupos de personas y la necesidad de cumplir determinados objetivos; básicamente, su prevalencia se justifica porque concurren en un cierto nivel de relación social y compromiso. Y en ese contexto no basta con ocupar un cargo de responsabilidad, hay que desempeñarlo con todas sus consecuencias. Qué duda cabe que en ese desempeño, tanto unos como otros -líderes y jefes- asumen papeles que podrían solaparse, pero las diferencias existen, y no son pocas, y a ellas me referiré de forma resumida, para sostener la afirmación que encabeza estos comentarios.
El jefe, en todo caso, consigue que las personas que dependen de él hagan lo que tienen que hacer; el líder va mucho más allá, y logra que deseen hacer lo que tienen que hacer. ¡Ahí es nada!
En ocasiones el jefe impide que prospere el talento a su alrededor, porque teme que le «hagan sombra». Sin embargo, el líder lo fomenta, se rodea de los mejores y procura que sus colaboradores saquen lo mejor que llevan dentro.
El jefe se interesa por el «cómo» y «cuándo»; para él, a veces, el fin justifica los medios. El líder se interesa también por el «por qué» y actúa con arreglo a una escala de valores.
El jefe se ocupa del «aquí y ahora», mientras que el líder eleva el «punto de mira» y se plantea objetivos de más largo alcance.
Para el jefe la autoridad (que se impone) es una oportunidad para ejercer el mando, mientras que para el líder (que la inspira) lo es para ser útil. El primero dice «aquí mando yo» y empuja al equipo; el segundo dice «aquí sirvo yo» y encabeza la manifestación.
Cuando se comete un error el jefe lo primero que hace es buscar a los culpables, porque el que la hace la paga, y cree que así arregla la situación. El líder corrige, pero comprende; castiga, pero enseña y trata de rehabilitar; también adopta medidas para evitar su reproducción.
El jefe ordena desde su «puesto de mando» y con demasiada frecuencia hace del trabajo una carga; el líder da ejemplo y va marcando el paso. Los que cuentan con un líder pueden llegar a cansarse, pero no terminan hastiados.
En definitiva, el líder moviliza al grupo a través del trabajo en equipo, asignando responsabilidades, delegando facultades y consiguiendo su compromiso.
De forma especial, en tiempos como los que corren es difícil no coincidir en esta observación: necesitamos más líderes y es posible que nos sobren jefes; mandar como lo harían estos últimos es relativamente fácil, y más, si cabe, cuando sólo nos acompañan los obedientes; dirigir es otra cosa que está en sintonía con la breve descripción del liderazgo que precede.
(Artículo de Policarpo Fandos, publicado en "La Nueva España" el 5 de febrero de 2011)
LA REBELIÓN DE LAS MASAS.
Las numerosas manifestaciones que hemos visto estos días en algunos países árabes recuerdan en parte a aquellas que provocaron la caída de los regímenes de socialismo de Estado. Son situaciones muy distintas, tanto histórica como sociológicamente, pero tienen un aire de familia indudable. Sobre todo en lo que hace a la rebelión de la sociedad civil frente a regímenes caducos, y al impulso por hacer realidad una demanda de libertad hasta entonces latente. Una vez puesta en pie la revuelta ya no hubo, ni hay, forma de evitar un cambio de sistema político.
Todo lo demás es, sin embargo, novedoso, propio del contexto geográfico y temporal donde hacen acto de presencia. Primero, porque no sabemos con exactitud cuál es la posición de las diferentes corrientes islámicas que la apoyan respecto al nuevo orden que se desea alcanzar. No podemos olvidar que el islamismo político fue soterrado o directamente prohibido en los países que hoy son el centro de la revuelta. Con casi total seguridad estos grupos no desean alcanzar algo parecido a nuestras democracias liberales, y de ahí el temor a una salida similar a la que en su día se produjo en Irán. Y, en segundo lugar, falta por ver hasta qué punto influye en esta rebelión el factor de retraso económico de la región, una de las más claramente perdedoras del proceso de globalización de la economía. ¿Es la economía o la política lo que mueve a las masas? ¿Qué parte de estos movimientos de revuelta obedecen a un impulso por la democratización y qué parte responde simplemente a una necesidad sentida por salir de la situación de miseria en la que se encuentran importantes sectores de sus poblaciones? No perdamos de vista que allí donde sí hay un buen ritmo de crecimiento económico, como en muchos lugares de Asia, la presión por acceder a la democratización es considerablemente menor, o prácticamente inexistente.
Autoritarismo, corrupción, estancamiento económico y presión demográfica seguramente se combinen como causas que dotan a esta nueva rebelión árabe de un perfil propio, pero también el factor islamista, siempre difícil de ponderar en su repercusión política. Y, en otro orden de cosas, y como en todas partes, el inevitable protagonismo de Internet y otros nuevos medios de comunicación, que sirven para coordinar e impulsar el movimiento, e impiden también la manipulación de la información desde el poder.
Una de las cuestiones más interesantes, sin embargo, es la percepción que se tiene desde Occidente -desde Europa en particular-, de cuanto está pasando. Domina la interpretación en clave política, que ve en estos movimientos la vanguardia de un renacer democrático. Por eso no se entiende el contraste entre esta apreciación y el cauto silencio de nuestros representantes. Esto es bien expresivo del estado de ánimo que nos embarga, el cierre sobre nosotros mismos y el escepticismo ante todo lo que viene de fuera y huela a "cambio". Lo más interesante, sin embargo, es la gran diferencia entre los movimientos de masas a los que estamos asistiendo en la región del sur y este del Mediterráneo y el papel que en Europa tienen las nuevas protestas en la calle. Mientras allí se levantan para alcanzar lo que no tienen -libertad y un mayor desarrollo económico-, nosotros lo hacemos para no perder lo ya conseguido. Por primera vez en nuestra historia, las manifestaciones tuteladas por los sindicatos, partidos u otros movimientos sociales no aspiran a conseguir nuevos fines, sino a mantener los avances sociales logrados. Son protestas defensivas del statu quo; no, como venía siendo habitual en nuestra historia, reclamaciones para alcanzar mejoras. La idea de progreso se ha desvanecido y predomina la afirmación y preservación de lo existente como lo único posible. El mejor resumen de este estado de ánimo es el cartel que blandía una niña de un liceo francés en las últimas manifestaciones de París: "¡Queremos vivir como nuestros padres!" ¿Alguien se imagina a la generación del baby boom diciendo algo similar?
Bien visto, es como si en nuestro continente hubiéramos accedido ya, en efecto, al "fin de la historia", como si hubiéramos alcanzado el mejor de los mundos posibles y la función de la política no consistiera en otra cosa más que en su defensa numantina. Nada de asumir riesgos.
Lo malo es que, por consideraciones estratégicas, ya casi hasta parecemos temer que otros no se den por satisfechos con lo que tienen y reivindiquen algo en lo que siempre hemos creído. Que lo que deseamos para nosotros, que todo siga igual, no impida el firme apoyo a quienes quieren y necesitan un mundo mejor.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 4 de febrero de 2011)
Todo lo demás es, sin embargo, novedoso, propio del contexto geográfico y temporal donde hacen acto de presencia. Primero, porque no sabemos con exactitud cuál es la posición de las diferentes corrientes islámicas que la apoyan respecto al nuevo orden que se desea alcanzar. No podemos olvidar que el islamismo político fue soterrado o directamente prohibido en los países que hoy son el centro de la revuelta. Con casi total seguridad estos grupos no desean alcanzar algo parecido a nuestras democracias liberales, y de ahí el temor a una salida similar a la que en su día se produjo en Irán. Y, en segundo lugar, falta por ver hasta qué punto influye en esta rebelión el factor de retraso económico de la región, una de las más claramente perdedoras del proceso de globalización de la economía. ¿Es la economía o la política lo que mueve a las masas? ¿Qué parte de estos movimientos de revuelta obedecen a un impulso por la democratización y qué parte responde simplemente a una necesidad sentida por salir de la situación de miseria en la que se encuentran importantes sectores de sus poblaciones? No perdamos de vista que allí donde sí hay un buen ritmo de crecimiento económico, como en muchos lugares de Asia, la presión por acceder a la democratización es considerablemente menor, o prácticamente inexistente.
Autoritarismo, corrupción, estancamiento económico y presión demográfica seguramente se combinen como causas que dotan a esta nueva rebelión árabe de un perfil propio, pero también el factor islamista, siempre difícil de ponderar en su repercusión política. Y, en otro orden de cosas, y como en todas partes, el inevitable protagonismo de Internet y otros nuevos medios de comunicación, que sirven para coordinar e impulsar el movimiento, e impiden también la manipulación de la información desde el poder.
Una de las cuestiones más interesantes, sin embargo, es la percepción que se tiene desde Occidente -desde Europa en particular-, de cuanto está pasando. Domina la interpretación en clave política, que ve en estos movimientos la vanguardia de un renacer democrático. Por eso no se entiende el contraste entre esta apreciación y el cauto silencio de nuestros representantes. Esto es bien expresivo del estado de ánimo que nos embarga, el cierre sobre nosotros mismos y el escepticismo ante todo lo que viene de fuera y huela a "cambio". Lo más interesante, sin embargo, es la gran diferencia entre los movimientos de masas a los que estamos asistiendo en la región del sur y este del Mediterráneo y el papel que en Europa tienen las nuevas protestas en la calle. Mientras allí se levantan para alcanzar lo que no tienen -libertad y un mayor desarrollo económico-, nosotros lo hacemos para no perder lo ya conseguido. Por primera vez en nuestra historia, las manifestaciones tuteladas por los sindicatos, partidos u otros movimientos sociales no aspiran a conseguir nuevos fines, sino a mantener los avances sociales logrados. Son protestas defensivas del statu quo; no, como venía siendo habitual en nuestra historia, reclamaciones para alcanzar mejoras. La idea de progreso se ha desvanecido y predomina la afirmación y preservación de lo existente como lo único posible. El mejor resumen de este estado de ánimo es el cartel que blandía una niña de un liceo francés en las últimas manifestaciones de París: "¡Queremos vivir como nuestros padres!" ¿Alguien se imagina a la generación del baby boom diciendo algo similar?
Bien visto, es como si en nuestro continente hubiéramos accedido ya, en efecto, al "fin de la historia", como si hubiéramos alcanzado el mejor de los mundos posibles y la función de la política no consistiera en otra cosa más que en su defensa numantina. Nada de asumir riesgos.
Lo malo es que, por consideraciones estratégicas, ya casi hasta parecemos temer que otros no se den por satisfechos con lo que tienen y reivindiquen algo en lo que siempre hemos creído. Que lo que deseamos para nosotros, que todo siga igual, no impida el firme apoyo a quienes quieren y necesitan un mundo mejor.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 4 de febrero de 2011)
DE TÚNEZ A EGIPTO.
El vendaval de libertad que sacude los países árabes desde la inmolación del joven tunecino Mohamed Buazizi el pasado 17 de diciembre rompe una serie de clichés y lugares comunes sólidamente enquistados en la opinión europea y en nuestros Gobiernos: el de su fatalismo y resignación a la arbitrariedad y el de la incompatibilidad absoluta entre islam y democracia.
Diremos de entrada que todas las religiones monoteístas son contrarias a priori a aquellos sistemas de gobierno que escapan a su poder: la historia española, con la alianza sagrada del Trono y el Altar y el recurso a la divinidad para encubrir las dictaduras de espadones, es un buen ejemplo de ello. Los viajeros franceses e ingleses que recorrían la Península solían recurrir al almacén de tópicos sobre nuestro presunto apego -salvo en breves momentos de incontrolado furor- al absolutismo monárquico y a la iglesia en la que se apoyaba. Las experiencias frustradas en la Primera y Segunda República abundaban en ello. Hasta hace menos de cuatro décadas España era gobernada por un Caudillo por la gracia de Dios.
Dichos prejuicios omiten el hecho de que la rebelión de los pueblos sojuzgados por el miedo, la injusticia y la ignorancia se incuba en silencio pero un conjunto de factores imprevisibles puede hacerla inflamar.
Aunque la situación política y económica de Túnez y Egipto sean muy disímiles, la chispa que ha prendido en ambos tiene un elemento en común: el hartazgo de una gerontocracia que tiende a perpetuarse en el poder mediante una encubierta sucesión dinástica que bloquea toda posibilidad de cambio. El régimen de Ben Ali era un Estado policiaco que controlaba estrechamente cualquier señal de desafección, mientras acallaba el descontento de una buena parte de la población a cambio de concederle un nivel de vida decente que no abarcaba todo, como han mostrado los hechos a los habitantes del interior y del sur.
El Túnez que visité por última vez hace poco más de 10 años (El Magreb a vuelo de pájaro, EL PAÍS, 1999), evocaba en muchos aspectos la España de la Restauración y la de las dictaduras del siglo que dejamos recientemente atrás. El de un régimen político en apariencia moderado y pro-occidental sostenido por la Unión Europea en cuanto firme baluarte frente al extremismo islamista. Quienes conocíamos el nepotismo y corrupción del clan Ben Ali-Trabelsi, nos preguntábamos cómo podía mantenerse indefinidamente, y la mejor respuesta que he leído hasta la fecha es la siguiente: "El moderantismo se instala para siempre mediante una corta oligarquía de hombres entendidos en la Administración y en los negocios, y acaba por anexionarse el Estado, convirtiéndolo en dependencia de un partido. Su política consiste en hallar un orden legal que cubra el despotismo, y en cebar las ambiciones con el fomento de los intereses materiales. Sus armas: el autoritarismo y la corrupción".
Pero dicho retrato no es el de Túnez sino el de la España del siglo XIX trazado por Manuel Azaña en su ensayo Tres generaciones del Ateneo. El "arte de fabricar parlamentos sin diputados de la oposición", el descrédito de los partidos políticos, la fachada supuestamente democrática eran comunes a nuestros antepasados y a los tunecinos y egipcios de hoy.
En el Egipto de Mubarak la situación es más grave que en el Túnez de Ben Ali: a la saciedad de unas élites educadas y de una clase media empobrecida hay que sumar la pobreza en la que vive sumido el grueso de la población. Más del 20% de esta subsiste con dos euros al día y quien gana el equivalente de 100 mensuales se considera afortunado. En 2008, después de 10 años de ausencia, descubrí que el nivel de vida de la mayoría de los egipcios había descendido aún y el abismo entre quienes acaparan la riqueza del país y quienes no poseen nada se había profundizado. La situación era explosiva y el contagio inmediato de la revuelta tunecina no me sorprendió. El rostro acartonado del Faraón profusamente retratado en las avenidas y plazas de El Cairo parecía un insulto a los millones de jóvenes sin trabajo ni expectativas de cambio. Resulta difícil prever hoy el resultado de la actual explosión, de esos "días de ira" que encienden a la población egipcia y la empujan a desafiar la represión brutal de un poder asediado y exhausto.
El levantamiento espontáneo de los tunecinos y egipcios propagado por las redes sociales creadas por Internet y la telefonía móvil no obedece a las consignas de ningún jefe o partido: los ex súbditos convertidos en ciudadanos que expresan su exasperación han roto con la psicología que sustenta la fidelidad y con el reflejo de sumisión al poder. Los peligros que acechan a dichos movimientos son el consabido recurso al Ejército como instrumento de salvación o a su recuperación por los movimientos islamistas. Con todo, estos últimos parecen haber aprendido la lección de sus anteriores fracasos: su apoyo a la candidatura de El Baradei y la referencia a Turquía son otras tantas razones que inducen a la esperanza en un cambio real y democrático.
(Artículo de Juan Goytisolo, publicado en "El País" el 2 de febrero de 2011)
Diremos de entrada que todas las religiones monoteístas son contrarias a priori a aquellos sistemas de gobierno que escapan a su poder: la historia española, con la alianza sagrada del Trono y el Altar y el recurso a la divinidad para encubrir las dictaduras de espadones, es un buen ejemplo de ello. Los viajeros franceses e ingleses que recorrían la Península solían recurrir al almacén de tópicos sobre nuestro presunto apego -salvo en breves momentos de incontrolado furor- al absolutismo monárquico y a la iglesia en la que se apoyaba. Las experiencias frustradas en la Primera y Segunda República abundaban en ello. Hasta hace menos de cuatro décadas España era gobernada por un Caudillo por la gracia de Dios.
Dichos prejuicios omiten el hecho de que la rebelión de los pueblos sojuzgados por el miedo, la injusticia y la ignorancia se incuba en silencio pero un conjunto de factores imprevisibles puede hacerla inflamar.
Aunque la situación política y económica de Túnez y Egipto sean muy disímiles, la chispa que ha prendido en ambos tiene un elemento en común: el hartazgo de una gerontocracia que tiende a perpetuarse en el poder mediante una encubierta sucesión dinástica que bloquea toda posibilidad de cambio. El régimen de Ben Ali era un Estado policiaco que controlaba estrechamente cualquier señal de desafección, mientras acallaba el descontento de una buena parte de la población a cambio de concederle un nivel de vida decente que no abarcaba todo, como han mostrado los hechos a los habitantes del interior y del sur.
El Túnez que visité por última vez hace poco más de 10 años (El Magreb a vuelo de pájaro, EL PAÍS, 1999), evocaba en muchos aspectos la España de la Restauración y la de las dictaduras del siglo que dejamos recientemente atrás. El de un régimen político en apariencia moderado y pro-occidental sostenido por la Unión Europea en cuanto firme baluarte frente al extremismo islamista. Quienes conocíamos el nepotismo y corrupción del clan Ben Ali-Trabelsi, nos preguntábamos cómo podía mantenerse indefinidamente, y la mejor respuesta que he leído hasta la fecha es la siguiente: "El moderantismo se instala para siempre mediante una corta oligarquía de hombres entendidos en la Administración y en los negocios, y acaba por anexionarse el Estado, convirtiéndolo en dependencia de un partido. Su política consiste en hallar un orden legal que cubra el despotismo, y en cebar las ambiciones con el fomento de los intereses materiales. Sus armas: el autoritarismo y la corrupción".
Pero dicho retrato no es el de Túnez sino el de la España del siglo XIX trazado por Manuel Azaña en su ensayo Tres generaciones del Ateneo. El "arte de fabricar parlamentos sin diputados de la oposición", el descrédito de los partidos políticos, la fachada supuestamente democrática eran comunes a nuestros antepasados y a los tunecinos y egipcios de hoy.
En el Egipto de Mubarak la situación es más grave que en el Túnez de Ben Ali: a la saciedad de unas élites educadas y de una clase media empobrecida hay que sumar la pobreza en la que vive sumido el grueso de la población. Más del 20% de esta subsiste con dos euros al día y quien gana el equivalente de 100 mensuales se considera afortunado. En 2008, después de 10 años de ausencia, descubrí que el nivel de vida de la mayoría de los egipcios había descendido aún y el abismo entre quienes acaparan la riqueza del país y quienes no poseen nada se había profundizado. La situación era explosiva y el contagio inmediato de la revuelta tunecina no me sorprendió. El rostro acartonado del Faraón profusamente retratado en las avenidas y plazas de El Cairo parecía un insulto a los millones de jóvenes sin trabajo ni expectativas de cambio. Resulta difícil prever hoy el resultado de la actual explosión, de esos "días de ira" que encienden a la población egipcia y la empujan a desafiar la represión brutal de un poder asediado y exhausto.
El levantamiento espontáneo de los tunecinos y egipcios propagado por las redes sociales creadas por Internet y la telefonía móvil no obedece a las consignas de ningún jefe o partido: los ex súbditos convertidos en ciudadanos que expresan su exasperación han roto con la psicología que sustenta la fidelidad y con el reflejo de sumisión al poder. Los peligros que acechan a dichos movimientos son el consabido recurso al Ejército como instrumento de salvación o a su recuperación por los movimientos islamistas. Con todo, estos últimos parecen haber aprendido la lección de sus anteriores fracasos: su apoyo a la candidatura de El Baradei y la referencia a Turquía son otras tantas razones que inducen a la esperanza en un cambio real y democrático.
(Artículo de Juan Goytisolo, publicado en "El País" el 2 de febrero de 2011)
LA CORRUPCIÓN INQUIETA.
La Costa da Morte vivió ayer una jornada sin precedentes en la historia de la democracia. Nunca desde que se aprobó la Constitución un centenar de policías tomaron tres concellos de la comarca para detener a sus respectivos alcaldes, dos concejales y tres empresarios. Nunca un juez de Corcubión emprendió una operación de estas características para purgar supuestas tramas de corrupción en su partido judicial. No hay nada probado contra los tres regidores que esta noche durmieron en comisaría. De momento, son inocentes y la prudencia obliga. Sin embargo, algo gordo debe haberse cocido tras una investigación de seis meses para desencadenar una movilización como la de ayer. Cuando menos, a estos tres ediles se les ponen muy cuesta arriba las elecciones de mayo, que posiblemente hubiesen ganado sin muchos esfuerzos. Para ellos empieza una etapa amarga de la política. Para los demás es una muestra de que la corrupción exige energía para ser erradicada de nuestras instituciones.
(Artículo de X. Ameixeiras, publicado en "La Voz de Galicia" el 1 de febrero de 2011)
(Artículo de X. Ameixeiras, publicado en "La Voz de Galicia" el 1 de febrero de 2011)
VERGÜENZA EUROPEA.
Toda política exterior se articula en torno a una combinación de valores e intereses. Sin estos, deviene retórica ingenua; sin aquellos, deja de ser política para convertirse en mero oportunismo. La actuación de la Unión Europea en los últimos meses ante vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos en el Mediterráneo sur o en el Cáucaso indica que ha perdido toda querencia sobre los valores que pretende encarnar. Y cualquier noción sensata de cuáles sean sus intereses
Como en caso de polémica hay que acudir a los textos fundamentales, conviene recordar que el Tratado de Lisboa dispone (artículo 21) que "la acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación", como "la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos". Y la Estrategia Europea de Seguridad, de 2003, doctrina ejecutiva para la política exterior, establece sus intereses. Entre otros, el de que "a Europa le conviene que los países limítrofes estén bien gobernados".
En lugar de cumplir esos mandatos, la UE ha permanecido muda ante los dilatados abusos de las autocracias norteafricanas. Temerosa de una posible irrupción islamista en los mecanismos de poder, ha dejado pudrir situaciones que constituyen precisamente el caldo de cultivo de la misma. El consenso no escrito de que las viejas metrópolis colonialistas debían gozar de primacía en sus zonas de influencia, ha venido concediendo a Francia especial preponderancia. Tan vergonzosa ha resultado que, en plena revolución del jazmín, París todavía ofrecía al dictador tunecino ayuda para contener "la situación de orden público".
Con igual descaro, aunque mayor sordina, Italia y España se han lavado las manos, en presunto beneficio de la cooperación antiinmigratoria y las buenas relaciones. La alta representante de política exterior, lady Ashton, ha repetido un discreto mutis salpicado de alguna declaración inane, sea sobre las revueltas populares de Túnez y Egipto o a propósito de la sonrojante visita reciente del dictador uzbeko a Bruselas.
Compárese tal actitud con la de Estados Unidos (y algún gobierno suelto de la Unión), que ha incitado a los ejércitos de los países en crisis a respetar a los civiles y presiona a sus autoridades en favor de reformas significativas. Si EE UU ha recuperado su carácter de potencia liberal, la UE va camino de perderlo.
(Editorial de "El País", publicado el 31 de enero de 2011)
Como en caso de polémica hay que acudir a los textos fundamentales, conviene recordar que el Tratado de Lisboa dispone (artículo 21) que "la acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación", como "la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos". Y la Estrategia Europea de Seguridad, de 2003, doctrina ejecutiva para la política exterior, establece sus intereses. Entre otros, el de que "a Europa le conviene que los países limítrofes estén bien gobernados".
En lugar de cumplir esos mandatos, la UE ha permanecido muda ante los dilatados abusos de las autocracias norteafricanas. Temerosa de una posible irrupción islamista en los mecanismos de poder, ha dejado pudrir situaciones que constituyen precisamente el caldo de cultivo de la misma. El consenso no escrito de que las viejas metrópolis colonialistas debían gozar de primacía en sus zonas de influencia, ha venido concediendo a Francia especial preponderancia. Tan vergonzosa ha resultado que, en plena revolución del jazmín, París todavía ofrecía al dictador tunecino ayuda para contener "la situación de orden público".
Con igual descaro, aunque mayor sordina, Italia y España se han lavado las manos, en presunto beneficio de la cooperación antiinmigratoria y las buenas relaciones. La alta representante de política exterior, lady Ashton, ha repetido un discreto mutis salpicado de alguna declaración inane, sea sobre las revueltas populares de Túnez y Egipto o a propósito de la sonrojante visita reciente del dictador uzbeko a Bruselas.
Compárese tal actitud con la de Estados Unidos (y algún gobierno suelto de la Unión), que ha incitado a los ejércitos de los países en crisis a respetar a los civiles y presiona a sus autoridades en favor de reformas significativas. Si EE UU ha recuperado su carácter de potencia liberal, la UE va camino de perderlo.
(Editorial de "El País", publicado el 31 de enero de 2011)
LA BATALLA DE EGIPTO CONTINÚA.
Qué admirables me parecen los jóvenes manifestantes ante los que hablé el otro día, esos egipcios unidos contra las injusticias y que comparten una ira que nadie va a poder dominar. El martes fue para mí un día inolvidable. Me uní a los manifestantes en El Cairo, junto con los cientos de miles de personas que, en todo Egipto, salieron a la calle para exigir libertades y enfrentarse a la terrible violencia policial. El régimen posee un aparato de seguridad con 1.500.000 de soldados e invierte millones en entrenarlos para una tarea: reprimir al pueblo egipcio.
Me encontré en medio de miles de jóvenes que solo tenían en común su valor increíble y su determinación de hacer una cosa: cambiar el régimen. Unos jóvenes que son, en su mayoría, estudiantes universitarios sin ninguna esperanza sobre su futuro. Que no encuentran trabajo y, por tanto, no pueden casarse. Y que actúan movidos por una ira indomable y un profundo sentido de las injusticias existentes.
Siempre admiraré a estos revolucionarios. Todo lo que dicen demuestra una aguda conciencia política y un deseo de libertad que desafía a la muerte. Me pidieron que pronunciara unas palabras. Aunque he hablado cientos de veces en público, en esta ocasión era diferente: me encontraba ante 30.000 manifestantes que no estaban de humor para oír hablar de concesiones y que no dejaban de interrumpir con gritos de "¡Abajo Hosni Mubarak!" y "El pueblo dice: ¡Fuera el régimen!".
Dije que estaba orgulloso de lo que habían conseguido, que habían logrado poner fin al periodo de represión, y añadí que, aunque nos golpearan o nos detuvieran, habíamos demostrado ya que no teníamos miedo y que éramos más fuertes que ellos. El Gobierno egipcio tiene a su disposición los instrumentos represivos más temibles del mundo, pero nosotros tenemos algo más fuerte: nuestro valor y nuestra fe en la libertad. La muchedumbre respondió con un grito unánime: "¡Acabaremos lo que hemos empezado!". Yo estaba en compañía de un amigo, un periodista español que pasó muchos años en Europa del Este y vivió allí los movimientos de liberación. Dijo: "Mi experiencia es que, cuando sale tanta gente a la calle, y con tanto empeño, el cambio de régimen es solo cuestión de tiempo".
¿Por qué se han rebelado los egipcios? La respuesta está en la naturaleza del régimen. Un régimen tiránico puede privar al pueblo de libertad pero, a cambio, le ofrece una vida fácil. Un régimen democrático puede no ser capaz de acabar con la pobreza, pero la gente tiene libertad y dignidad. El régimen egipcio ha quitado a sus ciudadanos todo, incluidas la libertad y la dignidad, y no ha cubierto sus necesidades diarias. Los cientos de miles de manifestantes de El Cairo no son más que una representación de los millones de egipcios que han vivido con sus derechos suprimidos.
Si bien en Egipto ya había llamamientos públicos pidiendo reformas mucho antes de los disturbios de Túnez, es evidente que los acontecimientos en dicho país sirvieron de inspiración. La gente empezó a ver con claridad que el aparato de seguridad no podía proteger a un dictador eternamente. Y teníamos más motivos que nuestros homólogos tunecinos para protestar, puesto que en Egipto hay más gente que vive en la pobreza y estamos sujetos a un gobernante que lleva más tiempo sujetando las riendas del poder. En un momento dado, el miedo empujó a Ben Ali a huir de Túnez. Es posible que nosotros obtengamos un éxito similar; algunos manifestantes de El Cairo copiaron el lema en francés que se había oído en Túnez, "Dégage, Mubarak". Por otra parte, las revueltas han llegado ya a otros Estados árabes como Yemen. Las autoridades están descubriendo que sus tácticas no pueden detener las protestas. Las manifestaciones se han organizado a través de Facebook, que ha demostrado ser una fuente de información fiable e independiente; cuando el Estado intentó bloquearla, la gente fue más astuta y los blogueros explicaron las formas de saltarse los controles. Y la violencia de los servicios de seguridad es un peligro para las dos partes: en Suez, la gente se alzó contra la policía por haber disparado a los manifestantes. La historia enseña que llega un instante en el que los agentes de a pie se niegan a obedecer las órdenes de matar a sus conciudadanos.
Cada vez son más los ciudadanos que desafían a las fuerzas del orden. Un joven manifestante me contó que, cuando corría para huir de la policía el martes, entró en un edificio y llamó a un piso cualquiera. Eran las cuatro de la mañana. Le abrió la puerta un hombre de 60 años, con el miedo visible en el rostro. El manifestante pidió al hombre que le escondiera de la policía. El hombre le pidió que le enseñara su documento de identidad y le invitó a entrar, e incluso despertó a una de sus tres hijas para que le preparase algo de comer. Se sentaron a comer y beber té y acabaron charlando como viejos amigos. Por la mañana, cuando se había alejado el peligro de que detuvieran al joven manifestante, el hombre le acompañó a la calle, le buscó un taxi y le ofreció un poco de dinero. El joven se negó y le dio las gracias. Mientras se daban un abrazo, el hombre le dijo: "Soy yo quien debería darte a ti las gracias por defendernos a mí, a mis hijas y a todos los egipcios".
(Artículo de Alaa Al Aswany, publicado en "El País" 3o de enero de 2011)
Me encontré en medio de miles de jóvenes que solo tenían en común su valor increíble y su determinación de hacer una cosa: cambiar el régimen. Unos jóvenes que son, en su mayoría, estudiantes universitarios sin ninguna esperanza sobre su futuro. Que no encuentran trabajo y, por tanto, no pueden casarse. Y que actúan movidos por una ira indomable y un profundo sentido de las injusticias existentes.
Siempre admiraré a estos revolucionarios. Todo lo que dicen demuestra una aguda conciencia política y un deseo de libertad que desafía a la muerte. Me pidieron que pronunciara unas palabras. Aunque he hablado cientos de veces en público, en esta ocasión era diferente: me encontraba ante 30.000 manifestantes que no estaban de humor para oír hablar de concesiones y que no dejaban de interrumpir con gritos de "¡Abajo Hosni Mubarak!" y "El pueblo dice: ¡Fuera el régimen!".
Dije que estaba orgulloso de lo que habían conseguido, que habían logrado poner fin al periodo de represión, y añadí que, aunque nos golpearan o nos detuvieran, habíamos demostrado ya que no teníamos miedo y que éramos más fuertes que ellos. El Gobierno egipcio tiene a su disposición los instrumentos represivos más temibles del mundo, pero nosotros tenemos algo más fuerte: nuestro valor y nuestra fe en la libertad. La muchedumbre respondió con un grito unánime: "¡Acabaremos lo que hemos empezado!". Yo estaba en compañía de un amigo, un periodista español que pasó muchos años en Europa del Este y vivió allí los movimientos de liberación. Dijo: "Mi experiencia es que, cuando sale tanta gente a la calle, y con tanto empeño, el cambio de régimen es solo cuestión de tiempo".
¿Por qué se han rebelado los egipcios? La respuesta está en la naturaleza del régimen. Un régimen tiránico puede privar al pueblo de libertad pero, a cambio, le ofrece una vida fácil. Un régimen democrático puede no ser capaz de acabar con la pobreza, pero la gente tiene libertad y dignidad. El régimen egipcio ha quitado a sus ciudadanos todo, incluidas la libertad y la dignidad, y no ha cubierto sus necesidades diarias. Los cientos de miles de manifestantes de El Cairo no son más que una representación de los millones de egipcios que han vivido con sus derechos suprimidos.
Si bien en Egipto ya había llamamientos públicos pidiendo reformas mucho antes de los disturbios de Túnez, es evidente que los acontecimientos en dicho país sirvieron de inspiración. La gente empezó a ver con claridad que el aparato de seguridad no podía proteger a un dictador eternamente. Y teníamos más motivos que nuestros homólogos tunecinos para protestar, puesto que en Egipto hay más gente que vive en la pobreza y estamos sujetos a un gobernante que lleva más tiempo sujetando las riendas del poder. En un momento dado, el miedo empujó a Ben Ali a huir de Túnez. Es posible que nosotros obtengamos un éxito similar; algunos manifestantes de El Cairo copiaron el lema en francés que se había oído en Túnez, "Dégage, Mubarak". Por otra parte, las revueltas han llegado ya a otros Estados árabes como Yemen. Las autoridades están descubriendo que sus tácticas no pueden detener las protestas. Las manifestaciones se han organizado a través de Facebook, que ha demostrado ser una fuente de información fiable e independiente; cuando el Estado intentó bloquearla, la gente fue más astuta y los blogueros explicaron las formas de saltarse los controles. Y la violencia de los servicios de seguridad es un peligro para las dos partes: en Suez, la gente se alzó contra la policía por haber disparado a los manifestantes. La historia enseña que llega un instante en el que los agentes de a pie se niegan a obedecer las órdenes de matar a sus conciudadanos.
Cada vez son más los ciudadanos que desafían a las fuerzas del orden. Un joven manifestante me contó que, cuando corría para huir de la policía el martes, entró en un edificio y llamó a un piso cualquiera. Eran las cuatro de la mañana. Le abrió la puerta un hombre de 60 años, con el miedo visible en el rostro. El manifestante pidió al hombre que le escondiera de la policía. El hombre le pidió que le enseñara su documento de identidad y le invitó a entrar, e incluso despertó a una de sus tres hijas para que le preparase algo de comer. Se sentaron a comer y beber té y acabaron charlando como viejos amigos. Por la mañana, cuando se había alejado el peligro de que detuvieran al joven manifestante, el hombre le acompañó a la calle, le buscó un taxi y le ofreció un poco de dinero. El joven se negó y le dio las gracias. Mientras se daban un abrazo, el hombre le dijo: "Soy yo quien debería darte a ti las gracias por defendernos a mí, a mis hijas y a todos los egipcios".
(Artículo de Alaa Al Aswany, publicado en "El País" 3o de enero de 2011)
TÚNEZ, NUEVO HORIZONTE DEL MUNDO ÁRABE.
Paradojas de la historia: mientras el dictador Ben Alí huye de su país, otro tirano, Jean-Claude Duvalier, regresa sin que nadie le moleste. Mientras la esperanza florece en Túnez, Haití está demasiado desesperado por su presente como para pedir cuentas por el pasado. Ambos han rivalizado en represión y corrupción. Duvalier se mantuvo gracias al apoyo de EEUU, que le consideraba, como a tantas dictaduras latinoamericanas, un baluarte frente al comunismo. Ben Alí se ha mantenido gracias al de los europeos, especialmente Francia, que lo consideró, como a tantas dictaduras árabes, un dique de contención del islamismo.
Conocí el régimen tunecino durante mi presidencia del Parlamento Europeo y de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. En los encuentros que mantuve con algunos de los pocos y valientes opositores, estos se lamentaban del apoyo que la UE prestaba a un régimen cuya naturaleza represiva era tan evidente. Un apoyo que no le faltó cuando se celebró en Túnez la Conferencia de la ONU sobre la Sociedad de la Información, todo un escarnio en un país en el que el acceso a internet estaba celosamente controlado. Y que se ha mantenido casi hasta el momento en que Ben Alí despegó cogiendo desprevenidas a todas las diplomacias europeas que horas antes todavía hacían llamadas al apaciguamiento.
FRANCIA ha cambiado rápidamente de chaqueta, pero desde hace tiempo todos sus dirigentes políticos de todos los colores han apoyado a Ben Alí poniéndolo como ejemplo de estabilidad y progreso. En diciembre del 2003, Chirac descalificaba a los defensores de los derechos humanos diciendo que el primer derecho humano era comer y que desde este punto de vista Túnez era un país muy avanzado. Mientras, la abogada Nadia Nasraoiui entraba en su 50° día de huelga de hambre. Sarkozy, de visita en Túnez, decía en el 2008 ver progresar las libertades. Y justo antes del suicidio a lo bonzo del joven desesperado que prendió la llama de la revuelta, el ministro de Cultura consideraba una exageración llamar dictadura a Túnez. Pero la palma se la llevó la ministra de Exteriores al proponer, cuando ya había 27 muertos en las calles de Túnez, que la policía francesa entrenara a la de Ben Alí en formas menos rigurosas de hacer frente a desórdenes públicos- Los demás países europeos no han sido tan explícitos, pero casi ninguno cuestionó el régimen de Ben Alí ni siquiera durante esos 21 días de revuelta. La recién estrenada diplomacia europea de lady Ashton, ausente, y la Comisión no ha considerado oportuno congelar la negociación del acuerdo de asociación con Túnez.
El régimen de Ben Alí, mezcla de clientelismo y de represión, sedujo a Occidente con su control de los movimientos islamistas y un crecimiento del 5% anual en un país sin recursos petroleros. Una tasa alta, pero insuficiente, para dar trabajo a los 60.000 nuevos diplomados que salían cada año de un sistema educativo usado como un instrumento demagógico.
LA FRUSTRACIÓN y la cólera que se creó entre esos diplomados condenados al paro acabó explotando cuando fueron más grandes que el miedo. Pero los europeos no nos quisimos enterar hasta que la sangre llegó al río. En cambio, la actitud de EEUU ha sido mucho más exigente con Ben Alí y comprometida con la defensa de la libertad de los tunecinos. Aunque los atentados del 11-S dieron a Ben Alí nueva cuerda para reprimir las libertades en nombre de la lucha contra el terrorismo y el peligro islamista, solo Washington ha convocado al embajador de Túnez, y las condenas explícitas personales de la secretaria de Estado han sido las únicas de la diplomacia occidental antes de la imprevista huida de Ben Alí.
El 14 de enero, mientras Ben Alí hacía las maletas en Túnez, en París había coches agitando la bandera tunecina por los Campos Elíseos. Todos pensaban que lo que fuese a ocurrir dependería de la decisión del Ejército en las horas siguientes. Y seguramente la actitud norteamericana ha sido determinante en la negativa del Ejército tunecino a actuar como fuerza represora.
Ahora se abren numerosos interrogantes y, entre el temor y la esperanza, se especula con que la revolución del jazmín --aunque haya nacido con el olor de la carne quemada-- puede contagiar a otras dictaduras del norte de África. La historia está por escribir, pero desde la caída del muro de Berlín en 1989 la democracia había progresado un poco o bastante en todas partes menos en el mundo árabe. Pero de repente, ante la sorpresa de las cancillerías europeas y a contracorriente de todas las teorías de la realpolitik, un país musulmán baja a la calle y expulsa a pedradas a un dictador corrupto y brutal sin que los islamistas hayan jugado ningún papel clave.
En Túnez se ha demostrado que la llamada de la libertad tiene un eco universal. Y los europeos deberíamos dejar de exigir cínicamente democracia a nuestros vecinos musulmanes cuando realmente lo único que les pedíamos y nos ha importado hasta ahora ha sido que nos ofrecieran estabilidad frente al islamismo que tememos.
(Artículo de Josep Borrell, publicado en "El Periódico de Aragón" el 29 de enero de 2011)
Conocí el régimen tunecino durante mi presidencia del Parlamento Europeo y de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. En los encuentros que mantuve con algunos de los pocos y valientes opositores, estos se lamentaban del apoyo que la UE prestaba a un régimen cuya naturaleza represiva era tan evidente. Un apoyo que no le faltó cuando se celebró en Túnez la Conferencia de la ONU sobre la Sociedad de la Información, todo un escarnio en un país en el que el acceso a internet estaba celosamente controlado. Y que se ha mantenido casi hasta el momento en que Ben Alí despegó cogiendo desprevenidas a todas las diplomacias europeas que horas antes todavía hacían llamadas al apaciguamiento.
FRANCIA ha cambiado rápidamente de chaqueta, pero desde hace tiempo todos sus dirigentes políticos de todos los colores han apoyado a Ben Alí poniéndolo como ejemplo de estabilidad y progreso. En diciembre del 2003, Chirac descalificaba a los defensores de los derechos humanos diciendo que el primer derecho humano era comer y que desde este punto de vista Túnez era un país muy avanzado. Mientras, la abogada Nadia Nasraoiui entraba en su 50° día de huelga de hambre. Sarkozy, de visita en Túnez, decía en el 2008 ver progresar las libertades. Y justo antes del suicidio a lo bonzo del joven desesperado que prendió la llama de la revuelta, el ministro de Cultura consideraba una exageración llamar dictadura a Túnez. Pero la palma se la llevó la ministra de Exteriores al proponer, cuando ya había 27 muertos en las calles de Túnez, que la policía francesa entrenara a la de Ben Alí en formas menos rigurosas de hacer frente a desórdenes públicos- Los demás países europeos no han sido tan explícitos, pero casi ninguno cuestionó el régimen de Ben Alí ni siquiera durante esos 21 días de revuelta. La recién estrenada diplomacia europea de lady Ashton, ausente, y la Comisión no ha considerado oportuno congelar la negociación del acuerdo de asociación con Túnez.
El régimen de Ben Alí, mezcla de clientelismo y de represión, sedujo a Occidente con su control de los movimientos islamistas y un crecimiento del 5% anual en un país sin recursos petroleros. Una tasa alta, pero insuficiente, para dar trabajo a los 60.000 nuevos diplomados que salían cada año de un sistema educativo usado como un instrumento demagógico.
LA FRUSTRACIÓN y la cólera que se creó entre esos diplomados condenados al paro acabó explotando cuando fueron más grandes que el miedo. Pero los europeos no nos quisimos enterar hasta que la sangre llegó al río. En cambio, la actitud de EEUU ha sido mucho más exigente con Ben Alí y comprometida con la defensa de la libertad de los tunecinos. Aunque los atentados del 11-S dieron a Ben Alí nueva cuerda para reprimir las libertades en nombre de la lucha contra el terrorismo y el peligro islamista, solo Washington ha convocado al embajador de Túnez, y las condenas explícitas personales de la secretaria de Estado han sido las únicas de la diplomacia occidental antes de la imprevista huida de Ben Alí.
El 14 de enero, mientras Ben Alí hacía las maletas en Túnez, en París había coches agitando la bandera tunecina por los Campos Elíseos. Todos pensaban que lo que fuese a ocurrir dependería de la decisión del Ejército en las horas siguientes. Y seguramente la actitud norteamericana ha sido determinante en la negativa del Ejército tunecino a actuar como fuerza represora.
Ahora se abren numerosos interrogantes y, entre el temor y la esperanza, se especula con que la revolución del jazmín --aunque haya nacido con el olor de la carne quemada-- puede contagiar a otras dictaduras del norte de África. La historia está por escribir, pero desde la caída del muro de Berlín en 1989 la democracia había progresado un poco o bastante en todas partes menos en el mundo árabe. Pero de repente, ante la sorpresa de las cancillerías europeas y a contracorriente de todas las teorías de la realpolitik, un país musulmán baja a la calle y expulsa a pedradas a un dictador corrupto y brutal sin que los islamistas hayan jugado ningún papel clave.
En Túnez se ha demostrado que la llamada de la libertad tiene un eco universal. Y los europeos deberíamos dejar de exigir cínicamente democracia a nuestros vecinos musulmanes cuando realmente lo único que les pedíamos y nos ha importado hasta ahora ha sido que nos ofrecieran estabilidad frente al islamismo que tememos.
(Artículo de Josep Borrell, publicado en "El Periódico de Aragón" el 29 de enero de 2011)
BERLUSCONI TOCADO Y CASI HUNDIDO.
Italia es un país maravilloso donde suceden cosas tan sorprendentes e inexplicables como las que enumero a continuación. El primer ministro, enfurecido, interrumpe un programa de televisión en directo para insultar a los allí presentes. Estaban hablando, como no, de la participación de las prostitutas en las orgías de Villa San Martino, la mansión de Berlusconi, cuando este llamó por teléfono para tachar al programa de despreciable, infame y repugnante. La respuesta del presentador, Gad Lerner, fue llamar, a su vez, “asqueroso” al primer ministro. Un acto de valor por parte de Lerner, teniendo en cuenta que el insultado no sólo es primer ministro, sino el propietario de la mayoría de los canales de televisión, portales de internet y un tercio del sector editorial, en definitiva, una de las mayores fortunas de Italia, cuyo origen, por cierto, es tan confuso como sus ideas.Aunque el canal de Lerner es de los pocos que no pertenece a Berlusconi, hemos visto recientemente a otros periodistas criticando al jefe en sus propios medios. Tanto esfuerzo y dinero para comprarlos y, al final, se le van de las manos. El escándalo del caso Ruby, la supuesta prostitución de la menor marroquí Kharima el Mahroug, ha dejado tocado y casi hundido a Il Cavaliere. Siendo todo extraño, lo más inexplicable es que un pueblo ilustrado y competente como el italiano siga manteniendo a semejante personaje en el poder. Cierto que la clase política ha sido, en su conjunto, una clase corrupta y corruptora, “pero también es verdad que ha permanecido en el poder con nuestro voto”, dijo el maestro Montanelli, poco antes de morir. Moraleja: no conviene votar con los ojos cerrados y una pinza en la nariz.
(Artículo de Nativel Preciado, publicado en "Público" el 28 de enero de 2011)
(Artículo de Nativel Preciado, publicado en "Público" el 28 de enero de 2011)
DE MOMIOS Y CANONJÍAS.
La peor herencia social de la crisis será, está siendo, esta: nos deja un país con más rencores, más envidias, más discurso demagógico y más desgajado en lo territorial. Lo apuntábamos el sábado al dar cuenta de los ecos que llegan del pueblo llano: una comparación persistente y agresiva entre los sacrificios impuestos a la sociedad y las cómodas ventajas que mantiene la mayor parte de la clase política. Está estallando el viejo, popular, hispánico y vital principio que proclama, y discúlpenme la expresión: “si nos tenemos que joder, jodámonos todos”. Abajo las excepciones.
Y así, internet hierve de datos de sueldos de alcaldes y representantes populares. Hay un clima de denuncia y delación de ingresos de los dirigentes, en todos los niveles. Las cifras se presentan como si fuesen fruto de una apropiación indebida o de un descarado reparto entre amiguetes que se atribuyen el poder vivir bien mientras la mayoría sufre. Es como si hubiera un extraño laboratorio oculto donde se planifica irritar al ciudadano para levantarlo contra el establecimiento.
Así, también, estamos en pleno debate populista sobre las pensiones de los diputados, que obligó al presidente del Congreso a ponerse al frente de la manifestación, para evitar un divorcio con el cuerpo social. Y, por si necesitáramos más ejemplos, ahí tienen la gresca de los famosos pinganillos. El argumento de fuerza para oponerse al uso de los idiomas de España en el Senado ha sido lo que cuestan. Y el discurso, cómo no, también vino acompañado por la comparación: ¿cuántas familias viven con ese dinero?, se preguntó en tertulias y debates. ¡La gran cuestión de los idiomas en las instituciones del Estado, reducida al coste de los pinganillos!
Es la situación del país, qué queréis. Cuando la sociedad lo está pasando mal, el único consuelo es verse acompañada en la desgracia. Lo peligroso es la consecuencia política. Si a diputados y cargos públicos se les quitan algunos beneficios lícitos, justos y acordados con transparencia, ¿quién se querrá dedicar a la función pública? Los muy vocacionales, gran minoría, y los que no pueden hacer otra cosa. Eso supondrá una degradación y una privación de talento a gobiernos e instituciones. Y algo inquietante para la salud democrática: a veces resulta inevitable pensar que está naciendo una nueva y sutil lucha de clases, que enfrenta al ciudadano sufridor con sus políticos, transformados en caricatura de casta de momios y canonjías.
¿Saben por qué sucede? Porque el ciudadano quiere ejemplaridad y no la encuentra. Porque quiere gobernantes y dirigentes que le resuelvan los problemas, y los ve enzarzados en peleas de poder. Y les está pasando factura. La cuestión no es ideológica. Es una forma de venganza. La única ventaja, todavía imperceptible, es que quizá ganemos algo en austeridad pública, transparencia y vergüenza por privilegios hasta ahora disculpados. Ojalá.
(Artículo de Fernando Ónega, publicado en "La Vanguardia" el 27 de enero de 2011)
Y así, internet hierve de datos de sueldos de alcaldes y representantes populares. Hay un clima de denuncia y delación de ingresos de los dirigentes, en todos los niveles. Las cifras se presentan como si fuesen fruto de una apropiación indebida o de un descarado reparto entre amiguetes que se atribuyen el poder vivir bien mientras la mayoría sufre. Es como si hubiera un extraño laboratorio oculto donde se planifica irritar al ciudadano para levantarlo contra el establecimiento.
Así, también, estamos en pleno debate populista sobre las pensiones de los diputados, que obligó al presidente del Congreso a ponerse al frente de la manifestación, para evitar un divorcio con el cuerpo social. Y, por si necesitáramos más ejemplos, ahí tienen la gresca de los famosos pinganillos. El argumento de fuerza para oponerse al uso de los idiomas de España en el Senado ha sido lo que cuestan. Y el discurso, cómo no, también vino acompañado por la comparación: ¿cuántas familias viven con ese dinero?, se preguntó en tertulias y debates. ¡La gran cuestión de los idiomas en las instituciones del Estado, reducida al coste de los pinganillos!
Es la situación del país, qué queréis. Cuando la sociedad lo está pasando mal, el único consuelo es verse acompañada en la desgracia. Lo peligroso es la consecuencia política. Si a diputados y cargos públicos se les quitan algunos beneficios lícitos, justos y acordados con transparencia, ¿quién se querrá dedicar a la función pública? Los muy vocacionales, gran minoría, y los que no pueden hacer otra cosa. Eso supondrá una degradación y una privación de talento a gobiernos e instituciones. Y algo inquietante para la salud democrática: a veces resulta inevitable pensar que está naciendo una nueva y sutil lucha de clases, que enfrenta al ciudadano sufridor con sus políticos, transformados en caricatura de casta de momios y canonjías.
¿Saben por qué sucede? Porque el ciudadano quiere ejemplaridad y no la encuentra. Porque quiere gobernantes y dirigentes que le resuelvan los problemas, y los ve enzarzados en peleas de poder. Y les está pasando factura. La cuestión no es ideológica. Es una forma de venganza. La única ventaja, todavía imperceptible, es que quizá ganemos algo en austeridad pública, transparencia y vergüenza por privilegios hasta ahora disculpados. Ojalá.
(Artículo de Fernando Ónega, publicado en "La Vanguardia" el 27 de enero de 2011)
LA NUEVA ERA DE LA INCERTIDUMBRE.
LEYENDO los comentarios en la prensa sobre la situación económica en el año que hemos dejado atrás y el que acaba de comenzar me viene a la memoria una célebre cita literaria: «Ingreso anual veinte libras, gasto anual noventa y seis, resultado: felicidad. Ingreso anual veinte libras, gasto anual veinte libras con seis, resultado: miseria». Esta cita, sacada de una famosa novela de Charles Dickens que tan bien retrató la moral y los valores de la Inglaterra victoriana, resume muy bien la actitud popular ante el dinero en el tiempo que le tocó vivir. En la Inglaterra del siglo XIX, como en España, Francia o cualquier país de Europa, la preocupación económica de la gran mayoría de los ciudadanos que no contaban con una fortuna personal era cubrir sus gastos, pues contraer deudas se consideraba una desgracia. También les preocupaba ahorrar con el fin de cumplir sus sueños o hacer frente a problemas, como podía ser el caer enfermos, quedarse desempleados o simplemente no sobrevivir en la vejez cuando ya no pudieran trabajar. La vida entonces era mucho más adversa que la de ahora, pues el ciudadano común contaba con muy poco apoyo para defenderse de los reveses, no esperaba que ningún gobierno ni autoridad resolviera sus problemas, tenía muy pocos medios para reclamar sus derechos, y dependía exclusivamente de su trabajo e ingenio para salir adelante.
Este mundo fue felizmente superado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. A finales de la década de los cuarenta se creó el llamado Estado del Bienestar, mediante el cual el gobierno reconocía el derecho de todo ciudadano a la educación, la salud, las prestaciones de desempleo y una pensión de jubilación. En las siguientes cuatro décadas el Estado del Bienestar logró propagarse, con mejores o peores condiciones, desde los países más ricos hasta los más pobres de la actual Unión Europea. Paulatinamente el porcentaje de población que vivía en la pobreza se redujo y surgió una sociedad más igualitaria y más próspera. Como consecuencia, la actitud de los ciudadanos europeos ante el Estado cambió, dejaron de desconfiar de él como habían hecho en tantos países y comenzaron a verle como su principal proveedor de bienestar y de seguridad. La creciente dependencia de los ciudadanos del Estado hizo que su actitud ante el dinero también cambiara radicalmente; ya que el Estado se hacía cargo de cuatro necesidades básicas de su vida, el incentivo para ahorrar disminuyó. A la vez el auge de la sociedad de consumo, acompañado de la aparición del crédito fácil, hizo que la mentalidad ante las deudas cambiara y se hiciera más permisiva, y así los ciudadanos comenzaron a ahorrar cada vez menos y endeudarse más.
El Estado del Bienestar ha surgido como un signo de identidad europeo a lo largo de las últimas décadas, es uno de los motivos de orgullo de los habitantes de la Unión Europea, y durante muchos años los gobiernos han competido por ampliar las prestaciones sociales. Durante este tiempo surgió una cultura de endeudamiento en muchos gobiernos, basada en la premisa de que gastar más de lo que se ingresaba no era grave si se hacía con el fin de ampliar el Estado del Bienestar, y que en un país próspero cuya economía crecía las deudas al final siempre se podían pagar. No era necesario esperar a la crisis actual para comprobar las graves consecuencias que podía tener esta idea, basta un rápido repaso a la historia para probar que con el endeudamiento viene el declive para cualquier potencia, y que varios regímenes han caído por el peso de sus deudas.
La España de los Austrias tuvo catorce bancarrotas entre 1557 y 1696; la Francia prerrevolucionaria gastaba un 62% de su presupuesto en pagar deudas unos años antes de que estallara la revolución francesa; Gran Bretaña entró en fase crítica como potencia imperial en los años treinta cuando gastaba un 44 % de su presupuesto en intereses de sus deudas. En la actualidad el estatus de Estados Unidos como superpotencia se ha visto amenazado por sus deudas, y ha pasado a depender cada vez más de China para financiar su déficit. El ver cómo los industriosos chinos se benefician de los deudores americanos hace recordar la frase de una de las novelas de Benito Pérez Galdós: «El dinero lo ganan quienes con paciencia y fina observación van detrás de los que lo pierden».
La cultura del endeudamiento público y privado se extendió por Europa a la vez que el crecimiento era cada vez menor. Los países de la zona euro crecieron un 3.4 % en los años setenta, 2.4 % en los ochenta, 2.2 % en los noventa y solo 1.1 % de 2001 a 2009. Durante estas décadas, como consecuencia de la ampliación de la educación y las jubilaciones cada vez más tempranas, la población laboral en Europa también disminuyó. Para colmo los europeos, cómodamente instalados en una sociedad opulenta bajo el Estado protector, dejaron de trabajar como lo habían hecho sus antepasados. Los europeos que tienen la suerte de tener empleo se han vuelto más ociosos, como media trabajan menos que los americanos y mucho menos que los asiáticos. En las últimas décadas la jornada laboral en la UE se ha reducido notablemente. Los trabajadores europeos son también los que tienen vacaciones más largas y los que hacen más huelgas. Los europeos en general han vivido cada vez mejor en las últimas décadas, pero ahora van a pagar un precio muy alto por ello, pues el Estado ofreció seguridad ante muchos aspectos de su vida a cambio de un gasto que ya no puede mantenerse, y ahora entramos en una era de incertidumbre que va a exigir mucha austeridad.
Ante este panorama los europeos no solo tienen que hacer que cuadren sus cuentas, sino competir con potencias emergentes cuyas poblaciones tienen unas condiciones laborales y una mentalidad ante el dinero y el trabajo similares a las que tenían los habitantes del viejo continente en la época de la revolución industrial; los chinos, los indios y los habitantes de otras economías emergentes trabajan más que los europeos, ahorran más, se sacrifican más, arriesgan más y son cada vez más emprendedores.
Mientras que muchos gobiernos, partidos y sindicatos se aferran a viejos privilegios o toman medidas cortoplacistas e insisten en que es posible seguir viviendo como hasta ahora con pequeñas reformas, la evidencia indica lo contrario. La nueva era a la que se enfrenta la Unión Europea después de esta última crisis exige un cambio de cultura política y económica. Si queremos que la UE sea capaz de competir en el ámbito global y tenga influencia en el mundo del siglo XXI, tendremos que recuperar el espíritu de lucha que tenían nuestros antepasados hasta mediados del siglo XX, poner fin a la cultura de la dependencia estatal en la cual los ciudadanos esperan pasivamente a que el Estado resuelva milagrosamente sus problemas y recuperar la ética del trabajo y la iniciativa. Para que sobreviva el Estado del Bienestar tendremos que ser capaces de pagarlo, y para ello va a ser necesario recuperar muchos valores de cuando este no existía, como los del trabajo, el sacrificio, la austeridad, el espíritu emprendedor y la creatividad, valores que permitieron a los europeos crear prosperidad y que hicieron posible que sociedades atrasadas se convirtieran en grandes potencias.
(Artículo de Julio Crespo, publicado en "ABC" el 26 de enero de 2011)
Este mundo fue felizmente superado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. A finales de la década de los cuarenta se creó el llamado Estado del Bienestar, mediante el cual el gobierno reconocía el derecho de todo ciudadano a la educación, la salud, las prestaciones de desempleo y una pensión de jubilación. En las siguientes cuatro décadas el Estado del Bienestar logró propagarse, con mejores o peores condiciones, desde los países más ricos hasta los más pobres de la actual Unión Europea. Paulatinamente el porcentaje de población que vivía en la pobreza se redujo y surgió una sociedad más igualitaria y más próspera. Como consecuencia, la actitud de los ciudadanos europeos ante el Estado cambió, dejaron de desconfiar de él como habían hecho en tantos países y comenzaron a verle como su principal proveedor de bienestar y de seguridad. La creciente dependencia de los ciudadanos del Estado hizo que su actitud ante el dinero también cambiara radicalmente; ya que el Estado se hacía cargo de cuatro necesidades básicas de su vida, el incentivo para ahorrar disminuyó. A la vez el auge de la sociedad de consumo, acompañado de la aparición del crédito fácil, hizo que la mentalidad ante las deudas cambiara y se hiciera más permisiva, y así los ciudadanos comenzaron a ahorrar cada vez menos y endeudarse más.
El Estado del Bienestar ha surgido como un signo de identidad europeo a lo largo de las últimas décadas, es uno de los motivos de orgullo de los habitantes de la Unión Europea, y durante muchos años los gobiernos han competido por ampliar las prestaciones sociales. Durante este tiempo surgió una cultura de endeudamiento en muchos gobiernos, basada en la premisa de que gastar más de lo que se ingresaba no era grave si se hacía con el fin de ampliar el Estado del Bienestar, y que en un país próspero cuya economía crecía las deudas al final siempre se podían pagar. No era necesario esperar a la crisis actual para comprobar las graves consecuencias que podía tener esta idea, basta un rápido repaso a la historia para probar que con el endeudamiento viene el declive para cualquier potencia, y que varios regímenes han caído por el peso de sus deudas.
La España de los Austrias tuvo catorce bancarrotas entre 1557 y 1696; la Francia prerrevolucionaria gastaba un 62% de su presupuesto en pagar deudas unos años antes de que estallara la revolución francesa; Gran Bretaña entró en fase crítica como potencia imperial en los años treinta cuando gastaba un 44 % de su presupuesto en intereses de sus deudas. En la actualidad el estatus de Estados Unidos como superpotencia se ha visto amenazado por sus deudas, y ha pasado a depender cada vez más de China para financiar su déficit. El ver cómo los industriosos chinos se benefician de los deudores americanos hace recordar la frase de una de las novelas de Benito Pérez Galdós: «El dinero lo ganan quienes con paciencia y fina observación van detrás de los que lo pierden».
La cultura del endeudamiento público y privado se extendió por Europa a la vez que el crecimiento era cada vez menor. Los países de la zona euro crecieron un 3.4 % en los años setenta, 2.4 % en los ochenta, 2.2 % en los noventa y solo 1.1 % de 2001 a 2009. Durante estas décadas, como consecuencia de la ampliación de la educación y las jubilaciones cada vez más tempranas, la población laboral en Europa también disminuyó. Para colmo los europeos, cómodamente instalados en una sociedad opulenta bajo el Estado protector, dejaron de trabajar como lo habían hecho sus antepasados. Los europeos que tienen la suerte de tener empleo se han vuelto más ociosos, como media trabajan menos que los americanos y mucho menos que los asiáticos. En las últimas décadas la jornada laboral en la UE se ha reducido notablemente. Los trabajadores europeos son también los que tienen vacaciones más largas y los que hacen más huelgas. Los europeos en general han vivido cada vez mejor en las últimas décadas, pero ahora van a pagar un precio muy alto por ello, pues el Estado ofreció seguridad ante muchos aspectos de su vida a cambio de un gasto que ya no puede mantenerse, y ahora entramos en una era de incertidumbre que va a exigir mucha austeridad.
Ante este panorama los europeos no solo tienen que hacer que cuadren sus cuentas, sino competir con potencias emergentes cuyas poblaciones tienen unas condiciones laborales y una mentalidad ante el dinero y el trabajo similares a las que tenían los habitantes del viejo continente en la época de la revolución industrial; los chinos, los indios y los habitantes de otras economías emergentes trabajan más que los europeos, ahorran más, se sacrifican más, arriesgan más y son cada vez más emprendedores.
Mientras que muchos gobiernos, partidos y sindicatos se aferran a viejos privilegios o toman medidas cortoplacistas e insisten en que es posible seguir viviendo como hasta ahora con pequeñas reformas, la evidencia indica lo contrario. La nueva era a la que se enfrenta la Unión Europea después de esta última crisis exige un cambio de cultura política y económica. Si queremos que la UE sea capaz de competir en el ámbito global y tenga influencia en el mundo del siglo XXI, tendremos que recuperar el espíritu de lucha que tenían nuestros antepasados hasta mediados del siglo XX, poner fin a la cultura de la dependencia estatal en la cual los ciudadanos esperan pasivamente a que el Estado resuelva milagrosamente sus problemas y recuperar la ética del trabajo y la iniciativa. Para que sobreviva el Estado del Bienestar tendremos que ser capaces de pagarlo, y para ello va a ser necesario recuperar muchos valores de cuando este no existía, como los del trabajo, el sacrificio, la austeridad, el espíritu emprendedor y la creatividad, valores que permitieron a los europeos crear prosperidad y que hicieron posible que sociedades atrasadas se convirtieran en grandes potencias.
(Artículo de Julio Crespo, publicado en "ABC" el 26 de enero de 2011)
UNA OCASION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA.
Una democracia nunca será plena si carece de mecanismos eficaces que sometan a los representantes públicos al escrutinio de los ciudadanos. En ese sentido, hay que saludar como un paso en la buena dirección –aunque llegue con retraso y en un contexto de puja con el PP– la iniciativa de los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo, para que los parlamentarios hagan públicos sus ingresos, actividades, patrimonios e intereses. La fórmula de referencia es la ley que el propio Bono impulsó en Castilla-La Mancha en 1995 cuando presidía esa comunidad y que constituye hoy la normativa más avanzada de España en materia de transparencia. Los presidentes de las dos cámaras legislativas han abierto un plazo de 15 días para que los distintos partidos presenten propuestas, de modo que aún es pronto para saber hasta dónde están dispuestos a llegar sus señorías en el compromiso. Cabe confiar en que actúen con sensatez y entiendan que la sociedad, bastante castigada por los efectos de la crisis, merece explicaciones claras sobre el destino de los recursos públicos y la actuación de sus representantes.
En contra de cierta opinión extendida, los políticos no son unos privilegiados ni ganan fortunas con la actividad pública. A lo que contribuiría una norma de transparencia es a que los ciudadanos puedan controlar que los parlamentarios se dedican en exclusiva a su tarea y no la ponen al servicio de intereses particulares. En este escenario, por cierto, no es nada ejemplar la decisión del PSOE y el PP de mantener la pensión pública para los ex presidentes con ingresos de empresas privadas.
(Artículo de Marco Schwartz, publicado en "Público" el 26 de enero de 2011)
En contra de cierta opinión extendida, los políticos no son unos privilegiados ni ganan fortunas con la actividad pública. A lo que contribuiría una norma de transparencia es a que los ciudadanos puedan controlar que los parlamentarios se dedican en exclusiva a su tarea y no la ponen al servicio de intereses particulares. En este escenario, por cierto, no es nada ejemplar la decisión del PSOE y el PP de mantener la pensión pública para los ex presidentes con ingresos de empresas privadas.
(Artículo de Marco Schwartz, publicado en "Público" el 26 de enero de 2011)
¿SE PUEDE CAER MÁS BAJO?
Lo bueno de la historia, dicen, es que cura de espantos. Casi nada que ocurra deja de tener un trasunto en el pasado. Y en Italia, que de antigüedad anda sobrada, buscar es casi encontrar inmediatamente. Este gobernante suyo actual parece un epítome de Tiberio. En el siglo primero, habiendo llegado a emperador, logró alcanzar altas cotas de infamia. Hacía fiestas con todo tipo de excesos, de mesa, bebida y sexo, a las que eran invitadas prostitutas o jóvenes directamente vendidas por sus parentelas. Para darle sal, de cuando en cuando exigía también el tributo de la honestidad de alguna chica patricia. Y se cuenta que, si no lo lograba, entonces atacaba a sus madres. Este Tiberio tenía un lugarteniente que se ocupaba de gobernar y varios fámulos que le montaban las orgías conseguían a las mujeres y demás intendencia.
Como en Roma todo se sabía y la gente murmuraba, acabó llevando sus sucias fiestas a la isla de Capri. Allí montó una casa de recreo en que añadió a sus conocidas fiestas algunas distracciones acuáticas que quizás no vienen al caso. Aquello no acabó bien, pero dejó trazas en la historia de la vileza. ¿Nada nuevo bajo el sol? Imagino que, como todo niño italiano, el actual presidente conoce la historia de la dinastía Julia. Forma parte de la imaginación común del país. Ya sabes, "las cosas que pasaban cuando éramos un imperio". Me temo que manifiestamente este ciudadano copia un modelo que guarda en su memoria.
No podemos saber si los historiadores antoninos se inventaron las suciedades de Tiberio. Pero las que suceden, para goce del actual, en los palacios públicos y las casas privadas de Roma o de Villa Certosa están bien documentadas. Así como lo está la degradación de las familias que ofrecen las hijas y hermanas, los salarios de sexo que paga el prócer y las conversaciones de las implicadas. La imagen que resulta es la del delirio de un macho avejentado que se apoya en las partes más bellacas de la naturaleza humana; un tipo al que el poder se le ha subido a la cabeza y que ya no sabe relacionarse con iguales, sino que relincha rodeado de una corte prostibular y disfruta amparando una política en la que todo se compra y se vende. Un gobernante abyecto, bendecido por la clerecía o por pocos contrariado.
¿Existe el personaje verdaderamente? Sin duda, pero es sobre todo un síntoma. La democracia tiene sus increyentes. Gentes que se especializan en abatir hasta donde más se pueda la decencia común para encontrar así su confortable charco. Asistimos a la pesadilla de un mundo de payasos y gladiadores que nos quieren hacer caminar por el borde mismo de la ignominia. Este es ahora el temor que recorre Europa: el contagio. Es siempre más fácil descender que subir.
(Artículo de Amelia Valcárcel, publicado en "El País" el 25 de enero de 2011)
Como en Roma todo se sabía y la gente murmuraba, acabó llevando sus sucias fiestas a la isla de Capri. Allí montó una casa de recreo en que añadió a sus conocidas fiestas algunas distracciones acuáticas que quizás no vienen al caso. Aquello no acabó bien, pero dejó trazas en la historia de la vileza. ¿Nada nuevo bajo el sol? Imagino que, como todo niño italiano, el actual presidente conoce la historia de la dinastía Julia. Forma parte de la imaginación común del país. Ya sabes, "las cosas que pasaban cuando éramos un imperio". Me temo que manifiestamente este ciudadano copia un modelo que guarda en su memoria.
No podemos saber si los historiadores antoninos se inventaron las suciedades de Tiberio. Pero las que suceden, para goce del actual, en los palacios públicos y las casas privadas de Roma o de Villa Certosa están bien documentadas. Así como lo está la degradación de las familias que ofrecen las hijas y hermanas, los salarios de sexo que paga el prócer y las conversaciones de las implicadas. La imagen que resulta es la del delirio de un macho avejentado que se apoya en las partes más bellacas de la naturaleza humana; un tipo al que el poder se le ha subido a la cabeza y que ya no sabe relacionarse con iguales, sino que relincha rodeado de una corte prostibular y disfruta amparando una política en la que todo se compra y se vende. Un gobernante abyecto, bendecido por la clerecía o por pocos contrariado.
¿Existe el personaje verdaderamente? Sin duda, pero es sobre todo un síntoma. La democracia tiene sus increyentes. Gentes que se especializan en abatir hasta donde más se pueda la decencia común para encontrar así su confortable charco. Asistimos a la pesadilla de un mundo de payasos y gladiadores que nos quieren hacer caminar por el borde mismo de la ignominia. Este es ahora el temor que recorre Europa: el contagio. Es siempre más fácil descender que subir.
(Artículo de Amelia Valcárcel, publicado en "El País" el 25 de enero de 2011)
NO MEZCLAR.
Una pregunta recurrente es cómo la Unión Europea puede ser más influyente en el panorama internacional. Entre la puesta en marcha del servicio diplomático europeo o la definición de una política exterior y de seguridad común, lo cierto es que los mecanismos que se han demostrado más influyentes han sido los sucesivos procesos de ampliación y el proceso de transformación interna que se producía en los países candidatos. Desde la última ampliación hacia el este europeo hasta los candidatos actuales u otros potenciales (como los países de los Balcanes occidentales), las perspectivas de adhesión han servido para legitimar las políticas de diversos gobiernos, solucionar asuntos fronterizos y, en definitiva, acometer profundas reformas difícilmente realizables sin otear una futura incorporación. La crisis económica y la respuesta europea no parecen estar alterando esta capacidad.
Sin embargo, una vez dentro, la capacidad de influencia de la Unión parece desvanecerse. Es más, comienza una fase en la que los gobiernos nacionales se afanan en calificar de asuntos internos toda decisión criticada desde las instancias comunitarias, excepción hecha de los compromisos que se derivan de la unión monetaria. Y es así que se llega a episodios como el de la pasada semana, cuando, ante unos europarlamentarios prevenidos por la censurable regulación de los medios de comunicación en Hungría, su primer ministro, Viktor Orban, señaló que no se deben mezclar los asuntos internos con los europeos. En tal caso, estaría dispuesto a luchar.
Detrás de este discurso, que no se limita a un caso esporádico, se esconde la visión de la Unión Europea como un organismo certificador de cierto estatus a sus miembros que
Sin embargo, una vez dentro, la capacidad de influencia de la Unión parece desvanecerse. Es más, comienza una fase en la que los gobiernos nacionales se afanan en calificar de asuntos internos toda decisión criticada desde las instancias comunitarias, excepción hecha de los compromisos que se derivan de la unión monetaria. Y es así que se llega a episodios como el de la pasada semana, cuando, ante unos europarlamentarios prevenidos por la censurable regulación de los medios de comunicación en Hungría, su primer ministro, Viktor Orban, señaló que no se deben mezclar los asuntos internos con los europeos. En tal caso, estaría dispuesto a luchar.
Detrás de este discurso, que no se limita a un caso esporádico, se esconde la visión de la Unión Europea como un organismo certificador de cierto estatus a sus miembros que
5 comentarios:
Vivan los que soñaron un poquito, como diría Emilio Gastón.
Triunfa la verdad, hoy algunos estamos de celebración, otros deberían reflexionar y pensar que aun pueden contribuir a mejorar el servicio que prestamos a los ciudadanos pero siempre dentro de la más absoluta legalidad.
FELICIDADES A ESTA ASOCIACIÓN, SEGUIR.
Importantísima sentencia cuyos efectos aún no somos capaces de calibrar. Mis felicitaciones a esa Asociación, pero también a los magistrados del Supremo que la han dictado. Ya era hora que el sentido común se impusiese sobre la arbitrariedad y la dejación general.
Véase este comentario en el blog de nuestros colegas asturianos del Conceyu por Otra Función Pública:
Los compañeros de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa nos remiten la importantísima sentencia dictada por la Sala de lo contencioso - administrativo del Tribunal Supremo el 29 de octubre de 2010, notificada a esa asociación el 28 de enero en el recurso de casación promovido por la misma (ver sentencia completa), en la que se declara la obligación de las Administraciones Públicas de incluir todas las plazas vacantes cubiertas por interinos en la oferta de empleo público.
La sentencia tiene una enorme trascendencia por varias razones, las fundamentales:
- Las Administraciones Públicas no pueden sustraer discrecionalmente puestos vacantes de la oferta de empleo público y, consecuentemente, de los procedimientos para ocupar esos puestos de trabajo de forma definitiva, de acuerdo con los principios constitucionales de publidad, igualdad, mérito y capacidad.
- Cuando una Administración Pública excluye plazas vacantes de la oferta de empleo público no sólo está cometiendo una actuación ilegal, sino que, además, con esta práctica ilegal vulnera el derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución, conforme al cual todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a acceder a los empleos públicos en condiciones de igualdad.
- No son lícitos para intentar justificar los recortes de la oferta de empleo público en la que no se incluyen todos los puestos vacantes, argumentos tales como la existencia de motivos económicos o de autoorganización, pues las plazas están presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos.
- El cumplimiento escrupuloso de esta obligación legal supondría un paso imprescindible para reducir la precarización del empleo público que hoy azota a la totalidad de las Administraciones del Estado y que incide muy negativamente sobre la calidad de los servicios públicos y sobre las condiciones de imparcialidad necesarias para el desempeño de las funciones públicas.
Finalizamos reiterando la importancia del éxito alcanzado por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, ejemplo del buen hacer de una asociación independiente en defensa del interés general.
No logro desentrañar la sentencia en este tamaño.
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