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Las contradicciones están marcando los primeros pasos de lo que será la primera ley de transparencia de la que dispondrá España, el único gran país europeo que carece de ella. De un lado, es de ley reconocer que este Gobierno es el primero que corre el riesgo de lanzar un proyecto que, en mayor o menor medida, va a aumentar la capacidad de control ciudadano sobre sus decisiones y sus actuaciones. De otro lado, como si la pesada inercia de la opacidad fuera insoslayable, el Ejecutivo está utilizando un procedimiento poco transparente. Prueba palmaria de ello es que el Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley, lo presentó, pero no lo dio a conocer. Es cierto que ejecutivos anteriores han usado el mismo subterfugio, pero no puede ser argumento válido justamente para el que pretende romper con el tradicional oscurantismo español. Tampoco ha habido transparencia informativa en el novedoso proceso de participación ciudadana que, según el Gobierno, ha provocado 3.700 observaciones a través de la página web abierta para ello y, finalmente, ni se ha esperado el final del debate abierto a instancias del mismo Ejecutivo entre 38 expertos ni se ha explicado el motivo de tan extravagante desplante.
El cambio más sustancial y, en principio, positivo acometido en el proyecto desde que se lanzó el borrador en marzo es el sistema de nombramiento y cese del presidente de la Agencia Estatal de Transparencia, que, según Moncloa, “se equipara a los organismos reguladores”, lo que significa que lo nombrará el Gobierno (y con mayoría absoluta del parlamento), pero su cese solo es posible por causas mayores, lo que debe permitir al nombrado un cierto margen de maniobra respecto a quien lo designó.
El aspecto más negativo del proyecto es el principio de “silencio negativo”, que deja al criterio de las administraciones públicas la potestad de dar la callada por respuesta a cualquier pregunta. Y el Gobierno también ha desoído las propuestas de incorporar a la Casa Real a este ejercicio obligado de transparencia. Por lo demás, la puesta en marcha de esta ley que obliga a publicar contratos, sueldos y actividades de los altos cargos de todas las administraciones y que prevé sanciones para los que falseen y oculten datos debería ser el inicio —por fin— de una nueva manera de concebir la gestión política que pasa por ampliar la capacidad de supervisión de los administrados.
(Editorial de "El País", publicado el 19 de mayo de 2012)
La acumulación de malas noticias para España durante las últimas semanas ha generalizado una sensación de pesimismo que distorsiona la situación real del país y minusvalora los recursos con los que cuenta para superarla. Por más que se hayan repetido los fracasos en la historia, ni obedecieron a una condena metafísica, ni dictaron un destino inapelable. La crisis que hoy atraviesa España, como la mayor parte de las que padeció en el pasado, es resultado de haber adoptado unas decisiones políticas y no otras, sin olvidar la determinante influencia del contexto exterior. Serán, pues, decisiones políticas las que permitirán superarla o, por el contrario, las que agravarán sus efectos. Con el añadido de que, gracias al esfuerzo colectivo desarrollado desde la reinstauración de las libertades, España ha alcanzado por sí misma y como miembro de la Unión Europea un lugar destacado en ese contexto exterior a cuya influencia es imposible sustraerse.
Las instituciones establecidas por la Constitución de 1978 han demostrado una extraordinaria solidez, a pesar de la ligereza con la que han sido servidas en ocasiones por sus representantes. Desde hace más de dos décadas, y de manera cada vez más acelerada, la frivolidad ha estado detrás del ejercicio sectario de las tareas parlamentarias, de la administración espectacular de la justicia y de la utilización, a la vez propagandística y prepotente, del poder ejecutivo.
La frivolidad ha marcado también el uso de los mecanismos autonómicos, tanto por parte de quienes vieron en ellos una estación de paso, como de quienes agitan sus dificultades para promover la recentralización. Ni siquiera la jefatura del Estado ha quedado al margen de la tendencia general, según han venido a poner de manifiesto los diversos episodios en los que se ha visto envuelta la Casa del Rey en los últimos tiempos. La crisis exige reforzar las instituciones poniendo fin a los malos usos que se han hecho de ellas, no a utilizar esos malos usos como coartada para cuestionarlas.
La economía española está padeciendo las consecuencias de una frenética burbuja inmobiliaria con cuyo espejismo de abundancia todos los Gobiernos prefirieron convivir en lugar de corregir. Pero no todo en estos años ha sido furor especulativo: hay empresas españolas que han logrado consolidar posiciones internacionales de primer orden. La expropiación de la que ha sido objeto la petrolera Repsol en Argentina ha venido a recordar que la proyección de los intereses españoles exige una política exterior a la altura. Hace demasiado tiempo, sin embargo, que esta ha dejado de estarlo, sometida a ensoñaciones ideológicas de signo opuesto durante los Gobiernos de Aznar y Zapatero. Tampoco la diplomacia de Mariano Rajoy parece encontrar el tono justo, dejándose tentar por resabios nacionalistas, en lugar de consagrar sus esfuerzos a reconstruir la red de relaciones que hagan de España un actor fiable y respetado. España lo fue, por lo que puede volver a serlo: todo dependerá de las iniciativas que adopte, no de las campañas propagandísticas en torno a una marca.
Crisis como la que hoy atraviesa el mundo, y ante la que España está resultado particularmente vulnerable, provocan ganadores y perdedores. El ventajismo de quienes tienen más posibilidades de ganar solo provocará el resentimiento de quienes las tienen de perder. Solo el poder político puede arbitrar las medidas que impidan el desencadenamiento de esa espiral tan destructiva como incontrolable, convirtiendo en equitativo esfuerzo colectivo lo que, mal administrado, degeneraría en descarnada defensa de los intereses particulares. España está ante sí misma y podría fracasar una vez más si sus instituciones y sus ciudadanos olvidan los recursos de los que dispone para no hacerlo.
(Editorial de "El País", publicado el 22 de abril de 2012)
La reforma laboral decretada el 10 de febrero por el Gobierno es, con mucho, la más radical de todas las aprobadas en la democracia española. Persigue la reforma un doble propósito: propiciar una devaluación salarial --sucedáneo de la devaluación monetaria, imposible tras la entrada en el euro-- que mejore la competitividad española y evite de paso que, en situaciones adversas como la presente , la única alternativa que le quede al empresario sea despedir a sus empleados. Pero incluso muchos de quienes comparten tales objetivos reconocen que los mecanismos empleados son gravemente lesivos para los derechos de los trabajadores.
Unido este retroceso social a la escasa disposición del Ejecutivo al diálogo con los sindicatos, estaba en el guion que la convocatoria de una huelga general como la de hoy iba a ser el desenlace más previsible de este enredo. En la lógica sindical, y también en la de miles de trabajadores de toda España, jamás un paro general había sido tan justo como el de hoy. Y, sin embargo, las posibilidades reales que tienen las movilizaciones del 29-M de conseguir su meta -la modificación sustancial de la reforma aprobada- son escasas, por no decir nulas.
Conviene no olvidar que la profunda modificación del mercado laboral --de cuya ineficiencia dan fe los cinco millones de parados, y suma y sigue-- era una de las condiciones que en verano impuso el Banco Central Europeo para salir al rescate de la deuda española, y que ahora una marcha atrás acarrearía la más que probable intervención de la economía española. El margen de maniobra de Mariano Rajoy es, pues, sumamente estrecho.
Los líderes sindicales, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO), no son ajenos a ello, pero debían echar este pulso para no ser borrados del mapa de la concertación social. Para muchos, la huelga general es un arma obsoleta, como también lo viene siendo el funcionamiento de los sindicatos de clase. Pero sin su concurso el desequilibrio en las relaciones laborales sería fuente de mayores desigualdades, responsabilidad que los exhorta a modernizar sus estructuras y a mejorar su menguada representatividad para recuperar protagonismo y autoritas.
Y, en este 29-M, a garantizar que la de hoy sea una jornada pacífica en la que se respeten por igual el derecho a la huelga y el de los trabajadores que no quieran secundarla.
(Editorial de "El Periódico de Aragón", publicado el día 29 de marzo de 2012)
En las últimas horas ha cobrado fuerza la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, decida pagar una multa para evitar sentarse en el banquillo por el caso de los trajes, después de que el viernes pasado el juez Flors decidiera abrir juicio oral al líder del PPCV así como a Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Esta opción es la que maneja la dirección nacional de los populares y tiene como objetivo evitar la imagen de un presidente autonómico del PP entrando en el Tribunal Superior de Justicia para ser juzgado. Y seguramente en unas fechas que coincidirían con la campaña electoral de las generales, si como parece muy probable se adelantan al otoño. Para que esta alternativa llegara a concretarse, los cuatro encausados tendrían que estar de acuerdo, lo cual no es tan fácil, especialmente en el caso de Ricardo Costa, que parece tener nuevamente en sus manos el futuro político de Camps.
En los más de dos años que ya dura el escándado conocido como 'caso Gürtel', el presidente Camps ha insistido en numerosas ocasiones en que estaría encantado de explicar en los tribunales de justicia todo lo relacionado con el asunto. La vista era la oportunidad de demostrar su inocencia o de sustanciar las responsabilidades penales y políticas (con la consiguiente dimisión en caso de ser condenado), y el lugar en el que se aclararía la verdad o no de todo lo publicado en los dos últimos años. LAS PROVINCIAS ha defendido siempre que había que dejar actuar a la Justicia y respetar sus tiempos y sus resoluciones.
Ahora bien, pagar la multa supone dar un giro radical en el discurso de Francisco Camps de estos dos años. Pagar la multa implica la admisión de unos hechos delictivos, la asunción de una culpa concreta. El líder del PP le debe muchas aclaraciones a la ciudadanía, a la opinión pública y a sus votantes, y si no las va a dar en un tribunal de justicia ha de hacerlo públicamente; el caso no se puede cerrar así, por la puerta falsa, porque dejaría definitivamente tocada su credibilidad. Con el abono de una cantidad económica no se puede dar por finiquitado un caso que ha puesto en entredicho el buen nombre del presidente de la Comunitat Valenciana y ha erosionado la imagen del conjunto del territorio. El Presidente está política y moralmente obligado a dar explicaciones y a pedir perdón por los errores y contradicciones en los que ha incurrido a lo largo de este proceso. Debe aclarar cuánto de estrecha era su relación con la trama, cuál fue su relación personal con Álvaro Pérez 'El Bigotes', si fue consciente del cúmulo de regalos que le hicieron (prendas de vestir por un total de 14.000 euros) y si hubo o no contraprestación, si se considera engañado o víctima de toda esta red, etc. Camps debería comparecer ante los medios de comunicación para someterse sin límite de tiempo a todas las preguntas que los periodistas estimen oportunas, sin ningún tipo de cortapisas y fijar una versión definitiva sobre este asunto. Finalmente, pagar implica asumir de forma obligada que el Presidente hizo algunas cosas mal, supone asumir errores de bulto, como mínimo en lo relativo a las amistades peligrosas y a las distintas y contradictorias versiones de los hechos que ha ido contando a lo largo del tiempo.
(Editorial de "Las Provincias", publicado el 20 de julio de 2011)
Las manifestaciones de ayer contra el Pacto del Euro habrían sido un acto de protesta más si no fuera porque los convocantes, la plataforma Democracia Real Ya y otros grupos surgidos tras las elecciones del 22 de mayo, llevan varias semanas monopolizando gran parte del debate público en España. Bajo el eslogan de “no nos representan”, legítimo si se refiere a los líderes y partidos políticos, pero inquietante si se dirige a las instituciones, los indignados han ido adoptando causas diversas a medida que pasaban los días, desde el boicot al desahucio judicial de viviendas hasta la acampada ante las puertas del Parlamento de Cataluña en protesta por los recortes presupuestarios que se proponía aprobar el Gobierno de Mas.
Desde que los indignados aparecieron en escena, han sido numerosas las instancias que han intentado explicar el fenómeno, muchas veces proyectando sobre el movimiento un significado que, por lo demás, no resulta fácil extraer de la amalgama de sus reivindicaciones. Ideólogos, sociólogos, politólogos y especialistas en las más variadas disciplinas, además de los dirigentes políticos, han hecho decir a los manifestantes lo que, al parecer, estos no alcanzan a expresar por sí solos. Desde ámbitos conservadores, se ha querido ver en las protestas la estrategia de un ente difuso, la izquierda, que no se encuentra en los partidos ni se expresa abiertamente en los medios de comunicación, sino que forma parte de una especie de red clandestina desde la que se mueven no se sabe qué peones para conseguir cualquier cosa, empezando, según se dice, por el intento de deslegitimar por anticipado unas elecciones generales que con toda probabilidad ganará el Partido Popular.
Frente a estas elucubraciones, lo que ideólogos, sociólogos, politólogos y otros especialistas, además de los dirigentes políticos, no han buscado es describir las protestas con los términos que ofrece el Estado de derecho ni, por tanto, encontrar una respuesta dentro del sistema institucional, donde están previstos los derechos de reunión y manifestación que, a fin de cuentas, ejercen los indignados. A efectos del Estado de derecho y del sistema institucional, es indiferente que muchas de sus reivindicaciones traduzcan un sentimiento general acerca del mal uso que los dirigentes y partidos políticos hacen de las instituciones y que otras, por el contrario, sean inviables. Y es indiferente porque los indignados, como ciudadanos que son, están en su derecho de defender unas y otras dentro de los cauces legales.
Sucede, sin embargo, que la acampada de Sol y otras ciudades acabaron situadas en una zona gris de la legalidad durante la jornada de reflexión antes de las elecciones municipales. No solo a consecuencia de la deliberada desobediencia civil de los manifestantes, sino también de una resolución de la Junta Electoral Central que, ignorando la dificultad de disolver la multitud concentrada, no hubiera podido cumplirse sin provocar una alteración de la jornada electoral más grave que la que pretendía evitar. Hay quienes sostienen que ese riego debería haberse corrido fuera cual fuera su coste. Pero también es posible defender que la Junta, que no es un dispensador automático de resoluciones, debió adoptar otra decisión, fijando los límites necesarios para que la acampada no interfiriese en el desarrollo de las elecciones en lugar de ordenar disolverla. Ambas salidas eran posibles ateniéndose a la ley, como demuestra la existencia de precedentes anteriores, de forma que la opción por una u otra reclamaba una discusión política, no una argumentación académica. Todo esto es ya agua pasada, pero que, por desgracia, sigue moviendo molinos.
Los incidentes en el Parlamento de Cataluña han marcado un punto de inflexión, puesto que un grupo de exaltados acosó a unos diputados en los que tal vez ellos no se sientan representados, pero que, no obstante, representan la voluntad democráticamente expresada de miles de ciudadanos. Los convocantes de la acampada se han desmarcado de los incidentes. Es imposible entender qué gana el Estado de derecho y el sistema institucional desoyendo esa declaración, evitando al mismo tiempo dar explicaciones sobre quiénes eran esos exaltados y prefiriendo, en cambio, convertir el fenómeno de los indignados en una variante de la kale borroka y de la guerrilla urbana. Las especulaciones ideológicas, sociológicas, politológicas o de cualquier otra naturaleza sobre el significado de lo que está ocurriendo en las calles españolas pueden ser útiles en el ámbito del conocimiento; en el de la política democrática, es necesario que, cuanto antes, el fenómeno se describa en los términos del Estado de derecho para decidir una respuesta dentro del sistema institucional, y acabar con la zona gris en la que, unos por otros, todos han acabado por instalarlo.
(Artículo de José María Ridao, publicado en "El País" el 20 de junio de 2011)
LO de la tarjeta roja sí tiene un pase. Es algo naïf pero rebaja la tensión después del sabotaje cafre de Barcelona y está bien traído en una comunidad, la valenciana, donde a una decena de parlamentarios —empezando tal vez por el presidente— tenían que haberle mostrado la tarjetita los dirigentes de su propio partido. Otros habrá que se merezcan sólo la amarilla, y la mayoría pueden y deben seguir en el terreno de juego; cumplen su deber con errores como todo el mundo. Pero si el movimiento 15-M quiere recuperar credibilidad y simpatía popular después de las algaradas —que ha repudiado hasta Stephane Hessel, el gurú antisemita del panfletillo de cabecera— tiene que desbatasunizarse y repudiar toda forma de violencia, incluidos la intimidación y el insulto. Porque hay bastante gente deseando utilizar las buenas intenciones de los indignadoscomo materia inflamable. En una época en que los sindicatos han perdido capacidad de movilización, ciertos estrategas políticos están pensando en el potencial de esa revuelta como vanguardia de presión cuando la derecha llegue al poder y empiece a podar de veras el presupuesto. Y eso conduce a Grecia, a los bancos quemados y a las batallas campales: un programa de actos que siempre atrae a los radicales y a los exaltados pero no resulta seductor para la mayoría de la gente.
El peligro del movimiento de protesta no consiste sólo en que los extremistas lo conduzcan hacia el alboroto y la borroka, sino en que se deslice hacia la antipolítica. Compuesto en su mayoría por jóvenes que minusvaloran las libertades porque siempre han vivido en ellas, anida desde el principio en su seno un prejuicio hacia las reglas políticas que en el fondo no es sino un viejo mito antidemocrático. La democracia se caracteriza por el respeto a las leyes y a sus formas, y si algo demostró la Transición española es que es posible cambiar sin traumas incluso la legalidad de una dictadura. La gente de las acampadas no puede olvidar que, además de la presión de la calle, dispone de una contundente herramienta que se llama voto, al que los políticos temen como los agricultores al granizo. Por muy desencantados y cabreados que estén, han de entender la contradicción que supone clamar por la falta de representatividad de unos diputados elegidos por millones de españoles y en cambio creer que ellos sí representan algo más que a sí mismos. Por ese camino circulan a contramano y se van a equivocar de ruta. Ocurrió el 22 de mayo: mientras ellos se instalaban en las plazas a vivir su emocionante bautismo asambleario el resto iba a las urnas en proporción abrumadoramente superior. Un rito muy aburrido pero infinitamente más eficaz.
Las tarjetas rojas a los políticos son una manera civilizada de expresar descontento. No estaría de más que se las enseñasen también a los bárbaros antisistema que están prostituyendo su causa.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 17 de junio 2011)
LA indignación, como la libertad, no es patrimonio de nadie. Indignados están muchos millones de españoles —el 22 por ciento según el CIS— sin necesidad de formar parte del movimiento que ha empezado a usurpar el legítimo malestar social por la crisis y la pésima gestión que de ella hace la clase dirigente. Por eso quienes de verdad y buena fe convirtieron esta movilización en un interesante fenómeno de protesta popular deberían ser los más interesados en evitar que su causa caiga en manos de un grupo de radicales propensos a la exaltación y la algarada. La amplia simpatía que despertó la revuelta se está trocando en rechazo o distancia ante la okupaciónchabolística de espacios públicos urbanos, y corre el riesgo de diluirse del todo si aumentan los episodios de marginalidad antisistema. A veces da la impresión de que ante el decaimiento de la atención mediática, los resistentes que se han apoderado de la titularidad del motín tratan de recuperar protagonismo mediante una estrategia de provocación que busca titulares de telediario tratando de forzar una represión violenta en la que crecerse.
La asonada de la otra noche ante el Congreso se deslizó por una peligrosa pendiente antidemocrática al cuestionar nada menos que la soberanía del Parlamento. Unos cientos de personas que sólo se representan a sí mismas no pueden impugnar la representatividad de unos diputados limpia y libremente elegidos por treinta millones de ciudadanos. Han confundido la crítica al mal ejercicio de la función representativa, que ciertamente deja mucho que desear, con la refutación del principio esencial del régimen democrático. De ahí a romper las urnas, o a negar su legitimidad, hay muy poco trecho. Un trecho que en todo caso no parece dispuesta a recorrer la mayoría de los ciudadanos, por muy indignada o cabreada que se halle.
Otra cosa es el desafecto popular ante una dirigencia pública que no entiende a la gente, y a la que lo único que preocupa del movimiento crítico es su capacidad de desestabilización y el modo de utilizarla en beneficio propio. Mientras los políticos hacen del 15-M un análisis de impacto electoral o estudian la manera de apropiarse de su potencial como fuerza de choque, está creciendo un virus social nihilista, con alta capacidad de desestabilización, que empieza a descreer del sistema en sí mismo. Ése es el verdadero riesgo. La cohesión democrática no cruje por unas manifestaciones de extremistas, sino por ese silencioso 22 por ciento —y a más— que está dejando de confiar en los mecanismos institucionales por falta de ejemplaridad y de eficacia. Esa proporción de escépticos se parece demasiado a la tasa de paro. Y para convencerlos no basta con pedagogía política; la mejor defensa de la democracia es lograr que funcione.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 10 de junio de 2011)
SÓLO en las cinco diputaciones andaluzas que ha perdido el PSOE hay más de quinientos cargos de libre designación, que el PP deberá reducir, según sus promesas, a una cuarta parte. En la comunidad de Castilla-La Mancha asciende a más del triple el número de puestos discrecionales, sin contar la masa laboral contratada —no funcionaria— de las empresas públicas. Y lo mismo ocurre en los ayuntamientos que van a cambiar de gobierno a consecuencia del tsunami electoral de mayo; en el de Sevilla, uno de los más inflacionarios de España en empleo artificial, existe incluso un asombroso gabinete técnico de la Presidencia del Pleno, con su correspondiente dotación de personal encargado de asesorar la extenuante tarea del concejal que dirige —¡una vez al mes!— las sesiones de la corporación. Con esta pléyade de estampillados, el relevo de poder se va a convertir en una escabechina si los entrantes cumplen su programa de adelgazamiento burocrático. La trama clientelar encastrada en las instituciones de larga dominancia socialista otorga a la derrota un rango de shock colectivo: no sólo supone un trauma político sino una multitudinaria experiencia dramática.
Es el problema de haber transformado la política en un modo de vida. El poder en España es una industria de la que dependen miles de empleos directos y muchos más indirectos a través de cientos de programas de actividades subvencionadas. Sólo que, aunque a menudo sus beneficiarios tienden a olvidarlo, se trata de una industria con alto índice de estacionalidad intrínseca. Para evitar los perniciosos vaivenes del turnismo se dotó de estabilidad a los funcionarios públicos en un intento de preservar su independencia, pero los aparatos de partido han soslayado el inconveniente creando enormes superestructuras administrativas paralelas compuestas por el llamado «personal de confianza». Es decir, correligionarios, miembros de la tribu adscritos al presupuesto por militancia o afinidad ideológica. Parientes políticos, en sentido tanto literal como figurado.
Esa altísima tasa de discrecionalidad transforma las elecciones en una batalla por la supervivencia, mucho más cruda en época de contracción del mercado de trabajo. Y forma parte de un oculto argumentario partidista que nunca aflora en la retórica oficial. Cuando el Gobierno anuncia su intención de agotar la legislatura contra la lógica de su propia extenuación política apela a razones de estabilidad de la gobernanza, pero está protegiendo también diez nóminas mensuales de miles de cargos públicos incrustados en la fontanería institucional. Los partidos funcionan como gigantescas oficinas de empleo y en cada coyuntura electoral se juegan un ERE masivo y despiadado. Por eso en este áspero debate del desalojo municipal y autonómico lo que subyace no es el montante de la deuda heredada sino el amargo resquemor de los privilegios perdidos.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 8 de junio de 2011)
EL modelo autonómico dejó de funcionar hace tiempo, pero es intocable. Después de pasarse varios años discutiendo en mayor o menor medida la necesidad de reformarlo, reconducirlo o como mínimo embridar el gasto desbocado de las autonomías, los grandes partidos lo han declarado tema tabú en estas elecciones que ventilan el poder en trece comunidades. De repente ha desaparecido el debate, que estaba hasta hace bien poco en la agenda inmediata del ajuste del déficit. Y sigue estando, claro, sólo que los gabinetes de campaña han prohibido mencionarlo; no se ganan votos prometiendo apretones de cinturón. Por eso en los mítines se habla —se grita, más bien— del paro, de la extrema derecha, de los culpables de la crisis, de Bildu, de los sondeos, de la corrupción, y se llama a votar en clave nacional pero está vetado mencionar uno de los problemas esenciales de la nación, que es el diseño territorial del Estado. En las elecciones autonómicas no se puede tratar el asunto de las autonomías.
Al fondo de este chocante silencio está el papel fundamental de los poderes regionales como agentes principales del clientelismo político. Las comunidades autónomas son el primer aparato de colocación de España, una fábrica de cargos públicos a pleno rendimiento, y también el primer distribuidor de recursos, subvenciones, licencias de actividad y contratos de obras o de servicios. Su máquina de gastar resulta imprescindible para el funcionamiento de un tejido partidista basado en la capacidad de aglutinar lealtades mediante el reparto de favores entre afiliados y simpatizantes. El PP y el PSOE se han convertido de hecho en confederaciones de estructuras territoriales que ejercen de verdaderos califatos y determinan con su peso específico la elección de los líderes nacionales. Y en el caso de los nacionalismos, autonomía y partido forman una simbiosis elemental, conceptualmente indisoluble hasta el punto de que fuera del poder peligra la supervivencia misma de la organización. Los gobiernos que salgan de las urnas el domingo controlarán una inmensa porción del gasto público, que es el combustible de la política.
Todos los participantes en las elecciones saben que será necesario un recorte en esa nómina hipertrofiada, que habrá que podar organigramas, reducir cargos y ajustar plantillas, pero confían en minimizar su parte de la rebaja y en todo caso no están dispuestos a asumir sus costes de antemano. Aunque en la mayoría de los casos han renunciado a prometer inversiones que no podrán acometer, lo que de ningún modo aceptan es que se adelante el debate sobre la propia estructura del modelo que garantiza sus cuotas de liderazgo. Ése será un debate para las generales, y probablemente tan estéril como hasta ahora porque en España ya no hay poderes nacionales libres de la condición de rehenes de sus virreinatos.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 16 de mayo de 2011)
EL Greco le ha hecho un retrato a la política española y la ha sacado más bien enfermiza y poco favorecida, con cara pálida, gesto tramposo y aspecto de estar podrida por dentro. Además de un pintor excelso cuya obra cumbre cuelga paredaña con el despacho toledano de José María Barreda, el GRECO es el acrónimo del Grupo de Estados contra la Corrupción, organismo del Consejo de Europa dedicado a analizar lo que su propio nombre indica. Por segunda vez en dos años dicho observatorio ha pintado un cuadro inquietante de las finanzas de nuestros partidos, que salen perfiladas por su lado más siniestro y borroso: gastos desmedidos, ingresos opacos, deudas galopantes, cuentas sin auditar y un sospechoso compadreo de créditos bancarios y cancelaciones dudosas. Todo ello rodeado de esperanzadoras promesas de regeneración que nunca pasan del plano de la retórica.
Nada que no supiésemos, por supuesto, pero tampoco nada que se pueda ocultar a una mirada objetiva y sin contaminar por la red de intereses que domina la partitocracia española. El informe del GRECO irrumpe de forma muy clarificadora en un debate electoral dominado por la presencia en las candidaturas autonómicas y locales de numerosos implicados en tramas corruptas, y viene a demostrar que la clase política tiene poco interés real en depurar un sistema envilecido por la falta de transparencia y un indulgente autoamparo. Los partidos son máquinas de gastar inmunes a los principios de austeridad y de igualdad de oportunidades, y utilizan el poder para un turbio tráfico de favores administrados discrecionalmente según la muy habitual ley del embudo. Chulean al Tribunal de Cuentas, se autoadjudican subvenciones, olvidan pagar los créditos y como todo dinero les parece poco recurren a intermediarios inescrupulosos para organizar mecanismos de financiación paralela. Cuando la sociedad les demanda —tímidamente, por cierto— un mínimo de decencia a sus dirigentes sólo se les ocurre pedir más fondos públicos; ni por asomo les sobreviene la posibilidad de reducir el despilfarro, de someterse a una regulación de cuotas y donaciones o de depender de sus simpatizantes a través de porcentajes del IRPF.
El origen de la corrupción está en esa codicia corporativa más que en las manos largas de algunos desaprensivos que no podrían enriquecerse sin prestar servicios a las organizaciones que de un modo u otro los amparan. Por eso la tolerancia y la renuencia a adoptar medidas regeneradoras; ni los mismos dirigentes llegan a saber hasta dónde alcanzan las responsabilidades en un sistema tan degradado. Se limitan a reprocharse mutuamente escándalos en la confianza de que los de unos compensan los de los otros. Y a tirar para adelante ocultando las miserias, aunque de vez en cuando venga un Greco y los retrate a todos juntos con las manos sucias y la sonrisa falsa.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 27 de abril de 2011)
Somos cidadãos e cidadãs nascidos depois do 25 de Abril de 1974. Crescemos com a consciência de que as conquistas democráticas e os mais básicos direitos de cidadania são filhos directos desse momento histórico. Soubemos resistir ao derrotismo cínico, mesmo quando os factos pareciam querer lutar contra nós: quando o então primeiro-ministro Cavaco Silva recusava uma pensão ao capitão de Abril, Salgueiro Maia, e a concedia a torturadores da PIDE/DGS; quando um governo decidia comemorar Abril como uma "evolução", colocando o "R" no caixote de lixo da História; quando víamos figuras políticas e militares tomar a revolução do 25 de Abril como um património seu. Soubemos permanecer alinhados com a sabedoria da esperança, porque sem ela a democracia não tem alma nem futuro. O momento crítico que o país atravessa tem vindo a ser aproveitado para promover uma erosão preocupante da herança material e simbólica construída em torno do 25 de Abril. Não o afirmamos por saudosismo bacoco ou por populismo de circunstância. Se não é de agora o ataque a algumas conquistas que fizeram de nós um país mais justo, mais livre e menos desigual, a ofensiva que se prepara - com a cobertura do Fundo Monetário Internacional e a acção diligente do "grande centro" ideológico - pode significar um retrocesso sério, inédito e porventura irreversível.
Entendemos, por isso, que é altura de erguermos a nossa voz. Amanhã pode ser tarde. O primeiro eixo dessa ofensiva ocorre no campo do trabalho. A regressão dos direitos laborais tem caminhado a par com uma crescente precarização que invade todos os planos da vida: o emprego e o rendimento são incertos, tal como incerto se torna o local onde se reside, a possibilidade de constituir família, o futuro profissional. Como o sabem todos aqueles e aquelas que experienciam esta situação, a precariedade não rima com liberdade. Esta só existe se estiverem garantidas perspectivas mínimas de segurança laboral, um rendimento adequado, habitação condigna e a possibilidade de se acederem a dispositivos culturais e educativos. O desemprego, os falsos recibos verdes, o uso continuado e abusivo de contratos a prazo e as empresas de trabalho temporário são hoje as faces deste tempo em que o trabalho sem direitos se tornou a norma. Recentes declarações de agentes políticos e económicos já mostraram que a redução dos direitos e a retracção salarial é a rota pretendida. Em sentido inverso, estamos dispostos a lutar por um novo pacto social que trave este regresso a vínculos laborais típicos do século XIX. O segundo eixo dessa ofensiva centra-se no enfraquecimento e desmantelamento do Estado social. A saúde e a educação são as duas grandes fatias do bolo público que o apetite privado busca capturar. Infelizmente, algum caminho já foi trilhado, ainda que na penumbra. Sabemos que não há igualdade de oportunidades sem uma rede pública estruturada e acessível de saúde e educação. Estamos convencidos de que não há democracia sem igualdade de oportunidades. Preocupa-nos, por isso, o desinvestimento no SNS, a inexistência de uma rede de creches acessível, os problemas que enfrenta a escola pública e as desistências de frequência do ensino superior por motivos económicos. Num país com fortes bolsas de pobreza e com endémicas desigualdades, corroer direitos sociais constitucionalmente consagrados é perverter a nossa coluna vertebral democrática, e o caldo perfeito para o populismo xenófobo. Com isso, não podemos pactuar. No nosso ponto de vista, esta é a linha de fronteira que separa uma sociedade preocupada com o equilíbrio e a justiça e uma sociedade baseada numa diferença substantiva entre as elites e a restante população. Por fim, o terceiro e mais inquietante eixo desta ofensiva anti-Abril assenta na imposição de uma ideia de inevitabilidade que transforma a política mais numa ratificação de escolhas já feitas do que numa disputa real em torno de projectos diferenciados. Este discurso ganhou terreno nos últimos tempos, acentuou-se bastante nas últimas semanas e tenderá a piorar com a transformação do país num protectorado do FMI. Um novo vocabulário instala-se, transformando em "credores" aqueles que lucram com a dívida, em "resgate financeiro" a imposição ainda mais acentuada de políticas de austeridade e em "consenso alargado" a vontade de ditar a priori as soluções governativas. Esta maquilhagem da língua ocupa de tal forma o terreno mediático que a própria capacidade de pensar e enunciar alternativas se encontra ofuscada. Por isso dizemos: queremos contribuir para melhorar o país, mas recusamos ser parte de uma engrenagem de destruição de direitos e de erosão da esperança. Se nos roubarem Abril, dar-vos-emos Maio!
Alexandre de Sousa Carvalho - Relações Internacionais, investigador; Alexandre Isaac - antropólogo, dirigente associativo; Alfredo Campos - sociólogo, bolseiro de investigação; Ana Fernandes Ngom - animadora sociocultural; André Avelãs - artista; André Rosado Janeco - bolseiro de doutoramento; António Cambreiro - estudante; Artur Moniz Carreiro - desempregado; Bruno Cabral - realizador; Bruno Rocha - administrativo; Bruno Sena Martins - antropólogo; Carla Silva - médica, sindicalista; Catarina F. Rocha - estudante; Catarina Fernandes - animadora sociocultural, estagiária; Catarina Guerreiro - estudante; Catarina Lobo - estudante; Celina da Piedade - música; Chullage - sociólogo, músico; Cláudia Diogo - livreira; Cláudia Fernandes - desempregada; Cristina Andrade - psicóloga; Daniel Sousa - guitarrista, professor; Duarte Nuno - analista de sistemas; Ester Cortegano - tradutora; Fernando Ramalho - músico; Francisca Bagulho - produtora cultural; Francisco Costa - linguista; Gui Castro Felga - arquitecta; Helena Romão - música, musicóloga; Joana Albuquerque - estudante; Joana Ferreira - lojista; João Labrincha - Relações Internacionais, desempregado; Joana Manuel - actriz; João Pacheco - jornalista; João Ricardo Vasconcelos - politólogo, gestor de projectos; João Rodrigues - economista; José Luís Peixoto - escritor; José Neves - historiador, professor universitário; José Reis Santos - historiador; Lídia Fernandes - desempregada; Lúcia Marques - curadora, crítica de arte; Luís Bernardo - estudante de doutoramento; Maria Veloso - técnica administrativa; Mariana Avelãs - tradutora; Mariana Canotilho - assistente universitária; Mariana Vieira - estudante de doutoramento; Marta Lança - jornalista, editora; Marta Rebelo - jurista, assistente universitária; Miguel Cardina - historiador; Miguel Simplício David - engenheiro civil; Nuno Duarte (Jel) - artista; Nuno Leal - estudante; Nuno Teles - economista; Paula Carvalho - aprendiz de costureira; Paula Gil - Relações Internacionais, estagiária; Pedro Miguel Santos - jornalista; Ricardo Araújo Pereira - humorista; Ricardo Lopes Lindim Ramos - engenheiro civil; Ricardo Noronha - historiador; Ricardo Sequeiros Coelho - bolseiro de investigação; Rita Correia - artesã; Rita Silva - animadora; Salomé Coelho - investigadora em Estudos Feministas, dirigente associativa; Sara Figueiredo Costa - jornalista; Sara Vidal - música; Sérgio Castro - engenheiro informático; Sérgio Pereira - militar; Tiago Augusto Baptista - médico, sindicalista; Tiago Brandão Rodrigues - bioquímico; Tiago Gillot - engenheiro agrónomo, encarregado de armazém; Tiago Ivo Cruz - programador cultural; Tiago Mota Saraiva - arquitecto; Tiago Ribeiro - sociólogo; Úrsula Martins - estudante.
(Manifiesto publicado en el diario portugués "Expresso" el 22 de abril de 2011)
ES típico de los finales de legislatura buscar una salida digna a los profesionales que han trabajado para el partido de gobierno. Un proceso habitual que hay que saber contener, porque tiene tendencia al gigantismo y puede llegar a desvirtuar al Estado, a capturarlo por interés partidista cuando el cambio de color político es inminente. Entonces se apodera de los funcionarios de partido y de sus compañeros de viaje una especie de horror vacui, una sensación de derribo que liquida precipitadamente la legislatura. Esto es lo que pasa en Andalucía pero se había conseguido evitar en el gobierno central hasta que alguien ha descubierto el botín de la renovación de los consejos de los organismos reguladores. El espectáculo está siendo tremendo, impropio de una economía madura y una sociedad democrática en la que las instituciones deberían de estar por encima de las personas. Que dos secretarios de Estado sean los candidatos oficiales a presidir las Comisiones Nacionales de Energía y del Mercado de las Telecomunicaciones dice mucho de la idea que tiene este gobierno de la independencia de estos organismos. Si tal es el descaro en estos nombramientos que llevan aparejado escrutinio público y cierto coste político, qué pasará en las designaciones ministeriales directas. Me temo que bien pueden parecerse a una república bananera.
Este gobierno prometió en las elecciones dotar de plena autonomía operativa, funcional, económica y personal a los reguladores económicos y ahora los utiliza como su finca particular para pagar favores. No lo hizo por capricho, sino por exigencia de los organismos internacionales que insistían que ésta era precisamente una de las reformas estructurales que aumentaría la productividad de la economía española. Toda la teoría y la evidencia empírica demuestran que cuando las tarifas públicas las fijan técnicos independientes y sin disciplina política, los servicios públicos son más eficientes, funcionan mejor y son más baratos. Pero el gobierno ha preferido ocupar los organismos reguladores, ponerlos a su servicio y utilizarlos en el cambalache político para asegurarse un año más de legislatura. La instrumentalización del Estado al servicio del partido gubernamental es una manifestación más de la degeneración democrática de esta legislatura, del deterioro institucional que quedará como un daño permanente de la gestión del presidente Zapatero.
Nunca antes nadie se había atrevido a tanto, pero es que nunca antes nadie había sentido tanto desprecio por sus propias palabras. Hace poco más de un mes que el gobierno aprobaba la ley de Economía Sostenible. Uno de sus objetivos era garantizar la independencia de los organismos reguladores. Establecía para los candidatos un mecanismo de audiencia pública en el Congreso, otro intento de copiar un procedimiento anglosajón y traspasarlo al sistema político español. Es obvio qué será un nuevo injerto fallido. Con estos candidatos es fácil imaginar cómo van a ser estas audiencias. La disciplina de voto se impondrá como un rodillo, ¡ay de aquél que ose disentir de su partido y se atreva a hacer preguntas inteligentes sin desvelárselas antes al candidato oficial! Los diputados saben bien con quien se juegan su futuro. Zapatero y sus ministros han vuelto a prestar un mal servicio al país. De un plumazo, literalmente, se han cargado la esperanza de contar con organismos independientes nutridos de profesionales competentes y con libertad de criterio. Será divertido oírles rasgarse las vestiduras cuando dentro de un año aproximadamente el PP cambie la norma y cese a todos los consejeros. Es lo que tiene vivir en un país periférico, que el riesgo regulatorio es muy elevado.
(Artículo de Fernando Fernández, publicado en "ABC" el 21 de abril de 2011)
ES falso de toda falsedad el rumor de que El Bigotesha declinado ir en la lista del PP para la Comunidad Valenciana. No lo es en cambio, por desgracia, que casi sea verosímil habida cuenta de que en dicha candidatura figura una decena de imputados y/o implicados en mayor o menor grado con las tramas de Gürtel y Brugal, impuestos por el presidente Camps no se sabe si para reivindicar su inocencia, para aforarlos judicialmente o para lanzarle un órdago a Mariano Rajoy. Quizá para las tres cosas. Lo cierto es que, una vez admitida por el líder nacional la presencia en el listado del propio Camps, éste no tenía ningún motivo para no aplicar a sus colaboradores la presunción de honestidad que ha recabado para sí mismo. El resultado de la debilidad de uno y de la osadía del otro es un destrozo moral que avería la credibilidad del Partido Popular para exigir limpieza y regeneración en la vida pública, ofrece munición a los socialistas y arruina el discurso crítico contra la corrupción en Andalucía. Demasiado precio para una mayoría que el centro-derecha tiene garantizada en Valencia con cualquier otro candidato.
Se puede comprender que Camps haya pecado de obstinación, empeñado como está en reivindicar su honradez y basar su línea de defensa en la negación de cualquier atisbo de culpa en el asunto de los trajes, regalo que casi todo el mundo da por sentado que existió aunque no constituya motivo para condenarle al fuego eterno. Lo que ya se entiende menos es la benevolencia de un Rajoy que entre el principio de autoridad y el beneficio de la duda ha optado por lo segundo. La doctrina exigente que predica el PP en materia de integridad pública le obliga a ser riguroso con su propia conducta, y aunque el presidente valenciano sea objetivo de una exagerada cacería, resulta evidente que va a sentarse en el banquillo de los acusados con todo lo que ello comporta de desprestigio político. En un caso similar fulminó Aznar al mallorquín Cañellas, aunque sobre éste pesaban acusaciones mucho más graves. Rajoy no puede permitir que su camino a La Moncloa quede empedrado de suspicacias; en su calidad de líder tiene la última palabra y debía haberla usado para vetar a Camps en vista de que el interesado se lo ponía difícil en lo que no cabe contemplar sino como un desafío. Si al final sale absuelto ya tendrá tiempo de rehabilitarlo y hasta de nombrarlo ministro cuando sea presidente del Gobierno.
Al permitir una cuerda de sospechosos en sus listas, la dirección popular sólo dilata hasta después del 22 de mayo el problema que plantea en Valencia su aparato político, contaminado de connivencias con tipos de dudosa reputación y mal pelaje. Mala decisión. Para alcanzar el poder a veces hay que utilizar la guillotina sin contemplaciones y dejar, como dicen los árabes, que Dios —o la justicia, o la opinión pública— reconozca a los justos cuando lleguen a su seno.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 14 de abril de 2011)
UNITI, ALMENO UN GIORNO
L'Italia che oggi arriva al suo 150° compleanno, e lo celebra in Parlamento e nelle piazze, è un Paese su molti aspetti diviso. Dalla storia, e dalla geografia. Sulla memoria storica, e sugli interessi territoriali. Ma è un grande Paese, che può essere orgoglioso del contributo di bellezza, sapere, lavoro che con i suoi artisti, scienziati, emigranti ha dato all'umanità. Il Paese degli ottomila Comuni, che a ogni collina cambia accento, paesaggio, costumi e prodotti, ma che mantiene una vocazione universale: la classicità e la cristianità, i Cesari e i Papi; il Rinascimento, con cui insegnò al mondo a raffigurare e pensare le cose, e il Risorgimento, con cui si riaffacciò sulla scena internazionale. Perciò oggi è giusto festeggiare, tutti insieme; senza che questo implichi essere tutti d'accordo, condividere la stessa idea dell'Italia.
Il Risorgimento che unificò la penisola scontentò cattolici e repubblicani, e comportò una guerra civile al Sud. Anche la Costituzione nacque alla fine di un sanguinoso scontro interno. Il dopoguerra è stato segnato prima dalle contrapposizioni ideologiche, poi da quelle personali. Oggi la festa è contestata al Nord dai leghisti - anche se non da tutti - e al Sud da un movimento che sarebbe riduttivo definire neoborbonico, e presto troverà una sua forma di rappresentanza politica, una lega del Mezzogiorno. Ma Paesi considerati più patriottici del nostro hanno alle spalle divisioni anche peggiori. Gli Stati Uniti furono lacerati da una guerra civile che lasciò il Sud pressoché distrutto. I francesi si sono trucidati tra loro negli anni della Rivoluzione e della Comune. Spagna e Regno Unito si misurano da decenni con separatisti armati. Eppure i nostri vicini e alleati si riconoscono in valori comuni. Ciò che unisce è più di ciò che divide. Perché lo stesso non dovrebbe valere per noi?
Non si tratta di ricostruire in laboratorio impossibili memorie condivise, ma di riconoscere che pure noi italiani abbiamo un passato di cui possiamo andare fieri e un futuro ricco di possibilità. L'attaccamento alle piccole patrie, ai dialetti, ai Comuni è giusto e utile, è la ricchezza che il mondo globale ci chiede; e può stare assieme al legame con la patria comune che ci comprende tutti.
Ce lo insegnano Alessandro Manzoni, grande italiano e grande milanese, che compose l'ode oggi ripubblicata dal Corriere quand'era ancora cittadino austriaco. E Daniele Manin, acclamato dai veneziani che sventolavano il vessillo con il leone di San Marco e il Tricolore. Oggi ricordiamoci anche di Ciampi, quando dice di sentirsi livornese, toscano, italiano ed europeo. E di Napolitano, quando ricorda l'influenza fortissima sull'identità italiana di Napoli e l'urgenza del suo riscatto. Anche nelle nostre famiglie c'è un personaggio che ha contribuito a fare la storia d'Italia. Nel Risorgimento, nelle due Guerre mondiali, nelle varie forme che assunse la Resistenza, nella ricostruzione. Oggi raccontiamone la storia ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ritroviamo quel frammento di memoria nazionale che ogni casa custodisce, magari in forma di lettere, cimeli, ritratti. E non temiamo le sofferenze che pure ci portiamo dietro; perché anche di quelle possiamo essere orgogliosi, anche quelle servono a costruire un futuro che oggi potrebbe apparirci meno avaro e meno incerto.
(Artículo de Aldo Cazzullo, publicado en "Il Corriere della Sera" el 17 de marzo de 2011)
DURANTE muchos años, los libios van a reprochar al mundo libre su injustificable falta de coherencia y su inacción en estos tristes momentos en los que Gadafi destruye su propio país. A pesar de la evidencia inapelable de los hechos, el mundo libre ha faltado a sus principios y está abandonando a todos los libios que hoy luchan por la libertad, aunque con ello corramos el riesgo de dejarlos en el futuro en manos de los extremistas islámicos, y de provocar una suerte de éxodo hacia Occidente de miles de musulmanes descontentos en busca de otro modo de vida. Es necesario pasar por alto los convencionalismos de salón y tomar las decisiones que puedan evitar, precisamente, escenarios indeseables que mañana resultarían mucho más peligrosos y costosos de afrontar. En estas mismas páginas ya se ha evocado la posibilidad de que en Libia se pueda reproducir el modelo de Somalia, cuya sola mención debería bastar para no seguir mirando hacia la costa sur del Mediterráneo como si lo que allí sucede no fuera más que un desastre meteorológico. Pese a ello, si la ONU y la Unión Africana sienten cómo chirrían sus estructuras ante los tardíos debates abiertos en su seno sobre el destino de Gadafi y su familia, se debe, sobre todo, a la incapacidad de Estados Unidos y Europa para liderar un movimiento claro y activo de condena contra un tirano cuyo innoble comportamiento era de sobras conocido desde hace mucho tiempo.
Libia es sólo un elemento —y ni siquiera el más grande— de un conjunto de escenarios que pueden causar abruptamente un daño terrible a nuestro confiado modo de vida. Es imposible predecir lo que puede suceder, por ejemplo, en Irán, cuya influencia en los mercados energéticos es mucho mayor que la de Libia y está dirigido por una versión persa y mucho más agresiva que la que representa el sátrapa norteafricano. ¿Qué pueden esperar de Occidente los partidarios de la democracia cuando salgan a manifestarse a las calles de Teherán bajo las balas de Ahmadineyad? Es evidente que la fragilidad de las sociedades modernas frente a un entorno inestable no se resuelve cultivando cierto tipo de relaciones que, a la postre, equivalen a rodearse de un campo de minas, sino preparándose concienzudamente para hacer frente a los riesgos y trabajando con decisión para eliminarlos cuando sea posible, no mirando para otro lado.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 27 de febrero de 2011)
Las crisis tienen vencedores y vencidos. Cuando salimos del túnel nos encontramos con un paisaje recién estrenado, en el que nada está en su sitio. Algunos jugadores han desaparecido. Otros han quedado disminuidos y contarán poco a partir de ahora. Unos terceros son los que han seguido el consejo del nuevo alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, que ha vencido en las elecciones de su ciudad después de dejar la Casa Blanca de Obama, donde fue jefe del gabinete presidencial, el equivalente a un primer ministro: no desaproveches una buena crisis.
Sucede con las crisis económicas como la que estamos atravesando; pero también con las políticas, como las que afectan a todos los países árabes. En este caso, además, es una crisis revolucionaria, que pone de cabeza para abajo los sistemas de poder que han venido funcionando en toda la zona desde que terminó la etapa colonial. Si la crisis de las hipotecas subprime se llevó por delante la banca de Wall Street, esta crisis revolucionaria ya se ha cargado a tres grandes empresas y monopolios de poder que controlaban nada menos que una población total de 100 millones de habitantes, dos millones de kilómetros cuadrados y tres países enteros, con extensos recursos energéticos y turísticos y el control de una vía de comunicación estratégica como el canal de Suez.
Aprovechar las crisis quiere decir utilizarlas para sacar grasa de los negocios actuales e imaginar otros nuevos, acordes con los nuevos tiempos. También estamos hablando de negocios políticos. Los clanes mafiosos derrocados poco podrán aprovechar, pero sus socios, amigos y aliados todavía estarán a tiempo, si espabilan. Dos recientes reacciones proporcionan excelentes ejemplos de capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. El primero es el del presidente israelí, Simon Peres, en su viaje a España, entusiasmado con la revolución árabe: "La democracia de nuestros vecinos es la mejor garantía para la paz". El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, no le va a la zaga ni en entusiasmo ni en declaraciones. "En lugar de matar a la gente, escúchenla", ha dicho dirigiéndose a Gadafi. Seguro que los bancos, fondos de inversiones y socios empresariales de los tres clanes mafiosos seguirán similar conducta, guiada por las juiciosas y célebres palabras inventadas por Giuseppe Tomasi di Lampedusa en boca de su Gatopardo: "Que todo cambie para que nada cambie".
De momento es evidente que algunos se muestran ajenos a la vieja sabiduría del poder y se aferran al mundo antiguo en su hundimiento. La gran mayoría de los países árabes donde la revolución todavía no ha cuajado están maquillando a toda prisa sus miserables sistemas de dominación feudal. Liberación de presos políticos, subsidios a los alimentos, ayudas directas a las familias, destitución de ministros quemados o promesas de reformas constitucionales. Ejemplo de una mediocre reacción a los retos que se les presentan a tales regímenes lo encontramos en las palabras del rey de Marruecos, Mohamed VI, que se niega a responder ante unas pretensiones de democratización que considera demagógicas.
Algo similar sucede con las viejas potencias coloniales europeas, perdedoras en sucesivas oleadas de cambios, y perdedoras ahora, a juzgar por sus lamentables reacciones ante la crisis revolucionaria. El caso más sangrante es el de Francia, cuya política exterior ha entrado en barrena al mando de Nicolas Sarkozy, un presidente tachado de aficionado, impulsivo y excesivamente mediático desde las filas de su propia diplomacia. Lo dice el escrito de un grupo de altos funcionarios del Quai d'Orsay, publicado con pseudónimo en el diario Le Monde, en el que denuncian la desaparición de la voz de Francia en el mundo. Todo lo que se aplica a Francia tiene valor también para la Unión Europea, que inaugura el "servicio exterior mayor del mundo" con un naufragio de reglamento.
¿Hay vencedores? Los hay y ya de partida. Turquía, claramente. Quienes buscan la mano que mece la cuna en todo proceso de cambios históricos pueden fijarse en Ankara y en el próspero futuro del islamismo moderado de Recep Tayyip Erdogan. También los habrá por fuerza de su voluntad. Difícil pensar que Israel, abiertamente perjudicado ahora, no pugne por sacar provecho de la crisis. Teherán ya ha movido ficha: dos buques de guerra suyos han entrado en el Mediterráneo por Suez, por primera vez desde 1979. Queda claro que le aprovecha el cambio. Quien nada arriesga, como es el caso de la mayor parte de los países europeos, España incluida, seguro que nada gana. Los rendimientos de las crisis, también las revolucionarias, serán para quien los trabaje.
(Artículo Lluís Bassets, publicado en "El País" el 24 de febrero de 2011)
EL PP está reiterando sus quejas por el carácter progubernamental de algunas actuaciones muy cualificadas del fiscal general del Estado, no solo en asuntos de corrupción que afecten a ese partido, sino también en otros de extraordinario interés público, como lo fueron algunos sumarios contra el entramado batasuno durante la negociación política del Gobierno con ETA, y lo es, actualmente, el «caso Faisán». El hecho de que estas protestas vengan de un partido político, y al margen de que puedan incurrir en algún exceso verbal, no obsta a la gravedad de las responsabilidades que incumben al Gobierno y a Conde-Pumpido por haber transformado la Fiscalía en un arma arrojadiza contra la oposición y en una mordaza para ocultar la verdad incómoda. La escandalosa malversación de fondos públicos en los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía —ABC ofrece hoy el documento que prueba que el presidente del Gobierno andaluz avaló en su época de consejero los ERE irregulares— es el último episodio de la sujeción de la Fiscalía al interés del Gobierno. No es temerario pensar que si ese fraude hubiera sido cometido por el gobierno popular de Madrid, de Galicia o de Valencia, la reacción de la Fiscalía Anticorrupción habría consistido en una cadena de detenciones e imputaciones. El «caso Faisán» ha demostrado el oportunismo de la Fiscalía, que ha pasado de pedir el archivo del sumario a proponer diligencias con las que no sería extraño que pretenda crear un cortafuegos que proteja a los más altos cargos de Interior. Este es el Ministerio Fiscal que quería el PSOE, y para lograrlo reformó su Estatuto Orgánico, convirtiendo el principio de jerarquía en una forma de caudillaje que entrega el poder al fiscal general, después de haber convertido la Junta de Fiscales de Sala en su gabinete privado —pese a la calidad de muchos, no todos, de sus integrantes—, y el Consejo Fiscal, en un órgano decorativo.
La Justicia necesita reformas estructurales, y no solo en relación con el funcionamiento de los tribunales. El Ministerio Público se encuentra en su momento histórico de mayor descrédito y, si se produce un cambio de gobierno, su reforma ha de ser prioritaria para que la legalidad y la imparcialidad que proclama la Constitución como principios de su funcionamiento sean reglas de aplicación real, y no meras declaraciones de intenciones. La Fiscalía, compuesta por excelentes servidores públicos en su inmensa mayoría, es imprescindible para la defensa de los derechos y las libertades fundamentales y para promover la acción de la Justicia, pero no es su función servir de quinta columna del Gobierno en los tribunales.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 20 de febrero de 2011)
Hay pavor en la Internacional Autoritaria. No son buenos tiempos para los autócratas. Tampoco para sus amigos y aliados occidentales. La oleada revolucionaria promete un tiempo nuevo, que exigirá una forma de gobernar y de comportarse distinta, probablemente fuera del alcance de la mayoría de los dictadores y reyezuelos que roban y oprimen a sus ciudadanos.
Los jóvenes de la plaza Tahrir, los que de verdad han doblado el espinazo a una dictadura crucial en la geopolítica de Oriente Medio, han trazado una línea que organiza el mundo político del futuro: ya no valen las derechas y las izquierdas del siglo XX. Las ansias de libertad y prosperidad de esta nueva generación global y tecnológica dejan a un lado, y bajo un mismo estigma, a Fidel Castro y al coronel Gaddafi, a los reyezuelos de la Península Arábiga y al último dictador europeo, Aleksander Lukashenko; y, naturalmente, a los más eficaces y autoritarios de todos, quizás no lo más corruptos personalmente, como son los mandarines chinos.
Ahora hay que decidirse, para que todos sepamos quien queda de un lado y del otro de la línea y cómo debe tratarse desde la parte de acá a los de la parte de allá. Lo primero, pues, es saber si queremos estar al lado de los tunecinos y los egipcios, si les apoyamos en la construcción de la democracia y la prosperidad o preferimos seguir enredando.Washington ya ha dicho que sí, rotundamente, mientras que Bruselas no se sabe muy bien si ha dicho algo y qué ha dicho. Si atendemos a la gesticulación italiana con la inmigración estamos diciendo que no y que nos gustaba más el mundo anterior, con las poblaciones bajo el control de los dictadores. Si nos fijamos en Francia, basta con ver la cara que le está quedando a su ministra de Exteriores, Michèle Alliot-Marie, para ver que nos gustaban más los tiranos, con quienes tan buenas relaciones mantienen ciertas élites europeas, francesas sobre todo.
Esa nueva división del mundo entre autoritarios y liberales es tan sencilla de enunciar como difícil de definir y organizar. Después de un mes de vacilaciones, peleas domésticas y lluvia de críticas, la Casa Blanca y el departamento de Estado han empezado a ponerse a la tarea. Hay talentos del pesimismo que no cesan en su imprecación contra Barack Obama. Lo último que podía admitir el pensamiento más conservador es que Mubarak cayera o que vencieran los héroes de Tahrir y que no fuera por el impulso directo de una orden salida de Washington. El ensanchamiento de la libertad en el mundo se concibe como una reducción del poder y la fuerza de Estados Unidos. Curiosa forma de contemplar a un país que tiene sus orígenes en una revolución asentada sobre la idea de la libertad del ciudadano. De modo que EE UU ha hecho lo único que no les gusta estos apóstoles de la estabilidad: acompañar al movimiento y empezar a cambiar de posición en su actitud ante las dictaduras en el mundo.
Una nueva agenda de la libertad está ahora en el taller de las ideas para responder al desafío y poner al día a la política exterior de Washington. A diferencia de la anterior, la de George Bush, que también quería extender la democracia por el planeta, la de Obama no será militar, sino pacífica. No hay que cambiar regímenes a punta de pistola, sino exigirles que respondan pacíficamente a quienes se manifiestan pacíficamente; demandarles el reconocimiento de las libertades de expresión y de reunión; apoyar moralmente a los ciudadanos que se movilizan; y estimular a los regímenes para que respondan a las exigencias de cambio. Estas son unas primeras ideas esbozadas por el presidente, en su rueda de prensa del martes, en la que se declaró “en el lado correcto de la historia” y recordó que “la democracia es un lío, porque no tienes que negociar con una persona sino con un amplio abanico de puntos de vista”.
Hillary Clinton, la secretaria de Estado, el mismo día, amplió estas ideas con una notable intervención acerca del mundo digital. Es la tecnología la que amplia el espacio público compartido del siglo XXI. Los estados democráticos deben comprometerse para que el ágora global sea abierta y los ciudadanos cuenten con libertad de conectar. En el trato con las dictaduras, habrá que situar también en primer plan esta exigencia, que no afecta a un sector industrial, el de Internet y las telecoms, sino al futuro de la libertad en el mundo. La reacción de Washington ante Wikileaks no es el mejor modelo para esta nueva agenda, pero sí lo es el esfuerzo por atrapar la ola revolucionaria.
Como la revolución misma, el giro no ha hecho más que empezar y la nueva agenda, menos realista, más idealista, es apenas un esbozo que veremos crecer en los próximos meses.
(Artículo de Lluís Bassets, publicado en "El País" el 17 de febrero de 2011)
EN la democracia sana el concepto de dimisión está ligado al de responsabilidad política y al de dignidad moral. Cualquiera puede equivocarse en el desempeño de una función pero los servidores públicos depuran con la renuncia sus errores o los de sus subordinados, como forma de demostrar que sus cargos representan funciones eventuales al servicio de los ciudadanos. Cuando ese efecto de error-dimisión no se activa de forma natural se produce un vicio de corrosión en la política, degradada a un mero mecanismo de ocupación del poder. Así ocurre desde tiempo inmemorial en España, donde el régimen de libertades no acaba de desprenderse de los tics del caciquismo y de la dictadura, y donde la asunción voluntaria de responsabilidades se considera un deshonor, una derrota y una concesión inaceptable al adversario.
Para diferir en lo posible esa necesidad higiénica, los partidos alumbraron una doctrina-coartada que consiste en referenciar las conductas en entredicho a las sentencias judiciales, evitando las renuncias o ceses por acumulación de indicios. Sin embargo, cuando los tribunales expiden fallos desfavorables nuestra dirigencia encuentra nuevas excusas y recursos dilatorios que eviten el desagradable saldo de cuentas. Estos días hemos asistido a tres casos flagrantes de elusión del deber ante pronunciamientos taxativos de la justicia, sin que ninguno de ellos mueva a escándalo a una sociedad acostumbrada a la burla de sus representantes públicos. Una dirigente del PSOE madrileño inhabilitada por prevaricación que se manifiesta dispuesta a continuar en su puesto orgánico; un diputado del PP condenado por conducir con alta tasa de alcohol —violando la ley que él mismo votó— que ni se cuestiona la posibilidad de dejar su escaño; un presidente autonómico —Griñán—y un vicepresidente de la nación —Chaves— que no mueven una ceja ante la desautorización judicial de sus manejos para echar tierra sobre un flagrante caso de nepotismo. Ni una leve petición de disculpas, ni un atisbo de arrepentimiento o reconocimiento de errores. Cuánto menos una simple consideración de la posibilidad de que haya quedado invalidada su aptitud para el ejercicio irreprochable de funciones públicas.
En ese contexto poco puede extrañar que un funcionario como el delegado del Gobierno en Murcia admita el fracaso de su gestión de seguridad que supone la agresión a un consejero regional en un ambiente de crispación minimizado como «irrelevante». O que el alto directivo de un importante banco permanezca aún en su puesto tras recibir del Supremo una condena de ocho meses por estafa procesal. Cuando la noción de ejemplaridad en el liderazgo desaparece en aras de un corporativismo de intereses, no hay otra regla que el pragmatismo y la autoconveniencia. La calidad democrática y la responsabilidad social son tan sólo hermosos epígrafes para seminarios académicos.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 19 de enero de 2011)
Muchos españoles se cuestionan hoy si se puede creer en los políticos. A pesar de los motivos que los obligan a ello, comparto enteramente la idea general de que la política es, en sí misma, la ocupación más noble que le puede tocar en suerte a un ser humano, pues no cabe nobleza mayor que la de dedicarse al servicio de sus semejantes.
Dicho lo anterior sin ambages ni circunloquios, no me queda más remedio que reconocer que, debido a las muchas posibilidades para el medro personal o económico que ofrece a quien se entrega a ella, la política se convierte en un imán para oportunistas y arribistas con las miras puestas exclusivamente en sí mismos. Su objetivo no es la nobleza de servir eficazmente al ciudadano sino la ruindad de explotarlo sirviéndose de él. Bajo esta perspectiva, la política se muestra como un lodazal, un albañal atiborrado de suciedad, cuya mierda alimenta una pingüe rentabilidad que se asienta sobre una aguda miseria moral. Se cumple aquí a la perfección lo de corruptio optimi, pessima , o sea, que lo óptimo corrompido degenera en náusea.
¿Por qué tantos españoles con un cierto grado de conciencia crítica recelan de sus políticos? A poco que uno se adentre en el mundo de la política, sea por mera curiosidad o por estar algo informado de lo que ocurre, se topa con que en él anida un buen ramillete de incongruencias. Se vote por unos o por otros, lo cierto es que quien vota no delega en sus representantes el poder que como a ciudadano le corresponde para que ellos se peleen entre sí todo el tiempo, como si estuvieran en una odiosa campaña electoral permanente. El ciudadano no vota a los políticos para que, cultivando su ingenio y afilando su ironía, pronuncien hirientes frases que se claven como dardos en la piel de sus oponentes, sino para que, como gobierno o como oposición, contribuyan, cada uno con su papel, a la mejor y más adecuada gobernación de la nación, de la autonomía o del municipio. No hay por qué esperar de los políticos que sean grandes genios literarios ni brillantes oradores, sino buenos y austeros administradores de la cosa pública.
Lamentablemente, es un dolor contemplar la clase política española actual, enzarzada en mil peleas intestinas, emperrada en demostrar que sus oponentes son peores que ellos, mientras se suceden por doquier las corruptelas, los latrocinios y el desvío de fondos públicos.
Habida cuenta de lo que está ocurriendo, no es de extrañar que muchos españoles piensen que los políticos, en vez de ser la solución de los muchos problemas que arrostran, económicos u otros, son parte de un problema que se agiganta cada día por su indolencia y su desorientación. A tan triste constatación viene a sumarse una escandalosa corrupción generalizada que, además de mermar los fondos públicos, descorazona y hastía a los ciudadanos normales.
Pero, por mucho que nos pese, la solución de la aguda crisis que padecemos ha de venir forzosamente de los políticos que tenemos. Si fuera de otro modo, lo lamentaríamos seriamente porque, en tal supuesto, siempre sería peor el remedio que la enfermedad. A fuerza de mover el voto en las elecciones o de optar por el voto en blanco o por la abstención, como única forma de mostrar el desencanto o de manifestar el profundo malestar que la política les produce, los ciudadanos no debemos desesperar de ir logrando, aunque sea poco a poco, un cambio radical de la actitud de nuestros políticos a fin de que sean realmente parte de la solución que necesitamos y no del problema que padecemos, único cometido para el que son elegidos. Para lograrlo es de todo punto necesario que los políticos renuncien a la mentalidad de dominio y a la pleitesía que exigen los poderosos, a fin de centrarse y fajarse en el servicio al pueblo.
La conciencia profesional de servidores del pueblo les exige prepararse a fondo para las tareas a que se comprometen y acomodarse ejemplarmente a las situaciones que atraviesen los ciudadanos. Así, si un hombre de conciencia se decanta por la política y llega a ejercer responsabilidades en la marcha general de la nación, seguro que no puede dormir a gusto por las noches y puede que hasta no se atreva a cenar sabiendo que muchos de los innumerables parados que hay en España tampoco podrán hacerlo. En las circunstancias en que vivimos no me cabe en la cabeza que un político de conciencia pueda llevarse a su casa, pongamos por caso, más de diez mil euros cada mes, ocupar las suites más lujosas de los hoteles, atiborrarse de manjares y degustar los mejores vinos en los restaurantes de moda a cuenta de un erario público que, a fuerza de ser sistemáticamente esquilmado, no da ni siquiera para quitarles el hambre a muchos españoles desesperados.
Los políticos españoles tienen, pues, un serio problema de credibilidad. Sus inquietudes y zozobras del momento no les vienen de que les falte dinero para vivir y comportarse como auténticos ricachones, prebendas que parece que van incluidas en sus salarios, sino de que los españoles confían cada vez menos en ellos a causa precisamente de esos mismos comportamientos y de sus trifulcas permanentes. Ahora bien, sabemos que la confianza de los ciudadanos en sus políticos no es ilimitada, sobre todo cuando el estómago les duele de hambre y el horizonte vital se les nubla hasta ennegrecerse.
Es una gran desgracia para los ciudadanos españoles que sus políticos se hayan constituido en casta y se hayan blindado con privilegios de escándalo, máxime en la situación de necesidad que padecen. Cualquier medida de ahorro que pongan en marcha para recabar el apoyo popular ha de comenzar por una reducción drástica de sus propios emolumentos y un recorte a degüello de sus gastos de representación.
Sería injusto si no dejara aquí constancia de que hay muchos políticos que saben muy bien lo que se traen entre manos, políticos profesionales, trabajadores e incluso austeros. Son ellos, sin duda, los que, con la fuerza de la levadura que debe ser su conducta, tienen que transformar la masa informe de los compañeros que los rodean y ponerlos al orden. Ellos son la esperanza que nos queda a los españoles de a pie para salir de la aguda crisis presente por la única puerta que cabe hacerlo con dignidad y acierto.
(Artículo de Ramón Hernández, publicado en "La Voz de Asturias" el 17 de diciembre de 2010)
Uno de los inevitables efectos colaterales de las crisis es la caza y captura de chivos expiatorios, y uno de los favoritos del imaginario popular y las élites políticas y económicas es el funcionariado. La cascada de tópicos es bien conocida, desde la caracterización de España como 'país de funcionarios' hasta la caricatura de estos como burócratas improductivos amparados en el carácter vitalicio de sus puestos.
Lamentablemente, son pocos los que se atreven a oponer los hechos a los estereotipos y, más triste aún, entre ellos no se cuentan los responsables políticos, o sea, sus jefes. Porque no es cierto que España sea un país funcionarial. El porcentaje de asalariados que trabajan en el sector público es el 13%, por debajo del 14,8% de la OCDE ¡y del 14,1% de EE UU! Tampoco es cierto que todos los empleados públicos tengan un puesto 'fijo'. El 25,1% son temporales, una cifra similar al 25,4% global de asalariados temporales, el doble que la media europea. Como tampoco lo es que sean 'burócratas'. La gran mayoría son policías, enfermeros, médicos, bomberos, militares o profesores (de hecho, el colectivo más numeroso trabaja en uno de los servicios públicos de salud mejores del mundo). Hay también, claro, administrativos, pero todavía estoy esperando que alguien aporte evidencia alguna de que la proporción de empleados dedicados a las imprescindibles labores de gestión sea mayor en el sector público (especialmente en relación con el presupuesto y los asuntos gestionados) que en bancos, empresas eléctricas o compañías telefónicas; o de que su productividad sea menor que la de sus colegas de otros países.
Pero, desde un punto de vista político, lo preocupante de estos lugares comunes no es la demonización de los empleados públicos, sino la de la función pública misma. Es muy reveladora la tendencia a ensañarse precisamente con los funcionarios de carrera, es decir, con los que han obtenido un puesto de trabajo superando un concurso-oposición (y a menudo varios), que cobran salarios estrictamente fijados según la cualificación de su función (normalmente muy por debajo de la que correspondería en el sector privado) y que, en efecto, son inamovibles salvo por medio del oportuno expediente disciplinario (o sentencia judicial).
Esta descalificación del funcionario de carrera apunta precisamente a la yugular de uno de los rasgos esenciales del Estado democrático moderno: una función pública profesional e independiente del partido gobernante, cuyos trabajadores (y aspirantes a serlo) estén protegidos de la arbitrariedad clientelista de los gobernantes de turno. Y, además, es una cortina de humo que oculta el verdadero problema, que es más bien el contrario: el hecho de que, de las personas que trabajan en el sector público, cada vez somos menos (y digo 'somos' porque soy funcionario, y a mucha honra) los que realizamos tareas acordes con la cualificación que se nos exigió acreditar en un concurso-oposición. Y cada vez más los de libre designación o los directivos y empleados de fundaciones, empresas o 'entes' públicos, semipúblicos o que no se sabe muy bien ni qué son. O sea, los que ni han sido seleccionados por los procedimientos establecidos por la Constitución ni tienen sus salarios (¡y gastos!) sujetos a las limitaciones de los que sí lo han sido. Y eso sí que es un problema a la vez político, por lo que supone de degradación de la democracia, y económico, por el despilfarro que genera.
Tocan vacas flacas, y por lo tanto recortes en el gasto público. Bienvenidos sean, pero no nos dejemos engañar sobre dónde está realmente el despilfarro del dinero de los contribuyentes. Porque si nos dejamos engañar lo pagaremos con menos y peores servicios públicos… y con el mismo o más despilfarro.
Nunca está de más releer el inmortal artículo de Larra «Vuelva usted mañana». Pero no es menos recomendable la lectura de 'Miau', la novela en la que Pérez Galdós retrata una de las peores lacras de la España del XIX, que algunos ahora nos venden como modelo para la del XXI.
(Artículo de Manuel Hernández Iglesias, publicado en "La Verdad" el 1 de diciembre de 2010)
La mejor noticia de la campaña electoral catalana es que está a punto de terminar. Acabará así un tiempo de frivolidad, improvisación y falsas expectativas. Justifico estos términos tan contundentes para no incurrir en lo que critico. La frivolidad la han aportado los contenidos de vídeos –ofensivos unos, chabacanos otros– que han acreditado el sospechado amateurismo en el marketing electoral de los partidos. Ni una sola versión audiovisual electoral se salva del naufragio: sea la orgásmica socialista, sea la seudopornográfica de Nebrera, sea la de la tosca historia de la España del latrocinio de CiU o sea el videojuego del PPC que virtualmente liquidaba independentistas e inmigrantes. La falta de respeto a la inteligencia del elector ha alcanzado niveles de auténtica grosería.
La improvisación la ha protagonizado con mucho mérito el PSC y el todavía president Montilla. Primero, cuando hace unos días –carente el discurso y el lugar de solemnidad y atrezo–lanzó el anuncio de que no volverá a presentarse. Un mensaje que se veía elaborado sobre la marcha pero con pretensiones de impactar. No alteró los pulsos a nadie. Segundo, cuando el mismo Montilla desafió a Mas a celebrar un debate cara a cara teniendo la obligación de saber que no era ya normativamente posible. Las juntas electorales –la de Barcelona y la Central, unánimes sus miembros– han puesto en evidencia una propuesta oportunista. Las falsas expectativas las ha suscitado Mas al insistir en que la piedra angular de su gestión futura será conseguir para Catalunya un concierto económico. Él sabe –y no volvamos a repetir la triste historia de la frustración del Estatut– que para lograr el sistema de financiación del que disfrutan ahora el País Vasco y Navarra, hace falta una habilitación constitucional y estatutaria que no existe. De tal manera que el planteamiento de CiU en este punto es voluntarista. Es legítimo aspirar al concierto económico. Pero a condición de que se describa cuál es el camino para alcanzarlo: reformar la Constitución. Después, es preciso incrustar esa aspiración en la realidad económica y social del conjunto de España, que atraviesa por una situación crítica.
Frivolidad, improvisación y falsas expectativas en una campaña pedestre enfrentan al electorado a un dilema: votar o no hacerlo. Y en el primer caso, mantener la fidelidad de voto o cambiar su opción. Con las referencias del debate ofrecidas por los partidos –se llene o no el Palau con el PSC y con CiU–, es más fácil caer en una perplejidad paralizante que en la proactividad participativa.
(Artículo de José Antonio Zarzalejos, publicado en "La Vanguardia" el 25 de noviembre de 2010)
En esta sociedad del mínimo esfuerzo en la que estamos, una imagen vale no sólo más que mil palabras sino incluso más que mil ideas. Desde hace ya muchos meses, los sondeos señalan que en estas elecciones la abstención electoral será muy alta, hasta podría rebasar el cincuenta por ciento, como en el referéndum del Estatut. Descontentos con este récord, muchos partidos están haciendo auténticos esfuerzos para que la abstención aumente. ¿Cómo? Mediante imágenes, mil imágenes infames que no valen una sola idea. A eso hemos llegado.
Pero hemos llegado ahí, al desencanto y a la desafección, no por casualidad. El Partido Unificado de Catalunya (PUC), formado por CiU, PSC, ERC e ICV, que es quien nos gobierna, tiene dos alas: una que tiene una idea y otra que ninguna. La primera está formada por ERC e ICV, dos pequeños partidos. Lo tienen fácil, es una idea sencilla y sin matices: para unos, la independencia; para otros, siempre más a la izquierda. Como lo primero no está a la vista y lo segundo no se sabe muy bien lo que es, ahí pueden mantenerse, sin pestañear y con comodidad, durante años.
El problema lo tienen los grandes partidos: CiU y el PSC se han quedado sin ideas, ni siquiera una. Como CiU sólo habla de independencia cuando la cita electoral está lejana, ahora se ha inventado lo del concierto económico a la vasca. No se lo creen ni ellos, porque además es imposible.
El PSC, por su parte, vació su programa al emprender la loca carrera del Estatut que acabó con el president Montilla escapando de una manifestación que él mismo había convocado. Ahora dicen que "no son ni de derechas ni independentistas". ¡Gran noticia!: si la firmara un periodista, el director lo despediría por tonto.
Sin ideas. El ciudadano, desconcertado, sólo pensando en Messi. Habrá más catalanes que presenciarán por televisión el Barça-Madrid que votantes el día anterior.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "LaVanguardia" el 24 de noviembre de 2010)
Frente a la obstinación de la Junta de Andalucía en su propósito de reordenar la plantilla administrativa integrando en ella precipitadamente y sin oposiciones a los hasta ahora trabajadores externos, los funcionarios se echaron ayer a la calle para reclamar justicia y que se les reconozcan los derechos diferenciales a los que son acreedores por el hecho de haber culminado unos estudios y haber ganado unas plazas en buena lid con otros ciudadanos que reunían idénticos requisitos académicos. Desde que el Gobierno del señor Griñán aprobara la medida, en plena época de vacaciones estivales, las protestas se han sucedido con asiduidad, de manera que ya las comparecencias públicas del presidente o de la consejera de Economía se asocian automáticamente a la exteriorización de un malestar lógico al que sin embargo los dirigentes políticos andaluces hacen oídos sordos, arropados como están por los dos sindicatos afines.
La masiva manifestación de ayer en Sevilla es una rotunda protesta para exigir algo tan elemental como que se respete el reconocimiento de un nivel superior para los funcionarios, evitando así que el mantenimiento del empleo actual en el sector público andaluz se traduzca en daños perjudiciales para ellos. Utilizar como coartada el futuro laboral de esos 25.000 trabajadores contratados discrecionalmente no justifica en absoluto la degradación de hecho que supone para los titulados de carrera su equiparación con los primeros. Tal comportamiento no es sino demagogia igualitaria, así como un descarado intento de fidelizar el voto de unas familias convertidas además en altavoces de la propaganda oficial.
La irritación de los funcionarios es más que comprensible si se tiene en cuenta que llueve sobre mojado. La conversión en fijos de esos empleos en su mayoría procedentes de empresas públicas sin control parlamentario se produce a continuación de la reducción de sueldo impuesta para todos los trabajadores públicos de España. Se golpea así dos veces a un personal crucial para que los servicios públicos andaluces funcionen con eficacia en beneficio de todos los usuarios. ¿Qué ejemplo se da a los jóvenes que se preparan para concurrir en unas oposiciones regionales? ¿Qué estímulo les va a llegar a quienes se esfuerzan por ser mejores profesionales? Está claro: El PSOE prefiere estómagos agradecidos a funcionarios independientes que no le deben nada porque su puesto de trabajo lo tienen por méritos propios. Esto último configura una mentalidad crítica, que es lo que el Gobierno andaluz parece rechazar como un fantasma.
(Ediorial del diario "ABC", publicado el 14 de noviembre de 2010)
Dentro de dos días dará comienzo la campaña de las elecciones catalanas que se celebrarán el 28 de noviembre. Lo hace después de meses de larga, cansina y tramposa precampaña, repleta de cortinas de humo, falsas promesas de juego limpio y, sobre todo, mucha propaganda pensada, al parecer, por algún estratega convencido de que la ciudadanía está repleta de analfabetos. Y lo hace tras dos legislaturas de tripartito que, valoraciones de parte al margen, no han logrado asentar una gobernabilidad estable y cohesionada, como reconocen incluso sus máximos artífices y como certifica de manera unánime la sociedad catalana.
Ante la recta final, los catalanes tenemos la ocasión de dejar de quejarnos y pasar a la acción. Votar no es la única manera de participar en democracia, pero todas las demás formas de implicación cívica cojean cuando renunciamos a las urnas, aunque sean valiosas y necesarias para vivificar el sistema. El clima en el que se nos solicita el voto es el de un gran malestar que tiene cuatro caras: la de la crisis económica y el paro, la de la desafección provocada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, la del cansancio ante un Govern bloqueado por las luchas internas, y la del desánimo surgido a raíz de situaciones anómalas como el caso Millet. Este malestar viene recubierto de un material altamente inflamable: la desconfianza. No es sólo el tripartito quien fabrica desconfianza, es toda la clase política en conjunto, lo cual no exime de responsabilidad a los que gobiernan pero la diluye dentro de un extravío general. Ello explica la irrupción en el mercado electoral de toda suerte de nuevas ofertas, algunas de un acusado perfil populista. Es comprensible que, ante lo que parece pasividad o falta de reflejos de los grandes partidos, nuevas siglas busquen una oportunidad, incluso a costa de reducir la complejidad de los grandes retos colectivos mediante programas monotemáticos.
El gran historiador inglés Tony Judt, fallecido el pasado verano, escribió lo siguiente en su última obra: "El pasado no fue tan bueno ni tan malo como pensamos: fue diferente. Si nos consolamos con cuentos nostálgicos, nunca afrontaremos los problemas que nos plantea el presente. Pasará lo mismo si suponemos ingenuamente que nuestro mundo es mejor en todo. El pasado es verdaderamente otro país y no podemos regresar a él". Retengamos este análisis, pues encierra una de las claves principales de la falta de imaginación que lastra a nuestros políticos. Lo que interpretamos como desierto de ideas para gestionar el interés general no es más que incapacidad para abandonar esquemas obsoletos que ya no explican los cambios que afectan a nuestras vidas. ¿Miedo al vacío llenado con lugares comunes? ¿Necesidad de aparentar un control sobre la realidad que no se tiene? ¿Incapacidad para admitir que hemos sido superados por la realidad y que debemos volver a pensar premisas intocables? Un poco de todo. Ojalá el futuro presidente de la Generalitat sea capaz de decir, de vez en cuando, que no tiene respuestas. Y ojalá, una vez manifestado esto, acierte a formular preguntas nuevas.
No espero mucho de la campaña que nos conducirá hasta el 28 de noviembre. Los votantes somos adultos, pero no se nos trata como tales. Me temo que esos cuentos nostálgicos que cita Judt dominarán la mayoría de los discursos y los reducirán a una confrontación binaria en la que intentar matizar será más que complicado. ¿Cómo puede hablarse seriamente de políticas de educación, sanidad, inmigración o pensiones sin admitir que el futuro ha estallado en nuestras manos? La velocidad de los cambios es tan acelerada que cualquier proyecto político que aspire a un poco de credibilidad debe empezar por explicar la distancia entre el mundo que imaginamos hace veinte años y el mundo que vivimos y tratamos de comprender. A menudo, nuestros dirigentes políticos (y también los económicos y sociales) están sujetos a unas previsiones que son pura e inservible arqueología, con lo cual dejan de lado el análisis de las prioridades que ahora nos importan. Les lleva a ello el miedo al riesgo y la necesidad de construir un relato fácil en el que colgar sus propuestas, pero nadie les recuerda que las únicas historias que ilusionan son las que tienen final abierto. A la postre, sus decisiones estratégicas quedan siempre postergadas. No saben que el horizonte es una raya que nunca tocaremos. La crisis económica no ha hecho más que dar a este proceso un perfil más dramático.
Los catalanes tenemos problemas comunes al resto de las sociedades europeas. Y tenemos nuestro particular embrollo de orden territorial, identitario, constitucional, llámenlo como prefieran. Ambas dimensiones van juntas, no pueden separarse aunque algunos digan que debe hacerse, obviando que las políticas concretas son siempre resultado de un intento de síntesis que, en el caso de Catalunya, no puede sustraerse a eso que, a lo largo del siglo XX, se denominó "el problema catalán". Un fenómeno que –Madrid lo sabe– hoy se inscribe dentro de la revisión del concepto de soberanía y su relación con el reforzamiento del poder de la Unión Europea. Todas las políticas que se desarrollen aquí se verán atravesadas por esta dialéctica, quiérase o no, y por una nueva mentalidad en sectores amplios de la sociedad catalana. Así las cosas, sin apenas recursos en la caja, el próximo Govern deberá trabajar duro para fabricar confianza a la vez que estudia, serenamente, caminos futuros de mayor libertad para decidir desde aquí lo que sólo aquí nos incumbe. No veo otra manera de transformar el actual malestar en una cierta, modesta y razonable ilusión cívica.
(Artículo de Francesc-Marc Álvaro, publicado en "La Vanguardia" el 10 de noviembre de 2010)
Pasado mañana se cumplen 200 años desde que entró en vigor el decreto que establecía la libertad de imprenta por primera vez en nuestro país. Se trata de un acontecimiento fundamental en la historia de nuestro país que no debería pasar inadvertido, más aún cuando, a pesar del tiempo transcurrido, la libertad de prensa - que no es más que una manifestación de la de expresión- no sólo no está consolidada sino que, en algunos casos, se encuentra seriamente amenazada.
El lector se equivocaría profundamente si considera que esa libertad sólo está en peligro en países en vías de desarrollo o en regímenes dictatoriales. Hace quince días, la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer el informe anual en el que repasa la salud de este derecho en 178 países. España figura en el puesto 39. Ha progresado respecto al año anterior, en el que ocupaba el 44. Según la organización profesional, se ve “con prudente alivio la disminución del activismo de ETA contra la prensa”, lo que permite una leve mejoría de nuestro país en el ranking mundial, que lideran los países del norte de Europa.
El informe se refiere a flagrantes atentados contra la libertad de prensa. Pero el riesgo real está en los más sutiles. Todos los países democráticos garantizan por ley el derecho a la información. Pero son los mismos Estados los que se esfuerzan en controlar los datos, en manejarlos a su antojo, en pretender decidir, al fin, lo que se debe y lo que no se debe contar. Y no sólo los gobiernos. También los medios de comunicación, que reclaman para sí el uso y disfrute - algunos casi en exclusividad- de la libertad de expresión y, sin embargo, son incapaces de garantizar ante su audiencia la necesaria independencia y pluralidad informativas. Ellos, mejor que nadie, saben cómo maquillar los hechos para dar apariencia de objetividad. Conocen perfectamente la puesta en escena de las noticias para que parezcan fiel reflejo de la realidad. Es la censura encubierta.
Silencio informativo Cuando afirmamos que en España no existe censura estamos mintiendo; y cuando se hace desde los poderes públicos o los medios de comunicación la mentira es alevosa. El profesor Xosé Soengas establece 21 formas distintas de ocultación (Herrero, Julio César (ed.) Manual de Teoría de la Información y de la Comunicación). Solamente la denominada “necesaria” -es decir, aquélla que permite salvaguardar la seguridad del Estado (siempre que sea una razón y no una excusa) o contribuya a la protección de los menores- está justificada.
Hoy, salvo el secuestro de publicaciones o grabaciones previsto en la Constitución para evitar la comisión de un delito, la Carta Magna establece el derecho a la información sin censura previa. Sin embargo, cada día se silencian acontecimientos periodísticamente relevantes por motivos ideológicos y/o económicos con el objeto de favorecer determinados intereses o perjudicar otros. En muchos casos, los medios ni siquiera tienen que ejercer esa censura sobre los contenidos porque los propios periodistas evitan plantearlos (autocensura), sabedores de que apenas tendrán recorrido porque violentan de alguna manera la línea editorial del medio para el que trabajan.
Los liberales de principios del siglo XIX consideraron que con la libertad de imprenta se facilitaría el necesario control al gobierno por parte de la prensa. Desde entonces, los mecanismos censorios se han ido refinando, adaptándose a unos tiempos en los que está mal visto prohibir que algo se sepa y en los que, además del fondo, resulta indispensable cuidar las formas. Los trabajadores de la información saben muy bien cómo hacerlo.
Los constituyentes de Cádiz rompieron las barreras que impedían el desarrollo de la profesión en libertad, pero 200 años después son los propios medios los que las vuelven a edificar piedra a piedra. Pero, claro, no es lo mismo. Parece que la censura impuesta por los poderes públicos es detestable porque viene de fuera; pero la que se imponen los propios medios no, porque se someten libremente a ella.
Impuesta o asumida, los perjudicados son siempre los ciudadanos, depositarios del derecho a la información y de la libertad de expresión. Ellos son quienes delegan en los periodistas el ejercicio de ese derecho y ni Estado ni las empresas de comunicación tienen potestad alguna para arrebatárselo. (Quizá esta última frase suene un tanto revolucionaria o reivindicativa. Quiero imaginar que es como la dirían los liberales. Los de 1810, claro está).
(Artículo de Julio César Herrero, publicado en "La Voz de Asturias" el 8 de noviembre de 2010).
Hace unos días un amigo se cachondeó de mí cuando, al hilo de no sé qué tema de conversación, solté un "cuando acabamos con el franquismo". Con sonrisa burlona me corrigió: "Oye, con el franquismo acabó Franco al morirse en la cama". Algo de razón tenía mi amigo. Pero no toda. Efectivamente, Franco se murió en la cama. Pero cuando esto sucedió el franquismo ya había sido vaciado por dentro: a excepción de las decrépitas instituciones políticas de aquel régimen, la sociedad española se había transformado profundamente.
Desde un exagerado determinismo, con etiqueta marxista o liberal, se suele afirmar que las causas de estas transformaciones fueron debidas a los cambios en las estructuras económicas y sociales operados desde finales de los años cincuenta: inversiones extranjeras, crecimiento de la economía europea, turismo, remesas de divisas aportadas por los emigrantes y la apertura de nuestra economía a los mercados exteriores mediante la depreciación de la peseta. Todo ello es cierto: España pasó de ser un país agrícola a un país industrial, crecieron las ciudades en detrimento del campo y la sociedad se modernizó desde todos los puntos de vista.
Pero también es cierto que en este contexto surgieron luchas sociales y políticas y que sin las personas que las encabezaron nunca habría llegado la democracia a España. No basta con cambiar las estructuras económicas y sociales, también es importante el factor humano. Esta fue la corrección teórica de Gramsci al marxismo mecanicista. Muchos fueron los que participaron en estas luchas. Pero en porcentaje respecto al conjunto de la población fueron muy pocos, sobre todo al principio, durante los años cincuenta y sesenta. Si tuviéramos que escoger a uno, al más claro ejemplo de luchador decidido y pertinaz, quizás habría una general coincidencia en señalar a Marcelino Camacho.
Sin Marcelino –su solo nombre bastaba entonces para saber a quién te referías–, sin todos los marcelinos de aquella época, Franco hubiera muerto en la cama y la dictadura hubiera seguido indemne, al menos por algunos años. A veces los viejos luchadores pueden llegar a dudar sobre si su sacrificio fue útil. Que despejen toda duda: el ejemplo enseña más que cualquier libro. Marcelino fue el gran ejemplo de aquellos tiempos.
Mientras los conspiradores más o menos de salón, que tampoco son del todo inútiles, pasaban horas y horas discutiendo con una cerveza o un whisky en la mano, siempre Marcelino estaba en la cárcel y su esposa tejiéndole un jersey para que no pasara tanto frío. Lo sabíamos y ello nos daba mala conciencia y, a la vez, coraje para seguir adelante. Marcelino fue el gran referente moral y político de aquellos años. Entonces aprendimos aquello que dijo el poeta: algunos son necesarios y otros, como Marcelino Camacho, imprescindibles.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 30 de octubre de 2010)
EL Instituto de Empresa Familiar ha azuzado el debate sobre los «privilegios» de los funcionarios con su propuesta de que éstos puedan ser despedidos. La idea no es nueva y su planteamiento desenfoca el problema real, que es el de la estructura administrativa de España, viciada de inflación de órganos, exceso de empresas públicas, abuso de asesores y cargos a dedo y duplicación de competencias. Ayer mismo, Mariano Rajoy, que denunció «la madeja administrativa que ahoga a la sociedad civil», y Emilio Botín, que criticó unas duplicidades que generan «ineficiencias, barreras y distorsiones», abogaron por la reducción del aparato administrativo que ABC cuestiona como parte de su reflexión sobre la necesaria regeneración de la vida pública española.
La solución a las faraónicas dimensiones de la Administración no pasa por someterla a los parámetros de la empresa privada, por la radical diferencia de objetivos y estructuras y porque habría que concretar qué ejemplos de gestión se pueden tomar como referencia, porque esa apelación se descalifica con episodios de desastrosas direcciones empresariales. Aun admitiendo la necesidad de controlar y sancionar a los funcionarios que dan por sentado que su obligación acabó cuando aprobaron la oposición, la propuesta del despido pone al funcionario en una situación de precariedad frente a los cargos políticos. El despido del funcionario vinculado a la valoración discrecional de su trabajo abre la vía al control partidista de la Administración, en niveles aún mayores que los actuales. En todo caso, no es necesario porque existen procedimientos de inspección y sanción para los funcionarios que abusan de sus condiciones laborales. Que se apliquen.
El problema de la Administración no se resuelve «privatizando» el estatuto jurídico de los funcionarios, sino atacando su hipertrofia organizativa, verdadero lastre para el desarrollo económico y una fuente patógena de corrupción y derroche. Es mucho más acertado el entramado de empresas públicas, auténticas administraciones paralelas, que son pasto de favores políticos; o el gasto en esos asesores que pululan por las dependencias oficiales; o la multiplicación por diecisiete —uno por autonomía— de muchos órganos del Estado, por ese efecto replicante que lanza a las autonomías a una continua expansión. La responsabilidad de todo esto es política y no de los funcionarios.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 27 de octubre de 2010)
EL recorte de salarios a los funcionarios públicos tenía un mensaje implícito que daba a la opinión pública otro chivo expiatorio para la crisis. Atacando las nóminas públicas se señalaba a los funcionarios como uno de los agujeros por los que se iba el dinero del Estado. También quedaban expuestos a los tópicos habituales que los dibujan como vagos e indolentes, privilegiados con un trabajo de por vida. La cara oculta de esta publicidad subliminal contra los funcionarios está en los datos que hoy publica ABC: solo el 60 por ciento de los empleados públicos, sin contar los que están en la nómina de empresas públicas, son funcionarios de carrera por oposición. El resto está formado por personal laboral y, hasta un 13 por ciento, por cargos de confianza e interinos. Los porcentajes se invierten en la Administración Local, en la que los contratados superan el 60 por ciento.
Cuando se denuncia el exceso de gasto salarial en las administraciones públicas, no se repara en discriminar cuánto de ese gasto corresponde a funcionarios que han ingresado por oposición y cuánto a personal designado a dedo por los responsables políticos. Esto explica que, a pesar del recorte de nóminas, la masa salarial siga aumentando en este año, porque las administraciones siguen contratando personal. Para rebajar el gasto bastaría con cerrar la contratación de asesores y gabinetes, redistribuir el trabajo entre el funcionariado de carrera ya existente y reducir la interinidad. Se trata de un compromiso que deben asumir no los funcionarios, que llevan años perdiendo poder adquisitivo, sino los responsables políticos que utilizan las administraciones bajo su control como agencias de colocación. Es cierto que es necesaria una reforma de la Función Pública. Debe aumentar la eficiencia con los actuales recursos; es preciso un control de la productividad que evite abusos en la disposición de permisos y en la flexibilidad horaria; y debe haber una mayor consideración de los cargos políticos hacia el trabajo de los funcionarios, obligados muchas veces a secundar instrucciones más de partido que de servicio público.
Estos aspectos deben recibir una respuesta alejada del mito del funcionario indolente. Quienes lo utilizan olvidan que son funcionarios, entre otros, los maestros, los policías, los médicos o los bomberos, es decir, los que sostienen una sociedad desarrollada y segura. Esa respuesta necesaria debe poner el foco en las carencias reales de la función pública y renunciar a la demagogia.
(Editorial del diario "ABC", publicado el día 18 de octubre de 2010)
LOS esfuerzos colectivos que exige la superación de la crisis económica son también una oportunidad para poner a España bajo una observación crítica que detecte las carencias del sistema social y político. Sería un grave error reducir la actual situación a un período de declive puramente económico e ignorar el empobrecimiento de otras estructuras no menos necesarias para el desarrollo de la nación que la economía. Se ha llegado a un nivel de abatimiento y resignación de tal envergadura que si en lo económico no se han ahorrado calificativos como depresión, hundimiento o colapso, en lo social y político se roza la decadencia. En efecto, la crisis ha desnudado —y en parte, pero sólo en parte, las ha agravado— las debilidades de recursos esenciales para una sociedad moderna, como la justicia, la educación, el sentimiento nacional y la ética política, sin los cuales la recuperación de la actividad económica no sólo es más lenta, sino que cuando se alcance será incompleta en esas facetas.
ABC quiere invitar a sus lectores semanalmente a una reflexión sobre los principales problemas de la sociedad española, en su deseo de promover una opinión pública interesada en el debate acerca de nuestro presente y nuestro futuro. Hoy, la propuesta se centra en la necesaria regeneración de España, sin juicios dramáticos ni alternativas demagógicas, pero sin ocultar la cabeza bajo el ala ante una realidad que se impone por sí sola. Mientras la economía era boyante, los problemas estructurales quedaron velados por la euforia del consumo y del crédito. Y así no hubo verdadero compromiso para hacer frente a la crisis permanente de la Justicia, al declive de un sistema educativo sin excelencia, a la progresión de una acción política desnacionalizada en lo político y nihilista en lo moral, y a la extensión de una clase política mediocre, tanto en capacidades personales, como en altura de objetivos. Es innegable que la facilidad con que estos fallos sistémicos se han expandido se debe en buena medida a la falta de respuesta crítica en la sociedad y a la ausencia de minorías intelectuales activas. El descuido de los valores con los que se debe nutrir una democracia ha propiciado esta anemia ética que pone a España realmente ante un futuro plano, que podrá evitar si hay un compromiso colectivo por un modelo de sociedad más exigente consigo misma.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 10 de octubre de 2010)
El Gobernador del Banco de España ha pedido un plan B para garantizar el cumplimiento riguroso de los Presupuestos, el de 2010 y el de 2011; presupuestos ambos que están sometidos a la exigencia de quienes pueden financiar el déficit. No hay excusas, el cumplimiento de los objetivos es condición previa.
El debate sobre más o menos déficit para adelantar la recuperación es académico, inútil; porque elegir más gasto, más carburante a la locomotora, requiere disponer de recursos y si no hay, ni se puede pedir, no es posible acelerar. Los norteamericanos pueden permitirse ese debate, tienen opciones; los europeos más ricos pueden hacer algunos pinitos, pero los menos ricos, los del sur y la periferia carecen de opción.
Lo anterior es más que una opción, se aproxima mucho al dato, a lo no elegible, es punto de partida. El gobernador se lo ha dicho en el Congreso a los parlamentarios pero no está claro que le hayan entendido. El Gobierno está en ello por necesidad, pero lo explica mal; carece de pedagogía y de credibilidad. Y el resto de grupos políticos andan por uvas, los unos esperando que les caiga el poder (lo va a hacer, pero encima) y los otros con la cohetería de niños irresponsables.
Además de cumplir el Presupuesto habría que sentar las bases de eso que llaman cambio de modelo productivo; más fácil de decir que de plantear y de hacer. Otros países lo hicieron o están en ello, por ejemplo los escandinavos, incluidos los finlandeses. Para ese viaje hacen falta muchas explicaciones, debate serio, argumentos serenos, probar, rectificar. Nada de eso está ocurriendo en España y por eso la salida de la crisis, la recuperación, es problemática, incierta, y por eso no se genera confianza. Las encuestas de expectativas colectivas son deprimentes, no confiamos ni en nosotros, ni entre nosotros.
(Artículo de Fernando González Urbaneja, publicado en "ABC" el 6 de octubre de 2010)
La señora Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, se ha situado, con todos los honores, en el mapa de los grandes políticos europeístas. Se suele decir que en la Unión Europea faltan dirigentes con una fuerte personalidad, tal como fueron, en el pasado, Walter Hallstein, Altiero Spinelli o Jacques Delors, además de los venerables padres fundadores. Pues bien, es posible que estemos ante una futura líder con este calibre.
Lo hemos comprobado en los días pasados al ver como la señora Reding se enfrentaba con energía y convicción, en defensa de los tratados europeos, a Nicolas Sarkozy, vergonzosamente apoyado por sus colegas del Consejo. "La Unión Europea está basada en valores –ha dicho la comisaria– y defenderlos es una responsabilidad de la Comisión Europea. He hablado y hablaré alto y claro si estos valores no se respetan".
Viviane Reding es luxemburguesa, periodista de profesión, miembro del Partido Popular Social Cristiano y desde 1999 ha desempeñado diversas carteras en la Comisión. Antes de su actual cometido, destacó como comisaria de Información al lograr una significativa bajada de tarifas de los teléfonos móviles en dura confrontación con las compañías de telecomunicaciones. Mujer de fuerte temperamento, cometió el error de comparar implícitamente estas expulsiones actuales con la persecución de los judíos bajo el Tercer Reich: un exceso evidente. Sin embargo, no se arredró ante las críticas y respondió con coraje: "Si un hombre, en política, pega un puñetazo en la mesa, se está defendiendo. Si una mujer pega un puñetazo, es una histérica. Por eso tenemos pendiente aún la cuestión de la igualdad de sexos".
¿Cuándo empezó todo este asunto? A finales de julio, probablemente para aumentar su popularidad y arañar futuros votos a la extrema derecha, el bullicioso y desconcertante Sarkozy emprendió una campaña contra inmigrantes de etnia gitana. Con este objetivo, el Ministerio del Interior dirigió una circular a sus prefectos regionales para que procedieran a desmantelar campamentos de gitanos rumanos y búlgaros, al parecer sin las razones ni los procedimientos adecuados al derecho de la UE.
En efecto, Rumanía y Bulgaria forman parte, aunque sea desde tiempos muy recientes, de la Unión, y sus ciudadanos, por tanto, son ciudadanos europeos: precisamente, los derechos de libre circulación y residencia, así como de no discriminación, forman parte del núcleo más antiguo y básico de los derechos fundamentales comunitarios garantizados en los tratados. Por tanto, debido a su condición de ciudadanos europeos, los gitanos rumanos y búlgaros son titulares de estos derechos en la misma medida en que lo puede ser un alemán, francés o belga, ciudadanos de los países fundadores. Gozan, en consecuencia, de libertad de movimientos y derecho a una residencia estable, sin discriminación alguna, en cualquiera de los países miembros de la Unión Europea.
Ahora bien, estos derechos no son absolutos, sino que tienen límites, límites muy razonables, establecidos en la directiva 2004/38, que pueden dar lugar a que se les deniegue esta residencia y se proceda a su expulsión por razones de orden público, seguridad o salud pública. Por ejemplo, deben tener trabajo remunerado o recursos suficientes para vivir y seguro de enfermedad que cubra los riesgos sanitarios. En el caso de traspasar estos límites, los estados pueden expulsarlos de su territorio, siempre a través de un procedimiento reglado y con garantías que les permitan recurrir ante un juez. Al parecer, el error francés ha sido que ni se han probado las razones, ni se han seguido los procedimientos; no se ha respetado ni el fondo ni la forma. Simplemente, se les ha expulsado a cambio, en el mejor de los casos, de una recompensa económica.
Lo más grave, sin embargo, es que se ha dejado entender que se tomaban estas medidas por pertenecer a una etnia determinada, nada menos que a la gitana, históricamente tan maltratada. Es decir, se les ha expulsado por pertenecer a un determinado ente colectivo por motivos que hoy llamamos étnicos, debido a la corrección política imperante, pero que en realidad son motivos racistas. No se han tenido en cuenta sus actos individuales, examinándolos caso por caso, para comprobar si incurrían en alguno de los motivos legales de expulsión, sino que, según parece, se han tomado medidas por el simple hecho de pertenecer a un grupo. Con ello se ha criminalizado a todos los gitanos, atribuyéndoles una culpa colectiva ilegítima e injusta. En esto consiste la gravedad del caso. La comisaria Reding ha ordenado, como normal, un procedimiento por infracción del derecho de la Unión para averiguar la verdad de los hechos y, en su caso, tomar las medidas legales pertinentes contra los estados responsables.
Cuando tantas veces asimilamos la Unión Europea a la economía y a la moneda, es alentador comprobar que, en realidad, su finalidad principal es defender, de acuerdo con los principios democráticos, los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión, aunque pertenezcan a minorías tradicionalmente discriminadas.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 23 de septiembre de 2010)
En las Cortes, ningún diputado se representa a sí mismo sino a las corrientes políticas y a los votos que lo han aupado hasta allí. Pero, incluso en estas circunstancias, la personalidad de cada individuo cuenta. El modo en que uno defiende su posición distingue a unos de otros. Algunos parlamentarios parecen más genuinos, más creíbles y coherentes. A menudo, estos diputados acuden sin papeles a la tribuna y hablan con una seguridad sorprendente.
No era este el caso del monegrino José Antonio Labordeta que se acompañaba siempre con unos folios. Las notas en la mano o bajo el brazo, con el aspecto de viejo profesor de geografía, bajando de su escaño -siempre estaba arriba, en las filas del mixto- y encaramándose a la tribuna. Sin embargo, en pocos diputados como en él se percibia la coherencia entre lo dicho y quién lo decía.
Tal vez porque Labordeta fue, durante sus ocho años como diputado, de 2000 a 2008, el único representante de su partido, la Chunta Aragonesista lo que le evitó el rango de parlamentario subsidiario y adocenado; o porque, a diferencia de otros muchos, él llegó a su escaño con una reconocida trayectoria política e intelectual -una especie exótica en los tiempos del desapego- que le acreditaba ante la Cámara de antemano (una vez Zapatero le confesó que era fan suyo desde hacía años aunque coincidieron pocas veces a la hora de votar desde que alcanzó la presidencia). Ocurre que Labordeta nunca se libró, y seguramente nunca lo pretendió, de los modos francos de un beduino -como el mismo se calificabaperdido en aquel hemiciclo en el que, pasados ocho años de ejercicio parlamentario, seguía sintiéndose extraño. Era y quería ser, él mismo lo decía, una mosca cojonera en el mundo de la gente de gris.
Ese carácter de orador auténtico alcanzó la categoría de leyenda la tarde de febrero de 2003 cuando espetó su famoso "¡A la mierda..!" dirigido a un grupo de diputados del PP que le importunaron con sus comentarios mientras él exponía sus argumentos desde la tribuna. Corrían entonces lo tiempos convulsos de la guerra de Iraq, con Aznar encastillado en la mayoría absoluta en el Congreso y las manifestaciones masivas en la calle. El malhumor popular de aquellos días cazó al vuelo la imprecación del aragonés. Y la hizo suya.
Sin embargo, aquel exabrupto no debería desvirtuar la imagen del parlamentario Labordeta. Cuando protagonizó la diatriba con los diputados del PP estaba ejerciendo de representante de los intereses de Aragón, lidiando con el correoso Álvarez Cascos a cuenta de la red de cercanías de su tierra. Labordeta fue el diputado del no al trasvase del Ebro y el sí al corredor ferroviario del Pirineo central.
Y fue también el diputado del no a la guerra (en aquella ocasión hizo migas con Carme Chacón que le hablaba de su abuelo anarquista). Porque Labordeta era aragonés pero si alguien le obligaba a elegir entre Aragón y el mundo mundial elegía siempre una huelga de los mineros en Asturias o la reivindicación del derecho de los familiares a saber en qué cuneta de la Guerra Civil habían caído los suyos. Labordeta era el genotipo de un diputado de izquierdas de los de antes. Con todas las contradicciones del pasado y del presente. Nunca del futuro en el que habrá un día…
Tras una buena comida en los salones, convertidos en comedores de la Casa de Canarias en la calle Jovellanos, era capaz de recordar los nombres de los institutos de enseñanza media y los casals de barri donde había dado recitales en Sant Adrià, en l' Hospitalet, en Cornella... "Anda que no había pasado buenos ratos por ahí", decía.
Aunque ni tan siquiera él asumiera esa idea como propia, Labordeta era para algunos la mejor representación de la España plural. Aquella que sólo existe en los lugares donde la gente diversa y modesta de este país se mezcló, trabajó y prosperó. Aborrecía la arrogancia de los grandes grupos nacionalistas. Pese a que él también lo era. Pero de otro modo. Con boina. Sencillo y, sobre todo, amable.
(Artículo de Jaume V. Aroca, publicado en "La Vanguardia" el 20 de septiembre de 2010)
Julio Camba, aquel prodigio de ironía, escribió en un artículo que nunca criticaría a los "nuevos ricos" porque si alguna vez llegara a ser rico desde luego sería "nuevo". Boutades aparte, todos sabemos que la expresión nuevo rico no se aplica a todo el que ha hecho fortuna recientemente, sino sólo al que la exhibe de forma exagerada, con mal gusto y por encima de sus posibilidades, pensando que mediante tal comportamiento se parece a los ricos de toda la vida. No sabe que estos, al no necesitar exhibir su riqueza, tienen como norma habitual actuar con discreción.
En los años que precedieron a la actual crisis económica, ¿hemos vivido como nuevos ricos? Las formas verbales en plural, en este caso el "hemos vivido", siempre suelen ser inexactas. Algunos han vivido como ricos, otros menos, otros muy poco y muchos han seguido viviendo como pobres. Por tanto, no exageremos, a cada uno lo suyo.
Quienes durante estos años pasados seguro han vivido como nuevos ricos y por encima de sus posibilidades han sido las administraciones públicas, ahora tan ahorradoras y roñosas, sobre todo con los débiles. En Catalunya ya entramos en fase de campaña electoral y, como siempre en las campañas de este género, los candidatos nos explicarán sus programas, aquello que presuntamente van a hacer. Preferiría una campaña de otro tipo, una campaña en la que más que proponer planes futuros, los candidatos, sean del gobierno o de la oposición, explicaran mejor lo que han hecho en los últimos cuatro años, hasta qué punto han cumplido con lo prometido. Porque el mal estado de las cuentas públicas que genera esta reducción del gasto algo tendrá que ver con ellos: quizás han derrochado sin justificación alguna, quizás se han equivocado.
Desde luego ha habido dispendios famosos: los 400 euros y el cheque bebé de Zapatero, los 8.000 millones del plan E de ayuda a los ayuntamientos para obras menores, a los que ahora les falta dinero para pagar las nóminas. Esto en el plano estatal. En el plano local, fueron famosas las embajadas de Carod, sus viajes para promocionar lenguas indígenas en Latinoamérica, quizás para reducir la utilización del castellano. Aunque en cuantía económica esto fue de tono menor, meramente simbólico, casi todo es simbólico en Catalunya.
El otro día leía una información en el El País sobre la situación del nuevo aeropuerto de Lleida-Alguaire, inaugurado en enero pasado, que ha costado 97 millones de euros, el primer aeropuerto creado por la Generalitat y el único que no gestiona Aena. En las fotos que ilustraban el reportaje podía verse que se trata de una obra arquitectónica magnífica, un señor aeropuerto con todos los servicios. Todos, claro, a excepción de un pequeño detalle: casi no despegan ni aterrizan aviones. En estos momentos, sólo hay programados vuelos los viernes y los domingos. Los demás días, naturalmente, está abierto al público, pero sin vuelos. Debe de ser un espacio estupendo, con un vestíbulo amplio, un terrazo brillante, impecable, con un servicio de limpieza algo frustrado pero que sin duda cumple bien sus no difíciles tareas. Quizás podría utilizarse este aeropuerto para que los niños de las escuelas cercanas fueran a jugar a las chapas o a aprender cómo se coge un avión: el número de vuelo, la facturación de maletas, los controles, las colas en las puertas de embarque, las cintas en las que esperas con angustia la incierta llegada del equipaje. No es broma, tal como está la enseñanza, quizás sería una de las asignaturas más difíciles del curso.
Noventa y siete millones ha costado la obra, ya lo hemos dicho. Pero hay más: ahora estamos con los incentivos y las subvenciones. Para que este aeropuerto sirva para algo, la Diputación de Lleida y la Generalitat pagarán este año 1,6 millones a las compañías Ryanair y Vueling, además de un programa de ayudas a otras compañías todavía no concretado. Germà Bel, economista y conocido experto en la materia, dice que, "para ser rentable, un aeropuerto debe tener medio millón de pasajeros al año, y el de Lleida no tiene este mercado".
De momento, 42.000 pasajeros lo han utilizado y esperan llegar a los 50.000 en diciembre. Por lo visto, confían mucho en los turistas que practican deportes de invierno. Ánimo, pues. Pero ¿cuántos esquiadores caben en las pistas de Baqueira y del Pallars? ¿Ya los han contado bien? De 50.000 a 500.000 hay un trecho. Aunque quizás son muchos los que quieren ir a esquiar... en avión. Nunca se sabe.
En todo caso, ninguna empresa privada se presentó al concurso para hacerse cargo de la gestión: debían estar dispuestos a invertir 20 millones de euros y pagar un canon anual de 2,2 millones. Las empresas se juegan el dinero de su bolsillo y deben dar cuenta de sus actuaciones ante sus accionistas. Las administraciones se juegan el dinero de nuestro bolsillo y no nos dan cuenta de nada. Ahí está la diferencia.
Esto es lo que había querido decir durante todo este artículo: menos programas electorales y más rendición de cuentas. Me parece que sí, las administraciones han actuado como nuevos ricos. Pero con nuestro dinero. Así cualquiera.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 16 de septiembre de 2010)
EDITORIAL , EL PAIS.
No es una utopía
La Ley de Transparencia debe acabar con la opacidad de la Administración y los políticos
17/08/2010
Habría menos corrupción si hubiera más transparencia: si los poderes públicos estuvieran obligados a facilitar los documentos sobre la utilización de fondos públicos, contratos urbanísticos, actas de reuniones, contenido de dictámenes pagados a precio de oro y otras informaciones a cualquier ciudadano que lo solicitase. También habría menos falsos debates.
No es una utopía: las deliberaciones de la Reserva Federal de EE UU son públicas unas semanas después de producirse, lo que permite conocer el fundamento de sus decisiones, y el Gobierno de Reino Unido ha tenido que facilitar el coste de los coches oficiales que utilizan sus miembros. Pero no es una práctica espontánea: han tenido que aprobarse leyes que obligan a las administraciones a facilitar la información que se les solicite para que se rompa la tendencia espontánea de todo poder a la opacidad. España se sumará pronto a los países que cuentan con una legislación de ese tipo.
La Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública se incorpora con retraso. Casi todos los países de la UE tienen normas que obligan a las administraciones y todo tipo de fundaciones y organismos financiados con fondos públicos a responder a las demandas de información de los ciudadanos. Zapatero llevaba en su programa de 2004 el compromiso de hacer lo mismo, y su partido lo reafirmó con énfasis en una ponencia de su 37º congreso, en 2008. Finalmente, existe ya un anteproyecto que está previsto someter al Consejo de Ministros en su primera reunión tras las vacaciones.
El texto, cuyas líneas maestras adelantó ayer EL PAÍS, sigue las recomendaciones del Consejo de Europa, empezando por el principio de que la norma es la publicidad de la información, y la excepción, las restricciones a facilitarla. Es decir, lo contrario de lo que ha venido siendo habitual. Un efecto de ese principio es acabar con la práctica de pedir explicaciones a quien pregunta: para qué quiere esa información. El ciudadano no estará obligado a justificar su demanda, mientras que será la Administración afectada la que tendrá que motivar, en su caso, su negativa a responderla.
Y las causas para hacerlo están tasadas. Las limitaciones principales son las relacionadas con la seguridad nacional, la prevención de actividades criminales, los secretos comerciales y la protección de la intimidad. En conjunto parece una norma que respeta los principios de sencillez en el procedimiento, rapidez y gratuidad, sin los que el derecho proclamado sería papel mojado. Ese derecho es universal, de cualquier ciudadano, incluyendo, por supuesto, a los periodistas.
Es de esperar que la nueva ley acabe con la opacidad de la Administración y los políticos, que se resume en esa costumbre de que, cada vez que aparece una información comprometedora, su reacción sea averiguar quién la ha filtrado y no si es verdadera y quién es el responsable del hecho denunciado.
Tras la sentencia del TC sobre el Estatut muchos catalanes se preguntan si la Constitución no les permite tener más identidad nacional que la española. Así lo formulaba hace unos días el historiador Borja de Riquer: "¿Por qué la Constitución no puede reconocer un hecho social y político objetivo como es que muchos ciudadanos se sienten nacionalmente catalanes, vascos o gallegos?".
Mal iríamos si una constitución se inmiscuyera en los sentimientos de las personas: no sería una norma inspirada en los principios liberales y democráticos, no respetaría la libertad ni la autonomía de las personas y vulneraría los más elementales derechos fundamentales. Se trataría de una constitución de cariz totalitario que impondría una ideología en lugar de respetar el libre pensamiento. Por tanto, una Constitución como la nuestra no puede determinar la identidad de los individuos. Los ciudadanos pueden decidir sus propios sentimientos de pertenencia: españoles, catalanes, vascos, andaluces, marroquíes, ecuatorianos, rumanos, chinos y un largo etcétera. O considerarse simples seres humanos sin connotación nacional alguna. Ahora bien, otra cosa es el significado jurídico de las palabras de una ley, en este caso del Estatut. De ahí proviene la confusión, que la sentencia aclara perfectamente.
El término nación tiene dos significados muy distintos: el jurídico y el cultural. En sentido jurídico la nación es un conjunto de personas radicadas en un territorio y reguladas por una ley común que les garantiza los mismos derechos básicos. El vínculo que une a estas personas es, por tanto, la ley que asegura su igual libertad. En esta nación, en el conjunto de sus ciudadanos, reside la soberanía, el poder constituyente que crea y reforma una Constitución. La nación en sentido cultural es de naturaleza muy distinta. También se trata de un conjunto de personas, pero el vínculo que les une no es jurídico, no es una ley, sino que está basado en los sentimientos que les suscitan, entre otros, determinados elementos de carácter histórico, cultural, lingüístico o étnico de la comunidad en la que viven. El vínculo que les une es, por tanto, la identidad personal determinada por tales elementos. Si la nación jurídica es de matriz revolucionaria francesa, la cultural proviene del romanticismo alemán.
En las constituciones progresistas españolas, comenzando por la de Cádiz, el concepto de nación utilizado es el jurídico. Así es también en la Constitución de 1978: el término nación está en el preámbulo, en el artículo 1 (con sinónimos como "España" o "pueblo español") y en el art. 2. En la nación española, en el pueblo español, reside la soberanía, el poder constituyente (art. 1.2). También en este art. 2 se menciona a las "nacionalidades y regiones", a las que se les "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía" que más adelante, en el art. 143, se concreta en aquellos territorios que tengan "características históricas, culturales y económicas comunes". En consecuencia, junto a la nación en sentido jurídico como sujeto de la soberanía, también se reconocen "nacionalidades y regiones", a la manera de naciones en sentido cultural, con derecho a la autonomía.
El art. 1 del actual Estatut define a Catalunya como nacionalidad, no como nación: esto es lo que aprobaron Congreso y Senado y fue ratificado en referéndum. Este precepto es prácticamente igual que el del Estatut de 1979. Cierto es que el proyecto de Estatut aprobado por el Parlament catalán definía, en su art. 1, a Catalunya como nación, pero ello fue modificado en el Congreso por una razón obvia: sólo pueden tener autonomía las nacionalidades o regiones y el Estatut que se elaboraba era de "autonomía" no de "soberanía". Un texto jurídico debe ser claro y las palabras deben ser unívocas, no equívocas: para el sujeto de la autonomía no puede utilizarse un término, el de nación, que sólo corresponde al sujeto de la soberanía.
Por tanto, el tribunal en su reciente sentencia no ha modificado, en este punto, lo que fue aprobado por las Cortes Generales y ratificado en referéndum. Simplemente, ha advertido que la referencia del preámbulo en el que se recuerda que en una ocasión –refiriéndose a la aprobación del proyecto de Estatut– se definió a Catalunya como nación, carece de eficacia jurídica interpretativa. Quienes definieron a Catalunya como nacionalidad y no como nación son, en consecuencia, aquellos que aprobaron el Estatut, no el TC. Y también añade la sentencia que si bien en sentido jurídico-constitucional el concepto de nación sólo puede aplicarse a España, en los demás sentidos –y enumera: "como realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa"– puede hablarse sin límite alguno, dado que estamos en un Estado democrático en el cual cualquier idea puede ser defendida e incluso, mediante reforma constitucional, convertida en realidad jurídica.
Cada uno puede tener, por tanto, el sentimiento nacional que prefiera e, incluso, puede no tener ninguno. Ahora bien, según la Constitución, en la nación española reside la soberanía y las nacionalidades y regiones tienen garantizada la autonomía. Algo, por supuesto, obvio y evidente.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 22 de julio de 2010)
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya en el recurso interpuesto a instancias del PP pone fin a una aventura que ha acaparado durante muchos años la atención de la vida política en Catalunya y en el resto de España. El severo varapalo que anunciamos al conocerse el fallo hace un par de semanas es de mucha mayor envergadura de lo que en aquel momento podía suponerse.
Todo empezó cuando los socialistas catalanes, dirigidos por Pasqual Maragall, decidieron intentar atraerse a ERC con el fin de alcanzar un pacto en un futuro gobierno de la Generalitat y así desalojar del poder a CiU. Esto sucedía en febrero del año 2000: para una legítima finalidad partidista se utilizaba el Estatut, un instrumento que, por su naturaleza, debe estar siempre por encima de la lucha política diaria. Lo que en aquellos momentos se planteó como una reforma parcial acabó en una reforma total, en un nuevo Estatut que, desde el principio, ya se vio que, entre otros notorios defectos, tenía serias dificultades de encaje constitucional. Con la sentencia hecha pública en su totalidad el pasado 9 de julio acaba un periodo de incertidumbre sobre el porvenir del modelo de Estado autonómico y de la subsistencia misma de la Constitución como norma suprema.
Todavía faltan por aprobar las sentencias correspondientes de los otros seis procedimientos de inconstitucionalidad, el del Defensor del Pueblo y el de cinco comunidades autónomas. El recurso del Defensor era muy similar, en cuanto al número de preceptos impugnados, al del PP, ya sustanciado; los de las comunidades versaban sobre cuestiones muy comcretas en materias que afectaban a sus competencias. Creo que ninguna de estas sentencias aportará grandes novedades a lo ya conocido.
Cabe felicitar, en primer lugar, a quienes han interpuesto estos recursos. Gracias a ellos, y naturalmente a la labor del Tribunal, se ha logrado mantener la Constitución en su integridad y no debe olvidarse que una constitución democrática es siempre la pieza angular de la convivencia en un país. Si no se hubieran activado estos recursos, y los preceptos inconstitucionales hubieran seguido vigentes, el ordenamiento habría entrado en una deriva de gran inseguridad jurídica en la que el imperio de la arbitrariedad iría deteriorando progresivamente la libertad individual y la vida social. En una sociedad democrática, el derecho es siempre la gran arma de los débiles frente a los poderosos, es aquel instrumento, como decía Rousseau, que nos convierte a todos en iguales ante la ley. Como sucede con cualquier rama del conocimiento, tras un lenguaje técnico y muchas veces incomprensible para los legos en la materia, el derecho asegura que, dado que no se pueden impedir ciertas desigualdades entre las personas, por lo menos todos seamos iguales en el ámbito de las libertades públicas, tanto frente a los poderes políticos como, en aquello que sea posible, también frente a los privados. La labor de los tribunales en la garantía de estos derechos resulta decisiva aunque a veces estos ciudadanos no alcancen a ver con claridad la trascendencia de sus resoluciones, así como tampoco las personas alcanzamos a entender cabalmente los diagnósticos y tratamientos médicos aunque confiemos en ellos.
Se hace difícil, si no imposible, un balance en profundidad de una sentencia tan extensa, tan compleja y de publicación tan inmediata. Sin embargo, tras una primera y apresurada lectura de sus fundamentos jurídicos, se desprende con facilidad que, como decíamos al principio, el varapalo que anunciábamos hace un par de semanas es mucho mayor de lo que podía presuponerse. Efectivamente, en el fallo se declaran 14 preceptos nulos y 27 conformes a la Constitución sólo en el caso que sean interpretados de acuerdo con el significado que les da el Tribunal en la sentencia. Pues bien, en muchos de estos últimos supuestos el significado que les atribuye el Tribunal es frontalmente contrario al que pretendían los autores del Estatut y, por tanto, de hecho, equivalen a otras tantas nulidades.
Pero hay más. La interpretación que el Tribunal hace de otros preceptos no recogidos en el fallo también vacía de contenido su significado primigenio y, por consiguiente, quedan tan desvirtuados como aquellos. Sin arriesgarme a precisar con exactitud, en total pueden ser tachados de inconstitucionalidad, total o parcial, entre ochenta y cien preceptos. Por tanto, es tal la magnitud de lo declarado inconstitucional bajo una u otra forma que más que de un severo varapalo se trata de una desnaturalización en toda regla del Estatut aprobado en el 2006.
En realidad, tras la sentencia, lo que queda válido y vigente no es en sustancia muy distinto de aquello que ya regulaba el buen Estatut de 1979 que nunca debió intentarse reformar.
Así pues, una operación fallida tras diez años perdidos que han ocasionado desgastes institucionales graves, tensiones en la sociedad y fuerte deterioro de la confianza en los políticos. Debido todo ello a una aventura irresponsable instrumentada a través unas inconsistentes técnicas jurídicas. En definitiva, un viaje a ninguna parte.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 15 de julio de 2010)
La pasión con la que se celebra la victoria en el Mundial de Sudáfrica explica estos días cosas importantes de España. La sociedad está hablando con el corazón. Cada vez que un país obtiene la estatuilla dorada de la FIFA, se retrata. En el 2006, los italianos se demostraron a sí mismos que aún eran campeones en el arte d'arrangiarsi (el arte de espabilarse), gente capaz de darle la vuelta a la peor de las circunstancias, puesto su calcio se hallaba al borde de la bancarrota moral tras estallar un gran escándalo de compraventa de partidos. En 2002, Brasil, campeón por quinta vez, mostró la persistencia de su calidad y puso las bases simbólicas del actual despegue como potencia mundial. En 1998, los franceses revelaron en positivo, muy en positivo, las contradicciones de una vieja sociedad con muchos jóvenes inmigrantes: un hijo de argelinos apellidado Zidane guió a los enfants de la patrie a la victoria...
¿Y España? ¿Qué expresa España estos días? España le dice al mundo que sigue siendo aquel país dinámico del que tan bien se hablaba antes de la crisis. ¡España no es PIG!, claman los goles de Iniesta, Puyol y Villa. España se dice a sí misma que dispone de fuerzas para combatir la depresión, por muy negro que sea el horizonte económico. España ha logrado apuntalar, momentáneamente, una marca que hacía aguas por todas partes, a causa de una serie de circunstancias adversas que la política no ha podido –y no ha sabido– gobernar.
Como inversión publicitaria, la victoria de Sudáfrica es de una importancia extraordinaria. Llega en el momento en el que el país más lo necesitaba. Un buen motivo para la alegría.
Catalunya es la que presenta, como siempre, una mayor gama de matices. Para los españolistas silenciosos, que son muchos más de lo que la corriente principal cree, es el mejor momento de revindicar la pertenencia a España con orgullo. Vivir la victoria de España con pasión ya no es ser facha en Catalunya. Hace tiempo que dejo de serlo pero hoy está más claro. (La corriente principal debiera estar muy atenta a este dato). Para los federalistas, en horas bajas, lo de Sudáfrica no deja de ser un consuelo: el protagonismo catalán en la selección habla en favor una España abierta y plural; lo que la política es incapaz de realizar, al menos se ha conseguido plasmar en el fúbtol. Para los soberanistas emocionalmente inteligentes, la victoria de la selección es motivo de una secreta y honda satisfacción. Vuelve a quedar claro que España necesita a Catalunya sin reconocerle el mérito y el esfuerzo, razón por la cual hay que tener el derecho a darse de baja de tan peculiar comunidad de vecinos. Sólo la carlinada va a la contra.
La carlinada siempre ha sido eso: un ir a la contra. Nunca he sido muy aficionado al fútbol (lo siento, es un defecto de nacimiento), de manera que el pasado domingo me propuse el ejercicio de regresar de Barcelona a Madrid en AVE durante el partido, sin conectarme a internet y sin usar el teléfono móvil. ¿Cómo me enteraría del resultado? Esa era mi curiosiad. En el vagón sólo me acompañaban dos señoras muy habladoras del barrio de Salamanca. Alguien les llamó por teléfono y un ¡goooooool! agudo y muy femenino hizo vibrar la catenaria.
Lo más interesante, sin embargo, fue la llegada a la estación de Atocha. La alegría nerviosa y desbordante de un grupo de adolescentes envueltos en la bandera de España me impresionó. Me hizo pensar que aquella noche se sentían menos inseguros en la gran inmensidad de un mundo donde ya nada es para toda la vída. La selección –joven, pulcra, técnica, brillante, tenaz, valiente, pactista, alejada de los viejos tópicos raciales, ajena a la marrulleria...– es una idealización de España. La gente lo sabe y por ello hay un deje de melancolía en tanta alegría. La melancolía no ha sido un sentimiento abundante en la España de los últimos años. El momento es genuino, único. Nunca las banderas españolas habían querido decir algo parecido. La bandera es hoy para muchos jóvenes españoles como la manta de Linus, el amiguete de Charly Brown. Les hace sentir más seguros ante la inmensa frialdad del mundo.
(Artículo de Enric Juliana, publicado en "La Vanguardia" el 13 de julio de 2010)
Entre juristas es un tópico decir que en la valoración de una sentencia son más importantes los fundamentos jurídicos, los argumentos que utiliza el juez, que la conclusión, es decir, el fallo al cual se llega a consecuencia de los argumentos. Pues bien, en la sentencia de que tratamos sólo conocemos por el momento el fallo, no los fundamentos. Con este reducido material debemos, pues, hacer una primera valora- ción. Una valoración que sólo puede ser provisional hasta conocer la sentencia en su integridad.
Si hubiera que resumir esta valoración en pocas palabras bastaría con decir que el Tribunal Constitucional ha dado un severo varapalo al Estatut, al declarar total o parcialmente nulos –en este último caso, mediante la técnica de la interpretación conforme– aspectos cruciales del texto, es decir, ha desactivado todo aquello que, según la más extendida doctrina era considerado como dudosamente constitucional. No ha habido, pues, grandes sorpresas. El tribunal, además, lo ha hecho con sumo cuidado, con una técnica comparable a la microcirugía médica, respetando al máximo la labor del legislador estatuyente, tal como debe ser. Pero también, ciertamente, lo ha llevado a término de forma implacable.
Ello se comprueba al examinar las materias que han sido objeto de nulidad total o parcial: nación, símbolos, derechos históricos, lengua, instituciones, régimen local, poder judicial, competencias, bilateralidad, financiación y reforma estatutaria. El bisturí ha incidido en preceptos clave de todas estas materias, ciertamente a veces de manera muy leve, en meros incisos, pero siempre de forma significativa. Sólo podremos ver el alcance completo de esta depuración constitucional del Estatut al leer la sentencia completa.
Habrá que poner atención, muy especialmente, a los 27 preceptos declarados constitucionales sólo si se interpretan en los términos que la sentencia establece en los fundamentos jurídicos. Es la llamada técnica de la interpretación conforme, muy utilizada por nuestro tribunal, así como por los demás tribunales constitucionales de nuestro entorno. En resumen, dicha técnica consiste en salvar las palabras de la ley pero limitar el significado que puede darles el intérprete, sea este el legislador, el ejecutivo, el juez o el ciudadano, todos ellos poderes públicos o personas privadas que deben aplicar y cumplir la ley.
Que el Tribunal Constitucional exprese en el fallo este deber de interpretar conforme a la Constitución un precepto jurídico quiere decir que lo considera parcialmente inconstitucional. Habrá que ver al leer los fundamentos de la sentencia el nivel de vaciamiento de estos preceptos sometidos a interpretación conforme: este nivel puede oscilar entre el 1 y el 99 por ciento. La medida del balance global de inconstitucionalidades detectadas por el tribunal nos lo dará la sentencia según se acerque la interpretación de estos preceptos a uno u otro límite. En todo caso, si 14 preceptos han sido declarados nulos en su totalidad y otros 27 parcialmente nulos (más la prohibición de que dos términos significativos del preámbulo –"Catalunya como nación" y "realidad nacional de Catalunya"– tengan eficacia interpretativa de la parte dispositiva del texto), los preceptos afectados de inconstitucionalidad sobrepasan los cuarenta, en su inmensa mayoría de gran relevancia. Por todo ello utilizaba antes la expresión "severo varapalo" al intentar hacer una primera valoración de carácter provisional.
Las cosas que mal empiezan mal acaban. Jordi Pujol nunca quiso reformar el Estatut de 1979 porque sabía lo que podía pasar y ha pasado. Pero por razones partidistas, para acceder al Govern de la Generalitat, Pasqual Maragall emprendió una reforma estatutaria de alto riesgo, con claros tintes confederales a fin de complacer a ERC. Obviamente tal proyecto no tenía cabida en una Constitución que admite el Estado federal pero no otra forma de Estado. Tal proyecto prescindió de la evolución del Estado autonómico y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Se jugó al adanismo constitucional haciendo una interpretación libre de la letra de la Constitución. Ciertamente las Cortes Generales recortaron brutalmente tal proyecto que de forma insensata aprobó el Parlament de Catalunya. Pero quedaron flecos. Estos flecos son los que ahora ha acabado de pulir el Tribunal Constitucional.
Tienen razón los independentistas en decir que su proyecto no cabe en la Constitución. Es algo evidente, en ninguna constitución del mundo figura el derecho a la autodeterminación. Lo que es más difícil de entender es el papel que ha desempeñado el PSC –y el sector no soberanista de CiU– en este confuso modelo de federalismo asimétrico que se han inventado.
Seguro que desde el lunes hay catalanes que se sienten frustrados por la sentencia. Pero probablemente son muchos más los que están irritados y decepcionados con quienes les han metido en esta inútil aventura que nada bueno ha aportado, ni podía aportar, a los catalanes y a los españoles.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 30 de junio de 2010)
Un joven –21 años– ciego de nacimiento nos deleita con un concierto de piano fantástico. Asistimos a la confirmación de un gran virtuoso, fruto de un esfuerzo y una vocación enormes. Para llegar aquí ha superado muchas dificultades, ha necesitado un gran coraje, una enorme convicción y muchas horas de trabajo. Otros también lo han logrado, pero a él le hemos tenido más cerca, le hemos visto crecer y su éxito resulta más emocionante.
El ejemplo nos llega en un momento oportuno. Tenemos, colectivamente, muchas dificultades; pero están muy distantes de lo que representa no tener vista desde el mismo nacimiento. Este joven la crisis la lleva incorporada a su persona durante los 21 años de su vida. Pero se enfrentó a ella y ha encontrado en su dedicación su salida a esta situación. Ha sustituido su discapacidad por la capacidad de hacernos disfrutar de su habilidad en el piano; traslada a los demás una sensibilidad musical que le convierte en maestro. No es cariño lo que inspira, sino admiración, respeto, reconocimiento.
Si él, individualmente, ha superado su crisis, nosotros –colectivamente– podemos superar la nuestra. Con los mismos instrumentos: esfuerzo, dedicación, voluntad. Seguramente, también ha sido necesaria la solidaridad de los suyos. Solidaridad a veces no complaciente; en ocasiones habrá sido necesario castigar los sentimientos para exigir, para imponer, para no dejarse vencer por la piedad o el cariño, para insistir en la disciplina del esfuerzo, de obligar cuando lo que desearías es ceder. Una solidaridad hecha de cariño y exigencia a la vez. Y nuestra sociedad tiene activos, que no son noticia, muy importantes en este campo. Muchos jóvenes emplean parte de su tiempo en acciones solidarias. Y, para tenerlo presente, nos lo recordaba con su presencia en el concierto del joven maestro el padre de uno de los cooperantes secuestrados. Hay mucha solidaridad que no es titular en los medios de comunicación. De verdad, hay esperanza. A veces, el valor del ejemplo es la mejor enseñanza. La crisis, ahí está; con toda su crudeza y amenazas. Pero podemos salir de ella; no será fácil. Pero tampoco lo tenía fácil el joven músico que nos impresionó con su arte.
(Artículo de Miquel Roca, publicado en "La Vanguardia" el 22 de junio de 2010)
Me lo cuenta un amigo funcionario: antes compraban botellas de agua mineral de la más cara y ahora llenan jarras con agua del grifo, sobre todo cuando hay reuniones susceptibles de ser fotografiadas por los medios. Ya no hablan de marcas de agua (la última moda antes del crac) y prefieren morir de un ataque de tos antes que probar el anónimo líquido que tienen delante, salido de las prosaicas tuberías que llegan hasta esa oficina de un organismo público que debe dar ejemplo. La austeridad se ha convertido en la palabra fetiche de nuestra época. Recorten por aquí, recorten por allá. Y, sobre todo, recorten en aquello que se ve más y que se identifica con el lujo. El poder democrático necesita mostrarse austero para poder exigir sacrificios sin que el discurso parezca una broma. Hace un año, el político que iba de austero era calificado de avaro o de cutre por sus colegas; hoy, es un modelo que imitar.
Pero la austeridad es la respuesta a otra pregunta, que no tiene nada que ver con la crisis. La austeridad es una actitud deseable siempre cuando se habla del dinero del contribuyente. Y también cuando se habla de los negocios de cada hijo de vecino. A mi otro amigo, un pequeño empresario, le llamaban tonto porque no quería tirarse a la piscina para conseguir esos beneficios espectaculares que, según los enterados, estaban esperando a la vuelta de la esquina. A fecha de hoy, mi amigo mantiene su actividad y todos los empleos que de ella dependen; los mismos que ayer le menospreciaban hoy le envidian, porque ha conseguido mantenerse a flote, incluso sin firmar un solo crédito, a la manera antigua del que no gasta lo que no tiene.
El énfasis actual en la austeridad de los políticos tiene trampa, porque tapa el debate verdaderamente importante: el de la prioridad de las políticas que hay que hacer. De nada me sirve que los gobernantes dejen de beber agua embotellada si las decisiones que toman son tan absurdas como llenar el país de desalinizadoras que funcionan a medio gasy que, además, producen agua potable a un coste energético terriblemente alto. Repito: la austeridad es virtud intemporal; lo sustancial de la crisis es mejorar la calidad de la toma de decisiones, a partir de las necesidades colectivas y del esquema de prioridades que debe contener un programa de gobierno. ¿Qué es lo más necesario para que el país funcione y no pierda oportunidades? Esta es la pregunta que trata a los ciudadanos como adultos. Lo otro, el recorte de coches y comidas oficiales, sirve para calmar los ánimos, pero no pasa de mera gesticulación. Sobre todo si, como ocurre en las Españas, no responde a la tradición. Para entendernos: lo peor de ese conseller que cada día almorzaba en el restaurante más caro (hasta que le avisaron) no es su despilfarro, sino otra cosa, menos visible: la vergonzosa improvisación en su gestión diaria.
(Artículo de Francesc-Marc Álvaro, publicado en "La Vanguardia" el 11 de junio de 2010)
Toda protesta social termina con una gran discrepancia sobre su éxito. En el caso de la huelga de la función pública, la diferencia de datos es escandalosa: de más de un 60%. Con lo cual, se le puede aplicar aquel cínico principio: hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas de esa huelga. ¿Quién ha medido mal, por no decir que ha mentido? Los indicios apuntan a los sindicatos. Se les puede disculpar por la vieja costumbre de agrandar las cifras. Pero me temo algo peor: piensan de veras que les han seguido casi el 80% de los funcionarios. Con lo que pueden estar en vísperas de iniciar una larga senda de errores que empiezan por una mala medición de fuerza y terminan en la acariciada, anunciada, deseada, pero arriesgada huelga general.
La no huelga de funcionarios ha dejado al descubierto algo que debiera llevar a los dirigentes obreros a una seria reflexión, porque puso de manifiesto dos defectos que afectan a su propia esencia. El primero es el precio de su relación con el Gobierno. Sin duda, el mayor acierto de gestión de Zapatero ha sido su relación con Cándido Méndez y Fernández Toxo. Esa exquisitez hizo que aún hoy se pueda presumir de que se hayan superado los cuatro millones de parados, la sucesión de despidos y los recortes salariales en empresas privadas en un clima de paz social. Toda palabra de gratitud será pequeña ante ese resultado. Pero la sociedad pasa factura por la renuncia al tono reivindicativo, que entiende como entreguismo al poder.
El segundo y fundamental es que los sindicatos no encuentran el cauce de conexión con la sociedad de la crisis. El gran acierto de Nicolás Redondo y Marcelino Camacho en la primera huelga general de la democracia fue que captaron perfectamente la irritación social por la forma de gobernar de Felipe González en aquel momento: era un estilo arrogante, de imposición del rodillo parlamentario, y los ciudadanos querían protestar contra eso. Había necesidad popular de humillar al gobierno, de hacerle bajar la cabeza. El cuerpo social pedía una gran movilización para frenar los excesos del poder. Por eso funcionó y se paralizó totalmente el país. Ahora el cuerpo social pide soluciones, incluso a los sindicatos.
Esas son, a mi juicio, las dos grandes lecciones que deja el ensayo fallido, como lo llamó este diario. Son lecciones que hay que llevar de inmediato a las reflexiones sobre la huelga general. Con su invocación, muchos pensamos que los sindicatos tratan de salvarse a sí mismos, más que a la economía del país: pueden estar proyectando una gran movida para recuperar la sensación de poder y de músculo que han perdido con los funcionarios. Cuidado. Puede ser su autogolpe decisivo. La sociedad, irritada, desalentada y desconfiada, está reclamando arreglos, no conflictos, y empieza a dejar los castigos políticos para las urnas, que es su espacio natural.
(Artículo de Fernando Ónega, publicado en "La Vanguardia" el 10 de junio de 2010)
La corrupción no es un mal crónico como el reuma o los cálculos de la vejiga. La corrupción es un mal que no suele tener buena prensa, aunque en esto pasa como con el periodismo de investigación mal entendido, que, en función del pie del que uno cojee, sólo investiga a los que no son de la misma cuerda. Pero investigación, y a nivel internacional, no falta. Es más, la corrupción, al haberse ganado un lugar en la agenda global, es una fuente inagotable de literatura de no ficción.
El Banco Mundial calculó en el 2004 que políticos, ex políticos de conveniencia y oficiales de todo el mundo habrían recibido sobornos por un billón de dólares anuales, cifra nada despreciable, especialmente si se tiene en cuenta que la citada fuente estimó que la economía global en el año 2002 ascendía a unos 30 billones de dólares. Y en el 2005 un think tank ruso, Indem, afirmó que los sobornos se habían disparado en el país de Vladimir Putin hasta alcanzar anualmente los 300.000 millones de dólares, es decir, diez veces más que cuatro años antes; según esta fuente, más de la mitad de los ciudadanos rusos han sufrido lo que en México se conoce por mordida. En el 2005, sin embargo, la impunidad, afortunadamente, no cubrió a todos. La corrupción obligó a dimitir al primer ministro de Ucrania, al vicepresidente de Sudáfrica, a varios ministros de Kenia y al líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
El Banco Mundial no es la única institución que ha reaccionado ante el hecho de que la corrupción parezca un sector emergente de la economía no productiva. La ONU, por ejemplo, aprobó en diciembre del 2003 una convención contra la corrupción que fue firmada por 140 países. Pero la corrupción sigue siendo un negocio boyante, según los escenarios.
¿Puede ser la corrupción, como dicen quienes la ejercen, beneficiosa para la economía? A simple vista, la pregunta suena a provocación, pero no faltan quienes así opinan, incluidos algunos economistas. Es la hipótesis de la grasa que facilita el movimiento de la rueda. Según esta teoría, que en la década de los ochenta fue defendida por F.T. Lui, a quien no hay que confundir con Luigi, la corrupción puede ser beneficiosa en los casos en que una burocracia ineficiente representa un obstáculo para el desarrollo de la actividad económica. Lui, autor de An equilibrium queuing model of bribery, ilustra su teoría con el caso de un oficial que, tras ser engrasado, hace que la cola ante una ventanilla pública sea mucho más llevadera. Que se sepa, de la recalificación de determinados terrenos o de los trajes a medida que uno se corrompe no dice nada.
La idea opuesta a la hipótesis de la grasa es, claro está, la de la arena, que es lo que la corrupción echa en realidad a la rueda de la actividad económica. La corrupción, y no es ninguna teoría, distorsiona los mercados, erosiona la legitimidad de un gobierno, corroe la integridad del sector privado, dinamita el imperio de la ley e inyecta cinismo a los ciudadanos, que entonces ya entienden por qué los pisos van tan caros.
(Artículo de Xavier Batalla, publicado en "La Vanguardia" el 30 de mayo de 2010)
España despertó ayer bruscamente de un sueño que parecía que no se iba a acabar nunca: la fiesta se ha terminado. Lo publicó con grandes titulares en portada el diario francés La Tribune el 5 de agosto del 2008, sin que ninguna administración quisiera hacerle caso. Se negó la crisis, no se acertó con las medidas y hoy, gracias a Dios, Europa nos marca la agenda. Somos, quizás, un protectorado, pero eso hoy tampoco es tan mala cosa. Llega, por tanto, la hora de la resaca. La era de los sacrificios con mayúsculas. Con el paro más alto de la Unión Europea, rozando el 20%, importantes segmentos de la sociedad española recibieron ayer nada más levantarse algo más que un electroshock.
A los funcionarios se les va a rebajar el sueldo una media de un 5%, se congelarán las pensiones el próximo año y se elimina la retroactividad de la ley de Dependencia. Estas tres medidas, junto a otras seis de calado también importante, completan el que es sin duda el mayor recorte social de la democracia en España. Esta vez sí se puede decir que no estamos hablando de una cuestión de maquillaje para driblar a los mercados y ganar algo más de tiempo. Los planes son concretos, tienen un calendario y varios gobiernos autonómicos se pusieron ayer mismo a rueda de lo anunciado por Zapatero.
El presidente no ha tenido en toda la crisis un cheque en blanco de la sociedad española y tampoco lo tiene ahora, circunstancia que no debería sorprenderle. Dejando esto sentado, hay que ser realistas: las medidas adoptadas deben ayudar a aliviar la imagen de inacción y de descrédito en el extranjero. Algunos clichés han caído y, al fin, parece que el Gobierno también gobierna.
(Artículo de José Antich, publicado en "La Vanguardia" el 13 de mayo de 2010)
Hace sesenta años, la historia de Europa cambió de rumbo. El 9 de mayo de 1950, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, invitaba a los países de Europa, y en especial a Alemania, a unirse a una empresa política común. Con la Segunda Guerra Mundial tan reciente, éste fue un acto valeroso en pro de la paz y la reconciliación. El resultado ha sido que la guerra entre países europeos de la Unión se ha convertido en algo inconcebible. La fuerza de atracción de la Unión aceleró el colapso del comunismo y el fin de la guerra fría. Con el paso del tiempo, los gobiernos europeos han encontrado maneras de dirimir en común sus diferencias. Las batallas sangrientas se han sustituido por las salas de negociación de Bruselas. Esto es progreso.
En la época de Schuman, Adenauer y de los demás padres fundadores, los seis países que comenzaron esta aventura pusieron en común las políticas relativas al carbón y el acero. Hoy somos una Unión de veintisiete democracias y quinientos millones de ciudadanos que abarca el continente europeo, de Finlandia a Portugal y de Irlanda a Rumanía. Tenemos en común el mayor mercado del mundo y un conjunto de normas importante, la mayoría compartimos una moneda común y también fronteras e instituciones políticas. Compartimos un pasado y un futuro.
Pero compartir no siempre es fácil. Nos proporciona ventajas, al incrementar la fuerza y las posibilidades de todos. Pero también supone que a veces los problemas de uno afectan al resto. Desde el momento en que uno colabora con un objetivo común y en beneficio de todos, también tiene que estar dispuesto a afrontar conjuntamente los contratiempos inesperados. La solidaridad pierde su sentido si solo funciona cuando las cosas van bien.
El éxito que ha coronado nuestra historia de los últimos 60 años no basta para construir un futuro común, ya que cada generación ha de renovar su convicción en la necesidad de la Unión.
¿Por qué siguen colaborando nuestros veintisiete países? Porque nuestros gobiernos consideran que en un mundo globalizado no pueden seguir garantizando por sí solos el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos. Por eso, aunque no siempre estén de acuerdo en todo, los veintisiete gobiernos de los Estados miembros de la Unión prefieren pertenecer al club europeo que quedarse solos ante el peligro.
Y ¿por qué os necesitamos a vosotros en esta empresa? Me gustaría recordar alguna de las ventajas concretas de pertenecer a la Unión Europea.
Hoy en día, los ciudadanos europeos disponen de vuelos baratos a ciudades y playas de todo el continente. Podemos llamar por teléfono dentro de la Unión por mucho menos dinero que antes. Podemos comprar productos de cualquier país de la UE de manera segura. Las colas en los puestos fronterizos han pasado a la historia. Y realizar estudios en el extranjero es una experiencia fácilmente alcanzable.
Efectivamente, Europa ha abierto un espacio de libertad y de oportunidades. Sin embargo, tenemos que ser sinceros. Frente a una crisis económica y financiera como la que estamos afrontando actualmente estas ventajas prácticas no tienen suficiente peso. Los políticos tienen que dar también respuestas convincentes ante las situaciones difíciles. Por ejemplo: ¿por qué hemos decidido quince países europeos, junto con el FMI, prestar a Grecia 110.000 millones de euros para ayudarla y garantizar el futuro del euro? O bien, ¿por qué veintisiete países europeos pensamos que los Balcanes occidentales -una región a la que su reciente guerra ha infligido tanto sufrimiento- deben entrar en la Unión antes o después? Estas cuestiones no sólo tienen que ver con las ventajas prácticas de pertenecer a la Unión; son cuestiones que afectan a la estabilidad existencial y a la paz de todos.
Como presidente del Consejo Europeo, institución en la que se reúnen los veintisiete Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea, no os pido entusiasmo, ni que agitéis banderas europeas. Sólo os pido que seáis conscientes de que, cuando negociamos un pacto o resolvemos una crisis concreta suele haber más en juego que el pacto o la crisis propiamente dichos. A menudo está en juego el propio destino de Europa. Juntos, estamos defendiendo un tesoro que nos es muy querido.
Los europeos tenemos un lugar privilegiado en el mundo. A nuestros países se les envidia por su estabilidad política, por su bienestar y sus sistemas sociales, por la calidad de vida europea. Vosotros, los quinientos millones de hombres y mujeres que vivís en la Unión Europea, estáis entre las personas que mejor educación y formación han recibido en el mundo. Somos la mayor potencia comercial del mundo. Estos son logros de los que podemos estar orgullosos, porque muestran nuestra singular capacidad para desarrollarnos a lo largo del tiempo, conservando a la vez nuestro patrimonio. Y todavía poseemos esa capacidad.
Pero vivimos en un mundo en transformación, donde otros países y regiones están preparados para superarnos económicamente. Nuestros puestos de trabajo y nuestra influencia están en juego. Y ante los nuevos retos, el nacionalismo y el populismo no constituyen las respuestas adecuadas. Para defender nuestros valores, intereses y puestos de trabajo, tenemos que seguir actuando juntos y, cuando actuemos individualmente, hacerlo con un espíritu común. El mundo actual nos exige, por ejemplo, que elaboremos una política económica más sólida, una política exterior común más incisiva y una respuesta ante el cambio climático con mayor unidad. Me satisface que todos los miembros del Consejo Europeo estén dispuestos a asumir esta responsabilidad común.
Hace sesenta años, Schuman y los padres fundadores de le UE se embarcaron en una empresa conjunta. A los países que se sumaron a esta empresa les ha ido bien, y tenemos que luchar porque continúe así. Se trata de la prosperidad, la seguridad y el destino de millones de personas que viven en nuestro hermoso continente.
Hoy sólo os pido una cosa: que os detengáis un momento para que seáis conscientes de que ésta es, como europeos, nuestra aventura común.
(Artículo de Herman Van Rompuy, publicado en "ABC" el 9 de mayo de 2010)
Confrontée à une grave détérioration de sa situation économique avec près de 4,6 millions de chômeurs et un déficit des comptes publics représentant 11,2 % de son produit intérieur brut (PIB), l'Espagne de José Luis Rodriguez Zapatero connaît parallèlement une profonde crise morale. Qu'illustrent une accélération des affaires de corruption et la remise en cause répétée des décisions d'une justice, accusée, paradoxalement, par la droite comme par la gauche, d'être partisane. Cette dernière se trouve notamment mise sur la sellette à la suite des poursuites engagées par le tribunal suprême contre le très médiatique juge Baltazar Garzon pour prévarication dans le cadre d'une enquête lancée par ce magistrat sur les victimes du franquisme. Les critiques se nourrissent aussi de l'incapacité répétée du tribunal constitutionnel, profondément divisé politiquement, à se prononcer depuis plus de trois ans sur la validité du statut actuel de la Catalogne qui reconnaît officiellement sa qualité de nation et fait du catalan la première langue de la région. Début avril encore, les juges n'ont pas réussi à trouver un accord sur un texte de consensus.
Dans une récente chronique parue sur le site d'information « El Confidencial », José Antonio Zarzalejos, ancien patron du quotidien « ABC », rappelait que la transition démocratique qui a suivi la mort du général Franco s'appuyait sur deux piliers : la réconciliation des Espagnols autour d'une reconnaissance des torts de chacun et une vaste amnistie pour cicatriser les blessures de la guerre civile ainsi que, parallèlement, la création d'un Etat des autonomies tenant compte de la personnalité des régions et des nationalités composant le territoire dans le cadre de la nation espagnole. Or, selon cet analyste politique reconnu, ce double pacte, maintenu par Adolfo Suarez, Felipe Gonzalez et José Maria Aznar, entre 1976 et 2004, a été « cassé » par José Luis Rodriguez Zapatero à son arrivée au pouvoir avec la révision du statut de la Catalogne en 2006 et la loi dite de « mémoire historique » l'année suivante. En jugeant « discutée et discutable » la notion de « nation espagnole », le président du gouvernement socialiste a relancé les revendications indépendantistes des nationalistes catalans et basques. Et réveillé, par ailleurs, l'affrontement droite-gauche sur la responsabilité de chacun dans le déclenchement d'une guerre civile qui a fait plus de 500.000 morts via un texte à l'interprétation difficile comme en témoignent les recours actuels devant la cour suprême.
Infondées ou non, ces polémiques provoquent, surtout aujourd'hui, des tensions inutiles alors que la situation économique de l'Espagne nécessiterait plutôt l'unité et la mobilisation de tous. Alors que le dialogue social patine depuis plus d'un an, les syndicats donnent l'impression d'être plus prompts à se mobiliser pour la défense du juge Garzon que pour celle des millions de demandeurs d'emploi, dont le sort dépend d'une inéluctable réforme du marché du travail. Sujet qu'ils refusent catégoriquement d'aborder avec le patronat, tandis que le gouvernement se refuse à prendre ses responsabilités en la matière. L'affaire du statut catalan pollue, pour sa part, le vrai débat qui devrait se poser sur les « surcoûts » de l'organisation territoriale de l'Espagne, estimés par certains à 24 milliards d'euros, soit 2,4 % du PIB espagnol.
Communautés autonomes et municipalités concentrent 54,8 % des dépenses publiques, soit 10 points de plus qu'en Allemagne, qui est un véritable Etat fédéral ! Et les contrôles du pouvoir central sont des plus lâches. De 2,2 % en 2009, le déficit cumulé des comptes publics des 17 autonomies du pays devrait grimper à 3,2 % du produit intérieur brut cette année et à 4,2 % l'an prochain… On voit mal comment les intéressées, déjà endettées à hauteur de 86 milliards d'euros, pourront réduire le dérapage de leurs comptes à - 1,1 % en 2013, moyennant les 10 milliards d'euros d'économies « imposées » par le ministère de l'Economie et des Finances dans l'objectif de permettre à l'Espagne de se mettre en règle avec Bruxelles en ramenant le total de ses déficits sous la barre fatidique des 3 %.
Face à la gestion erratique de leur gouvernement durant ces deux dernières années de crise, les Espagnols peuvent s'inquiéter aussi de la capacité de l'opposition, aujourd'hui en tête dans les intentions de vote, à prendre la relève en 2012. Si les scandales immobiliers n'ont épargné aucune formation politique qu'elle soit de gauche, de droite ou nationaliste durant l'âge d'or du BTP, le Parti populaire (PP) se trouve enferré depuis un an dans des affaires de corruption qui viennent d'entraîner la démission de leurs postes électifs de son trésorier et d'un de ses députés. Résultat, alors qu'ils font preuve d'un étonnant calme social malgré la dramatique situation dans laquelle beaucoup se trouvent plongés et qu'ils montrent l'exemple en se serrant la ceinture, les Espagnols de la rue donnent la curieuse impression d'être les seuls à être actuellement à la hauteur des graves circonstances que connaît leur pays.
(Artículo de Gilles Sengès, publicado en "Les Echos" el 4 de mayo de 2010)
El debate sobre la sentencia del Estatut refleja bien dos concepciones muy distintas de la democracia: la democracia jacobina y la democracia constitucional.
Las dos parten de idéntico principio: democracia es el gobierno del pueblo, la expresión de la voluntad de los ciudadanos. Es, por tanto, el gobierno de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Este último es la dictadura, el gobierno de uno o de una aristocracia. La democracia es el gobierno de todos, conectado inevitablemente, a su vez, con la idea de Estado de derecho, es decir, con la idea de que quienes nos gobiernan son las leyes, no los hombres. Siempre, naturalmente, que estas leyes sean generales, garanticen los derechos fundamentales y expresen la voluntad mayoritaria del pueblo.
La democracia está basada en las ideas contractualistas del siglo XVII, especialmente en las ideas de Hobbes y de Locke. Para estos autores, en el estado de naturaleza, en que no había poder político alguno, los individuos eran libres e iguales pero su existencia se veía constantemente perturbada por las constantes luchas entre ellos y, en la práctica, la libertad y la igualdad se les negaba. Así pues, descontentos con tal situación, estos individuos deciden ponerle fin, y para ello acuerdan mutuamente un contrato mediante el cual fundan un Estado, el instrumento que debe garantizarles seguir siendo libres e iguales como en el estado de naturaleza. Este contrato es, de hecho, la Constitución.
En la Constitución, en el contrato, se establecen y regulan, básicamente, su finalidad (la garantía de los derechos de libertad e igualdad) y los medios para hacer cumplir esta finalidad (los poderes constituidos: legislativo, ejecutivo y judicial, es decir, parlamento, gobierno y jueces). Estos poderes constituidos están condicionados y limitados, por el pacto fundacional y constituyente, sometidos, por tanto, a la Constitución.
Esta inicial idea de democracia liberal tuvo –Gran Bretaña aparte– dos grandes versiones: la estadounidense y la europea. En la primera se mantuvo el esquema inicial según el cual los poderes constituidos están sometidos a la Constitución y ello se garantizaba mediante el control de constitucionalidad de las normas jurídicas por parte de los jueces. En la versión europea, en cambio, el jacobinismo francés consagró la supremacía del Parlamento y de la ley, quedando la Constitución como una ley más y el Parlamento como órgano depositario de la soberanía nacional.
El constitucionalismo europeo se mantuvo en esta línea casi hasta la Segunda Guerra Mundial. Tras comprobar cómo las mayorías parlamentarias, las leyes sin control jurisdiccional y los parlamentos soberanos habían entregado el poder a Mussolini y a Hitler, con la catástrofe posterior que ello supuso, se retornó a la inicial idea de Constitución como contrato previo a la creación de los poderes constituidos. La Constitución debía contener un núcleo básico de derechos fundamentales y un esquema de poderes limitados y mutuamente controlados, cuya garantía última residía en los jueces.
Por esta misma época, este esquema se trasladó también al derecho internacional: la Carta de las Naciones Unidas (1945), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y, años más tarde, entre otros, los dos Pactos de Derechos de la ONU de 1966 sometían a los estados al derecho y protegían a los individuos frente a los estados. Todos estos cambios, tanto en el derecho interno como en el internacional, empezaban a configurar la democracia no como expresión de la voluntad de la mayoría, sino, en frase feliz de Luigi Ferrajoli, como la ley del débil frente a los desafueros del fuerte. A su vez, también comenzaba a establecerse un principio jurídico de insospechadas consecuencias: la soberanía reside en el pueblo, no en los parlamentos, y el respeto a los pactos fundacionales de los estados, es decir, las constituciones, se garantizaba mediante tribunales constitucionales. Esta era la democracia constitucional.
Se puede ser partidario de la democracia jacobina, basada en la prevalencia absoluta de las mayorías parlamentarias, o de la democracia constitucional, en la que, además de en las mayorías, la democracia se asegura también mediante un sistema de controles políticos y judiciales. Pero en todo caso, nuestra Constitución adoptó esta última y, por tanto, o se respeta o se reforma.
El president Montilla declaró el día de Sant Jordi pasado, refiriéndose naturalmente al pleito del Estatut, que "el Tribunal (Constitucional) tiene legitimidad legal, pero hay otro tipo de legitimidad más moral, más política, mucho más ética". No sé muy bien exactamente a qué tipo de legitimidad se refiere Montilla con estos vagos términos, me suena al viejo iusnaturalismo preliberal y predemocrático, a un derecho natural eterno que está por encima de las contingentes leyes humanas, o también al decisionismo schmittiano que justificó a Hitler, pero no creo que Montilla se refiera a ellos. Quizás a lo que se refiere es a la vieja democracia jacobina, en concreto a que las mayorías mandan sin control alguno y que los poderes constituidos pueden modificar aquello que en su momento aprobó el poder constituyente. Si es así, Montilla está hablando del sistema de otros países, y si quiere algún día hablar en estos términos de España, debería comenzar a emprender la reforma de la Constitución.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 29 de abril de 2010)
Diríase que cuando el país atraviesa una situación económica muy difícil con un paro alarmante, un déficit público sin precedentes, un grave descenso de la actividad económica y otras magnitudes de igual relevancia negativa, los esfuerzos deberían conducir hacia una obsesiva voluntad de que todo lo demás funcionase razonablemente bien. Pues, no; no es así.
Parece como si se pretendiera distraer la atención hacia otros problemas, sin reparar en que, a estos efectos, la situación se erosiona en todos los niveles de la vida social. La crisis no se centra en el campo de lo económico exclusivamente; el país está sometido a una constante tensión, para dividir y confrontar a los ciudadanos. Sin reparar en las consecuencias se apela con toda claridad a las dos Españas; se politiza a la justicia como instrumento de servicio de intereses partidistas. No sólo se olvida lo que la transición representó, sino que se pretende condenarla. Los hay que prefieren volver a lo más clásico de la historia de España, antes que consolidar las vías que la transición abrió para la convivencia en democracia y libertad.
Se pretende volver a empezar sobre bases distintas. Sobre las de siempre, no las que dieron vida a la Constitución del 78. Todos la invocan, pero no quieren respetar ni su espíritu, ni sus valores, ni el pacto que la hizo posible. Para unos, con la Constitución del 78 se "cedió" demasiado, como si el país y la libertad fueran su exclusivo patrimonio. Para otros, fue un paréntesis para coger fuerzas y volver a las andadas. Estamos entrando en zonas peligrosas. La democracia es mucho más que leyes y sentencias. No se trata de imponer, ni de trágalas, ni de constituirse en depositarios exclusivos de la razón de Estado. Se trata de pactar, dialogar, respetar; empezando por las instituciones que no pueden reclamar respeto si ellos no respetan el sentido de su función.
La crisis económica la compartimos con otros; la otra, esta es nuestra. Peligrosamente nuestra. Y cuando se bajan unos peldaños de la escalera del prestigio internacional, están más ocupados que los situados por encima. Y se comparte la nueva posición con quien no desearíamos compararnos. Hay que volver a subir; y, para esto, abandonar las zonas peligrosas.
(Artículo de Miquel Roca, publicado en "La Vanguardia" el 27 de abril de 2010)
PARECE ser que el PSOE y el PP, gatos escaldados, tratan de establecer un pacto contra la corrupción -la política, supongo- para llevarlo al Parlamento y lograr su aprobación por todas las siglas allí representadas. Nada podría escandalizarme más y eso que, por español y por viejo, tengo el zurrón repleto de escándalos de todos los tamaños y colores. Si, en verdad, hace falta un reglamento para lograr que los representantes del pueblo -nacionales, autonómicos o locales- no abusen de su poder y posición, no tomen nada que no les pertenezca y se comporten según establecen las leyes, las costumbres, la ética y el buen sentido; ¿qué tipejos nos han colado de matute en el anonimato fáctico de las listas cerradas y bloqueadas?
Es común en las partitocracias el acuerdo entre los partidos para el mantenimiento del sistema; por ello, mientras unos pelan sus barbas otros remojan las suyas. Todos saben que la apariencia es indispensable para que los ciudadanos -es decir, los contribuyentes- mantengan sus adhesiones y renueven en las urnas el aval a quienes consideran sus representantes. Los clamores de corrupción excitan la desconfianza cívica y, como antídoto, las máquinas propagandísticas de los partidos, en sincronía con las del Estado, tratan de hacernos creer con sutiles y torticeros mensajes que la corrupción es una epidemia, algo así como la viruela o el sida, que llega por contagio inevitable.
Las instituciones no delinquen. Ese es un privilegio exclusivo de las personas que, eso sí, pueden asociarse con otras para, en cuadrilla, atentar contra lo ajeno; pero la corrupción no es un mal colectivo e incurable que viene dado por la fatalidad. De ahí que los partidos deban seleccionar con rigor a sus militantes y ser radicales en la denuncia de quienes vulneran la norma. Nunca, como suele suceder, sus protectores. Para dejarlo más claro, propongo que el innecesario consenso anticorrupción que buscan los grandes partidos se convierta en acuerdo para que cada año le sea concedido un premio que reconozca, para el escarnio público, el personaje político más corrupto de la temporada. Ese premio, que conllevaría estigma social, podría llevar el nombre simbólico del Duque de Lerma, el valido de Felipe III, que no fue el primero de los corruptos instalados en el poder, pero al que no se le puede negar la grandeza de su miseria.
(Artículo de Manuel Martín Ferrand, publicado en "ABC" el 4 de abril de 2010)
Conocí a Jaume Matas de ministro. Era un hombre cabal, ni genio ni ramplón, que se hacía querer. No hacía ostentaciones y, desde un fondo de timidez, tampoco suscitaba pasiones. Siempre acompañado por su mujer, siempre sonriente, se esforzaba en demostrar simpatía y llaneza: un buen paisano. Habiéndolo visto así, cuesta reconocerlo en el auto de la demolición del juez Castro; ese escrito donde su autor maneja adjetivos como un literato, administra interpretaciones como un novelista y prodiga la acidez en el análisis como un Oscar Wilde del siglo XXI, justiciero y balear. El Matas que sale en esa foto judicial es opuesto al que conocí: maquinador, tramposo, falsario, sin escrúpulos ni otra lealtad que a sus alforjas.
Con ser escandalosos de principio a fin todos los hechos imputados, el caso Matas deja al descubierto cuestiones básicas que los políticos profesionales deben someter a debate, si de verdad quieren cerrar vías a la corrupción. A este cronista no le sorprende que haya gentes que quieren el poder para enriquecerse: las hubo, las hay y las habrá, y a veces lo consiguen. Lo que le asombra es lo siguiente:
–La facilidad que encuentra el que se lo propone. Puede hacer alquimia, convertir dinero blanco en dinero negro, y hacer que fluya de su despacho con pasmosa naturalidad.
–La frivolidad con que se aceptan y se aprueban presupuestos de obras, que inmediatamente se quedan cortos y se llegan a multiplicar por tres. Se practica tanto, que es ya toda una tradición de la obra pública. Ahora sabemos que, además, una parte del dinero de todas las fases se va quedando en manos obscenas.
–La desidia de los órganos de control interno de las Administraciones, ante cuyos ojos se pueden inventar reuniones oficiales, falsificar documentos y firmas, desviar dinero o directamente saquear, sin que nadie llame la atención al delincuente.
–La imposición del secreto a los subordinados, como si estuvieran en un régimen dictatorial o sus puestos de trabajo fueran una graciosa concesión de la autoridad, sin cuya protección no existe el funcionario.
–La falta de auditorías en organismos desde donde se recaudan, administran y pagan miles de millones de euros, en una permanente tentación a la apropiación y en una falta de transparencia y rigor que, en cambio, se exige a la empresa privada.
–Y la tolerancia de los partidos, en este caso del Partido Popular, que no se intriga por el tren de vida de un dirigente, ni pregunta cómo se financian determinadas actividades, y después tropieza con las cuentas de Valencia y las islas Baleares. Y, naturalmente, el presidente Mariano Rajoy no encuentra palabras ni para salir del paso.
Todo eso es el caso Matas. En lo personal, deleznable. En lo penal, condenable. En lo moral, aborrecible. Pero todo un gran libro de instrucciones de cómo meter la mano en la caja con una sola condición: que haya una persona con voluntad de robar.
(Artículo de Fernando Ónega, publicado en "La Vanguardia" el 1 de abril de 2010)
Hace apenas dos años vivíamos en el mejor de los mundos. España, como muchos otros países desarrollados, disfrutaba de la etapa más larga de crecimiento económico en décadas. Se había llegado a pensar que la globalización iba a ser capaz de acabar con la inflación y los ciclos económicos, y se creía de nuevo, como en el 2000, que «esta vez es diferente» olvidándose de la tozuda realidad.
La situación es que todos, estados, empresas y particulares, estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Con los tipos de interés extremadamente bajos, el crédito fluía sin restricciones, mientras los precios inmobiliarios crecían sin límite. El endeudamiento de las compañías y de las familias aumentaba día a día. Se estaban creando dos peligrosas burbujas (financiera e inmobiliaria), que pronto estallarían, generando una de las mayores crisis económicas del mundo desarrollado, desde la depresión de 1929.
El resto de la historia es de sobra conocido. Estados Unidos y las principales economías europeas entraron en recesión. La actuación coordinada de los bancos centrales, primero, y las ayudas de los gobiernos de los países desarrollados, más tarde, consiguieron frenar la quiebra financiera y empresarial en el mundo. Pero no pudieron evitar la recesión y el aumento del desempleo a niveles hasta ahora desconocidos.
Ante esta situación, los ciudadanos de los principales países desarrollados perdieron la confianza en el sistema. Especialmente, los españoles, porque nuestra economía era especialmente intensiva en mano de obra y el derrumbe del sector inmobiliario y de la construcción residencial dispararon el desempleo en muy pocos meses. En estos momentos, el paro supera la cota de los cuatro millones de personas y el índice de confianza está por los suelos.
Las principales encuestas que circulan por nuestro país sitúan el desempleo como principal preocupación de los españoles y muestran que el barómetro de la confianza de la sociedad frente a la clase política está más bajo que nunca.
Por eso, hace unos meses, un grupo de profesionales y empresarios españoles, aglutinados en torno al Consejo Superior de Cámaras, pensamos que había que actuar para frenar esa sangría de desconfianza que estaba inundando nuestro país y que impedía solucionar nuestros problemas. Y decidimos actuar en busca de una ilusión que nos ayudara a salir de la crisis entre todos.
Para sorpresa nuestra, grata sorpresa, a medida que hemos comentado el proyecto con los responsables de las principales empresas del país, la respuesta recibida ha sido rápida y positiva. Todos coinciden en que hay que actuar cuanto antes para intentar recuperar la confianza perdida y se comprometen con el proyecto.
El título de este artículo es el de nuestro lema y nuestra página web: estosololoarreglamosentretodos.org. Se trata de mucho más que una frase o un lema de campaña. Es una llamada a la sociedad civil y desde la sociedad civil, para intentar recuperar esa confianza perdida. Una acción de todos y para todos, para conseguir una actitud positiva que nos ayude a salir de la crisis.
Somos conscientes de que vivimos tiempos difíciles y de que la situación y las perspectivas económicas están afectando de manera negativa a nuestras vidas. Sabemos también que hay más de cuatro millones de personas y sus familias que viven en la desesperanza por no encontrar trabajo y que la crisis no se soluciona de un día para otro.
Pero los que tenemos más edad y experiencia sabemos que los españoles hemos pasado por situaciones igual o incluso más complicadas y que hemos sido capaces, entre todos, de salir adelante con más fuerza que nunca. Basta echar un vistazo a la historia de los últimos 35 años para comprobar que eso lo hemos logrado más de una vez. La experiencia ya nos ha enseñado que de las crisis se sale trabajando más y mejor, y aumentando la productividad, que es uno de los grandes problemas estructurales de nuestra economía.
Lo primero que tenemos que proponernos es romper ese círculo vicioso. Evitar que las emociones y los impulsos terminen imponiéndose a la razón y a la realidad, para que esta no empeore día a día. La falta de confianza es nuestro peor enemigo, porque nos conduce a ver las cosas con pesimismo y a sentirnos impotentes para afrontar los problemas. Y, lo que es peor, nos atenaza, y nos hace incrédulos ante las iniciativas que plantean las instituciones, las empresas y las personas.
Ante estas circunstancias hay una realidad incuestionable: esto sólo lo arreglamos entre todos; con esfuerzo, compromiso, talento y confianza en que podemos hacerlo. Nadie nos va a sacar las castañas del fuego. Sólo entre todos saldremos de ésta.
Por eso, porque no podemos permanecer ni un solo día más de brazos cruzados, hoy iniciamos en toda España una campaña que invita a actuar, sin excepciones, ni diferencias de clase, color político o territorio. Es una campaña de todos y para todos. Pretendemos llegar hasta el último rincón de la geografía española con nuestros mensajes y que éstos reboten una y otra vez y se multipliquen creando un eco ensordecedor. Que nadie se quede sin oír el mensaje: esto sólo lo arreglamos entre todos.
Contamos con un equipo muy profesional e ilusionado, que ha diseñado una campaña de comunicación y publicidad muy ambiciosa; contamos con el apoyo económico directo de las principales empresas del país y con la colaboración de los medios de comunicación; contamos con la participación de importantes figuras de la vida social, cultural y deportiva española, que están colaborando desinteresadamente en la campaña, además de los testimonios de ciudadanos anónimos que esperamos ampliar a todos los que estén dispuestos a sumarse a esta iniciativa.
Por ello las redes sociales serán una de nuestras prioridades. La web estosololoarreglamosentretodos.org está ya abierta al público y confiamos en que va a ser un gran altavoz en nuestro empeño. Queremos provocar un debate social sobre la actitud que tenemos cada uno de nosotros ante la crisis, recibir y lanzar ideas e iniciativas para recuperar esa confianza colectiva que actúe de palanca y motor de la recuperación económica y social en España.
Tenemos que ser capaces de contagiar la confianza de la misma manera que se ha contagiado el pesimismo. Y los que nos digan que es imposible, es que no nos conocen. Porque si tú, y tú, y tú... nos convertimos en nosotros, no habrá nada que no podamos arreglar.
Porque esto solo lo arreglamos entre todos.
(Artículo de Javier Gómez-Navarro, Guillermo de la Dehesa, Antonio Garrigues y Miquel Roca, publicado en el diario "ABC" el 26 de febrero de 2010)
LA necesidad de reducir el gasto público en tiempos de crisis económica ha puesto a los funcionarios públicos bajo el punto de mira. Hoy informa ABC acerca de los planes del Gobierno para «examinar» a los empleados públicos en el marco de una racionalización y reducción de estructuras de la Administración General del Estado. Según algunos, bajo este eufemismo burocrático se oculta el propósito de cambiar el modelo vigente, cuestionando aspectos esenciales como la permanencia en el puesto de trabajo una vez adquirido «en propiedad». Nadie pone en duda que hay muchos aspectos mejorables en nuestro sistema de empleo público y que convendría afrontar con eficacia y sentido común la reforma de ciertos lastres del pasado. Sin embargo, es imprescindible evitar las generalizaciones interesadas con objeto de que no paguen justos por pecadores. Miles de funcionarios públicos son profesionales bien preparados, que han accedido a sus puestos tras superar unas pruebas rigurosas y que desempeñan con vocación y sacrificio una actividad al servicio del interés público, cuya retribución es -con frecuencia- inferior a su equivalente en la empresa privada. En este sentido, hay que distinguir también entre los funcionarios de carrera y los múltiples asesores y altos cargos que crean los políticos para satisfacer compromisos del partido gobernante y atender a las exigencias de la clientela electoral.
Otra cuestión sustancial hace referencia a las comunidades autónomas. Si es preciso racionalizar la administración del Estado, no hay ningún motivo para que se consideren intocables las administraciones regionales, que reproducen casi sin excepciones todos los defectos que se achacan al sector público. Sería injusto, por tanto, que el proceso que el Gobierno pretende iniciar limite sus efectos al ámbito estatal, cuando una parte sustancial del gasto público y de los recursos humanos corresponde en nuestro país a las administraciones autonómicas. De acuerdo con la Constitución, el acceso a la función pública se rige por los principios de mérito y capacidad, y la Administración sirve con objetividad a los intereses generales, al margen de la coyuntura política. Estos criterios deben inspirar las reformas en marcha que, según denuncian algunos sindicatos, parecen planteadas ante la necesidad de recuperar el tiempo perdido por parte de un Ejecutivo que necesita cuanto antes dar algún golpe de efecto e incluso buscar un chivo expiatorio.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 22 de febrero de 2010)
Publicado el 09-12-2009 , por Agencias, Expansión.com
El 88% de los españoles considera que la corrupción es un gran problema de Estado, cinco puntos más que en 2007 (83%), según señala un Eurobarómetro difundido hoy por la Comisión Europea (CE). España se sitúa así en el octavo lugar de los Veintisiete en percepción popular de corrupción en los poderes públicos.
El 91% de los españoles cree que existe corrupción en las instituciones públicas a nivel nacional, una cifra que baja ligeramente hasta el 89% cuando se les pregunta por la corrupción en los poderes regionales y locales.
El país de la UE donde el nivel de corrupción es más elevado a juzgar por la creencia de la ciudadanía es Grecia (98%), seguida de Bulgaria (97%), Malta (95%), Eslovenia y Chipre (94%), y Portugal y Rumanía (93%).
En el otro extremo se encuentran Dinamarca, donde sólo el 22% cree que la corrupción es un gran problema a nivel nacional, y Suecia (con un 37%).
Para el 83% de los ciudadanos de los Veintisiete la corrupción está presente en los poderes estatales, una cifra que cae hasta el 81% en el caso de los entes regionales y locales, y hasta el 76% en las instituciones europeas (76%). Pese a ello, el funcionariado comunitario no sale tan bien parado cuando se pregunta a los ciudadanos si acudirían a él para pedir protección en un caso de corrupción.
El 43% se decantaría por el sistema judicial de sus país, el 34% acudiría a la policía, el 23% al defensor del pueblo, el 13% a las Organizaciones No Gubernamentales, el 9% a los sindicatos, y tan sólo el 8% a las instituciones de la Unión.
Los funcionarios de los poderes públicos a nivel nacional son los que despiertan más desconfianza en términos de corrupción entre los europeos (57%) y, por contra, los menos sospechosos de protagonizar algún tipo de corruptela son los maestros de la escuela pública (19%).
Los elevados índices de desconfianza contrastan con el dato de que sólo el 9% de los ciudadanos europeos encuestados reconoce haber participado en alguna experiencia personal de corrupción.
Este Eurobarómetro especial sobre corrupción se ha difundido coincidiendo la celebración hoy 9 de diciembre del día internacional contra la corrupción.
El comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, ha afirmado en un comunicado que la CE "no mirará para otro lado" y ha reclamado "claras actuaciones por parte de los Estados miembros" para ponerle fin. Barrot también se ha lamentado de que "pese a los esfuerzos de la CE por luchar contra la corrupción desde la primera línea de fuego, algunos Estados miembros avancen tan lentamente" en este cometido.
La CE ha propuesto a los Veintisiete la creación de un mecanismo de evaluación periódica de los esfuerzos anticorrupción nacionales dentro de un conjunto de medidas sobre Justicia, Libertad y Seguridad para los próximos cinco años que lleva por nombre "Programa de Estocolmo ".
Madrid, 24 de diciembre de 2009.
¡Buenas noches! Mis primeras palabras en esta Nochebuena me salen del corazón para expresar mi afecto y mi mayor felicitación a todos los españoles. Quiero compartir con vosotros ideas y sentimientos sobre España, sobre nuestro presente y nuestro futuro. Unas ideas que buscan el bien de nuestro país, como gran Nación europea de larga historia e inmenso patrimonio. Un país que no puede comprenderse sin esa rica diversidad consustancial al mismo ser de España.
Con este espíritu, mis reflexiones de esta noche se dirigen a pediros que, juntos, acometamos tres tareas fundamentales: En primer lugar, superar tensiones y divisiones, sobre la base de los principios y valores que alimentan lo mejor de nuestra convivencia e inspiran nuestra Constitución.En segundo lugar, sumar voluntades en torno a los grandes temas de Estado, reforzando nuestra cohesión interna y nuestra proyección exterior.Y, finalmente, redoblar esfuerzos para que España vuelva a crecer y a crear empleo. Cuanto antes, y de forma sostenible.
Vivimos tiempos complejos y difíciles. El Siglo Veintiuno va a cumplir su primera década. El mundo es más global en sus posibilidades -gracias a las comunicaciones y a los avances tecnológicos-. Más global también en sus desafíos -que desbordan las fronteras nacionales-. Desafíos que van desde la lacra del terrorismo, la crisis económica o el cambio climático, hasta las pandemias o el narcotráfico. Todos ellos requieren de la acción conjunta de los Estados.
Es mucho lo que nos jugamos en los próximos años. El futuro impone decisiones estratégicas de gran calado, tanto a nivel interno, como a escala europea e internacional. Decisiones en materia económica y financiera, energética, medioambiental, educativa o tecnológica. Todas ellas esenciales para no perder el tren del progreso, defender el futuro de nuestro Planeta, y asegurar el mejor porvenir a las nuevas generaciones.
Decisiones que deben tener visión anticipatoria y estar a la altura de los retos planteados. Para afrontar estos retos, es preciso desplegar nuestras mayores capacidades, con una España sólida y cohesionada, en una Europa dinámica y solidaria.
Los tiempos actuales nos reclaman tesón y fortaleza. Fortaleza como país que a todos nos proporciona libertad, estabilidad y progreso. Fortaleza como ciudadanos más preparados y competentes, promoviendo la educación y la igualdad de oportunidades. Fortaleza en el plano económico y social, con un tejido productivo cada vez más innovador, competitivo y activo en el mundo, capaz de mantener y elevar nuestro bienestar social. Esa mayor fortaleza requiere el más amplio entendimiento y solidaridad entre todos los españoles, entre todas y cada una de nuestras Comunidades Autónomas. No nos podemos permitir que las legítimas diferencias ideológicas resten energías al logro de los consensos que piden nuestros ciudadanos.
Sabemos cuál es el camino a seguir. En las últimas décadas hemos sido capaces de resolver grandes problemas, contando con el esfuerzo de todos, la voluntad de acuerdo y el liderazgo responsable de nuestros dirigentes políticos, económicos y sociales. La experiencia nos demuestra que todos somos necesarios para culminar con éxito esa tarea.
Sirvamos al interés general. Para ello necesitamos actuar con inteligencia y generosidad, y aplicar la fuerza de la unidad, del diálogo y del compromiso, en el marco del respeto a nuestra Constitución. La Constitución garantiza un amplio abanico de derechos y libertades, fundamenta una avanzada articulación de nuestra rica diversidad territorial, y nos dota de instituciones que son claves para la estabilidad y convivencia democráticas, y el buen funcionamiento del conjunto de España. Unas instituciones independientes para el mejor y más justo ejercicio de sus responsabilidades, por lo que todos debemos preservar esa independencia en aras de la confianza que los ciudadanos tienen depositada en ellas.
En 2009 la grave crisis económica ha llevado a que el desempleo sea la principal preocupación de las familias españolas. Afecta a varios millones de personas, angustiadas no sólo por la pérdida de ingresos, sino por la falta de horizontes en sus vidas laborales y personales. Las dificultades han afectado y afectan a muchos trabajadores y empresas en los diferentes sectores productivos, desde la agricultura y la pesca hasta la industria, pasando por la construcción y los servicios.
Volver a crecer es el reto más apremiante para poner fin al desempleo, garantizando la más alta protección social a quienes lo padecen. Debemos atender también las legítimas expectativas de nuestros jóvenes, apoyarles e ilusionarles, pues en ello nos va el futuro. Se han tomado medidas a escala internacional, europea y nacional para detener la crisis y paliar sus efectos. Son muchos los esfuerzos y sacrificios desplegados a todos los niveles.
Pero queda mucho por hacer, es preciso seguir adelante. Como ya dije el año pasado, la solución de la crisis exige trabajar juntos en la misma dirección. Es pues necesario seguir adoptando medidas, lograr acuerdos entre nuestras fuerzas políticas, económicas y sociales, que permitan, por un lado, asegurar la mayor solidaridad y, por otro, acometer las reformas precisas, a fin de lograr una pronta recuperación en un clima de seguridad y confianza.
Urge asimismo -como vengo insistiendo desde hace tiempo- sellar -hoy mejor que mañana- un gran acuerdo nacional en materia de educación e incentivar aún más la innovación. Se trata de dos factores fundamentales que, junto al trabajo sacrificado de todos, permitirán aumentar nuestra competitividad y productividad y, por ello mismo, nuestro progreso y bienestar.
Tampoco podemos escatimar esfuerzos a favor de la igualdad de oportunidades, de los más pobres, vulnerables y desfavorecidos, ni en la lucha contra la exclusión y la marginación social. A favor de quienes viven problemas que a todos nos incumben, como la discapacidad, las graves enfermedades, la drogadicción, o la inaceptable violencia de género.
En estas fechas tan entrañables, recuerdo con especial emoción -junto a mi Familia- a todas las víctimas del terrorismo y a sus familiares, que cuentan con nuestro apoyo, solidaridad y afecto, así como de toda la sociedad española. Acabar con el terrorismo -desde el imperio de la Ley, la acción de la Justicia, la sacrificada entrega de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la cooperación internacional- es un objetivo de todos los demócratas en defensa de la libertad y de los más elementales derechos humanos. Los avances en la lucha contra el terrorismo nos animan a redoblar esfuerzos. Se trata de una prioridad irrenunciable. Una lucha que se extiende al terrorismo internacional, que tan inmenso dolor ya ha causado, y que ha secuestrado de forma intolerable a varios compatriotas -volcados en nuestra Cooperación al desarrollo-, cuya libertad exigimos.
La paz y la seguridad de España no pueden desligarse del resto del mundo. De ahí que quiera volver a subrayar el reconocimiento de la sociedad española a quienes sirven a nuestro país en el exterior. Especial mención merecen los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que arriesgan sus vidas en misiones internacionales, incluida la vigilancia frente a acciones delictivas tan inaceptables como la piratería marítima. Y es que nuestra seguridad, nuestro progreso y bienestar, dependen cada vez más de una eficaz protección y promoción de nuestros intereses en el mundo. Lo palpamos a diario. Por ello, importa consensuar y coordinar al máximo el papel internacional de España.
En este marco, dentro de unos días España asumirá por cuarta vez la Presidencia de la Unión Europea, en un momento en que la Unión debe tomar medidas de vital importancia para su futuro. Tras la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, resulta prioritario lograr una Europa más unida, dinámica y presente en el mundo.
Son muchos los retos y también las esperanzas que marcan este fin de año. El porvenir al que aspiramos no llegará sólo. Tenemos que moldearlo juntos desde ahora, con profunda confianza en España y en los españoles, aplicando mucho sentido de Estado, tanto a la hora de gobernar, como de ejercer la oposición. Como he dicho tantas veces, la España de hoy es capaz de grandes empresas. Con empeño y determinación, se puede ganar la batalla contra la crisis y conseguir cuantos objetivos nos fijemos.
Sigamos trabajando para que prime la fraternidad sobre las desavenencias, la confianza sobre el recelo, el bien colectivo sobre los egoísmos particulares, y para que la honradez sea regla inexcusable de conducta. La Corona tiene como norte el servicio a España y a todos los españoles. Éste es y seguirá siendo mi compromiso diario con todos vosotros. Una tarea con la que el Príncipe de Asturias también está plenamente comprometido.
Para concluir, quiero reiterar -junto a la Reina y toda mi Familia- nuestro afecto a todos los españoles y a cuantos extranjeros residen en nuestra tierra. Queremos expresaros los mejores deseos para el Año Nuevo que esperamos lleno de felicidad para cada uno de vosotros y para vuestras familias.
¡Que sea para todos un Año cargado de paz, concordia, recuperación económica y más empleo! ¡Os lo deseo de todo corazón!
Buenas noches.
Ante la sede del Parlamento balear varios centenares reclamaron la dimisión de la presidenta, Maria Antònia Munar, de Unió Mallorquina (UM). En la Asamblea hay siete diputados imputados: cuatro del PP, uno del PSOE y dos de UM. La protesta fue improvisada a través de una convocatoria surgida en Internet.
R. Cuenta con mecanismos suficientes. Pero yo hago una reflexión: creo que la sociedad española no es suficientemente beligerante contra la corrupción. No entiendo que haya en cualquier localidad casos de corrupción y que la persona implicada salga otra vez elegida. Hay que luchar contra la corrupción con medidas policiales y judiciales, pero la sociedad tiene que reaccionar y debe rearmarse. No es un problema de legislación, el Código Penal es suficiente para luchar contra la corrupción. Y el nuevo Código Penal aumenta las penas.
Tomado de ENTREVISTA: El debate sobre el Estatuto ÁNGEL JUANES Presidente de la Audiencia Nacional , José Yoldi/José Manuel Romero , Madrid 31/11/2009. El Pais. Com. España
Al futuro presidente de Caja Madrid debe designarlo su junta general, no los dirigentes del Partido Popular, aunque así parezca. Es el último y lamentable ejemplo, entre otros muchos, de que nuestro sistema político no es una "democracia de partidos" sino una "partitocracia". Veamos ambos conceptos, bien diferentes.
La "democracia de partidos", un término ya acreditado en teoría del Estado, supone un notable cambio respecto de la democracia parlamentaria clásica, en la cual el diputado era el eje fundamental de todo el proceso de participación política. Por el contrario, en la democracia de partidos son estos quienes protagonizan los dos momentos fundamentales de dicho proceso: las elecciones y la actividad parlamentaria.
En el momento electoral, ahora los ciudadanos no escogen candidatos individuales, como antes sucedía, sino listas electorales confeccionadas por los partidos. Con lo cual la relación representativa no se establece entre elector y parlamentario sino entre elector y partido. En cuanto a la actividad parlamentaria, en la democracia de partidos las cámaras han dejado de ser órganos para el debate entre diputados: ahora las decisiones que allí formalmente se adoptan han sido acordadas con anterioridad en el seno de los respectivos partidos y sus portavoces parlamentarios se limitan meramente a declararlas en público. Así, en la democracia de partidos, el Parlamento ha sido desposeído de su función primigenia más característica con la que soñaron los primeros liberales: ser un centro de debate en el cual, mediante argumentos racionales, se decide lo más conveniente para el interés general.
Podremos lamentar la pérdida, si es que existieron alguna vez, de aquellos parlamentos argumentativos y racionales, pero en la actualidad la democracia de partidos se ha impuesto en toda Europa y en buena parte del mundo. "La democracia de nuestro tiempo es, necesariamente, una democracia de partido", escribió el maestro García Pelayo, de quien el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales acaba de publicar la segunda edición de sus Obras completas. Necesariamente: la democracia española no escapa a esta regla general y es hoy, incluso formalmente, una democracia de partidos. Pero todos los sistemas políticos degeneran, como ya advirtió Aristóteles. Y la democracia de partidos española ha degenerado, por culpa de los partidos, en una partitocracia, que es cosa distinta.
En una partitocracia los partidos no se limitan a ocupar el lugar que les corresponde según el sistema constitucional, sino que desbordan su espacio propio y ocupan todo el Estado y una buena parte de la sociedad. Un principio clave de la democracia es el de división de poderes, según el cual los órganos estatales no sólo están separados sino que se eligen y controlan mutuamente mediante un sistema de pesos y contrapesos para que ninguno invada el ámbito del otro y cada uno sea responsable de los actos en que es competente. Pues bien, en una partitocracia el poder transversal de los partidos anula esta división de poderes e instaura un sistema descontrolado que tiende a configurarse como un dominio absoluto de todo poder, creando así el caldo de cultivo de todo tipo de desafueros y corrupciones.
Como han sostenido autores de referencia al tratar de España –véase el libro de Roberto Blanco sobre Las conexiones políticas (Alianza, Madrid, 2001) o el de Alejandro Nieto El desgobierno de lo público (Ariel, Barcelona, 2008)– los partidos han "colonizado" el Estado, se han repartido el botín que allí han encontrado y consideran que todos los poderes son patrimonio propio. Nieto lo resume así: "En definitiva, la colonización se hace efectiva mediante la ocupación (por parte de los partidos) de los instrumentos más operativos de acción social: la administración pública en primer término y luego los medios de comunicación social, la educación y la cultura, el sector público económico y, por descontado, sus organismos de control".
En definitiva, primero hay que asegurarse de que la administración pública esté dirigida por los cargos de confianza (de los partidos) y no por los funcionarios (independientes). A partir de ahí, es fácil adueñarse de los medios de comunicación públicos, establecer órganos de supervisión para los privados, conceder innumerables subvenciones en cultura y educación, así como licencias y permisos en actividades económicas, todas otorgadas con discrecionalidad formal y arbitrariedad real. Al final, como blindaje definitivo, intentan nombrar indirectamente, e indebidamente, a jueces, fiscales, interventores, defensores del pueblo, tribunales de cuentas, secretarios de ayuntamientos, profesores de universidad o de instituto. Todo.
La voracidad de los partidos para obtener cada vez más cuotas de poder es insaciable. Quieren llegar al poder mediante las elecciones –con toda razón, en eso consiste la democracia–, pero una vez lo han obtenido se desatan las furias. "Que un poder frene a otro poder", dijo Montesquieu. Esta ya no es una regla democrática para la partitocracia: quiere un poder sin frenos. El pacto tácito entre partidos hace que nadie frene a nadie y que ninguno denuncie al otro. Si están en el poder, por razones obvias; si no, ya les llegará la ocasión.
Frente a esta situación, las últimas esperanzas de los ciudadanos están depositadas en los funcionarios, jueces, fiscales y órganos de comunicación independientes. Son los últimos contrapesos a la partitocracia.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 5 de noviembre de 2009)
LA acumulación de casos de corrupción durante las últimas fechas que se extiende prácticamente a todo el territorio geográfico y político de este país, muestra la fragilidad de la condición humana y lo fácil que resulta conducirla hacia la defensa de los intereses particulares por encima de los colectivos. El impacto que sobre la ciudadanía causan todos estos casos no sólo repercute en la reputación y depreciación de los políticos y los partidos que los sustentan, sino en las instituciones en general y hasta en el conjunto del sistema.
El paso del tiempo desde la recuperación democrática en nuestro país ha servido para descubrir primero y aprovecharse después de las espitas que deja abiertas este sistema, en el que la palabra democrático conlleva unos principios, valores y virtudes que van mucho más allá de unas votaciones periódicas, tras las cuales el ciudadano se queda prácticamente sin voz hasta cuatro años más tarde. Ni el carné de afiliación a un partido transmite a su poseedor cualidad y virtud alguna, ni la democracia puede mejorar la naturaleza humana que, a falta de convicciones firmes en cuanto a justicia y ética se refiere, precisa de controles y medidas que impidan la arbitrariedad, la prevaricación, el fraude, la corrupción o cualquier otro tipo de delitos. En este sentido, quizás se ha sido excesivamente laxos en el cumplimiento de las leyes y en la articulación de una serie de medidas que contribuyan a evitar y castigar cualquier abuso en este sentido. Antes bien, los partidos políticos, imbuidos de una cierta solidaridad gremial, son propensos a la generosidad y a la comprensión cuando se refiere a sueldos, dietas u otros aspectos que contribuyen a restringir cargos o competencias, cobijándose bajo la pátina de la legalidad, sin atender a aspectos como la equidad, la ética y hasta la justicia. Un caso significativo se produjo con la aprobación de la Ley de Incompatibilidades que ha devenido con el tiempo en una norma tan comprensiva y abierta que apenas encuentra materia y personas afectadas.
Creemos que es el momento de reaccionar y atajar de manera serie y contundente, mediante una normativa adecuada, los abusos a los que se ve sometido un sistema, el mejor conocido hasta ahora, mediante un pacto de Estado que fortalezca y dignifique la gestión pública y sus manifestaciones, tanto desde el poder legislativo como desde el ejecutivo y judicial.
(Editorial de "Diario del AltoAragón", publicado el día 2 de noviembre de 2009)
Poco antes de la medianoche del lunes pasado, el ex president Jordi Pujol declaraba a TV3, en referencia a la corrupción política, que no le parecía conveniente "tirar de la manta" porque "todos" saldríamos perdiendo. Diez horas más tarde, en una operación policial dirigida por el juez Garzón, eran detenidas diversas personalidades, entre ellas conocidos políticos de CiU y del PSC: ya sabíamos, si es que teníamos dudas, a quién se refería Pujol al decir "todos".
¿Es cierto que si de una vez tiramos de la manta saldremos "todos" perdiendo? Si este "todos" se refiere a los ciudadanos, al contrario: ha llegado el momento de ir aclarando las cosas, de ponerlas en su lugar, antes de que, de verdad, salgamos todos perdiendo, todos los ciudadanos, por supuesto. Nunca había visto a un Pujol tan desfasado, tan tributario de una época, la Catalunya de los años ochenta y noventa, que ha dejado de existir. Estamos en otros tiempos, han sido muchas las decepciones y la indignación está a flor de piel. La gente se ha vuelto descreída, sabe que el enemigo está dentro y que los himnos y las banderas ya no pueden tapar las vergüenzas. Además, comprueba a diario que la corrupción es algo extendido por toda España.
El descrédito de la política y de los políticos es seriamente preocupante, tanto por la ineficacia de sus actuaciones y la lejanía de sus preocupaciones respecto de los intereses generales, como por la incesante corrupción política en la que se ven envueltos. La corrupción política, descrita muy sumariamente, es aquella que consiste en utilizar los cargos y funciones públicas para beneficio personal (o del partido o grupo al que se pertenece) a cambio de una recompensa, en lugar de utilizarlos para aquello que prevén las leyes. Debemos, pues, empezar a tratar en serio de la corrupción política para intentar ponerle remedio. Me permito apuntar, muy brevemente, algunas tesis para el debate.
1. No hay corrupción política sin corrupción social previa. Es desde la sociedad que se puede corromper al político y, por tanto, las responsabilidades deben repartirse equitativamente.
2. Los casos de corrupción política son éticamente inaceptables pero también son inevitables. El problema comienza a ser grave cuando el sistema político y administrativo da tantas facilidades a la corrupción que esta se convierte más en regla que en excepción. Quizás en algunos campos –por ejemplo, el urbanismo y las obras públicas– la situación española haya llegado hace tiempo a este punto.
3. El monopolio de los poderes públicos por partidos políticos cerrados y jerarquizados –lo que se conoce como partitocracia– contribuye a incrementar la corrupción en tanto que estos partidos son redes organizadas que se extienden por amplias zonas territoriales y que, por su participación en el ejercicio del poder, tienden a asegurar una cierta impunidad.
4. Las habituales corruptelas socialmente toleradas fomentan la gran corrupción que, sin embargo, es socialmente condenada. Cobrar en negro para no tributar en el IRPF o entrar en el juego del "con IVA o sin IVA", para poner dos conocidos ejemplos, es el primer paso para justificar, para uno mismo y para los demás, corrupciones de mayor calado e iniciar un ascenso sin parada final. Por esta razón no hay corruptela pequeña y la sociedad, además de las leyes, debe ser intolerante con cualquiera de sus formas y dimensiones.
5. La corrupción política amenaza a la democracia cuando el ciudadano tiene la sensación de que no sólo todas las administraciones públicas son habitualmente venales, sino que sus alternativas políticas también. Sin la posibilidad de escoger en las elecciones a partidos honrados, el ciudadano deja de confiar en el sistema político, se abstiene de votar y en lugar de sentirse moralmente obligado a cumplir la ley intenta eludirla si ello favorece a sus propios intereses. Este desprecio a la ley socava la confianza en el Estado de derecho y pone en riesgo el sistema democrático.
6. El incremento de instancias de poder, así como de las regulaciones que exigen cada vez más licencias y permisos, aumenta las posibilidades de corrupción.
7. Las denuncias de los medios de comunicación y, especialmente, los controles judiciales, son instrumentos imprescindibles para combatir la corrupción. Sin embargo, no bastan cuando las instituciones legales y la complicidad social tienden a fomentarla hasta el punto de que la corrupción misma se convierte en el tronco vertebral del sistema. Por tanto, para combatir la corrupción con eficacia, además de la regeneración moral de la sociedad, es necesaria una reforma institucional que no la facilite.
8. Los nuevos valores éticos que priman ante todo el éxito social y la riqueza económica son el caldo de cultivo en el que se asienta la corrupción. Los deportistas y artistas, entre otros "famosos", que son exhibidos como ejemplo de esta popularidad y dinero fácil, contribuyen a que seamos tolerantes con la corrupción o que la practiquemos en nuestro ámbito sin graves problemas de conciencia.
9. La gran corrupción, la que actúa a través de trama
s internacionales para el blanqueo de capitales, normalmente procedentes de ilegales y abyectos negocios, sólo puede combatirse si se eliminan los paraísos fiscales, unos territorios insólitos en el mundo de hoy que muestran la hipocresía de los estados en la persecución de los delitos.
Seguiremos.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 29 de octubre de 2009)
En no pocas ocasiones, en algunas de mis aportaciones aparecidas en publicaciones de mayor incidencia científica, he solido repetir, como una de las constantes de nuestro devenir sociopolítico la tendencia a partir de cero tras cada cambio político, condenando en su totalidad el contenido del inmediato pasado y, sobre todo, cayendo en la tentación de partear supuestos «nuevos mundos» que se anuncian como soluciones para siempre. A esto se ha unido muchas veces el defecto de que lo que se engendraba estaba estrechamente unido a las circunstancias históricas y sociales de un momento dado. Con escasa o casi nula prevención de lo que habría de venir. Lo inmediato ha solido oscurecer la reflexión y cautela de lo posterior. Los españolitos que vivimos con lucidez el fenómeno de nuestra última transición, hasta ahora alabada como casi proeza sin mezcla del mal alguno, podemos recordar los ecos de lo que con frenesí se demandaba por doquier: Constitución, amnistía y, sobre todo, «estatutos de autonomía». Únicamente en lo primero había parcelas valorativas. Pero, desde la actualidad, es posible comprobar que incluso el texto de 1978 miraba mucho más a lo cercano que a lo futuro. La hegemónica concesión a los partidos políticos y las excesivas complacencias en la regulación de las autonomías son pruebas de lo primero. La ausencia de alusión al transfuguismo y hasta la más importante ausencia de algún que otro artículo sobre la figura del Heredero de la Corona (¡acaso se pensaba que nunca iba a crecer!) lo son de lo segundo.
Allá en 1980 lancé un aviso (por supuesto, ignorado por el poder y poder es tanto gobierno como oposición) titulando como asignatura pendiente la fijación y divulgación de valores acordes con la democracia. Estimaba que se trataba de un menester urgente por no pocas razones. Había una coyuntural. A mi entender, el régimen autoritario recién desaparecido no había tenido una ideología fuerte y unitaria (¡por eso, entre otras razones, no cabía entenderlo como fascismo!), sino un conjunto de aportaciones venidas de diversas fuentes y necesarias para tanto durar. Pero, en su larga duración sí que originó una mentalidad con valores y símbolos que perduraron tras desaparecer el franquismo. Mucho de esto se quiso borrar de un plumazo no exento de ira mucho después, precisamente cuando dicha ira ya no tenía ningún sentido tras el espíritu que cobijó y predicó el Tránsito. Y lo más grave, en concordancia con la constante antes descrita, sin el esfuerzo por un nuevo elenco valorativo. Es decir, se creó un sistema de instituciones que ahí están, funcionando mejor o peor, pero con casi ausencia de valores. Hasta el punto de que, a estas alturas, pueden algunos hablar de democracia sin ciudadanos auténticamente demócratas.
Por lo demás, cuanto acabo de afirmar viene muy de lejos. Ya Aristóteles, cuando se preguntaba por lo mejor para conseguir la estabilidad de un régimen político y afianzar su permanencia, concluía con la afirmación de que «de nada sirven las leyes más útiles, incluso ratificadas unánimemente por todo el cuerpo civil, si los ciudadanos no son entrenados y educados en el régimen». Y ello era necesario para cualquier clase de régimen. «Lo que se quiera para la ciudad, póngase en la escuela», sentenciaba Platón. Y la cadena de afirmaciones en este sentido se sucede hasta nuestros días: Bodino, Montesquieu, el marxismo con su idea de también crear al «hombre nuevo», la sociología política anglosajona al predicar la cultura cívica integrada por el modelo del «hombre democrático» frente a la mentalidad autoritaria y, entre nosotros y dando un importante salto en la consideración de la democracia, la conclusión del maestro Aranguren: «La democracia antes y más profundamente que un sistema de gobierno, es un sistema de valores, que demanda una reeducación político-moral». Pienso en la situación de desencanto que sufriría este buen hombre si viera la realidad de nuestros días.
Y si no es así, si no hay aprendizaje y socialización en valores, el régimen no queda consolidado, se confiese o no. Por mucho optimismo que queramos echar al asunto. El ejemplo más cercano, la Segunda República. Y el testimonio más directo, Manuel Azaña. Cuando se lamentaba de que, a pesar del tiempo transcurrido, la República no había llegado a los pueblos. O cuando, más tarde, afirmaba que sin esa educación, «imbuida desde la juventud», habría un régimen u otro, «pero sería un fenómeno semejante al de un arrecife que surge sobre las olas y millones de seres lo sostienen sin saber cuál es su función». Pues bien, recientemente ha surgido «la circunstancia»: los incidentes de Pozuelo de Alarcón. Y lo que ha venido después. ¡Ahora toca llorar y, sobre todo, buscar culpables! Pero a mi entender, con un error de partida. Hace tiempo que compruebo, por mi condición de docente, que nuestra juventud puede que no tenga nada más que tres «valores-disvalores»: el hedonismo, el consumismo (compre-consuma-vuelva a comprar) y el afán por el éxito sin esfuerzo. ¿Pero es sólo culpable la misma juventud? De ninguna manera. Los valores se definen, se defienden cuando haga falta y, sobre todo, se transmiten.
Confieso que resumir aquí cuáles serían estos valores constituye tarea casi imposible. Entre otras razones por las posibles matizaciones que cada uno de ellos requiere. Tenemos que sintetizar. Y sin entrar en cuanto pueda deducirse de los «valores superiores» del ordenamiento jurídico citados expresamente en el primer artículo de la Constitución, quizá una personalidad democrática debería asumir cuanto sigue: el diálogo como instrumento de relación social y político, el anti-dogmatismo político, la aceptación de la relatividad de la verdad política (es decir, justamente lo contrario de lo que el totalitarismo requiere), el reconocimiento de la autoridad en todos sus aspectos y de forma muy singular en el terreno educativo, la comprensión de la actividad política como servicio a la comunidad, la aceptación de la sociedad pluralista, la valoración del ejercicio de la participación (algo con lo que más se asienta cualquier clase de régimen), el respeto a la opinión de los mayores, la formación de un espíritu crítico ante su entorno, la valoración del pudor en la vida social y, en fin, siguiendo al maestro Dahrendorf, todo cuanto significa la prevalencia de las virtudes públicas en cuanto lo requiera la misma consideración de ciudadano (patria, tradición, símbolos, etcétera).
Y viene la gran pregunta. ¿Todo esto y mucho más a través de qué agencias o instancias se transmite? Tampoco aquí cabe rechazar un punto de precisión. Sobre todo porque el proceso de asimilación valorativo suele afirmarse que es largo: «Que va de la cuna a la tumba». Y así es. Precisamente por las muchas agencias por las que la persona pasa a lo extenso de su vida. Entiendo que, ante todo, procede la cita de la familia. Sobre todo en la infancia. Pero no es posible negar una evidencia muy de nuestros días: la influencia del grupo de juego, pandilla, amigos (eso que espantosamente se da en llamar «cuadrilla»). La tendencia a pensar y ser como los demás similares en edad. Sin duda, igualmente, la escuela, el proceso educativo, algo realmente destrozado en la actualidad y muy unido a la autoridad y respeto y no siempre por exclusiva culpa del alumno (también aquí la hegemonía de la «democratización» tiene su parte de culpa), durante bastante tiempo la prédica religiosa como transmisora de valores (hoy uno de los puntos más sometidos a discusión), el centro de recreo al que se pertenezca, la prensa que se lea. Y, sin lugar a duda, cuanto se esparce a través de la televisión: anuncios claramente sesgados, violencia a raudales, programas «de corazón», ocultación o distorsión de noticias, etcétera.
Amplio, muy amplio campo el campo que la democracia establecida en nuestro país tiene que labrar. Y mientras sea empresa nacional no asumida y asignatura estatal despreciada (¿acaso no interesa?) creo que no se puede presumir de democracia sólida y consolidada. Guste o no reconocerlo.
(Artículo de Manuel Ramírez, publicado en "ABC" el 26 de octubre de 2009)
OTRA vez saltan a la luz pública sospechas fundadas de corrupción en el ámbito municipal. La «operación Poniente», desarrollada en Madrid y Andalucía, condujo ayer a la detención de veinte personas, entre ellas el alcalde de El Ejido, miembro del denominado Partido de Almería, que surgió como escisión del PP. Asimismo, la Guardia Civil desarrolló otra intervención en el Ayuntamiento de Almogía (Málaga), regido por el PSOE, que se relaciona con presuntos delitos de prevaricación por irregularidades urbanísticas. La corrupción es un fenómeno transversal que puede afectar a políticos relacionados con unos u otros partidos y ello refuerza el efecto de provocar un serio desprestigio de la clase política ante los ciudadanos. En definitiva, esta lacra produce un grave daño a la legitimidad democrática y, por tanto, debe ser combatida con absoluto rigor. La Fiscalía Anticorrupción y, en general, todos los poderes públicos tienen el deber de actuar de forma implacable en estos asuntos, siempre con criterios de estricta igualdad ante la ley. Más aún, cualquier indicio de discriminación o partidismo en el funcionamiento de las instituciones del Estado agrava las consecuencias de la corrupción y acreciente el desencanto de una sociedad que oscila entre la indignación y el escepticismo.
La confusión interesada entre gestión urbanística, financiación de los partidos y maniobras oscuras en los ayuntamientos -muchas veces, con casos de transfuguismo- produce pruebas evidentes acerca de la necesidad de un control efectivo en el plano jurídico y político. Las comunidades autónomas no son ajenas a esta situación, porque la permisividad excesiva ya demostró sus efectos negativos en el caso emblemático de Marbella. De nuevo la Junta de Andalucía debe afrontar el reproche social por su ineficacia a la hora de intervenir. Estamos, por tanto, ante un problema que no puede ser reducido a casos aislados ni atribuido a un solo partido, como algunos pretenden con un profundo sectarismo ideológico. Una sociedad democrática moderna tiene que reaccionar con toda energía frente a quienes intentan -y consiguen con demasiada frecuencia- obtener un lucro injustificado a través de prácticas mafiosas. Los delitos cometidos bajo el manto protector de la autoridad pública resultan especialmente criticables porque quiebran la confianza natural entre los ciudadanos y sus representantes políticos. Sólo la reacción contundente de las instituciones del Estado puede devolver a la sociedad esa confianza perdida.
(Editorial del diario "ABC", publicado el día 21 de octubre de 2009)
Desde hace un tiempo, justamente desde que se interpusieron varios recursos contra el Estatut de Catalunya, el Tribunal Constitucional se ha convertido en la diana preferida de envenenados dardos: presiones y amenazas desde partidos e instituciones para influir en su decisión, rumores convertidos en noticia para instrumentalizarlo indebidamente, ácidas invectivas para fomentar su desprestigio, insultos directos sin más y hasta propuestas de supresión del órgano. Lo peor es que estas descalificaciones han llegado a calar en la opinión pública, que, inocentemente, está dispuesta a creerse cualquier cosa en este irresponsable pimpampum contra el TC que tanto perjudica a la imagen de nuestro Estado de derecho.
Aunque la esperada sentencia comienza a rebasar los tiempos que razonablemente se preveían, muchos de estos improperios carecen de todo fundamento y los argumentos utilizados –cuando se utilizan argumentos– denotan en general una supina ignorancia, empezando por las críticas al retraso en dictar la sentencia. En efecto, es un lugar común decir que desde hace tres años se está esperando tan importante resolución. Sin embargo, ello no responde a la verdad, es algo falso y absurdo.
Precisamente hace tres años se interpusieron los siete recursos de inconstitucionalidad contra el Estatut –algunos por parte de comunidades autónomas gobernadas por socialistas– y mal se puede dictar sentencia cuando casi no se ha iniciado un proceso. Por tanto, de tres años ni hablar: decir tal cosa es una solemne tontería. Además, muchos dan por supuesto que en estos tres años el TC no se ha dedicado a otra cosa que a resolver los recursos interpuestos contra el Estatut. Nada más lejos de la realidad. Cada año el Tribunal dicta varios miles de resoluciones definitivas (el año pasado, último del que se conocen datos, fueron exactamente 12.895) en los diversos procedimientos en que es competente, en especial recursos de amparo, y también recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y conflictos de competencia. En ocasiones, algunos son preferentes porque deben tramitarse con urgencia, como es el caso de los amparos electorales, últimamente muy abundantes debido a la necesidad de resolver la anulación de candidaturas debido a la ilegalización de partidos.
Por otro lado, la absurda guerra entre partidos para recusar a magistrados también consumió un tiempo precioso del Tribunal, aunque no fuera su culpa sino de las partes que pretendían la recusación. Además, debido a las reglas de reparto, antes de resolver el recurso contra el Estatut de Catalunya debía resolverse el interpuesto contra el de la Comunidad Valenciana, cosa que se hizo mediante una larga e importante sentencia –que avanzaba ya materias que serán de aplicación al recurso catalán– dictada en diciembre del 2007. Fue a partir de enero del 2008 que el pleno del Tribunal empezó a tratar del Estatut, aunque en los meses siguientes tuvo que dar preferencia a la resolución de varias leyes importantes y cuya resolución era también complicada, algunas de ellas derivadas precisamente del Estatut.
Para finalizar, parece que estemos hablando del recurso del Estatut de Catalunya como de un recurso habitual, donde la inconstitucionalidad alegada por los recurrentes se limita a unos pocos artículos. Por el contrario, se trata de un recurso extremadamente complejo, tanto cuantitativa como cualitativamente. Probablemente nunca se habían impugnado tantos preceptos de una misma ley, muy diversos entre sí, y quizás nunca la materia regulada bordeaba tanto los márgenes de la inconstitucionalidad como en este caso. Desde este punto de vista, hay que dar una parte importante de la culpa en las dificultades con las que topa el Tribunal a quienes para quedar políticamente bien con sus coaligados en sede parlamentaria defirieron al alto órgano jurisdiccional la resolución de las patatas calientes que ellos no quisieron resolver. A cada uno lo suyo.
La utilidad para la democracia de los tribunales constitucionales se acaba de demostrar en Italia. Una mayoría parlamentaria había votado afirmativamente unas leyes que exoneraban a Berlusconi de determinados procesos penales, con infracción clara del principio de igualdad. El Tribunal Constitucional italiano ha declarado inconstitucionales estas leyes previamente aprobadas por el Parlamento: cuando la mayoría se desenfrena por partidismo, y vulnera principios constitucionales básicos, el Tribunal es la última garantía de la democracia. Esta es la función principal de los tribunales constitucionales. La reacción de Berlusconi ante la resolución de los jueces italianos recuerda determinadas respuestas propugnadas desde Catalunya según sea la sentencia sobre el Estatut. A mentalidades similares, reacciones parecidas.
La vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega declaró en Barcelona que "es el tiempo de los jueces y es prudente respetarlo sin presiones, injerencias ni aspavientos". Y añadió que la sentencia primero hay que "acatarla" y, después, "estudiarla y valorarla". Una mentalidad democrática no puede decir más en menos palabras. Este es el comportamiento que hay que adoptar ante un pronunciamiento judicial.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 15 de octubre de 2009)
Es imprescindible un código ético para los Ayuntamientos de España.
Odón Elorza, alcalde de San Sebastián.
Si el Nobel de la Paz fuera el reconocimiento de los esfuerzos de toda una vida y de sus resultados, estaría más que justificada la sorpresa de muchos, empezando por el 'New York Times', al conocer la decisión del comité noruego.
Frente a los otros 84 hombres, 12 mujeres y 20 organizaciones galardonados desde 1901, año de la primera concesión, no debería sorprendernos, aunque, si damos más importancia a los resultados que a los deseos, 2009 podía haber sido perfectamente el vigésimo año en que el premio se hubiera dejado desierto.
En nombre de los cinco miembros del comité, su presidente, Thorbiorn Jagland, justificó la elección de Obama por "sus extraordinarios esfuerzos a favor de la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos", que, en opinión de los jueces nórdicos, "han creado un nuevo clima internacional·.
Adelantándose a las críticas, explicó que el comité siempre ha tratado de estimular iniciativas de paz, aunque aún no hubiesen dado frutos, pero no se trata sólo de un futurible. "Reconocemos lo que Obama ya ha hecho", añadió, "y su visión de un mundo sin armas nucleares".
¿Nuevo clima internacional?
Describir el clima internacional de los últimos nueves meses como nuevo es, posiblemente, exagerado, sobre todo si se contempla desde Asia, pero las últimas encuestas del Pew Research Center demuestran que la imagen de EEUU, especialmente en Europa y en el mundo árabe y musulmán, ha mejorado sustancialmente desde que Obama llegó a la Casa Blanca.
Su decisión, dos días después de su inauguración, de cerrar la cárcel de Guantánamo en un año está encontrando serias dificultades, pero la impunidad en el uso de la tortura y las violaciones flagrantes del derecho internacional en la guerra contra el terrorismo se han acabado o reducido drásticamente.
El fin de la guerra de Irak está lejos, pero desde agosto las tropas de combate estadounidenses están fuera de las ciudades y la retirada definitiva sigue en pie para finales de 2011.
Obama prometió diálogo con Irán y, a pesar de las continuas provocaciones de Teherán, el diálogo ha comenzado.
La ansiada paz palestino-israelí sigue siendo un sueño, pero ningún presidente estadounidense se había comprometido tanto ni tan pronto para conseguirla, empezando por la congelación de los asentamientos, un paso crucial.
La muralla que separa desde 1960 a EEUU y a Cuba sigue en pie, pero Obama ha suavizado las sanciones y ha multiplicado los gestos de buena voluntad.
Su respuesta al golpe en Honduras del 28 de junio y a las continuas provocaciones de Hugo Chávez son un soplo de aire fresco en las siempre complejas relaciones de Iberoamérica con el coloso del norte.
Reducción de armas estratégicas.
Con el acuerdo del 6 de julio con Rusia para firmar una nueva reducción de armas estratégicas antes de fin de año, la anulación (el 17 de septiembre) del proyecto antimisilístico en Polonia y la República Checa, y el compromiso a favor del desarme nuclear global, Obama ha facilitado y legitimado la lucha contra la proliferación, y ha revertido una tendencia enloquecida que sólo favorecía a países como Corea del Norte.
Afganistán no está más tranquila que hace un año, pero Obama, al menos, ha reconocido las contradicciones y graves errores cometidos en los siete años anteriores de guerra y está tratando de corregirlos. No será fácil ni rápido, pero es el primer paso para salir del pantano heredado de Bush.
Al Gore, Jimmy Carter, Henry Kissinger, Yasir Arafat, Simón Peres, Kofi Annan, Kim Dae-Jung, Martti Ahtisaari... ¿Habían hecho más méritos que Obama cuando recibieron el Nobel? Es discutible, pero, concediéndole el Nobel cuando no ha cumplido nueve meses en la Casa Blanca, ¿qué premio se le puede dar cuando dé fruto alguna de sus principales iniciativas?
(Artículo de Felipe Sahagún, publicado en la edición digital de "El Mundo" el 9 de octubre de 2009)
POLÍTICA Código de Buen Gobierno en Extremadura
Ningún hotel de cinco estrellas y las dietas no superarán los 60 euros
PSOE y PP regulan sueldos, viajes, coches oficiales o la publicidad
Efe Mérida
Actualizado jueves 08/10/2009 20:44 horas
Los líderes extremeños del PSOE, Guillermo Fernández Vara, y del PP, Jose Antonio Monago, han firmado un acuerdo de 16 puntos que regula aspectos como sueldos, dietas, viajes, coches oficiales o publicidad institucional, para mejorar la austeridad y la transparencia en la Administración regional, provincial y local.
El denominado Código del Buen Gobierno afecta también a cuantos organismos y empresas estén participadas mayoritariamente por socialistas y 'populares', y está abierto a que se pueden adherir otras fuerzas políticas, aunque Fernández Vara ha precisado en rueda de prensa que PSOE y PP representan al 95% de los extremeños.
No obstante, a partir de este jueves las administraciones, organismos y empresas afectadas deberán concretar cada una de las medidas. El documento, según el secretario regional socialista, "va más allá" de los siete principios aprobados por el Consejo de Gobierno de Extremadura en marzo.
El acuerdo establece que el sueldo del presidente de la Junta no superará la media de lo que perciben sus homólogos en el conjunto de España y la congelación de los sueldos de los cargos de todas las administraciones mientras se mantenga la crisis.
No se podrán usar hoteles de cinco estrellas y la manutención diaria no superará los 60 euros. El parque móvil también se congelará, los vehículos oficiales no se sustituirán hasta contar con un mínimo de 300.000 kilómetros y las adquisiciones serán de gama media.
Las administraciones deberán asumir un compromiso de reducir el gasto en medios informáticos y telecomunicación en un diez por ciento, y habrá una ley regional que regule la publicidad institucional. Además, deberán colgar en sus portales de Internet las retribuciones y dietas cobradas en el año anterior.
(noticia publicada en el El MUNDO, viernes 9 de octubre de 2009)
Cuando se dice que en algún asunto se ha producido un giro, con frecuencia se añade a continuación el adjetivo inesperado. Pues bien, en el caso Millet se ha producido esta semana un giro de signo contrario, un giro esperado: han entrado en escena los partidos políticos. ¿Por qué era de esperar? Por una razón de fondo y otra de forma.
La razón de fondo es que la impunidad de que ha gozado Millet en estos años, sorteando controles privados y públicos, hacía prever que necesitaba determinadas connivencias, tanto de la sociedad –civil, por supuesto– como de las instituciones públicas. Uno sólo comete tantas irregularidades cuando se siente seguro dentro de la esfera en que actúa y esta seguridad proviene siempre de las complicidades que ha ido tejiendo.
Pero, además, está la razón formal. En la escenificación pública que ha tenido lugar desde el 23 de julio en que se empezó a descubrir el tinglado, destacados miembros del establishment político y social de Catalunya han insistido en que la responsabilidad debía circunscribirse a Millet, a un tal Montull y a la hija de este. Cuando lo decían se les notaba que la camisa no les llegaba al cuerpo. Es evidente que un fraude continuado de esta magnitud no podía llevarse acabo sin el amparo de una trama que también se beneficiara del fraude y, por esta razón, como mínimo, mirara hacia otro lado. Afortunadamente, ni la Agencia Tributaria estatal que descubrió los indicios de delito, ni la Fiscalía que actuó con la debida diligencia, pertenecían a esta trama y han actuado con la independencia que les es propia cumpliendo así con sus respectivas funciones.
Las declaraciones de Ángel Colom han dado la medida de cómo actúan algunos que, diciendo que "sirven al país", lo que hacen es "servirse del país". Ya se sabe que cuando alguien invoca la patria, lo mejor es comprobar inmediatamente si aún conservas la cartera. Ofrece dudas la cantidad que Millet dio a Colom para, supuestamente, liquidar las deudas del PI. Pero lo significativo es que en el momento que esto sucedió, Colom acababa de afiliarse a Convergència. Hagan, lectores, las cábalas que quieran. Y ya pueden decir desde Convergència que los 630.000 euros recibidos por la Fundació Trias Fargas son legales y están documentados y auditados. Démoslo por bueno. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual el Palau subvencionaba a una fundación ligada a un partido político? Si el Palau se nutría en muy buena parte de donaciones privadas y ayudas públicas, ¿no hubiera debido destinar los fondos que recibía a mejorar sus actividades musicales, remunerar mejor a sus colaboradores, muchos de ellos simples voluntarios que no cobraban un duro, o rebajar el precio de las entradas del Palau? Lo que empezó como el caso Millet puede convertirse en un caso con nombres distintos. El asunto no ha hecho más que empezar. Cuando alguien invoca la patria, lo mejor es comprobar inmediatamente si aún conservas la cartera.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 3 de octubre de 2009)
Algo muy importante falla cuando las propias Administraciones públicas demoran sus pagos, y ponen en grandes dificultades a las empresas que trabajan para ellas. En tiempos de crisis, los retrasos de instituciones como el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA pueden ser la puntilla para sus proveedores, lo que obliga a que el sector público reconsidere sus prioridades de gasto tomando medidas de austeridad que hoy brillan por su ausencia.
UN SECTOR público que duplica y triplica la prestación de servicios y que aumenta sin cesar el número de cargos de confianza se convierte a la vez en deudor de autónomos y pequeñas y medianas empresas para los que esta demora puede ser el golpe definitivo que les haga tirar la toalla. Las quejas y denuncias de estos pequeños empresarios, que en algunos casos tardan hasta diez meses en cobrar de las instituciones, pone sobre la mesa los problemas de financiación eternamente pendientes de los ayuntamientos, pero también debiera obligar a quienes gobiernan cualquier institución a dar ejemplo de austeridad suprimiendo gastos superfluos o, por ejemplo, reduciendo drásticamente el número de cargos de confianza. Aunque las administraciones rechazan que las demoras sean tan "excesivas e injustificables" como denuncian las organizaciones empresariales, el hecho es que no tiene sentido entrar en una guerra de cifras. Lo único realmente necesario es que se cumpla el plazo legal, que estipula un límite de 60 días, y que se arbitren medidas para aliviar la situación límite a que se ven injustamente abocados quienes conforman el entramado básico para mantener la actividad económica y generar empleo.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 5 de septiembre de 2009)
España está a la cola de la Unión Europea y de la OCDE en cuanto a efectividad gubernamental y lucha contra la corrupción. Así resulta de un informe sobre Indicadores de Buen Gobierno elaborado recientemente por el Banco Mundial. Sólo nos hacen malos (y no pésimos) Chipre, Grecia y la querida Italia cuyo nivelazo es inigualable. Los demás países ofrecen mejores resultados. Particularmente en la lucha contra la corrupción, se afirma que España no ha hecho progresos desde 2003.
Días antes, la Fundación Alternativas, publicaba su interesante Informe sobre la Democracia en España. En él se afirma que la calidad de ésta ha bajado respecto el año anterior, pasando de un 6,2 a un 6. Se expresa literalmente que "España es un país relativamente corrupto comparado con los de su entorno, utilizando los indicadores estándar aunque existen razones fundadas para sospechar que la corrupción es incluso más elevada de lo que apuntan los indicadores".
En las mismas fechas otra prestigiosa institución como Transparencia Internacional ha emitido su Informe anual resaltando la percepción de los españoles de que existe un alto grado de corrupción, considerando la empresa privada (29%) y los partidos políticos (27%) como los sectores sociales más implicados, y estimando el 44% de los españoles (frente al 25%) que la actuación del Gobierno en esta materia es ineficaz.
Hasta aquí los datos. Reflexionar sobre la corrupción, aunque los parámetros fuesen bajos, es fundamental. Admitir resignadamente que en toda sociedad existe un porcentaje asumible de corrupción es algo que debe ser (acaso utópicamente) rechazado. Lo que diferencia los sistemas democráticos de los totalitarios es la existencia de mecanismos básicos de control y unas pautas mínimas de transparencia. Del nivel de ello y del funcionamiento adecuado de las instancias administrativas, políticas y judiciales depende la calidad de la democracia.
Por muy democrático que sea un país si los ciudadanos tienen una percepción que la ley no trata por igual a todos o existe impunidad para diversos jerarcas económicos o de otro tipo o que muy diversos políticos tienen negocios o relaciones peligrosas con auténticos corruptos, deben encenderse luces rojas. La aceptación resignada de todo ello acontece en nuestra cercana Italia. Pero pensemos también en nosotros.
Es fundamental valorar nuestras democracias. Éstas se cualifican por el equilibrio de poderes y contrapoderes y la sujeción de todos por igual a la Ley. Pero también por el grado de desarrollo de los derechos humanos. Aquí debe destacarse que junto a los clásicos y fundamentales derechos y libertades, han surgido otros que algunos llaman de tercera generación y que inciden en materias que los textos constitucionales antes no trataban y de los que apenas se hablaba. Son los derechos sobre el tratamiento de datos personales vinculados a nuevas tecnologías y avances científicos, el derecho al medio ambiente y a disponer de agua, los derechos de enfermos y pacientes... Todos tienen reflejo en las últimas normas jurídicas.
Uno es el llamado "derecho a una buena Administración". Lo recogen todos los Estatutos de Autonomía últimamente modificados: Comunidad Valenciana (artículo 9), Cataluña (artículo 30), Andalucía (artículo 30) Castilla y León (artículo 12), etcétera. Y, a nivel europeo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE de diciembre de 2007, cuyo artículo 41 lleva ese título por rúbrica. Ésta no se refiere sólo al reduccionismo del derecho individual a acceder a los servicios públicos. Ejes como la imparcialidad, la sujeción a la ley, la transparencia, igualdad, objetividad no es algo sólo exigible por los sujetos individuales sino que es un derecho colectivo, acertando el Estatuto de Aragón al expresar que "los poderes públicos están vinculados por estos derechos".
Esas nuevas referencias normativas contrastan con el silencio del Plan de Derechos Humanos que el Gobierno aprobó en diciembre tras larga gestación. Aunque es dudosa su efectividad, su mera existencia es ya positiva y tiene aspectos interesantes aunque parece un extenso catálogo de ideas sobre democracia, derechos y libertades. Sin embargo, no contiene ni una mención a algo relacionado con lo que estamos exponiendo. Sorprende que mientras otras libertades muy consolidadas vengan recogidas enfáticamente, no exista una sola referencia a algo que los indicadores expuestos al principio evidencian fallos sobre lo que significa transparencia, control, igualdad ante la ley, ausencia de impunidad, etcétera. Parece una descoordinación más entre la clase política y las percepciones de la ciudadanía ante el retroceso en nuestra calidad democrática.
No toda responsabilidad es del Gobierno o los Gobiernos autonómicos y locales que tienen mucho que decir (o callar, según se mire). En numerosas zonas costeras, el olor no es sólo de salitre. También instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial o los medios de comunicación mucho deberían reflexionar. Y qué decir de los dirigentes que arrinconan códigos éticos y no son nada contundentes a la hora de limpiar su propia porquería y en cambio están siempre dispuestos para ver la viga en el ojo ajeno. Sobra cinismo e incoherencia. Falta valentía, sentido de Estado y responsabilidad. Y reflexión...
(Artículo de Jesús López-Medel, publicado en "El País" el 23 de agosto de 2009).
Diversos informes internacionales muestran un leve pero claro incremento de la corrupción en España. Sin embargo, esta evidencia no ha generado una respuesta adecuada por parte de quienes tienen la responsabilidad de acotar este fenómeno ni tampoco entre los ciudadanos. Lo que los medios de comunicación publican es solo, lamentablemente, la punta del iceberg, el momento en el que son descubiertos hechos punibles. A decir verdad, hay sucesos que son noticia cotidiana mientras otros solo tienen un reflejo esporádico. Otros, aun cuando son vox pópuli, ni eso.
Igual que sucede con otro país latino, Italia, parece ser que la ciudadanía no castiga con fuerza ese tipo de sucesos. En una polarización tan marcada donde el hecho de derrotar al enemigo vale tanto o más que la adhesión al candidato teóricamente más afín, el escándalo de la corrupción no suele conllevar un castigo político en las urnas.
ELLO SUPONE una doble consecuencia. En primer lugar, la admisión de un margen de normalidad o aceptación para ciertos niveles de corrupción como si fuese admisible o tolerable siempre que no resulte en exceso abundante. La segunda consecuencia, que deriva de la anterior, es la falta de reacción de una dirigencia que actúa con pasividad ante la evidencia de que los escándalos por corrupción no parecen pasarles factura. Pero algunos se plantean que si hubiera una reacción rápida de cortar cabezas de raíz dentro del propio partido, este resultaría premiado.
¿Seguiría siendo tan reticente la clase política si las encuestas revelasen una penalización por la falta de respuestas prontas y efectivas? No solo los sondeos sobre voto, sino también las propias elecciones suelen tratar con benevolencia estos hechos reprobables. No pocos municipios, diputaciones o comunidades autónomas son claro ejemplo. Sin embargo, es tan peligroso como obsceno pretender que unos buenos resultados electorales sean considerados como un indulto popular por aquellos que están bajo sospecha.
El voto en España aún está muy polarizado. Pese a que hay centenares de miles de electores que son capaces de votar al PSOE o al PP, según las circunstancias, la gran mayoría son de voto fijo, hagan lo que hagan y sean quienes sean sus líderes. Es a ellos precisamente a quienes la existencia de informaciones sobre corrupción de sus miembros electos no les afectará sobremanera a la hora de seguir votándoles. A lo sumo, optarán por la abstención, especialmente si son afines a partidos de izquierda. Las informaciones y elecciones recientes revelan que ciertos votantes hacen caso omiso a ello. Acaso con el maniqueo argumento de que "son de los nuestros".
Otro argumento de especial utilización interesada en estos casos es el de la "presunción de inocencia". Este es un presupuesto básico en términos de garantía jurídica con carácter penal y se mantiene en tanto no existe sentencia condenatoria. Pero este argumento no puede mantenerse al mismo nivel en el ámbito político. Hay situaciones en las que aún no existe procesalmente esa condena, pero en las que deben tomarse decisiones políticas. Por decoro, por estética, por respeto a las instituciones, por dignidad. Las situaciones previas son variadas: imputado, procesado, inculpado... Incluso otras en las que, sin haberse llegado a ello, la difusión de noticias es tan clamorosa y rotunda que no debe esperarse a la actuación de los tribunales para que los dirigentes políticos reaccionen de inmediato.
Ciertamente, el juego de los medios de comunicación debe estar presidido por la responsabilidad. Todos conocemos casos en los que determinadas cacerías políticas han tenido su ariete más firme en el empecinamiento de un medio concreto, que ha insistido con gran contundencia en cobrarse esa pieza política, social e incluso judicial. Hasta el partido opositor ha ido siguiendo la estela de las investigaciones y divulgaciones periodísticas.
ECHAR LA VISTA atrás en nuestro país y compararlo con las realidades de otros lugares pone en evidencia que nuestros políticos apenas usan el verbo dimitir. Hacen piña y buscan echar la culpa a otros: jueces, periódicos, etcétera. Todo con el objectivo de evitar asumir realidades. Se acude con frecuencia al repliegue tribal y la defensa a toda costa, especialmente si ocupa un cargo orgánico relevante o si hay motivos especiales de agradecimiento. No pocas veces se traslada la idea de que dimitir es aceptar los hechos, cuando en realidad se puede hacer una mejor defensa jurídica desde la distancia y se evitan daños al partido de pertenencia.
A veces la ciudadanía interpreta la prudencia en las resoluciones de los dirigentes como falta de valentía y una incapacidad para tomar decisiones. Si eso es en un plano interno, la extensión de esas mismas actitudes para resolver los asuntos generales será un argumento letal.
Durante mi dedicación a la política he conocido en todos los partidos compañeros comprometidos con unas ideas y que rechazan que otros embadurnen tanto las siglas como la nobleza de la actividad. Sin embargo, luego son incapaces de hacer oír su voz tanto interna como públicamente, cuando se producen hechos rechazables. La estrategia del grupo se vuelve a convertir en dogma. ¡Qué pena!En realidad se puede hacer una mejor defensa jurídica desde la distancia y se evitan daños al partido de pertenencia.
A veces la ciudadanía interpreta la prudencia en las resoluciones de los dirigentes como falta de valentía y una incapacidad para tomar decisiones. Si eso es en un plano interno, la extensión de esas mismas actitudes para resolver los asuntos generales será un argumento letal.
Durante mi dedicación a la política he conocido en todos los partidos compañeros comprometidos con unas ideas y que rechazan que otros embadurnen tanto las siglas como la nobleza de la actividad. Sin embargo, luego son incapaces de hacer oír su voz tanto interna como públicamente, cuando se producen hechos rechazables. La estrategia del grupo se vuelve a convertir en dogma. ¡Qué pena!
(Artículo de Jesús López-Medel, publicado en "El Periódico de Aragón" el 15 de agosto de 2009).
Las noticias aparecidas en los últimos meses sobre corruptelas de alcaldes y concejales en Aragón -en todo el país, en general- va más allá de puntuales ovejas descarriadas. Aunque se hace necesario diferenciar dos tipos de situaciones del todo diferentes: la que se refiere al uso irregular de los fondos públicos, combatible únicamente desde los tribunales, y la relativa al pago de sueldos a los miembros de las corporaciones. Esta es más complicada, y habla de un modelo erróneo: la financiación de las instituciones locales necesita de forma urgente una renovación. Algo que se manifiesta también en el maná que suponen las subvenciones públicas para los ayuntamientos, lo que vicia irremediablemente el sistema.
Muchos de los casos han salido ya a la luz pública, aunque da la impresión de que se trata tan solo de la punta del iceberg. Un convenio entre Medio Ambiente y la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL). Los agentes de desarrollo local (ADL) que contratan las diputaciones provinciales. Gran parte de los asesores de los departamentos del Gobierno de Aragón. Se trata en realidad de mecanismos irregulares que introducen las instituciones aragonesas para poner un sueldo a alcaldes y concejales, o a simples integrantes de las listas electorales. Y eso que aún falta por conocer quiénes cobran de empresas públicas como Sodemasa o Sirasa, al igual que de otros organismos públicos controlados por el Ejecutivo autonómico.
Queda fuera de toda duda, como se ha dicho, que constituyen procedimientos de contratación irregular. Ahora bien, también da la impresión de que el objetivo no es tan espurio. Como siempre, el objetivo no justifica los medios, aunque también parece necesario encontrar una solución para profesionalizar la política, al menos en parte, también a nivel local. Porque quien está en contacto estrecho con responsables municipales sabe que se trata en muchas ocasiones de un trabajo esforzado y no siempre agradecido.
Es cuestión de buscar fórmulas. Fijar una cantidad en función de variables como la población, con un máximo de liberados por corporación, acompañado de otras medidas como limitar el número de mandatos, con el objetivo de evitar que los regidores se perpetúen en sus cargos -el mayor germen de la corrupción. ¿Cuál es entonces el problema? Que no parece muy popular esta decisión. Que generaría numerosas críticas. Y las críticas nunca son bienvenidas si uno puede meter la cabeza bajo tierra.
(Artículo de Luis Faci, publicado en "Heraldo de Aragón" el 16 de agosto de 2009).
Tan pronto como irrumpe alguna innovación, ya hay palabras o expresiones para definirla. Y la creciente arbitrariedad de la Administración no podía ser excepción. Dicen los funcionarios: "A ver si me reclaman para tal puesto". Y lo dicen con normalidad, reconociendo de hecho que tal reclamación es fruto de sus gestiones y contactos, y que el nombramiento que derive será discrecional, en comisión de servicios o de alguna otra forma excepcional, distinta del procedimiento normal de provisión. En la Administración aragonesa, la carrera de los funcionarios se desarrolla de forma creciente y casi única mediante esos procedimientos tangenciales, "buscándose la vida", negociando en el mercadillo en que se ha convertido. Un sistema que pervierte el reconocimiento del mérito y capacidad, que debiera ser la única norma válida.
(Artículo de Julio Calvo Iglesias, publicado en "Heraldo de Aragón" el 11 de agosto de 2009).
Nos quejamos del funcionamiento de las democracias. Como consuelo invocamos la famosa frase de Churchill: "Es la peor forma de gobierno a excepción de todas las demás". Criticamos a los políticos, desacreditados aquí y allá, ahora y siempre. Reclamamos más participación ciudadana, lamentamos la gran abstención en las elecciones europeas y la consideramos un síntoma de desafección generalizada hacia la política. Pero fácilmente cambiamos de canal cuando se emite un debate sobre temas políticos y prestamos más atención a Carla Bruni que a su actual marido cuando el presidente de la República Francesa visita oficialmente España. ¿Quiénes tienen razón, los políticos o los apáticos ciudadanos que les critican?
La democracia, teóricamente, es una forma de gobernarnos a nosotros mismos, de autogobernarnos, pero ¿es realmente la mejor forma de gobierno? ¿Por qué las empresas mercantiles más competitivas, las que mejor funcionan y proporcionan servicios buenos y baratos, no se gobiernan por métodos democráticos y, en cambio, las organizaciones políticas sí? ¿Estamos seguros de que la democracia es la mejor forma de gobernar una sociedad? ¿Las decisiones adoptadas por una mayoría son siempre las más convenientes? Desde siempre todas estas cuestiones preocupan a la doctrina política y no cesa el debate en torno a la naturaleza de la democracia, la organización de los poderes y los procedimientos de toma de decisiones colectivas. Félix Ovejero, profesor de filosofía política en la Universitat de Barcelona y conocido ensayista, es uno de los mejores expertos españoles en teoría de la democracia. Su última publicación (Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo y republicanismo, Katz, Madrid, 2008) está dedicada a responder estos y otros interrogantes. En este libro, Ovejero efectúa una reflexión de conjunto sobre los actuales problemas de la democracia sometiendo a crítica el actual debate teórico sobre esta, muy especialmente el que se está desarrollando en el mundo anglosajón. A estos efectos, desmenuza las principales piezas de este debate, demuestra un abrumador dominio de la bibliografía más reciente y analiza las razones de unos y otros hasta llegar a exponer una posición personal sobre todas las cuestiones que plantea. Sus conocimientos y preocupaciones por el funcionamiento de la democracia en España no son ajenos, por supuesto, a esta reflexión. Ovejero parte de dos grandes modelos de democracia: la elitista y la republicana. La primera es la democracia liberal clásica, la democracia actual en los países occidentales con todos los defectos que comprobamos día a día: una democracia de partidos políticos convertidos en máquinas electorales que reparten cargos públicos, todos ellos con idearios y programas muy similares, sean de derechas o izquierdas, con un grave déficit de debate político, tanto en los parlamentos como en la opinión pública, debido a la falta de formación cívica y a la poca transparencia de las negociaciones entre partidos cuando adoptan decisiones políticas. Para el profesor Ovejero, este poco estimulante panorama, que conduce hacia el populismo de los gobernantes y a la abstención de los electores, está provocado por las mismas instituciones del sistema democrático realmente existente y conviene a todos los partidos que se turnan en el poder. No es cierto, dice nuestro autor, que los partidos lamenten la abstención electoral. Al contrario: para ellos es una solución. ¿Cómo desbloquear esta democracia de élites, estos poderes públicos secuestrados a los ciudadanos y dominados por una aristocracia formada por los dirigentes políticos? Ovejero plantea un cambio de rumbo: hay que modificar, ampliar y perfeccionar los mecanismos de participación ciudadana recuperando la tradición republicana de pensamiento político, aquella que, según sus partidarios, se inicia en la Grecia de Pericles y prosigue en la Roma de Cicerón, en la Florencia de Maquiavelo y en los años radicales de la revolución inglesa de mediados del siglo XVII. Esta tradición, sostiene Ovejero, fue interrumpida por el giro conservador que acabó por imponerse en las primeras democracias liberales –la británica, la norteamericana y la francesa–, cuya huella pesa todavía demasiado en las democracias de hoy. Esta tradición republicana –nada que ver con la contraposición monarquía/república– no es inevitablemente contradictoria con los principios liberales, sino que los complementa y potencia mediante una participación ciudadana efectiva. Para ello, es preciso reforzar ciertos elementos, todavía muy débiles, de las democracias actuales: fomentar una cultura cívica más robusta, alcanzar una mayor igualdad social y organizar unas instituciones políticas que aumenten la calidad de la participación, en especial mejorando los mecanismos de deliberación a efectos de adoptar las decisiones políticas más adecuadas a los intereses de todos. Este es el programa que propone Félix Ovejero con todo lujo de matizados argumentos. Sólo así, dice, conseguiremos una democracia de ciudadanos. Bernard Shaw escribió una frase demoledora que Ovejero cita: "La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección debida a una mayoría incompetente". Creo que el libro de Ovejero está dedicado a evitar que esto sea cierto. La democracia es algo mucho más complejo que el simple gobierno de la mayoría, incluso en el caso de que esta fuera competente.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 9 de julio de 2009).
"el líder del futuro será quien cree las condiciones para que la gente innove"
"pero la pregunta sería: ¿cómo construyo una organización que motive a la gente a ofrecer su creatividad y pasión todos los días?
" un número reducido de personas puede secuestrar la capacidad de transformación de la empresa, supeditándola a su aversión individual al cambio"
GARY HAMEL ,experto en gestión empresarial
El Gobierno catalán ha presentado hoy el anteproyecto de ley que reformará la contratación pública
El País - Barcelona - 06/07/2009
El consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs, ha indicado que la Generalitat ya tiene listo el anteproyecto de ley que reformará la contratación pública. Éste establece, entre otras cosas, que quienes hayan aprobado una oposición para trabajar en la administración pública estén hasta tres meses de prueba para certificar sus aptitudes antes de tener plaza fija. Ausàs espera que el Consell Executiu apruebe la norma a finales de julio o principios de septiembre.
Otra de las grandes bazas de este anteproyecto afecta a los interinos. Quienes quieran cubrir vacantes en la Generalitat y las administraciones locales catalanas tendrán que pasar previamente un examen para garantizar así la transparencia en los procesos de selección y evitar contrataciones a dedo. También les afectará en las oposiciones, ya que puntuará menos el haber sido interino. Así, pasará de representar el 45% de la nota como ocurre en la actualidad a un 30%.
La reforma la motiva que los actuales criterios de selección de los funcionarios interinos no cumplen con los principios de igualdad de oportunidad, mérito y capacidad" necesarios, según la secretaria de Función Pública y Modernización de la Administración, Teresa Aragonès.
La ley también pretende reducir los elevados índices de interinaje y temporalidad, algo que ya está ocurriendo. Según los datos oficiales del Gobierno catalán, si en diciembre de 2006 el 27% de la plantilla de la Generalitat era interinos o laborales temporales, en junio este porcentaje se situó en el 24%.
COMO parecía lógico, la letrada mayor de las Cortes de Aragón ha ratificado el informe, elaborado por otro letrado de la Cámara, en el que se expresan dudas de constitucionalidad sobre tres artículos de la ley que habrá de hacer posible la puesta en marcha de Gran Scala. Este primer informe había provocado un considerable revuelo, lo que no es tan extraño si recordamos que el vicepresidente Biel sugirió que se debía a motivaciones políticas; y que se trata de una ley que habrá de dar cobertura jurídica a un proyecto avalado por el Gobierno PSOE-PAR como «el parque de ocio y cultura más grande del mundo» y como «oportunidad única en la historia de la Comunidad». Con estas premisas, el Gobierno recibió un jarro de agua fría con las correcciones técnicas del letrado que asesoró la ponencia que tramita el proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad. Pero causa estupor que a renglón seguido encargara otro informe a la letrada mayor, que no ha dudado en calificar la encomienda de «peculiar». Ahora, los partidos que impulsan la Ley, el PSOE y el PAR, no pueden tener ya ninguna duda sobre lo que piensan los servicios jurídicos. Por supuesto, como subraya la letrada mayor, se trata de una valoración técnica. Pero estaríamos en un escenario preocupante si las reservas de los expertos en leyes se tomaran a título de inventario o se minimizaran de modo que se perdiera el escrupuloso respeto debido a las cautelas y garantías jurídicas. Abordar un proyecto de esta trascendencia en medio de dudas sin resolver y sin el máximo consenso político no parece la mejor manera. Máxime cuando la crisis económica aconseja aquilatar al máximo la viabilidad de los proyectos por los que se apuesta; presentado como el relevo de la Expo, Gran Scala es todavía una entelequia. No es asunto menor, por último, la aclaración, que dice haberse visto obligada a hacer la letrada mayor, acerca de la total ausencia de presiones para efectuar su dictamen. No podía ser de otra manera, pero los responsables políticos debieran reflexionar sobre las razones que han hecho necesaria esta insólita puntualización.
(Editorial de “Heraldo de Aragón”, publicado el día 25 de junio de 2009).
Los españoles perciben a los partidos políticos como la institución más corrupta, con una nota de 3,6 sobre un máximo de 5, según el Barómetro Global de la Corrupción 2009 elaborado por la ONG Transparencia Internacional. Tras los partidos se sitúa el sector privado (3,5), el Parlamento y los medios de comunicación (ambos con un 3,1) y el Poder Judicial y, por último, los funcionarios (3,0).
Publicado en Expansión el 03-06-2009 , procedente de Agencias
Los objetivos de modernización de la Administración y mejora de la calidad de los servicios públicos no se pueden alcanzar sin una adecuada gestión del principal activo con el que cuenta la Administración, como es su capital humano. La mejor gestión del empleo al servicio de las distintas AAPP exige, sin duda, disponer de políticas coherentes y racionales de dotación de efectivos con la necesaria estabilidad y fijeza, que atiendan a las necesidades reales de los servicios, y a limitar la temporalidad a la que es necesaria para atender necesidades estrictamente de naturaleza coyuntural.
(Informe sobre temporalidad en el empleo público, elaborado por el Consejo Económico y Social de España, 2004).
La fiscalía de Teruel ha lanzado durísimas críticas contra el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno PSOE-PAR, que dirige Alfredo Boné, recogidas en la memoria del Fiscal General del Estado. El fiscal acusa a Medio Ambiente de “sabotear” su labor y califica de “muerte por inanición” el trato dado a los funcionarios, mientras se da trabajos a personal de Sodemasa, de “mayor fidelidad”. El Presidente Iglesias tendría que dar explicaciones.
(Publicado en “Heraldo de Aragón”, el 13 de mayo de 2009).
Uno de los efectos más perniciosos de los casos de corrupción es el riesgo de descrédito generalizado de la actividad política. Por eso resulta alentador el movimiento surgido entre los vecinos de La Muela para expresar su preocupación por los hechos denunciados y pedir la regeneración de la gestión municipal. Los políticos han de estar a la altura, lo que incluye que el Gobierno PSOE-PAR venza su insólita resistencia a hablar en las Cortes.
DURANTE los episodios más sangrantes de la corrupción política en diversos lugares de España ha sido frecuente, por desgracia, ver a los vecinos jalear ante las cámaras de televisión a políticos acusados de prácticas deshonestas y delictivas. Varios ediles implicados en notorios escándalos han revalidado su puesto con mayorías absolutas. La percepción de que la mala gestión pública es una variante tolerable de la picaresca, lo que es peor, la resignación ante actitudes y comportamientos que se ven como inexorables suponen una grave amenaza para la salud del sistema democrático. Por eso, que un grupo de vecinos de La Muela promueva una manifestación para expresar el rechazo por los hechos denunciados y pedir una solución para el Consistorio es señal de buena salud cívica. Escudado en que el asunto está sub iúdice, el Gobierno de Aragón da la callada por respuesta ante las peticiones, que han formulado tanto el PP como CHA, para que se explique en las Cortes. Se trata de una cerrazón incomprensible, que devalúa la vida parlamentaria y que tiene mal encaje con las reglas de transparencia que exige la democracia. El respeto a la actuación judicial no debiera servir de coartada para hacer dejación de la responsabilidad política.
(Editorial de “Heraldo de Aragón”, publicado el 7 de mayo de 2009).
El mal funcionamiento de la Administración publica, que no es culpa de los funcionarios sino de quienes los dirigen, lesiona los principios del Estado de derecho
Por Angel Garces Sanagustin, Heraldo de Aragón, 04/05/2009.
Las chanzas sobre funcionarios se propagan con sorna por la España zaragatera y ociosa. Nadie puede negar que existen funcionarios absentistas , impuntuales o vagos. Pero el problema no es tanto de ellos como de quienes consienten la
desidia. Acusar a los funcionarios del mal funcionamiento de la Administracion espanola es tan injusto como culpabilizar a los trabajadores de General Motors de la delicada situacion economica por la que atraviesa la empresa.
La ciudadanía debería conocer que hemos resucitado las cesantías decimonónicas, Durante el siglo XIX, el cambio de gobiemo implicaba el cese de los funcionarios desafectos y su sustitución por otros más proclives al nuevo gobiemo.
La inamovilidad de los funcionarios, de la que tanto se quejan algunos, fue un logro del Estado de derecho, pues permite preservar la independencia del empleado público. En la actualidad no se puede echar a los funcionarios, pero si se les puede relegar a las penumbras de la inactividad. Las Administraciones españolas son hoy un cementerio repleto de nichos en los que yacen los funcionarios que apostaron por la objetividad, la imparcialidad y la independencia.
Tambien debe saber la ciudadanía que los puestos de mayor responsabilidad son adjudicados por libre designación, es decir, a dedo. Y el problema no es tanto la libre designación como la libre remoción, inherente al sistema, con la que se garantiza la sumision absoluta del funcionario al poder político. Al final, hemos llegado a tal situación esquizofrénica que las palabras indican lo contrario de lo que significan.
El funcionario de carrera ya no puede hacer carrera y los funcionarios de empleo, interinos 0 eventuales, se caracterizan precisamente por no tener garantizado su empleo y,por lo tanto, por su precariedad y docilidad.
Además, el asunto de La Muela pone de relieve que han desaparecido los controles internos en la Administracion y que los interventores se han convertido en meras figuras decorativas.
Desaparecido el control de legalidad, solo queda la tenue línea que une a una persona con su conciencia. Eso sí, hemos inflado el panorama público de figuras como el Defensor del Pueblo
o el Justicia de Aragon, que deberian estudiarse en clases de antropología 0 de folclore antes que en las aulas de Derecho. Aunque, en honor a la verdad, el Justicia es una apreciable editorial.
Por otro lado, España es el único país del mundo desarrollado en el que la responsabilidad penal abarcar más supuestos que la responsabilidad política. Son múltiples los casos de políticos condenados en firme que continúan subrepticia o palmariamente en una actividad pública.
Y todo ello se ha hecho en nombre de la eficacia y de la democracia. Se llega a invocar la democracia para incumplir las leyes o para prevaricar. Deberíamos empezar a reivindicar que también somos un Estado de derecho. Al fin y al cabo, el articulo 1 de la Constitucion establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho.
No podemos soslayar esto último sin arrumbar las bases que sustentan nuestro sistema. Y los sindicatos? Ni están ni se les espera.
Tras décadas de predominio de lo privado, vuelve a reivindicarse con fuerza un papel activo de lo público, de la Administración. Para ser consecuentes hay que desprenderse de determinados prejuicios.
Se viven tiempos de reivindicación de lo público. Las voces son confusas, poco sutiles e incluso paradójicas. Faltan matices y se atiende a la inmediatez. Pero todos parecen coincidir en que tras décadas de dominio de lo privado, es hora de volver la mirada hacia lo público. No sólo como un necesario sujeto pasivo, como sujeto-garantía, también reclamando su presencia como sujeto activo, algo casi universalmente denostado hasta no hace demasiados meses.
No hay nada extraño en este “revival”. Al margen de consideraciones coyunturales, incluso de ciertos problemas estructurales, la historia demuestra con constancia su carácter cíclico, ciclos que se proyectan también sobre lo ideológico. Ni el liberalismo estaba muerto y desaparecido hace cuarenta años ni el socialismo lo estaba hace cinco. Uno y otro son fundamento de algunas de las más relevantes ideas que ha aportado el espíritu humano y, afortunadamente, seguirán allí para su reivindicación y uso por generaciones posteriores, con las lógicas adiciones que deben enriquecer nuestro bagaje intelectual y, a la postre, instrumental para gestionar sociedades cada vez más complejas.
Pero hoy es mi propósito comentar la resurrección de la ideología de lo público y del sustrato social y político que acompaña este fenómeno. Nada hay de extraño en ello. Los tiempos de crisis son siempre propicios para mirar hacia el espacio público. Más si, como es el caso, la crisis deriva de fallos evidentes de algunas de las premisas de un liberalismo mal entendido en sus últimas consecuencias. Por otra parte, toda crisis es tiempo natural para los miedos y desde los mismos, todos, incluso quienes fueron críticos implacables de lo público, esperan hoy su resguardo y, cómo no, su dádiva. Así, resulta lógico que hoy se busque en el espacio público un demiurgo omnipotente tanto en su faceta de poder controlador como en la de interviniente activo sobre la desgraciada realidad.
Creo que esa necesaria mirada debe ir acompañada tanto de una revisión crítica de lo hecho como de una valoración responsable de las últimas consecuencias que han acompañado el hacer y el no hacer. La mirada a un pasado que es todavía presente no puede ser complaciente. Nada sustantivo se corregirá si para el futuro no se es consecuente con los fallos y frivolidades generalizadas con las que se ha acometido la visión de lo público en las últimas décadas.
“No se han podido alcanzar los objetivos previstos porque aún no se ha podido constituir la correspondiente empresa pública”. Esta frase, pronunciada recientemente por un responsable político, podría haber sido enunciada por dirigentes políticos de prácticamente todo el arco parlamentario. Y, por qué no decirlo, por una parte sustantiva de la sociedad. Detrás de la misma parte una premisa poderosa: lo público es ineficiente, lo privado es eficiente. La paradoja radica en que la mirada a lo público que caracteriza los últimos meses no parece haber puesto en cuestión, al menos para muchos, esa premisa. Al menos no con todas sus consecuencias.
Son precisamente esas consecuencias las que resulta indispensable poner encima de la mesa. Creo que de nada sirve reclamar la intervención, preventiva, represiva o incentivadora, del poder público sin en paralelo desnudar algunos prejuicios y desmontar algunas comodidades. Hoy, como ayer, es preciso un poder público fuerte. Ello es compatible tanto con un modelo liberal como con otro de corte más intervencionista. Un núcleo público fuerte es condición, premisa del Estado y del funcionamiento eficaz de la Administración. Núcleo y funcionamiento que no excluyen la colaboración con el sector privado pero que sí distinguen con firmeza intereses y áreas de actuación. Así, es hora de reivindicar la importancia, durante estos años demasiado olvidada, de la Administración como garante no sólo del más eficaz cumplimiento del correspondiente programa de gobierno sino también como salvaguarda de los intereses de todos. En ello y para ello, el papel del Derecho Público y de los funcionarios públicos es esencial. Devaluarlo es abrir una grieta por la que no sólo se escapan posibles incomodidades y eventuales retrasos, sino también garantías, seguridad y transparencia. Y, aunque muchos se resistan a compartirlo, buen hacer. Procedimiento y función pública están construidos por su propia definición no sólo, lo que no es poco, para asegurar elementos esenciales del Estado de derecho, sino también para obtener las condiciones óptimas para el buen desempeño del trabajo.
Sí, mirar hacia lo público y reivindicarlo. Pero con todas sus consecuencias. Con la reivindicación consecuente del papel de la Administración y del Derecho Público. Con la reivindicación consecuente de las garantías, del control y transparencia que es inherente al actuar público en el Estado de derecho y en la democracia. Desde esas premisas se podrán seguir trabando formas de colaboración con el sector privado. Desde esas premisas se fortalecerá la legitimidad social de una Administración pública en demasiadas ocasiones debilitada por intereses y frivolidades.
(Artículo de José Tudela Aranda, Letrado de las Cortes de Aragón, publicado en “Heraldo de Aragón”, el 25 de abril de 2009).
Da que pensar -y no necesariamente bien- el hecho de que más de la mitad de los asesores contratados -a dedo- por los distintos departamentos del Gobierno de Aragón tengan o hayan tenido previamente cargos políticos. Las asesorías parecen ser una buena salida labora para muchos “ex” y un complemento para otros. Pero ni el gobierno puede ser una agencia de colocación de amigos políticos ni los ciudadanos tienen por qué soportar una carga improductiva.
(Publicado en Heraldo de Aragón, el 13 de abril de 2009).
Las investigaciones judiciales determinarán el alcance de las responsabilidades penales en la gestión urbanística de La Muela. Pero lo judicial no agota las implicaciones y consecuencias de un caso que debería forzar a una seria autocrítica a los políticos de todos los partidos.
Lo ocurrido en La Muela en torno a la gestión de la alcaldesa María Victoria Pinilla no puede dejar de tener consecuencias en el sistema político aragonés. Es positivo saber que las posibles actuaciones irregulares no quedarán, al menos en este caso, impunes. Y los comportamientos delictivos son responsabilidad personal de quienes hayan podido incurrir en ellos y no deben servir para extender arbitrariamente un reproche general sobre toda la clase política. Ahora bien, parece claro así mismo que ni las instituciones ni los partidos políticos han sido capaces de ejercer los controles necesarios para descubrir, denunciar y frenar situaciones que, al calor del apogeo económico y urbanístico, resultaban desde hace mucho tiempo demasiado sospechosas y evidenciaban, al menos, una política temeraria y desmesurada. El caso de La Muela debe servir como punto de inflexión, como cierre de una época de laxitud y permisividad que no puede continuar. Es necesario crear instrumentos y hábitos políticos que tapen los huecos por los que penetra la corrupción y permitan atajarla de raíz. Resulta, por otra parte, digno de reseñar que sea un joven juez destinado en un puesto relativamente menor quien haya cogido las riendas de esta investigación. No es la Audiencia Nacional la única instancia llamada a combatir la corrupción, ni es bueno que así parezca. Hay en España miles de jueces y fiscales que también deben comprometerse en esa lucha.
(Editorial de “Heraldo de Aragón”, publicado el 22 de marzo de 2009).
Mi admirado Hipólito Gómez de las Roces suele decir que los políticos deben ir a las instituciones “a servir; no a servirse”. Ese enfoque aparentemente tan simple delimita claramente la frontera entre la honradez y la corrupción en el servicio público. Pero aplicar esa norma de conducta exige una austeridad casi jansenista y una rectitud a prueba de bombas. Cosas de otro tiempo, vamos. Que no son atributos que estén al alcance de esa legión de políticos que tienen menos moralidad que una almeja.
Los espíritus selectos no abundan en la política española. Cada día, sufrimos un sobresalto motivado por la conducta inmoral de un edil, la complicidad de un funcionario público y la connivencia de algún empresario. Un esquema que se repite y se basa en una cadena de corruptelas que, cada vez más sofisticadas, suelen quedar impunes. Con quebranto de la honra -¡qué inactual suena la expresión!- pero también, ¡ay!, con el aplauso de un vecindario que ha asumido el hediondo legado del gilismo. La corrupción es el lado oscuro de la democracia. Existe en todos los países. Sólo que en algunos no siempre se considera una práctica completamente reprobable. Una sociedad sin valores, como la nuestra, exhibe una asombrosa tolerancia con los estafadores que medran al amparo de la política. Con quienes no cumplen con su obligación, retuercen las leyes en beneficio propio y abusan de la confianza que depositamos en ellos. Sólo que a veces el sistema funciona y los pone a la sombra.
(Artículo de Rafael Fernández Ordóñez, publicado en “El Periódico de Aragón”, el 21 de marzo de 2009).
En su toma de posesión como Justicia de Aragón, Fernando García Vicente abogó por combatir a fondo la corrupción urbanística, un fenómeno que salpica a ayuntamientos y gobiernos dirigidos por todos los partidos y que está causando gran alarma social. La regeneración de la vida pública requiere controles y una transparencia que brillan por su ausencia más veces de lo deseable.
CONVERTIDO ayer oficialmente en el primer Justicia que podrá agotar el mandato máximo de quince años después de la reinstauración de la institución en la etapa autonómica, Fernando García Vicente hizo especial hincapié en un asunto que parece preocupar más a los ciudadanos que a los políticos. En efecto, los casos de presuntos delitos urbanísticos generan una gran alarma social, y se han convertido en algunas zonas de España con gran desarrollo urbanístico en un fenómeno casi endémico. La reflexión genérica de García Vicente coincide con la detención de la alcaldesa de La Muela y de cerca de una veintena de personas por presuntos delitos relacionados con el urbanismo. Como muy bien subrayó, las consideraciones efectuadas son totalmente independientes de este caso, sobre el que habrá de pronunciarse la Justicia. Pero está claro que, pase lo que pase, se impone un mayor rigor y transparencia en el cumplimiento de las normas, y en el uso del dinero público en los desarrollos, a veces desaforados, de municipios que muchas veces recurren a mecanismos de riesgo para compensar su falta de medios. Puesto que parece que los mecanismos de control existentes son mejorables, atajar cualquier práctica fuera de la ley ha de ser prioridad de las instituciones y la sociedad.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 20 de marzo de 2009).
(Extraído del editorial de “Heraldo de Aragón”, publicado el 28 de febrero de 2009).
No es casualidad que España haya escalado puestos en las clasificaciones internacionales que establecen el triste ránquin de la corrupción. La falta de control, la opacidad y la consigna de que en el poder el fin justifica los medios son caldo de cultivo de unas prácticas delictivas que corroen la esencia de la democracia y que a veces comienzan a larvarse cuando se cruza la delgada línea que separa el respeto a la legalidad y las normas del buen gobierno por el provecho propio o de partido.
El presidente del Parlament da 15 días al Gobierno para fotocopiar los estudios
MIQUEL NOGUER - Barcelona - 25/02/2009
Los polémicos informes que el Gobierno catalán encargó a asesores externos en 2007 y cuya utilidad ha sido cuestionada deberán ver la luz. Todos. Así lo ha exigido el presidente del Parlament, Ernest Benach, al presidente de la Generalitat, José Montilla, después que este último negara a la oposición copias de los documentos sospechosos.
El requerimiento de Benach a Montilla es el resultado de la petición de amparo hecha por el diputado de CiU Jordi Turull. La semana pasada éste denunció ante la presidencia de la Cámara que el Departamento de Presidencia le había puesto trabas para obtener copia de varios informes cuyo título, precio o autor le pareció sospechoso. Si bien Presidencia le dejó acceder a los documentos, no le permitió hacer fotocopias, lo que impide dar a conocer su contenido completo.
La respuesta de Benach ha sido rápida: ha tardado apenas cuatro días hábiles. El presidente del Parlament echa mano del reglamento de la Cámara para recordarle a Montilla que no cabe una negativa a la petición de información del diputado. Benach cita en su carta el artículo 5.3 de dicho reglamento, que es meridianamente claro sobre el derecho que tienen los diputados a pedir información al Gobierno.
Dicho reglamento sólo limita este derecho en caso que el documento solicitado tenga carácter secreto. "Las autoridades o la administración requeridas, en un plazo no superior a 15 días, han de facilitar al diputado o diputada, directamente o mediante la presidencia del Parlamento, la información solicitada o bien deben permitirle el acceso libremente para que lo estudie y tome las notas que crea oportunas si, dada la índole de la documentación o según la normativa vigente, no pueden facilitarle copia de la misma", reza el reglamento.
Benach, en su carta, asegura que del título de los informes solicitados se desprende que no afectan a nadie ni pueden contener datos de carácter personal y que no han estado declarados secretos. Llegado a esta conclusión, Benach le da 15 días a Montilla para cumplir lo establecido por el reglamento. Si no lo hace, advierte, "el diputado que ha formulado la demanda de información estará facultado para hacer una pregunta en la primera reunión del pleno".
Los tres departamentos que se negaron a hacer copias de los documentos son los que dirigen los líderes del tripartito, José Montilla (Presidencia), Josep Lluís Carod Rovira (Vicepresidencia) y Joan Saura (Interior y Relaciones Institucionales). De momento, CiU se ha limitado a pedir amparo ante la falta de colaboración de Presidencia, pero en los próximos días hará lo mismo con los otros dos departamentos.
El Gobierno catalán manifestó ayer que estaba "estudiando detenidamente" la carta de Benach. Fuentes de Presidencia, sin embargo, avanzaron que por ahora no se plantean cambiar de actitud, pues entienden que hay documentos del Gobierno que no deben publicarse. El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, añadió que CiU tiene escasa legitimidad para hacer estas peticiones, ya que -recordó- en tiempos de Jordi Pujol los diputados de la oposición incluso tuvieron que recurrir a la justicia ordinaria para obtener información del Gobierno.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el día 20 de febrero de 2009)
No se entiende, a no ser que haya interés en ocultar una verdad incómoda, que los socios del Gobierno de Aragón, PSOE-PAR, apoyados por IU, hayan rechazado la comisión de investigación que pedían los grupos parlamentarios del PP y la CHA en las Cortes. Años de obras y millones de dinero público enterrados en el edificio merecen una clarificación que se niega a la oposición y a los ciudadanos.
Desde que en 1994 la empresa Iris Park, propietaria del Gran Teatro Fleta, anunciara su cierre por inviabilidad económica, la voluntad política del Gobierno de Aragón por mantener en pie el edificio que diseñara en 1955 el arquitecto José de Yarza ha ido pareja a las vicisitudes del teatro, catalogado como bien de interés arquitectónico en 1986. Aunque posteriormente el ayuntamiento intentó su descatalogación para poder derruirlo y construir viviendas, el Gobierno de Aragón lo compró en 1998 por una cantidad en torno a los 1.170 millones de pesetas y anunció su rehabilitación. A partir de esta costosa operación -y ya con un cambio de gobierno en la DGA, puesto que el PP-PAR dio paso al equipo PSOE-PAR-, se aprobó un proyecto de rehabilitación que, en los casi diez años transcurridos, no ha podido acumular más calamidades. Hasta el punto de que, cuando la Sociedad General de Autores (SGAE) anunción en 2006 su intención de comprarlo, sus responsables describieron muy bien la suerte sufrida por el Fleta al sentenciar que del emblemático teatro solo quedaba "el espíritu".
En el camino hasta la nada, se han quedado 2.500 millones de las antiguas pesetas, más lo que costó la compra del inmueble, sin que los sucesivos responsables políticos de las obras hayan dado una explicación. Tras la operación fallida de la SGAE, ha causado estupor el anuncio oficial de que el Fleta (o su espíritu) volverá a ser lo que fue: un cine, ya que se prevé destinarlo a la Filmoteca. Los desgraciados avatares del proyecto exigen una explicación, y la negativa del PSOE-PAR, con la inestimable colaboración de IU, a que se cree la comisión de investigación confirman que la falta de transparencia se ha instalado en el quehacer político de los socios de Gobierno, lo que resulta muy preocupante y deja pendiente la necesaria clarificación de lo sucedido en el Fleta.
Éramos sesenta socios, todos empleados públicos. Nuestra cuota anual es de 60 euros. Hemos hecho expresa renuncia en nuestros estatutos a recibir subvenciones públicas. Actualmente el presidente es Julio Guiral. Para comunicarte con nosotros, o nos escribes a la dirección postal: Calle León XIII, 21, 4º centro 50008 ZARAGOZA, o por correo electrónico: asocfuncionpublica@yahoo.es
MÁS TRANSPARENCIA.
Las contradicciones están marcando los primeros pasos de lo que será la primera ley de transparencia de la que dispondrá España, el único gran país europeo que carece de ella. De un lado, es de ley reconocer que este Gobierno es el primero que corre el riesgo de lanzar un proyecto que, en mayor o menor medida, va a aumentar la capacidad de control ciudadano sobre sus decisiones y sus actuaciones. De otro lado, como si la pesada inercia de la opacidad fuera insoslayable, el Ejecutivo está utilizando un procedimiento poco transparente. Prueba palmaria de ello es que el Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley, lo presentó, pero no lo dio a conocer. Es cierto que ejecutivos anteriores han usado el mismo subterfugio, pero no puede ser argumento válido justamente para el que pretende romper con el tradicional oscurantismo español. Tampoco ha habido transparencia informativa en el novedoso proceso de participación ciudadana que, según el Gobierno, ha provocado 3.700 observaciones a través de la página web abierta para ello y, finalmente, ni se ha esperado el final del debate abierto a instancias del mismo Ejecutivo entre 38 expertos ni se ha explicado el motivo de tan extravagante desplante.
El cambio más sustancial y, en principio, positivo acometido en el proyecto desde que se lanzó el borrador en marzo es el sistema de nombramiento y cese del presidente de la Agencia Estatal de Transparencia, que, según Moncloa, “se equipara a los organismos reguladores”, lo que significa que lo nombrará el Gobierno (y con mayoría absoluta del parlamento), pero su cese solo es posible por causas mayores, lo que debe permitir al nombrado un cierto margen de maniobra respecto a quien lo designó.
El aspecto más negativo del proyecto es el principio de “silencio negativo”, que deja al criterio de las administraciones públicas la potestad de dar la callada por respuesta a cualquier pregunta. Y el Gobierno también ha desoído las propuestas de incorporar a la Casa Real a este ejercicio obligado de transparencia. Por lo demás, la puesta en marcha de esta ley que obliga a publicar contratos, sueldos y actividades de los altos cargos de todas las administraciones y que prevé sanciones para los que falseen y oculten datos debería ser el inicio —por fin— de una nueva manera de concebir la gestión política que pasa por ampliar la capacidad de supervisión de los administrados.
(Editorial de "El País", publicado el 19 de mayo de 2012)
EL MENSAJE DE ORWELL-
Hace 75 años, el escritor inglés George Orwell, llegó a España, con el proyecto de pelear en la Guerra Civil. En su viaje desde Inglaterra, hizo una escala en París, que aprovechó para completar un trámite en el consulado español y, sobre todo, para conversar con Henry Miller. Los escritores se tenían mutua admiración a pesar de que, o quizá justamente por esto, la obra de Miller estaba situada en las antípodas de la de Orwell.
El secretario del escritor neoyorquino escribió un registro de aquel encuentro, que fue amistoso, entrañable e ideológicamente muy tirante. Cuando Orwell le explicó su proyecto de viajar a España para combatir el fascismo, y habló del deber moral que, desde su punto de vista, tenían los escritores frente a aquel formidable enemigo, Miller trató de hacerle ver que aquellas ideas eran propias de un boy-scout, y después le dijo textualmente: “Ir a España en este momento es el acto de un idiota”.
Al final de aquella reunión, Miller hizo su contribución personal a la causa de la República Española: le regaló a Orwell su abrigo de pana.
Con ese abrigo de pana llegó el escritor inglés a Barcelona, a principios de 1937. Se apuntó en el cuartel Lenin y se vistió con el uniforme que le adjudicaron y que él identificó inmediatamente como multiforme, porque las prendas no coincidían, ni entre ellas mismas, ni con las de ningún otro miliciano.
“Como estábamos en España, todo se hacía sin ton ni son”, nos cuenta Orwell en el primer capítulo de ese libro raro, estruendoso, conmovedor y hermosísimo que es Homenaje a Cataluña. Un libro que es, en realidad, un homenaje a ese mundo lleno de ideales, de solidaridad y de respeto por el otro que, en esta época nuestra tan dineraria y feroz, cuesta trabajo concebir.
Además del multiforme a Orwell le dieron un rifle antes de partir con su tropa rumbo al frente de Aragón. La verdad es que Orwell no pegó ni un solo tiro, al contrario, se llevó una bala fascista en la garganta que, años después, terminó matándolo. Pero, sobre todo, prestó un servicio impagable a la humanidad con la obra literaria que produjo su aventura en España, y que se suma a esas otras dos novelas suyas inolvidables que son Rebelión en la granja y la escalofriante 1984, por cuyas páginas siguen circulando esas ratas horribles, que venían de comerle el cinturón a los milicianos de Homenaje a Cataluña.
De su llegada a Barcelona hay una fotografía, de Agustí Centelles, que lo dice todo: al final de un pelotón de republicanos bajitos, y rigurosamente multiformados, se yergue al fondo de la fila un tío alto, de abrigo de pana y bigotito, que saca a todos la cabeza y que es, por supuesto, George Orwell.
¿Qué hacía ese marciano inglés en la Guerra Civil?, ¿qué hacía ese escritor, educado en Eton, jugándose la vida en otro país para combatir el fascismo? ¿quién de nosotros, habitantes de este milenio metalizado y frívolo, se jugaría el pellejo por defender una manera de ver y de orientar la vida, una cosa tan etérea como una idea o un concepto?.
Lo cierto es que entonces, hace nada más 75 años, miles de extranjeros se apuntaron voluntariamente para venir a España a hacer la guerra, sin más, ni menos, estímulo que sus convicciones.
Hoy George Orwell puede parecernos un marciano porque ¿quién en su sano juicio, va ir a pegar tiros a otro país, dejando en el suyo su pisito, su automóvil, su mutua médica, su plan de jubilación y su nicho pre-pagado en el cementerio? La respuesta es que, en el mejor de los casos, muy pocos. El mundo ha cambiado radicalmente, las ideologías se desvanecen, los ideales flaquean, ya no se sabe a qué parte de la derecha pertenece la izquierda y hoy la gente, para creer en algo, tiene que verlo en Google. A menos que se trate de dinero o propiedades, dos elementos del paisaje mental contemporáneo en los que todos seguimos teniendo una inquebrantable fe.
Pero resulta que la crisis económica, que se ceba en España con insultante entusiasmo, nos va dejando sin pisito, sin automóvil, sin mutua y sin nicho en el cementerio, y todo sin haber ido a hacer la guerra, sin pegar un tiro, sin haber hecho absolutamente nada. Es más, nos ha dejado así después de habernos comportado como buenos ciudadanos, que pagan sus impuestos y se conducen con decencia.
En lugar de enfocar esto como una tragedia, que sería lo natural, tendríamos que verlo como una invitación a reconvertirnos en otra cosa, en un marciano como Orwell, por ejemplo. Y para esto basta con cambiar el punto de vista, mirar más allá de los escombros, de los cascotes y las columnas de humo que va dejando esta crisis, y reconducir el desconcierto, la desazón y la cólera que ésta produce, hacia un sitio diferente, más allá del desánimo general que lo paraliza todo. En lugar de estarnos mirando la punta de los zapatos, podríamos mirar hacia el horizonte y, una vez ahí, trazar una cartografía íntima para ver en qué punto, precisamente, nos encontramos.
En lugar de enfocar la crisis como una tragedia, tendríamos que verla como una invitación a reconvertirnos en otra cosa
Quién logra trazar esta cartografía íntima ya ha observado, reflexionado, sacado conclusiones de su entorno y su circunstancia, como lo haría un solitario del calibre de George Orwell, no en la Guerra Civil que ya pasó, sino frente a esa turbulencia que han generado los chacales financieros, y la incapacidad de los Estados para contenerlos, ese poder oscuro contra el que el individuo común no puede defenderse, pero sí que puede mantener “una guerra sin batalla, una guerra de guerrillas”, para utilizar el concepto que proponía Gilles Deleuze.
Esta guerra de guerrillas consiste en no bajar la guardia, no distraerse ni desanimarse, vigilar de cerca a nuestros gobernantes, mantener los ojos bien abiertos para ver pasar la siguiente oportunidad y, sobre todo, confiar en algo, creer en algo, como lo hizo hace 75 años George Orwell.
Ese individuo solitario, ese marciano que hace su guerra de guerrillas, terminará armonizando con las miles de individualidades que están empeñadas en lo mismo. Se trata de metamorfosear la catatonía en un nuevo resplandor.
En el primer capítulo de Homenaje a Cataluña, Orwell nos cuenta la impresión que le produce Barcelona. Eran los primeros meses de 1937 y sus habitantes estaban en pie de guerra, o escondiéndose de la guerra; en todo caso la ciudad había sido bombardeada, había tiros en la calle, columnas de humo negro salían de algunos edificios, la comida escaseaba y casi no había azúcar, ni carbón, ni gasolina. Barcelona era una ciudad oscura, empobrecida, destruida, y sin embargo Orwell veía más allá de lo que era evidente, caminaba por las calles entre escombros, humaredas y cascotes con la ilusión de estar viendo una ciudad obrera, donde la gente trabajadora se organizaba para construirse un futuro decente. Orwell, en lugar de perderse en las ruinas de aquella ciudad veía, más allá de la humareda y los escombros, el giro portentoso que estaba dando la historia de la humanidad. Y los barceloneses soportaban aquel desastre, escribe Orwell, porque “confiaban en la revolución y en el futuro, y se tenía la sensación de haber entrado en una era de libertad e igualdad”.
Todo el optimismo de aquella gente martirizada por la guerra que describe el escritor inglés, se basaba en la confianza en el futuro y en esa sensación de que el mundo iba a convertirse en un lugar mejor.
Ahí está la fórmula, el mensaje cifrado que nos envía Orwell desde sus páginas: esa confianza y esa sensación. A partir de ahí, no tenemos más remedio, hay que empezar a fundar, día tras día, el porvenir.
(Artículo de Jordi Soler, publicado en "El País" el 29 de abril de 2012)
El secretario del escritor neoyorquino escribió un registro de aquel encuentro, que fue amistoso, entrañable e ideológicamente muy tirante. Cuando Orwell le explicó su proyecto de viajar a España para combatir el fascismo, y habló del deber moral que, desde su punto de vista, tenían los escritores frente a aquel formidable enemigo, Miller trató de hacerle ver que aquellas ideas eran propias de un boy-scout, y después le dijo textualmente: “Ir a España en este momento es el acto de un idiota”.
Al final de aquella reunión, Miller hizo su contribución personal a la causa de la República Española: le regaló a Orwell su abrigo de pana.
Con ese abrigo de pana llegó el escritor inglés a Barcelona, a principios de 1937. Se apuntó en el cuartel Lenin y se vistió con el uniforme que le adjudicaron y que él identificó inmediatamente como multiforme, porque las prendas no coincidían, ni entre ellas mismas, ni con las de ningún otro miliciano.
“Como estábamos en España, todo se hacía sin ton ni son”, nos cuenta Orwell en el primer capítulo de ese libro raro, estruendoso, conmovedor y hermosísimo que es Homenaje a Cataluña. Un libro que es, en realidad, un homenaje a ese mundo lleno de ideales, de solidaridad y de respeto por el otro que, en esta época nuestra tan dineraria y feroz, cuesta trabajo concebir.
Además del multiforme a Orwell le dieron un rifle antes de partir con su tropa rumbo al frente de Aragón. La verdad es que Orwell no pegó ni un solo tiro, al contrario, se llevó una bala fascista en la garganta que, años después, terminó matándolo. Pero, sobre todo, prestó un servicio impagable a la humanidad con la obra literaria que produjo su aventura en España, y que se suma a esas otras dos novelas suyas inolvidables que son Rebelión en la granja y la escalofriante 1984, por cuyas páginas siguen circulando esas ratas horribles, que venían de comerle el cinturón a los milicianos de Homenaje a Cataluña.
De su llegada a Barcelona hay una fotografía, de Agustí Centelles, que lo dice todo: al final de un pelotón de republicanos bajitos, y rigurosamente multiformados, se yergue al fondo de la fila un tío alto, de abrigo de pana y bigotito, que saca a todos la cabeza y que es, por supuesto, George Orwell.
¿Qué hacía ese marciano inglés en la Guerra Civil?, ¿qué hacía ese escritor, educado en Eton, jugándose la vida en otro país para combatir el fascismo? ¿quién de nosotros, habitantes de este milenio metalizado y frívolo, se jugaría el pellejo por defender una manera de ver y de orientar la vida, una cosa tan etérea como una idea o un concepto?.
Lo cierto es que entonces, hace nada más 75 años, miles de extranjeros se apuntaron voluntariamente para venir a España a hacer la guerra, sin más, ni menos, estímulo que sus convicciones.
Hoy George Orwell puede parecernos un marciano porque ¿quién en su sano juicio, va ir a pegar tiros a otro país, dejando en el suyo su pisito, su automóvil, su mutua médica, su plan de jubilación y su nicho pre-pagado en el cementerio? La respuesta es que, en el mejor de los casos, muy pocos. El mundo ha cambiado radicalmente, las ideologías se desvanecen, los ideales flaquean, ya no se sabe a qué parte de la derecha pertenece la izquierda y hoy la gente, para creer en algo, tiene que verlo en Google. A menos que se trate de dinero o propiedades, dos elementos del paisaje mental contemporáneo en los que todos seguimos teniendo una inquebrantable fe.
Pero resulta que la crisis económica, que se ceba en España con insultante entusiasmo, nos va dejando sin pisito, sin automóvil, sin mutua y sin nicho en el cementerio, y todo sin haber ido a hacer la guerra, sin pegar un tiro, sin haber hecho absolutamente nada. Es más, nos ha dejado así después de habernos comportado como buenos ciudadanos, que pagan sus impuestos y se conducen con decencia.
En lugar de enfocar esto como una tragedia, que sería lo natural, tendríamos que verlo como una invitación a reconvertirnos en otra cosa, en un marciano como Orwell, por ejemplo. Y para esto basta con cambiar el punto de vista, mirar más allá de los escombros, de los cascotes y las columnas de humo que va dejando esta crisis, y reconducir el desconcierto, la desazón y la cólera que ésta produce, hacia un sitio diferente, más allá del desánimo general que lo paraliza todo. En lugar de estarnos mirando la punta de los zapatos, podríamos mirar hacia el horizonte y, una vez ahí, trazar una cartografía íntima para ver en qué punto, precisamente, nos encontramos.
En lugar de enfocar la crisis como una tragedia, tendríamos que verla como una invitación a reconvertirnos en otra cosa
Quién logra trazar esta cartografía íntima ya ha observado, reflexionado, sacado conclusiones de su entorno y su circunstancia, como lo haría un solitario del calibre de George Orwell, no en la Guerra Civil que ya pasó, sino frente a esa turbulencia que han generado los chacales financieros, y la incapacidad de los Estados para contenerlos, ese poder oscuro contra el que el individuo común no puede defenderse, pero sí que puede mantener “una guerra sin batalla, una guerra de guerrillas”, para utilizar el concepto que proponía Gilles Deleuze.
Esta guerra de guerrillas consiste en no bajar la guardia, no distraerse ni desanimarse, vigilar de cerca a nuestros gobernantes, mantener los ojos bien abiertos para ver pasar la siguiente oportunidad y, sobre todo, confiar en algo, creer en algo, como lo hizo hace 75 años George Orwell.
Ese individuo solitario, ese marciano que hace su guerra de guerrillas, terminará armonizando con las miles de individualidades que están empeñadas en lo mismo. Se trata de metamorfosear la catatonía en un nuevo resplandor.
En el primer capítulo de Homenaje a Cataluña, Orwell nos cuenta la impresión que le produce Barcelona. Eran los primeros meses de 1937 y sus habitantes estaban en pie de guerra, o escondiéndose de la guerra; en todo caso la ciudad había sido bombardeada, había tiros en la calle, columnas de humo negro salían de algunos edificios, la comida escaseaba y casi no había azúcar, ni carbón, ni gasolina. Barcelona era una ciudad oscura, empobrecida, destruida, y sin embargo Orwell veía más allá de lo que era evidente, caminaba por las calles entre escombros, humaredas y cascotes con la ilusión de estar viendo una ciudad obrera, donde la gente trabajadora se organizaba para construirse un futuro decente. Orwell, en lugar de perderse en las ruinas de aquella ciudad veía, más allá de la humareda y los escombros, el giro portentoso que estaba dando la historia de la humanidad. Y los barceloneses soportaban aquel desastre, escribe Orwell, porque “confiaban en la revolución y en el futuro, y se tenía la sensación de haber entrado en una era de libertad e igualdad”.
Todo el optimismo de aquella gente martirizada por la guerra que describe el escritor inglés, se basaba en la confianza en el futuro y en esa sensación de que el mundo iba a convertirse en un lugar mejor.
Ahí está la fórmula, el mensaje cifrado que nos envía Orwell desde sus páginas: esa confianza y esa sensación. A partir de ahí, no tenemos más remedio, hay que empezar a fundar, día tras día, el porvenir.
(Artículo de Jordi Soler, publicado en "El País" el 29 de abril de 2012)
ESPAÑA ANTE SÍ MISMA.
La acumulación de malas noticias para España durante las últimas semanas ha generalizado una sensación de pesimismo que distorsiona la situación real del país y minusvalora los recursos con los que cuenta para superarla. Por más que se hayan repetido los fracasos en la historia, ni obedecieron a una condena metafísica, ni dictaron un destino inapelable. La crisis que hoy atraviesa España, como la mayor parte de las que padeció en el pasado, es resultado de haber adoptado unas decisiones políticas y no otras, sin olvidar la determinante influencia del contexto exterior. Serán, pues, decisiones políticas las que permitirán superarla o, por el contrario, las que agravarán sus efectos. Con el añadido de que, gracias al esfuerzo colectivo desarrollado desde la reinstauración de las libertades, España ha alcanzado por sí misma y como miembro de la Unión Europea un lugar destacado en ese contexto exterior a cuya influencia es imposible sustraerse.
Las instituciones establecidas por la Constitución de 1978 han demostrado una extraordinaria solidez, a pesar de la ligereza con la que han sido servidas en ocasiones por sus representantes. Desde hace más de dos décadas, y de manera cada vez más acelerada, la frivolidad ha estado detrás del ejercicio sectario de las tareas parlamentarias, de la administración espectacular de la justicia y de la utilización, a la vez propagandística y prepotente, del poder ejecutivo.
La frivolidad ha marcado también el uso de los mecanismos autonómicos, tanto por parte de quienes vieron en ellos una estación de paso, como de quienes agitan sus dificultades para promover la recentralización. Ni siquiera la jefatura del Estado ha quedado al margen de la tendencia general, según han venido a poner de manifiesto los diversos episodios en los que se ha visto envuelta la Casa del Rey en los últimos tiempos. La crisis exige reforzar las instituciones poniendo fin a los malos usos que se han hecho de ellas, no a utilizar esos malos usos como coartada para cuestionarlas.
La economía española está padeciendo las consecuencias de una frenética burbuja inmobiliaria con cuyo espejismo de abundancia todos los Gobiernos prefirieron convivir en lugar de corregir. Pero no todo en estos años ha sido furor especulativo: hay empresas españolas que han logrado consolidar posiciones internacionales de primer orden. La expropiación de la que ha sido objeto la petrolera Repsol en Argentina ha venido a recordar que la proyección de los intereses españoles exige una política exterior a la altura. Hace demasiado tiempo, sin embargo, que esta ha dejado de estarlo, sometida a ensoñaciones ideológicas de signo opuesto durante los Gobiernos de Aznar y Zapatero. Tampoco la diplomacia de Mariano Rajoy parece encontrar el tono justo, dejándose tentar por resabios nacionalistas, en lugar de consagrar sus esfuerzos a reconstruir la red de relaciones que hagan de España un actor fiable y respetado. España lo fue, por lo que puede volver a serlo: todo dependerá de las iniciativas que adopte, no de las campañas propagandísticas en torno a una marca.
Crisis como la que hoy atraviesa el mundo, y ante la que España está resultado particularmente vulnerable, provocan ganadores y perdedores. El ventajismo de quienes tienen más posibilidades de ganar solo provocará el resentimiento de quienes las tienen de perder. Solo el poder político puede arbitrar las medidas que impidan el desencadenamiento de esa espiral tan destructiva como incontrolable, convirtiendo en equitativo esfuerzo colectivo lo que, mal administrado, degeneraría en descarnada defensa de los intereses particulares. España está ante sí misma y podría fracasar una vez más si sus instituciones y sus ciudadanos olvidan los recursos de los que dispone para no hacerlo.
(Editorial de "El País", publicado el 22 de abril de 2012)
AYUNTAMIENTOS TRANSPARENTES.
Diversos escándalos financieros y corporativos ocurridos desde principios del presente siglo (Enron, Parmalat, WorldCom…) desencadenaron una concienciación global en relación con la importancia de la transparencia en la gestión empresarial. Incontables recomendaciones, directivas y regulaciones se han ido sucediendo, convirtiendo el buen gobierno corporativo en un must incuestionable tanto para las propias empresas como para inversores, organismos reguladores de los mercados y la sociedad.
Además, el tsunami, como era de esperar, no se detuvo en el perímetro de lo privado sino que ha ido llegado a la esfera pública como una corriente de pensamiento ético y todos los organismos supranacionales, empezando por Naciones Unidas, animan y promueven entornos de gestión pública más transparentes como condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos y para avanzar hacia la prosperidad económica y la cohesión social.
En España no hemos sido ajenos a este movimiento, y las iniciativas que se vienen sucediendo -la última, el Anteproyecto de Ley de Transparencia-, contribuyen a afianzar en la Sociedad la idea del derecho universal de los ciudadanos a poder acceder a la información elaborada por los poderes Públicos en el ejercicio de sus funciones.
La Ley de Transparencia permitirá acabar con los incumplimientos de regidores opacos
En este contexto, el Tribunal de Cuentas se planteó, hace más de cinco años, tener un papel protagonista en el impulso efectivo de la democratización de la relación entre ciudadanos y administraciones locales. El ambicioso reto consistía en pasar del Siglo XIX al XXI, incorporando las TIC en la rendición de las cuentas.
La planificación estratégica inspirada en el principio de excelencia se ha coordinado con el Gobierno y con los Órganos de Control Externo de las Comunidades autónomas -tribunales de cuentas autonómicos-, estableciendo los pilares de la transparencia.
Fruto de estas actuaciones, en el Portal rendiciondecuentas las entidades locales disponen de una ventanilla única para cumplir con sus obligaciones tanto ante el Tribunal de Cuentas como ante el correspondiente órgano autonómico, y los ciudadanos vemos satisfecho el derecho a conocer, íntimamente vinculado al derecho a participar en los asuntos públicos, y podemos acceder libremente, sin cortapisa, a las cuentas de las entidades locales.
No obstante, en 2010 cerca del 30% de estas entidades no han informado sobre cómo han gestionado los recursos encomendados, unas por falta de medios y otras por falta de voluntad, sin que, desafortunadamente, se deriven consecuencias graves debido a la falta de un marco legal adecuado. La Ley de Transparencia, cuyo anteproyecto se acaba de presentar, permitirá acabar, por fin, con los incumplimientos voluntarios por parte de regidores opacos, mientras que para aquellos otros que por falta de medios no puedan rendir adecuadamente, deberá la Administración instrumentar las medidas oportunas para facilitárselo.
Quienes hemos llevado adelante este proyecto estamos en el convencimiento de que la transparencia refuerza la democracia, genera una mayor confianza, ayuda a evitar malas prácticas y a luchar contra la corrupción. Por ello estamos seguros de que sus principios inspiradores se extenderán próximamente a todos los ámbitos de la gestión pública fortaleciendo el Portal de la Transparencia.
(Artículo de Ana Puy Fernández, publicado en "El País" el 6 de abril de 2012)
Además, el tsunami, como era de esperar, no se detuvo en el perímetro de lo privado sino que ha ido llegado a la esfera pública como una corriente de pensamiento ético y todos los organismos supranacionales, empezando por Naciones Unidas, animan y promueven entornos de gestión pública más transparentes como condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos y para avanzar hacia la prosperidad económica y la cohesión social.
En España no hemos sido ajenos a este movimiento, y las iniciativas que se vienen sucediendo -la última, el Anteproyecto de Ley de Transparencia-, contribuyen a afianzar en la Sociedad la idea del derecho universal de los ciudadanos a poder acceder a la información elaborada por los poderes Públicos en el ejercicio de sus funciones.
La Ley de Transparencia permitirá acabar con los incumplimientos de regidores opacos
En este contexto, el Tribunal de Cuentas se planteó, hace más de cinco años, tener un papel protagonista en el impulso efectivo de la democratización de la relación entre ciudadanos y administraciones locales. El ambicioso reto consistía en pasar del Siglo XIX al XXI, incorporando las TIC en la rendición de las cuentas.
La planificación estratégica inspirada en el principio de excelencia se ha coordinado con el Gobierno y con los Órganos de Control Externo de las Comunidades autónomas -tribunales de cuentas autonómicos-, estableciendo los pilares de la transparencia.
Fruto de estas actuaciones, en el Portal rendiciondecuentas las entidades locales disponen de una ventanilla única para cumplir con sus obligaciones tanto ante el Tribunal de Cuentas como ante el correspondiente órgano autonómico, y los ciudadanos vemos satisfecho el derecho a conocer, íntimamente vinculado al derecho a participar en los asuntos públicos, y podemos acceder libremente, sin cortapisa, a las cuentas de las entidades locales.
No obstante, en 2010 cerca del 30% de estas entidades no han informado sobre cómo han gestionado los recursos encomendados, unas por falta de medios y otras por falta de voluntad, sin que, desafortunadamente, se deriven consecuencias graves debido a la falta de un marco legal adecuado. La Ley de Transparencia, cuyo anteproyecto se acaba de presentar, permitirá acabar, por fin, con los incumplimientos voluntarios por parte de regidores opacos, mientras que para aquellos otros que por falta de medios no puedan rendir adecuadamente, deberá la Administración instrumentar las medidas oportunas para facilitárselo.
Quienes hemos llevado adelante este proyecto estamos en el convencimiento de que la transparencia refuerza la democracia, genera una mayor confianza, ayuda a evitar malas prácticas y a luchar contra la corrupción. Por ello estamos seguros de que sus principios inspiradores se extenderán próximamente a todos los ámbitos de la gestión pública fortaleciendo el Portal de la Transparencia.
(Artículo de Ana Puy Fernández, publicado en "El País" el 6 de abril de 2012)
LA LEY DE TRANSPARENCIA, SOLO EL PRIMER PASO.
La transparencia ayuda a los mercados y a los Estados a funcionar mejor; por ejemplo, gracias a la información macroeconómica que producen y publicitan los Gobiernos, los inversores, productores y consumidores pueden tomar decisiones más eficientes. Además, la transparencia en los datos públicos permite una mejor coordinación entre los miembros del Gobierno, sobre todo en el proceso presupuestario; y favorece que el diseño y evaluación de políticas sea de mejor calidad, mejorando la colaboración horizontal e intergubernamental, asignatura pendiente de nuestra Administración.
La transparencia contribuye a reducir la corrupción, es positivamente correlativa con el desarrollo humano y mejora el rendimiento de los servicios públicos. Con un electorado bien informado las elecciones ganan valor. En suma, es un importante elemento de participación ciudadana y de calidad democrática.
La lectura detallada de la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno genera razonables esperanzas de que en España se avance hacia un Gobierno más abierto y responsable. No obstante, los exigentes compromisos que la ley genera para nuestras Administraciones hacen que, en la práctica, el verdadero reto del proyecto sea la implementación efectiva de la norma.
En todo caso, la ley en sí significa un paso necesario y positivo. En primer lugar, es muy importante destacar que su ámbito de aplicación es realmente extenso, solo queda fuera el Poder Judicial (no el Consejo General del Poder Judicial, que sí está incluido) y la Casa del Rey; incluye incluso en sus obligaciones de transparencia a las personas físicas y jurídicas privadas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, ya que estarán obligadas a suministrar a aquella Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento de la norma. Además, el Gobierno se compromete a crear un gran Portal de Transparencia (aunque no dice de qué ministerio dependerá).
El proyecto genera razonables esperanzas de que en España se avance hacia un gobierno más abierto y responsable
No obstante, para que todo funcione adecuadamente es preciso que las comunidades autónomas lo creen también y que los entes locales o bien generen el suyo o bien inserten su información en el portal autonómico correspondiente, o en el del Estado, y que se interconecten todos. ¿Lo harán? Ya veremos.
Es cierto que ahora existen páginas web que incorporan importante información de nuestras Administraciones. También existe todo un sistema de información de los contratos públicos a través del Perfil del contratista. Pero la ley intenta ir un poco más allá de la información económico-presupuestaria y estadística hasta ahora pública. Por ejemplo, exigiendo a las Administraciones que elaboren programas anuales y plurianuales en los que se fijarán objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, e incluso que se evalúen y publiquen los resultados de la evaluación. También se compromete a publicar los textos de los proyectos de ley y de los reglamentos, lo cual permitirá a los ciudadanos opinar sobre ellos antes de su aprobación definitiva. Por desgracia, no incorpora a la publicidad, por el momento, los informes finales derivados de las actuaciones de auditoría y fiscalización llevadas a cabo por los órganos de control interno de las distintas Administraciones públicas. Tampoco incluye las actas de las comisiones de contratación. Y, lo que es peor, no establece un sistema de sanciones por el incumplimiento de esta obligación de información activa.
En cuanto al derecho de acceso a la información pública, se reconoce de forma explícita como un derecho general, sin que para solicitar información sea preciso motivar la petición. El acceso a la información será gratuito y el procedimiento para ejercerlo será sencillo y ágil (respuesta en 30 días y silencio negativo). Los límites al derecho de acceso son parecidos a los de la legislación comparada, aun cuando la redacción final ha ido más allá de lo recomendable y ha considerado que no es información pública aquella que afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
Además, en el artículo 10 limita el derecho de acceso a la información que perjudique la “política económica y monetaria” o el “medio ambiente”. Estas cláusulas tan genéricas deberían ser matizadas, pues una interpretación amplia puede dejar el derecho de acceso reducido a mínimos.
Para garantizar la legalidad de las decisiones de rechazo y evitar los abusos en la interpretación de los límites e inadmisiones se crea un recurso potestativo especial ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios (reconversión de la previa Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios) o ante las agencias autonómicas, en su caso. Todo ello es un avance, sin duda. Pero el legislador se olvida, por el momento, de las sanciones a los políticos y funcionarios por incumplimiento de la norma.
Además, el derecho real es de acceso a documentos públicos, más que a información en general (por ejemplo, no se da acceso a informes y comunicaciones internas de carácter auxiliar para la toma de decisiones). Y, lo que es más discutible, no fundamenta el derecho de acceso en el artículo 20.1.d de la Constitución, con lo que no lo reconoce como un Derecho Fundamental (como hacen las más modernas constituciones), hecho que hará que prime la protección de datos sobre la transparencia en los casos de conflicto. Finalmente, la Agencia responsable de garantizar el derecho no es una agencia independiente, pues su presidente es nombrado y cesado de forma prácticamente libre por el Gobierno.
Otro gran paso adelante es el Título de Buen Gobierno que no solo afecta a los altos cargos de la Administración General del Estado, sino también a los autonómicos y locales. Por primera vez en nuestra historia estos altos cargos tienen todo un sistema de infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria (las tradicionales de la Ley General Presupuestaria y todas las nuevas, derivadas de la futura Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) y de faltas disciplinarias, con un sistema de sanciones claro y coherente (que no implica ninguna modificación del Código Penal).
Pero es importante destacar que la inhabilitación para ocupar altos cargos durante un periodo de entre 5 y 10 años no impide que un ex alto cargo se pueda presentar a alcalde o concejal, o que sea diputado nacional o de comunidad autónoma. Por desgracia, además, la incoación e instrucción del posible procedimiento sancionador se deja en manos del propio Gobierno, ya que no se refuerza la independencia de la Oficina de Conflicto de Intereses y Buen Gobierno, ni se desarrollan, por el momento, sus competencias para la detección de oficio de casos de incumplimiento de toda esta normativa. Esta opción nos hace temer que, al final, las decisiones sancionadoras se puedan tomar con criterios de interés político-partidista.
Finalmente, no podemos obviar que esta ley, para que sea eficaz, además de las mejoras en su texto, requiere presupuestos que permitan desarrollarla, una mejora en los sistemas de archivo y en la trazabilidad de los procesos de toma de decisiones, una formación a los funcionarios en la norma y en los valores que representa, una reorganización de los datos existentes para que se publiquen de forma que sean reutilizables por la ciudadanía, el impulso y desarrollo del llamado Gobierno 2.0 a través del diseño e imple-mentación de plataformas de colaboración y el uso intensivo de la Web 2.0 y redes sociales, en suma, sistemas que faciliten la comunicación y la participación de los ciudadanos.
Por todo ello, podemos concluir que sin esta ley el progreso hacia un Gobierno abierto sería imposible, pero que solo con la ley, por desgracia, no basta. Felicitamos sinceramente al Gobierno de España por la iniciativa, pero esperamos y deseamos que se mejore la redacción y que el compromiso con la transparencia y el buen gobierno no se agote con la aprobación de la norma.
(Artículo de Antonio Garrigues Walker, Jesús Lizcano Álvarez, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendiet, publicado en "El País" el 5 de abril de 2012)
La transparencia contribuye a reducir la corrupción, es positivamente correlativa con el desarrollo humano y mejora el rendimiento de los servicios públicos. Con un electorado bien informado las elecciones ganan valor. En suma, es un importante elemento de participación ciudadana y de calidad democrática.
La lectura detallada de la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno genera razonables esperanzas de que en España se avance hacia un Gobierno más abierto y responsable. No obstante, los exigentes compromisos que la ley genera para nuestras Administraciones hacen que, en la práctica, el verdadero reto del proyecto sea la implementación efectiva de la norma.
En todo caso, la ley en sí significa un paso necesario y positivo. En primer lugar, es muy importante destacar que su ámbito de aplicación es realmente extenso, solo queda fuera el Poder Judicial (no el Consejo General del Poder Judicial, que sí está incluido) y la Casa del Rey; incluye incluso en sus obligaciones de transparencia a las personas físicas y jurídicas privadas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, ya que estarán obligadas a suministrar a aquella Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento de la norma. Además, el Gobierno se compromete a crear un gran Portal de Transparencia (aunque no dice de qué ministerio dependerá).
El proyecto genera razonables esperanzas de que en España se avance hacia un gobierno más abierto y responsable
No obstante, para que todo funcione adecuadamente es preciso que las comunidades autónomas lo creen también y que los entes locales o bien generen el suyo o bien inserten su información en el portal autonómico correspondiente, o en el del Estado, y que se interconecten todos. ¿Lo harán? Ya veremos.
Es cierto que ahora existen páginas web que incorporan importante información de nuestras Administraciones. También existe todo un sistema de información de los contratos públicos a través del Perfil del contratista. Pero la ley intenta ir un poco más allá de la información económico-presupuestaria y estadística hasta ahora pública. Por ejemplo, exigiendo a las Administraciones que elaboren programas anuales y plurianuales en los que se fijarán objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, e incluso que se evalúen y publiquen los resultados de la evaluación. También se compromete a publicar los textos de los proyectos de ley y de los reglamentos, lo cual permitirá a los ciudadanos opinar sobre ellos antes de su aprobación definitiva. Por desgracia, no incorpora a la publicidad, por el momento, los informes finales derivados de las actuaciones de auditoría y fiscalización llevadas a cabo por los órganos de control interno de las distintas Administraciones públicas. Tampoco incluye las actas de las comisiones de contratación. Y, lo que es peor, no establece un sistema de sanciones por el incumplimiento de esta obligación de información activa.
En cuanto al derecho de acceso a la información pública, se reconoce de forma explícita como un derecho general, sin que para solicitar información sea preciso motivar la petición. El acceso a la información será gratuito y el procedimiento para ejercerlo será sencillo y ágil (respuesta en 30 días y silencio negativo). Los límites al derecho de acceso son parecidos a los de la legislación comparada, aun cuando la redacción final ha ido más allá de lo recomendable y ha considerado que no es información pública aquella que afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
Además, en el artículo 10 limita el derecho de acceso a la información que perjudique la “política económica y monetaria” o el “medio ambiente”. Estas cláusulas tan genéricas deberían ser matizadas, pues una interpretación amplia puede dejar el derecho de acceso reducido a mínimos.
Para garantizar la legalidad de las decisiones de rechazo y evitar los abusos en la interpretación de los límites e inadmisiones se crea un recurso potestativo especial ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios (reconversión de la previa Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios) o ante las agencias autonómicas, en su caso. Todo ello es un avance, sin duda. Pero el legislador se olvida, por el momento, de las sanciones a los políticos y funcionarios por incumplimiento de la norma.
Además, el derecho real es de acceso a documentos públicos, más que a información en general (por ejemplo, no se da acceso a informes y comunicaciones internas de carácter auxiliar para la toma de decisiones). Y, lo que es más discutible, no fundamenta el derecho de acceso en el artículo 20.1.d de la Constitución, con lo que no lo reconoce como un Derecho Fundamental (como hacen las más modernas constituciones), hecho que hará que prime la protección de datos sobre la transparencia en los casos de conflicto. Finalmente, la Agencia responsable de garantizar el derecho no es una agencia independiente, pues su presidente es nombrado y cesado de forma prácticamente libre por el Gobierno.
Otro gran paso adelante es el Título de Buen Gobierno que no solo afecta a los altos cargos de la Administración General del Estado, sino también a los autonómicos y locales. Por primera vez en nuestra historia estos altos cargos tienen todo un sistema de infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria (las tradicionales de la Ley General Presupuestaria y todas las nuevas, derivadas de la futura Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) y de faltas disciplinarias, con un sistema de sanciones claro y coherente (que no implica ninguna modificación del Código Penal).
Pero es importante destacar que la inhabilitación para ocupar altos cargos durante un periodo de entre 5 y 10 años no impide que un ex alto cargo se pueda presentar a alcalde o concejal, o que sea diputado nacional o de comunidad autónoma. Por desgracia, además, la incoación e instrucción del posible procedimiento sancionador se deja en manos del propio Gobierno, ya que no se refuerza la independencia de la Oficina de Conflicto de Intereses y Buen Gobierno, ni se desarrollan, por el momento, sus competencias para la detección de oficio de casos de incumplimiento de toda esta normativa. Esta opción nos hace temer que, al final, las decisiones sancionadoras se puedan tomar con criterios de interés político-partidista.
Finalmente, no podemos obviar que esta ley, para que sea eficaz, además de las mejoras en su texto, requiere presupuestos que permitan desarrollarla, una mejora en los sistemas de archivo y en la trazabilidad de los procesos de toma de decisiones, una formación a los funcionarios en la norma y en los valores que representa, una reorganización de los datos existentes para que se publiquen de forma que sean reutilizables por la ciudadanía, el impulso y desarrollo del llamado Gobierno 2.0 a través del diseño e imple-mentación de plataformas de colaboración y el uso intensivo de la Web 2.0 y redes sociales, en suma, sistemas que faciliten la comunicación y la participación de los ciudadanos.
Por todo ello, podemos concluir que sin esta ley el progreso hacia un Gobierno abierto sería imposible, pero que solo con la ley, por desgracia, no basta. Felicitamos sinceramente al Gobierno de España por la iniciativa, pero esperamos y deseamos que se mejore la redacción y que el compromiso con la transparencia y el buen gobierno no se agote con la aprobación de la norma.
(Artículo de Antonio Garrigues Walker, Jesús Lizcano Álvarez, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendiet, publicado en "El País" el 5 de abril de 2012)
NO ES PAÍS PARA TECNÓCRATAS.
Ya basta de fingimientos. España se ha convertido en la preocupación económica de Europa (Le Monde), en el país en el que se va a decidir la crisis de la zona Euro (Der Spiegel). No es una maledicencia de Monti o de la prensa extranjera. Todas nuestras contradicciones económicas se han agudizado hasta el punto de colocarnos bajo los temibles focos del análisis económico internacional. Un país tan endeudado y bajo políticas tan descaradamente contractivas no tiene más horizonte que la recesión, el aumento del desempleo y el aplazamiento sine die del crecimiento económico. Merkel dirá lo que quiera, pero su terapia, siempre pensada para tener repercusiones a medio plazo, puede producir un efecto nefasto de forma inmediata si no resolvemos pronto la restructuración del sistema financiero. Pero esta no se podrá producir si ella no se moja y amplía el fondo de garantías europeo. Y aún así, y a pesar de colocarnos en una situación de rescate de facto, difícilmente podrá evitar que los mercados se ceben sobre nuestra prima de riesgo y erosionen aún más las vías de salida.
En las próximas semanas y meses nos jugamos, pues, algo más que el encauzamiento de la deuda y el déficit o el perder un porcentaje más o menos alto de la capacidad adquisitiva. Estamos pugnando por mantenernos —con todas las rebajas que sean menester— dentro del grupo de países a los que hasta hace nada pertenecíamos. Ser o no ser; estar o no estar, más bien. Bajo esas condiciones no ayuda nada la numantina posición de cierta izquierda que demoniza visceralmente a los mercados, se adorna del Gran Rechazo al capitalismo internacional, pero enmudece cuando se le inquiere sobre cuál es la alternativa específica que propone para conducirnos en otra dirección. No hay soluciones a esta crisis “en un solo país” ni con actitudes de impecabilidad ideológica.
Tampoco parece haberlas, sin embargo, pensando que una nación puede plegarse graciosamente a la racionalidad técnico-administrativa que nos van dosificando desde Berlín/Bruselas, La Moncloa o la comunidad autónoma de turno. Por muy importante que fuera la victoria electoral del PP el 20-N, con la indudable legitimación que otorga a la acción del nuevo Gobierno, no basta para disolver los obstinados datos de la realidad del país en que vivimos. Los resultados de los procesos electorales posteriores, la escenificación soberanista de CiU del pasado fin de semana y, cómo no, la huelga general de ayer mismo, muestran a las claras que una sociedad democrática compleja no se sujeta pasivamente a la cuadrícula de los tecnócratas, que las contradicciones políticas no son menores que las económicas. Exige soluciones informadas por criterios técnicos, ¡qué remedio!, pero negociadas políticamente. Sin hacer un buen uso de la política, en su sentido de energía necesaria para adicionar voluntades dirigidas a la consecución de fines colectivos, no hay respuestas que valgan.
Contrariamente a lo que se piensa, no es el momento de los tecnócratas, sino el de los estadistas. Es el momento de la Gran Política frente a la política pequeña de quienes ven en esta situación una ventana de oportunidad partidista o tratan de pescar en río revuelto. Y ahí cabe incluir también a importantes sectores de quienes sustentan el poder financiero. Ahora toca responsabilidad y consenso. Pero no como mera concesión gentil al nuevo timonel y sus gestores, sino como resultado de negociaciones sinceras; con las consabidas disidencias o desacuerdos puntuales, pero también con el compromiso de arrimar el hombro por parte de todos. Liderar no equivale a laminar el disenso en nombre de medidas que se presentan como dogmas infalibles. Debería ser más bien la condensación activa del mínimo común denominador de los intereses del país.
La huelga general de ayer, con un éxito superior al de otras veces, demuestra que esta sociedad no renuncia a tener algo que decir en estos momentos de zozobra. Y un sector lo ha dicho con contundencia, pero también pacíficamente y sin ira. Detrás de ella no había solo un rechazo a la última reforma laboral; no se olvide que se convocó para promover el diálogo. Los sindicatos no son el problema sino parte de la solución, y nunca es tarde para incorporarlos a un nuevo pacto social que ya resulta imprescindible. El Gobierno yerra si piensa que solo a él le compete gestionar la crisis. La sufrimos todos y todos deberíamos estar llamados a combatirla; sin exclusiones ni vetos. Gobernar en tiempos difíciles es hacer política, no limitarse a la administración de las cosas. Y hacer política, en su sentido más noble, es decidir cómo queremos vivir juntos. Entre todos.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 30 de marzo de 2012)
En las próximas semanas y meses nos jugamos, pues, algo más que el encauzamiento de la deuda y el déficit o el perder un porcentaje más o menos alto de la capacidad adquisitiva. Estamos pugnando por mantenernos —con todas las rebajas que sean menester— dentro del grupo de países a los que hasta hace nada pertenecíamos. Ser o no ser; estar o no estar, más bien. Bajo esas condiciones no ayuda nada la numantina posición de cierta izquierda que demoniza visceralmente a los mercados, se adorna del Gran Rechazo al capitalismo internacional, pero enmudece cuando se le inquiere sobre cuál es la alternativa específica que propone para conducirnos en otra dirección. No hay soluciones a esta crisis “en un solo país” ni con actitudes de impecabilidad ideológica.
Tampoco parece haberlas, sin embargo, pensando que una nación puede plegarse graciosamente a la racionalidad técnico-administrativa que nos van dosificando desde Berlín/Bruselas, La Moncloa o la comunidad autónoma de turno. Por muy importante que fuera la victoria electoral del PP el 20-N, con la indudable legitimación que otorga a la acción del nuevo Gobierno, no basta para disolver los obstinados datos de la realidad del país en que vivimos. Los resultados de los procesos electorales posteriores, la escenificación soberanista de CiU del pasado fin de semana y, cómo no, la huelga general de ayer mismo, muestran a las claras que una sociedad democrática compleja no se sujeta pasivamente a la cuadrícula de los tecnócratas, que las contradicciones políticas no son menores que las económicas. Exige soluciones informadas por criterios técnicos, ¡qué remedio!, pero negociadas políticamente. Sin hacer un buen uso de la política, en su sentido de energía necesaria para adicionar voluntades dirigidas a la consecución de fines colectivos, no hay respuestas que valgan.
Contrariamente a lo que se piensa, no es el momento de los tecnócratas, sino el de los estadistas. Es el momento de la Gran Política frente a la política pequeña de quienes ven en esta situación una ventana de oportunidad partidista o tratan de pescar en río revuelto. Y ahí cabe incluir también a importantes sectores de quienes sustentan el poder financiero. Ahora toca responsabilidad y consenso. Pero no como mera concesión gentil al nuevo timonel y sus gestores, sino como resultado de negociaciones sinceras; con las consabidas disidencias o desacuerdos puntuales, pero también con el compromiso de arrimar el hombro por parte de todos. Liderar no equivale a laminar el disenso en nombre de medidas que se presentan como dogmas infalibles. Debería ser más bien la condensación activa del mínimo común denominador de los intereses del país.
La huelga general de ayer, con un éxito superior al de otras veces, demuestra que esta sociedad no renuncia a tener algo que decir en estos momentos de zozobra. Y un sector lo ha dicho con contundencia, pero también pacíficamente y sin ira. Detrás de ella no había solo un rechazo a la última reforma laboral; no se olvide que se convocó para promover el diálogo. Los sindicatos no son el problema sino parte de la solución, y nunca es tarde para incorporarlos a un nuevo pacto social que ya resulta imprescindible. El Gobierno yerra si piensa que solo a él le compete gestionar la crisis. La sufrimos todos y todos deberíamos estar llamados a combatirla; sin exclusiones ni vetos. Gobernar en tiempos difíciles es hacer política, no limitarse a la administración de las cosas. Y hacer política, en su sentido más noble, es decidir cómo queremos vivir juntos. Entre todos.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 30 de marzo de 2012)
UNA HUELGA JUSTA, ÚTIL O NO.
La reforma laboral decretada el 10 de febrero por el Gobierno es, con mucho, la más radical de todas las aprobadas en la democracia española. Persigue la reforma un doble propósito: propiciar una devaluación salarial --sucedáneo de la devaluación monetaria, imposible tras la entrada en el euro-- que mejore la competitividad española y evite de paso que, en situaciones adversas como la presente , la única alternativa que le quede al empresario sea despedir a sus empleados. Pero incluso muchos de quienes comparten tales objetivos reconocen que los mecanismos empleados son gravemente lesivos para los derechos de los trabajadores.
Unido este retroceso social a la escasa disposición del Ejecutivo al diálogo con los sindicatos, estaba en el guion que la convocatoria de una huelga general como la de hoy iba a ser el desenlace más previsible de este enredo. En la lógica sindical, y también en la de miles de trabajadores de toda España, jamás un paro general había sido tan justo como el de hoy. Y, sin embargo, las posibilidades reales que tienen las movilizaciones del 29-M de conseguir su meta -la modificación sustancial de la reforma aprobada- son escasas, por no decir nulas.
Conviene no olvidar que la profunda modificación del mercado laboral --de cuya ineficiencia dan fe los cinco millones de parados, y suma y sigue-- era una de las condiciones que en verano impuso el Banco Central Europeo para salir al rescate de la deuda española, y que ahora una marcha atrás acarrearía la más que probable intervención de la economía española. El margen de maniobra de Mariano Rajoy es, pues, sumamente estrecho.
Los líderes sindicales, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO), no son ajenos a ello, pero debían echar este pulso para no ser borrados del mapa de la concertación social. Para muchos, la huelga general es un arma obsoleta, como también lo viene siendo el funcionamiento de los sindicatos de clase. Pero sin su concurso el desequilibrio en las relaciones laborales sería fuente de mayores desigualdades, responsabilidad que los exhorta a modernizar sus estructuras y a mejorar su menguada representatividad para recuperar protagonismo y autoritas.
Y, en este 29-M, a garantizar que la de hoy sea una jornada pacífica en la que se respeten por igual el derecho a la huelga y el de los trabajadores que no quieran secundarla.
(Editorial de "El Periódico de Aragón", publicado el día 29 de marzo de 2012)
BUENAS INTENCIONES
El proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno que el Ejecutivo presentó el viernes es una esperanzadora declaración de intenciones que, sin embargo, adolece de una indefinición preocupante. El esbozo de lo que todavía no es siquiera un anteproyecto de ley exigirá a las administraciones y empresas públicas dar información cumplida de sus cuentas, incluidos contratos y subvenciones, obligará a estas a responder a las cuestiones planteadas por los ciudadanos en el plazo de un mes, establecerá un “baremo de retribuciones” para controlar los sueldos de los alcaldes y ediles y marcará duras sanciones para los gestores que incumplan sus obligaciones, en especial las relativas al manejo de los fondos públicos.
El proyecto se abre ahora a los ciudadanos para que durante dos semanas puedan opinar sobre el mismo. Se trata de un proyecto legislativo ampliamente demandado en España, el único gran país europeo que carece de una norma como esta. Sin embargo, solo el desarrollo legislativo posterior determinará si la ley que prepara el Gobierno de Rajoy se alinea con los del resto de Europa y Estados Unidos.
De momento cabe resaltar que el proyecto español nace con señales inquietantes. La primera de ellas es el énfasis puesto en la importancia de lanzar al exterior un mensaje nítido sobre la solvencia española a la hora de cumplir sus compromisos financieros. Para tal empeño no es necesaria una ley que exige una larga tramitación. Basta con que los gestores del PP, mayoría abrumadora en las administraciones españolas, actúen correctamente en el desempeño de sus obligaciones.
Las duras sanciones anunciadas para determinadas conductas exigen ciertas modificaciones del código penal, pero muchas otras ya son perseguibles penalmente: lo único que se necesita es tener la voluntad de ponerles coto desde el poder.
No se establecen, que se sepa, los mecanismos para garantizar la calidad de la información que se pone a disposición de la ciudadanía. En el aire queda también si se terminará creando un organismo público independiente que vigile el cumplimiento de esas nuevas obligaciones o exija una simplificación en los trámites que deberá realizar el ciudadano para obtener la información requerida. Por lo demás, la razón para dejar fuera de la Ley de Transparencia a la Casa Real tampoco es convincente.
Son muchas lagunas en un proyecto que se percibe crucial para recuperar la credibilidad de la acción política y que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no se atrevió a culminar. Esta iniciativa de Mariano Rajoy es, con todo, un primer paso positivo que no debiera quedar en papel mojado durante las etapas que faltan para su culminación. Sería un flaco favor a la democracia española y un gesto muy negativo para el PP, un partido gravemente afectado por casos de corrupción y mal gobierno que ahora se pretenden atajar.
(Editorial de "El País", publicado el 25 de marzo de 2012)
El proyecto se abre ahora a los ciudadanos para que durante dos semanas puedan opinar sobre el mismo. Se trata de un proyecto legislativo ampliamente demandado en España, el único gran país europeo que carece de una norma como esta. Sin embargo, solo el desarrollo legislativo posterior determinará si la ley que prepara el Gobierno de Rajoy se alinea con los del resto de Europa y Estados Unidos.
De momento cabe resaltar que el proyecto español nace con señales inquietantes. La primera de ellas es el énfasis puesto en la importancia de lanzar al exterior un mensaje nítido sobre la solvencia española a la hora de cumplir sus compromisos financieros. Para tal empeño no es necesaria una ley que exige una larga tramitación. Basta con que los gestores del PP, mayoría abrumadora en las administraciones españolas, actúen correctamente en el desempeño de sus obligaciones.
Las duras sanciones anunciadas para determinadas conductas exigen ciertas modificaciones del código penal, pero muchas otras ya son perseguibles penalmente: lo único que se necesita es tener la voluntad de ponerles coto desde el poder.
No se establecen, que se sepa, los mecanismos para garantizar la calidad de la información que se pone a disposición de la ciudadanía. En el aire queda también si se terminará creando un organismo público independiente que vigile el cumplimiento de esas nuevas obligaciones o exija una simplificación en los trámites que deberá realizar el ciudadano para obtener la información requerida. Por lo demás, la razón para dejar fuera de la Ley de Transparencia a la Casa Real tampoco es convincente.
Son muchas lagunas en un proyecto que se percibe crucial para recuperar la credibilidad de la acción política y que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no se atrevió a culminar. Esta iniciativa de Mariano Rajoy es, con todo, un primer paso positivo que no debiera quedar en papel mojado durante las etapas que faltan para su culminación. Sería un flaco favor a la democracia española y un gesto muy negativo para el PP, un partido gravemente afectado por casos de corrupción y mal gobierno que ahora se pretenden atajar.
(Editorial de "El País", publicado el 25 de marzo de 2012)
ROMPER EL OCULTISMO
España necesita una ley de transparencia que obligue a rendir cuentas de la gestión pública.
España podría dejar de ser durante esta legislatura una anomalía europea. De contener las recomendaciones básicas de organismos multilaterales como el Consejo de Europa, la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno que el Gobierno de Mariano Rajoy se dispone a presentar el 17 de abril sería un importante paso adelante en la profundización de la democracia española. En esa línea han avanzado democracias similares. Solo una devastadora crisis económica y los altísimos índices de descrédito de los políticos parecen haber sido capaces de romper las resistencias de gobiernos de uno y otro color. Todos se han opuesto hasta ahora a otorgar a los ciudadanos el derecho que les pertenece de tener cumplida información de la actividad de sus representantes y de cómo estos administran el dinero público que se les ha confiado.
No es una cuestión menor. La transparencia en la gestión pública es la mejor herramienta de la que disponen los ciudadanos para ejercer un control real de la política. Votar cada cuatro años no es suficiente para colmar las expectativas de una sociedad democrática avanzada. La arraigada cultura española del secretismo hurta a los contribuyentes este derecho esencial y solo sirve para favorecer la corrupción y el mal gobierno.; fenómenos ambos que resultan sin embargo imposibles de ocultar a una ciudadanía cada vez más crispada por la crisis económica.
El anterior ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dejó por dos veces incumplido su compromiso electoral de sacar adelante una ley que obligara a las Administraciones a aportar a los ciudadanos la información requerida sin necesidad de que este justificara su petición y siempre y cuando los datos no pusieran en riesgo la seguridad nacional. Su anteproyecto de ley, acorde con los estándares internacionales, quedó, sin embargo, aparcado sin las debidas explicaciones.
España necesita una ley de transparencia que rompa la cultura del ocultismo. Es una demanda social extendida a la que han dado voz el Movimiento 15-M y algunos partidos políticos, como UPyD e IU. La democracia española se ha dotado durante las tres últimas décadas de Administraciones locales y autonómicas, supuestamente más próximas al ciudadano, que han extendido la misma opacidad que imperaba en la política nacional. Resulta intolerable que a los españoles se les niegue el derecho a conocer las listas de espera de sus hospitales, los índices de calidad de los centros educativos, los contratos que firma una Administración o los informes medioambientales que se elaboran y pagan con dinero público.
El Gobierno de Mariano Rajoy tiene en el anteproyecto de ley del anterior Ejecutivo una buena base sobre la que trabajar. Utilizarlo iría en contra de la habitual inercia sectaria de la política española, pero sería una magnífica señal de buen gobierno y de gestión de los recursos públicos; justo lo que la futura ley debería promover.
(Editorial de "El País", publicado el 20 de marzo de 2012)
España podría dejar de ser durante esta legislatura una anomalía europea. De contener las recomendaciones básicas de organismos multilaterales como el Consejo de Europa, la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno que el Gobierno de Mariano Rajoy se dispone a presentar el 17 de abril sería un importante paso adelante en la profundización de la democracia española. En esa línea han avanzado democracias similares. Solo una devastadora crisis económica y los altísimos índices de descrédito de los políticos parecen haber sido capaces de romper las resistencias de gobiernos de uno y otro color. Todos se han opuesto hasta ahora a otorgar a los ciudadanos el derecho que les pertenece de tener cumplida información de la actividad de sus representantes y de cómo estos administran el dinero público que se les ha confiado.
No es una cuestión menor. La transparencia en la gestión pública es la mejor herramienta de la que disponen los ciudadanos para ejercer un control real de la política. Votar cada cuatro años no es suficiente para colmar las expectativas de una sociedad democrática avanzada. La arraigada cultura española del secretismo hurta a los contribuyentes este derecho esencial y solo sirve para favorecer la corrupción y el mal gobierno.; fenómenos ambos que resultan sin embargo imposibles de ocultar a una ciudadanía cada vez más crispada por la crisis económica.
El anterior ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dejó por dos veces incumplido su compromiso electoral de sacar adelante una ley que obligara a las Administraciones a aportar a los ciudadanos la información requerida sin necesidad de que este justificara su petición y siempre y cuando los datos no pusieran en riesgo la seguridad nacional. Su anteproyecto de ley, acorde con los estándares internacionales, quedó, sin embargo, aparcado sin las debidas explicaciones.
España necesita una ley de transparencia que rompa la cultura del ocultismo. Es una demanda social extendida a la que han dado voz el Movimiento 15-M y algunos partidos políticos, como UPyD e IU. La democracia española se ha dotado durante las tres últimas décadas de Administraciones locales y autonómicas, supuestamente más próximas al ciudadano, que han extendido la misma opacidad que imperaba en la política nacional. Resulta intolerable que a los españoles se les niegue el derecho a conocer las listas de espera de sus hospitales, los índices de calidad de los centros educativos, los contratos que firma una Administración o los informes medioambientales que se elaboran y pagan con dinero público.
El Gobierno de Mariano Rajoy tiene en el anteproyecto de ley del anterior Ejecutivo una buena base sobre la que trabajar. Utilizarlo iría en contra de la habitual inercia sectaria de la política española, pero sería una magnífica señal de buen gobierno y de gestión de los recursos públicos; justo lo que la futura ley debería promover.
(Editorial de "El País", publicado el 20 de marzo de 2012)
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN: MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU.
La corrupción aflige a todos los países, minando los progresos sociales y alimentando la desigualdad y la injusticia.
Cuando personas e instituciones corruptas roban unos fondos para el desarrollo que se necesitan desesperadamente, se están robando a los pobres y las personas vulnerables la educación, la sanidad y otros servicios esenciales.
Si bien la corrupción puede marginar a los pobres, no los silenciará. Este año, en el mundo árabe y en otras regiones del mundo, los ciudadanos de a pie han unido sus voces para denunciar la corrupción y exigir que los gobiernos combatan este delito contra la democracia. Sus protestas han desencadenado cambios en la escena internacional que apenas si podrían haberse imaginado solo unos cuantos meses antes.
Todos nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos manos a la obra para combatir el cáncer de la corrupción.
Las Naciones Unidas están ayudando a los países a luchar contra la corrupción en el marco de su campaña general, a nivel de todo el sistema, destinada a contribuir a reforzar la democracia y la buena gobernanza.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un poderoso instrumento en esta lucha. Insto a todos los gobiernos que aún no la hayan ratificado a que lo hagan sin demora. Asimismo, exhorto a los gobiernos a que incluyan medidas de lucha contra la corrupción en todos los programas nacionales de apoyo al desarrollo sostenible.
El sector privado también puede salir enormemente beneficiado de la adopción de medidas eficaces contra la corrupción. La corrupción distorsiona los mercados, incrementa los costos para las empresas y, en última instancia, castiga a los consumidores. Las empresas pueden crear una economía mundial más transparente adoptando iniciativas de lucha contra la corrupción, incluida la labor del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
En este Día Internacional contra la Corrupción, comprometámonos a hacer la parte que nos corresponde tomando medidas enérgicas contra la corrupción, avergonzando a quienes la practican y engendrando una cultura que valore el comportamiento ético.
(Mensaje del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, el 9 de diciembre de 2011)
EN DEFENSA DE LO COMÚN.
El debate entre lo público y lo privado, distorsionado por prejuicios ideológicos y económicos, oculta el verdadero problema que estamos padeciendo, que no es otro que el declive de lo común, la minusvaloración de todo aquello que nos concierne a todos.
Vivimos en una época en que lo individual prima sobre lo colectivo y ello genera la desvalorización de algunas expresiones que jalonan nuestra Constitución y de todos los conceptos que deberían constituir el armazón de nuestra sociedad: la patria común, el interés general, el bien común o los intereses colectivos.
Lo común es anterior a lo público. Las mutuas o mutualidades precedieron a la seguridad social. Los bienes comunales, del común de los vecinos, fueron anteriores al concepto de dominio público. Lo público se superpuso sobre lo común. Hoy, los bienes comunales languidecen por su pésima gestión o son usurpados por intereses económicos espurios.
Defender lo común significa proteger los patrimonios cultural y paisajístico. Todos perdemos algo cuando arde un monte, ya sea público o privado. Los atentados contra el patrimonio histórico nos afectan a todos con independencia de que el bien dañado sea un palacio privado, una iglesia o una casa consistorial.
Se empieza dudando del concepto de nación y se termina dejando a los aragoneses sin atención médica en Cataluña. Se empieza invocando el interés general en la guerra televisiva del fútbol y se termina apoyando a unos operadores frente a otros.
Saldremos antes de la crisis si volvemos a encontrar elementos de cohesión, si renunciamos a practicar el sálvese quien pueda, si dejamos de tirarnos los trastos los unos a los otros, responsabilizándonos mutuamente de los errores que cometieron otros.
Lo común se protege con más ahínco en países que cuidan su educación cívica. Por eso no hay que ser demasiado optimista. Igual que se ha dicho que España es un gran país o que España tiene futuro, también se puede decir que España vuelve a escupir. Es preocupante observar el gran número de adolescentes y de jóvenes que esputan en la calle. No menciono lo de orinar porque forma parte de nuestras más rancias tradiciones. Pero no se puede esperar otra cosa de un país que nació con la derrota de los comuneros.
Durante siglos, la civilización se ha preocupado por incorporar al patriomonio común lo que no pertenecía a nadie, sobre todo los valores inmateriales vinculados a la actividad cultural o a la defensa del medio ambiente o del paisaje. Sin embargo, en los últimos tiempos, aquello que es de todos, incluido el dinero público, parece que no es de nadie.
Recuperar el sentido de lo común es apostar por el futuro. Si, además, recuperamos el sentido común, mejor.
(Artículo de Ángel Garcés Sanagustín, publicado en "Heraldo de Aragón" el 28 de octubre de 2011)
Vivimos en una época en que lo individual prima sobre lo colectivo y ello genera la desvalorización de algunas expresiones que jalonan nuestra Constitución y de todos los conceptos que deberían constituir el armazón de nuestra sociedad: la patria común, el interés general, el bien común o los intereses colectivos.
Lo común es anterior a lo público. Las mutuas o mutualidades precedieron a la seguridad social. Los bienes comunales, del común de los vecinos, fueron anteriores al concepto de dominio público. Lo público se superpuso sobre lo común. Hoy, los bienes comunales languidecen por su pésima gestión o son usurpados por intereses económicos espurios.
Defender lo común significa proteger los patrimonios cultural y paisajístico. Todos perdemos algo cuando arde un monte, ya sea público o privado. Los atentados contra el patrimonio histórico nos afectan a todos con independencia de que el bien dañado sea un palacio privado, una iglesia o una casa consistorial.
Se empieza dudando del concepto de nación y se termina dejando a los aragoneses sin atención médica en Cataluña. Se empieza invocando el interés general en la guerra televisiva del fútbol y se termina apoyando a unos operadores frente a otros.
Saldremos antes de la crisis si volvemos a encontrar elementos de cohesión, si renunciamos a practicar el sálvese quien pueda, si dejamos de tirarnos los trastos los unos a los otros, responsabilizándonos mutuamente de los errores que cometieron otros.
Lo común se protege con más ahínco en países que cuidan su educación cívica. Por eso no hay que ser demasiado optimista. Igual que se ha dicho que España es un gran país o que España tiene futuro, también se puede decir que España vuelve a escupir. Es preocupante observar el gran número de adolescentes y de jóvenes que esputan en la calle. No menciono lo de orinar porque forma parte de nuestras más rancias tradiciones. Pero no se puede esperar otra cosa de un país que nació con la derrota de los comuneros.
Durante siglos, la civilización se ha preocupado por incorporar al patriomonio común lo que no pertenecía a nadie, sobre todo los valores inmateriales vinculados a la actividad cultural o a la defensa del medio ambiente o del paisaje. Sin embargo, en los últimos tiempos, aquello que es de todos, incluido el dinero público, parece que no es de nadie.
Recuperar el sentido de lo común es apostar por el futuro. Si, además, recuperamos el sentido común, mejor.
(Artículo de Ángel Garcés Sanagustín, publicado en "Heraldo de Aragón" el 28 de octubre de 2011)
LOS ORÍGENES DEL ORDEN POLÍTICO.
En Westeros, los proscritos de sus siete reinos se alistan, de buen grado o por la fuerza, en la Guardia de la Noche y juran servirla de por vida: "Ahora empieza mi guardia. Solo acabará con mi muerte. No tendré mujer, ni tierras, ni hijos".
La Guardia, imaginada por mi coetáneo George R. R. Martin, ha cableado la mentalidad de una generación de jóvenes universitarios, devoradores de su Canción de hielo y fuego, una saga fantástica que HBO está llevando a la televisión, esto es, al mundo. En la Guardia, la fratría sustituye a la patria y el celibato aleja las distracciones personales y familiares, aunque no siempre las impida.
La fantasía épica de la Guardia de la Noche evoca docenas de instituciones históricas pensadas para aislar a sus miembros de toda influencia proveniente de sus familias originarias o de las que podrían llegar a formar.
Así, algunas culturas musulmanas establecieron fratrías militares de esclavos convertidos al islam y juramentados al servicio militar del poder político, como los mamelucos en Egipto o los jenízaros en el Imperio Otomano. Las Cruzadas dieron origen a los templarios. La Legión Extranjera francesa, creada en 1831, se nutría de extranjeros desarraigados: "Legio patria nostra", la legión es nuestra patria, rezaba su lema. Todavía hoy, el cuerpo de marines norteamericano ve con muy malos ojos el matrimonio entre marines de distinto rango o posición, aunque, por razones constitucionales, no pueda prohibirlos.
Las fratrías militares que no se disuelven en el Estado al que pretenden servir suelen acabar mal. Los templarios fueron aniquilados en 1314 y los jenízaros en 1826. Pero dejo el destino que acecha, en la novela de Martin, a la Guardia de la Noche y a Jon Snow, su joven adalid, a la curiosidad ansiosa de sus subyugados lectores, entre quienes me incluyo.
Intrigado por la recurrencia de los intentos históricos de apartar el servicio al poder político del matrimonio y la familia, el analista Francis Fukuyama escribe ahora que, en el origen de todo orden político bien estructurado, está el esfuerzo logrado por evitar su patrimonialización, su captura por sus servidores y sus estirpes (The Origins of Political Order).
Como en la ficción de la Guardia de la Noche de Martin, en el fresco histórico comparado de Fukuyama, solo un Estado fuerte, sujeto a las leyes y que cuente con resortes institucionales para hacer responder a sus servidores resiste la usura del paso del tiempo.
Fukuyama acumula episodios históricos muy heterogéneos para ilustrar su tesis, casi fantástica, de que todo buen gobierno aparta sistemáticamente a los servidores públicos de sus familias de origen o, incluso, de la posibilidad -legal o biológi-ca- de formarlas. Como en su libro aparecen desde la práctica imperial de la China de los Zhou (siglo VII antes de Cristo) de imponerse a los aristócratas exterminando también a sus familiares hasta la imposición del celibato eclesiástico en la Iglesia occidental por el monje-papa Gregorio VII (1073-1085), pasando por los regimientos de esclavos soldados o la encomienda de llevanza de las cosas públicas a eunucos, muchos le criticarán por apilar anécdotas históricas, casi por novelarlas. Mas, al cabo, nadie osará negar que el resultado es casi tan fascinante en Fukuyama como en Martin.
Gobernantes y sus familiares se han entrecruzado siempre. La secretaria de Estado Hillary Clinton sigue casada con un antiguo presidente de Estados Unidos; la candidata a la presidencia de Francia Martine Aubry es hija de Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea; y, en Cataluña, el patriarca Pujol cuenta a un hijo suyo entre los cuatro o cinco primeros dirigentes del partido que fundara. Fukuyama acierta cuando acentúa la importancia de separar los ámbitos de lo público y de lo privado, respetando ambos.
Hace unos 20 años, Fukuyama saltó a la fama al anunciar el final de la Historia, cuando sostuvo que no es pensable un régimen político superior a la democracia liberal. Ahora, vuelve a retar a sus críticos al situar las claves del buen gobierno en realidades históricas, como el derecho canónico y el common law anteriores a la Revolución Industrial y a la Ilustración, es decir, al origen de la Historia según los modernos.
Martin y Fukuyama son recomendaciones osadas, pero la inagotable creatividad del primero y la fantástica reflexión del segundo son un reto avasallador para quienes creemos que la familia es demasiado importante para dejarla en manos de Iglesias y Gobiernos o que el Estado es demasiado serio para ponerlo al servicio de las familias de sus funcionarios y políticos.
(Artículo de Pablo Salvador Coderch, publicado en "El País" el 16 de septiembre de 2011)
La Guardia, imaginada por mi coetáneo George R. R. Martin, ha cableado la mentalidad de una generación de jóvenes universitarios, devoradores de su Canción de hielo y fuego, una saga fantástica que HBO está llevando a la televisión, esto es, al mundo. En la Guardia, la fratría sustituye a la patria y el celibato aleja las distracciones personales y familiares, aunque no siempre las impida.
La fantasía épica de la Guardia de la Noche evoca docenas de instituciones históricas pensadas para aislar a sus miembros de toda influencia proveniente de sus familias originarias o de las que podrían llegar a formar.
Así, algunas culturas musulmanas establecieron fratrías militares de esclavos convertidos al islam y juramentados al servicio militar del poder político, como los mamelucos en Egipto o los jenízaros en el Imperio Otomano. Las Cruzadas dieron origen a los templarios. La Legión Extranjera francesa, creada en 1831, se nutría de extranjeros desarraigados: "Legio patria nostra", la legión es nuestra patria, rezaba su lema. Todavía hoy, el cuerpo de marines norteamericano ve con muy malos ojos el matrimonio entre marines de distinto rango o posición, aunque, por razones constitucionales, no pueda prohibirlos.
Las fratrías militares que no se disuelven en el Estado al que pretenden servir suelen acabar mal. Los templarios fueron aniquilados en 1314 y los jenízaros en 1826. Pero dejo el destino que acecha, en la novela de Martin, a la Guardia de la Noche y a Jon Snow, su joven adalid, a la curiosidad ansiosa de sus subyugados lectores, entre quienes me incluyo.
Intrigado por la recurrencia de los intentos históricos de apartar el servicio al poder político del matrimonio y la familia, el analista Francis Fukuyama escribe ahora que, en el origen de todo orden político bien estructurado, está el esfuerzo logrado por evitar su patrimonialización, su captura por sus servidores y sus estirpes (The Origins of Political Order).
Como en la ficción de la Guardia de la Noche de Martin, en el fresco histórico comparado de Fukuyama, solo un Estado fuerte, sujeto a las leyes y que cuente con resortes institucionales para hacer responder a sus servidores resiste la usura del paso del tiempo.
Fukuyama acumula episodios históricos muy heterogéneos para ilustrar su tesis, casi fantástica, de que todo buen gobierno aparta sistemáticamente a los servidores públicos de sus familias de origen o, incluso, de la posibilidad -legal o biológi-ca- de formarlas. Como en su libro aparecen desde la práctica imperial de la China de los Zhou (siglo VII antes de Cristo) de imponerse a los aristócratas exterminando también a sus familiares hasta la imposición del celibato eclesiástico en la Iglesia occidental por el monje-papa Gregorio VII (1073-1085), pasando por los regimientos de esclavos soldados o la encomienda de llevanza de las cosas públicas a eunucos, muchos le criticarán por apilar anécdotas históricas, casi por novelarlas. Mas, al cabo, nadie osará negar que el resultado es casi tan fascinante en Fukuyama como en Martin.
Gobernantes y sus familiares se han entrecruzado siempre. La secretaria de Estado Hillary Clinton sigue casada con un antiguo presidente de Estados Unidos; la candidata a la presidencia de Francia Martine Aubry es hija de Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea; y, en Cataluña, el patriarca Pujol cuenta a un hijo suyo entre los cuatro o cinco primeros dirigentes del partido que fundara. Fukuyama acierta cuando acentúa la importancia de separar los ámbitos de lo público y de lo privado, respetando ambos.
Hace unos 20 años, Fukuyama saltó a la fama al anunciar el final de la Historia, cuando sostuvo que no es pensable un régimen político superior a la democracia liberal. Ahora, vuelve a retar a sus críticos al situar las claves del buen gobierno en realidades históricas, como el derecho canónico y el common law anteriores a la Revolución Industrial y a la Ilustración, es decir, al origen de la Historia según los modernos.
Martin y Fukuyama son recomendaciones osadas, pero la inagotable creatividad del primero y la fantástica reflexión del segundo son un reto avasallador para quienes creemos que la familia es demasiado importante para dejarla en manos de Iglesias y Gobiernos o que el Estado es demasiado serio para ponerlo al servicio de las familias de sus funcionarios y políticos.
(Artículo de Pablo Salvador Coderch, publicado en "El País" el 16 de septiembre de 2011)
EFECTOS ECONÓMICOS DE LA CORRUPCIÓN.
En España, los ciudadanos no afrontan ni sancionan suficientemente el fenómeno de la corrupción, como muestran los últimos resultados electorales, en los que los políticos imputados por casos de corrupción han salido ilesos y mayoritariamente reelegidos. Ante esa laxitud social frente a la corrupción, vamos a recordar aquí algunos de sus muy negativos efectos económicos.
Si tenemos en cuenta la definición de corrupción como "utilización de un cargo público en beneficio propio", hemos de tener presente que los altos beneficios económicos que obtienen los corruptos generan un sobreprecio en las obras o servicios públicos, lo cual supone un verdadero impuesto implícito que pagan los ciudadanos. En muchos casos, además, las decisiones corruptas de concesión de tales obras o servicios van acompañadas de una falta absoluta de control de la calidad (en materiales o especificaciones técnicas, por ejemplo) o de la seguridad (física, sanitaria, etcétera).
Por otra parte, en ocasiones se financian de forma injustificada megaproyectos enormemente costosos para el erario público que no tienen la mínima rentabilidad económica o social exigible. Las decisiones corruptas también pueden generar diversos riesgos económicos, entre otros: los inmuebles construidos indebidamente (en zonas protegidas medioambientalmente, o vulnerando normas sobre las costas, etcétera) pueden generar riesgos de demolición, por ejemplo, para los compradores.
La corrupción genera, por otra parte, grandes cantidades de dinero opacas, que incrementan la economía sumergida, lo cual viene a reducir sensiblemente los ingresos públicos, originando así una mayor carga fiscal sustitutoria para el conjunto de los contribuyentes. Además, tales cantidades se destinan muy frecuentemente a nutrir los paraísos fiscales, verdadera vergüenza internacional, muchos de los cuales pertenecen o están bajo la soberanía de países desarrollados. Aunque en los índices de corrupción que publicamos en Transparencia Internacional se muestran los países más corruptos (normalmente entre los más pobres), no hay que olvidar que una gran parte del dinero corrupto generado en esos países es colocado y recibido por los paraísos fiscales bajo bandera de los países ricos.
Otro efecto perverso de la corrupción es que impide la libre competencia y las reglas del juego democráticas, generando importantes ineficiencias y costes económicos, de confianza, etcétera, y reduce ostensiblemente la efectividad y calidad de las políticas económicas.
De cualquier forma, los costes más importantes de la corrupción quizá sean justamente los que no se ven, los costes de oportunidad, o en definitiva, lo que se deja de ganar. Cada vez más, la corrupción ahuyenta a los potenciales inversores, en primer lugar, por razones éticas, ya que hay un creciente número de fondos de inversión y empresas con planteamientos o códigos éticos, que eluden cualquier vestigio o riesgo de corrupción; y también por razones pragmáticas, puesto que en los países y entornos corruptos siempre existe el riesgo de futuros problemas legales o judiciales, o incluso políticos que pueden perjudicar arbitrariamente, limitar o incluso expropiar o hacer perder tales inversiones (algunos estudios indican que en los países corruptos hay una alta probabilidad de perder la inversión en un plazo de cinco años).
Además de los perjuicios económicos, y ya en clave política o social, la existencia de numerosos indicios de corrupción en los cargos públicos genera una amplia desconfianza en la clase política y una sensación de impunidad que hace que los ciudadanos se alejen cada vez más de los políticos, y lo que es peor, tengan una sensación de fatalismo y una cierta creencia de que los políticos son todos iguales, lo cual evidentemente no es cierto, aunque cuesta convencerles de lo contrario.
En resumen, los costes y efectos económicos de la corrupción son demasiado importantes para que la comunidad internacional (países, organismos nacionales e internacionales, sociedad civil, etcétera) nos mantengamos de brazos cruzados ante esta lacra social, alarmante y demasiado consentida, que lamentablemente impregna tantas instituciones, empresas y colectivos de esta aldea global.
Aunque la solución de este importante problema resulta harto complicada, una forma de atajarlo al menos radica en impulsar firmemente la transparencia, la cual constituye indudablemente el mejor antídoto contra la corrupción. Cuanto mayor es la información que se genera y se divulga por parte de las instituciones y cargos públicos, menos margen hay para la corrupción. En esta cultura de la transparencia resulta fundamental la educación de los ciudadanos, para que ya desde niños puedan aprender a valorar adecuadamente la importancia de la transparencia social y lo perverso o negativo de la corrupción. En esto tenemos un importante papel los enseñantes (en colegios, institutos y universidades), así como las organizaciones de una sociedad civil activa, participativa, y no conformista.
En definitiva, aumentar el nivel de transparencia social y combatir decididamente la corrupción es una importante asignatura pendiente y sin duda uno de los más importantes desafíos para esta sociedad del siglo XXI.
(Artículo de Jesús Lizcano, publicado en "El País" el 8 de septiembre de 2011)
Si tenemos en cuenta la definición de corrupción como "utilización de un cargo público en beneficio propio", hemos de tener presente que los altos beneficios económicos que obtienen los corruptos generan un sobreprecio en las obras o servicios públicos, lo cual supone un verdadero impuesto implícito que pagan los ciudadanos. En muchos casos, además, las decisiones corruptas de concesión de tales obras o servicios van acompañadas de una falta absoluta de control de la calidad (en materiales o especificaciones técnicas, por ejemplo) o de la seguridad (física, sanitaria, etcétera).
Por otra parte, en ocasiones se financian de forma injustificada megaproyectos enormemente costosos para el erario público que no tienen la mínima rentabilidad económica o social exigible. Las decisiones corruptas también pueden generar diversos riesgos económicos, entre otros: los inmuebles construidos indebidamente (en zonas protegidas medioambientalmente, o vulnerando normas sobre las costas, etcétera) pueden generar riesgos de demolición, por ejemplo, para los compradores.
La corrupción genera, por otra parte, grandes cantidades de dinero opacas, que incrementan la economía sumergida, lo cual viene a reducir sensiblemente los ingresos públicos, originando así una mayor carga fiscal sustitutoria para el conjunto de los contribuyentes. Además, tales cantidades se destinan muy frecuentemente a nutrir los paraísos fiscales, verdadera vergüenza internacional, muchos de los cuales pertenecen o están bajo la soberanía de países desarrollados. Aunque en los índices de corrupción que publicamos en Transparencia Internacional se muestran los países más corruptos (normalmente entre los más pobres), no hay que olvidar que una gran parte del dinero corrupto generado en esos países es colocado y recibido por los paraísos fiscales bajo bandera de los países ricos.
Otro efecto perverso de la corrupción es que impide la libre competencia y las reglas del juego democráticas, generando importantes ineficiencias y costes económicos, de confianza, etcétera, y reduce ostensiblemente la efectividad y calidad de las políticas económicas.
De cualquier forma, los costes más importantes de la corrupción quizá sean justamente los que no se ven, los costes de oportunidad, o en definitiva, lo que se deja de ganar. Cada vez más, la corrupción ahuyenta a los potenciales inversores, en primer lugar, por razones éticas, ya que hay un creciente número de fondos de inversión y empresas con planteamientos o códigos éticos, que eluden cualquier vestigio o riesgo de corrupción; y también por razones pragmáticas, puesto que en los países y entornos corruptos siempre existe el riesgo de futuros problemas legales o judiciales, o incluso políticos que pueden perjudicar arbitrariamente, limitar o incluso expropiar o hacer perder tales inversiones (algunos estudios indican que en los países corruptos hay una alta probabilidad de perder la inversión en un plazo de cinco años).
Además de los perjuicios económicos, y ya en clave política o social, la existencia de numerosos indicios de corrupción en los cargos públicos genera una amplia desconfianza en la clase política y una sensación de impunidad que hace que los ciudadanos se alejen cada vez más de los políticos, y lo que es peor, tengan una sensación de fatalismo y una cierta creencia de que los políticos son todos iguales, lo cual evidentemente no es cierto, aunque cuesta convencerles de lo contrario.
En resumen, los costes y efectos económicos de la corrupción son demasiado importantes para que la comunidad internacional (países, organismos nacionales e internacionales, sociedad civil, etcétera) nos mantengamos de brazos cruzados ante esta lacra social, alarmante y demasiado consentida, que lamentablemente impregna tantas instituciones, empresas y colectivos de esta aldea global.
Aunque la solución de este importante problema resulta harto complicada, una forma de atajarlo al menos radica en impulsar firmemente la transparencia, la cual constituye indudablemente el mejor antídoto contra la corrupción. Cuanto mayor es la información que se genera y se divulga por parte de las instituciones y cargos públicos, menos margen hay para la corrupción. En esta cultura de la transparencia resulta fundamental la educación de los ciudadanos, para que ya desde niños puedan aprender a valorar adecuadamente la importancia de la transparencia social y lo perverso o negativo de la corrupción. En esto tenemos un importante papel los enseñantes (en colegios, institutos y universidades), así como las organizaciones de una sociedad civil activa, participativa, y no conformista.
En definitiva, aumentar el nivel de transparencia social y combatir decididamente la corrupción es una importante asignatura pendiente y sin duda uno de los más importantes desafíos para esta sociedad del siglo XXI.
(Artículo de Jesús Lizcano, publicado en "El País" el 8 de septiembre de 2011)
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
La interinidad y las comisiones de servicio se habían convertido en norma en la Administración aragonesa, cuando deben ser la excepción. El consejero de Hacienda, Mario Garcés, comunicó ayer a los sindicatos que habrá un macroconcurso para regularizar la situación anómala de mil quinientos trabajadores. Normalizar estos casos, devolver la transparencia y, en la medida de lo posible, aumentar la eficacia son tareas obligadas.
Clarificar la situación de la plantilla del Gobierno de Aragón va a ser una prioridad para el nuevo Ejecutivo, cuya presidenta a adscrito la función pública a la consejería estrella, Hacienda. Fue el anterior presidente, Marcelino Iglesias, el que desgajó y trasladó función pública desde Economía a Presidencia, que ha dejado, en los últimos años, que la plantilla de interinos fuera engrosando y que las reclamaciones de funcionarios para regularizar unas "provisionalidades" que se hacían eternas fueran sistemáticamente aparcadas cuando no relegadas. La función pública es la garantía de que servicios básicos para el ciudadano sean prestados con eficacia y profesionalidad. De ahí la importancia de que el principio de legalidad y la transparencia se respeten escrupulosamente. La opacidad en lo referente a contrataciones eventuales y asesores ha sido uno de los puntos débiles del anterior Ejecutivo. Por eso se espera que el cambio en la DGA corrija situaciones excepcionales que se habían convertido en norma. Los méritos y la capacidad son los principios básicos para ocupar un puesto determinado en la función pública, muchas veces denostada sin razón, entre otras cosas porque sus responsables no velan por su verdadera razón de ser.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 1 de septiembre de 2011)
Clarificar la situación de la plantilla del Gobierno de Aragón va a ser una prioridad para el nuevo Ejecutivo, cuya presidenta a adscrito la función pública a la consejería estrella, Hacienda. Fue el anterior presidente, Marcelino Iglesias, el que desgajó y trasladó función pública desde Economía a Presidencia, que ha dejado, en los últimos años, que la plantilla de interinos fuera engrosando y que las reclamaciones de funcionarios para regularizar unas "provisionalidades" que se hacían eternas fueran sistemáticamente aparcadas cuando no relegadas. La función pública es la garantía de que servicios básicos para el ciudadano sean prestados con eficacia y profesionalidad. De ahí la importancia de que el principio de legalidad y la transparencia se respeten escrupulosamente. La opacidad en lo referente a contrataciones eventuales y asesores ha sido uno de los puntos débiles del anterior Ejecutivo. Por eso se espera que el cambio en la DGA corrija situaciones excepcionales que se habían convertido en norma. Los méritos y la capacidad son los principios básicos para ocupar un puesto determinado en la función pública, muchas veces denostada sin razón, entre otras cosas porque sus responsables no velan por su verdadera razón de ser.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 1 de septiembre de 2011)
LAS VACACIONES DEL SIERVO.
Que la misión del político consiste en resolver los problemas de los llamados ciudadanos y en mantenerse lo más cercano posible a la gente común para no perder de vista las inquietudes de los votantes son, sin duda, los dos tópicos capitales que sustentan casi toda disertación política contemporánea, desde la tertulia al tratado. Un político que crea problemas en lugar de eliminarlos, o que se encierra en su mundo particular y deja de hablar el lenguaje de la calle, tiene ya sentenciada su ruina, mucho más que si fuese lascivo, mentiroso o ladrón. De hecho, vicios como estos suelen ser muy apreciados por la clientela electoral, ya que le permiten la íntima satisfacción -esencial en toda ciudadanía autoconsciente- de descubrirse más virtuosa que sus representantes.
La virtud se busca con la secreta esperanza de no encontrarla; la cercanía sí suscita el interés público
Si los políticos fueran irreprochables en su conducta, nos humillarían de manera muy molesta y cometerían un pecado difícil de perdonar: el de dar a entender que lo que se denomina sociedad civil es moralmente inferior a sus gobernantes. En caso de prosperar esta creencia, se violarían, no en vano, condiciones muy elementales de la imagen que toda nación moderna ha de tener de sí misma, de manera que al político honrado le convendrá fingir un poco de corrupción de cuando en cuando, so pena de faltar a una obligación sagrada.
Desde luego, lo anterior no debe declararse públicamente. La buena educación aconseja decir que la política es un ágora en la que todos están llamados a participar, de la que nadie puede ser excluido, y donde lo justo y conveniente se descubre gracias a la práctica del diálogo y al cultivo de lo que se llama valores. Cierta dosis de esta retórica melosa resulta imprescindible para dar lustre doctrinal al discurso, aunque el súbdito no confiere legitimidad a sus gobernantes por tales expresiones declamatorias, que le aburren tanto como a sus autores.
Mientras que la virtud se busca con la secreta esperanza de no encontrarla, la eficiencia y la cercanía sí que son objeto del máximo interés público, y en realidad quizá sea esta última, más que la primera, la piedra angular de la legitimidad democrática: el principal deber del político es parecerse a nosotros en su manera de hablar y razonar y hasta en sus sentimientos y gustos. Quizá la ineficacia pueda disculparse a veces, pero de ninguna manera la actitud distante y estirada, que constituye un indicio seguro de desconexión con la ciudadanía o, lo que es lo mismo, con la realidad. Para entender el concepto prevaleciente de lo político puede resultar útil la analogía entre lo que incumbe al hombre público y la función que las universidades más competitivas atribuyen a esa mezcla de criado y bufón que se supone han de ser sus docentes: el profesor debe distinguirse, en efecto, por facilitar al alumno la adquisición de destrezas y astucias útiles para su futuro laboral y, al mismo tiempo, por resultar un tipo accesible, que sepa llegar a la juventud, que hable su lenguaje y que le sirva de entretenimiento.
La idea de que la política es un servicio se transfigura con facilidad en la de que su fin es servir al público, pero en relación con las necesidades y caprichos privados de este, y en particular con los referidos al consumo. Cuando el ágora pasa a ser un lugar donde solo se habla de cuestiones privadas, no es raro que la política se convierta en un asunto estrictamente casero, tanto que las prestaciones que se exigen al hombre público se parecerán mucho a las propias del servicio doméstico. En realidad el súbdito, seguro de su protagonismo en el mercado político y cargado de razones por suponérsele portador de los valores más exquisitos, ostentará con el gobernante la misma altiva infatuación en que se complace cierta clase de criados cuando, disfrutando de una jornada de asueto, acuden a bares u otros establecimientos públicos para hallar ocasión de ser atendidos y de invertir el signo de la servidumbre. A menudo, el fámulo de permiso se mostrará inflexible y hasta despótico con quienes durante cierto lapso de tiempo están obligados a trabajar para él, porque de sobra sabe cuáles son las condiciones de un servicio eficiente. Quien tiene oportunidad de impartir órdenes, aunque solo sea durante un rato breve, imitará con todo convencimiento los modales de su amo, y su señorío interino bastará a persuadirlo de que él también ha nacido para mandar.
Esos mismos modos de petulante y desclasado criado de vacaciones son los que suele emplear el ciudadano que exige a todas horas eficiencia en la prestación de los servicios públicos y celebra, por ejemplo, que la gestión de hospitales o consultas médicas pase a manos privadas. ¿Qué importa la titularidad privada o pública de algo cuando el servicio que a mí se me presta es irreprochable? No cabe ninguna duda de que la gestión privada de la sanidad pública le da al súbdito la más vívida impresión de estar siendo bien atendido y de ser el objeto casi individualizado del servicio. En lugar de funcionarios hoscos, indolentes y suspicaces, hallará un personal adornado con los modales propios de las azafatas y de los pajes, en un ambiente altamente profesional, típico de clínicas de pago, donde todos los detalles pueden ser objeto de evaluación y hasta de reclamación.
Pero debería advertirse que esta ideología de la eficacia está pensada para ofrecérsela al ciudadano solamente en cuanto beneficiario de los servicios, no en cuanto alguien de quien también se espera que preste otros semejantes. Se trata de la mentalidad del criado de permiso, no del que ha pasado ya sus horas de asueto y ha vuelto a casa de los señores. En una sociedad eficiente todos seremos tratados como en un hotel de lujo, pero solo durante nuestros ratos de descanso, porque el resto del tiempo lo pasaremos sometidos, con idéntica eficacia, a un régimen severísimo bajo la inspección de capataces implacables.
Convendría tener presente que, en latitudes no calvinistas, lo más deseable para sobrevivir es una moderada y soportable ineficiencia de personas e instituciones, pero esta profunda verdad apenas puede confesarse, porque la ideología del siervo de vacaciones lleva todas las de ganar.
Nada tiene de raro que la política se conciba también como un servicio que debe ser prestado en las mejores condiciones de eficacia. De ordinario, el político apenas promete otra cosa, y el resultado es que el espacio público se convierta en un ruidoso casino (o, mejor, un cibercafé) al que los criados acuden, cuando están de permiso, para olvidarse de su condición ancilar y de lo poco que falta para recobrarla. Naturalmente, los camareros del cibercafé se pasarán el rato llamando "señor" a todo el mundo y repitiendo una y otra vez que el que manda es el cliente.
La ficción principal en que se funda la cosa pública contemporánea es la consistente en creer que los políticos no sirven a los dueños del cibercafé (gente por lo común muy poco amable), sino a los criados de permiso que acuden a convencerse de que ellos también son señores.
Para el súbdito, la política es un lugar donde pasar los días de ocio y donde todos parecen convencidos de que las vacaciones no tienen fin. Pero, al terminarse las horas o los días reglamentarios, quizá el fámulo se haya cansado de tanta ficción, agradezca ser tratado con menos atenciones y añore la disciplina y la mano dura. El retorno no podrá ser más provechoso para el amo, porque el siervo correrá a servirle con toda la energía que suele desencadenarse cuando uno se libra de la simulación, una energía que sin duda se agotará (y suscitará entonces no poco arrepentimiento) pero que, mientras dure, prestará servicios inestimables y causará también el más odioso de los regocijos.
(Artículo de Antonio Valdecantos, publicado en "El País" el 31 de agosto de 2011)
La virtud se busca con la secreta esperanza de no encontrarla; la cercanía sí suscita el interés público
Si los políticos fueran irreprochables en su conducta, nos humillarían de manera muy molesta y cometerían un pecado difícil de perdonar: el de dar a entender que lo que se denomina sociedad civil es moralmente inferior a sus gobernantes. En caso de prosperar esta creencia, se violarían, no en vano, condiciones muy elementales de la imagen que toda nación moderna ha de tener de sí misma, de manera que al político honrado le convendrá fingir un poco de corrupción de cuando en cuando, so pena de faltar a una obligación sagrada.
Desde luego, lo anterior no debe declararse públicamente. La buena educación aconseja decir que la política es un ágora en la que todos están llamados a participar, de la que nadie puede ser excluido, y donde lo justo y conveniente se descubre gracias a la práctica del diálogo y al cultivo de lo que se llama valores. Cierta dosis de esta retórica melosa resulta imprescindible para dar lustre doctrinal al discurso, aunque el súbdito no confiere legitimidad a sus gobernantes por tales expresiones declamatorias, que le aburren tanto como a sus autores.
Mientras que la virtud se busca con la secreta esperanza de no encontrarla, la eficiencia y la cercanía sí que son objeto del máximo interés público, y en realidad quizá sea esta última, más que la primera, la piedra angular de la legitimidad democrática: el principal deber del político es parecerse a nosotros en su manera de hablar y razonar y hasta en sus sentimientos y gustos. Quizá la ineficacia pueda disculparse a veces, pero de ninguna manera la actitud distante y estirada, que constituye un indicio seguro de desconexión con la ciudadanía o, lo que es lo mismo, con la realidad. Para entender el concepto prevaleciente de lo político puede resultar útil la analogía entre lo que incumbe al hombre público y la función que las universidades más competitivas atribuyen a esa mezcla de criado y bufón que se supone han de ser sus docentes: el profesor debe distinguirse, en efecto, por facilitar al alumno la adquisición de destrezas y astucias útiles para su futuro laboral y, al mismo tiempo, por resultar un tipo accesible, que sepa llegar a la juventud, que hable su lenguaje y que le sirva de entretenimiento.
La idea de que la política es un servicio se transfigura con facilidad en la de que su fin es servir al público, pero en relación con las necesidades y caprichos privados de este, y en particular con los referidos al consumo. Cuando el ágora pasa a ser un lugar donde solo se habla de cuestiones privadas, no es raro que la política se convierta en un asunto estrictamente casero, tanto que las prestaciones que se exigen al hombre público se parecerán mucho a las propias del servicio doméstico. En realidad el súbdito, seguro de su protagonismo en el mercado político y cargado de razones por suponérsele portador de los valores más exquisitos, ostentará con el gobernante la misma altiva infatuación en que se complace cierta clase de criados cuando, disfrutando de una jornada de asueto, acuden a bares u otros establecimientos públicos para hallar ocasión de ser atendidos y de invertir el signo de la servidumbre. A menudo, el fámulo de permiso se mostrará inflexible y hasta despótico con quienes durante cierto lapso de tiempo están obligados a trabajar para él, porque de sobra sabe cuáles son las condiciones de un servicio eficiente. Quien tiene oportunidad de impartir órdenes, aunque solo sea durante un rato breve, imitará con todo convencimiento los modales de su amo, y su señorío interino bastará a persuadirlo de que él también ha nacido para mandar.
Esos mismos modos de petulante y desclasado criado de vacaciones son los que suele emplear el ciudadano que exige a todas horas eficiencia en la prestación de los servicios públicos y celebra, por ejemplo, que la gestión de hospitales o consultas médicas pase a manos privadas. ¿Qué importa la titularidad privada o pública de algo cuando el servicio que a mí se me presta es irreprochable? No cabe ninguna duda de que la gestión privada de la sanidad pública le da al súbdito la más vívida impresión de estar siendo bien atendido y de ser el objeto casi individualizado del servicio. En lugar de funcionarios hoscos, indolentes y suspicaces, hallará un personal adornado con los modales propios de las azafatas y de los pajes, en un ambiente altamente profesional, típico de clínicas de pago, donde todos los detalles pueden ser objeto de evaluación y hasta de reclamación.
Pero debería advertirse que esta ideología de la eficacia está pensada para ofrecérsela al ciudadano solamente en cuanto beneficiario de los servicios, no en cuanto alguien de quien también se espera que preste otros semejantes. Se trata de la mentalidad del criado de permiso, no del que ha pasado ya sus horas de asueto y ha vuelto a casa de los señores. En una sociedad eficiente todos seremos tratados como en un hotel de lujo, pero solo durante nuestros ratos de descanso, porque el resto del tiempo lo pasaremos sometidos, con idéntica eficacia, a un régimen severísimo bajo la inspección de capataces implacables.
Convendría tener presente que, en latitudes no calvinistas, lo más deseable para sobrevivir es una moderada y soportable ineficiencia de personas e instituciones, pero esta profunda verdad apenas puede confesarse, porque la ideología del siervo de vacaciones lleva todas las de ganar.
Nada tiene de raro que la política se conciba también como un servicio que debe ser prestado en las mejores condiciones de eficacia. De ordinario, el político apenas promete otra cosa, y el resultado es que el espacio público se convierta en un ruidoso casino (o, mejor, un cibercafé) al que los criados acuden, cuando están de permiso, para olvidarse de su condición ancilar y de lo poco que falta para recobrarla. Naturalmente, los camareros del cibercafé se pasarán el rato llamando "señor" a todo el mundo y repitiendo una y otra vez que el que manda es el cliente.
La ficción principal en que se funda la cosa pública contemporánea es la consistente en creer que los políticos no sirven a los dueños del cibercafé (gente por lo común muy poco amable), sino a los criados de permiso que acuden a convencerse de que ellos también son señores.
Para el súbdito, la política es un lugar donde pasar los días de ocio y donde todos parecen convencidos de que las vacaciones no tienen fin. Pero, al terminarse las horas o los días reglamentarios, quizá el fámulo se haya cansado de tanta ficción, agradezca ser tratado con menos atenciones y añore la disciplina y la mano dura. El retorno no podrá ser más provechoso para el amo, porque el siervo correrá a servirle con toda la energía que suele desencadenarse cuando uno se libra de la simulación, una energía que sin duda se agotará (y suscitará entonces no poco arrepentimiento) pero que, mientras dure, prestará servicios inestimables y causará también el más odioso de los regocijos.
(Artículo de Antonio Valdecantos, publicado en "El País" el 31 de agosto de 2011)
EL VALOR DE LAS IDEAS.
¿Tiene sentido constitucionalizar el techo de déficit público? ¿Habría que suprimir los Ayuntamientos con menos de X habitantes? ¿Sería factible el copago sanitario si se eximiera de él a los enfermos crónicos y a los jubilados? ¿Se puede limitar la contaminación instaurando un impuesto al tráfico que accede al centro de las ciudades? ¿Sirve para algo desbloquear las listas electorales? ¿Cómo puede la política exterior española promover más activamente la democracia en Cuba o Guinea Ecuatorial?
Todas estas preguntas son relevantes en el contexto político de nuestro país. Sin embargo, los términos del debate público raramente permiten una discusión racional, es decir, basándose en datos verificables, argumentos contrastables y el estudio de experiencias similares en países de nuestro entorno. Al calor del debate político y con la vista puesta en el corto plazo, más que utilizar las ideas como herramientas para la mejora de las políticas públicas, las ideas se tienden a utilizar como arma arrojadiza y se usan y se desechan en función del daño que hacen al adversario o el beneficio electoral que se percibe en ellas. El resultado es que hay buenas ideas que se queman o no prosperan debido a la improvisación, otras que ni siquiera se llegan a plantear por miedo a sus consecuencias políticas mientras que, a cambio, algunas malas ideas quedan permanentemente instaladas entre nosotros.
El progreso de un país requiere buenas ideas. Solo instituciones independientes y críticas que se adelanten a los problemas y que no tengan tabúes ni prejuicios ideológicos pueden ejercer ese papel. De ahí la importancia de los think tanks: un think tank pequeño, con no más de veinte investigadores pero bien dirigido, bien conectado y con una financiación adecuada puede tener un impacto decisivo, permitiendo un ahorro de millones de euros en políticas más eficaces y una mejora enorme en la calidad de vida de los ciudadanos. Pero ello requiere una sociedad civil abierta y vibrante, unos medios de comunicación comprometidos con la calidad de la información, una clase política con visión a largo plazo y unos empresarios inquietos, cultos y generosos. En España, un país que arrastra numerosos déficits históricos en estos ámbitos, los think thanks son todavía un fenómeno relativamente nuevo. Y justo cuando estaban empezando a consolidarse, la crisis supone una grave amenaza para ellos ya que sus fuentes de financiación se estrechan o, incluso, desaparecen. Todo el mundo tiene un buen argumento para defender la importancia de su sector. El de este es el siguiente: una sociedad sin ideas está condenada a repetir sus errores. Juzguen ustedes.
(Artículo de José Ignacio Torreblanca, publicado en "El País" el 26 de agosto de 2011)
Todas estas preguntas son relevantes en el contexto político de nuestro país. Sin embargo, los términos del debate público raramente permiten una discusión racional, es decir, basándose en datos verificables, argumentos contrastables y el estudio de experiencias similares en países de nuestro entorno. Al calor del debate político y con la vista puesta en el corto plazo, más que utilizar las ideas como herramientas para la mejora de las políticas públicas, las ideas se tienden a utilizar como arma arrojadiza y se usan y se desechan en función del daño que hacen al adversario o el beneficio electoral que se percibe en ellas. El resultado es que hay buenas ideas que se queman o no prosperan debido a la improvisación, otras que ni siquiera se llegan a plantear por miedo a sus consecuencias políticas mientras que, a cambio, algunas malas ideas quedan permanentemente instaladas entre nosotros.
El progreso de un país requiere buenas ideas. Solo instituciones independientes y críticas que se adelanten a los problemas y que no tengan tabúes ni prejuicios ideológicos pueden ejercer ese papel. De ahí la importancia de los think tanks: un think tank pequeño, con no más de veinte investigadores pero bien dirigido, bien conectado y con una financiación adecuada puede tener un impacto decisivo, permitiendo un ahorro de millones de euros en políticas más eficaces y una mejora enorme en la calidad de vida de los ciudadanos. Pero ello requiere una sociedad civil abierta y vibrante, unos medios de comunicación comprometidos con la calidad de la información, una clase política con visión a largo plazo y unos empresarios inquietos, cultos y generosos. En España, un país que arrastra numerosos déficits históricos en estos ámbitos, los think thanks son todavía un fenómeno relativamente nuevo. Y justo cuando estaban empezando a consolidarse, la crisis supone una grave amenaza para ellos ya que sus fuentes de financiación se estrechan o, incluso, desaparecen. Todo el mundo tiene un buen argumento para defender la importancia de su sector. El de este es el siguiente: una sociedad sin ideas está condenada a repetir sus errores. Juzguen ustedes.
(Artículo de José Ignacio Torreblanca, publicado en "El País" el 26 de agosto de 2011)
CONFIANZA Y COMPETENCIA.
La empresa de sondeos Metroscopia actualiza periódicamente una tabla de datos –los llamados barómetros– en la que se intenta medir la confianza que inspiran en los ciudadanos españoles instituciones y grupos sociales significativos. Siempre tiene interés prestar atención a su evolución y resultados.
En su más reciente sondeo, se puntúan del 0 al 10 cuarenta y uno de estos grupos e instituciones. Los que llegan a la nota máxima alcanzan un 7,4 y los que llegan a la mínima, un 2,6. Como balance global, 19 aprueban con más de un cinco y 22 suspenden. Sin precisar detalles que serían de interés, por razones de espacio nos limitaremos a extraer sólo algunas conclusiones.
En primer lugar, destaca el prestigio de los campos científico, académico e intelectual, especialmente en el ámbito de la medicina. Únicamente obtienen un notable los científicos y los médicos, ambos empatados en 7,4. Pero a ellos les siguen la universidad y la sanidad pública (ambos con 6,8), a escasa distancia de los intelectuales (6,5). En segundo lugar, también destaca la confianza en las instituciones de seguridad pública y protección social, todas ellas en las zonas del aprobado alto: policía (6,7), Seguridad Social (6,6), Guardia Civil y fuerzas armadas (ambas 6,5) y oenegés (6,2).
Entre las instituciones políticas, la mejor nota la obtiene el Rey (5,6) y, a continuación, los órganos jurisdiccionales y de protección de derechos: Tribunal Constitucional (5,3), Defensor del Pueblo y jueces (ambos 4,8), fiscales (4,7) y funcionarios (4,6). Ya se comienza a estar algo por debajo del aprobado. Pero el declive significativo de las instituciones públicas afecta a los órganos de dirección política: los ayuntamientos (4,3), las Cortes (4,2), los gobiernos autonómicos (4) y ya, en descenso hacia el farolillo rojo, los sindicatos (3,3) el actual Gobierno del Estado (3), los partidos políticos (2,8) y los políticos (2,6), calificados estos con la peor nota.
La puntuación de ciertas instituciones sociales tiene mucho interés. La Iglesia obtiene con Cáritas una alta nota de 6,8 y con los obispos un bajísimo 3,1. Los medios de comunicación varían entre ellos y están en la zona media-baja: radio (5,8), periódicos (4,7) y televisión (4,1). Se salvan las fundaciones (6), abogados y notarios (ambos 5,2). También las empresas, con variaciones: pequeñas y medianas (6,6), grandes (5,2), multinacionales (4,5). Quienes se hunden son las empresas financieras: cajas de ahorros (3,7) y bancos (2,9).
La verdad demoscópica es lo que es, ya sabemos. Pero los resultados no parecen disparatados, se acercan bastante a lo que se respira en la calle.
En el fondo, da la impresión de que los ciudadanos son bastante inteligentes: sin prejuicios, califican por cuestiones de competencia, de saber, de conocimiento, como lo hace cualquier buen profesor.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 20 de agosto de 2011)
En su más reciente sondeo, se puntúan del 0 al 10 cuarenta y uno de estos grupos e instituciones. Los que llegan a la nota máxima alcanzan un 7,4 y los que llegan a la mínima, un 2,6. Como balance global, 19 aprueban con más de un cinco y 22 suspenden. Sin precisar detalles que serían de interés, por razones de espacio nos limitaremos a extraer sólo algunas conclusiones.
En primer lugar, destaca el prestigio de los campos científico, académico e intelectual, especialmente en el ámbito de la medicina. Únicamente obtienen un notable los científicos y los médicos, ambos empatados en 7,4. Pero a ellos les siguen la universidad y la sanidad pública (ambos con 6,8), a escasa distancia de los intelectuales (6,5). En segundo lugar, también destaca la confianza en las instituciones de seguridad pública y protección social, todas ellas en las zonas del aprobado alto: policía (6,7), Seguridad Social (6,6), Guardia Civil y fuerzas armadas (ambas 6,5) y oenegés (6,2).
Entre las instituciones políticas, la mejor nota la obtiene el Rey (5,6) y, a continuación, los órganos jurisdiccionales y de protección de derechos: Tribunal Constitucional (5,3), Defensor del Pueblo y jueces (ambos 4,8), fiscales (4,7) y funcionarios (4,6). Ya se comienza a estar algo por debajo del aprobado. Pero el declive significativo de las instituciones públicas afecta a los órganos de dirección política: los ayuntamientos (4,3), las Cortes (4,2), los gobiernos autonómicos (4) y ya, en descenso hacia el farolillo rojo, los sindicatos (3,3) el actual Gobierno del Estado (3), los partidos políticos (2,8) y los políticos (2,6), calificados estos con la peor nota.
La puntuación de ciertas instituciones sociales tiene mucho interés. La Iglesia obtiene con Cáritas una alta nota de 6,8 y con los obispos un bajísimo 3,1. Los medios de comunicación varían entre ellos y están en la zona media-baja: radio (5,8), periódicos (4,7) y televisión (4,1). Se salvan las fundaciones (6), abogados y notarios (ambos 5,2). También las empresas, con variaciones: pequeñas y medianas (6,6), grandes (5,2), multinacionales (4,5). Quienes se hunden son las empresas financieras: cajas de ahorros (3,7) y bancos (2,9).
La verdad demoscópica es lo que es, ya sabemos. Pero los resultados no parecen disparatados, se acercan bastante a lo que se respira en la calle.
En el fondo, da la impresión de que los ciudadanos son bastante inteligentes: sin prejuicios, califican por cuestiones de competencia, de saber, de conocimiento, como lo hace cualquier buen profesor.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 20 de agosto de 2011)
QUERIDO ACCIONISTA DEL ESTADO.
Imagina que eres accionista de una gran empresa con pérdidas y los ejecutivos lo único que te proponen son recortes. Seguramente te preguntarás: ¿por qué no piensan en cambiar cómo se hacen las cosas y no solo en recortar? Pues, bueno, eso es lo que está ocurriendo en nuestras Administraciones públicas, cuyos ejecutivos (y candidatos a ejecutivos del partido de la oposición) centran sus propuestas en recortes. Creemos que, además de confrontar tijeras de distintos colores políticos, debemos iniciar en España pronto un debate serio sobre cómo aumentar la eficacia y eficiencia de nuestro sector público.
Nos gustaría dejar claro que no compartimos la opinión de aquellos que consideran que las Administraciones públicas españolas son generalmente ineficientes e irreformables por naturaleza. Por el contrario, algunas reformas exitosas de nuestra historia reciente, como las del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o la Dirección General de Tráfico, son ejemplos admirados fuera de nuestras fronteras. Además, las Administraciones públicas españolas disponen de un enorme caudal de valiosos recursos materiales y sobre todo humanos. Pero ¿es un caudal de recursos bien aprovechados?
Quizás no, pues existe la percepción de que ha habido un freno en el ímpetu reformista o incluso un deterioro relativo -es decir, en comparación con otros países- del sector público español. Por ejemplo, si miramos la evolución durante la primera década de este siglo del indicador del Banco Mundial government effectiveness -que refleja la valoración media que diversos observadores hacen de la prestación de políticas públicas básicas en un país, como educación, sanidad, infraestructuras y calidad de la burocracia- vemos que España estaba mejor valorada en 2000 que en 2009. Un único indicador numérico nos dice poco y además podemos dudar de cómo ha sido elaborado. Pero coincide con la evolución de otros índices y, más importante, con la sensación de descontento y desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas españolas, que, entre otros, recoge el Movimiento del 15-M.
Esta tendencia, como mínimo, no positiva del sector público español se empieza a detectar antes de la crisis económica. Por tanto, no es simplemente una consecuencia de la misma, sino que, más bien, puede ser un factor que haya contribuido a la especial intensidad de nuestra crisis y que puede dificultar la recuperación. No estamos en condiciones de ofrecer un diagnóstico exhaustivo de los problemas de eficiencia de nuestro sector público. Pero sí queremos contribuir con una reflexión general sobre lo que consideramos un problemático denominador común que, a grandes rasgos, comparten nuestras Administraciones públicas, tanto a nivel central como autonómico y local.
Hay una concentración excesiva de responsabilidad en la cúpula de las organizaciones; es decir, en el ministro, en el consejero autonómico o en sus equivalentes en las entidades locales. Más que pirámides, las Administraciones públicas españolas son un poco como cerillas, con toda la responsabilidad acumulada en la cabeza. Eso genera muchos inconvenientes. Sobre todo, para los teóricamente beneficiados con esta estructura: unos políticos que, a la mínima, arden con la facilidad de la cabeza de una cerilla mientras el resto de la Administración puede quedar incólume.
Está claro que los que están en el mando central prefieren tener las riendas y ven con reticencia la pérdida de capacidad para controlar lo que pasa por "ahí abajo". Pero la acumulación de responsabilidad que sucede en España puede ser devastadora para los cargos políticos. Lo hemos visto cuando hay un problema con la construcción de un túnel, un accidente de ferrocarril, se escapa un recluso o se pierde el control sobre un incendio forestal. Periodistas y partidos de la oposición suelen apuntar al ministro o al consejero, cuando en muchos casos lo lógico sería que respondiera un directivo profesional intermedio.
Además, la acumulación de responsabilidad no favorece que el ministro-consejero-alcalde sea capaz de imponer unos principios uniformes y coherentes en la prestación de servicios públicos. Por el contrario, la excesiva centralización de decisiones importantes lleva a un cierto laissez faire en el que los prestadores directos del servicio están confundidos sobre qué cuestiones es más urgente priorizar. Por ejemplo, los profesores de enseñanza secundaria se preguntan con frecuencia: ¿Qué quieren, excelencia o cohesión social?
Por tanto, creemos que un nuevo impulso reformista en las Administraciones españolas debería basarse en el principio de descentralizar responsabilidad (y poder) de los máximos responsables políticos tanto "hacia abajo" como "hacia fuera". La Administración del futuro debería corresponsabilizar más de la prestación de los servicios públicos tanto a directivos y empleados públicos como a los propios usuarios. Queremos centrarnos en tres propuestas.
En primer lugar, España puede avanzar mucho más en las reformas que han modernizado la gestión de las Administraciones de los países desarrollados durante los últimos 20 años. Los nuevos modelos de gestión pública buscan una mejor conexión entre el "cielo" -el nivel político- y "la tierra" -el nivel operativo administrativo-. La idea es permitir a los gestores públicos que se sitúan entre la cúpula política y la base administrativa convertirse en verdaderos directivos.
La adaptación de estas recetas gerenciales a las Administraciones públicas podría suponer: a) Limitar el número de niveles administrativos a unos pocos (en el caso de las Administraciones públicas: el nivel político de gobierno, el nivel de grandes direcciones generales al estilo de lo que es hoy, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico, y el nivel de unidades de gestión de servicios potentes dentro de aquellas); b) Desarrollar objetivos para las unidades no en función de sus operaciones internas, sino de su contribución a metas relevantes; c) Vincular la promoción de los empleados a la evaluación de su rendimiento.
La segunda propuesta sería "romper" las organizaciones grandes en entidades más pequeñas, que actúen de forma autónoma y compitan entre ellas. Se trataría de descentralizar poder de la oficina central del ministerio a la dirección del centro escolar, de la oficina de empleo o del centro de salud. Ello significaría: a) Calcular la dotación económica que precisa el servicio en función de criterios objetivos como el número de alumnos, de usuarios o pacientes; b) Dejar libertad de gestión a los responsables de esas entidades, incluyendo la contratación de personal entre candidatos acreditados para la función.
En tercer lugar, también es necesaria una mayor responsabilidad del usuario en el momento de acceder o beneficiarse de algunos servicios. Urge desincentivar ciertos comportamientos abusivos: una frecuentación excesiva en asistencia primaria, que un estudiante universitario repita una asignatura por encima de un número razonable de veces o que una persona sin empleo esté inactiva. Y sí, nos referimos a esa palabra casi proscrita en el debate público en nuestro país: el copago. La experiencia de otros países nos enseña que es posible introducir copagos sencillos y, a la vez, socialmente justos. Por ejemplo, que todos paguemos una cantidad lo suficientemente elevada (unos 20 euros por visita médica) para evitar un abuso de los servicios, pero con un límite anual lo suficientemente bajo (unos 100 euros al año) para no discriminar a los más necesitados económica o sanitariamente, como los enfermos crónicos. La posibilidad de gratuidad total o reembolso debería quedar limitada a colectivos extremadamente vulnerables y no, por ejemplo, a todos los pensionistas.
Como accionistas del Estado, nos gustaría que estas propuestas, y no solo los recortes presupuestarios, formaran parte del debate político para salir de la crisis.
(Artículo de Xavier Ballart y Víctor Lapuente, publicado en "El País el 2 de agosto de 2011)
Nos gustaría dejar claro que no compartimos la opinión de aquellos que consideran que las Administraciones públicas españolas son generalmente ineficientes e irreformables por naturaleza. Por el contrario, algunas reformas exitosas de nuestra historia reciente, como las del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o la Dirección General de Tráfico, son ejemplos admirados fuera de nuestras fronteras. Además, las Administraciones públicas españolas disponen de un enorme caudal de valiosos recursos materiales y sobre todo humanos. Pero ¿es un caudal de recursos bien aprovechados?
Quizás no, pues existe la percepción de que ha habido un freno en el ímpetu reformista o incluso un deterioro relativo -es decir, en comparación con otros países- del sector público español. Por ejemplo, si miramos la evolución durante la primera década de este siglo del indicador del Banco Mundial government effectiveness -que refleja la valoración media que diversos observadores hacen de la prestación de políticas públicas básicas en un país, como educación, sanidad, infraestructuras y calidad de la burocracia- vemos que España estaba mejor valorada en 2000 que en 2009. Un único indicador numérico nos dice poco y además podemos dudar de cómo ha sido elaborado. Pero coincide con la evolución de otros índices y, más importante, con la sensación de descontento y desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas españolas, que, entre otros, recoge el Movimiento del 15-M.
Esta tendencia, como mínimo, no positiva del sector público español se empieza a detectar antes de la crisis económica. Por tanto, no es simplemente una consecuencia de la misma, sino que, más bien, puede ser un factor que haya contribuido a la especial intensidad de nuestra crisis y que puede dificultar la recuperación. No estamos en condiciones de ofrecer un diagnóstico exhaustivo de los problemas de eficiencia de nuestro sector público. Pero sí queremos contribuir con una reflexión general sobre lo que consideramos un problemático denominador común que, a grandes rasgos, comparten nuestras Administraciones públicas, tanto a nivel central como autonómico y local.
Hay una concentración excesiva de responsabilidad en la cúpula de las organizaciones; es decir, en el ministro, en el consejero autonómico o en sus equivalentes en las entidades locales. Más que pirámides, las Administraciones públicas españolas son un poco como cerillas, con toda la responsabilidad acumulada en la cabeza. Eso genera muchos inconvenientes. Sobre todo, para los teóricamente beneficiados con esta estructura: unos políticos que, a la mínima, arden con la facilidad de la cabeza de una cerilla mientras el resto de la Administración puede quedar incólume.
Está claro que los que están en el mando central prefieren tener las riendas y ven con reticencia la pérdida de capacidad para controlar lo que pasa por "ahí abajo". Pero la acumulación de responsabilidad que sucede en España puede ser devastadora para los cargos políticos. Lo hemos visto cuando hay un problema con la construcción de un túnel, un accidente de ferrocarril, se escapa un recluso o se pierde el control sobre un incendio forestal. Periodistas y partidos de la oposición suelen apuntar al ministro o al consejero, cuando en muchos casos lo lógico sería que respondiera un directivo profesional intermedio.
Además, la acumulación de responsabilidad no favorece que el ministro-consejero-alcalde sea capaz de imponer unos principios uniformes y coherentes en la prestación de servicios públicos. Por el contrario, la excesiva centralización de decisiones importantes lleva a un cierto laissez faire en el que los prestadores directos del servicio están confundidos sobre qué cuestiones es más urgente priorizar. Por ejemplo, los profesores de enseñanza secundaria se preguntan con frecuencia: ¿Qué quieren, excelencia o cohesión social?
Por tanto, creemos que un nuevo impulso reformista en las Administraciones españolas debería basarse en el principio de descentralizar responsabilidad (y poder) de los máximos responsables políticos tanto "hacia abajo" como "hacia fuera". La Administración del futuro debería corresponsabilizar más de la prestación de los servicios públicos tanto a directivos y empleados públicos como a los propios usuarios. Queremos centrarnos en tres propuestas.
En primer lugar, España puede avanzar mucho más en las reformas que han modernizado la gestión de las Administraciones de los países desarrollados durante los últimos 20 años. Los nuevos modelos de gestión pública buscan una mejor conexión entre el "cielo" -el nivel político- y "la tierra" -el nivel operativo administrativo-. La idea es permitir a los gestores públicos que se sitúan entre la cúpula política y la base administrativa convertirse en verdaderos directivos.
La adaptación de estas recetas gerenciales a las Administraciones públicas podría suponer: a) Limitar el número de niveles administrativos a unos pocos (en el caso de las Administraciones públicas: el nivel político de gobierno, el nivel de grandes direcciones generales al estilo de lo que es hoy, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico, y el nivel de unidades de gestión de servicios potentes dentro de aquellas); b) Desarrollar objetivos para las unidades no en función de sus operaciones internas, sino de su contribución a metas relevantes; c) Vincular la promoción de los empleados a la evaluación de su rendimiento.
La segunda propuesta sería "romper" las organizaciones grandes en entidades más pequeñas, que actúen de forma autónoma y compitan entre ellas. Se trataría de descentralizar poder de la oficina central del ministerio a la dirección del centro escolar, de la oficina de empleo o del centro de salud. Ello significaría: a) Calcular la dotación económica que precisa el servicio en función de criterios objetivos como el número de alumnos, de usuarios o pacientes; b) Dejar libertad de gestión a los responsables de esas entidades, incluyendo la contratación de personal entre candidatos acreditados para la función.
En tercer lugar, también es necesaria una mayor responsabilidad del usuario en el momento de acceder o beneficiarse de algunos servicios. Urge desincentivar ciertos comportamientos abusivos: una frecuentación excesiva en asistencia primaria, que un estudiante universitario repita una asignatura por encima de un número razonable de veces o que una persona sin empleo esté inactiva. Y sí, nos referimos a esa palabra casi proscrita en el debate público en nuestro país: el copago. La experiencia de otros países nos enseña que es posible introducir copagos sencillos y, a la vez, socialmente justos. Por ejemplo, que todos paguemos una cantidad lo suficientemente elevada (unos 20 euros por visita médica) para evitar un abuso de los servicios, pero con un límite anual lo suficientemente bajo (unos 100 euros al año) para no discriminar a los más necesitados económica o sanitariamente, como los enfermos crónicos. La posibilidad de gratuidad total o reembolso debería quedar limitada a colectivos extremadamente vulnerables y no, por ejemplo, a todos los pensionistas.
Como accionistas del Estado, nos gustaría que estas propuestas, y no solo los recortes presupuestarios, formaran parte del debate político para salir de la crisis.
(Artículo de Xavier Ballart y Víctor Lapuente, publicado en "El País el 2 de agosto de 2011)
YA NI AGOSTO ES LO QUE ERA.
El verano es un cruce en el que chocan dos fantasías. La fantasía del descanso y la fantasía de la libertad. La del descanso exige inmovilidad, quietud, abandono. Por el contrario, la fantasía de la libertad tiende a provocar una movilidad extrema, nerviosa: hay que aprovechar el tiempo estival al máximo realizando todas aquellas actividades que el año laboral, tan severo, ha frustrado o prohibido. Unos aspiran a huir de la cruda realidad, fundando un oasis: amables aperitivos en una terraza marinera, largas conversaciones en torno a una buena mesa, formidables siestas de montaña. Otros, en cambio, poseídos por el ansia de aprovechar la provisional libertad de las vacaciones, van de un lugar a otro sin descanso: atravesando océanos, explorando selvas, pateando capitales. Mientras unos descansan, otros corren. Mientras unos arraigan en la tierra natal, otros vuelan cuanto más lejos de casa mejor. Mientras unos aman los paisajes ancestrales, otrosse enamoran de geografías y voces extrañas.
A pesar de ser antagónicas, estas dos fantasías que nos esperan a la puerta de las vacaciones encuentran la síntesis en dos libros antiguos, la Odisea y la Eneida, obras fundacionales de nuestra cultura que resumen el espíritu del verano: los viajes de Ulises y de Eneas no tienen más objetivo que el retorno. Ulises vive diez años de vacaciones forzosas, llenas de peligros y adrenalina, llenas de terror y sexo, antes de poder reencontrar a la esposa en su isla. Eneas, huyendo de la ciudad natal destruida, debe superar todo tipo de obstáculos y seducciones hasta que encuentra, no sin arduos combates, el lugar en el que levantar Roma, la nueva Troya.
Pero a la hora de elegir una de las dos fantasías vacacionales, la del descanso y la de la libertad, ningún factor es más determinante, por supuesto, que la situación económica. Con la cartera llena, el mundo entero está al alcance de la mano; pero si está vacía, el mundo parece no sólo lejano sino francamente inhóspito. Por culpa de la crisis, llegamos todos a agosto con un peso en el corazón. Nos dijeron que la crisis sería una V o, a lo sumo, una U, pero ha tomado forma de espiral: desde hace tres años, vamos dando vueltas en torno a nuestra miserable deuda y cada una de estas vueltas nos acerca un poco más al pozo. Muchos se quedan en casa, este agosto, o, como máximo, en escenarios domésticos. Desearían huir, pero no pueden. Desearían viajar, pero no se atreven. Deberán consolarse practicando el dolce far niente, que en tiempos no tan lejanos era un atributo de la aristocracia. Aunque ya en un libro lleno de agudeza, Pensamientos ociosos de un ocioso, el olvidado Jerome K. Jerome anticipó crudamente el sentimiento con el que muchos empiezan hoy las vacaciones: "Es imposible disfrutar a fondo del ocio, si uno no tiene trabajo pendiente".
(Artículo de Antonio Puigverd, publicado en "La Vanguardia" el 1 de agosto de 2011)
A pesar de ser antagónicas, estas dos fantasías que nos esperan a la puerta de las vacaciones encuentran la síntesis en dos libros antiguos, la Odisea y la Eneida, obras fundacionales de nuestra cultura que resumen el espíritu del verano: los viajes de Ulises y de Eneas no tienen más objetivo que el retorno. Ulises vive diez años de vacaciones forzosas, llenas de peligros y adrenalina, llenas de terror y sexo, antes de poder reencontrar a la esposa en su isla. Eneas, huyendo de la ciudad natal destruida, debe superar todo tipo de obstáculos y seducciones hasta que encuentra, no sin arduos combates, el lugar en el que levantar Roma, la nueva Troya.
Pero a la hora de elegir una de las dos fantasías vacacionales, la del descanso y la de la libertad, ningún factor es más determinante, por supuesto, que la situación económica. Con la cartera llena, el mundo entero está al alcance de la mano; pero si está vacía, el mundo parece no sólo lejano sino francamente inhóspito. Por culpa de la crisis, llegamos todos a agosto con un peso en el corazón. Nos dijeron que la crisis sería una V o, a lo sumo, una U, pero ha tomado forma de espiral: desde hace tres años, vamos dando vueltas en torno a nuestra miserable deuda y cada una de estas vueltas nos acerca un poco más al pozo. Muchos se quedan en casa, este agosto, o, como máximo, en escenarios domésticos. Desearían huir, pero no pueden. Desearían viajar, pero no se atreven. Deberán consolarse practicando el dolce far niente, que en tiempos no tan lejanos era un atributo de la aristocracia. Aunque ya en un libro lleno de agudeza, Pensamientos ociosos de un ocioso, el olvidado Jerome K. Jerome anticipó crudamente el sentimiento con el que muchos empiezan hoy las vacaciones: "Es imposible disfrutar a fondo del ocio, si uno no tiene trabajo pendiente".
(Artículo de Antonio Puigverd, publicado en "La Vanguardia" el 1 de agosto de 2011)
CIUDADANO CAMPS.
PARA seguir siendo un ciudadano honorable, al menos hasta que los jueces emitan sentencia, Francisco Camps no tenía más remedio que dejar de ser el Muy Honorable presidente de la Generalitat valenciana. Por la dignidad del cargo, por ejemplaridad moral y por respeto a los ciudadanos que lo eligen, el representante del Estado en una comunidad autónoma no se puede sentar en un banquillo sea cual sea la acusación que se le impute. Como si se tratase de una multa de tráfico. En el caso de Camps confluyen además los principios de regeneración ética de su partido y los intereses políticos de su líder, que le ha venido manteniendo su apoyo más allá de los límites de lo razonable. Como el propio Rajoy le ha hecho ver con la desagradable dureza de quien se siente desafiado, había llegado en su irreal galopada autodefensiva a un punto sin retorno en que la única elección posible basculaba entre la dimisión y la deshonra. Asumir la responsabilidad política o aceptar la responsabilidad penal.
En este desgraciado asunto de los trajes el presidente valenciano ha sufrido un escrutinio atroz y desproporcionado pero también ha cometido importantes errores encadenados, desde relacionarse más de la cuenta con tipos poco recomendables a sostener con demasiada firmeza una versión que tal vez no pueda probar. El más grave de todos, sin embargo, fue su insistencia en repetir candidatura confiado en que la mayoría absoluta acabaría volviéndose absolutoria. Eso era un doble desafío, a su partido y a los tribunales. Quizá incluso a la suerte; en todo caso estaba vinculando de forma temeraria su peripecia judicial a su posición institucional. Consumada la reelección y confirmada la imputación no le quedaba más salida que la renuncia; el ciudadano Camps tiene derecho a defender hasta el final su presunción de inocencia pero el presidente de la Generalitat no se lo puede permitir.
En esta España donde hay gente que roba sin consecuencias desde terrenos públicos hasta bancos, donde los policías ayudan a escaparse a los terroristas y donde los asesinos en serie eluden sus condenas entre resquicios legales, puede parecer un exagerado despropósito que un político demasiado coqueto tenga que abandonar por hacerse el longuis cuando le regalaban los trajes. Sin embargo no se trata de una cuestión de escalas morales sino de modelos de conducta. En materia de respeto a la ley todo ejemplo es poco y quienes aspiran a hacer valer un sentido diferente de la responsabilidad pública están obligados a demostrarlo incluso en las circunstancias más nimias. En ese sentido, el presidente de Valencia aún no es culpable de nada salvo de haber entendido tarde y a la fuerza la delicadeza de su rango representativo. Llevado de la soberbia se ha dejado malaconsejar y se ha metido a sí mismo en un embrollo que tal vez no merecía. El costoso precio que paga por ello es el símbolo del alto valor de la virtud democrática.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 21 de julio de 2011)
En este desgraciado asunto de los trajes el presidente valenciano ha sufrido un escrutinio atroz y desproporcionado pero también ha cometido importantes errores encadenados, desde relacionarse más de la cuenta con tipos poco recomendables a sostener con demasiada firmeza una versión que tal vez no pueda probar. El más grave de todos, sin embargo, fue su insistencia en repetir candidatura confiado en que la mayoría absoluta acabaría volviéndose absolutoria. Eso era un doble desafío, a su partido y a los tribunales. Quizá incluso a la suerte; en todo caso estaba vinculando de forma temeraria su peripecia judicial a su posición institucional. Consumada la reelección y confirmada la imputación no le quedaba más salida que la renuncia; el ciudadano Camps tiene derecho a defender hasta el final su presunción de inocencia pero el presidente de la Generalitat no se lo puede permitir.
En esta España donde hay gente que roba sin consecuencias desde terrenos públicos hasta bancos, donde los policías ayudan a escaparse a los terroristas y donde los asesinos en serie eluden sus condenas entre resquicios legales, puede parecer un exagerado despropósito que un político demasiado coqueto tenga que abandonar por hacerse el longuis cuando le regalaban los trajes. Sin embargo no se trata de una cuestión de escalas morales sino de modelos de conducta. En materia de respeto a la ley todo ejemplo es poco y quienes aspiran a hacer valer un sentido diferente de la responsabilidad pública están obligados a demostrarlo incluso en las circunstancias más nimias. En ese sentido, el presidente de Valencia aún no es culpable de nada salvo de haber entendido tarde y a la fuerza la delicadeza de su rango representativo. Llevado de la soberbia se ha dejado malaconsejar y se ha metido a sí mismo en un embrollo que tal vez no merecía. El costoso precio que paga por ello es el símbolo del alto valor de la virtud democrática.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 21 de julio de 2011)
DAR EXPLICACIONES Y PEDIR PERDÓN.
En las últimas horas ha cobrado fuerza la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, decida pagar una multa para evitar sentarse en el banquillo por el caso de los trajes, después de que el viernes pasado el juez Flors decidiera abrir juicio oral al líder del PPCV así como a Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Esta opción es la que maneja la dirección nacional de los populares y tiene como objetivo evitar la imagen de un presidente autonómico del PP entrando en el Tribunal Superior de Justicia para ser juzgado. Y seguramente en unas fechas que coincidirían con la campaña electoral de las generales, si como parece muy probable se adelantan al otoño. Para que esta alternativa llegara a concretarse, los cuatro encausados tendrían que estar de acuerdo, lo cual no es tan fácil, especialmente en el caso de Ricardo Costa, que parece tener nuevamente en sus manos el futuro político de Camps.
En los más de dos años que ya dura el escándado conocido como 'caso Gürtel', el presidente Camps ha insistido en numerosas ocasiones en que estaría encantado de explicar en los tribunales de justicia todo lo relacionado con el asunto. La vista era la oportunidad de demostrar su inocencia o de sustanciar las responsabilidades penales y políticas (con la consiguiente dimisión en caso de ser condenado), y el lugar en el que se aclararía la verdad o no de todo lo publicado en los dos últimos años. LAS PROVINCIAS ha defendido siempre que había que dejar actuar a la Justicia y respetar sus tiempos y sus resoluciones.
Ahora bien, pagar la multa supone dar un giro radical en el discurso de Francisco Camps de estos dos años. Pagar la multa implica la admisión de unos hechos delictivos, la asunción de una culpa concreta. El líder del PP le debe muchas aclaraciones a la ciudadanía, a la opinión pública y a sus votantes, y si no las va a dar en un tribunal de justicia ha de hacerlo públicamente; el caso no se puede cerrar así, por la puerta falsa, porque dejaría definitivamente tocada su credibilidad. Con el abono de una cantidad económica no se puede dar por finiquitado un caso que ha puesto en entredicho el buen nombre del presidente de la Comunitat Valenciana y ha erosionado la imagen del conjunto del territorio. El Presidente está política y moralmente obligado a dar explicaciones y a pedir perdón por los errores y contradicciones en los que ha incurrido a lo largo de este proceso. Debe aclarar cuánto de estrecha era su relación con la trama, cuál fue su relación personal con Álvaro Pérez 'El Bigotes', si fue consciente del cúmulo de regalos que le hicieron (prendas de vestir por un total de 14.000 euros) y si hubo o no contraprestación, si se considera engañado o víctima de toda esta red, etc. Camps debería comparecer ante los medios de comunicación para someterse sin límite de tiempo a todas las preguntas que los periodistas estimen oportunas, sin ningún tipo de cortapisas y fijar una versión definitiva sobre este asunto. Finalmente, pagar implica asumir de forma obligada que el Presidente hizo algunas cosas mal, supone asumir errores de bulto, como mínimo en lo relativo a las amistades peligrosas y a las distintas y contradictorias versiones de los hechos que ha ido contando a lo largo del tiempo.
(Editorial de "Las Provincias", publicado el 20 de julio de 2011)
ESTA INSOPORTABLE LEVEDAD.
Hace poco más de un mes asistí en Madrid a varios debates entre intelectuales, políticos, empresarios y ciudadanos del común. A pesar de reunir muy diferente y variopinta asistencia, en todos ellos tuve ocasión de comprobar el singular sentido de ánimo de la sociedad capitalina (creo que la española en general) ante lo que podríamos llamar, parodiando a Kundera, la insoportable levedad del devenir de España. Dos de esos actos estaban relacionados directamente con la recuperación de la memoria colectiva. Uno fue organizado por la Asociación de Defensa de la Transición y el otro, por la Fundación Fernando Abril Martorell, que otorgaba el Premio de la Concordia a Antonio Muñoz Molina. Salvo el incombustible Enrique Múgica y yo mismo, creo que prácticamente no hubo coincidencias entre los presentes en ambas ocasiones. Sin embargo, resultaron tan evidentes la convergencia de actitudes y lo similar de las preocupaciones allí expresadas, que bien puede entenderse que reflejaban un verdadero estado de opinión. Gentes de derechas, de centro y de izquierdas, antiguos comunistas y viejos franquistas arrepentidos, católicos fervientes y ateos recalcitrantes, mujeres, hombres, profesores, jueces, militares, diputados, periodistas e intelectuales, reclamaban, con la serena parsimonia de su experiencia y la firmeza de su convicción, una recuperación del consenso y el pacto como únicas vías para salir del agujero en el que parece hundirse la sociedad española.
Por los mismos días me reuní en un par de escuelas de negocios con jóvenes empresarios y directivos, la mayoría de ellos bien instalados, y con otros profesionales y universitarios víctimas del paro, algunos de ellos ocasionales pero frecuentes visitantes, como tantos ciudadanos, de la acampada de los indignados en la Puerta del Sol. Eran gentes nacidas en los años setenta y ochenta, algunos más jóvenes aún, cuyos puntos de vista no divergían mucho de los de la generación de sus padres y coincidían en una expresión de simpatía hacia el movimiento del 15-M, por más que algunos se sintieran molestos por la invasión de la vía pública.
Todo ello me sirvió para comprobar la existencia de un creciente malestar que no conoce fronteras ideológicas, generacionales ni de clase social. Puede pensarse que cuanto nos sucede se resume en la profundidad de la recesión económica y la atribulada gestión de la misma. En muchos países europeos, los Gobiernos y los partidos que les sustentan vienen siendo contundentemente desalojados del poder central o local por los electores, en busca de una alternativa posible que mejore la vida de los ciudadanos. Pero la crisis no es solo económica, aunque sus efectos sobre el aumento del paro y el descenso de nivel de vida de las gentes sean los más inmediatos y dolorosos, sino también política y de convivencia. Es además sistémica no únicamente en lo financiero, sino que afecta de lleno al modelo de organización social y al desarrollo individual y colectivo de las gentes. El descontento español, griego, islandés o portugués, ahora italiano también, anida con diferentes expresiones en muchas otras latitudes, y en el norte de África y Cercano Oriente comienza a cuajar en guerras civiles larvadas, o no tan larvadas, como las de Libia y Siria. La falta de liderazgo, en ocasiones capaz de afirmarse solo por la fuerza, la resistencia al cambio de quienes ocupan posiciones establecidas y la inflexibilidad de la respuesta frente a un mundo en continua ebullición, no harán sino prolongar la decadencia de una realidad insostenible.
Nos enfrentamos, desde luego, a problemas globales, por lo que las soluciones lo tienen que ser también. Pero la expresión local de unos y otras evidencia las carencias del Estado-nación a la hora de enfrentar estas cuestiones. Eso explica la deriva hacia el populismo de tantos líderes políticos, dispuestos a deslizarse sin mayores cauciones por la senda del proteccionismo comercial, la xenofobia racista y la insolidaridad. El cortoplacismo, atizado por la frecuencia de comicios de todo tipo y las urgencias de las campañas electorales, caracteriza la mayoría de las decisiones de los dirigentes occidentales, que no entienden su incapacidad de competir con algunas sociedades emergentes en las que el calendario —como en el caso de China— corre a diferente velocidad que en el resto del mundo.
Sobresale el distanciamiento entre la clase política y los ciudadanos, no solo en los regímenes dictatoriales o autoritarios, sino en democracias más o menos consolidadas. Los acampados en las plazas protestan contra el sistema sobre todo por haber sido excluidos de él. Están contra los partidos, los sindicatos, los banqueros y… los periódicos, o los medios de comunicación en general. A todos se mide por el mismo rasero, como integrantes de una casta reacia a propiciar los cambios que la gente demanda. A todos se les reprocha ignorar que las nuevas tecnologías de la comunicación han empoderado a los pueblos más que algunas de las instituciones democráticas que rigen la vida de los países. Y en todos los casos aspiran a más participación ante lo que consideran el fracaso de la representación política. Los reclamos de reforma de la ley electoral, o contra la presencia de imputados en las listas, se basan en la percepción, desde mi punto de vista acertada, de que los representantes no nos representan, o lo hacen cada vez menos. No digo esto a la búsqueda de alguna popularidad que no merezco entre los nuevos levantiscos. Hace un cuarto de siglo, en mi libro El tamaño del elefante, escribía: “No es ya el Parlamento el que controla al Gobierno, sino el Gobierno el que controla a la mayoría parlamentaria, la diseña de antemano…. Y de acuerdo con los sondeos electorales, la domestica, la manipula y utiliza… Una reforma de todo el sistema de representación política en España es necesaria si se quiere que la democracia avanzada que la Constitución define se haga efectivamente realidad”. A partir de aquella fecha, los problemas no han hecho sino empeorar en ese terreno. Ahora se ven agudizados por la profundidad de la crisis, la destrucción de empleo, la falta de horizonte de las nuevas generaciones y la perplejidad e irritación que producen ver a los dirigentes políticos disputarse el poder por el poder, reproduciendo promesas que nunca se cumplen y rindiendo tributo a una demagogia persistente e inútil.
Algunos comparan las revueltas juveniles de ahora con los acontecimientos de Mayo del 68. La escenografía es en parte similar, con esas chicas ofreciendo flores a los robocops policiales, remedando imágenes de una época en la que los manifestantes entonaban el haz el amor y no la guerra. Pero pese a la idílica utopía del movimiento hippie, Mayo del 68 acabó siendo violento, y mayo del 2011 apenas lo ha sido. Las revoluciones han perdido prestigio y habrá que esperar a ver en qué desembocan los acontecimientos del norte de África para saber si son capaces de recuperarlo. En el entretanto, conviene no desdeñar el significado de las protestas. No es solo la representación política lo que está en entredicho, sino un entramado institucional anquilosado y clientelista que sume a los ciudadanos en la desesperanza y el desasosiego.
Por lo mismo, hace años que deberíamos haber encarado una reforma constitucional que actualizara la gobernación de este país. Una reforma capaz de instaurar un Estado federal moderno, culminando y corrigiendo el proceso de las autonomías, que cuestione la provincia como distrito electoral y establezca las prioridades para las próximas generaciones de españoles. Un programa así exige no solo un liderazgo del que hoy carecemos, sino una voluntad de acuerdo en la política que permita abordar también, de manera urgente y eficaz, la reforma del sistema financiero y la modernización de las relaciones laborales, sin lo que será imposible dinamizar la economía y generar puestos de trabajo. Pero mientras el país confronta la amenaza de ruina, se desvanece la cohesión territorial y aumentan los conflictos sociales. La pérdida de confianza en la gestión del actual presidente del Gobierno es clamorosa dentro y fuera de España. Es imposible suponer que de una legislatura como la que hemos padecido se derive ya ninguna de las soluciones que los ciudadanos reclaman. El deterioro preocupante del partido en el poder amenaza con desequilibrar el futuro inmediato de nuestras instituciones políticas. Y aunque su recién estrenado candidato ha procurado, con éxito inicial, devolverle la esperanza, no es imaginable que acuda a los próximos comicios sin un congreso previo que restaure su maltrecho liderazgo y diseñe un proyecto que le permita recuperar al electorado y elaborar los pactos que el futuro demanda. Para que todo eso suceda, José Luis Rodríguez Zapatero debe de una vez por todas abandonar su patológico optimismo y renunciar al juego de las adivinanzas. Los titubeos, las dudas y los aplazamientos a que nos tiene acostumbrados son la peor de las recetas para una situación que reclama medidas de urgencia. Su deber moral es anunciar cuanto antes un calendario creíble para el proceso electoral. Solo así podrán los españoles soportar la levedad del ser.
(Artículo de Juan Luis Cebrián, publicado en "El País" el 18 de julio de 2011)
Por los mismos días me reuní en un par de escuelas de negocios con jóvenes empresarios y directivos, la mayoría de ellos bien instalados, y con otros profesionales y universitarios víctimas del paro, algunos de ellos ocasionales pero frecuentes visitantes, como tantos ciudadanos, de la acampada de los indignados en la Puerta del Sol. Eran gentes nacidas en los años setenta y ochenta, algunos más jóvenes aún, cuyos puntos de vista no divergían mucho de los de la generación de sus padres y coincidían en una expresión de simpatía hacia el movimiento del 15-M, por más que algunos se sintieran molestos por la invasión de la vía pública.
Todo ello me sirvió para comprobar la existencia de un creciente malestar que no conoce fronteras ideológicas, generacionales ni de clase social. Puede pensarse que cuanto nos sucede se resume en la profundidad de la recesión económica y la atribulada gestión de la misma. En muchos países europeos, los Gobiernos y los partidos que les sustentan vienen siendo contundentemente desalojados del poder central o local por los electores, en busca de una alternativa posible que mejore la vida de los ciudadanos. Pero la crisis no es solo económica, aunque sus efectos sobre el aumento del paro y el descenso de nivel de vida de las gentes sean los más inmediatos y dolorosos, sino también política y de convivencia. Es además sistémica no únicamente en lo financiero, sino que afecta de lleno al modelo de organización social y al desarrollo individual y colectivo de las gentes. El descontento español, griego, islandés o portugués, ahora italiano también, anida con diferentes expresiones en muchas otras latitudes, y en el norte de África y Cercano Oriente comienza a cuajar en guerras civiles larvadas, o no tan larvadas, como las de Libia y Siria. La falta de liderazgo, en ocasiones capaz de afirmarse solo por la fuerza, la resistencia al cambio de quienes ocupan posiciones establecidas y la inflexibilidad de la respuesta frente a un mundo en continua ebullición, no harán sino prolongar la decadencia de una realidad insostenible.
Nos enfrentamos, desde luego, a problemas globales, por lo que las soluciones lo tienen que ser también. Pero la expresión local de unos y otras evidencia las carencias del Estado-nación a la hora de enfrentar estas cuestiones. Eso explica la deriva hacia el populismo de tantos líderes políticos, dispuestos a deslizarse sin mayores cauciones por la senda del proteccionismo comercial, la xenofobia racista y la insolidaridad. El cortoplacismo, atizado por la frecuencia de comicios de todo tipo y las urgencias de las campañas electorales, caracteriza la mayoría de las decisiones de los dirigentes occidentales, que no entienden su incapacidad de competir con algunas sociedades emergentes en las que el calendario —como en el caso de China— corre a diferente velocidad que en el resto del mundo.
Sobresale el distanciamiento entre la clase política y los ciudadanos, no solo en los regímenes dictatoriales o autoritarios, sino en democracias más o menos consolidadas. Los acampados en las plazas protestan contra el sistema sobre todo por haber sido excluidos de él. Están contra los partidos, los sindicatos, los banqueros y… los periódicos, o los medios de comunicación en general. A todos se mide por el mismo rasero, como integrantes de una casta reacia a propiciar los cambios que la gente demanda. A todos se les reprocha ignorar que las nuevas tecnologías de la comunicación han empoderado a los pueblos más que algunas de las instituciones democráticas que rigen la vida de los países. Y en todos los casos aspiran a más participación ante lo que consideran el fracaso de la representación política. Los reclamos de reforma de la ley electoral, o contra la presencia de imputados en las listas, se basan en la percepción, desde mi punto de vista acertada, de que los representantes no nos representan, o lo hacen cada vez menos. No digo esto a la búsqueda de alguna popularidad que no merezco entre los nuevos levantiscos. Hace un cuarto de siglo, en mi libro El tamaño del elefante, escribía: “No es ya el Parlamento el que controla al Gobierno, sino el Gobierno el que controla a la mayoría parlamentaria, la diseña de antemano…. Y de acuerdo con los sondeos electorales, la domestica, la manipula y utiliza… Una reforma de todo el sistema de representación política en España es necesaria si se quiere que la democracia avanzada que la Constitución define se haga efectivamente realidad”. A partir de aquella fecha, los problemas no han hecho sino empeorar en ese terreno. Ahora se ven agudizados por la profundidad de la crisis, la destrucción de empleo, la falta de horizonte de las nuevas generaciones y la perplejidad e irritación que producen ver a los dirigentes políticos disputarse el poder por el poder, reproduciendo promesas que nunca se cumplen y rindiendo tributo a una demagogia persistente e inútil.
Algunos comparan las revueltas juveniles de ahora con los acontecimientos de Mayo del 68. La escenografía es en parte similar, con esas chicas ofreciendo flores a los robocops policiales, remedando imágenes de una época en la que los manifestantes entonaban el haz el amor y no la guerra. Pero pese a la idílica utopía del movimiento hippie, Mayo del 68 acabó siendo violento, y mayo del 2011 apenas lo ha sido. Las revoluciones han perdido prestigio y habrá que esperar a ver en qué desembocan los acontecimientos del norte de África para saber si son capaces de recuperarlo. En el entretanto, conviene no desdeñar el significado de las protestas. No es solo la representación política lo que está en entredicho, sino un entramado institucional anquilosado y clientelista que sume a los ciudadanos en la desesperanza y el desasosiego.
Por lo mismo, hace años que deberíamos haber encarado una reforma constitucional que actualizara la gobernación de este país. Una reforma capaz de instaurar un Estado federal moderno, culminando y corrigiendo el proceso de las autonomías, que cuestione la provincia como distrito electoral y establezca las prioridades para las próximas generaciones de españoles. Un programa así exige no solo un liderazgo del que hoy carecemos, sino una voluntad de acuerdo en la política que permita abordar también, de manera urgente y eficaz, la reforma del sistema financiero y la modernización de las relaciones laborales, sin lo que será imposible dinamizar la economía y generar puestos de trabajo. Pero mientras el país confronta la amenaza de ruina, se desvanece la cohesión territorial y aumentan los conflictos sociales. La pérdida de confianza en la gestión del actual presidente del Gobierno es clamorosa dentro y fuera de España. Es imposible suponer que de una legislatura como la que hemos padecido se derive ya ninguna de las soluciones que los ciudadanos reclaman. El deterioro preocupante del partido en el poder amenaza con desequilibrar el futuro inmediato de nuestras instituciones políticas. Y aunque su recién estrenado candidato ha procurado, con éxito inicial, devolverle la esperanza, no es imaginable que acuda a los próximos comicios sin un congreso previo que restaure su maltrecho liderazgo y diseñe un proyecto que le permita recuperar al electorado y elaborar los pactos que el futuro demanda. Para que todo eso suceda, José Luis Rodríguez Zapatero debe de una vez por todas abandonar su patológico optimismo y renunciar al juego de las adivinanzas. Los titubeos, las dudas y los aplazamientos a que nos tiene acostumbrados son la peor de las recetas para una situación que reclama medidas de urgencia. Su deber moral es anunciar cuanto antes un calendario creíble para el proceso electoral. Solo así podrán los españoles soportar la levedad del ser.
(Artículo de Juan Luis Cebrián, publicado en "El País" el 18 de julio de 2011)
¿QUIÉN SIRVE A QUIÉN?
En contraposición a las dictaduras, donde es el Gobierno el que censura a la prensa, las democracias se basan en la sencilla idea de que es la prensa la que tiene el derecho de censurar al Gobierno. Aunque la frase del presidente Jefferson -"prefiero periódicos sin democracia que democracia sin periódicos"- haya sido distorsionada, pues en realidad Jefferson nunca habló de "democracia" (un término que, paradójicamente, no está en la Constitución estadounidense) sino de "Gobierno", la frase se ha consolidado en la imaginación colectiva porque captura con extraordinaria sencillez la relación entre poder y prensa que debe regir en un sistema democrático. Por esa razón, mientras que en una democracia los controles gubernamentales sobre la prensa son excepcionales y las sanciones tienen lugar a posteriori, la prensa puede censurar todos los días al Gobierno sin más límite que algunas sencillas reglas que garanticen la veracidad de la información.
Gracias a este práctico arreglo, las democracias pueden funcionar de forma efectiva y, además, hacerlo respetando las normas básicas que rigen nuestros Estados de derecho. Por eso, independientemente de si una democracia adopta el modelo parlamentario o el presidencial, opta por un sistema mayoritario o proporcional o configura el Estado de modo unitario o de acuerdo con parámetros federales, la relación entre poder y prensa no debería variar gran cosa. Por un lado, la prensa sirve a los ciudadanos para controlar retrospectivamente la acción del Gobierno y sancionar los incumplimientos de las promesas o las violaciones de las normas en los que estos hayan incurrido. Por otro lado, transmite información a los políticos sobre las preferencias de la ciudadanía, lo que les ayuda a diseñar políticas que satisfagan al mayor número de personas. De esta manera, al llegar las elecciones, los votantes, que dispondrán de una información completa sobre las acciones de los políticos, podrán elegir racionalmente a aquellos que mejor sirvan a sus intereses. Mientras, los políticos, que dispondrán ante sí de un rico y amplio mapa acerca de cuáles son las preferencias de la opinión pública, podrán hacer una oferta electoral y de políticas públicas ajustada a las demandas de los electores. Por si fuera poco, en un sistema de libre mercado que funcione correctamente es hasta posible que, gracias a la publicidad, este sistema de control prospectivo y retrospectivo que garantiza la democracia sea sumamente barato para el ciudadano.
Esto en teoría. El problema, claro está, comienza cuando uno levanta la vista del manual de ciencia política que de forma tan cándida nos ha traído hasta este párrafo y observa el mundo real, un mundo en el que, como vemos estos días con el escándalo que le ha costado el cierre a News of the World, hay sectores enteros de la prensa supuestamente libre que han dejado de cumplir su misión para pasar a convertirse en un poder autónomo que aspira a capturar el poder político mediante técnicas chantajistas y matonas para ponerlo al servicio de sus propios intereses económicos. Como se ha visto, en ese mundo los lectores de periódicos dejan de ser tratados como ciudadanos, los políticos dejan de actuar como representantes de la soberanía popular y los periodistas dejan de ser honestos intermediarios que transmiten información que ayude a las dos partes a elaborar opiniones informadas. No es casualidad que la misma polarización que se ha instalado en la política tiente también a muchos medios de comunicación. La polarización ideológica sirve a los políticos para evitar rendir cuentas. Con los medios, ocurre algo parecido. En teoría, deberían competir por ofrecer un mejor producto a un menor precio. Pero en la práctica, como ocurre con las marcas comerciales, es más fácil mantener e incrementar la clientela mediante la polarización ideológica y la apelación a los más bajos instintos que mediante la objetividad y la transparencia. Paradójicamente, como ocurre en EE UU, cuanto más libre y más amplio es el mercado y, por tanto, más dinero hay en juego, más resquicios se abren para que la polarización se imponga, en la política y en los medios. Todo ello, sin que a cambio esté muy claro que una mayor regulación sea la solución o el comienzo de otra serie de problemas. En ese mundo distópico, partidos y medios invierten su papel 180 grados y terminan por hacer exactamente lo contrario de aquello para lo que fueron fundados: en lugar de servir a los ciudadanos, buscan ciudadanos de los que servirse.
(Artículo de José Ignacio Torreblanca, publicado en "El País" el 15 de julio de 2011)
Gracias a este práctico arreglo, las democracias pueden funcionar de forma efectiva y, además, hacerlo respetando las normas básicas que rigen nuestros Estados de derecho. Por eso, independientemente de si una democracia adopta el modelo parlamentario o el presidencial, opta por un sistema mayoritario o proporcional o configura el Estado de modo unitario o de acuerdo con parámetros federales, la relación entre poder y prensa no debería variar gran cosa. Por un lado, la prensa sirve a los ciudadanos para controlar retrospectivamente la acción del Gobierno y sancionar los incumplimientos de las promesas o las violaciones de las normas en los que estos hayan incurrido. Por otro lado, transmite información a los políticos sobre las preferencias de la ciudadanía, lo que les ayuda a diseñar políticas que satisfagan al mayor número de personas. De esta manera, al llegar las elecciones, los votantes, que dispondrán de una información completa sobre las acciones de los políticos, podrán elegir racionalmente a aquellos que mejor sirvan a sus intereses. Mientras, los políticos, que dispondrán ante sí de un rico y amplio mapa acerca de cuáles son las preferencias de la opinión pública, podrán hacer una oferta electoral y de políticas públicas ajustada a las demandas de los electores. Por si fuera poco, en un sistema de libre mercado que funcione correctamente es hasta posible que, gracias a la publicidad, este sistema de control prospectivo y retrospectivo que garantiza la democracia sea sumamente barato para el ciudadano.
Esto en teoría. El problema, claro está, comienza cuando uno levanta la vista del manual de ciencia política que de forma tan cándida nos ha traído hasta este párrafo y observa el mundo real, un mundo en el que, como vemos estos días con el escándalo que le ha costado el cierre a News of the World, hay sectores enteros de la prensa supuestamente libre que han dejado de cumplir su misión para pasar a convertirse en un poder autónomo que aspira a capturar el poder político mediante técnicas chantajistas y matonas para ponerlo al servicio de sus propios intereses económicos. Como se ha visto, en ese mundo los lectores de periódicos dejan de ser tratados como ciudadanos, los políticos dejan de actuar como representantes de la soberanía popular y los periodistas dejan de ser honestos intermediarios que transmiten información que ayude a las dos partes a elaborar opiniones informadas. No es casualidad que la misma polarización que se ha instalado en la política tiente también a muchos medios de comunicación. La polarización ideológica sirve a los políticos para evitar rendir cuentas. Con los medios, ocurre algo parecido. En teoría, deberían competir por ofrecer un mejor producto a un menor precio. Pero en la práctica, como ocurre con las marcas comerciales, es más fácil mantener e incrementar la clientela mediante la polarización ideológica y la apelación a los más bajos instintos que mediante la objetividad y la transparencia. Paradójicamente, como ocurre en EE UU, cuanto más libre y más amplio es el mercado y, por tanto, más dinero hay en juego, más resquicios se abren para que la polarización se imponga, en la política y en los medios. Todo ello, sin que a cambio esté muy claro que una mayor regulación sea la solución o el comienzo de otra serie de problemas. En ese mundo distópico, partidos y medios invierten su papel 180 grados y terminan por hacer exactamente lo contrario de aquello para lo que fueron fundados: en lugar de servir a los ciudadanos, buscan ciudadanos de los que servirse.
(Artículo de José Ignacio Torreblanca, publicado en "El País" el 15 de julio de 2011)
NUEVA GOBERNANZA LOCAL.
La crisis de las haciendas locales no puede disuadir a ningún gobierno local de optar por la cohesión social, la competitividad económica y el desarrollo humano de la ciudad, pero para ello deben cambiar el modelo de gestión de los ayuntamientos, de lo contrario el abordaje ineludible del déficit y la deuda municipal conllevará la decadencia de las ciudades y la marginalidad de los gobiernos locales.
La mayoría de los ayuntamientos españoles se presentan a la ciudadanía fundamentalmente como ofertantes de servicios y equipamientos públicos, y consideran a los ciudadanos como clientes o usuarios de estos servicios. Ahora este modelo debe cambiar.
Unos ayuntamientos que afronten la reducción del gasto sin reestructurar su manera de gobernar se limitarán a reducir la oferta de servicios, provocarán la decadencia de las ciudades y municipios y favorecerán el desencanto político ciudadano, así como su deslegitimación como gobiernos democráticos.
Hoy, lo más importante para los gobiernos locales es dar respuesta al incremento de las necesidades sociales y a la reestructuración de la economía con menos recursos, y para ello deben cambiar su manera de gestionar, así como su relación con la sociedad civil. Deben avanzar en lo que se denomina gobernanza democrática.
Esta nueva gobernanza se dirige a multiplicar el impacto de los fondos públicos en la realización de los objetivos de cohesión social y competitividad económica de la ciudad. Y consiste básicamente en:
1) Dar un mayor protagonismo político al alcalde y regidores. Estos deben dejar de ser gestores para convertirse en dinamizadores y organizadores del interés general en las estrategias, políticas y proyectos, a partir de articular los intereses legítimos de los distintos sectores económicos, sociales y vecinales en estrategias, políticas y proyectos.
2) Restituir el papel del funcionariado como garante del Estado de derecho y fortalecedor de la institucionalidad democrática, y no como gestores de servicios. Es decir como generador de un sistema de normas y procedimientos sencillo, transparente, objetivo y equitativo que genere confianza en la sociedad civil, y facilite su dinamización y desarrollo económico y social. Para la gestión de servicios, mejor contratar externamente a empresas y tercer sector, bajo objetivos y supervisión públicas.
3) Promover redes y sistemas de cooperación público-privados, en un marco estratégico compartido, para el desarrollo de programas y proyectos que articulen fondos públicos y privados o de voluntariado.
4) Prioridad a los proyectos integrales o transversales en los que participen diferentes departamentos municipales de un ayuntamiento o diferentes ayuntamientos, lo que permitirá un uso más eficaz de los recursos.
5) Nueva orientación de la participación. Esta debe dejar de centrarse en los fondos públicos y más en objetivos de ciudad en los que sea necesario y factible el compromiso y colaboración de la sociedad civil organizada y el voluntariado.
(Artículo de José María Esteve, publicado en "La Voz de Galicia" el 13 de julio de 2011)
La mayoría de los ayuntamientos españoles se presentan a la ciudadanía fundamentalmente como ofertantes de servicios y equipamientos públicos, y consideran a los ciudadanos como clientes o usuarios de estos servicios. Ahora este modelo debe cambiar.
Unos ayuntamientos que afronten la reducción del gasto sin reestructurar su manera de gobernar se limitarán a reducir la oferta de servicios, provocarán la decadencia de las ciudades y municipios y favorecerán el desencanto político ciudadano, así como su deslegitimación como gobiernos democráticos.
Hoy, lo más importante para los gobiernos locales es dar respuesta al incremento de las necesidades sociales y a la reestructuración de la economía con menos recursos, y para ello deben cambiar su manera de gestionar, así como su relación con la sociedad civil. Deben avanzar en lo que se denomina gobernanza democrática.
Esta nueva gobernanza se dirige a multiplicar el impacto de los fondos públicos en la realización de los objetivos de cohesión social y competitividad económica de la ciudad. Y consiste básicamente en:
1) Dar un mayor protagonismo político al alcalde y regidores. Estos deben dejar de ser gestores para convertirse en dinamizadores y organizadores del interés general en las estrategias, políticas y proyectos, a partir de articular los intereses legítimos de los distintos sectores económicos, sociales y vecinales en estrategias, políticas y proyectos.
2) Restituir el papel del funcionariado como garante del Estado de derecho y fortalecedor de la institucionalidad democrática, y no como gestores de servicios. Es decir como generador de un sistema de normas y procedimientos sencillo, transparente, objetivo y equitativo que genere confianza en la sociedad civil, y facilite su dinamización y desarrollo económico y social. Para la gestión de servicios, mejor contratar externamente a empresas y tercer sector, bajo objetivos y supervisión públicas.
3) Promover redes y sistemas de cooperación público-privados, en un marco estratégico compartido, para el desarrollo de programas y proyectos que articulen fondos públicos y privados o de voluntariado.
4) Prioridad a los proyectos integrales o transversales en los que participen diferentes departamentos municipales de un ayuntamiento o diferentes ayuntamientos, lo que permitirá un uso más eficaz de los recursos.
5) Nueva orientación de la participación. Esta debe dejar de centrarse en los fondos públicos y más en objetivos de ciudad en los que sea necesario y factible el compromiso y colaboración de la sociedad civil organizada y el voluntariado.
(Artículo de José María Esteve, publicado en "La Voz de Galicia" el 13 de julio de 2011)
LA CUEVA DE ALÍ BABÁ.
Gracias al que, presupongo, dificultoso trabajo de investigación de Diario de Mallorca, nos hemos enterado de la disparatada gestión de los sucesivos gobiernos de la comunidad autónoma y del ayuntamiento de Palma: empresas innecesarias y dietas por asistencia a los consejos de administración de hasta 900 euros, del orden de 1.600 consejeros; empleos públicos sin procesos de selección que atendieran al principio de igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, con sueldos estratosféricos en muchos casos. Según otras informaciones periodísticas, en Emaya, brillan con luz propia sueldos de conductores de recogida de basura del orden de 59.000 euros al año. En una palabra, vivimos en el país de Jauja. Para algunos. Para los parados, para los mileuristas, para los jubilados, para la gente normal, un país de latrocinio continuado que deben financiar con sus impuestos y con las altísimas tarifas de los servicios municipales. Quizá con la excusa de no debilitar la naciente autonomía se ha pecado de una indulgencia excesiva con unos manirrotos dirigentes que han hecho del dinero de todos un botín a repartir entre partidarios, parientes y en algunos casos documentados del gobierno Matas, directamente a sus propios bolsillos. Por eso no deja de ser un alivio y una esperanza que en las páginas de una parte del llamado cuarto poder –la prensa libre como garantía de la democracia– se abra camino aquello que el verdadero poder –también los sindicatos– mantiene entre tinieblas.
En esta cueva de Alí Babá en que se ha convertido una –en principio– noble causa como la autonomía política, generalizada en el conjunto del Estado, cabe distinguir distintos aspectos. El primero de ellos es el que no se recata en reconocer el propio presidente Bauzá: "No consentiré tantas empresas públicas para cubrir cuotas políticas". Es decir que la proliferación de empresas públicas y sus elevados sueldos no tienen que ver con una necesidad objetiva fruto de una demanda social imposible de atender por los medios ordinarios de la administración y de sus funcionarios, estos que acceden a un puesto público por medio de oposiciones. Tiene que ver con el clientelismo político, con colocar a los afiliados al partido del gobierno que deben cumplir una doble función: asegurar el poder interno de la dirección partidaria y actuar de recolectores de votos en las sucesivas elecciones, sean generales, autonómicas o municipales. También para contentar a los que no han sido agraciados en la pedrea del reparto de cargos políticos. En último caso, cuando se trata de puestos de calificación menor, este clientelismo se dirige a simples electores de una u otra localidad, sea en Gesma, el Ibanat, Fodesma, una residencia pública, o en cualquier otro organismo.
Otro aspecto es el puro y simple nepotismo. Aquí ya no se trata de motivaciones políticas impresentables, sino de colocar a parientes y amigos. Casos muy populares ha habido, en época de Matas y en época de Antich. Sería espectacular conocer la relación de parientes de los gobernantes entre las plantillas de personal laboral de las administraciones, o en determinados consejos de administración que dependen de las mismas. Se sabe de autoridades académicas que han gestionado cerca de los responsables políticos la colocación de sus cónyuges. Y hasta de sus ex cónyuges. Y ha habido una vergonzosa complicidad social con estos comportamientos. Quizá porque muchas personas con un cierto pedigrí social han pensado que podía peligrar su estatus en caso de que manifestaran su repulsa por unos comportamientos a todas luces indecentes; o que se automutilaban la posibilidad de hacer lo mismo: "lo hacen todos". Entre nosotros es muy común la hipocresía de proclamar grandes principios en abstracto, pero si hay que mover influencias para colocar a un hijo, se hace. El mensaje para los jóvenes, tanto en el primer como en este segundo caso es demoledor: "No te esfuerces en ser mejor, en tener ideas propias, esfuérzate en situarte cerca del poder".
Finalmente, en el caso de Emaya, que reúne, creo, todas las posibilidades, el aspecto que con más frecuencia se ha dado, es el de la mala gestión. Aquí la corrupción fundamental ha consistido, más allá del nepotismo o del clientelismo de los últimos cuatro años, achacable directamente a UM, pero indirectamente a PSOE e IU para mantener el poder municipal, han sido los diez y seis años de gobierno del partido popular que, además, se dedicó a comprar con el dinero de todos –las tarifas del servicio público de agua y recogida de basuras– la paz social. La presión sindical –en forma de huelga– ha prácticamente desaparecido del mundo de la empresa privada, se juega con la desaparición de la empresa y, por tanto del puesto de trabajo. Ha quedado limitada a los colectivos de privilegiados, normalmente de carácter público, con una gran capacidad de presión en servicios de gran importancia social: transportes, recogida de basuras, etc.: los controladores de tráfico aéreo fueron un ejemplo. También el personal de Emaya, cuyos sueldos en algunos casos superiores a los de los consellers deben pagar los colectivos que no tienen ningún poder de presión y, no por ello menos dignos de reconocimiento. Bauzá se ha pronunciado sobre las cuotas políticas, convendría que también atendiera estas otras formas de corrupción.
(Artículo de Ramón Aguiló, publicado en "Diario de Mallorca" el 8 de julio de 2011)
En esta cueva de Alí Babá en que se ha convertido una –en principio– noble causa como la autonomía política, generalizada en el conjunto del Estado, cabe distinguir distintos aspectos. El primero de ellos es el que no se recata en reconocer el propio presidente Bauzá: "No consentiré tantas empresas públicas para cubrir cuotas políticas". Es decir que la proliferación de empresas públicas y sus elevados sueldos no tienen que ver con una necesidad objetiva fruto de una demanda social imposible de atender por los medios ordinarios de la administración y de sus funcionarios, estos que acceden a un puesto público por medio de oposiciones. Tiene que ver con el clientelismo político, con colocar a los afiliados al partido del gobierno que deben cumplir una doble función: asegurar el poder interno de la dirección partidaria y actuar de recolectores de votos en las sucesivas elecciones, sean generales, autonómicas o municipales. También para contentar a los que no han sido agraciados en la pedrea del reparto de cargos políticos. En último caso, cuando se trata de puestos de calificación menor, este clientelismo se dirige a simples electores de una u otra localidad, sea en Gesma, el Ibanat, Fodesma, una residencia pública, o en cualquier otro organismo.
Otro aspecto es el puro y simple nepotismo. Aquí ya no se trata de motivaciones políticas impresentables, sino de colocar a parientes y amigos. Casos muy populares ha habido, en época de Matas y en época de Antich. Sería espectacular conocer la relación de parientes de los gobernantes entre las plantillas de personal laboral de las administraciones, o en determinados consejos de administración que dependen de las mismas. Se sabe de autoridades académicas que han gestionado cerca de los responsables políticos la colocación de sus cónyuges. Y hasta de sus ex cónyuges. Y ha habido una vergonzosa complicidad social con estos comportamientos. Quizá porque muchas personas con un cierto pedigrí social han pensado que podía peligrar su estatus en caso de que manifestaran su repulsa por unos comportamientos a todas luces indecentes; o que se automutilaban la posibilidad de hacer lo mismo: "lo hacen todos". Entre nosotros es muy común la hipocresía de proclamar grandes principios en abstracto, pero si hay que mover influencias para colocar a un hijo, se hace. El mensaje para los jóvenes, tanto en el primer como en este segundo caso es demoledor: "No te esfuerces en ser mejor, en tener ideas propias, esfuérzate en situarte cerca del poder".
Finalmente, en el caso de Emaya, que reúne, creo, todas las posibilidades, el aspecto que con más frecuencia se ha dado, es el de la mala gestión. Aquí la corrupción fundamental ha consistido, más allá del nepotismo o del clientelismo de los últimos cuatro años, achacable directamente a UM, pero indirectamente a PSOE e IU para mantener el poder municipal, han sido los diez y seis años de gobierno del partido popular que, además, se dedicó a comprar con el dinero de todos –las tarifas del servicio público de agua y recogida de basuras– la paz social. La presión sindical –en forma de huelga– ha prácticamente desaparecido del mundo de la empresa privada, se juega con la desaparición de la empresa y, por tanto del puesto de trabajo. Ha quedado limitada a los colectivos de privilegiados, normalmente de carácter público, con una gran capacidad de presión en servicios de gran importancia social: transportes, recogida de basuras, etc.: los controladores de tráfico aéreo fueron un ejemplo. También el personal de Emaya, cuyos sueldos en algunos casos superiores a los de los consellers deben pagar los colectivos que no tienen ningún poder de presión y, no por ello menos dignos de reconocimiento. Bauzá se ha pronunciado sobre las cuotas políticas, convendría que también atendiera estas otras formas de corrupción.
(Artículo de Ramón Aguiló, publicado en "Diario de Mallorca" el 8 de julio de 2011)
LOS CORRUPTOS.
EL encanto de los sondeos de opinión, si es que tienen alguno, reside en su capacidad para convertir en número, incluso con decimales, la percepción que todos tenemos de la realidad circundante. Antes de su decimonónica invención —en USA, naturalmente— la valoración cuantitativa circulaba del poco al mucho pasando por el bastante; pero la técnica se ha ido perfeccionando y, bien alimentada por sus clientes principales, los partidos políticos y otros grupos e instituciones de escasa ambición científica, nos permite saber que el 85,6 por ciento de los españoles creen que en nuestro país la corrupción está «muy» o «bastante» extendida. Quizás para compensar tan negativa valoración de nuestra triste realidad nacional, existe un 0,2 por ciento de ciudadanos que, posiblemente instalados en la inopia, piensan que no hay corrupción y que, si la hubiere, está muy poco extendida. En esto me sumo a la mayoría; pero no desde mi convicción democrática, sino a partir de lo que Baura llamaba la malvada observación del paseante.
Algunos piensan, y así vienen diciéndolo desde hace siglos, que la corrupción es inherente a la naturaleza humana. Si fuera de ese modo, la proporción entre corruptos e íntegros tendería a ser pareja entre todos los grupos de actividad y, por lo que llevamos visto, en los conventos de clausura se dan menos casos de esta peculiar infección moral que en los Ayuntamientos. Es, natural o inducida, muy preocupante que, de cada diez ciudadanos, solo uno y medio estén a salvo de toda sospecha.
En un intento de clasificación de la corrupción en los partidos políticos, siempre según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, el PP es el más corrupto de todos y, en una escala del 0 al 10, merece una nota de 6,95. El PSOE sale algo más favorecido en este retrato sociométrico. Es 54 centésimas menos corrupto que su principal opositor: 6,41. Lo que sí parece claro, y tiende a explicar muchos de los fenómenos sobrecogedores que padecemos y alteran nuestra vida ciudadana, es que la corrupción es mucha, muchísima, y que, decimales aparte, se prodiga por doquier como una evidencia más del mal funcionamiento de un Estado en el que sus tres principales poderes viven amancebados. La corrupción les sale barata a los corruptos y, todavía peor, no está lo suficientemente mal vista por quienes la sufragan con un doloroso esfuerzo fiscal. No basta con imputar a quienes parecen inmersos en el fenómeno. Habrá, para empezar, que retirarles el saludo —la muerte civil, el ostracismo— y, después, encerrarles en un lazareto lejano de todo lo público, fuentes incluidas.
(Artículo de Manuel Martín Ferrand, publicado en "ABC" el 8 de julio de 2011)
Algunos piensan, y así vienen diciéndolo desde hace siglos, que la corrupción es inherente a la naturaleza humana. Si fuera de ese modo, la proporción entre corruptos e íntegros tendería a ser pareja entre todos los grupos de actividad y, por lo que llevamos visto, en los conventos de clausura se dan menos casos de esta peculiar infección moral que en los Ayuntamientos. Es, natural o inducida, muy preocupante que, de cada diez ciudadanos, solo uno y medio estén a salvo de toda sospecha.
En un intento de clasificación de la corrupción en los partidos políticos, siempre según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, el PP es el más corrupto de todos y, en una escala del 0 al 10, merece una nota de 6,95. El PSOE sale algo más favorecido en este retrato sociométrico. Es 54 centésimas menos corrupto que su principal opositor: 6,41. Lo que sí parece claro, y tiende a explicar muchos de los fenómenos sobrecogedores que padecemos y alteran nuestra vida ciudadana, es que la corrupción es mucha, muchísima, y que, decimales aparte, se prodiga por doquier como una evidencia más del mal funcionamiento de un Estado en el que sus tres principales poderes viven amancebados. La corrupción les sale barata a los corruptos y, todavía peor, no está lo suficientemente mal vista por quienes la sufragan con un doloroso esfuerzo fiscal. No basta con imputar a quienes parecen inmersos en el fenómeno. Habrá, para empezar, que retirarles el saludo —la muerte civil, el ostracismo— y, después, encerrarles en un lazareto lejano de todo lo público, fuentes incluidas.
(Artículo de Manuel Martín Ferrand, publicado en "ABC" el 8 de julio de 2011)
EL SISTEMA ELECTORAL MIXTO.
Está en el ambiente que la percepción generalizada respecto de nuestra clase política se mantiene bajo mínimos, hasta tal punto que, según los sondeos, es considerada el segundo problema nacional. La convicción creciente, cierta o no, de que los políticos están distanciados de los ciudadanos, constituyen una oligarquía con intereses propios distintos a los generales y se dotan de inaceptables privilegios, sigilosamente se va instalando entre nosotros. La simpatía que han sentido por los indignados (con los políticos) personas de un amplio espectro ideológico, contribuye a confirmarlo. Y cuando decimos "políticos", no nos referimos sólo a individuos sino también, aun con mayor motivo, a los partidos, los auténticos sujetos de la vida política.
Si esta convicción crece hasta hacerse ampliamente mayoritaria, la democracia entrará en zona de peligro. Las crisis económicas prolongadas, con los costes sociales consiguientes, son siempre un buen caldo de cultivo para todo tipo de populismos simplistas que suelen desembocar en salidas autoritarias. Por tanto, es necesario regenerar la democracia y una de las medidas más posibles y urgentes es la reforma electoral. Si esta reforma pretende ser eficaz en esta labor regeneradora debe aprovecharse para reformar los partidos políticos. Para comprender este alcance, apuntemos algunas características de los dos sistemas electorales clásicos, el mayoritario y el proporcional.
En el sistema mayoritario se elige un diputado por distrito y gana el candidato que ha obtenido más votos. Se trata, sin duda, de un sistema sencillo y claro, así es en Gran Bretaña y EE.UU. El sistema proporcional, más complejo, exige distritos amplios y se vota a listas de candidatos presentadas por los respectivos partidos. Mediante la aplicación de una fórmula matemática los votos obtenidos se convierten en escaños según criterios de proporcionalidad. Es la fórmula predominante en Europa, también la española en el Congreso y en todas las comunidades autónomas. Ambos sistemas tienen ventajas e inconvenientes.
El mayoritario permite una mayor proximidad entre electores y elegidos y, por tanto, un mayor conocimiento y control sobre el parlamentario, así como una más exigente rendición de cuentas al final de la legislatura. Sin embargo, tiene como desventaja fomentar que los diputados defiendan intereses puramente localistas y que se tienda al bipartidismo dejando marginadas las opciones políticas minoritarias.
La fórmula proporcional, en cambio, permite que el resultado en escaños refleje mejor el pluralismo político: las minorías pueden obtener más fácilmente representación y se frena el abstencionismo de quien no se identifica con los grandes partidos. Sin embargo, también presenta inconvenientes: primero, al votar a una lista se despersonalizan las elecciones, sólo se conoce al primero de la lista; segundo, y más importante, se otorga un gran poder a las direcciones de los partidos que son quienes confeccionan las listas de candidatos, de tal manera que, de hecho, a excepción del líder, en lugar de votar a candidatos se vota a una lista de perfectos desconocidos cuyo mayor mérito ha sido y seguirá siendo callar y obedecer.
Intentar corregir esta situación introduciendo en el actual sistema proporcional las listas desbloqueadas o abiertas no creo que sea un remedio suficiente si lo que se pretende es reformar los partidos y prestigiar la política. A mi modo de ver, la mejor solución consiste en encontrar un tercer modelo que combine las ventajas de los dos sistemas clásicos. En el sistema mixto, el sistema alemán, cada elector dispone de dos votos: uno para elegir por el sistema proporcional la lista nacional única propuesta por cada partido; y el otro para elegir a un candidato individual en cada pequeño distrito de acuerdo con el sistema mayoritario. Así, el ciudadano alemán sostiene una relación cercana con el diputado elegido directamente en su distrito mientras la fórmula proporcional aplicada a la lista nacional permite un mayor pluralismo en el resultado final que impide caer en las simplificaciones del bipartidismo.
Pero, además, esta fórmula mixta tiene otra ventaja todavía más interesante: los candidatos individuales que se presentan en los distritos cobran personalidad propia ante sus electores y se independizan, en cierta manera, de la dirección de los partidos que en su origen les designaron. Esta relación de proximidad diputado/elector, mejora necesariamente la calidad del diputado dado que está más controlado por los ciudadanos y, en su caso, la reelección no depende sólo de la voluntad del partido sino también de su propio éxito electoral. Los partidos, por decirlo así, se esponjan, se hacen más porosos y abiertos, dejan que la sociedad penetre en sus estructuras, sus diputados están cercanos a un público al que deben rendir cuentas. A su vez, la lista nacional permite mantener la columna vertebral de cada partido impidiendo que se disgregue.
En Catalunya corren aires de reforma electoral. No me extrañaría, sin embargo, que dicha reforma fuera gatopardiana: cambiarlo todo para que no cambie nada.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 7 de julio de 2011)
Si esta convicción crece hasta hacerse ampliamente mayoritaria, la democracia entrará en zona de peligro. Las crisis económicas prolongadas, con los costes sociales consiguientes, son siempre un buen caldo de cultivo para todo tipo de populismos simplistas que suelen desembocar en salidas autoritarias. Por tanto, es necesario regenerar la democracia y una de las medidas más posibles y urgentes es la reforma electoral. Si esta reforma pretende ser eficaz en esta labor regeneradora debe aprovecharse para reformar los partidos políticos. Para comprender este alcance, apuntemos algunas características de los dos sistemas electorales clásicos, el mayoritario y el proporcional.
En el sistema mayoritario se elige un diputado por distrito y gana el candidato que ha obtenido más votos. Se trata, sin duda, de un sistema sencillo y claro, así es en Gran Bretaña y EE.UU. El sistema proporcional, más complejo, exige distritos amplios y se vota a listas de candidatos presentadas por los respectivos partidos. Mediante la aplicación de una fórmula matemática los votos obtenidos se convierten en escaños según criterios de proporcionalidad. Es la fórmula predominante en Europa, también la española en el Congreso y en todas las comunidades autónomas. Ambos sistemas tienen ventajas e inconvenientes.
El mayoritario permite una mayor proximidad entre electores y elegidos y, por tanto, un mayor conocimiento y control sobre el parlamentario, así como una más exigente rendición de cuentas al final de la legislatura. Sin embargo, tiene como desventaja fomentar que los diputados defiendan intereses puramente localistas y que se tienda al bipartidismo dejando marginadas las opciones políticas minoritarias.
La fórmula proporcional, en cambio, permite que el resultado en escaños refleje mejor el pluralismo político: las minorías pueden obtener más fácilmente representación y se frena el abstencionismo de quien no se identifica con los grandes partidos. Sin embargo, también presenta inconvenientes: primero, al votar a una lista se despersonalizan las elecciones, sólo se conoce al primero de la lista; segundo, y más importante, se otorga un gran poder a las direcciones de los partidos que son quienes confeccionan las listas de candidatos, de tal manera que, de hecho, a excepción del líder, en lugar de votar a candidatos se vota a una lista de perfectos desconocidos cuyo mayor mérito ha sido y seguirá siendo callar y obedecer.
Intentar corregir esta situación introduciendo en el actual sistema proporcional las listas desbloqueadas o abiertas no creo que sea un remedio suficiente si lo que se pretende es reformar los partidos y prestigiar la política. A mi modo de ver, la mejor solución consiste en encontrar un tercer modelo que combine las ventajas de los dos sistemas clásicos. En el sistema mixto, el sistema alemán, cada elector dispone de dos votos: uno para elegir por el sistema proporcional la lista nacional única propuesta por cada partido; y el otro para elegir a un candidato individual en cada pequeño distrito de acuerdo con el sistema mayoritario. Así, el ciudadano alemán sostiene una relación cercana con el diputado elegido directamente en su distrito mientras la fórmula proporcional aplicada a la lista nacional permite un mayor pluralismo en el resultado final que impide caer en las simplificaciones del bipartidismo.
Pero, además, esta fórmula mixta tiene otra ventaja todavía más interesante: los candidatos individuales que se presentan en los distritos cobran personalidad propia ante sus electores y se independizan, en cierta manera, de la dirección de los partidos que en su origen les designaron. Esta relación de proximidad diputado/elector, mejora necesariamente la calidad del diputado dado que está más controlado por los ciudadanos y, en su caso, la reelección no depende sólo de la voluntad del partido sino también de su propio éxito electoral. Los partidos, por decirlo así, se esponjan, se hacen más porosos y abiertos, dejan que la sociedad penetre en sus estructuras, sus diputados están cercanos a un público al que deben rendir cuentas. A su vez, la lista nacional permite mantener la columna vertebral de cada partido impidiendo que se disgregue.
En Catalunya corren aires de reforma electoral. No me extrañaría, sin embargo, que dicha reforma fuera gatopardiana: cambiarlo todo para que no cambie nada.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 7 de julio de 2011)
TRANSPARENCIA Y EFICACIA.
AYER recibí un correo electrónico extraordinario que merece comentario y análisis, el contrato de Christine Lagarde como directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. No era una filtración de un amigo cotilla, ni siquiera un spam de grupos anónimos de presuntos indignados. Se trataba de una comunicación oficial del FMI en un alarde de transparencia informativa que merece elogio. Qué lección de eso que los anglosajones llaman accountabilityen plena batalla sobre la opacidad de la SGAE. El contrato establece la remuneración completa de la nueva directora, incluyendo dietas, beneficios, gastos de libre disposición y derechos de pensión, cumpliendo así con las directrices de buen gobierno que tantos proclaman y tan pocos cumplen; pocos en el sector privado y ninguno en el público. Ya me gustaría tener un documento semejante, una copia del contrato, de los presidentes de las empresas públicas españolas, por ejemplo. Ya sé que se presta a todo tipo de demagogia, pero ésta se combate con información, educación y valor político. Si hay que ponerle una pega es que el sueldo de Lagarde se actualiza con la inflación y no con la productividad, lo que contradice directamente la política económica recomendada por el FMI. No han estado muy inteligentes en este punto, supongo que porque conllevaba lesionar derechos adquiridos y prácticas establecidas y exigía negociar con los sindicatos internos de profesionales. Pero parecería lógico, porque lo que es bueno para la administración griega debe serlo también para el Fondo.
No he sido partidario del nombramiento de la ex ministra francesa. Creo, y así lo he escrito, que su nombramiento es un error por múltiples razones. Es un político y los tres anteriores no han dado muy buen resultado al frente del organismo internacional. Su designación es un paso más hacia la politización de la institución, alejándola de su imprescindible carácter técnico. No es economista y aunque pueda sonar a corporativismo por mi parte, no me imagino a un Premio Nobel de Economía dirigiendo el Tribunal Penal Internacional. Y lo peor, es europea, lo siento no soy nacionalista ni en esto, y Europa es precisamente el principal acreedor de ese organismo. Su nombramiento es como si Bankia hubiera elegido presidente al jefe de la patronal inmobiliaria. Pero dicho esto, el contrato y su publicidad son impecables y una lección para muchos.
Habrá escándalo y rasgado de vestiduras, sin duda, por el elevado salario, pero en eso el FMI también es digno de admirar. El principio es simple, si uno quiere altos funcionarios competentes tiene que estar dispuestos a pagarlos adecuadamente. Lagarde pierde dinero asumiendo esta responsabilidad y lo hace por voluntad de servicio público y un poco de ambición, que también es legítimo. Es un principio a imitar por todas las administraciones públicas. Ahora que toca austeridad, hay que hacerlo racionalmente y sin poner en peligro la eficacia de la administración ni aumentar su dependencia del sector privado. Menos funcionarios y mejor pagados, con una distribución sesgada hacia puestos técnicos y elevados niveles de escolarización, mejoran la calidad del servicio público y responden mejor a las necesidades de la Administración en una economía de mercado. Es una alternativa sin duda más eficiente que estrategias populistas de congelación salarial y estigmatización de los funcionarios porque no hay coraje político para coger la tijera y eliminar puestos innecesarios, que normalmente son de baja cualificación. Ojalá cunda el ejemplo.
(Artículo de Fernando Fernández, publicado en "ABC" el 7 de julio de 2011)
No he sido partidario del nombramiento de la ex ministra francesa. Creo, y así lo he escrito, que su nombramiento es un error por múltiples razones. Es un político y los tres anteriores no han dado muy buen resultado al frente del organismo internacional. Su designación es un paso más hacia la politización de la institución, alejándola de su imprescindible carácter técnico. No es economista y aunque pueda sonar a corporativismo por mi parte, no me imagino a un Premio Nobel de Economía dirigiendo el Tribunal Penal Internacional. Y lo peor, es europea, lo siento no soy nacionalista ni en esto, y Europa es precisamente el principal acreedor de ese organismo. Su nombramiento es como si Bankia hubiera elegido presidente al jefe de la patronal inmobiliaria. Pero dicho esto, el contrato y su publicidad son impecables y una lección para muchos.
Habrá escándalo y rasgado de vestiduras, sin duda, por el elevado salario, pero en eso el FMI también es digno de admirar. El principio es simple, si uno quiere altos funcionarios competentes tiene que estar dispuestos a pagarlos adecuadamente. Lagarde pierde dinero asumiendo esta responsabilidad y lo hace por voluntad de servicio público y un poco de ambición, que también es legítimo. Es un principio a imitar por todas las administraciones públicas. Ahora que toca austeridad, hay que hacerlo racionalmente y sin poner en peligro la eficacia de la administración ni aumentar su dependencia del sector privado. Menos funcionarios y mejor pagados, con una distribución sesgada hacia puestos técnicos y elevados niveles de escolarización, mejoran la calidad del servicio público y responden mejor a las necesidades de la Administración en una economía de mercado. Es una alternativa sin duda más eficiente que estrategias populistas de congelación salarial y estigmatización de los funcionarios porque no hay coraje político para coger la tijera y eliminar puestos innecesarios, que normalmente son de baja cualificación. Ojalá cunda el ejemplo.
(Artículo de Fernando Fernández, publicado en "ABC" el 7 de julio de 2011)
CORTES O FRONTÓN.
En 2009, la Asociación para la Defensa de la Función Pública pidió a las Cortes de Aragón que impulsara una comisión de investigación sobre los gabinetes del Gobierno autonómico y otra sobre los criterios de conducta pública de las instituciones. No existía el 15-M. Pero siempre ha habido ciudadanos que, pese a las dificultades, han luchado contra la opacidad y han impulsado el debate sobre la austeridad y la transparencia. Las Cortes desestimaron la propuesta de la asociación alegando que no estaba legitimada para hacer estas peticiones. A los afectados les pareció un portazo en su cara. Y su manera de protestar fue recurrir en amparo al Constitucional, que les ha dado la razón. El fallo anula los acuerdos de las Cortes que archivaron su petición y recuerda la importancia de este derecho fundamental. Las Cortes, en lugar de hacer de frontón, podrían haber llevado el asunto a la comisión de peticiones y derechos humanos. No lo hicieron, como si creyeran que pedir no es un derecho sino un vicio contra el que contraponer la "virtud" de no dar. El caso explica el recelo hacia los políticos. No es por sus privilegios, es por su lejanía, su negativa a escuchar. La pena es que la mala praxis de algunos, que confunden lo público con sus intereses, afecta a la imagen de muchos otros y su intachable, callada labor.
(Artículo de Encarna Samitier, publicado en "Heraldo de Aragón" el 3 de julio de 2011)
(Artículo de Encarna Samitier, publicado en "Heraldo de Aragón" el 3 de julio de 2011)
LA HORA DE "LOS PUEBLOS".
“Nosotros, los pueblos…”
Inicio de la Carta de las Naciones Unidas, 1945.
Por fin, “los pueblos” están empezando a tomar en sus manos las riendas del destino común. Las maquinaciones del Gran Dominio –financiero, militar, energético, mediático– comienzan a ser contrarrestadas por millones de voces hasta ahora desoídas y acalladas. Son los estertores de un sistema que, liderado por el presidente Reagan y la premier Thatcher, sustituyó los principios de justicia social, dignidad humana, libertad y solidaridad por el mercantilismo puro; las ayudas, por préstamos en condiciones draconianas; la cooperación internacional, por explotación; y las Naciones Unidas, por una oligarquía plutocrática (G-6, G-7, G-8…).
En todos estos años, la mayoría de los países fueron cayendo en la trampa de la “globalización”, y los intereses a corto plazo fueron ocultando, en el apogeo de la expansión neoliberal, el deterioro medioambiental, las burbujas económicas, la impunidad en el espacio supranacional con inadmisibles tráficos de toda índole, personas incluidas; el incremento de las asimetrías sociales; la deslocalización fundamentada en el “todo vale”… Todo ello aderezado con invasiones como las de Kósovo o Irak, basadas en la discrecionalidad y la mentira, sin contar con la autorización del Consejo de Seguridad.De pronto, en momentos en que el gasto militar alcanzaba diariamente los 4.000 millones de dólares al tiempo que morían de hambre más de 60.000 personas, llegó la quiebra del sistema financiero en EEUU y su inmediato “rescate”. No había dinero para los Objetivos del Milenio, para la lucha contra el hambre y la pobreza extrema, ni contra el sida, pero, de pronto, aparecieron torrentes de fondos para salvar del naufragio a los mismos financieros que habían provocado la catástrofe. El Gran Dominio, restablecido, vuelve a las andadas y ha decidido aplicar a los países de la eurozona los mismos “ajustes” que durante décadas aplicó a los países en desarrollo: recortes, despidos masivos, privatizaciones a mansalva…Sin embargo, desde los primeros años de la década de los noventa se viene fraguando el cambio radical que podría hacer posible que el siglo XXI sea el siglo de la gente. Desde el origen de los tiempos, unos cuantos hombres han mandado sobre el resto de los hombres y de las mujeres. Los ciudadanos no han tenido más opción que obedecer, ofreciendo sin discusión hasta su propia vida cuando quienes ostentaban el poder así lo requerían. Las elecciones han representado un importante adelanto, pero su “formalización progresiva” ha llevado, junto a una notoria desinformación de la ciudadanía, a democracias muy imperfectas, donde los ciudadanos son contados en las elecciones, pero luego no son tenidos en cuenta.
Pues bien, cuando la tecnología de la comunicación empezó a permitir la exposición libre –por internet y los SMS de la telefonía móvil–, estaba claro que la participación no presencial sería el gran factor de transformaciones de hondo calado. Mediante los mismos avances tecnológicos se está procurando distraer a “los pueblos”, mantenerlos como espectadores impasibles, como receptores permanentes. Pero han sido ya muchos, y serán muchos más en el futuro próximo, los que vayan incorporándose a la gran plaza mundial del ciberespacio, a la gran Puerta del Sol, desde donde pedirán, como Blas de Otero, “la paz y la palabra”. Sus voces, expresadas serena y pacíficamente, ya no podrán ser desoídas.
Esta capacidad va acompañada de una conciencia global y de un conocimiento de la realidad a escala planetaria que permiten no sólo conocer las precariedades de los demás, sino apreciar lo que cada uno posee. Los ciudadanos del mundo se van dando cuenta de que pueden modificar las formas de gobernación mundial y hacer frente a los poderes que siempre han deseado, desde sus altos pedestales, mantenerlos atemorizados y silenciados.
Así, en Irán, China, Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Siria, Italia o Reino Unido hubo concentraciones importantes, especialmente en el caso de la Primavera Árabe, movilizadas desde el ciberespacio, y el 15 de mayo se inició en España la reunión de los indignados, que respondían así a la provocación del lúcido nonagenario Stéphane Hessel. Urgidos, pero sin violencia, los ciudadanos, especialmente los jóvenes, están planteando con propuestas concretas una auténtica reformulación de la democracia.“Situaciones sin precedentes requieren soluciones sin precedentes”, ha escrito Amin Maalouf, y me gusta repetirlo. Ha llegado el momento de la reacción popular, de formular propuestas muy concretas e innovadoras que respondan a los “esfuerzos creadores” que Robert Schumman reclamaba en 1950 para la Europa comunitaria que iniciaba su andadura.
Reforma inmediata de la Ley Electoral, supresión de los paraísos fiscales, rechazo a los servicios de los bancos que utilizan esos medios de evasión, transición urgente desde una economía de especulación a una productiva, desarrollo global sostenible, son algunas de esas propuestas. Otras son la autonomía europea en seguridad, con sus propios observatorios y mecanismos de calificación y decisión económica; el inaplazable desarme nuclear, y refundación de un sistema de Naciones Unidas como interlocutor único, dotado de toda la autoridad necesaria para resolver conflictos como los que hoy intentan –con efectos colaterales inadmisibles– abordar infructuosamente los periclitados G-8 o G-20. Todo esto podría ser realidad en poco tiempo.
(Artículo de Federico Mayor Zaragoza, publicado en "Público" el 2 de julio de 2011)
Inicio de la Carta de las Naciones Unidas, 1945.
Por fin, “los pueblos” están empezando a tomar en sus manos las riendas del destino común. Las maquinaciones del Gran Dominio –financiero, militar, energético, mediático– comienzan a ser contrarrestadas por millones de voces hasta ahora desoídas y acalladas. Son los estertores de un sistema que, liderado por el presidente Reagan y la premier Thatcher, sustituyó los principios de justicia social, dignidad humana, libertad y solidaridad por el mercantilismo puro; las ayudas, por préstamos en condiciones draconianas; la cooperación internacional, por explotación; y las Naciones Unidas, por una oligarquía plutocrática (G-6, G-7, G-8…).
En todos estos años, la mayoría de los países fueron cayendo en la trampa de la “globalización”, y los intereses a corto plazo fueron ocultando, en el apogeo de la expansión neoliberal, el deterioro medioambiental, las burbujas económicas, la impunidad en el espacio supranacional con inadmisibles tráficos de toda índole, personas incluidas; el incremento de las asimetrías sociales; la deslocalización fundamentada en el “todo vale”… Todo ello aderezado con invasiones como las de Kósovo o Irak, basadas en la discrecionalidad y la mentira, sin contar con la autorización del Consejo de Seguridad.De pronto, en momentos en que el gasto militar alcanzaba diariamente los 4.000 millones de dólares al tiempo que morían de hambre más de 60.000 personas, llegó la quiebra del sistema financiero en EEUU y su inmediato “rescate”. No había dinero para los Objetivos del Milenio, para la lucha contra el hambre y la pobreza extrema, ni contra el sida, pero, de pronto, aparecieron torrentes de fondos para salvar del naufragio a los mismos financieros que habían provocado la catástrofe. El Gran Dominio, restablecido, vuelve a las andadas y ha decidido aplicar a los países de la eurozona los mismos “ajustes” que durante décadas aplicó a los países en desarrollo: recortes, despidos masivos, privatizaciones a mansalva…Sin embargo, desde los primeros años de la década de los noventa se viene fraguando el cambio radical que podría hacer posible que el siglo XXI sea el siglo de la gente. Desde el origen de los tiempos, unos cuantos hombres han mandado sobre el resto de los hombres y de las mujeres. Los ciudadanos no han tenido más opción que obedecer, ofreciendo sin discusión hasta su propia vida cuando quienes ostentaban el poder así lo requerían. Las elecciones han representado un importante adelanto, pero su “formalización progresiva” ha llevado, junto a una notoria desinformación de la ciudadanía, a democracias muy imperfectas, donde los ciudadanos son contados en las elecciones, pero luego no son tenidos en cuenta.
Pues bien, cuando la tecnología de la comunicación empezó a permitir la exposición libre –por internet y los SMS de la telefonía móvil–, estaba claro que la participación no presencial sería el gran factor de transformaciones de hondo calado. Mediante los mismos avances tecnológicos se está procurando distraer a “los pueblos”, mantenerlos como espectadores impasibles, como receptores permanentes. Pero han sido ya muchos, y serán muchos más en el futuro próximo, los que vayan incorporándose a la gran plaza mundial del ciberespacio, a la gran Puerta del Sol, desde donde pedirán, como Blas de Otero, “la paz y la palabra”. Sus voces, expresadas serena y pacíficamente, ya no podrán ser desoídas.
Esta capacidad va acompañada de una conciencia global y de un conocimiento de la realidad a escala planetaria que permiten no sólo conocer las precariedades de los demás, sino apreciar lo que cada uno posee. Los ciudadanos del mundo se van dando cuenta de que pueden modificar las formas de gobernación mundial y hacer frente a los poderes que siempre han deseado, desde sus altos pedestales, mantenerlos atemorizados y silenciados.
Así, en Irán, China, Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Siria, Italia o Reino Unido hubo concentraciones importantes, especialmente en el caso de la Primavera Árabe, movilizadas desde el ciberespacio, y el 15 de mayo se inició en España la reunión de los indignados, que respondían así a la provocación del lúcido nonagenario Stéphane Hessel. Urgidos, pero sin violencia, los ciudadanos, especialmente los jóvenes, están planteando con propuestas concretas una auténtica reformulación de la democracia.“Situaciones sin precedentes requieren soluciones sin precedentes”, ha escrito Amin Maalouf, y me gusta repetirlo. Ha llegado el momento de la reacción popular, de formular propuestas muy concretas e innovadoras que respondan a los “esfuerzos creadores” que Robert Schumman reclamaba en 1950 para la Europa comunitaria que iniciaba su andadura.
Reforma inmediata de la Ley Electoral, supresión de los paraísos fiscales, rechazo a los servicios de los bancos que utilizan esos medios de evasión, transición urgente desde una economía de especulación a una productiva, desarrollo global sostenible, son algunas de esas propuestas. Otras son la autonomía europea en seguridad, con sus propios observatorios y mecanismos de calificación y decisión económica; el inaplazable desarme nuclear, y refundación de un sistema de Naciones Unidas como interlocutor único, dotado de toda la autoridad necesaria para resolver conflictos como los que hoy intentan –con efectos colaterales inadmisibles– abordar infructuosamente los periclitados G-8 o G-20. Todo esto podría ser realidad en poco tiempo.
(Artículo de Federico Mayor Zaragoza, publicado en "Público" el 2 de julio de 2011)
LA POLÍTICA EN EL EPICENTRO DE LA INDIGNACIÓN.
Mucha gente se ha quedado perpleja ante el hecho de que el Movimiento 15-M se haya puesto de acuerdo, fundamentalmente, en reformas de tipo político, más que económico. Esas propuestas van desde la reforma de la Ley Electoral a la eliminación de imputados en las listas de los partidos políticos, hasta la petición de listas abiertas y en general más democracia en los partidos. No estoy de acuerdo con los que critican al Movimiento 15-M por haberse centrado, al final, en pedir reformas de tipo político. Al revés, creo que su petición tiene bastante sentido, como trataré de argumentar en las líneas que siguen.
La crisis económica que comienza en 2007 fue seguida, entre otras muchas declaraciones rimbombantes, por la petición de Sarkozy de que había que "refundar el capitalismo". A partir de ahí, el mundo se organizó en el G-20, y los países más desarrollados del planeta, junto con una representación de los no tan desarrollados, comenzaron a coordinarse y a hacer propuestas encaminadas a regular más, y sobre todo mejor, los mercados internacionales. El objetivo era que lo que había ocurrido a partir de 2007, y sobre todo a partir de septiembre de 2008, con la caída de Lehman Brothers, no se volviera a repetir jamás en el futuro. Dichas propuestas eran todas ellas bienintencionadas: se trataba, en esencia, de eliminar los perversos incentivos que propiciaban los comportamientos de altísimo riesgo en los mercados financieros.
El caso es que a fecha de hoy, estas propuestas siguen siendo eso, meras propuestas. Los mercados internacionales siguen haciendo dinero como lo han estado haciendo en los últimos 20 años, es decir: poniendo en riesgo a la economía real de todo el planeta y, con ello, a toda la ciudadanía. Parece que han cambiado muchas cosas, pero en realidad, desde que estallara la burbuja financiera, en 2007-2008, nada, o muy poco, ha cambiado.
El Movimiento 15-M nace, crece y va a seguir desarrollándose fundamentalmente sobre la desesperanzada constatación de que a pesar de la que nos ha caído encima nada ha cambiado. Si uno se pasea por Sol, la pregunta que le hacen recurrentemente es la siguiente: ¿cómo es posible que todo siga igual? Esa pregunta ha dejado perplejos, desorientados, a los políticos de toda clase y condición. Precisamente por ello es absolutamente necesario dar respuesta a esa pregunta. El político, los políticos que acierten en hacerlo serán los que se lleven el gato al agua, no de estas elecciones o de las siguientes, sino del gran cambio de paradigma económico, pero sobre todo político, que se avecina desde que comenzó la crisis.
Para responder a la anteriorpregunta, vayamos por partes. Una de las razones por las que "todo sigue igual" es porque los Estados no tienen potencia suficiente, capacidad, recursos, para hacer frente a los llamados mercados. En realidad, los Estados ya no son lo que una vez fueron.
¿Por qué? Hagamos un poco de memoria. En los años ochenta, cuando comienza el movimiento liberalizador de los mercados internacionales, fundamentalmente de capitales, se produce, al mismo tiempo, de manera paralela, una revolución en las ideas políticas, que hemos convenido en llamar neoconservadurismo. El abanderado de esa revolución política fue Ronald Reagan, quien puso de moda el "small is beautiful". En su dimensión política, small is beautiful quiere decir que el Estado, cuanto más pequeño, mejor. De esta manera, lo que vemos a partir de los años ochenta, no solamente en Estados Unidos, y lo que es más grave, no solamente en los países gobernados por partidos conservadores, es una progresiva retirada del Estado de todos aquellos espacios que tradicionalmente había ocupado desde la II Guerra Mundial. Así, los monopolios públicos de Estado se fueron privatizando.
Se fue dando cabida a la iniciativa privada en sectores absolutamente consustanciales con la propia esencia de lo público, como la sanidad, la educación y hasta la seguridad. Y se fueron mermando, poco a poco, los recursos, tanto materiales como humanos, de los Estados. El Estado tenía que centrarse "en lo principal" y dejar a un lado "lo accesorio", como rezaban principios tan en boga en el momento como el de la subsidiariedad. La realidad es que, con el tiempo, el Estado ya no pudo centrarse ni en lo principal, ni siquiera en lo accesorio. Dicho de otra manera, el Estado dejó de ser eficaz.
Cuando el Estado deja de ser eficaz, empieza a perder su base de legitimación social. Como señala Belén Barreiro en un excelente artículo publicado en estas mismas páginas (EL PAÍS, 16 de junio de 2011), los ciudadanos buscan en el Estado, ante todo, eficacia, que las instituciones resuelvan sus problemas de empleo, seguridad, salud, educación o de lo que sea menester. Cuando esto no ocurre, miran para otra parte. Es decir, cuando se constata, por ejemplo, que los Estados no son eficaces para subirse a los lomos de un caballo desbocado llamado "mercados financieros internacionales", los ciudadanos empiezan a preguntarse para qué valen las instituciones, para qué valen los políticos, para qué valen los coches oficiales en los que viajan, para qué valen los asesores a los que pagan... Un suma y sigue que suele acabar generando el más rancio de los populismos.
Por eso, cuando el Movimiento 15-M solicita, ante todo, reformas políticas, lo que está mandando es un mensaje más o menos articulado de denuncia ante la ineficacia del Estado. Hay que reforzar el Estado, nos están diciendo, y sus instituciones, para que pueda cumplir su promesa de que protegerá a los ciudadanos. Y reforzar al Estado pasa necesariamente por ponerlo a punto desde una perspectiva política. Fundamentalmente, porque si un Estado no es suficientemente representativo, transparente y abierto, jamás podrá ser eficaz, y si no es eficaz, carecerá de la necesaria legitimación social.
La manera de volver a crear una alianza entre la gente y el Estado, sus instituciones y los políticos, es tomando en serio las reivindicaciones de aquellos que piden que se acometa una segunda transición política en nuestro país. Sin ella no se contará con el respaldo de la gente. Y sin el respaldo de la gente, el Estado, nuestro Estado y todos los demás, jamás tendrán el empuje necesario como para poner en orden nuestra maltrecha economía. Construyamos los cimientos de nuestro nuevo modelo de sociedad empezando no por el tejado, sino por sus pilares: hablemos de política, y reformémosla, como punto de partida.
(Artículo de Antonio Estella, publicado en "El País" el 29 de junio de 2011)
La crisis económica que comienza en 2007 fue seguida, entre otras muchas declaraciones rimbombantes, por la petición de Sarkozy de que había que "refundar el capitalismo". A partir de ahí, el mundo se organizó en el G-20, y los países más desarrollados del planeta, junto con una representación de los no tan desarrollados, comenzaron a coordinarse y a hacer propuestas encaminadas a regular más, y sobre todo mejor, los mercados internacionales. El objetivo era que lo que había ocurrido a partir de 2007, y sobre todo a partir de septiembre de 2008, con la caída de Lehman Brothers, no se volviera a repetir jamás en el futuro. Dichas propuestas eran todas ellas bienintencionadas: se trataba, en esencia, de eliminar los perversos incentivos que propiciaban los comportamientos de altísimo riesgo en los mercados financieros.
El caso es que a fecha de hoy, estas propuestas siguen siendo eso, meras propuestas. Los mercados internacionales siguen haciendo dinero como lo han estado haciendo en los últimos 20 años, es decir: poniendo en riesgo a la economía real de todo el planeta y, con ello, a toda la ciudadanía. Parece que han cambiado muchas cosas, pero en realidad, desde que estallara la burbuja financiera, en 2007-2008, nada, o muy poco, ha cambiado.
El Movimiento 15-M nace, crece y va a seguir desarrollándose fundamentalmente sobre la desesperanzada constatación de que a pesar de la que nos ha caído encima nada ha cambiado. Si uno se pasea por Sol, la pregunta que le hacen recurrentemente es la siguiente: ¿cómo es posible que todo siga igual? Esa pregunta ha dejado perplejos, desorientados, a los políticos de toda clase y condición. Precisamente por ello es absolutamente necesario dar respuesta a esa pregunta. El político, los políticos que acierten en hacerlo serán los que se lleven el gato al agua, no de estas elecciones o de las siguientes, sino del gran cambio de paradigma económico, pero sobre todo político, que se avecina desde que comenzó la crisis.
Para responder a la anteriorpregunta, vayamos por partes. Una de las razones por las que "todo sigue igual" es porque los Estados no tienen potencia suficiente, capacidad, recursos, para hacer frente a los llamados mercados. En realidad, los Estados ya no son lo que una vez fueron.
¿Por qué? Hagamos un poco de memoria. En los años ochenta, cuando comienza el movimiento liberalizador de los mercados internacionales, fundamentalmente de capitales, se produce, al mismo tiempo, de manera paralela, una revolución en las ideas políticas, que hemos convenido en llamar neoconservadurismo. El abanderado de esa revolución política fue Ronald Reagan, quien puso de moda el "small is beautiful". En su dimensión política, small is beautiful quiere decir que el Estado, cuanto más pequeño, mejor. De esta manera, lo que vemos a partir de los años ochenta, no solamente en Estados Unidos, y lo que es más grave, no solamente en los países gobernados por partidos conservadores, es una progresiva retirada del Estado de todos aquellos espacios que tradicionalmente había ocupado desde la II Guerra Mundial. Así, los monopolios públicos de Estado se fueron privatizando.
Se fue dando cabida a la iniciativa privada en sectores absolutamente consustanciales con la propia esencia de lo público, como la sanidad, la educación y hasta la seguridad. Y se fueron mermando, poco a poco, los recursos, tanto materiales como humanos, de los Estados. El Estado tenía que centrarse "en lo principal" y dejar a un lado "lo accesorio", como rezaban principios tan en boga en el momento como el de la subsidiariedad. La realidad es que, con el tiempo, el Estado ya no pudo centrarse ni en lo principal, ni siquiera en lo accesorio. Dicho de otra manera, el Estado dejó de ser eficaz.
Cuando el Estado deja de ser eficaz, empieza a perder su base de legitimación social. Como señala Belén Barreiro en un excelente artículo publicado en estas mismas páginas (EL PAÍS, 16 de junio de 2011), los ciudadanos buscan en el Estado, ante todo, eficacia, que las instituciones resuelvan sus problemas de empleo, seguridad, salud, educación o de lo que sea menester. Cuando esto no ocurre, miran para otra parte. Es decir, cuando se constata, por ejemplo, que los Estados no son eficaces para subirse a los lomos de un caballo desbocado llamado "mercados financieros internacionales", los ciudadanos empiezan a preguntarse para qué valen las instituciones, para qué valen los políticos, para qué valen los coches oficiales en los que viajan, para qué valen los asesores a los que pagan... Un suma y sigue que suele acabar generando el más rancio de los populismos.
Por eso, cuando el Movimiento 15-M solicita, ante todo, reformas políticas, lo que está mandando es un mensaje más o menos articulado de denuncia ante la ineficacia del Estado. Hay que reforzar el Estado, nos están diciendo, y sus instituciones, para que pueda cumplir su promesa de que protegerá a los ciudadanos. Y reforzar al Estado pasa necesariamente por ponerlo a punto desde una perspectiva política. Fundamentalmente, porque si un Estado no es suficientemente representativo, transparente y abierto, jamás podrá ser eficaz, y si no es eficaz, carecerá de la necesaria legitimación social.
La manera de volver a crear una alianza entre la gente y el Estado, sus instituciones y los políticos, es tomando en serio las reivindicaciones de aquellos que piden que se acometa una segunda transición política en nuestro país. Sin ella no se contará con el respaldo de la gente. Y sin el respaldo de la gente, el Estado, nuestro Estado y todos los demás, jamás tendrán el empuje necesario como para poner en orden nuestra maltrecha economía. Construyamos los cimientos de nuestro nuevo modelo de sociedad empezando no por el tejado, sino por sus pilares: hablemos de política, y reformémosla, como punto de partida.
(Artículo de Antonio Estella, publicado en "El País" el 29 de junio de 2011)
CONFIAR EN LOS FUNCIONARIOS.
Sabemos que son muchos los que asesoran a las Administraciones públicas sin ser funcionarios, sino personas designadas al simple criterio del que las nombra o propone libre y hasta en ocasiones, arbitrariamente.
El régimen es mejorable pero todo irá peor si prosigue el arrinconamiento de tanto funcionario competente, pero relegado prácticamente a la inactividad, por no profesar las ideas dominantes en la Administración en la que sirven ni dejarle desempeñar el destino que por su titulación le corresponda; a veces, se premia la obediencia más que la competencia.
Los asesores no funcionarios deberían ser solo la excepción (justificada) en el mundo de las Administraciones públicas, por causa legal bastante o para asuntos de notoria especialidad. Políticos, funcionarios y ¡público! deberían remar al tiempo, mejorando cuanto se pueda la función pública, respetando los derechos particulares pero dando primacía a las obligaciones comunes.
Generalizar las acusaciones contra los funcionarios como ahora es usual es tan injusto como hacerlo contra otras profesiones; son ganas de apagar las luces para que todos los gatos parezcan pardos, que decía con chanza, un ilustre pensador. Quien opta por generalizar mucho opta por pensar poco. Humanamente, no tendemos a corregirnos porque reservamos nuestras energías para exigir que se corrijan los demás.
Opino que no es lícito atribuir a los 2.353.000 funcionarios que aproximadamente existían en España en el 2006, la misma imputación de mala conducta que se predica con inconsciencia, de todos ellos. Aunque tampoco se pueda generalizar, uno recuerda con ternura el caso de un compañero de Hacienda encargado de una ventanilla y que era tan amable con los que le consultaban, que dio lugar al abuso, hasta el punto que hubo que retirarle de allí porque a fuerza de servir casi estaba mentalmente inservible.
Los funcionarios saben que si el poder público del que participan en proporciones diversas, les dota de una especie formal de superioridad sobre los particulares, es bajo la condición implícita de descender al nivel preciso que cada cual requiera, para que le entendamos, nos entienda y sea atendido.
Pese a todo, la reforma de la Función Pública no es la cuestión principal de las que ahora exigen una atención perentoria; es seguro que hay muchos que disponen de un inventario de las deficiencias funcionariales pero me atrevo a asegurar que ninguno cuenta con un catálogo de las soluciones que remediarían los males que se denuncian y que no siempre son reales.
¿Por qué hablar críticamente de las cuestiones que afectan al funcionariado en plena crisis económica y como si fuera de ese estamento la culpa de lo que pasa? No hablo de la rebaja del 5% de los haberes que percibían, sí hablo de que ponerlos en el interior del huracán y suponer que sustituyéndolos poco menos que a todos, los compatriotas que les sustituyeran traerían consigo, la panacea de todos los males, es tan ridículo como indigno.
Los funcionarios públicos ocupan sus puestos tras duras pruebas pensadas para acreditar su preparación en pugna con otros compatriotas; cualquiera que haya sido opositor a niveles más bajos o más altos, sabe que es así y también sabe que en ocasiones, pueden primar circunstancias non sanctas precisamente y que alteran el resultado objetivo esperado de las pruebas, pero eso que es condenable, no legitimaría el cambio del sistema básico de las oposiciones y concursos aunque sí la anulación de los resultados, una vez acreditado el desafuero.
¿Quién conoce un régimen de ingreso que ofreciese más garantías que el de las oposiciones? Nadie ha sido capaz de exponer y convencer con razones ponderables, que exista ese régimen que dotase de mejor personal a las Administraciones públicas y que también, propiciara una merecida promoción a los que sepan ganársela con sacrificio. Me atrevo a sostener que las oposiciones (la segunda bárbara fiesta nacional) y los concursos, aseguran con trabajo, sudor y lágrimas, el lugar que busquemos.
Las oposiciones son como la democracia, el peor de los sistemas excluyendo los demás. Un día daremos con medio selectivo mejor pero aún nadie lo conoce; en el fondo, depende de que abunden o escaseen, las oportunidades que ofrezca la iniciativa privada. Y ese es el drama.
(Artículo de Hipólito Gómez de las Roces, publicado en "El Periódico de Aragón el 26 de junio de 2011)
El régimen es mejorable pero todo irá peor si prosigue el arrinconamiento de tanto funcionario competente, pero relegado prácticamente a la inactividad, por no profesar las ideas dominantes en la Administración en la que sirven ni dejarle desempeñar el destino que por su titulación le corresponda; a veces, se premia la obediencia más que la competencia.
Los asesores no funcionarios deberían ser solo la excepción (justificada) en el mundo de las Administraciones públicas, por causa legal bastante o para asuntos de notoria especialidad. Políticos, funcionarios y ¡público! deberían remar al tiempo, mejorando cuanto se pueda la función pública, respetando los derechos particulares pero dando primacía a las obligaciones comunes.
Generalizar las acusaciones contra los funcionarios como ahora es usual es tan injusto como hacerlo contra otras profesiones; son ganas de apagar las luces para que todos los gatos parezcan pardos, que decía con chanza, un ilustre pensador. Quien opta por generalizar mucho opta por pensar poco. Humanamente, no tendemos a corregirnos porque reservamos nuestras energías para exigir que se corrijan los demás.
Opino que no es lícito atribuir a los 2.353.000 funcionarios que aproximadamente existían en España en el 2006, la misma imputación de mala conducta que se predica con inconsciencia, de todos ellos. Aunque tampoco se pueda generalizar, uno recuerda con ternura el caso de un compañero de Hacienda encargado de una ventanilla y que era tan amable con los que le consultaban, que dio lugar al abuso, hasta el punto que hubo que retirarle de allí porque a fuerza de servir casi estaba mentalmente inservible.
Los funcionarios saben que si el poder público del que participan en proporciones diversas, les dota de una especie formal de superioridad sobre los particulares, es bajo la condición implícita de descender al nivel preciso que cada cual requiera, para que le entendamos, nos entienda y sea atendido.
Pese a todo, la reforma de la Función Pública no es la cuestión principal de las que ahora exigen una atención perentoria; es seguro que hay muchos que disponen de un inventario de las deficiencias funcionariales pero me atrevo a asegurar que ninguno cuenta con un catálogo de las soluciones que remediarían los males que se denuncian y que no siempre son reales.
¿Por qué hablar críticamente de las cuestiones que afectan al funcionariado en plena crisis económica y como si fuera de ese estamento la culpa de lo que pasa? No hablo de la rebaja del 5% de los haberes que percibían, sí hablo de que ponerlos en el interior del huracán y suponer que sustituyéndolos poco menos que a todos, los compatriotas que les sustituyeran traerían consigo, la panacea de todos los males, es tan ridículo como indigno.
Los funcionarios públicos ocupan sus puestos tras duras pruebas pensadas para acreditar su preparación en pugna con otros compatriotas; cualquiera que haya sido opositor a niveles más bajos o más altos, sabe que es así y también sabe que en ocasiones, pueden primar circunstancias non sanctas precisamente y que alteran el resultado objetivo esperado de las pruebas, pero eso que es condenable, no legitimaría el cambio del sistema básico de las oposiciones y concursos aunque sí la anulación de los resultados, una vez acreditado el desafuero.
¿Quién conoce un régimen de ingreso que ofreciese más garantías que el de las oposiciones? Nadie ha sido capaz de exponer y convencer con razones ponderables, que exista ese régimen que dotase de mejor personal a las Administraciones públicas y que también, propiciara una merecida promoción a los que sepan ganársela con sacrificio. Me atrevo a sostener que las oposiciones (la segunda bárbara fiesta nacional) y los concursos, aseguran con trabajo, sudor y lágrimas, el lugar que busquemos.
Las oposiciones son como la democracia, el peor de los sistemas excluyendo los demás. Un día daremos con medio selectivo mejor pero aún nadie lo conoce; en el fondo, depende de que abunden o escaseen, las oportunidades que ofrezca la iniciativa privada. Y ese es el drama.
(Artículo de Hipólito Gómez de las Roces, publicado en "El Periódico de Aragón el 26 de junio de 2011)
UN DERECHO DE LOS CIUDADANOS.
Naciones Unidas formuló hace años una declaración en la que establecía que los ciudadanos tienen derecho a mantenerse informados a través de las estadísticas oficiales y que, a fin de mantener su confianza, los organismos encargados de esa tarea han de decidir, "con arreglo a criterios estrictamente profesionales, científicos, éticos y públicos", los métodos de reunión, procesamiento, almacenamiento y presentación de esos datos.
Se trata, pues, de un derecho de los ciudadanos a conocer todos los datos estadísticos disponibles acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental de su país, y no de un derecho, o una información, en alguna medida reservada a los investigadores que lo soliciten o de aquellos que acrediten tener un concreto interés en el asunto. Las administraciones no deberían hurtar al ciudadano los datos en bruto y ofrecer exclusivamente gráficos "trabajados", como es práctica habitual en algunos ministerios. Las estadísticas no son solo cuestión de calidad (que es una exigencia evidente) sino también de cantidad. Basta con que cualquier lector de este periódico entre en la página web de Oficina Federal de Información Estadística de Estados Unidos (http://www.fedstats.gov/) para comprobar que es posible colocar a disposición de todo el mundo un volumen de información estadística descomunal, de manera sencilla, organizada y accesible.
Es agotador tener que recordar continuamente que España sigue teniendo un serio problema de transparencia y que, 33 años después de aprobada la Constitución democrática de 1978, siguen sin existir los instrumentos legales ni las herramientas necesarias para adecuar nuestra realidad a la de los países más avanzados de nuestro entorno. No ha sido aprobada aún la imprescindible Ley de Libre Acceso a la Información, equivalente a las Freedom Information Act que existen en prácticamente todos los países de la UE y que en España es un simple borrador fantasma, que aparece y desaparece de los programas electorales y de la secretaría del Congreso desde hace más de quince años.
El problema con los datos estadísticos es igualmente antiguo y vergonzoso. Los criminólogos y catedráticos de Derecho Penal han protestado por la desaparición de estadísticas policiales que les permitían comparar la evolución de determinados delitos y relacionarlos con edades, lugares, género o cualquier otro tipo de parámetro que les resulte útil. El Consejo Económico y Social se ha escandalizado por la opacidad que rodea a datos que son imprescindibles para analizar el pulso del sistema nacional de salud. Hace años que están secuestradas estadísticas que permitirían comparar el nivel de los servicios sanitarios que reciben los españoles, según su lugar de residencia, es decir, según la comunidad autónoma que los proporciona. El secretismo denunciado por el CES ha sido elaborado y mantenido tanto por las autoridades nacionales como por las autonómicas, perfectamente de acuerdo en sustraer datos a la opinión pública pese a la evidente vulneración de los derechos cívicos que ello implica. Hace años que los especialistas en sanidad pública exigen la creación de registros estadísticos nacionales en los que se sistematice la información de todas las comunidades autónomas.
No habrá forma de conseguir algún avance mientras que los políticos españoles, de una tendencia o de otra, de una comunidad o de otra, no acepten que la información estadística no es una herramienta suya sino un derecho de los ciudadanos y que no es algo que deba ser negociado o discutido. Es vergonzoso que a estas alturas, las listas de espera quirúrgica por Comunidades sean secretas y que el Estado no sea capaz de obtener y centralizar multitud de datos estadísticos que quedan "en poder" de los poderes autonómicos como si fueran competencias y no información destinada a ser compartida. Si el gobierno no es capaz de garantizar unas estadísticas amplias y fiables, debería impulsar al menos la creación de una Agencia Federal que actúe de manera profesional e independiente y que acabe con este escándalo.
(Artículo de Soledad Gállego-Díaz, publicado en "El País" el 23 de junio de 2011)
Se trata, pues, de un derecho de los ciudadanos a conocer todos los datos estadísticos disponibles acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental de su país, y no de un derecho, o una información, en alguna medida reservada a los investigadores que lo soliciten o de aquellos que acrediten tener un concreto interés en el asunto. Las administraciones no deberían hurtar al ciudadano los datos en bruto y ofrecer exclusivamente gráficos "trabajados", como es práctica habitual en algunos ministerios. Las estadísticas no son solo cuestión de calidad (que es una exigencia evidente) sino también de cantidad. Basta con que cualquier lector de este periódico entre en la página web de Oficina Federal de Información Estadística de Estados Unidos (http://www.fedstats.gov/) para comprobar que es posible colocar a disposición de todo el mundo un volumen de información estadística descomunal, de manera sencilla, organizada y accesible.
Es agotador tener que recordar continuamente que España sigue teniendo un serio problema de transparencia y que, 33 años después de aprobada la Constitución democrática de 1978, siguen sin existir los instrumentos legales ni las herramientas necesarias para adecuar nuestra realidad a la de los países más avanzados de nuestro entorno. No ha sido aprobada aún la imprescindible Ley de Libre Acceso a la Información, equivalente a las Freedom Information Act que existen en prácticamente todos los países de la UE y que en España es un simple borrador fantasma, que aparece y desaparece de los programas electorales y de la secretaría del Congreso desde hace más de quince años.
El problema con los datos estadísticos es igualmente antiguo y vergonzoso. Los criminólogos y catedráticos de Derecho Penal han protestado por la desaparición de estadísticas policiales que les permitían comparar la evolución de determinados delitos y relacionarlos con edades, lugares, género o cualquier otro tipo de parámetro que les resulte útil. El Consejo Económico y Social se ha escandalizado por la opacidad que rodea a datos que son imprescindibles para analizar el pulso del sistema nacional de salud. Hace años que están secuestradas estadísticas que permitirían comparar el nivel de los servicios sanitarios que reciben los españoles, según su lugar de residencia, es decir, según la comunidad autónoma que los proporciona. El secretismo denunciado por el CES ha sido elaborado y mantenido tanto por las autoridades nacionales como por las autonómicas, perfectamente de acuerdo en sustraer datos a la opinión pública pese a la evidente vulneración de los derechos cívicos que ello implica. Hace años que los especialistas en sanidad pública exigen la creación de registros estadísticos nacionales en los que se sistematice la información de todas las comunidades autónomas.
No habrá forma de conseguir algún avance mientras que los políticos españoles, de una tendencia o de otra, de una comunidad o de otra, no acepten que la información estadística no es una herramienta suya sino un derecho de los ciudadanos y que no es algo que deba ser negociado o discutido. Es vergonzoso que a estas alturas, las listas de espera quirúrgica por Comunidades sean secretas y que el Estado no sea capaz de obtener y centralizar multitud de datos estadísticos que quedan "en poder" de los poderes autonómicos como si fueran competencias y no información destinada a ser compartida. Si el gobierno no es capaz de garantizar unas estadísticas amplias y fiables, debería impulsar al menos la creación de una Agencia Federal que actúe de manera profesional e independiente y que acabe con este escándalo.
(Artículo de Soledad Gállego-Díaz, publicado en "El País" el 23 de junio de 2011)
DEFENSORES Y TRANSPARENCIA.
La figura del ombudsman, nacida en Suecia en 1809 para controlar la actividad de la Administración, es una de las instituciones más sólidas de los sistemas democráticos. Su existencia es uno de los posibles requisitos de homologación democrática, como sucede con la candidatura de Turquía para su ingreso en la UE. Se argumenta que allá donde se legisla y se construye una Administración que aplica y gestiona la legislación, se requiere un ombudsman como garantía para combatir la "mala administración".
El reciente reconocimiento normativo del Derecho a la Buena Administración abunda en la trascendencia de esta figura. Este derecho ya aparece en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 41, y se está reproduciendo en todos los nuevos ordenamientos democráticos. Consiste en que aquellos actos legales de las Administraciones que son expresión de "mala administración", deben ser señalados y corregidos. La institución idónea para ello, para controlar, investigar y proponer medidas para subsanar los errores de las Administraciones, es el ombudsman.
El Consejo de Europa recomienda con fuerza la existencia de ombudsmen o defensores en los diversos niveles de la Administración. Así el Congreso de Poderes Regionales y Locales recomienda en su Informe de 2010 de forma categórica la existencia de ombudsmen regionales para garantizar los derechos humanos en los primeros escalones de la democracia. La Asamblea Parlamentaria del Consejo informó ya en el 2003 sobre el ombudsman, y ahora su Comisión Jurídica acaba de aprobar una propuesta de elaboración de un nuevo informe, haciendo balance del trabajo de los ombudsmen en Europa y con la finalidad de fortalecer su estatus ante las amenazas que se ciernen sobre ellos, como son la Ley Presupuestaria italiana de 2010, que conlleva la desaparición de los defensores locales, o propuestas como la anunciada por la presidenta de Castilla-La Mancha. También el Comisario Europeo de Derechos Humanos y la Comisión de Prevención de la Tortura apelan constantemente a la ayuda de los ombudsmen, también regionales, para que colaboren en sus trabajos, informes y visitas.
El Ombudsman de la Unión Europea potencia la red de ombudsmen regionales para su coordinación y para la mejora de la defensa de los derechos en el seno de la UE. Todos los defensores españoles forman parte de aquella red. Por su parte, el Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), fundado en 1978, es la única organización mundial para la cooperación entre más de 150 instituciones de ombudsman. El IOI está configurado y dirigido por defensores de diversos niveles, ejerciendo los regionales un papel decisivo en el intercambio de experiencias y en la gestión de los diversos niveles de colaboración.
En nuestro ordenamiento, la Constitución Española de 1978 establece un Defensor en su Título I y prevé en su Título VIII el desarrollo del Estado de las Autonomías con Estatutos, en los cuales se recoge el principio de autoorganización de sus instituciones y la creación de las Administraciones autónomas. Estas, de acuerdo con los elementos hasta aquí citados, deben ser controladas por los defensores autonómicos. Los defensores autonómicos, como comisionados de sus respectivos parlamentos, tienen la función de informar a la Cámara autónoma sobre la actuación de la Administración a partir de su labor de control y de defensa de los derechos. Si se diera la circunstancia de que solo el Defensor del Pueblo de España ejerciera la función supervisora, este daría cuenta a las Cortes Generales de la actuación de la Administración autónoma, con lo cual se pierde uno de los elementos fundamentales de la eficacia de la institución del Ombudsman: la denuncia y la información que este lleva a cabo ante la Cámara que controla al Gobierno que dirige la Administración, con la finalidad de que el Parlamento pueda actuar en consecuencia. Por esto, además de por su proximidad y conocimiento, los defensores autonómicos son más idóneos.
Es obvio que se debe dar una distribución de funciones entre el Defensor del Pueblo y autonómicos para evitar duplicidades, trabajando en colaboración, con un gran ahorro de dinero público, suprimiendo los constantes desplazamientos a las comunidades autónomas que el Defensor del Pueblo realiza, y dar un mejor rendimiento a la función de garantía de los derechos de los ciudadanos. En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece la necesidad de que el Defensor del Pueblo y el Síndic colaboren en el ejercicio de sus funciones. Y precisamente la sentencia del recurso del Defensor del Pueblo del Tribunal Constitucional ratifica la existencia de Síndic de Greuges y estipula la necesidad de colaboración entre los mismos.
El trabajo de los defensores autonómicos es una aplicación del principio de subsidiariedad, y facilita y potencia la calidad de la defensa de los derechos. Su papel es clave en aras del control de la Administración, en favor de la transparencia y la lucha contra la mala administración y corrupción. Un Gobierno que pretenda prescindir de esta figura puede ser sospechoso de opacidad y de querer evitar el control externo, así como de debilitar la calidad democrática de nuestro sistema político.
(Artículo de Rafael Ribó, publicado en "El País" el 23 de junio de 2011)
El reciente reconocimiento normativo del Derecho a la Buena Administración abunda en la trascendencia de esta figura. Este derecho ya aparece en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 41, y se está reproduciendo en todos los nuevos ordenamientos democráticos. Consiste en que aquellos actos legales de las Administraciones que son expresión de "mala administración", deben ser señalados y corregidos. La institución idónea para ello, para controlar, investigar y proponer medidas para subsanar los errores de las Administraciones, es el ombudsman.
El Consejo de Europa recomienda con fuerza la existencia de ombudsmen o defensores en los diversos niveles de la Administración. Así el Congreso de Poderes Regionales y Locales recomienda en su Informe de 2010 de forma categórica la existencia de ombudsmen regionales para garantizar los derechos humanos en los primeros escalones de la democracia. La Asamblea Parlamentaria del Consejo informó ya en el 2003 sobre el ombudsman, y ahora su Comisión Jurídica acaba de aprobar una propuesta de elaboración de un nuevo informe, haciendo balance del trabajo de los ombudsmen en Europa y con la finalidad de fortalecer su estatus ante las amenazas que se ciernen sobre ellos, como son la Ley Presupuestaria italiana de 2010, que conlleva la desaparición de los defensores locales, o propuestas como la anunciada por la presidenta de Castilla-La Mancha. También el Comisario Europeo de Derechos Humanos y la Comisión de Prevención de la Tortura apelan constantemente a la ayuda de los ombudsmen, también regionales, para que colaboren en sus trabajos, informes y visitas.
El Ombudsman de la Unión Europea potencia la red de ombudsmen regionales para su coordinación y para la mejora de la defensa de los derechos en el seno de la UE. Todos los defensores españoles forman parte de aquella red. Por su parte, el Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), fundado en 1978, es la única organización mundial para la cooperación entre más de 150 instituciones de ombudsman. El IOI está configurado y dirigido por defensores de diversos niveles, ejerciendo los regionales un papel decisivo en el intercambio de experiencias y en la gestión de los diversos niveles de colaboración.
En nuestro ordenamiento, la Constitución Española de 1978 establece un Defensor en su Título I y prevé en su Título VIII el desarrollo del Estado de las Autonomías con Estatutos, en los cuales se recoge el principio de autoorganización de sus instituciones y la creación de las Administraciones autónomas. Estas, de acuerdo con los elementos hasta aquí citados, deben ser controladas por los defensores autonómicos. Los defensores autonómicos, como comisionados de sus respectivos parlamentos, tienen la función de informar a la Cámara autónoma sobre la actuación de la Administración a partir de su labor de control y de defensa de los derechos. Si se diera la circunstancia de que solo el Defensor del Pueblo de España ejerciera la función supervisora, este daría cuenta a las Cortes Generales de la actuación de la Administración autónoma, con lo cual se pierde uno de los elementos fundamentales de la eficacia de la institución del Ombudsman: la denuncia y la información que este lleva a cabo ante la Cámara que controla al Gobierno que dirige la Administración, con la finalidad de que el Parlamento pueda actuar en consecuencia. Por esto, además de por su proximidad y conocimiento, los defensores autonómicos son más idóneos.
Es obvio que se debe dar una distribución de funciones entre el Defensor del Pueblo y autonómicos para evitar duplicidades, trabajando en colaboración, con un gran ahorro de dinero público, suprimiendo los constantes desplazamientos a las comunidades autónomas que el Defensor del Pueblo realiza, y dar un mejor rendimiento a la función de garantía de los derechos de los ciudadanos. En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece la necesidad de que el Defensor del Pueblo y el Síndic colaboren en el ejercicio de sus funciones. Y precisamente la sentencia del recurso del Defensor del Pueblo del Tribunal Constitucional ratifica la existencia de Síndic de Greuges y estipula la necesidad de colaboración entre los mismos.
El trabajo de los defensores autonómicos es una aplicación del principio de subsidiariedad, y facilita y potencia la calidad de la defensa de los derechos. Su papel es clave en aras del control de la Administración, en favor de la transparencia y la lucha contra la mala administración y corrupción. Un Gobierno que pretenda prescindir de esta figura puede ser sospechoso de opacidad y de querer evitar el control externo, así como de debilitar la calidad democrática de nuestro sistema político.
(Artículo de Rafael Ribó, publicado en "El País" el 23 de junio de 2011)
EN NOMBRE DE LOS CASTIGADOS.
El año 2004, todavía estaba lejos la crisis global que nos golpea, Michael Hardt y Antonio Negri publicaron el libro Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio. Negri fue, durante los años sesenta y setenta, uno de los ideólogos principales y más activos de la extrema izquierda italiana. En 1979, fue detenido, procesado y condenado como inspirador de las Brigadas Rojas, aunque él negó tener vínculos con los terroristas. Después de unos años de cárcel y de exilio en Francia (protegido por el presidente Mitterrand), volvió a primera fila en medio del trauma posterior a los atentados del 11-S, reconvertido en pensador de cabecera de los grupos alterglobalizadores. En el libro mencionado, se puede encontrar la doctrina que inspira las consignas del movimiento de los indignados o 15-M: “La autonomía de la multitud y sus capacidades de autoorganización económica, política y social usurpan cualquier función de la soberanía. Así pues, tras haber dejado de ser terreno exclusivo de lo político, la soberanía ha sido desterrada de la política por la multitud. Cuando la multitud es por fin capaz de regirse a sí misma, la democracia se hace posible”. Entendámonos: donde Marx y Lenin escribían proletariado Negri pone multitud. Y la democracia que “se hace posible” es la que querrían aquellos que sostienen que la presente democracia no lo es. Clarísimo.
Si se lee con atención el párrafo de la obra de Negri y Hardt, se pone de manifiesto que (como algunos hemos intentado explicar desde hace días y mucho antes de los hechos violentos contra el Parlament y los diputados) la base ideológica de este fenómeno es la descalificación frontal de las instituciones democráticas en nombre de una masa (la multitud en red) que protagoniza un supuesto proceso insurreccional/revolucionario que trata de fundamentar una nueva legitimidad a partir de cero. Un acampado me lo resumió en otras palabras: “Nosotros no crearemos un partido político ni nada parecido, porque estamos construyendo una nueva realidad donde todo lo que tú defiendes ya no tendrá ningún sentido”. Esta ideología no es nueva, aunque algunos están convencidos de que sí. Lo que es nuevo es el formato en el que se presenta, mediante tecnologías de la comunicación que convierten todo receptor en emisor. La multitud –la masa que dirían Ortega y Gasset o Canetti– no tiene centro, ni portavoces estables, ni una dirección clara, sino que se limita a ocupar el espacio público, literalmente. Así lo hicieron con las plazas, en medio de la simpatía general. Cuando lo quisieron repetir con el Parlament, fueron víctimas de su propaganda emocional y de un cálculo táctico erróneo. Hay una palabra que sirve para denominar el poder de la masa: oclocracia. Como es evidente, todo esto no tiene nada de progresista, es pura nostalgia por un estadio primitivo de pureza ideal en que los individuos, en asamblea permanente, establecían un gobierno perfecto, liberados para siempre de los intereses oscuros de los poderosos.
Esta ideología antipolítica, antidemócrata, simplista, demagógica y populista existía antes de la crisis, siempre ha existido, adaptando su retórica a la moda de cada momento. Ahora, sin embargo, ha encontrado la gran ocasión para salir de la marginalidad y ofrecerse como la solución mágica a miles de personas que sufren de manera muy cruda y aguda los efectos de la recesión y el paro. Como todos los populistas, los vendedores de la oclocracia, los que habían leído a Negri y otros catecismos similares, los que llevaban décadas predicando desde grupúsculos sin audiencia, han salido a pescar en el malestar y, por primera vez, han encontrado gente normal que, desesperada y harta de la política oficial, les ha hecho un poco de caso y se ha sumado a la manifestación. La frustración vendrá pronto. Lo que ha pasado no es más ni menos que esto. Y no le quito ninguna importancia, obviamente. Porque todo movimiento social que es capaz de cierta movilización merece ser analizado con atención, pero insisto en un punto, para evitar malentendidos: mi interpretación –tan provisional como todas– es que el movimiento de los indignados es, en esencia, una respuesta puramente reactiva que aprovecha y explota el sufrimiento y la incertidumbre de mucha gente para vender una no-alternativa defectuosa y tóxica que, cuando se somete a las urnas, nunca pasa de obtener un apoyo testimonial; sólo deben contar el número de votos de los partidos de extrema izquierda. Con todo, es conveniente distinguir entre el movimiento de Madrid (más articulado, reformista y concreto) y el de Barcelona (dominado por posiciones más radicales y genéricas). Que la manifestación de la capital catalana fuera la más numerosa se puede explicar a partir del hecho que el Govern de la Generalitat ha sido la única administración en todo el Estado que ha impulsado unas políticas de austeridad sin disimular, mientras otras autonomías y ayuntamientos se hacen el loco, por miedo a las protestas.
En nombre de los castigados, todo vale. Tiene razón Salvador Cardús cuando dice que el problema de fondo no es el rostro más o menos violento de algunos indignados sino la inspiración antipolítica y antipluralista del movimiento. Una persona joven trataba de justificarme el intento de bloquear el Parlamento porque “los votantes de CiU fueron embaucados, no sabían que habría recortes”. No falla: el ciudadano que no se suma a la cacerolada es un ser alienado que debe ser salvado y las mayorías parlamentarias no tienen ningún valor. A partir de aquí, se hacen frases que son tan bonitas como terribles: “La calle es nuestra”. Ecos franquistas. La mezcla de ignorancia y falta de memoria no es el cóctel más aconsejable en una hora tan difícil. Como escribió Raymond Aron, el revulsivo contra la indiferencia nunca puede ser el fanatismo. Nunca.
(Artículo de Francesc-Marc Álvaro, publicado en "La Vanguardia" el 22 de junio de 2011)
Si se lee con atención el párrafo de la obra de Negri y Hardt, se pone de manifiesto que (como algunos hemos intentado explicar desde hace días y mucho antes de los hechos violentos contra el Parlament y los diputados) la base ideológica de este fenómeno es la descalificación frontal de las instituciones democráticas en nombre de una masa (la multitud en red) que protagoniza un supuesto proceso insurreccional/revolucionario que trata de fundamentar una nueva legitimidad a partir de cero. Un acampado me lo resumió en otras palabras: “Nosotros no crearemos un partido político ni nada parecido, porque estamos construyendo una nueva realidad donde todo lo que tú defiendes ya no tendrá ningún sentido”. Esta ideología no es nueva, aunque algunos están convencidos de que sí. Lo que es nuevo es el formato en el que se presenta, mediante tecnologías de la comunicación que convierten todo receptor en emisor. La multitud –la masa que dirían Ortega y Gasset o Canetti– no tiene centro, ni portavoces estables, ni una dirección clara, sino que se limita a ocupar el espacio público, literalmente. Así lo hicieron con las plazas, en medio de la simpatía general. Cuando lo quisieron repetir con el Parlament, fueron víctimas de su propaganda emocional y de un cálculo táctico erróneo. Hay una palabra que sirve para denominar el poder de la masa: oclocracia. Como es evidente, todo esto no tiene nada de progresista, es pura nostalgia por un estadio primitivo de pureza ideal en que los individuos, en asamblea permanente, establecían un gobierno perfecto, liberados para siempre de los intereses oscuros de los poderosos.
Esta ideología antipolítica, antidemócrata, simplista, demagógica y populista existía antes de la crisis, siempre ha existido, adaptando su retórica a la moda de cada momento. Ahora, sin embargo, ha encontrado la gran ocasión para salir de la marginalidad y ofrecerse como la solución mágica a miles de personas que sufren de manera muy cruda y aguda los efectos de la recesión y el paro. Como todos los populistas, los vendedores de la oclocracia, los que habían leído a Negri y otros catecismos similares, los que llevaban décadas predicando desde grupúsculos sin audiencia, han salido a pescar en el malestar y, por primera vez, han encontrado gente normal que, desesperada y harta de la política oficial, les ha hecho un poco de caso y se ha sumado a la manifestación. La frustración vendrá pronto. Lo que ha pasado no es más ni menos que esto. Y no le quito ninguna importancia, obviamente. Porque todo movimiento social que es capaz de cierta movilización merece ser analizado con atención, pero insisto en un punto, para evitar malentendidos: mi interpretación –tan provisional como todas– es que el movimiento de los indignados es, en esencia, una respuesta puramente reactiva que aprovecha y explota el sufrimiento y la incertidumbre de mucha gente para vender una no-alternativa defectuosa y tóxica que, cuando se somete a las urnas, nunca pasa de obtener un apoyo testimonial; sólo deben contar el número de votos de los partidos de extrema izquierda. Con todo, es conveniente distinguir entre el movimiento de Madrid (más articulado, reformista y concreto) y el de Barcelona (dominado por posiciones más radicales y genéricas). Que la manifestación de la capital catalana fuera la más numerosa se puede explicar a partir del hecho que el Govern de la Generalitat ha sido la única administración en todo el Estado que ha impulsado unas políticas de austeridad sin disimular, mientras otras autonomías y ayuntamientos se hacen el loco, por miedo a las protestas.
En nombre de los castigados, todo vale. Tiene razón Salvador Cardús cuando dice que el problema de fondo no es el rostro más o menos violento de algunos indignados sino la inspiración antipolítica y antipluralista del movimiento. Una persona joven trataba de justificarme el intento de bloquear el Parlamento porque “los votantes de CiU fueron embaucados, no sabían que habría recortes”. No falla: el ciudadano que no se suma a la cacerolada es un ser alienado que debe ser salvado y las mayorías parlamentarias no tienen ningún valor. A partir de aquí, se hacen frases que son tan bonitas como terribles: “La calle es nuestra”. Ecos franquistas. La mezcla de ignorancia y falta de memoria no es el cóctel más aconsejable en una hora tan difícil. Como escribió Raymond Aron, el revulsivo contra la indiferencia nunca puede ser el fanatismo. Nunca.
(Artículo de Francesc-Marc Álvaro, publicado en "La Vanguardia" el 22 de junio de 2011)
AHORA SE INDIGNAN LOS PARTIDOS.
¿Quién le pone el cascabel al gato? se preguntaba hace poco Santiago Carrillo y la misma pregunta se hacía ayer todo el mundo. Los mercados siguen apretando, Grecia se encuentra al borde del precipicio y España sufre como nunca recordando el refrán sobre las barbas del vecino. Así que ayer lo políticamente correcto era reaccionar con respeto y simpatía ante el éxito de las movilizaciones que el domingo llevaron a cabo una parte numerosa de los indignados que pueblan la península Ibérica, las Baleares y las Canarias. Sin embargo, detrás de las buenas palabras, partidos y líderes políticos no pudieron ocultar cierta indignación por el hecho de que el movimiento del 15-M rechaza a los partidos en bloque y pone en duda su legitimidad y la del parlamento.
Sólo hubo un líder político, Josep Antoni Duran Lleida, que forzó la corrección política del día. El líder de Unió Democràtica llegó a admitir que hay que combatir las imposiciones de los mercados financieros a los gobiernos democráticos como pretenden los indignados, pero una vez dicho esto añadió: “Sería un gravísimoerror pensar que se puede responder al malestar social fuera de las instituciones y del parlamentarismo. Sería hacer marcha atrás después de lo que nos ha costado conquistar la democracia. Es imposible dialogar con los indignados porque no nos quieren como interlocutores y porque pretenden deslegitimar el sistema parlamentario”.
Duran protagonizó una controversia sobre este asunto con la ministra de Defensa, Carme Chacón, que como otros dirigentes socialistas buscó seducir a los indignados. “Sus propuestas no sólo son razonables, sino también posibles” dijo la ministra e inmediatamente Duran le tomó la palabra. “La ministra Chacón tiene una gran oportunidad. Es ministra del Gobierno español. No sé por qué no lo ha hecho antes si considera razonables las propuestas. Yo emplazo al PSOE y a la ministra Chacón a que esta misma semana lleve las propuestas de los indignados al Congreso”.
Se notó ayer que la consigna socialista era hacer como que se le tiende la mano al movimiento del 15-M, conscientes que, en el fondo, se trata de clientela potencial de la izquierda. Tras la ejecutiva del PSOE, Marcelino Iglesias, felicitó en nombre del partido al movimiento de los indignados por el éxito de las manifestaciones y aseguró que la cúpula socialista había “tomado buena nota” de sus propuestas. Los socialistas andan con el corazón partido. En público tienden la mano al 15-M pero en privado la ejecutiva socialista debatió las consecuencias electorales del movimiento, si les perjudicaba o les beneficiaba electoralmente, hasta que llegó el presidente y mando a parar. José Luis Rodríguez Zapatero sentenció: “No hay mecanismos que puedan sustituir a las democracias representativas”. Y no sólo eso, el presidente del Gobierno dejó meridianamente clara su convicción de que no hay alternativa a las políticas de ajuste que está llevando a cabo para evitar que España acaba en la misma situación de Grecia. He aquí el gran dilema socialista: Si no hace las reformas, será la ruina y si se llevan a cabo, la izquierda política se rebelará contra el partido gobernante que hoy por hoy todavía es el PSOE. Desde el PP Esteban González Pons barrió para casa: “La gente está indignada con el presidente del Gobierno porque no vio la crisis y no la ha resuelto: el PP es la solución a la indignación”.
Todos los partidos se reivindicaron a sí mismos, frente a los tics antipolíticos y especialmente indignados, valga la redundancia, se mostraron partidos como ICV y ERC que recordaron que llevan años defendiendo las mismas propuestas que los indignados. El president de la Generalitat, Artur Mas, también opinó: “Hay que comprender a aquellos que tienen la sensación de que no han creado los problemas y, en cambio, los están padeciendo, pero no hay atajos, ni soluciones mágicas, ni milagros para solucionar los problemas y sólo saldremos de la crisis a través de un esfuerzo colectivo”.
(Artículo de Jordi Barbeta, publicado en "La Vanguardia" el 21 de junio de 2011)
Sólo hubo un líder político, Josep Antoni Duran Lleida, que forzó la corrección política del día. El líder de Unió Democràtica llegó a admitir que hay que combatir las imposiciones de los mercados financieros a los gobiernos democráticos como pretenden los indignados, pero una vez dicho esto añadió: “Sería un gravísimoerror pensar que se puede responder al malestar social fuera de las instituciones y del parlamentarismo. Sería hacer marcha atrás después de lo que nos ha costado conquistar la democracia. Es imposible dialogar con los indignados porque no nos quieren como interlocutores y porque pretenden deslegitimar el sistema parlamentario”.
Duran protagonizó una controversia sobre este asunto con la ministra de Defensa, Carme Chacón, que como otros dirigentes socialistas buscó seducir a los indignados. “Sus propuestas no sólo son razonables, sino también posibles” dijo la ministra e inmediatamente Duran le tomó la palabra. “La ministra Chacón tiene una gran oportunidad. Es ministra del Gobierno español. No sé por qué no lo ha hecho antes si considera razonables las propuestas. Yo emplazo al PSOE y a la ministra Chacón a que esta misma semana lleve las propuestas de los indignados al Congreso”.
Se notó ayer que la consigna socialista era hacer como que se le tiende la mano al movimiento del 15-M, conscientes que, en el fondo, se trata de clientela potencial de la izquierda. Tras la ejecutiva del PSOE, Marcelino Iglesias, felicitó en nombre del partido al movimiento de los indignados por el éxito de las manifestaciones y aseguró que la cúpula socialista había “tomado buena nota” de sus propuestas. Los socialistas andan con el corazón partido. En público tienden la mano al 15-M pero en privado la ejecutiva socialista debatió las consecuencias electorales del movimiento, si les perjudicaba o les beneficiaba electoralmente, hasta que llegó el presidente y mando a parar. José Luis Rodríguez Zapatero sentenció: “No hay mecanismos que puedan sustituir a las democracias representativas”. Y no sólo eso, el presidente del Gobierno dejó meridianamente clara su convicción de que no hay alternativa a las políticas de ajuste que está llevando a cabo para evitar que España acaba en la misma situación de Grecia. He aquí el gran dilema socialista: Si no hace las reformas, será la ruina y si se llevan a cabo, la izquierda política se rebelará contra el partido gobernante que hoy por hoy todavía es el PSOE. Desde el PP Esteban González Pons barrió para casa: “La gente está indignada con el presidente del Gobierno porque no vio la crisis y no la ha resuelto: el PP es la solución a la indignación”.
Todos los partidos se reivindicaron a sí mismos, frente a los tics antipolíticos y especialmente indignados, valga la redundancia, se mostraron partidos como ICV y ERC que recordaron que llevan años defendiendo las mismas propuestas que los indignados. El president de la Generalitat, Artur Mas, también opinó: “Hay que comprender a aquellos que tienen la sensación de que no han creado los problemas y, en cambio, los están padeciendo, pero no hay atajos, ni soluciones mágicas, ni milagros para solucionar los problemas y sólo saldremos de la crisis a través de un esfuerzo colectivo”.
(Artículo de Jordi Barbeta, publicado en "La Vanguardia" el 21 de junio de 2011)
INDIGNADOS EN ZONA GRIS.
Las manifestaciones de ayer contra el Pacto del Euro habrían sido un acto de protesta más si no fuera porque los convocantes, la plataforma Democracia Real Ya y otros grupos surgidos tras las elecciones del 22 de mayo, llevan varias semanas monopolizando gran parte del debate público en España. Bajo el eslogan de “no nos representan”, legítimo si se refiere a los líderes y partidos políticos, pero inquietante si se dirige a las instituciones, los indignados han ido adoptando causas diversas a medida que pasaban los días, desde el boicot al desahucio judicial de viviendas hasta la acampada ante las puertas del Parlamento de Cataluña en protesta por los recortes presupuestarios que se proponía aprobar el Gobierno de Mas.
Desde que los indignados aparecieron en escena, han sido numerosas las instancias que han intentado explicar el fenómeno, muchas veces proyectando sobre el movimiento un significado que, por lo demás, no resulta fácil extraer de la amalgama de sus reivindicaciones. Ideólogos, sociólogos, politólogos y especialistas en las más variadas disciplinas, además de los dirigentes políticos, han hecho decir a los manifestantes lo que, al parecer, estos no alcanzan a expresar por sí solos. Desde ámbitos conservadores, se ha querido ver en las protestas la estrategia de un ente difuso, la izquierda, que no se encuentra en los partidos ni se expresa abiertamente en los medios de comunicación, sino que forma parte de una especie de red clandestina desde la que se mueven no se sabe qué peones para conseguir cualquier cosa, empezando, según se dice, por el intento de deslegitimar por anticipado unas elecciones generales que con toda probabilidad ganará el Partido Popular.
Frente a estas elucubraciones, lo que ideólogos, sociólogos, politólogos y otros especialistas, además de los dirigentes políticos, no han buscado es describir las protestas con los términos que ofrece el Estado de derecho ni, por tanto, encontrar una respuesta dentro del sistema institucional, donde están previstos los derechos de reunión y manifestación que, a fin de cuentas, ejercen los indignados. A efectos del Estado de derecho y del sistema institucional, es indiferente que muchas de sus reivindicaciones traduzcan un sentimiento general acerca del mal uso que los dirigentes y partidos políticos hacen de las instituciones y que otras, por el contrario, sean inviables. Y es indiferente porque los indignados, como ciudadanos que son, están en su derecho de defender unas y otras dentro de los cauces legales.
Sucede, sin embargo, que la acampada de Sol y otras ciudades acabaron situadas en una zona gris de la legalidad durante la jornada de reflexión antes de las elecciones municipales. No solo a consecuencia de la deliberada desobediencia civil de los manifestantes, sino también de una resolución de la Junta Electoral Central que, ignorando la dificultad de disolver la multitud concentrada, no hubiera podido cumplirse sin provocar una alteración de la jornada electoral más grave que la que pretendía evitar. Hay quienes sostienen que ese riego debería haberse corrido fuera cual fuera su coste. Pero también es posible defender que la Junta, que no es un dispensador automático de resoluciones, debió adoptar otra decisión, fijando los límites necesarios para que la acampada no interfiriese en el desarrollo de las elecciones en lugar de ordenar disolverla. Ambas salidas eran posibles ateniéndose a la ley, como demuestra la existencia de precedentes anteriores, de forma que la opción por una u otra reclamaba una discusión política, no una argumentación académica. Todo esto es ya agua pasada, pero que, por desgracia, sigue moviendo molinos.
Los incidentes en el Parlamento de Cataluña han marcado un punto de inflexión, puesto que un grupo de exaltados acosó a unos diputados en los que tal vez ellos no se sientan representados, pero que, no obstante, representan la voluntad democráticamente expresada de miles de ciudadanos. Los convocantes de la acampada se han desmarcado de los incidentes. Es imposible entender qué gana el Estado de derecho y el sistema institucional desoyendo esa declaración, evitando al mismo tiempo dar explicaciones sobre quiénes eran esos exaltados y prefiriendo, en cambio, convertir el fenómeno de los indignados en una variante de la kale borroka y de la guerrilla urbana. Las especulaciones ideológicas, sociológicas, politológicas o de cualquier otra naturaleza sobre el significado de lo que está ocurriendo en las calles españolas pueden ser útiles en el ámbito del conocimiento; en el de la política democrática, es necesario que, cuanto antes, el fenómeno se describa en los términos del Estado de derecho para decidir una respuesta dentro del sistema institucional, y acabar con la zona gris en la que, unos por otros, todos han acabado por instalarlo.
(Artículo de José María Ridao, publicado en "El País" el 20 de junio de 2011)
"¿DE QUÉ TE ALEGRAS?", PREGUNTÓ EL ABUELO.
La manifestación, una columna obrera del Baix Llobregat, había llegado a la plaza Sant Jaume para protestar por el continuo cierre de empresas. Pedían más seguro de paro y planes urgentes de reindustrialización. Mayo de 1980, pocos meses después de las primeras elecciones al Parlament de Catalunya. Un grupo intentó ocupar el Palau de la Generalitat. Hubo forcejeos con los pocos Mossos d'Esquadra que custodiaban el edificio, mossos con sombrero de copa y alpargatas a los que aún les costaba distinguir a Jordi Pujol de Josep Tarradellas y de José Antonio Samaranch. Los policías lograron cerrar la puerta y dio comienzo una escena del siglo XV, cuando en Barcelona luchaban la Biga y la Busca, el partido de la nobleza y el de los mercaderes partidarios del proteccionismo y la devaluación de la moneda. Fortaleza asediada.
Los manifestantes empujaban y la aldaba crujía con desespero. Algunos periodistas quedamos dentro del Palau. Recuerdo como si fuese ayer el sordo vaivén de la viga de madera y el rostro grave de los funcionarios. Tenían miedo. En la plaza, el servicio de orden de Comisiones Obreras no conseguía controlar a los más exaltados. El portón resistió.
Recuerdo, aún con más emoción, lo que vino después. Llegué a casa muy impresionado por el intento de asalto al Palau de la Generalitat. Tenía veintitrés años recién cumplidos, lecturas e ideas políticas pendientes de ordenar, una vaga sensación de desarraigo después de catorce meses de instrucción militar en el desierto de Almería y un trabajo de aprendiz en el diario Tele/eXprés, tan ilusionante como triste por la precaria situación del que había sido el periódico más moderno de Barcelona. Llegué a casa y le conté a mi abuelo lo sucedido. Se lo expliqué con brillo en la mirada. Él solía leer el Avui antes de comer. En realidad se había pasado casi cuarenta años sin comprar otra publicación que no fuese el Mundo Deportivo, más las entregas semanales de El Capitán Trueno y Rin Tin Tin, que me regalaba los miércoles y los viernes. El día después de la muerte de Franco se fue al quiosco y compró su primer diario de información general desde el 26 de enero de 1939. Mi abuelo, hombre de pocas palabras, se me quedó mirando. "¿De qué te alegras?", me preguntó. No me dijo nada más y lo he recordado siempre.
Para seguir el hilo de la memoria he de contarles algunas cosas más sobre mi familia. No sé si hago bien. Mi abuelo era mecánico ajustador y su maestro en la escuela industrial de Badalona, antes de la dictadura de Primo de Rivera, había sido Artur Martorell, uno de los artífices de la renovación pedagógica en Catalunya. Conservo algunas libretas de su niñez. Unas fichas magníficas de los principales países del mundo, redactadas íntegramente en catalán, con mapas dibujados a mano y datos geográficos muy precisos. En el cuaderno de Rusia –con la bandera roja, blanca y azul en la portada– se lee lo siguiente: "Dada la magnitud de la revolución en curso, se hace muy difícil prever la evolución política de este gran país". Conservo también los cuadernos escolares de mi padre, posteriores a 1940, enteramente en castellano y con una caligrafía perfecta. Un orden catalán incipiente que buscaba su propia explicación del mundo y un orden deseoso de orden después del desastre. Mientras mi abuelo materno fabricaba munición para el ejército de la República, mi padre –un niño de seis años–, oía caer las bombas italianas cerca de su casa y veía, horrorizado, como los anarquistas lanzaban a la hoguera las imágenes de la iglesia de Sant Josep.
Ciudad de talleres, la crisis de los setenta fue muy dura en Badalona. Mucha gente perdió el trabajo. Entre ellos, mi padre, contable en una fábrica de pinturas. A los cincuenta años se vio obligado a colgar la camisa y la corbata para buscar empleo como panadero, oficio que había aprendido de joven, con mi otro abuelo. Cambió los libros de contabilidad por el trabajo nocturno y el trasiego de pesados sacos de harina. Un amigo suyo de la oficina instaló un puesto de golosinas cerca de un colegio. Algunos días, al salir de la panadería, mi padre le iba a visitar y juntos comentaban el raro avatar de sus vidas. Sin tanto aparato mediático como ahora, aquella crisis derrumbó el pequeño bienestar de mucha gente. La crisis del petróleo afectó casi exclusivamente al trabajo industrial. Había en el país muchas ganas de salir adelante, la democracia prometía bellos horizontes y una nueva generación formada en la universidad se disponía a tomar el poder. Los parados de cincuenta años se espabilaron como pudieron para llegar a la jubilación. Mi padre no la alcanzó.
Nuestra generación ha sido más afortunada. Hasta ahora hemos tenido buen viento. No hemos vivido la guerra y los grandes derrumbes a los que hemos asistido han ocurrido bastante lejos (el cuaderno de Rusia...). Ahora que las cosas se están torciendo, quizás nuestro principal deber sea prevenir males mayores –puesto que todo puede ir a peor, muy a peor– antes que entregarnos al retour d'âge y al delirio de una segunda juventud revolucionaria. Esta semana he recordado la mirada de mi abuelo al tener noticia de la repugnante agresión en Barcelona a un diputado ciego.
(Artículo de Enric Juliana, publicado en "La Vanguardia" el 19 de junio de 2011)
Los manifestantes empujaban y la aldaba crujía con desespero. Algunos periodistas quedamos dentro del Palau. Recuerdo como si fuese ayer el sordo vaivén de la viga de madera y el rostro grave de los funcionarios. Tenían miedo. En la plaza, el servicio de orden de Comisiones Obreras no conseguía controlar a los más exaltados. El portón resistió.
Recuerdo, aún con más emoción, lo que vino después. Llegué a casa muy impresionado por el intento de asalto al Palau de la Generalitat. Tenía veintitrés años recién cumplidos, lecturas e ideas políticas pendientes de ordenar, una vaga sensación de desarraigo después de catorce meses de instrucción militar en el desierto de Almería y un trabajo de aprendiz en el diario Tele/eXprés, tan ilusionante como triste por la precaria situación del que había sido el periódico más moderno de Barcelona. Llegué a casa y le conté a mi abuelo lo sucedido. Se lo expliqué con brillo en la mirada. Él solía leer el Avui antes de comer. En realidad se había pasado casi cuarenta años sin comprar otra publicación que no fuese el Mundo Deportivo, más las entregas semanales de El Capitán Trueno y Rin Tin Tin, que me regalaba los miércoles y los viernes. El día después de la muerte de Franco se fue al quiosco y compró su primer diario de información general desde el 26 de enero de 1939. Mi abuelo, hombre de pocas palabras, se me quedó mirando. "¿De qué te alegras?", me preguntó. No me dijo nada más y lo he recordado siempre.
Para seguir el hilo de la memoria he de contarles algunas cosas más sobre mi familia. No sé si hago bien. Mi abuelo era mecánico ajustador y su maestro en la escuela industrial de Badalona, antes de la dictadura de Primo de Rivera, había sido Artur Martorell, uno de los artífices de la renovación pedagógica en Catalunya. Conservo algunas libretas de su niñez. Unas fichas magníficas de los principales países del mundo, redactadas íntegramente en catalán, con mapas dibujados a mano y datos geográficos muy precisos. En el cuaderno de Rusia –con la bandera roja, blanca y azul en la portada– se lee lo siguiente: "Dada la magnitud de la revolución en curso, se hace muy difícil prever la evolución política de este gran país". Conservo también los cuadernos escolares de mi padre, posteriores a 1940, enteramente en castellano y con una caligrafía perfecta. Un orden catalán incipiente que buscaba su propia explicación del mundo y un orden deseoso de orden después del desastre. Mientras mi abuelo materno fabricaba munición para el ejército de la República, mi padre –un niño de seis años–, oía caer las bombas italianas cerca de su casa y veía, horrorizado, como los anarquistas lanzaban a la hoguera las imágenes de la iglesia de Sant Josep.
Ciudad de talleres, la crisis de los setenta fue muy dura en Badalona. Mucha gente perdió el trabajo. Entre ellos, mi padre, contable en una fábrica de pinturas. A los cincuenta años se vio obligado a colgar la camisa y la corbata para buscar empleo como panadero, oficio que había aprendido de joven, con mi otro abuelo. Cambió los libros de contabilidad por el trabajo nocturno y el trasiego de pesados sacos de harina. Un amigo suyo de la oficina instaló un puesto de golosinas cerca de un colegio. Algunos días, al salir de la panadería, mi padre le iba a visitar y juntos comentaban el raro avatar de sus vidas. Sin tanto aparato mediático como ahora, aquella crisis derrumbó el pequeño bienestar de mucha gente. La crisis del petróleo afectó casi exclusivamente al trabajo industrial. Había en el país muchas ganas de salir adelante, la democracia prometía bellos horizontes y una nueva generación formada en la universidad se disponía a tomar el poder. Los parados de cincuenta años se espabilaron como pudieron para llegar a la jubilación. Mi padre no la alcanzó.
Nuestra generación ha sido más afortunada. Hasta ahora hemos tenido buen viento. No hemos vivido la guerra y los grandes derrumbes a los que hemos asistido han ocurrido bastante lejos (el cuaderno de Rusia...). Ahora que las cosas se están torciendo, quizás nuestro principal deber sea prevenir males mayores –puesto que todo puede ir a peor, muy a peor– antes que entregarnos al retour d'âge y al delirio de una segunda juventud revolucionaria. Esta semana he recordado la mirada de mi abuelo al tener noticia de la repugnante agresión en Barcelona a un diputado ciego.
(Artículo de Enric Juliana, publicado en "La Vanguardia" el 19 de junio de 2011)
LA CORRUPCIÓN VA POR AUTONOMÍAS.
Al dispararse en España la corrupción vinculada al ladrillo anónimo, existía el riesgo de que la compra masiva de voluntades políticas no sólo pervirtiera a los gobernantes envueltos en ellas. La tentación jacobina de las prácticas corruptas podría haber conducido a una homogeneización indeseable de las distintas comunidades, pulverizando las idiosincrasias bruñidas con un coste secular. Por fortuna, la corrupción va por autonomías, y el espíritu regional se ha preservado en las operaciones de saqueo de fondos públicos, mediante el consorcio de dirigentes de los partidos y de avispados empresarios. La única excepción transfronteriza sería Gürtel, pero el prodigio admirable de esta trama consiste en metamorfosearse en sus diferentes ramales, para cumplir con el inexcusable principio darwiniano de adaptación al medio regional.
Vistos siempre desde fuera, los casos de corrupción que han salpicado a la comunidad valenciana sobresalen por la ejemplar complicidad emocional que se establece entre los empresarios y los políticos corruptos. A menudo, los socios en aventuras mercantiles desarrollan una hostilidad que acaba por entorpecer la buena marcha de la empresa. Las efusiones recogidas en las comunicaciones telefónicas aquí intervenidas contradice la pulsión divorcista. Los escándalos de esta autonomía resaltan también por la exhibición detectada en Brugal, yates incluidos. En cuanto a las diferencias entre dirigentes de línea Camps o herederos de Zaplana, los primeros tienen gustos más baratos y, probablemente por su entrada tardía en el mercado, muestran una mayor diversificación tecnológica frente a la confianza ciega de los clásicos en el ladrillo.
Sería hipócrita ocultar que la corrupción andaluza se desarrolla con una alegría especial. La emulación de Gil exige unos ritmos y un desenfado que serían impensables en autonomías más húmedas. El gilismo ha sido incorporado con éxito al equipaje genético de políticos corruptos de PP y PSOE. El alcalde socialista que guarda sus ahorros sobornados en un colchón debe resguardarse como un ejemplar de la España en vías de extinción, con el mismo esmero empleado en clasificar los restos de Atapuerca. El jolgorio gilista se traslada incluso al interiorismo. La jirafa disecada que fue inventariada en la mansión de Roca sería impensable por ejemplo en la corrupción madrileña. Insinuar siquiera que un corrompible catalán coloque un mamífero cuellilargo en su residencia, costaría una querella criminal.
La teoría de las modalidades regionales de corrupción se cumple a rajatabla en Balears, donde la insularidad acentúa los protocolos autóctonos. A diferencia de la comunidad valenciana, aquí no se percibe un cariño especial entre los políticos y los empresarios que les ayudan al vaciado de las arcas públicas. La reacción es huraña y vergonzante –quizás por el dolor de compartir una ganancia que se preferiría exclusiva–, hasta el punto de entorpecer los mecanismos de reparto. Habría que separar los casos ligados al entorno de Matas, un admirador entusiasta de Zaplana. En contra de la luminosidad andaluza, el despilfarro en suites de hotel a mil euros la noche se produce en geografías alejadas como Shangai, Moscú, Roma o Los Angeles.
Ajena a las modas que han otorgado preeminencia a la corrupción de otras comunidades, Galicia se mantiene fiel a los principios de una actividad bronca, por mucho que se intente embellecerla. Su símbolo sería el back to basics, la desnudez que se traduce en la refractariedad de los hombres de negocios corruptos a compartir una ganancia que deseaban íntegra, si acaso tras el abono de una módica comisión al político de turno. En toda España, ha sido necesaria una intensa labor pedagógica para convencer a los corruptores de que los corrompibles deben ser tratados en pie de igualdad.
Madrid practica como nadie la corrupción del restaurante, hasta el punto de que puede defenderse la tesis de que la compraventa de políticos fue una distracción ideada para amenizar las interminables sobremesas. Gürtel se impuso en la comunidad madrileña al sustituir los mamíferos disecados por la contemplación de jirafas vivas, en safaris sufragados a los políticos corruptos. Se trata sin duda de una versión más ecológica y sostenible de la corrupción, porque una misma jirafa puede ser contemplada por decenas de políticos en venta.
El club de tenis es a Cataluña lo que el restaurante a Madrid. La decidida apuesta catalana por la cultura se transmite a una corrupción de Palau de la Música. Frente a la charanga imperante en otras regiones, aquí el saqueo cursa con especial distinción. En fin, también las maniobras venales han respetado la atmósfera austera y granítica de Castilla y León, según demuestra su ramificación de Gürtel.
(Artículo de Matías Vallés, publicado en "Diario de Mallorca¨" el 18 de junio de 2011)
Vistos siempre desde fuera, los casos de corrupción que han salpicado a la comunidad valenciana sobresalen por la ejemplar complicidad emocional que se establece entre los empresarios y los políticos corruptos. A menudo, los socios en aventuras mercantiles desarrollan una hostilidad que acaba por entorpecer la buena marcha de la empresa. Las efusiones recogidas en las comunicaciones telefónicas aquí intervenidas contradice la pulsión divorcista. Los escándalos de esta autonomía resaltan también por la exhibición detectada en Brugal, yates incluidos. En cuanto a las diferencias entre dirigentes de línea Camps o herederos de Zaplana, los primeros tienen gustos más baratos y, probablemente por su entrada tardía en el mercado, muestran una mayor diversificación tecnológica frente a la confianza ciega de los clásicos en el ladrillo.
Sería hipócrita ocultar que la corrupción andaluza se desarrolla con una alegría especial. La emulación de Gil exige unos ritmos y un desenfado que serían impensables en autonomías más húmedas. El gilismo ha sido incorporado con éxito al equipaje genético de políticos corruptos de PP y PSOE. El alcalde socialista que guarda sus ahorros sobornados en un colchón debe resguardarse como un ejemplar de la España en vías de extinción, con el mismo esmero empleado en clasificar los restos de Atapuerca. El jolgorio gilista se traslada incluso al interiorismo. La jirafa disecada que fue inventariada en la mansión de Roca sería impensable por ejemplo en la corrupción madrileña. Insinuar siquiera que un corrompible catalán coloque un mamífero cuellilargo en su residencia, costaría una querella criminal.
La teoría de las modalidades regionales de corrupción se cumple a rajatabla en Balears, donde la insularidad acentúa los protocolos autóctonos. A diferencia de la comunidad valenciana, aquí no se percibe un cariño especial entre los políticos y los empresarios que les ayudan al vaciado de las arcas públicas. La reacción es huraña y vergonzante –quizás por el dolor de compartir una ganancia que se preferiría exclusiva–, hasta el punto de entorpecer los mecanismos de reparto. Habría que separar los casos ligados al entorno de Matas, un admirador entusiasta de Zaplana. En contra de la luminosidad andaluza, el despilfarro en suites de hotel a mil euros la noche se produce en geografías alejadas como Shangai, Moscú, Roma o Los Angeles.
Ajena a las modas que han otorgado preeminencia a la corrupción de otras comunidades, Galicia se mantiene fiel a los principios de una actividad bronca, por mucho que se intente embellecerla. Su símbolo sería el back to basics, la desnudez que se traduce en la refractariedad de los hombres de negocios corruptos a compartir una ganancia que deseaban íntegra, si acaso tras el abono de una módica comisión al político de turno. En toda España, ha sido necesaria una intensa labor pedagógica para convencer a los corruptores de que los corrompibles deben ser tratados en pie de igualdad.
Madrid practica como nadie la corrupción del restaurante, hasta el punto de que puede defenderse la tesis de que la compraventa de políticos fue una distracción ideada para amenizar las interminables sobremesas. Gürtel se impuso en la comunidad madrileña al sustituir los mamíferos disecados por la contemplación de jirafas vivas, en safaris sufragados a los políticos corruptos. Se trata sin duda de una versión más ecológica y sostenible de la corrupción, porque una misma jirafa puede ser contemplada por decenas de políticos en venta.
El club de tenis es a Cataluña lo que el restaurante a Madrid. La decidida apuesta catalana por la cultura se transmite a una corrupción de Palau de la Música. Frente a la charanga imperante en otras regiones, aquí el saqueo cursa con especial distinción. En fin, también las maniobras venales han respetado la atmósfera austera y granítica de Castilla y León, según demuestra su ramificación de Gürtel.
(Artículo de Matías Vallés, publicado en "Diario de Mallorca¨" el 18 de junio de 2011)
TARJETAS ROJAS.
LO de la tarjeta roja sí tiene un pase. Es algo naïf pero rebaja la tensión después del sabotaje cafre de Barcelona y está bien traído en una comunidad, la valenciana, donde a una decena de parlamentarios —empezando tal vez por el presidente— tenían que haberle mostrado la tarjetita los dirigentes de su propio partido. Otros habrá que se merezcan sólo la amarilla, y la mayoría pueden y deben seguir en el terreno de juego; cumplen su deber con errores como todo el mundo. Pero si el movimiento 15-M quiere recuperar credibilidad y simpatía popular después de las algaradas —que ha repudiado hasta Stephane Hessel, el gurú antisemita del panfletillo de cabecera— tiene que desbatasunizarse y repudiar toda forma de violencia, incluidos la intimidación y el insulto. Porque hay bastante gente deseando utilizar las buenas intenciones de los indignadoscomo materia inflamable. En una época en que los sindicatos han perdido capacidad de movilización, ciertos estrategas políticos están pensando en el potencial de esa revuelta como vanguardia de presión cuando la derecha llegue al poder y empiece a podar de veras el presupuesto. Y eso conduce a Grecia, a los bancos quemados y a las batallas campales: un programa de actos que siempre atrae a los radicales y a los exaltados pero no resulta seductor para la mayoría de la gente.
El peligro del movimiento de protesta no consiste sólo en que los extremistas lo conduzcan hacia el alboroto y la borroka, sino en que se deslice hacia la antipolítica. Compuesto en su mayoría por jóvenes que minusvaloran las libertades porque siempre han vivido en ellas, anida desde el principio en su seno un prejuicio hacia las reglas políticas que en el fondo no es sino un viejo mito antidemocrático. La democracia se caracteriza por el respeto a las leyes y a sus formas, y si algo demostró la Transición española es que es posible cambiar sin traumas incluso la legalidad de una dictadura. La gente de las acampadas no puede olvidar que, además de la presión de la calle, dispone de una contundente herramienta que se llama voto, al que los políticos temen como los agricultores al granizo. Por muy desencantados y cabreados que estén, han de entender la contradicción que supone clamar por la falta de representatividad de unos diputados elegidos por millones de españoles y en cambio creer que ellos sí representan algo más que a sí mismos. Por ese camino circulan a contramano y se van a equivocar de ruta. Ocurrió el 22 de mayo: mientras ellos se instalaban en las plazas a vivir su emocionante bautismo asambleario el resto iba a las urnas en proporción abrumadoramente superior. Un rito muy aburrido pero infinitamente más eficaz.
Las tarjetas rojas a los políticos son una manera civilizada de expresar descontento. No estaría de más que se las enseñasen también a los bárbaros antisistema que están prostituyendo su causa.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 17 de junio 2011)
DE LA INDIGNACIÓN A LA INDIGNIDAD.
Entra dentro de la normalidad democrática que los ciudadanos muestren su desacuerdo con determinadas decisiones gubernamentales, y es legítimo que a menudo expresen esta discrepancia con acciones que aspiran a la amplificación mediática. No es infrecuente, incluso, que esta actitud pueda llevar a alteraciones ocasionales del orden público. Estas alteraciones no favorecen la convivencia y, en general, no suelen aportar ninguna idea verdaderamente alternativa; en todo caso, también están previstas por las reglas del juego. Más allá de eso, sin embargo, nos adentramos ya en otro ámbito. Cruzamos la línea roja que separa nítidamente las actitudes democráticas de las que no tienen en cuenta la voluntad de la mayoría, expresada con claridad aritmética en las urnas. Sea cual sea su color político, todos y cada uno de las diputadas y los diputados del Parlament de Catalunya tienen algo en común: no están allí por casualidad, sino porque así lo decidieron democráticamente los catalanes. Y no fueron centenares o miles de catalanes, sino millones. Es muy importante subrayar este hecho, no despreciarlo como si fuera un detalle sin importancia: en democracia, las minorías no pueden imponer su voluntad a las mayorías. Asimismo, estas no pueden ignorar las inquietudes de aquellas. He ahí las reglas del juego, comunes en cualquier país que sea respetuoso con las libertades y los derechos de las personas. Quien rompe estas reglas, quien cruza la línea roja, tiene que ser muy consciente de lo que está haciendo: no se enfrenta al poder, ni al sistema, ni a otras abstracciones por el estilo, sino precisamente a lo que decidieron la mayoría de sus conciudadanos y que, en toda democracia moderna, está representado en el Parlament.
Catalunya sufre los efectos de las dificultades que afectan al Estado y una parte de Europa, con el agravante de un trato fiscal injusto por parte de España y de un endeudamiento que ha obligado a redimensionar los presupuestos de la Generalitat. Es perfectamente legítimo que muchas personas focalicen su malestar en el Govern, sin tener en cuenta el origen directo de la situación. Resulta igualmente explicable que algunos ciudadanos expresen, con toda la vehemencia necesaria, sus inquietudes y propongan reformas en profundidad –reformas radicales, en el buen sentido de la palabra, es decir, el que se refiere a la raíz de los problemas–. La democracia no es más que este juego respetuoso de discrepancias. Sin embargo, la democracia se fundamenta en el respeto, el diálogo, la discrepancia pacífica y el pacto, y en el rechazo a imponer las ideas por la vía de la violencia y la coacción.
El estado de la sociedad catalana no es ciertamente el que querríamos. Hay muchas cosas que, con el consenso adecuado, pueden y tienen que ser mejoradas. Pero entre un sistema democrático imperfecto y el caos violento que ayer se instaló a las puertas del Parlament de Catalunya, personalmente me quedo –y creo que la mayoría de la población también– con esta democracia. Puede tener sus debilidades, sus grietas, sus carencias, pero garantiza el ejercicio de los derechos y las libertades, así como la voz de todos. Las imperfecciones del sistema no justifican que nuestro país se pueda comparar, como han hecho algunos, con determinados regímenes dictatoriales donde recientemente ha acabado aflorando la legítima indignación entre los ciudadanos. Esta comparación supone una enorme falta de respeto hacia las personas que sí que han vivido de forma real y dramática la falta de libertades, la persecución arbitraria y la precariedad material. Muchos de ellos huyeron de las dictaduras donde vivían hacia unas democracias, las europeas, que ahora algunos no consideran “reales”. La comparación también resulta insultante para las personas que dieron su vida para que nuestro Parlament representara la voluntad del pueblo de Catalunya. Ayer algunos quisieron acallarlo mediante la coacción. Y estos tienen que ser denunciados, combatidos y, si es preciso, detenidos y juzgados. No es lo mismo declararse indignado que actuar de manera indigna.
A lo largo del siglo XX, la actitud hostil hacia la democracia representativa y sus instituciones –de manera especial el Parlament– tuvo sistemáticamente, sin excepciones, traducciones inquietantes e incluso catastróficas. No nacimos ayer y, en consecuencia, tenemos la obligación moral, no sólo política, de impedir la repetición de determinados errores gravísimos que comprometerían irreversiblemente el bienestar y las libertades de las generaciones futuras. Ayer, en el Parlament, los representantes legítimos del pueblo de Catalunya de todos los partidos políticos transformamos una situación de excepcionalidad, marcada por la coacción violenta de una minoría, en una sesión normal. Esta no se inició en cualquier momento, sino a las diez en punto: como estaba previsto, como tenía que ser. Gracias a las fuerzas de seguridad, a la tarea de los periodistas y, por supuesto, a la determinación de todas las personas que ayer estábamos en la Cámara, el Parlament de Catalunya funcionó. Así ha sido desde la edad media hasta nuestros días, con la excepción de los forzados paréntesis que generan los golpistas y otros profesionales de la violencia, la intolerancia y el dogmatismo.
(Artículo de Artur Mas, publicado en "La Vanguardia" el 16 de junio de 2011)
Catalunya sufre los efectos de las dificultades que afectan al Estado y una parte de Europa, con el agravante de un trato fiscal injusto por parte de España y de un endeudamiento que ha obligado a redimensionar los presupuestos de la Generalitat. Es perfectamente legítimo que muchas personas focalicen su malestar en el Govern, sin tener en cuenta el origen directo de la situación. Resulta igualmente explicable que algunos ciudadanos expresen, con toda la vehemencia necesaria, sus inquietudes y propongan reformas en profundidad –reformas radicales, en el buen sentido de la palabra, es decir, el que se refiere a la raíz de los problemas–. La democracia no es más que este juego respetuoso de discrepancias. Sin embargo, la democracia se fundamenta en el respeto, el diálogo, la discrepancia pacífica y el pacto, y en el rechazo a imponer las ideas por la vía de la violencia y la coacción.
El estado de la sociedad catalana no es ciertamente el que querríamos. Hay muchas cosas que, con el consenso adecuado, pueden y tienen que ser mejoradas. Pero entre un sistema democrático imperfecto y el caos violento que ayer se instaló a las puertas del Parlament de Catalunya, personalmente me quedo –y creo que la mayoría de la población también– con esta democracia. Puede tener sus debilidades, sus grietas, sus carencias, pero garantiza el ejercicio de los derechos y las libertades, así como la voz de todos. Las imperfecciones del sistema no justifican que nuestro país se pueda comparar, como han hecho algunos, con determinados regímenes dictatoriales donde recientemente ha acabado aflorando la legítima indignación entre los ciudadanos. Esta comparación supone una enorme falta de respeto hacia las personas que sí que han vivido de forma real y dramática la falta de libertades, la persecución arbitraria y la precariedad material. Muchos de ellos huyeron de las dictaduras donde vivían hacia unas democracias, las europeas, que ahora algunos no consideran “reales”. La comparación también resulta insultante para las personas que dieron su vida para que nuestro Parlament representara la voluntad del pueblo de Catalunya. Ayer algunos quisieron acallarlo mediante la coacción. Y estos tienen que ser denunciados, combatidos y, si es preciso, detenidos y juzgados. No es lo mismo declararse indignado que actuar de manera indigna.
A lo largo del siglo XX, la actitud hostil hacia la democracia representativa y sus instituciones –de manera especial el Parlament– tuvo sistemáticamente, sin excepciones, traducciones inquietantes e incluso catastróficas. No nacimos ayer y, en consecuencia, tenemos la obligación moral, no sólo política, de impedir la repetición de determinados errores gravísimos que comprometerían irreversiblemente el bienestar y las libertades de las generaciones futuras. Ayer, en el Parlament, los representantes legítimos del pueblo de Catalunya de todos los partidos políticos transformamos una situación de excepcionalidad, marcada por la coacción violenta de una minoría, en una sesión normal. Esta no se inició en cualquier momento, sino a las diez en punto: como estaba previsto, como tenía que ser. Gracias a las fuerzas de seguridad, a la tarea de los periodistas y, por supuesto, a la determinación de todas las personas que ayer estábamos en la Cámara, el Parlament de Catalunya funcionó. Así ha sido desde la edad media hasta nuestros días, con la excepción de los forzados paréntesis que generan los golpistas y otros profesionales de la violencia, la intolerancia y el dogmatismo.
(Artículo de Artur Mas, publicado en "La Vanguardia" el 16 de junio de 2011)
CERCO VIOLENTO.
Los sectores más radicales del movimiento que nació el pasado 15 de mayo en toda España cruzaron el Rubicón democrático ayer en Barcelona. Después de poner cerco en la tarde y noche del martes al parque de la Ciutadella, donde se halla el Parlamento de Cataluña, grupos de manifestantes trataron de impedir ayer el acceso de los parlamentarios al hemiciclo para debatir los Presupuestos de la Generalitat para 2011, la ley de más calado que anualmente presenta un Gobierno. La Cámara legislativa catalana vivió su momento más tenso desde la restauración de la democracia. Nunca un pleno había transcurrido en estas circunstancias.
Con su actitud, los concentrados trataron de coaccionar a los representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos de Cataluña y quisieron obstaculizar el cumplimiento de su labor parlamentaria. La triste guinda del pastel fue la llegada en helicóptero al Parlamento del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y algunos de los consejeros de su Gobierno.
Parte de los concentrados, los más radicales, no dudaron en recurrir al insulto o a la agresión pura y dura. Algunos diputados fueron zarandeados, muchos insultados y a unos pocos se les roció con pintura. La forma en que algunos parlamentarios tuvieron que romper el asedio fue bochornosa. Ayer se cruzó la frontera entre la legítima desobediencia civil y las reprobables actitudes violentas. La mayor parte de los concentrados se apercibieron de ello, pues en la asamblea celebrada por la tarde en Barcelona se criticó abiertamente y de forma mayoritaria a quienes participaron en agresiones y se reivindicó el carácter no violento del Movimiento del 15-M. Lo mismo sucedió en Madrid.
Entre los indignados hay de todo. También entre los políticos: los hay imputados, corruptos y, en una gran mayoría, gente que cumple con su deber con honestidad. Pero los movilizados deben tomar nota de ello y no reincidir en actitudes como la de ayer, que socavan su credibilidad y marcan una deriva abiertamente antidemocrática. Es cierto que con el paso de los días los grupos antisistema han acabado imponiendo su dinámica en el movimiento. Así, aunque la mayoría decidió en asamblea levantar la acampada en la plaza de Catalunya, los irreductibles prosiguen con su ocupación. La democracia representativa puede ser mejorable y algunas de las reivindicaciones de los indignados, de aplicarse, contribuirían a ello. Pero impedir el funcionamiento de sus instituciones, las únicas que representan legítimamente a la mayoría, es entrar en una peligrosa vía incivil.
Capítulo aparte merece la gestión de la seguridad por parte del consejero de Interior, Felip Puig. Desmesurado el pasado 27 de mayo con una carga desproporcionada en la plaza de Catalunya, tampoco supo dar ayer con la fórmula que requería dejar expedita la entrada al Parlamento catalán. Hizo lo que no debía el primer día y, en cambio, no hizo ayer lo que debía para asegurar el funcionamiento del Parlamento sin coacciones de ningún tipo.
(Editorial de "El País", publicado el 16 de junio de 2011)
Con su actitud, los concentrados trataron de coaccionar a los representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos de Cataluña y quisieron obstaculizar el cumplimiento de su labor parlamentaria. La triste guinda del pastel fue la llegada en helicóptero al Parlamento del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y algunos de los consejeros de su Gobierno.
Parte de los concentrados, los más radicales, no dudaron en recurrir al insulto o a la agresión pura y dura. Algunos diputados fueron zarandeados, muchos insultados y a unos pocos se les roció con pintura. La forma en que algunos parlamentarios tuvieron que romper el asedio fue bochornosa. Ayer se cruzó la frontera entre la legítima desobediencia civil y las reprobables actitudes violentas. La mayor parte de los concentrados se apercibieron de ello, pues en la asamblea celebrada por la tarde en Barcelona se criticó abiertamente y de forma mayoritaria a quienes participaron en agresiones y se reivindicó el carácter no violento del Movimiento del 15-M. Lo mismo sucedió en Madrid.
Entre los indignados hay de todo. También entre los políticos: los hay imputados, corruptos y, en una gran mayoría, gente que cumple con su deber con honestidad. Pero los movilizados deben tomar nota de ello y no reincidir en actitudes como la de ayer, que socavan su credibilidad y marcan una deriva abiertamente antidemocrática. Es cierto que con el paso de los días los grupos antisistema han acabado imponiendo su dinámica en el movimiento. Así, aunque la mayoría decidió en asamblea levantar la acampada en la plaza de Catalunya, los irreductibles prosiguen con su ocupación. La democracia representativa puede ser mejorable y algunas de las reivindicaciones de los indignados, de aplicarse, contribuirían a ello. Pero impedir el funcionamiento de sus instituciones, las únicas que representan legítimamente a la mayoría, es entrar en una peligrosa vía incivil.
Capítulo aparte merece la gestión de la seguridad por parte del consejero de Interior, Felip Puig. Desmesurado el pasado 27 de mayo con una carga desproporcionada en la plaza de Catalunya, tampoco supo dar ayer con la fórmula que requería dejar expedita la entrada al Parlamento catalán. Hizo lo que no debía el primer día y, en cambio, no hizo ayer lo que debía para asegurar el funcionamiento del Parlamento sin coacciones de ningún tipo.
(Editorial de "El País", publicado el 16 de junio de 2011)
LAS AUDITORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO.
En las últimas semanas, han venido apareciendo noticias en los medios de comunicación referidas a la solicitud de auditorías del sector público que va a encargar el Govern, al objeto de saber el estado real de las cuentas, solicitud que por supuesto ya había sido efectuada en otros cambios de gobierno a la inversa, en nuestra comunidad autónoma.
Pues bien la rendición de cuentas y la transparencia en el destino de los ingresos aportados por los contribuyentes, no deben ser usados como un instrumento coyuntural al objeto de poner en evidencia la gestión de la otra parte, sino que debe ser la práctica habitual y permanente de nuestros gobernantes. El grupo político que sea capaz de llevar a término dichas acciones tiene el éxito asegurado frente a la ciudadanía que a buen seguro reconocerá dichos valores básicos.
Lo cierto es que tenemos los elementos para fiscalizar al sector público como son los Interventores de la CAIB o los de las entidades locales los cuales se ocupan del control interno y la sindicatura de cuentas de las Balears constituida el 5 de febrero de 2003, que es el órgano al cual corresponde la fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable del sector público de las Balears que de acuerdo con la ley incluye:
a) La administración de la CAIB.b) Los consells insulares y las entidades locales de las Balears.c) La universidad de las Balears.d) Cualquier organismo, ente, entidad, fundación o empresa con participación directa o indirecta de cualquiera de las citadas entidades se rijan por el derecho público o privado.
La fiscalización externa se realiza mediante la realización de la auditoria financiera que debe verificar si las cuentas auditadas se han confeccionado en base a los principios contables que le son aplicables, así como la auditoría de cumplimiento de la legalidad que debe evaluar que la gestión de los recursos públicos cumple con las leyes vigentes, o dicho de otra forma que las cuentas son reales y que lógicamente se ha seguido escrupulosamente la aplicación de la legislación en vigor para su confección.
Tanto o más importante que las mencionadas anteriormente es la auditoría operativa, que incluye la auditoría de eficacia, la de economía y la de eficiencia que tratan de averiguar si se han alcanzado los objetivos previstos en el programa de actuación analizando las desviaciones observadas; si los mismos se han llevado a cabo con el mínimo coste posible y que los recursos se han utilizado conforme a las políticas previstas y por tanto no han sido despilfarrados. En pocas palabras que se gaste en lo previsto, con el mínimo coste y de la mejor forma posible.
En definitiva se trata de evaluar si la gestión llevada a cabo por cada ente, entidad, fundación, consorcio, o empresas que pertenezcan al sector público ha sido efectuada con la debida diligencia, cuestión básica al objeto de intentar mitigar el elevado déficit público existente en nuestra comunidad autónoma.
Por tanto vemos que tenemos los medios necesarios para poder controlar al sector público, otra cosa es que dichos medios tengan los elementos imprescindibles para llevar a buen término las labores encomendadas. Sirva a titulo de ejemplo que en el caso de la sindicatura de cuentas, son manifiestamente reducidas las revisiones efectuadas y los plazos de ejecución son excesivamente tardíos, como muestra reseñar que el informe de la cuenta general del Ayuntamiento de Maó correspondiente al ejercicio 2006 se ha emitido en el año 2009.
Es totalmente insuficiente tanto el número de interventores de la CAIB, así como la treintena de auditores que conforman la sindicatura de cuentas, por tanto la solución pasa por externalizar parte de los trabajos, hecho que ya se ha implantado en otras comunidades autónomas. La colaboración de los auditores del sector privado puede ser una solución válida y con menor coste, al objeto de ampliar al máximo el campo de fiscalización del sector público, así como conseguir la emisión y publicación del informe en el año siguiente al ejercicio objeto de comprobación.
De poco sirven las incidencias y y recomendaciones de los informes de auditoría, si ven la luz con demasiada tardanza respecto a la fecha objeto de la fiscalización.
La auditoría no debe ser considerada como un coste sino como una inversión. Piénsese que el sector público español contrata al año 130.000 millones de euros lo que representa un 13% del PIB, de una buena o mala gestión en dicha contratación puede resultar un diferencial sumamente importante. El cumplimiento de fiscalizar adecuadamente el sector público pasa por dotar debidamente el importe de la partida destinada a dicho fin en los presupuestos anuales aprobados por el Parlament, en sus manos señores parlamentarios, está el lograrlo.
(Artículo de Javier Navarro, publicado en "Diario de Mallorca" el 15 de junio de 2011)
Pues bien la rendición de cuentas y la transparencia en el destino de los ingresos aportados por los contribuyentes, no deben ser usados como un instrumento coyuntural al objeto de poner en evidencia la gestión de la otra parte, sino que debe ser la práctica habitual y permanente de nuestros gobernantes. El grupo político que sea capaz de llevar a término dichas acciones tiene el éxito asegurado frente a la ciudadanía que a buen seguro reconocerá dichos valores básicos.
Lo cierto es que tenemos los elementos para fiscalizar al sector público como son los Interventores de la CAIB o los de las entidades locales los cuales se ocupan del control interno y la sindicatura de cuentas de las Balears constituida el 5 de febrero de 2003, que es el órgano al cual corresponde la fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable del sector público de las Balears que de acuerdo con la ley incluye:
a) La administración de la CAIB.b) Los consells insulares y las entidades locales de las Balears.c) La universidad de las Balears.d) Cualquier organismo, ente, entidad, fundación o empresa con participación directa o indirecta de cualquiera de las citadas entidades se rijan por el derecho público o privado.
La fiscalización externa se realiza mediante la realización de la auditoria financiera que debe verificar si las cuentas auditadas se han confeccionado en base a los principios contables que le son aplicables, así como la auditoría de cumplimiento de la legalidad que debe evaluar que la gestión de los recursos públicos cumple con las leyes vigentes, o dicho de otra forma que las cuentas son reales y que lógicamente se ha seguido escrupulosamente la aplicación de la legislación en vigor para su confección.
Tanto o más importante que las mencionadas anteriormente es la auditoría operativa, que incluye la auditoría de eficacia, la de economía y la de eficiencia que tratan de averiguar si se han alcanzado los objetivos previstos en el programa de actuación analizando las desviaciones observadas; si los mismos se han llevado a cabo con el mínimo coste posible y que los recursos se han utilizado conforme a las políticas previstas y por tanto no han sido despilfarrados. En pocas palabras que se gaste en lo previsto, con el mínimo coste y de la mejor forma posible.
En definitiva se trata de evaluar si la gestión llevada a cabo por cada ente, entidad, fundación, consorcio, o empresas que pertenezcan al sector público ha sido efectuada con la debida diligencia, cuestión básica al objeto de intentar mitigar el elevado déficit público existente en nuestra comunidad autónoma.
Por tanto vemos que tenemos los medios necesarios para poder controlar al sector público, otra cosa es que dichos medios tengan los elementos imprescindibles para llevar a buen término las labores encomendadas. Sirva a titulo de ejemplo que en el caso de la sindicatura de cuentas, son manifiestamente reducidas las revisiones efectuadas y los plazos de ejecución son excesivamente tardíos, como muestra reseñar que el informe de la cuenta general del Ayuntamiento de Maó correspondiente al ejercicio 2006 se ha emitido en el año 2009.
Es totalmente insuficiente tanto el número de interventores de la CAIB, así como la treintena de auditores que conforman la sindicatura de cuentas, por tanto la solución pasa por externalizar parte de los trabajos, hecho que ya se ha implantado en otras comunidades autónomas. La colaboración de los auditores del sector privado puede ser una solución válida y con menor coste, al objeto de ampliar al máximo el campo de fiscalización del sector público, así como conseguir la emisión y publicación del informe en el año siguiente al ejercicio objeto de comprobación.
De poco sirven las incidencias y y recomendaciones de los informes de auditoría, si ven la luz con demasiada tardanza respecto a la fecha objeto de la fiscalización.
La auditoría no debe ser considerada como un coste sino como una inversión. Piénsese que el sector público español contrata al año 130.000 millones de euros lo que representa un 13% del PIB, de una buena o mala gestión en dicha contratación puede resultar un diferencial sumamente importante. El cumplimiento de fiscalizar adecuadamente el sector público pasa por dotar debidamente el importe de la partida destinada a dicho fin en los presupuestos anuales aprobados por el Parlament, en sus manos señores parlamentarios, está el lograrlo.
(Artículo de Javier Navarro, publicado en "Diario de Mallorca" el 15 de junio de 2011)
EL PODER JUDICIAL Y SU INDEPENDENCIA.
CUANDO se habla de la independencia judicial, obviamente, se está haciendo referencia, en principio, a la que todo juez o magistrado debe tener en el ejercicio de su función propia de «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado». La claridad del artículo 117 de la Constitución Española de 1978 es, en este sentido, meridiana. Al respecto, podría afirmarse con un amplísimo margen de seguridad que la inmensa mayoría de los, aproximadamente, cuatro mil setecientos jueces y magistrados que ejercen en España mantienen, con absoluta normalidad, esa independencia en el desarrollo de la jurisdicción que tienen encomendada, a la que sirven con riguroso tecnicismo jurídico dentro de una propia y verdadera profesionalidad. Pero hay otro aspecto de la independencia que hace relación al autogobierno judicial, también previsto en el artículo 122 de la misma norma constitucional, que ya no se percibe con la misma claridad. Si se estableció por el legislador constituyente, en el marco del principio de separación de poderes dentro de una única soberanía nacional, un propio autogobierno del poder judicial que vino a configurarse en la instauración, como órgano constitucional, del Consejo General de dicho poder, lo lógico hubiera sido preservar, absolutamente, al mismo de toda contaminación política. Pero la realidad ha sido muy distinta, y desde su implantación en el año 1980 hasta el momento presente la evolución degenerativa, en este aspecto, vino siendo tan evidente que nadie con sensatez puede negar que la composición y la actuación del Consejo General del Poder Judicial representan con absoluta nitidez la correlación de fuerzas políticas mayoritarias existente en ambas cámaras legislativas.
Que el órgano de gobierno del poder judicial tiene y debe tener una naturaleza política, en cuanto está llamado a ejercer una parte esencial de la gobernación de toda la ciudadanía, es algo que resulta indiscutible, como también lo es el que debe mantener una adecuada relación de colaboración y engranaje con los otros poderes del Estado. Pero que aquel órgano se halle marcadamente politizado, tanto en su configuración como en su ulterior actuación, es algo que repugna, palmariamente, a la propia naturaleza y características de la función de gobierno judicial en el seno de un Estado de Derecho que se ha distinguir, esencialmente, por la absoluta independencia y alejamiento de cuanto represente partidismo político.
La representación judicial en el seno del Consejo —doce jueces y magistrados de todas las categoría judiciales— debiera estar al margen de cualquier tipo de influencia política y encomendada, en exclusiva, al propio cuerpo judicial en su integridad, en el que se advierte una proporción importante, que llega a superar el 50%, de jueces y magistrados que no se hallan asociados. Y es que el asociacionismo judicial, perfectamente legítimo y hasta recomendable, puede conllevar el riesgo de hallarse, de alguna forma y manera, influenciado por los partidos políticos cuya ideología se conforme con la propia o predominante en las distintas asociaciones judiciales. Si llegara a ser cierto, como así se publicó en algún medio de comunicación, que, con ocasión de una de las elecciones a vocales del Consejo General del Poder Judicial, los elegidos, de una y otra tendencia ideológica, fueron convocados, seguidamente, a las respectivas sedes de los partidos políticos afines, la conclusión a la que habría de llegarse es que, ello resultaría letal para la preservación de la independencia del órgano de gobierno del poder judicial. Por otra parte, el hecho del anuncio publicitado de la identidad del nuevo presidente del expresado órgano de gobierno judicial con anterioridad a la reunión constitutiva de este último, que, precisamente, tiene como función constitucional única —artículo 123 de la Constitución de 1978— la libre elección de la persona que ha de presidir el Tribunal Supremo y, consecuentemente, el Consejo General del Poder Judicial, viene a constituir un repudiable signo de politización del órgano constitucional de referencia, al margen del prestigio y respeto que, sin la menor duda, merece la persona que resultó designada para el desempeño de tan alto cometido constitucional.
En cualquier caso, si la Constitución reserva doce puestos de los veinte que integran las vocalías del Consejo General del Poder a «jueces y magistrados de todas las categorías judiciales», parece que debiera establecerse un criterio corrector del sistema hasta ahora seguido que, de una parte, reservara seis de esas plazas a los integrantes de la carrera judicial que no se hallaren asociados; y de otra, procurase que todas las categorías, y no solo la de magistrados, estuvieran presentes en el órgano de gobierno de la judicatura. El sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial por los propios jueces y magistrados se ensayó, aunque tal vez no de forma perfecta, en la composición del primer Consejo General del Poder en el año 1980, pero, a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 —merced a la conocida como «enmienda Bandrés», que asignó a ambas cámaras legislativas la elección, también, de los doce vocales de procedencia judicial— la politización del órgano de gobierno de los jueces fue «in crescendo», y ello pese a la advertencia hecha en su día por el Tribunal Constitucional, al resolver el recurso de inconstitucionalidad planteado frente a dicha reforma de Ley Orgánica, que señaló el riesgo de que la elección íntegra por el Parlamento pudiera conllevar el peligro de un reparto de cuotas políticas, que es lo que, paradójicamente, vino produciéndose desde entonces y en forma, realmente, alarmante.
Como es obvio, esta progresiva politización del órgano de gobierno de los jueces y magistrados no es imputable a estos últimos ni a quienes los representan en dicho órgano. Esa politización deviene de las cámaras legislativas, que eligen en su integridad a los componentes del Consejo General del Poder Judicial, sobre el que pretenden ejercer un control mediato. Buena prueba de ello es la demora habida en la renovación del quinto Consejo, cuyo mandato se prolongó, prácticamente, dos años más de forma similar a lo que ocurrió y sigue ocurriendo en el Tribunal Constitucional, en el que la última renovación parcial se produjo casi tres años después, y la siguiente, que debía haberse operado en el mes de noviembre último, parece que va a seguir el mismo o parecido derrotero, y cuyos anómalos efectos se procuró subsanar con una modificación de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, de dudosa constitucionalidad, que acortó el período de mandato de los nuevos magistrados elegidos.
Pero, por si fuera poco esa politización en la periódica configuración del órgano de gobierno del poder judicial, la independencia del mismo se ve afectada, también, por el limitadísimo ámbito de competencias que se le atribuye. Si estas últimas se circunscriben, fundamentalmente, a la selección, a los nombramientos —la mayoría reglamentados, y solo en un pequeño porcentaje discrecionales— y al ejercicio de la facultad disciplinaria respecto de los jueces y magistrados y ni siquiera se le otorga la competencia en materia retributiva de estos últimos, fácilmente se advierte que la dependencia respecto del Ejecutivo —bien central o autonómico— resulta manifiesta en lo que se refiere tanto a la dotación de medios personales como a la de los materiales. Si, por el contrario, tanto el poder ejecutivo como el legislativo cuentan con una propia y separada autonomía en orden a la gestión de todo su entramado burocrático, no se entiende muy bien por qué el poder judicial ha de hallarse tutelado y depender del Ejecutivo —Ministerio de Justicia o Consejerías de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia— para el desarrollo de la función pública que, constitucionalmente, tiene asignada como los otros dos poderes del Estado tienen la suya.
Bien, frente a cuanto se deja expuesto se podrá decir que la soberanía nacional se halla legítimamente representada en las Cortes Generales y que la responsabilidad de lo que estas hagan deberá depurarse en el proceso electoral, pero esto no resta un ápice al lamentable espectáculo que se está dando a la ciudadanía, que asiste atónita, aunque pueda no parecerlo, a los manejos orientados a la politización de órganos constitucionales, cuya divisa debe estar en su más radical y absoluta independencia.
(Artículo de Benigno Varela, publicado en "ABC" el 13 de junio de 2011)
Que el órgano de gobierno del poder judicial tiene y debe tener una naturaleza política, en cuanto está llamado a ejercer una parte esencial de la gobernación de toda la ciudadanía, es algo que resulta indiscutible, como también lo es el que debe mantener una adecuada relación de colaboración y engranaje con los otros poderes del Estado. Pero que aquel órgano se halle marcadamente politizado, tanto en su configuración como en su ulterior actuación, es algo que repugna, palmariamente, a la propia naturaleza y características de la función de gobierno judicial en el seno de un Estado de Derecho que se ha distinguir, esencialmente, por la absoluta independencia y alejamiento de cuanto represente partidismo político.
La representación judicial en el seno del Consejo —doce jueces y magistrados de todas las categoría judiciales— debiera estar al margen de cualquier tipo de influencia política y encomendada, en exclusiva, al propio cuerpo judicial en su integridad, en el que se advierte una proporción importante, que llega a superar el 50%, de jueces y magistrados que no se hallan asociados. Y es que el asociacionismo judicial, perfectamente legítimo y hasta recomendable, puede conllevar el riesgo de hallarse, de alguna forma y manera, influenciado por los partidos políticos cuya ideología se conforme con la propia o predominante en las distintas asociaciones judiciales. Si llegara a ser cierto, como así se publicó en algún medio de comunicación, que, con ocasión de una de las elecciones a vocales del Consejo General del Poder Judicial, los elegidos, de una y otra tendencia ideológica, fueron convocados, seguidamente, a las respectivas sedes de los partidos políticos afines, la conclusión a la que habría de llegarse es que, ello resultaría letal para la preservación de la independencia del órgano de gobierno del poder judicial. Por otra parte, el hecho del anuncio publicitado de la identidad del nuevo presidente del expresado órgano de gobierno judicial con anterioridad a la reunión constitutiva de este último, que, precisamente, tiene como función constitucional única —artículo 123 de la Constitución de 1978— la libre elección de la persona que ha de presidir el Tribunal Supremo y, consecuentemente, el Consejo General del Poder Judicial, viene a constituir un repudiable signo de politización del órgano constitucional de referencia, al margen del prestigio y respeto que, sin la menor duda, merece la persona que resultó designada para el desempeño de tan alto cometido constitucional.
En cualquier caso, si la Constitución reserva doce puestos de los veinte que integran las vocalías del Consejo General del Poder a «jueces y magistrados de todas las categorías judiciales», parece que debiera establecerse un criterio corrector del sistema hasta ahora seguido que, de una parte, reservara seis de esas plazas a los integrantes de la carrera judicial que no se hallaren asociados; y de otra, procurase que todas las categorías, y no solo la de magistrados, estuvieran presentes en el órgano de gobierno de la judicatura. El sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial por los propios jueces y magistrados se ensayó, aunque tal vez no de forma perfecta, en la composición del primer Consejo General del Poder en el año 1980, pero, a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 —merced a la conocida como «enmienda Bandrés», que asignó a ambas cámaras legislativas la elección, también, de los doce vocales de procedencia judicial— la politización del órgano de gobierno de los jueces fue «in crescendo», y ello pese a la advertencia hecha en su día por el Tribunal Constitucional, al resolver el recurso de inconstitucionalidad planteado frente a dicha reforma de Ley Orgánica, que señaló el riesgo de que la elección íntegra por el Parlamento pudiera conllevar el peligro de un reparto de cuotas políticas, que es lo que, paradójicamente, vino produciéndose desde entonces y en forma, realmente, alarmante.
Como es obvio, esta progresiva politización del órgano de gobierno de los jueces y magistrados no es imputable a estos últimos ni a quienes los representan en dicho órgano. Esa politización deviene de las cámaras legislativas, que eligen en su integridad a los componentes del Consejo General del Poder Judicial, sobre el que pretenden ejercer un control mediato. Buena prueba de ello es la demora habida en la renovación del quinto Consejo, cuyo mandato se prolongó, prácticamente, dos años más de forma similar a lo que ocurrió y sigue ocurriendo en el Tribunal Constitucional, en el que la última renovación parcial se produjo casi tres años después, y la siguiente, que debía haberse operado en el mes de noviembre último, parece que va a seguir el mismo o parecido derrotero, y cuyos anómalos efectos se procuró subsanar con una modificación de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, de dudosa constitucionalidad, que acortó el período de mandato de los nuevos magistrados elegidos.
Pero, por si fuera poco esa politización en la periódica configuración del órgano de gobierno del poder judicial, la independencia del mismo se ve afectada, también, por el limitadísimo ámbito de competencias que se le atribuye. Si estas últimas se circunscriben, fundamentalmente, a la selección, a los nombramientos —la mayoría reglamentados, y solo en un pequeño porcentaje discrecionales— y al ejercicio de la facultad disciplinaria respecto de los jueces y magistrados y ni siquiera se le otorga la competencia en materia retributiva de estos últimos, fácilmente se advierte que la dependencia respecto del Ejecutivo —bien central o autonómico— resulta manifiesta en lo que se refiere tanto a la dotación de medios personales como a la de los materiales. Si, por el contrario, tanto el poder ejecutivo como el legislativo cuentan con una propia y separada autonomía en orden a la gestión de todo su entramado burocrático, no se entiende muy bien por qué el poder judicial ha de hallarse tutelado y depender del Ejecutivo —Ministerio de Justicia o Consejerías de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia— para el desarrollo de la función pública que, constitucionalmente, tiene asignada como los otros dos poderes del Estado tienen la suya.
Bien, frente a cuanto se deja expuesto se podrá decir que la soberanía nacional se halla legítimamente representada en las Cortes Generales y que la responsabilidad de lo que estas hagan deberá depurarse en el proceso electoral, pero esto no resta un ápice al lamentable espectáculo que se está dando a la ciudadanía, que asiste atónita, aunque pueda no parecerlo, a los manejos orientados a la politización de órganos constitucionales, cuya divisa debe estar en su más radical y absoluta independencia.
(Artículo de Benigno Varela, publicado en "ABC" el 13 de junio de 2011)
GENIAL, PERO MAL BICHO.
Bajo el título Mal bicho, pero genial (12 de abril) publicaba Juan Goytisolo un artículo en el que lamenta, como antes Vargas Llosa, la decisión del Gobierno francés de suspender su previsto homenaje al escritor Celine. A su parecer, el "odioso antisemitismo" de este escritor y "su abierta colaboración con los nazis" no restan ni un ápice de su maestría literaria. Era un mal bicho, conviene, pero sin duda genial. Claro que, al venir en último lugar y tras una conjunción adversativa, el calificativo estético tiende a prevalecer sobre el moral. Probemos sin embargo a decir al revés que Celine sin duda fue un genio, pero un mal bicho, y el lector entenderá entonces que debe contar más su deficiencia moral que su excelencia artística. E incluso que esta decae en alguien que lleva "una conducta ignominiosamente vil y rastrera".
Es lo que yo defendía en otro artículo anterior, La lección del 'caso Celine' (19 de marzo), al que -seguramente sin advertirlo- Goytisolo estaba replicando. Allí sugerí algunas tesis a sabiendas de que iban a sonar de modo harto chocante al oído contemporáneo. Creo que en la escala de valores el moral ocupa la cumbre y que su ausencia notoria en una persona rebaja la altura de otros valores que pueda albergar. Que así ocurre lo revela nuestro irrefrenable escándalo ante la coincidencia en el mismo individuo de una enorme altura literaria o artística y de deplorable bajeza moral. ¿O alguien negará la incomodidad y paradoja que ello le suscita?
Y es que, frente a los demás valores, lo peculiar del moral estriba en ser universalmente exigible si queremos vivir una vida propiamente humana. Lo recordaba yo en mi artículo y lo repite Goytisolo en el suyo cuando reitera el desprecio que merece Quevedo "desde el punto de vista... de la honradez exigible a una persona". Que la honradez sea una demanda universal no significa que haya de ser el criterio preeminente para evaluar al artista o al científico como tales. Es un requisito, eso sí, para emitir un juicio más completo sobre su persona. Por eso admiramos el genio poético de un Quevedo, aunque le prestaríamos mayor devoción todavía si tan inmenso poeta no hubiera estado aquejado de "racismo, antisemitismo, misoginia y homofobia". Puede ser engañoso limitarse a decir que un gran hombre tiene luces y sombras, o que tiene sombras pero también luces. Cuando esas sombras son nubarrones de indecencia, las luces del gran hombre brillan algo más apagadas...
El gran escritor español asevera que en Celine convivían la más excelsa empresa creativa y la peor labor panfletaria, "pero importa deslindar una de otra". Me parece que importa más bien lo contrario. Una cosa es que sean deslindables mediante un ejercicio lógico de abstracción y otra que deban serlo en la vida real y en el juicio práctico que esta nos merezca. Precisamente por no ser obligatorios los demás valores son separables unos de otros..., pero no el moral, que siempre habrá que rastrear allí donde comparezca el hombre. Si separamos en un ser humano lo excelente de lo indecente, nos quedará tan solo una excelencia abstracta.
De suerte que, al delimitarlos, nos ahorramos el escabroso problema que suscita la coexistencia en alguien o en su obra de valores tan enfrentados. Se sobreentiende entonces que lo admirable y lo aborrecible resultan incomparables por ser nada más que diferentes. O sea, como diría hoy el sobado tópico, que "no son ni mejor ni peor, sino simplemente distintos". Pero el caso es que, aun cuando a menudo sus portadores huyamos de la comparación, los valores quieren ser comparados...
Tal vez se vea más claro mirando hacia otro ángulo de la cuestión. Una vez desprendidos de su brutal cometido de acabar con la vida de un hombre, ciertos asesinatos podrían contemplarse como obras de arte y el asesino como un artista. ¿Diremos entonces que conviene discernir un aspecto del otro y juzgar cada uno por separado, como si el aspecto criminal no rozara ni empañara su aspecto estético? El genocidio judío en los campos de exterminio ha sido calificado también de una sumamente ingeniosa obra de ingeniería. ¿Nos atreveríamos a valorar esa ingeniería al margen de la doctrina que la justificó y de la matanza que produjo?
Suena, pues, a escapatoria concluir que una obra maestra "no se sujeta a corrección alguna". Si le quitamos a esa corrección su peyorativa carga semántica del presente, ¿habrá que disculpar a un gran artista de no atenerse a exigencias éticas, si para él los valores estéticos están por encima de cualesquiera otros? ¿Acaso tal rebeldía creativa carecerá de esos límites que no cabe rebasar sin que lo atractivo amenace convertirse en repugnante?
Al artista no se le pide nada que no debamos pedir a todo ser humano: que sea fiel a su humanidad. Porque la Humanidad no requiere tanto genios como hombres buenos. Se enriquece sin duda con los grandes creadores, pero más aún con los hombres dispuestos a llevar una vida justa.
(Artículo de Aurelio Arteta, publicado en "El País" el 11 de junio de 2011)
Es lo que yo defendía en otro artículo anterior, La lección del 'caso Celine' (19 de marzo), al que -seguramente sin advertirlo- Goytisolo estaba replicando. Allí sugerí algunas tesis a sabiendas de que iban a sonar de modo harto chocante al oído contemporáneo. Creo que en la escala de valores el moral ocupa la cumbre y que su ausencia notoria en una persona rebaja la altura de otros valores que pueda albergar. Que así ocurre lo revela nuestro irrefrenable escándalo ante la coincidencia en el mismo individuo de una enorme altura literaria o artística y de deplorable bajeza moral. ¿O alguien negará la incomodidad y paradoja que ello le suscita?
Y es que, frente a los demás valores, lo peculiar del moral estriba en ser universalmente exigible si queremos vivir una vida propiamente humana. Lo recordaba yo en mi artículo y lo repite Goytisolo en el suyo cuando reitera el desprecio que merece Quevedo "desde el punto de vista... de la honradez exigible a una persona". Que la honradez sea una demanda universal no significa que haya de ser el criterio preeminente para evaluar al artista o al científico como tales. Es un requisito, eso sí, para emitir un juicio más completo sobre su persona. Por eso admiramos el genio poético de un Quevedo, aunque le prestaríamos mayor devoción todavía si tan inmenso poeta no hubiera estado aquejado de "racismo, antisemitismo, misoginia y homofobia". Puede ser engañoso limitarse a decir que un gran hombre tiene luces y sombras, o que tiene sombras pero también luces. Cuando esas sombras son nubarrones de indecencia, las luces del gran hombre brillan algo más apagadas...
El gran escritor español asevera que en Celine convivían la más excelsa empresa creativa y la peor labor panfletaria, "pero importa deslindar una de otra". Me parece que importa más bien lo contrario. Una cosa es que sean deslindables mediante un ejercicio lógico de abstracción y otra que deban serlo en la vida real y en el juicio práctico que esta nos merezca. Precisamente por no ser obligatorios los demás valores son separables unos de otros..., pero no el moral, que siempre habrá que rastrear allí donde comparezca el hombre. Si separamos en un ser humano lo excelente de lo indecente, nos quedará tan solo una excelencia abstracta.
De suerte que, al delimitarlos, nos ahorramos el escabroso problema que suscita la coexistencia en alguien o en su obra de valores tan enfrentados. Se sobreentiende entonces que lo admirable y lo aborrecible resultan incomparables por ser nada más que diferentes. O sea, como diría hoy el sobado tópico, que "no son ni mejor ni peor, sino simplemente distintos". Pero el caso es que, aun cuando a menudo sus portadores huyamos de la comparación, los valores quieren ser comparados...
Tal vez se vea más claro mirando hacia otro ángulo de la cuestión. Una vez desprendidos de su brutal cometido de acabar con la vida de un hombre, ciertos asesinatos podrían contemplarse como obras de arte y el asesino como un artista. ¿Diremos entonces que conviene discernir un aspecto del otro y juzgar cada uno por separado, como si el aspecto criminal no rozara ni empañara su aspecto estético? El genocidio judío en los campos de exterminio ha sido calificado también de una sumamente ingeniosa obra de ingeniería. ¿Nos atreveríamos a valorar esa ingeniería al margen de la doctrina que la justificó y de la matanza que produjo?
Suena, pues, a escapatoria concluir que una obra maestra "no se sujeta a corrección alguna". Si le quitamos a esa corrección su peyorativa carga semántica del presente, ¿habrá que disculpar a un gran artista de no atenerse a exigencias éticas, si para él los valores estéticos están por encima de cualesquiera otros? ¿Acaso tal rebeldía creativa carecerá de esos límites que no cabe rebasar sin que lo atractivo amenace convertirse en repugnante?
Al artista no se le pide nada que no debamos pedir a todo ser humano: que sea fiel a su humanidad. Porque la Humanidad no requiere tanto genios como hombres buenos. Se enriquece sin duda con los grandes creadores, pero más aún con los hombres dispuestos a llevar una vida justa.
(Artículo de Aurelio Arteta, publicado en "El País" el 11 de junio de 2011)
INDIGNADOS Y ESCÈPTICOS.
LA indignación, como la libertad, no es patrimonio de nadie. Indignados están muchos millones de españoles —el 22 por ciento según el CIS— sin necesidad de formar parte del movimiento que ha empezado a usurpar el legítimo malestar social por la crisis y la pésima gestión que de ella hace la clase dirigente. Por eso quienes de verdad y buena fe convirtieron esta movilización en un interesante fenómeno de protesta popular deberían ser los más interesados en evitar que su causa caiga en manos de un grupo de radicales propensos a la exaltación y la algarada. La amplia simpatía que despertó la revuelta se está trocando en rechazo o distancia ante la okupaciónchabolística de espacios públicos urbanos, y corre el riesgo de diluirse del todo si aumentan los episodios de marginalidad antisistema. A veces da la impresión de que ante el decaimiento de la atención mediática, los resistentes que se han apoderado de la titularidad del motín tratan de recuperar protagonismo mediante una estrategia de provocación que busca titulares de telediario tratando de forzar una represión violenta en la que crecerse.
La asonada de la otra noche ante el Congreso se deslizó por una peligrosa pendiente antidemocrática al cuestionar nada menos que la soberanía del Parlamento. Unos cientos de personas que sólo se representan a sí mismas no pueden impugnar la representatividad de unos diputados limpia y libremente elegidos por treinta millones de ciudadanos. Han confundido la crítica al mal ejercicio de la función representativa, que ciertamente deja mucho que desear, con la refutación del principio esencial del régimen democrático. De ahí a romper las urnas, o a negar su legitimidad, hay muy poco trecho. Un trecho que en todo caso no parece dispuesta a recorrer la mayoría de los ciudadanos, por muy indignada o cabreada que se halle.
Otra cosa es el desafecto popular ante una dirigencia pública que no entiende a la gente, y a la que lo único que preocupa del movimiento crítico es su capacidad de desestabilización y el modo de utilizarla en beneficio propio. Mientras los políticos hacen del 15-M un análisis de impacto electoral o estudian la manera de apropiarse de su potencial como fuerza de choque, está creciendo un virus social nihilista, con alta capacidad de desestabilización, que empieza a descreer del sistema en sí mismo. Ése es el verdadero riesgo. La cohesión democrática no cruje por unas manifestaciones de extremistas, sino por ese silencioso 22 por ciento —y a más— que está dejando de confiar en los mecanismos institucionales por falta de ejemplaridad y de eficacia. Esa proporción de escépticos se parece demasiado a la tasa de paro. Y para convencerlos no basta con pedagogía política; la mejor defensa de la democracia es lograr que funcione.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 10 de junio de 2011)
NO HAY DERROTAS DEFINITIVAS.
Con la victoria de los conservadores en Portugal apenas quedan países con Gobiernos de izquierda en Europa. Pero que el partido ganador se llame Partido Social Demócrata recuerda que hubo un tiempo no tan lejano en que la derecha tuvo que adoptar denominaciones como esa para poder competir. Lo que a su vez relativiza un tanto la idea de que estamos asistiendo al agotamiento definitivo del ciclo socialdemócrata; hay un cambio de tendencia iniciado a mediados de la década pasada, pero los ha habido otras veces en ambos sentidos sin que nunca fueran definitivos.
Una visión desapasionada de la evolución electoral de los principales países en las últimas décadas revela que el deseo de alternancia es tan determinante para el votante como pueda serlo el programa o el liderazgo, con el resultado de un equilibrio entre Gobiernos de derecha y de izquierda.
Si democracia es un sistema político que "permite derrocar al Gobierno sin derramamiento de sangre, mediante una votación", según la definición escueta pero exacta de Karl Popper, hay que concluir que cumple lo que promete.
En la más vieja democracia, la británica, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la reciente victoria de Cameron, los conservadores habían ganado en ocho de las 15 elecciones generales celebradas, y los laboristas en otras tantas, aunque los primeros gobernaron seis años más. Con la particularidad de que a las tres victorias consecutivas de Margaret Thatcher (más una cuarta de su sucesor, John Major, lo que supuso 18 años consecutivos de Gobierno conservador, el triple de la permanencia media de cada uno de los dos grandes partidos) siguieron otras tres victorias consecutivas del laborista Tony Blair.
En Alemania, como en los otros dos países del Eje, Italia y Japón, el partido que ganó las primeras elecciones de postguerra se mantuvo por largos años en el poder. La Democracia Cristiana alemana, durante dos décadas, entre 1949 y 1969. Pero a partir del primer triunfo socialdemócrata, el SPD ganó las elecciones en cinco ocasiones (1969, 1974, 1980, 1998, 2002) y en seis, la CDU (1983, 1987, 1990, 1994, 2005, 2009).
En la Francia de la V República, con una Constitución tallada a la medida del gaullismo, el centro-derecha gobernó ininterrumpidamente entre 1958 y 1981; pero desde la primera victoria del socialista Mitterrand, hace 30 años, hasta hoy ha habido presidente socialista durante 14 años (1981-1995) y de centro-derecha durante 15. En ese mismo periodo, el centro-derecha ha ganado seis elecciones legislativas y el centro-izquierda otras seis, con la particularidad de que en dos ocasiones (en 1986 y en 1997) ha habido cohabitación entre presidente de izquierda y Gobierno de derecha, o viceversa. Pero lo más llamativo de estos años viene siendo la inclinación del electorado francés por el cambio de preferencias de una elección a la siguiente, sea cual sea su ámbito territorial.
En Italia, la Democracia Cristiana, en solitario o con aliados menores, gobernó ininterrumpidamente entre 1948 y los años 80, pero tras la crisis del sistema, a comienzos de los 90, la nueva derecha, representada por Berlusconi, se ha alternado con combinaciones diversas de centro- izquierda (con Amato, D'Alema o Prodi).
En fin, fuera de Europa es también llamativo que en 13 de las 26 elecciones celebradas en Estados Unidos en los 100 años que van de 1908 a la elección de Obama en 2008, vencieron los demócratas y en otras 13 los republicanos.
¿Y en España? Hasta la victoria de Zapatero en 2004 había un equilibrio entre los 13 años y medio de Gobiernos de centro-derecha (los presididos por Suárez, Calvo-Sotelo y Aznar) y los 13 años y medio de Felipe González. Para volver a ese equilibrio, el PP tendría que ganar las dos próximas elecciones. Si lo hace en 2012, se producirá una novedad: será la primera vez que España se alinee con la mayoría de países de la UE: cuando ganó Felipe González, la derecha dominaba ampliamente, y cuando lo hizo Aznar, era la izquierda la que marcaba el paso: en 1998, 13 de los 15 Gobiernos de la Unión, incluyendo los de Berlín, Londres, París y Roma, tenían Gobierno de izquierda, y se hablaba del agotamiento del ciclo liberal con el mismo énfasis con que ahora se diagnostica el colapso de la socialdemocracia. Pero ya se ve que, mientras haya posibilidad de votar, ninguna derrota es definitiva; ni ninguna victoria.
"Nuestros sueños no caben en vuestras urnas", proclamaba estos días un letrero de los acampados en la Plaza de Cataluña de Barcelona. Es una hermosa queja que sin embargo parte de un malentendido: la democracia no sirve para dar la felicidad; sus fines son más modestos: elegir a los gobernantes por un periodo limitado. Posibilidad que solo se valora cuando no se tiene o hay peligro de perderla.
(Artículo de Patxo Unzueta, publicado en "El País" el 9 de junio de 2011)
Una visión desapasionada de la evolución electoral de los principales países en las últimas décadas revela que el deseo de alternancia es tan determinante para el votante como pueda serlo el programa o el liderazgo, con el resultado de un equilibrio entre Gobiernos de derecha y de izquierda.
Si democracia es un sistema político que "permite derrocar al Gobierno sin derramamiento de sangre, mediante una votación", según la definición escueta pero exacta de Karl Popper, hay que concluir que cumple lo que promete.
En la más vieja democracia, la británica, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la reciente victoria de Cameron, los conservadores habían ganado en ocho de las 15 elecciones generales celebradas, y los laboristas en otras tantas, aunque los primeros gobernaron seis años más. Con la particularidad de que a las tres victorias consecutivas de Margaret Thatcher (más una cuarta de su sucesor, John Major, lo que supuso 18 años consecutivos de Gobierno conservador, el triple de la permanencia media de cada uno de los dos grandes partidos) siguieron otras tres victorias consecutivas del laborista Tony Blair.
En Alemania, como en los otros dos países del Eje, Italia y Japón, el partido que ganó las primeras elecciones de postguerra se mantuvo por largos años en el poder. La Democracia Cristiana alemana, durante dos décadas, entre 1949 y 1969. Pero a partir del primer triunfo socialdemócrata, el SPD ganó las elecciones en cinco ocasiones (1969, 1974, 1980, 1998, 2002) y en seis, la CDU (1983, 1987, 1990, 1994, 2005, 2009).
En la Francia de la V República, con una Constitución tallada a la medida del gaullismo, el centro-derecha gobernó ininterrumpidamente entre 1958 y 1981; pero desde la primera victoria del socialista Mitterrand, hace 30 años, hasta hoy ha habido presidente socialista durante 14 años (1981-1995) y de centro-derecha durante 15. En ese mismo periodo, el centro-derecha ha ganado seis elecciones legislativas y el centro-izquierda otras seis, con la particularidad de que en dos ocasiones (en 1986 y en 1997) ha habido cohabitación entre presidente de izquierda y Gobierno de derecha, o viceversa. Pero lo más llamativo de estos años viene siendo la inclinación del electorado francés por el cambio de preferencias de una elección a la siguiente, sea cual sea su ámbito territorial.
En Italia, la Democracia Cristiana, en solitario o con aliados menores, gobernó ininterrumpidamente entre 1948 y los años 80, pero tras la crisis del sistema, a comienzos de los 90, la nueva derecha, representada por Berlusconi, se ha alternado con combinaciones diversas de centro- izquierda (con Amato, D'Alema o Prodi).
En fin, fuera de Europa es también llamativo que en 13 de las 26 elecciones celebradas en Estados Unidos en los 100 años que van de 1908 a la elección de Obama en 2008, vencieron los demócratas y en otras 13 los republicanos.
¿Y en España? Hasta la victoria de Zapatero en 2004 había un equilibrio entre los 13 años y medio de Gobiernos de centro-derecha (los presididos por Suárez, Calvo-Sotelo y Aznar) y los 13 años y medio de Felipe González. Para volver a ese equilibrio, el PP tendría que ganar las dos próximas elecciones. Si lo hace en 2012, se producirá una novedad: será la primera vez que España se alinee con la mayoría de países de la UE: cuando ganó Felipe González, la derecha dominaba ampliamente, y cuando lo hizo Aznar, era la izquierda la que marcaba el paso: en 1998, 13 de los 15 Gobiernos de la Unión, incluyendo los de Berlín, Londres, París y Roma, tenían Gobierno de izquierda, y se hablaba del agotamiento del ciclo liberal con el mismo énfasis con que ahora se diagnostica el colapso de la socialdemocracia. Pero ya se ve que, mientras haya posibilidad de votar, ninguna derrota es definitiva; ni ninguna victoria.
"Nuestros sueños no caben en vuestras urnas", proclamaba estos días un letrero de los acampados en la Plaza de Cataluña de Barcelona. Es una hermosa queja que sin embargo parte de un malentendido: la democracia no sirve para dar la felicidad; sus fines son más modestos: elegir a los gobernantes por un periodo limitado. Posibilidad que solo se valora cuando no se tiene o hay peligro de perderla.
(Artículo de Patxo Unzueta, publicado en "El País" el 9 de junio de 2011)
DESALOJO.
SÓLO en las cinco diputaciones andaluzas que ha perdido el PSOE hay más de quinientos cargos de libre designación, que el PP deberá reducir, según sus promesas, a una cuarta parte. En la comunidad de Castilla-La Mancha asciende a más del triple el número de puestos discrecionales, sin contar la masa laboral contratada —no funcionaria— de las empresas públicas. Y lo mismo ocurre en los ayuntamientos que van a cambiar de gobierno a consecuencia del tsunami electoral de mayo; en el de Sevilla, uno de los más inflacionarios de España en empleo artificial, existe incluso un asombroso gabinete técnico de la Presidencia del Pleno, con su correspondiente dotación de personal encargado de asesorar la extenuante tarea del concejal que dirige —¡una vez al mes!— las sesiones de la corporación. Con esta pléyade de estampillados, el relevo de poder se va a convertir en una escabechina si los entrantes cumplen su programa de adelgazamiento burocrático. La trama clientelar encastrada en las instituciones de larga dominancia socialista otorga a la derrota un rango de shock colectivo: no sólo supone un trauma político sino una multitudinaria experiencia dramática.
Es el problema de haber transformado la política en un modo de vida. El poder en España es una industria de la que dependen miles de empleos directos y muchos más indirectos a través de cientos de programas de actividades subvencionadas. Sólo que, aunque a menudo sus beneficiarios tienden a olvidarlo, se trata de una industria con alto índice de estacionalidad intrínseca. Para evitar los perniciosos vaivenes del turnismo se dotó de estabilidad a los funcionarios públicos en un intento de preservar su independencia, pero los aparatos de partido han soslayado el inconveniente creando enormes superestructuras administrativas paralelas compuestas por el llamado «personal de confianza». Es decir, correligionarios, miembros de la tribu adscritos al presupuesto por militancia o afinidad ideológica. Parientes políticos, en sentido tanto literal como figurado.
Esa altísima tasa de discrecionalidad transforma las elecciones en una batalla por la supervivencia, mucho más cruda en época de contracción del mercado de trabajo. Y forma parte de un oculto argumentario partidista que nunca aflora en la retórica oficial. Cuando el Gobierno anuncia su intención de agotar la legislatura contra la lógica de su propia extenuación política apela a razones de estabilidad de la gobernanza, pero está protegiendo también diez nóminas mensuales de miles de cargos públicos incrustados en la fontanería institucional. Los partidos funcionan como gigantescas oficinas de empleo y en cada coyuntura electoral se juegan un ERE masivo y despiadado. Por eso en este áspero debate del desalojo municipal y autonómico lo que subyace no es el montante de la deuda heredada sino el amargo resquemor de los privilegios perdidos.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 8 de junio de 2011)
LA UE VIGILARÁ QUE LOS PAÍSES LUCHEN CONTRA LA CORRUPCIÓN.
La Comisión Europea ha creado un nuevo mecanismo de vigilancia con el objetivo de supervisar si los Estados miembros realizan suficientes esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Bruselas pretende lograr un mayor compromiso político de los Gobiernos en el combate contra este delito, que tiene un coste anual de 120.000 millones de euros para la economía de la UE (el 1% del PIB).
"La lucha contra la corrupción debe recibir atención prioritaria", ha dicho la comisaria de Interior, Cecilia Malmström. "En mi opinión, entre los políticos y los responsables de la toma de decisiones no existe determinación suficiente para luchar contra este delito", ha denunciado.
El nuevo mecanismo consistirá en un Informe Anticorrupción de la UE, que se publicará cada dos años a partir de 2013. El informe identificará las tendencias y las deficiencias que se deban corregir y estimulará el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas, según Bruselas. Estará basado en información procedente de fuentes diversas, como los mecanismos existentes de supervisión (por el Consejo de Europa, la OCDE y las Naciones Unidas), expertos independientes, partes interesadas y la sociedad civil.
En paralelo, el Ejecutivo comunitario quiere que la UE negocie su participación en el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) con el fin de generar sinergias entre ambos mecanismos.
Según Malmström, el Informe "puede generar voluntad política para que se tomen medidas, ofreciendo una imagen nítida de la labor y los logros de la lucha anticorrupción y señalando también los puntos débiles y los fallos existentes en los 27 Estados miembros de la UE".
El Ejecutivo comunitario ha anunciado además un paquete de medidas que irá adoptando en los próximos meses para reforzar la lucha contra la corrupción. Entre ellas, propondrá nuevas normas de la UE en relación con la confiscación de los productos del delito, una estrategia de mejora de las investigaciones sobre los delitos financieros en 2012 y un plan de acción relativo a la mejora de las estadísticas sobre los delitos.
La Comisión, en colaboración con la OLAF y con otras agencias de la UE, como Europol, intensificará la cooperación policial y judicial y mejorará la formación de los agentes de las fuerzas de seguridad. Asimismo hará propuestas para modernizar las normas de la UE en materia de contratación pública, normas de auditoría y fiscalización reglamentaria de las empresas de la UE.
En 2011 adoptará también una estrategia para combatir los fraudes que dañan los intereses financieros de la UE. Al mismo tiempo, Bruselas prestará mayor atención a los aspectos relacionados con la lucha anticorrupción en el marco del proceso de ampliación de la UE y de la política de vecindad.
(Información extraída de diarioabierto.es)
"La lucha contra la corrupción debe recibir atención prioritaria", ha dicho la comisaria de Interior, Cecilia Malmström. "En mi opinión, entre los políticos y los responsables de la toma de decisiones no existe determinación suficiente para luchar contra este delito", ha denunciado.
El nuevo mecanismo consistirá en un Informe Anticorrupción de la UE, que se publicará cada dos años a partir de 2013. El informe identificará las tendencias y las deficiencias que se deban corregir y estimulará el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas, según Bruselas. Estará basado en información procedente de fuentes diversas, como los mecanismos existentes de supervisión (por el Consejo de Europa, la OCDE y las Naciones Unidas), expertos independientes, partes interesadas y la sociedad civil.
En paralelo, el Ejecutivo comunitario quiere que la UE negocie su participación en el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) con el fin de generar sinergias entre ambos mecanismos.
Según Malmström, el Informe "puede generar voluntad política para que se tomen medidas, ofreciendo una imagen nítida de la labor y los logros de la lucha anticorrupción y señalando también los puntos débiles y los fallos existentes en los 27 Estados miembros de la UE".
El Ejecutivo comunitario ha anunciado además un paquete de medidas que irá adoptando en los próximos meses para reforzar la lucha contra la corrupción. Entre ellas, propondrá nuevas normas de la UE en relación con la confiscación de los productos del delito, una estrategia de mejora de las investigaciones sobre los delitos financieros en 2012 y un plan de acción relativo a la mejora de las estadísticas sobre los delitos.
La Comisión, en colaboración con la OLAF y con otras agencias de la UE, como Europol, intensificará la cooperación policial y judicial y mejorará la formación de los agentes de las fuerzas de seguridad. Asimismo hará propuestas para modernizar las normas de la UE en materia de contratación pública, normas de auditoría y fiscalización reglamentaria de las empresas de la UE.
En 2011 adoptará también una estrategia para combatir los fraudes que dañan los intereses financieros de la UE. Al mismo tiempo, Bruselas prestará mayor atención a los aspectos relacionados con la lucha anticorrupción en el marco del proceso de ampliación de la UE y de la política de vecindad.
(Información extraída de diarioabierto.es)
LA REBELIÓN DE LAS ÉLITES.
El Gobierno, trasponiendo una directiva comunitaria, ha regulado el sueldo de los banqueros tratando de evitar incentivos perversos que animen a los directivos a asumir riesgos que pongan en peligro las entidades. Tardía reforma de un aspecto -los emolumentos de los más altos ejecutivos- que ha causado alarma social a los perdedores de la crisis económica, que son casi todos los ciudadanos: las rentas de los grandes directivos ha pasado en el periodo de la Gran Recesión, como media, de 40 a 400 veces el salario medio.
Entre los analistas no hay consenso en el elemento esencial para explicar el origen de esta crisis: unos afirman que la desregulación de los mercados financieros; otros escogen como culpables las bajas tasas de interés de la Reserva Federal, que incentivaron la toma de créditos y la búsqueda de riesgos elevados para obtener una mayor rentabilidad; los terceros eligen el riesgo moral asociado a la creencia de que las grandes entidades bancarias serían rescatadas en caso de dificultades (como así fue, excepto Lehman Brothers).
Y hay otros que entienden que la crisis fue provocada por quienes persiguiendo su exclusivo beneficio a corto plazo hicieron de las finanzas y del mundo de la empresa un coto privado opaco sin relación con la economía real.
Entre los cercanos a esta última teoría está Alain Touraine, quien en su última obra (Después de la crisis. Paidós) escribe que el comportamiento de los muy ricos, dominado por la obsesión de ordeñar los beneficios máximos, desempeñó y sigue desempeñando el papel principal en la disgregación del sistema social, es decir, "de toda posibilidad de intervención del Estado o de los asalariados en el funcionamiento de la economía".
El sociólogo francés es muy crítico con el enriquecimiento personal de los altos directivos: no existe nada en común entre los golden boys y el resto de los trabajadores, ya que mientras los primeros trabajan para quedarse con los beneficios, los demás demandan subidas salariales del 1% o del 2%.
Lo que caracteriza a la sociedad presente es que las intervenciones masivas de los Gobiernos permitieron la recuperación de los beneficios de los bancos mientras que el elevado paro generado solo disminuirá mucho tiempo después del relanzamiento de las economías. Si no existe más capacidad que la citada de intervención de una autoridad central política que se esfuerce en oponerse a la dominación de los más ricos y en mantener cierta compatibilidad entre los intereses opuestos, ya no puede hablarse de democracia.
Touraine actualiza así el concepto de rebelión de las élites, acuñado hace más de tres lustros por el historiador y sociólogo Christopher Lasch, que define el momento en el que grupos privilegiados de actores económicos y políticos, representantes de los sectores más aventajados de las sociedades, se liberan de la suerte de la mayoría y dan por concluido de modo unilateral el contrato social que los une como ciudadanos. Al aislarse en sus redes y en sus enclaves de bienestar -en su mundo- esas élites abandonan al resto de las clases sociales a su albur, fragmentan los Estados y traicionan la idea de una democracia concebida por todos los ciudadanos.
La rebelión de las élites erosiona el capital social como argamasa que mantiene unida a la sociedad. Existe un acuerdo no escrito entre los ciudadanos, sus élites y el Estado que se ha denominado contrato social. Este contrato, dice Lasch, exige la provisión de protecciones sociales y económicas básicas, incluyendo oportunidades razonables de empleo: un cierto grado de seguridad por el mero hecho de ser ciudadano (la ciudadanía económica). Una parte de ese contrato social contemplaba una cierta equidad: que los pobres compartirían las ganancias cuando la economía crece y que los ricos se distribuirían parte de las penurias sociales en las recesiones.
Krugman ha hablado de "la imprudencia de las élites" en otro sentido pero en la misma dirección: las políticas que han multiplicado el paro y empobrecido a las clases medias fueron abanderadas por pequeños grupos de personas influyentes, "en muchos casos las mismas personas que ahora nos dan lecciones a los demás sobre la necesidad de ponernos serios".
Y al tratar de echar la culpa a los ciudadanos comunes, las élites están eludiendo algunas reflexiones muy necesarias sobre sus propios errores catastróficos.
(Artículo de Joaquín Estefanía, publicado en "El País" el 6 de junio de 2011)
Entre los analistas no hay consenso en el elemento esencial para explicar el origen de esta crisis: unos afirman que la desregulación de los mercados financieros; otros escogen como culpables las bajas tasas de interés de la Reserva Federal, que incentivaron la toma de créditos y la búsqueda de riesgos elevados para obtener una mayor rentabilidad; los terceros eligen el riesgo moral asociado a la creencia de que las grandes entidades bancarias serían rescatadas en caso de dificultades (como así fue, excepto Lehman Brothers).
Y hay otros que entienden que la crisis fue provocada por quienes persiguiendo su exclusivo beneficio a corto plazo hicieron de las finanzas y del mundo de la empresa un coto privado opaco sin relación con la economía real.
Entre los cercanos a esta última teoría está Alain Touraine, quien en su última obra (Después de la crisis. Paidós) escribe que el comportamiento de los muy ricos, dominado por la obsesión de ordeñar los beneficios máximos, desempeñó y sigue desempeñando el papel principal en la disgregación del sistema social, es decir, "de toda posibilidad de intervención del Estado o de los asalariados en el funcionamiento de la economía".
El sociólogo francés es muy crítico con el enriquecimiento personal de los altos directivos: no existe nada en común entre los golden boys y el resto de los trabajadores, ya que mientras los primeros trabajan para quedarse con los beneficios, los demás demandan subidas salariales del 1% o del 2%.
Lo que caracteriza a la sociedad presente es que las intervenciones masivas de los Gobiernos permitieron la recuperación de los beneficios de los bancos mientras que el elevado paro generado solo disminuirá mucho tiempo después del relanzamiento de las economías. Si no existe más capacidad que la citada de intervención de una autoridad central política que se esfuerce en oponerse a la dominación de los más ricos y en mantener cierta compatibilidad entre los intereses opuestos, ya no puede hablarse de democracia.
Touraine actualiza así el concepto de rebelión de las élites, acuñado hace más de tres lustros por el historiador y sociólogo Christopher Lasch, que define el momento en el que grupos privilegiados de actores económicos y políticos, representantes de los sectores más aventajados de las sociedades, se liberan de la suerte de la mayoría y dan por concluido de modo unilateral el contrato social que los une como ciudadanos. Al aislarse en sus redes y en sus enclaves de bienestar -en su mundo- esas élites abandonan al resto de las clases sociales a su albur, fragmentan los Estados y traicionan la idea de una democracia concebida por todos los ciudadanos.
La rebelión de las élites erosiona el capital social como argamasa que mantiene unida a la sociedad. Existe un acuerdo no escrito entre los ciudadanos, sus élites y el Estado que se ha denominado contrato social. Este contrato, dice Lasch, exige la provisión de protecciones sociales y económicas básicas, incluyendo oportunidades razonables de empleo: un cierto grado de seguridad por el mero hecho de ser ciudadano (la ciudadanía económica). Una parte de ese contrato social contemplaba una cierta equidad: que los pobres compartirían las ganancias cuando la economía crece y que los ricos se distribuirían parte de las penurias sociales en las recesiones.
Krugman ha hablado de "la imprudencia de las élites" en otro sentido pero en la misma dirección: las políticas que han multiplicado el paro y empobrecido a las clases medias fueron abanderadas por pequeños grupos de personas influyentes, "en muchos casos las mismas personas que ahora nos dan lecciones a los demás sobre la necesidad de ponernos serios".
Y al tratar de echar la culpa a los ciudadanos comunes, las élites están eludiendo algunas reflexiones muy necesarias sobre sus propios errores catastróficos.
(Artículo de Joaquín Estefanía, publicado en "El País" el 6 de junio de 2011)
¿REGENERACIÓN?
EN 1943, uno de esos excéntricos ingleses enamorados de España, Gerald Brenan, escribió un libro magnífico, paso obligado en la maduración política de la generación que hizo la transición: «El laberinto español». A medio camino entre el mejor periodismo y el ensayo, Brenan iba desgranando los muchos eslabones del laberinto que había llevado a la Guerra Civil: el problema de la tierra y los jornaleros, el problema obrero, los anarquistas, la Iglesia y el Ejército, la Monarquía o la República y, por supuesto, los nacionalismos.
Pues bien, de (casi) todo ello se dio debida cuenta en la transición a la democracia, y así, a comienzos de este nuevo siglo España podía vanagloriarse de haber disfrutado del más largo periodo histórico de libertad política, prosperidad económica y seguridad colectiva. En más de una ocasión he escrito que cuando los historiadores del futuro analicen los treinta primeros años de la democracia española concluirán que el reinado de Juan Carlos I fue el periodo más brillante de la historia moderna de España y puede incluso que el periodo más brillante de la historia de España tout court.
Lo que no sabía entonces es que eso mismo piensan los españoles. Como muestra una reciente encuesta de J. J. Toharia, nada menos que un 72 por ciento cree que, «con todos sus posibles defectos e insuficiencias, la actual democracia constituye el período en que mejor ha estado nuestro país en su historia», opinión que se extiende uniformemente por toda la sociedad española. Lo reitero para que conste en toda su rotundidad: el período en que mejor ha estado nuestro país en toda su historia. No se puede decir más alto y claro.
La sabiduría popular aconseja no arreglar lo que funciona. Y sin embargo, en lugar de asentar lo mucho conseguido, España se lanzó a una revisión, no sé si total pero desde luego muy profunda, en una supuesta «segunda transición» que debía solucionar las «traiciones» de la primera. No voy a entrar en su descripción, bien conocida, pero el resultado de esta estrategia de desmantelamiento del proyecto de la transición es que hoy España se encuentra, entre anonadada y perpleja, zarandeada por al menos tres serias crisis.
Para comenzar por la más urgente, una crisis económica y de modelo productivo de la que no acabamos de salir (de hecho, no acabamos de tocar fondo), sin duda la más perentoria y la que afecta más el bienestar inmediato de los ciudadanos. En segundo lugar, una crisis de modelo de Estado y administración, una crisis de gobernabilidad, con un Estado fragmentado, un ejecutivo de bajísima calidad, un legislativo esclerótico, un judicial politizado, y todo ello monopolizado por los partidos políticos que segregan una democracia de muy baja calidad.
Y entre media de estas dos, en parte como efecto de la segunda pero reforzando ambas, una crisis de liderazgo político y de modo de hacer política. Llevo décadas analizando sondeos de opinión y jamás he visto peor valoración de los políticos y sus partidos (y recientemente de los sindicatos). Si antes señalaba que la transición es motivo de orgullo para los españoles (para ocho de cada diez), el pasado se contrasta con un presente en el que nueve de cada diez aseguran que los partidos políticos «han abandonado el espíritu de consenso de la Transición y sólo piensan en sus exclusivos intereses partidistas». Mala cuestión esta: quienes tienen que resolver los problemas de los españoles son ellos mismos uno de los dos principales problemas, como el CIS lleva señalando hace ya un par de años.
Casi lo teníamos ya, y se nos está escapando. En menos de una década hemos pasado de modelo de economía y de sociedad, creatividad, innovación y vanguardia, a ser uno de los PIGS, el que puede hundir el euro y con él al dólar, el security riskde la economía mundial. De ejemplo de rigor fiscal a ejemplo de despilfarro y endeudamiento; de modelo de creación de trabajo a caso único de desempleo masivo; de país dinámico a país rígido y encorsetado, incapaz de abordar las reformas. Y podría continuar, por ejemplo, de modelo de descentralización a contramodelo.
Hace pocos meses desde estas mismas páginas se recordaba al Silvela de 1898: país sin pulso, se apuntaba, silencio de los intelectuales, apatía ciudadana. No lo creo pero a la historia le divierte jugar con las fechas, y justo cuando conmemoramos el centenario de la muerte en 1911 de Joaquín Costa, el padre del regeneracionismo español (en buena medida una protesta contra el bipartidismo canovista), y a pocos años del centenario de su magnum opus, «Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España» (1901), hete aquí que sus ideas reaparecen de modo natural bajo el paraguas de la «regeneración».
Por supuesto regeneración política es lo que demanda el Movimiento del 15M, decepcionado con el socialismo (pero también con el PP, aunque menos) que, a pesar de su ingenuidad juvenil, algarabía de mensajes, y notable torpeza política asamblearia, es una llamada de atención que, en buena parte de sus propuestas, contaba con el beneplácito de muchos ciudadanos. Al menos hasta que la «democracia real» se manifestó el 22M. Pero regeneración es también lo que piden los ocho millones y medio millones de españoles que han votada al PP, el medio millón que votó a Rosa Díaz y otros grupos minoritarios y, por supuesto, el voto de protesta por antonomasia: los nada menos que 600.000 ciudadanos que se molestaron en votar en blanco.
No es pues de sorprender que ecos de esta misma «indignación» se escuchen en la misma sociedad civil madura, y en muy pocos meses he asistido personalmente al estallido de un proyecto regenerador tras otro. El «Transforma España» de la Fundación Everis, sin duda el que ha tenido más impacto; otro texto importante editado por el Colegio Libre de Eméritos; un tercer informe del Foro de la Sociedad Civil, que presentamos hace un par de semanas; un cuarto editado por la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, «Pulso de España 2010», con un interesantísimo sondeo de opinión (y del que he tomado los datos anteriores), que también tuve la oportunidad de presentar. Añadamos varias auditorías de la democracia española, y aún podría citar otras iniciativas similares que verán la luz próximamente. De modo que no anda el diario ABC ayuno de apoyos cuando lanza su eslogan regenerador.
Corre prisa, mucha prisa. El mundo está cambiando a velocidad de vértigo y vamos a tener que competir mucho y duro en los próximos años. Sólo este pasado verano, el país que (según Zapatero) había sobrepasado a Italia y se aprestaba a sobrepasar a Francia, ha sido dejado atrás por Canadá, Rusia, India e Italia, cayendo así del octavo al duodécimo lugar en el ranking mundial del PIB (y seguiremos cayendo hasta el 16 ó 18, según estimaciones). Las reformas, urgentes, imprescindibles, la «regeneración» por la que el país clama, es sólo el primer paso, sólo la puesta a punto del atleta; luego debe salir a competir en la arena. De momento seguimos en observación en la UVI de los mercados.
(Artículo de Emilio Lamo de Espinosa, publicado en "ABC" el 5 de junio de 2011)
Pues bien, de (casi) todo ello se dio debida cuenta en la transición a la democracia, y así, a comienzos de este nuevo siglo España podía vanagloriarse de haber disfrutado del más largo periodo histórico de libertad política, prosperidad económica y seguridad colectiva. En más de una ocasión he escrito que cuando los historiadores del futuro analicen los treinta primeros años de la democracia española concluirán que el reinado de Juan Carlos I fue el periodo más brillante de la historia moderna de España y puede incluso que el periodo más brillante de la historia de España tout court.
Lo que no sabía entonces es que eso mismo piensan los españoles. Como muestra una reciente encuesta de J. J. Toharia, nada menos que un 72 por ciento cree que, «con todos sus posibles defectos e insuficiencias, la actual democracia constituye el período en que mejor ha estado nuestro país en su historia», opinión que se extiende uniformemente por toda la sociedad española. Lo reitero para que conste en toda su rotundidad: el período en que mejor ha estado nuestro país en toda su historia. No se puede decir más alto y claro.
La sabiduría popular aconseja no arreglar lo que funciona. Y sin embargo, en lugar de asentar lo mucho conseguido, España se lanzó a una revisión, no sé si total pero desde luego muy profunda, en una supuesta «segunda transición» que debía solucionar las «traiciones» de la primera. No voy a entrar en su descripción, bien conocida, pero el resultado de esta estrategia de desmantelamiento del proyecto de la transición es que hoy España se encuentra, entre anonadada y perpleja, zarandeada por al menos tres serias crisis.
Para comenzar por la más urgente, una crisis económica y de modelo productivo de la que no acabamos de salir (de hecho, no acabamos de tocar fondo), sin duda la más perentoria y la que afecta más el bienestar inmediato de los ciudadanos. En segundo lugar, una crisis de modelo de Estado y administración, una crisis de gobernabilidad, con un Estado fragmentado, un ejecutivo de bajísima calidad, un legislativo esclerótico, un judicial politizado, y todo ello monopolizado por los partidos políticos que segregan una democracia de muy baja calidad.
Y entre media de estas dos, en parte como efecto de la segunda pero reforzando ambas, una crisis de liderazgo político y de modo de hacer política. Llevo décadas analizando sondeos de opinión y jamás he visto peor valoración de los políticos y sus partidos (y recientemente de los sindicatos). Si antes señalaba que la transición es motivo de orgullo para los españoles (para ocho de cada diez), el pasado se contrasta con un presente en el que nueve de cada diez aseguran que los partidos políticos «han abandonado el espíritu de consenso de la Transición y sólo piensan en sus exclusivos intereses partidistas». Mala cuestión esta: quienes tienen que resolver los problemas de los españoles son ellos mismos uno de los dos principales problemas, como el CIS lleva señalando hace ya un par de años.
Casi lo teníamos ya, y se nos está escapando. En menos de una década hemos pasado de modelo de economía y de sociedad, creatividad, innovación y vanguardia, a ser uno de los PIGS, el que puede hundir el euro y con él al dólar, el security riskde la economía mundial. De ejemplo de rigor fiscal a ejemplo de despilfarro y endeudamiento; de modelo de creación de trabajo a caso único de desempleo masivo; de país dinámico a país rígido y encorsetado, incapaz de abordar las reformas. Y podría continuar, por ejemplo, de modelo de descentralización a contramodelo.
Hace pocos meses desde estas mismas páginas se recordaba al Silvela de 1898: país sin pulso, se apuntaba, silencio de los intelectuales, apatía ciudadana. No lo creo pero a la historia le divierte jugar con las fechas, y justo cuando conmemoramos el centenario de la muerte en 1911 de Joaquín Costa, el padre del regeneracionismo español (en buena medida una protesta contra el bipartidismo canovista), y a pocos años del centenario de su magnum opus, «Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España» (1901), hete aquí que sus ideas reaparecen de modo natural bajo el paraguas de la «regeneración».
Por supuesto regeneración política es lo que demanda el Movimiento del 15M, decepcionado con el socialismo (pero también con el PP, aunque menos) que, a pesar de su ingenuidad juvenil, algarabía de mensajes, y notable torpeza política asamblearia, es una llamada de atención que, en buena parte de sus propuestas, contaba con el beneplácito de muchos ciudadanos. Al menos hasta que la «democracia real» se manifestó el 22M. Pero regeneración es también lo que piden los ocho millones y medio millones de españoles que han votada al PP, el medio millón que votó a Rosa Díaz y otros grupos minoritarios y, por supuesto, el voto de protesta por antonomasia: los nada menos que 600.000 ciudadanos que se molestaron en votar en blanco.
No es pues de sorprender que ecos de esta misma «indignación» se escuchen en la misma sociedad civil madura, y en muy pocos meses he asistido personalmente al estallido de un proyecto regenerador tras otro. El «Transforma España» de la Fundación Everis, sin duda el que ha tenido más impacto; otro texto importante editado por el Colegio Libre de Eméritos; un tercer informe del Foro de la Sociedad Civil, que presentamos hace un par de semanas; un cuarto editado por la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, «Pulso de España 2010», con un interesantísimo sondeo de opinión (y del que he tomado los datos anteriores), que también tuve la oportunidad de presentar. Añadamos varias auditorías de la democracia española, y aún podría citar otras iniciativas similares que verán la luz próximamente. De modo que no anda el diario ABC ayuno de apoyos cuando lanza su eslogan regenerador.
Corre prisa, mucha prisa. El mundo está cambiando a velocidad de vértigo y vamos a tener que competir mucho y duro en los próximos años. Sólo este pasado verano, el país que (según Zapatero) había sobrepasado a Italia y se aprestaba a sobrepasar a Francia, ha sido dejado atrás por Canadá, Rusia, India e Italia, cayendo así del octavo al duodécimo lugar en el ranking mundial del PIB (y seguiremos cayendo hasta el 16 ó 18, según estimaciones). Las reformas, urgentes, imprescindibles, la «regeneración» por la que el país clama, es sólo el primer paso, sólo la puesta a punto del atleta; luego debe salir a competir en la arena. De momento seguimos en observación en la UVI de los mercados.
(Artículo de Emilio Lamo de Espinosa, publicado en "ABC" el 5 de junio de 2011)
YO EL COCHE OFICIAL, TÚ LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
“Si a los ciudadanos hay que pedirles que se aprieten el cinturón, la administración se lo tiene que apretar dos agujeros más.” -Javier Arenas, presidente del PP de Andalucía-.
Cuando en España se dice de alguien que lleva muchos años en política solemos usar la expresión: “Fulanito lleva treinta años sin bajarse del coche oficial”. Pocas imágenes representan mejor al cargo público entre nosotros que el vehículo con chófer. Sí, en otros países también hay, pero no tantos. Junto a Italia tenemos el mayor parque móvil de Europa. Por algo será.
El tema se presta a demagogia fácil, dicen algunos cada vez que se reabre el debate. Estos días, por ejemplo, cuando los nuevos gobiernos locales y regionales rivalizan por recortar el número de coches.
Hay algo de demagogia, es verdad, pues partimos de que los cargos públicos tienen necesidades de seguridad y transporte que a menudo se resuelven mejor con un coche oficial, y la alternativa puede acabar saliendo más cara (sobre todo si los conductores siguen en plantilla, los coches se conservan, y encima cogen más taxis). Pero eso no justifica el desmadre que hay en España, que además incluye otros muchos gastos “de representación”.
Otra crítica habitual es la del “chocolate del loro”: que recortes así son más efectistas que efectivos, pues el ahorro es escaso. Es verdad que ahorrar 130.000 euros al año en un ayuntamiento como el madrileño, con una deuda de 7.000 millones, es calderilla, pero por algo se empieza. Otra cosa es que, como pasa a menudo, las medidas de austeridad al final se queden en menos, pues ya sabemos que, cuando se apagan los focos, el trecho del dicho al hecho se agranda.
Me preocupa más otro efecto secundario: que los gobernantes jueguen a anotarse un tanto fácil que a cambio les permite reforzar el “clima de austeridad”, la percepción en los ciudadanos de que son tiempos de apretarse el cinturón, para que tengamos más disposición a los recortes venideros. Más que nada porque, a la hora de la verdad, nos tocará apretárnoslo de verdad a quienes no teníamos coche oficial. Y si el trato es “yo me he quedado sin coche oficial, tú te quedas con menos presupuesto para sanidad, educación y otros servicios públicos”, no sé si nos compensa.
(Artículo de Isaac Rosa, publicado en "Público" el 3 de junio de 2011)
Cuando en España se dice de alguien que lleva muchos años en política solemos usar la expresión: “Fulanito lleva treinta años sin bajarse del coche oficial”. Pocas imágenes representan mejor al cargo público entre nosotros que el vehículo con chófer. Sí, en otros países también hay, pero no tantos. Junto a Italia tenemos el mayor parque móvil de Europa. Por algo será.
El tema se presta a demagogia fácil, dicen algunos cada vez que se reabre el debate. Estos días, por ejemplo, cuando los nuevos gobiernos locales y regionales rivalizan por recortar el número de coches.
Hay algo de demagogia, es verdad, pues partimos de que los cargos públicos tienen necesidades de seguridad y transporte que a menudo se resuelven mejor con un coche oficial, y la alternativa puede acabar saliendo más cara (sobre todo si los conductores siguen en plantilla, los coches se conservan, y encima cogen más taxis). Pero eso no justifica el desmadre que hay en España, que además incluye otros muchos gastos “de representación”.
Otra crítica habitual es la del “chocolate del loro”: que recortes así son más efectistas que efectivos, pues el ahorro es escaso. Es verdad que ahorrar 130.000 euros al año en un ayuntamiento como el madrileño, con una deuda de 7.000 millones, es calderilla, pero por algo se empieza. Otra cosa es que, como pasa a menudo, las medidas de austeridad al final se queden en menos, pues ya sabemos que, cuando se apagan los focos, el trecho del dicho al hecho se agranda.
Me preocupa más otro efecto secundario: que los gobernantes jueguen a anotarse un tanto fácil que a cambio les permite reforzar el “clima de austeridad”, la percepción en los ciudadanos de que son tiempos de apretarse el cinturón, para que tengamos más disposición a los recortes venideros. Más que nada porque, a la hora de la verdad, nos tocará apretárnoslo de verdad a quienes no teníamos coche oficial. Y si el trato es “yo me he quedado sin coche oficial, tú te quedas con menos presupuesto para sanidad, educación y otros servicios públicos”, no sé si nos compensa.
(Artículo de Isaac Rosa, publicado en "Público" el 3 de junio de 2011)
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE VIENEN.
La crisis está obligando a un cambio acelerado en la forma de llevar las empresas, los hogares y, también, las Administraciones públicas. Ciertamente, son las dificultades financieras extremas a las que ha llevado el hundimiento de los mecanismos habituales de gastos e ingresos en cada uno de estos agentes lo que está obligando al cambio acelerado. Pero la acumulación de disfunciones disimuladas por la bonanza de los años previos a la crisis resulta, por fin, evidente y hace inviable la continuación del modelo todavía vigente durante los años venideros que se caracterizarán igualmente, desde el lado menos amable, por el formidable ajuste real, de capacidad y empleo, que estamos sufriendo. A cambio, la necesaria reinvención de los modelos de funcionamiento de todos estos agentes económicos implica promesas de futuro respecto a las nuevas funciones y la eficiencia con las que dichas funciones se desempeñarán en los próximos años. Habrá, si se hacen bien las cosas, muchos ganadores a medio y largo plazo.
Este ajuste no es transitorio, lo que debería ser evidente en estos momentos para todos. Y más vale que no lo sea. Debe ser permanente, y solo la creación de nueva capacidad productiva basada en nuevos modelos de negocio, bienes y servicios renovados, más competitivos a base de conocimiento, permitirá evitar que los jóvenes vivan peor que sus padres, al menos en el plano material. En realidad, siempre ha sido así, siempre se han sucedido episodios de cambio estructural que abarcan desde lo organizativo hasta los estilos de vida pasando por los procesos productivos. Pero el actual es un momento bisagra del incesante curso de cambio global en el que, un tanto inadvertidamente para muchos, nos encontramos desde hace años.
Las AAPP también deben cambiar, y lo harán irremediablemente tarde o temprano. La gran cuestión es cómo se van a conciliar en el futuro la provisión de los servicios públicos a los ciudadanos con la austeridad económica impuesta por la necesidad de reformular un modelo fiscal insostenible. La producción de la compleja amalgama de servicios públicos aporta alrededor del 20% del valor añadido bruto en cualquier economía, grande o pequeña. Muchos de estos servicios poseen decisivas derivadas tecnológicas, industriales y empresariales que no se explotan porque su régimen de producción y prestación a los ciudadanos no ha sufrido modificaciones en décadas, a pesar de que todo lo demás ha cambiado. Pero muchos otros servicios públicos se prestan a través de modelos concesionales que, en algunos casos, han supuesto la base para la emergencia de las multinacionales españolas líderes globales en sus respectivos sectores.
El concepto de "lo público" está muy arraigado en el imaginario colectivo español. Al fin y al cabo, tan solo hace unas décadas que se establecieron servicios públicos esenciales para toda la población como la educación obligatoria, la sanidad o las pensiones, cuando en otros países avanzados aquellos datan de mucho antes. Por ello, seguramente, se cuestiona escasamente la eficacia o la eficiencia de muchos modelos vigentes de prestación de estos servicios o de su financiación. También hay que decir, que la cultura de evaluación de políticas públicas es todavía escasa en nuestro país, a pesar de los intentos más o menos nominales, por generalizarla y de la excelente producción académica sobre este particular.
Pero, contra la opinión extendida de que la externalización de servicios (recogida de residuos, transporte urbano o sanidad concertada) equivale a la privatización, hay que decir que la Administración es siempre el "dueño del proyecto" y determina si el concesionario debe seguir o no con la provisión del servicio en el caso de que las encuestas de satisfacción del usuario no den las señales adecuadas. La lógica de gestión que impera en los servicios concesionados, por otra parte, hace que estos se presten más eficientemente pues el concesionario debe encontrar rentabilidad en presupuestos concesionales más reducidos que los existentes para la producción directa del servicio con personal propio de la Administración. En definitiva, los servicios colectivos concesionados siguen siendo públicos y tienen un gran potencial para ser más baratos a la Administración y más satisfactorios para el beneficiario. Este potencial, sin embargo, no es evidente ni puede realizarse en cualesquiera condiciones, como demuestra la acumulación de los pagos anuales de muchos PPP (partenariados público-privados) realizados en el pasado en las mesas de las Consejerías y Concejalías de Hacienda, en muchas ocasiones más onerosos que los propios desembolsos puntuales de las licitaciones convencionales.
La anterior no es sino una lógica posible para abordar la transición que las AAPP deberán realizar en los próximos años para mantener sus actividades básicas sin lastrar la competitividad de la economía. A ella se suman otras lógicas, que tienen que ver con la dosis justa de servicios públicos para preservar la cohesión social y la igualdad de oportunidades, pero no más. O con el compromiso de los beneficiarios de los servicios públicos en su uso responsable, por ejemplo, mediante participación en el coste de los mismos pagando una parte de dicho coste.
Las AAPP no tienen más remedio que reformular su modelo de prestación de servicios a los ciudadanos. Es evidente que el ajuste de capacidad en el sector público no debe afectar a las funciones asignativas (producción de bienes públicos) propias de dichos agentes, ni a las funciones redistributivas, claro. Pero las dosis en las que las AAPP acometen dichas funciones sí pueden, y deben, verse recalculadas. Con todo, convendría distinguir muy nítidamente entre el óptimo (o quantum) de provisión de servicios públicos y el modo de provisión, es decir, a qué agente o agentes confiamos la producción de dichos servicios. También es relevante si en dicho proceso debe intervenir el destinatario final del servicio tanto en la evaluación de la calidad del mismo como en su financiación mediante una tasa, aunque esta sea muy minoritaria respecto al coste total del servicio. Esta es una gran cuestión, que se resolverá en breve, creemos que por la afirmativa, a cambio de asegurar la continuidad en la prestación de muchos servicios públicos y mejorar la calidad de los mismos.
Todos los ámbitos de la actuación asignativa del sector público son susceptibles de acogerse a este enfoque, aunque es previsible la emergencia de resistencias desde muy diversos sectores más o menos vinculados a cada tipo de servicio. Muchas de estas resistencias surgirán como expresión de una legítima defensa de "lo público" basada en la concepción dominante en las socialdemocracias del siglo pasado; y esta dialéctica tiene un cierto recorrido hasta que se llegue a un nuevo paradigma consensuado por la mayoría. Muchas otras resistencias, sin embargo, serán una mera defensa del statu quo, es decir, sea el de las propias unidades administrativas, el de los concesionarios o el de los representantes de los trabajadores públicos o de los ciudadanos destinatarios de los servicios públicos.
Habrá que ver la manera de abordar todos estos procesos de diálogo en paralelo, sin quebrar expectativas ni socavar las bases financieras de un conjunto de servicios que han cohesionado a la sociedad, con la pesante realidad de que los recursos públicos no dan de sí para financiar una cartera de servicios muy amplia con unos estándares de calidad y contenido tecnológico cada vez mayor, pero que tienen un amplio margen para la eficiencia en su producción y para la implicación del beneficiario en un uso responsable de los mismos. Estamos seguros de que en este proceso, conducido con realismo y generosidad de todas las partes, se fraguarán unas nuevas AAPP que contribuyan decisivamente a la competitividad duradera que necesita nuestra economía y a la cohesión responsable que necesita nuestra sociedad.
(Artículo de César Cantalapiedra y José A. Herce, publicado en "El País" el 1 de junio de 2011)
Este ajuste no es transitorio, lo que debería ser evidente en estos momentos para todos. Y más vale que no lo sea. Debe ser permanente, y solo la creación de nueva capacidad productiva basada en nuevos modelos de negocio, bienes y servicios renovados, más competitivos a base de conocimiento, permitirá evitar que los jóvenes vivan peor que sus padres, al menos en el plano material. En realidad, siempre ha sido así, siempre se han sucedido episodios de cambio estructural que abarcan desde lo organizativo hasta los estilos de vida pasando por los procesos productivos. Pero el actual es un momento bisagra del incesante curso de cambio global en el que, un tanto inadvertidamente para muchos, nos encontramos desde hace años.
Las AAPP también deben cambiar, y lo harán irremediablemente tarde o temprano. La gran cuestión es cómo se van a conciliar en el futuro la provisión de los servicios públicos a los ciudadanos con la austeridad económica impuesta por la necesidad de reformular un modelo fiscal insostenible. La producción de la compleja amalgama de servicios públicos aporta alrededor del 20% del valor añadido bruto en cualquier economía, grande o pequeña. Muchos de estos servicios poseen decisivas derivadas tecnológicas, industriales y empresariales que no se explotan porque su régimen de producción y prestación a los ciudadanos no ha sufrido modificaciones en décadas, a pesar de que todo lo demás ha cambiado. Pero muchos otros servicios públicos se prestan a través de modelos concesionales que, en algunos casos, han supuesto la base para la emergencia de las multinacionales españolas líderes globales en sus respectivos sectores.
El concepto de "lo público" está muy arraigado en el imaginario colectivo español. Al fin y al cabo, tan solo hace unas décadas que se establecieron servicios públicos esenciales para toda la población como la educación obligatoria, la sanidad o las pensiones, cuando en otros países avanzados aquellos datan de mucho antes. Por ello, seguramente, se cuestiona escasamente la eficacia o la eficiencia de muchos modelos vigentes de prestación de estos servicios o de su financiación. También hay que decir, que la cultura de evaluación de políticas públicas es todavía escasa en nuestro país, a pesar de los intentos más o menos nominales, por generalizarla y de la excelente producción académica sobre este particular.
Pero, contra la opinión extendida de que la externalización de servicios (recogida de residuos, transporte urbano o sanidad concertada) equivale a la privatización, hay que decir que la Administración es siempre el "dueño del proyecto" y determina si el concesionario debe seguir o no con la provisión del servicio en el caso de que las encuestas de satisfacción del usuario no den las señales adecuadas. La lógica de gestión que impera en los servicios concesionados, por otra parte, hace que estos se presten más eficientemente pues el concesionario debe encontrar rentabilidad en presupuestos concesionales más reducidos que los existentes para la producción directa del servicio con personal propio de la Administración. En definitiva, los servicios colectivos concesionados siguen siendo públicos y tienen un gran potencial para ser más baratos a la Administración y más satisfactorios para el beneficiario. Este potencial, sin embargo, no es evidente ni puede realizarse en cualesquiera condiciones, como demuestra la acumulación de los pagos anuales de muchos PPP (partenariados público-privados) realizados en el pasado en las mesas de las Consejerías y Concejalías de Hacienda, en muchas ocasiones más onerosos que los propios desembolsos puntuales de las licitaciones convencionales.
La anterior no es sino una lógica posible para abordar la transición que las AAPP deberán realizar en los próximos años para mantener sus actividades básicas sin lastrar la competitividad de la economía. A ella se suman otras lógicas, que tienen que ver con la dosis justa de servicios públicos para preservar la cohesión social y la igualdad de oportunidades, pero no más. O con el compromiso de los beneficiarios de los servicios públicos en su uso responsable, por ejemplo, mediante participación en el coste de los mismos pagando una parte de dicho coste.
Las AAPP no tienen más remedio que reformular su modelo de prestación de servicios a los ciudadanos. Es evidente que el ajuste de capacidad en el sector público no debe afectar a las funciones asignativas (producción de bienes públicos) propias de dichos agentes, ni a las funciones redistributivas, claro. Pero las dosis en las que las AAPP acometen dichas funciones sí pueden, y deben, verse recalculadas. Con todo, convendría distinguir muy nítidamente entre el óptimo (o quantum) de provisión de servicios públicos y el modo de provisión, es decir, a qué agente o agentes confiamos la producción de dichos servicios. También es relevante si en dicho proceso debe intervenir el destinatario final del servicio tanto en la evaluación de la calidad del mismo como en su financiación mediante una tasa, aunque esta sea muy minoritaria respecto al coste total del servicio. Esta es una gran cuestión, que se resolverá en breve, creemos que por la afirmativa, a cambio de asegurar la continuidad en la prestación de muchos servicios públicos y mejorar la calidad de los mismos.
Todos los ámbitos de la actuación asignativa del sector público son susceptibles de acogerse a este enfoque, aunque es previsible la emergencia de resistencias desde muy diversos sectores más o menos vinculados a cada tipo de servicio. Muchas de estas resistencias surgirán como expresión de una legítima defensa de "lo público" basada en la concepción dominante en las socialdemocracias del siglo pasado; y esta dialéctica tiene un cierto recorrido hasta que se llegue a un nuevo paradigma consensuado por la mayoría. Muchas otras resistencias, sin embargo, serán una mera defensa del statu quo, es decir, sea el de las propias unidades administrativas, el de los concesionarios o el de los representantes de los trabajadores públicos o de los ciudadanos destinatarios de los servicios públicos.
Habrá que ver la manera de abordar todos estos procesos de diálogo en paralelo, sin quebrar expectativas ni socavar las bases financieras de un conjunto de servicios que han cohesionado a la sociedad, con la pesante realidad de que los recursos públicos no dan de sí para financiar una cartera de servicios muy amplia con unos estándares de calidad y contenido tecnológico cada vez mayor, pero que tienen un amplio margen para la eficiencia en su producción y para la implicación del beneficiario en un uso responsable de los mismos. Estamos seguros de que en este proceso, conducido con realismo y generosidad de todas las partes, se fraguarán unas nuevas AAPP que contribuyan decisivamente a la competitividad duradera que necesita nuestra economía y a la cohesión responsable que necesita nuestra sociedad.
(Artículo de César Cantalapiedra y José A. Herce, publicado en "El País" el 1 de junio de 2011)
MÁS PARTICIPACIÓN.
Un hombre, una mujer, un voto. Existen unos principios básicos que definen la esencia de la democracia y de la libertad. Este es uno. Y también que la expresión de la soberanía popular descansa en la conformación de una mayoría. La suma de votos, expresados en libertad, integra mayorías que representan la voluntad del pueblo. Nadie puede secuestrar la fuerza del voto de los ciudadanos, ni nadie puede sustituir la fuerza del voto por la vía de interpretaciones arbitrarias de lo que el pueblo quiere. A un pueblo no se le interpreta, se le deja hablar y su voz es su voluntad.
A partir de aquí, es bueno comprender y aceptar que el proceso de modernización de nuestra sociedad y el propio progreso que ha acompañado al desarrollo democrático de la sociedad europea plantea la necesidad de abrir campos de participación ciudadana que complementen los tradicionales. La gente, más libre y más comprometida, quiere participar, quiere opinar, quiere sugerir, quiere criticar. Quiere, en definitiva, que su voz sea escuchada.
Las nuevas tecnologías han permitido una gran facilidad de comunicación y mucha espontaneidad en la opinión. Esta nueva situación todavía no ha encontrado vías de expresión política. Hay un vacío que es necesario llenar: no es posible que todo esté todavía tan reglado y pautado, y que se menosprecien las posibilidades de interacción que las nuevas tecnologías nos permiten. La generación digital reclama, con razón, que la política no la obligue a dejar de serlo para participar políticamente.
Ciertamente, no todo ni seguramente lo más importante es simplemente formal y tecnológico. Hay cuestiones de sensibilidad, de actitudes y comportamientos, de proximidad. En una palabra: de vivir y sentir la crisis como un problema que nos afecta a todos. La política ha de seguir el mismo camino que la crisis, para así luchar más eficazmente. Más próxima, menos distancia.
Pero, siempre, un hombre, una mujer, un voto. Compatibilizar este principio y sus consecuencias con el deseo de más y diferente participación es el gran reto del momento. Y, seguramente, de los próximos años.
Democracia y participación, esta es la cuestión.
(Artículo de Miquel Roca, publicado en "La Vanguardia" el 31 de mayo de 2011)
A partir de aquí, es bueno comprender y aceptar que el proceso de modernización de nuestra sociedad y el propio progreso que ha acompañado al desarrollo democrático de la sociedad europea plantea la necesidad de abrir campos de participación ciudadana que complementen los tradicionales. La gente, más libre y más comprometida, quiere participar, quiere opinar, quiere sugerir, quiere criticar. Quiere, en definitiva, que su voz sea escuchada.
Las nuevas tecnologías han permitido una gran facilidad de comunicación y mucha espontaneidad en la opinión. Esta nueva situación todavía no ha encontrado vías de expresión política. Hay un vacío que es necesario llenar: no es posible que todo esté todavía tan reglado y pautado, y que se menosprecien las posibilidades de interacción que las nuevas tecnologías nos permiten. La generación digital reclama, con razón, que la política no la obligue a dejar de serlo para participar políticamente.
Ciertamente, no todo ni seguramente lo más importante es simplemente formal y tecnológico. Hay cuestiones de sensibilidad, de actitudes y comportamientos, de proximidad. En una palabra: de vivir y sentir la crisis como un problema que nos afecta a todos. La política ha de seguir el mismo camino que la crisis, para así luchar más eficazmente. Más próxima, menos distancia.
Pero, siempre, un hombre, una mujer, un voto. Compatibilizar este principio y sus consecuencias con el deseo de más y diferente participación es el gran reto del momento. Y, seguramente, de los próximos años.
Democracia y participación, esta es la cuestión.
(Artículo de Miquel Roca, publicado en "La Vanguardia" el 31 de mayo de 2011)
MADROÑERO: EJEMPLO DE FUNCIONARIO PÚBLICO.
El 19 de mayo, minutos después de salir de su casa, Ángel Madroñero murió repentinamente. Dos días antes había cumplido 82 años. Nacido en Cervera del Río Alhama (La Rioja), pasó parte de su niñez en Haro, donde su padre dirigía un colegio. Estuvo dos años en el seminario de Logroño, de donde salió al convencerse de que no le llegaba la vocación sacerdotal, pero con unas sólidas creencias religiosas. En 1946, su familia llegó al Madrid de la posguerra y aquí prepararía las oposiciones al Cuerpo de Aduanas que le llevaron al dulce y lluvioso paisaje de la ría de Muros y Noya como primer destino.
Al volver a Madrid, se convirtió en jefe de Gabinete del todopoderoso ministro de Hacienda Mariano Navarro Rubio. El Plan de Estabilización de 1959 había dado sus frutos y la economía y la sociedad española estaban inmersas en un rápido proceso de cambio y mejora, progresos que cautelosamente se reflejaban en un sistema financiero hasta entonces rígido e ineficaz. En 1962 se habían dado pasos para liberalizar algunos tipos de interés, vinculando los restantes al Banco de España, una institución cuyo Servicio de Estudios resurgía gracias a Juan Sardá, a quien Madroñero sustituiría en 1965 cuando Navarro Rubio fue nombrado gobernador.
Madroñero continuó su tarea para convertir la oficina en lo que había sido antes de la Guerra Civil, el centro de investigación económica más respetado del país. Ayudado por sus dos subjefes (Mariano Rubio y Antonio Sánchez Pedreño), no solo lo logró, sino que lo convirtió en una cantera de hombres públicos, profesores y en granero de directivos del propio banco, entre ellos él mismo.
Esa década fue escenario de cambios radicales, en los cuales jugó un papel destacado pero poco conocido debido a uno de sus rasgos más destacados: la discreción. Se liberalizaron los tipos, las comisiones y la apertura de sucursales; se eliminaron las diferencias entre bancos comerciales e industriales; se abrieron las puertas a la banca extranjera y se equipararon en numerosos aspectos bancos y cajas.
Pero las cualidades de Madroñero se pusieron a prueba con el estallido de la primera crisis bancaria de la democracia, iniciada a comienzos de 1978 con el Banco de Navarra. Tuvo que dirigir un reducido y escogido grupo que trabajó bajo una enorme presión. El resultado fue satisfactorio y sirvió de prueba porque al poco tiempo -en 1982 y 1983 con la Banca Catalana y los bancos del Grupo Rumasa- el banco central tuvo que intervenir (¡55 entidades resultaron afectadas!) un sistema que se enfrentaba a una política monetaria y de deuda pública cada vez más ágil y complicada.
Madroñero mostró entonces sus mejores cualidades: capacidad de diálogo, claridad, acierto en la elección de sus colaboradores, infinita discreción y absoluta entrega al servicio público, que fue siempre su norte. Había dejado la dirección del Servicio de Estudios en manos de un buen amigo, Luis Ángel Rojo, para concentrarse en el desarrollo de la inspección y la regulación financiera.
En 1984, Mariano Rubio, que había entrado en el banco de su mano, era nombrado gobernador. Ocho años después le sucedería Ángel Rojo. Madroñero acogería esos ascensos con toda afabilidad y sería para ambos un colaborador leal y eficaz, trabajando para consolidar el prestigio de la institución. Esa entrega fue reconocida sobre todo por los empleados del banco, quienes le consideraron un modelo de virtudes profesionales y humanas. Puedo afirmar sin incurrir en exageración que ha sido y será en décadas el directivo más querido por el personal. Fuera de ella sucedió lo mismo, nadie en el difícil mundo de la banca y las cajas pudo jamás reprocharle ni parcialidad en sus decisiones ni soberbia en su trato.
En 1995, tras la crisis de Banesto, decidió jubilarse cuando le quedaban cuatro años de vida activa. Sorprendió y originó multitud de interpretaciones, ninguna de ellas plenamente satisfactoria, tanto más cuanto que el propio interesado jamás aclaró las razones. Desde entonces, llevó una vida tranquila, dedicado a su familia y amigos, disfrutando de vez en cuando, como buen riojano, de la buena mesa y los excelentes vinos de su tierra. También en esta etapa fue un ejemplo, pues a pesar de haber mantenido una relación constante y delicada con las más poderosas instituciones, jamás aceptó ningún puesto que pudiera interpretarse como reconocimiento a pasadas atenciones.
Ejemplo de una concepción del bien común como conjunto de virtudes, desprecio a la banalidad y confianza en la fuerza de un liderazgo ilustrado, Madroñero encarnó como muy pocos la figura del alto funcionario público, tan escasa en estos tiempos de fragmentación social y política. Sus últimos años fueron ejemplo de confianza y serenidad, seguramente porque de acuerdo con sus principios siempre vivió en paz consigo mismo y con los demás.
(Artículo de Raimundo Ortega, publicado en "El País" el 29 de mayo de 2011)
Al volver a Madrid, se convirtió en jefe de Gabinete del todopoderoso ministro de Hacienda Mariano Navarro Rubio. El Plan de Estabilización de 1959 había dado sus frutos y la economía y la sociedad española estaban inmersas en un rápido proceso de cambio y mejora, progresos que cautelosamente se reflejaban en un sistema financiero hasta entonces rígido e ineficaz. En 1962 se habían dado pasos para liberalizar algunos tipos de interés, vinculando los restantes al Banco de España, una institución cuyo Servicio de Estudios resurgía gracias a Juan Sardá, a quien Madroñero sustituiría en 1965 cuando Navarro Rubio fue nombrado gobernador.
Madroñero continuó su tarea para convertir la oficina en lo que había sido antes de la Guerra Civil, el centro de investigación económica más respetado del país. Ayudado por sus dos subjefes (Mariano Rubio y Antonio Sánchez Pedreño), no solo lo logró, sino que lo convirtió en una cantera de hombres públicos, profesores y en granero de directivos del propio banco, entre ellos él mismo.
Esa década fue escenario de cambios radicales, en los cuales jugó un papel destacado pero poco conocido debido a uno de sus rasgos más destacados: la discreción. Se liberalizaron los tipos, las comisiones y la apertura de sucursales; se eliminaron las diferencias entre bancos comerciales e industriales; se abrieron las puertas a la banca extranjera y se equipararon en numerosos aspectos bancos y cajas.
Pero las cualidades de Madroñero se pusieron a prueba con el estallido de la primera crisis bancaria de la democracia, iniciada a comienzos de 1978 con el Banco de Navarra. Tuvo que dirigir un reducido y escogido grupo que trabajó bajo una enorme presión. El resultado fue satisfactorio y sirvió de prueba porque al poco tiempo -en 1982 y 1983 con la Banca Catalana y los bancos del Grupo Rumasa- el banco central tuvo que intervenir (¡55 entidades resultaron afectadas!) un sistema que se enfrentaba a una política monetaria y de deuda pública cada vez más ágil y complicada.
Madroñero mostró entonces sus mejores cualidades: capacidad de diálogo, claridad, acierto en la elección de sus colaboradores, infinita discreción y absoluta entrega al servicio público, que fue siempre su norte. Había dejado la dirección del Servicio de Estudios en manos de un buen amigo, Luis Ángel Rojo, para concentrarse en el desarrollo de la inspección y la regulación financiera.
En 1984, Mariano Rubio, que había entrado en el banco de su mano, era nombrado gobernador. Ocho años después le sucedería Ángel Rojo. Madroñero acogería esos ascensos con toda afabilidad y sería para ambos un colaborador leal y eficaz, trabajando para consolidar el prestigio de la institución. Esa entrega fue reconocida sobre todo por los empleados del banco, quienes le consideraron un modelo de virtudes profesionales y humanas. Puedo afirmar sin incurrir en exageración que ha sido y será en décadas el directivo más querido por el personal. Fuera de ella sucedió lo mismo, nadie en el difícil mundo de la banca y las cajas pudo jamás reprocharle ni parcialidad en sus decisiones ni soberbia en su trato.
En 1995, tras la crisis de Banesto, decidió jubilarse cuando le quedaban cuatro años de vida activa. Sorprendió y originó multitud de interpretaciones, ninguna de ellas plenamente satisfactoria, tanto más cuanto que el propio interesado jamás aclaró las razones. Desde entonces, llevó una vida tranquila, dedicado a su familia y amigos, disfrutando de vez en cuando, como buen riojano, de la buena mesa y los excelentes vinos de su tierra. También en esta etapa fue un ejemplo, pues a pesar de haber mantenido una relación constante y delicada con las más poderosas instituciones, jamás aceptó ningún puesto que pudiera interpretarse como reconocimiento a pasadas atenciones.
Ejemplo de una concepción del bien común como conjunto de virtudes, desprecio a la banalidad y confianza en la fuerza de un liderazgo ilustrado, Madroñero encarnó como muy pocos la figura del alto funcionario público, tan escasa en estos tiempos de fragmentación social y política. Sus últimos años fueron ejemplo de confianza y serenidad, seguramente porque de acuerdo con sus principios siempre vivió en paz consigo mismo y con los demás.
(Artículo de Raimundo Ortega, publicado en "El País" el 29 de mayo de 2011)
PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO.
Podemos las personas corrientes cambiar el mundo? La respuesta es sí. Ya lo hemos hecho. Muchas veces. La última batalla –nunca mejor dicho– la están librando los valientes manifestantes en la primavera árabe, que desde hace meses luchan por la libertad y la justicia contra gobiernos represores. La última batalla… pero no la única.
Amnistía Internacional cumple mañana 50 años. Echando la vista atrás, podemos asegurar que en estas cinco décadas se ha producido una verdadera revolución, un cambio cultural, social y político que ha creado una mayor conciencia global por los derechos humanos. A pesar de las dificultades y de la sensación en ocasiones de ir “marcha atrás”, el salto ha sido enorme.
El mundo ha cambiado, sí, pero no ha cambiado solo. En Amnistía Internacional, muchos años de activismo nos han enseñado que sólo cuando las personas corrientes nos hemos unido en una acción común hemos podido enfrentarnos a las injusticias y lograr cosas extraordinarias.
El activismo es una fuerza poderosa para el cambio. No hay nada que más teman muchos gobiernos –y muchas empresas– que enfrentarse a la unión de miles de acciones individuales. Esto es algo que las fuerzas de la represión nunca han podido silenciar. Por eso, Amnistía Internacional ha sido una organización incómoda para los poderosos, que se han esmerado en descalificarla y atacarla siempre que ha denunciado abusos contra los derechos humanos y ha señalado con el dedo a sus responsables.
Todo empieza en 1961. Dos estudiantes portugueses son encarcelados por brindar por la libertad. La flagrante injusticia inspira al abogado Peter Benenson su famoso artículo “Los prisioneros olvidados”, publicado el 28 de mayo en el periódico The Observer, en el que hace un llamamiento para sumarse a una petición de amnistía para varios presos de conciencia. Miles de personas responden a su iniciativa.
A partir de ahí crece como la espuma una verdadera red social, dispuesta a enfrentarse a los abusos de poder, que ha sabido sacar jugo a las tecnologías que pueden dar voz a las personas desamparadas o que han sufrido abusos, desde la pluma estilográfica de los inicios hasta las poderosas herramientas de comunicación global en internet.Decía que el activismo es una fuerza para el cambio. La liberación de las personas encarceladas por motivos de conciencia fue el principio –50.000 casos trabajados en 50 años, incluyendo algunos célebres como Nelson Mandela, Andrei Sajarov o Aung San Suu Kyi–, pero luego vinieron más logros.
La lucha por la abolición de la pena de muerte puede que sea una de las señas de identidad más reconocibles de Amnistía Internacional. En 1977, sólo 16 países habían renunciado a la aplicación de la pena capital, mientras que en la actualidad lo han hecho 139.Nuestro trabajo por la justicia universal ha tenido también logros importantísimos, como contribuir a la detención e inicio del proceso judicial contra Augusto Pinochet, o a la condena contra Alberto Fujimori. También impulsamos la creación del Tribunal Penal Internacional, instrumento fundamental en la lucha contra la impunidad.En el ámbito del comercio de armas, Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones, lanzó la campaña mundial “Armas Bajo Control” por un tratado internacional sobre el comercio de armas que la ONU respaldó en 2006. También hemos contribuido a la aprobación de otros tratados internacionales que han tenido gran impacto en la vida de millones de personas.
En España hemos trabajado por la protección de las mujeres frente a la violencia de género, por las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, por el control en el comercio de armas, por la erradicación de la tortura y los malos tratos, por la firma de diversos tratados internacionales, por la puesta en marcha de un Plan de Derechos Humanos… En 1995 contribuimos de manera determinante a la abolición en España de la pena de muerte en tiempo de guerra, lo que significó la erradicación de esta condena, aunque todavía se menciona en la Constitución.
¿Podemos las personas corrientes cambiar el mundo? Por supuesto que podemos, y debemos. Los retos en derechos humanos son demasiado importantes como para dejarlos en manos de los gobiernos. Una vez más, el poder de la gente corriente deberá forzar el cambio. En este esfuerzo todos somos imprescindibles. Como lo son los derechos por los que luchamos.
Nuestra agenda de derechos humanos para los próximos años es sencilla y compleja a la vez. Sencilla porque se resume en defender la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y compleja porque esto supone trabajar en muchos ámbitos a la vez: la pobreza, la violencia y la discriminación que sufren millones de personas en el mundo, la justicia internacional, la libertad de expresión, la pena de muerte, las personas migrantes, el comercio de armas…El movimiento global por los derechos humanos debe crecer. Debemos redoblar nuestro impacto. En Amnistía Internacional necesitamos que más personas se sumen a nuestra lucha, tanto en los países del norte, donde la organización es más fuerte, como en los países del sur global, donde tiene el reto de crecer y convertirse en un actor relevante. Esto también incluye incorporar a más gente joven de universidades y centros escolares.En su 50 aniversario, Amnistía Internacional ya tiene tres millones de miembros y simpatizantes y está presente en más de 150 países. Es un buen comienzo.
(Artículo publicado por Alfonso López Borgoñoz, presidente de Amnistía Internacional España, en "Público" el 27 de mayo de 2011)
Amnistía Internacional cumple mañana 50 años. Echando la vista atrás, podemos asegurar que en estas cinco décadas se ha producido una verdadera revolución, un cambio cultural, social y político que ha creado una mayor conciencia global por los derechos humanos. A pesar de las dificultades y de la sensación en ocasiones de ir “marcha atrás”, el salto ha sido enorme.
El mundo ha cambiado, sí, pero no ha cambiado solo. En Amnistía Internacional, muchos años de activismo nos han enseñado que sólo cuando las personas corrientes nos hemos unido en una acción común hemos podido enfrentarnos a las injusticias y lograr cosas extraordinarias.
El activismo es una fuerza poderosa para el cambio. No hay nada que más teman muchos gobiernos –y muchas empresas– que enfrentarse a la unión de miles de acciones individuales. Esto es algo que las fuerzas de la represión nunca han podido silenciar. Por eso, Amnistía Internacional ha sido una organización incómoda para los poderosos, que se han esmerado en descalificarla y atacarla siempre que ha denunciado abusos contra los derechos humanos y ha señalado con el dedo a sus responsables.
Todo empieza en 1961. Dos estudiantes portugueses son encarcelados por brindar por la libertad. La flagrante injusticia inspira al abogado Peter Benenson su famoso artículo “Los prisioneros olvidados”, publicado el 28 de mayo en el periódico The Observer, en el que hace un llamamiento para sumarse a una petición de amnistía para varios presos de conciencia. Miles de personas responden a su iniciativa.
A partir de ahí crece como la espuma una verdadera red social, dispuesta a enfrentarse a los abusos de poder, que ha sabido sacar jugo a las tecnologías que pueden dar voz a las personas desamparadas o que han sufrido abusos, desde la pluma estilográfica de los inicios hasta las poderosas herramientas de comunicación global en internet.Decía que el activismo es una fuerza para el cambio. La liberación de las personas encarceladas por motivos de conciencia fue el principio –50.000 casos trabajados en 50 años, incluyendo algunos célebres como Nelson Mandela, Andrei Sajarov o Aung San Suu Kyi–, pero luego vinieron más logros.
La lucha por la abolición de la pena de muerte puede que sea una de las señas de identidad más reconocibles de Amnistía Internacional. En 1977, sólo 16 países habían renunciado a la aplicación de la pena capital, mientras que en la actualidad lo han hecho 139.Nuestro trabajo por la justicia universal ha tenido también logros importantísimos, como contribuir a la detención e inicio del proceso judicial contra Augusto Pinochet, o a la condena contra Alberto Fujimori. También impulsamos la creación del Tribunal Penal Internacional, instrumento fundamental en la lucha contra la impunidad.En el ámbito del comercio de armas, Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones, lanzó la campaña mundial “Armas Bajo Control” por un tratado internacional sobre el comercio de armas que la ONU respaldó en 2006. También hemos contribuido a la aprobación de otros tratados internacionales que han tenido gran impacto en la vida de millones de personas.
En España hemos trabajado por la protección de las mujeres frente a la violencia de género, por las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, por el control en el comercio de armas, por la erradicación de la tortura y los malos tratos, por la firma de diversos tratados internacionales, por la puesta en marcha de un Plan de Derechos Humanos… En 1995 contribuimos de manera determinante a la abolición en España de la pena de muerte en tiempo de guerra, lo que significó la erradicación de esta condena, aunque todavía se menciona en la Constitución.
¿Podemos las personas corrientes cambiar el mundo? Por supuesto que podemos, y debemos. Los retos en derechos humanos son demasiado importantes como para dejarlos en manos de los gobiernos. Una vez más, el poder de la gente corriente deberá forzar el cambio. En este esfuerzo todos somos imprescindibles. Como lo son los derechos por los que luchamos.
Nuestra agenda de derechos humanos para los próximos años es sencilla y compleja a la vez. Sencilla porque se resume en defender la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y compleja porque esto supone trabajar en muchos ámbitos a la vez: la pobreza, la violencia y la discriminación que sufren millones de personas en el mundo, la justicia internacional, la libertad de expresión, la pena de muerte, las personas migrantes, el comercio de armas…El movimiento global por los derechos humanos debe crecer. Debemos redoblar nuestro impacto. En Amnistía Internacional necesitamos que más personas se sumen a nuestra lucha, tanto en los países del norte, donde la organización es más fuerte, como en los países del sur global, donde tiene el reto de crecer y convertirse en un actor relevante. Esto también incluye incorporar a más gente joven de universidades y centros escolares.En su 50 aniversario, Amnistía Internacional ya tiene tres millones de miembros y simpatizantes y está presente en más de 150 países. Es un buen comienzo.
(Artículo publicado por Alfonso López Borgoñoz, presidente de Amnistía Internacional España, en "Público" el 27 de mayo de 2011)
LOS INDIGNADOS Y LOS ACAMPADOS.
Desde hace casi dos semanas, en plazas céntricas de las capitales de toda España, empezando por la Puerta del Sol y la plaza de Catalunya, están acampados millares de ciudadanos debatiendo sobre una de las varias dimensiones del término política, probablemente la más noble: los problemas de los ciudadanos, de los gobernados. No están debatiendo sobre los problemas de los gobernantes como tales, de cómo se accede y se conserva el poder, según la famosa distinción de Maquiavelo en El Príncipe. A lo más, en relación con el poder político, el debate gira en torno a cómo se ejerce y, sobre todo, ya que se habla de futuro, a cómo debería ejercerse.
No es necesario decir que este término, el de política, es uno de los más desacreditados de nuestra sociedad. Cánovas del Castillo, cuando se estaba redactando las Constitución española de 1876, dijo con su característica ironía y sarcasmo que quizás en el artículo primero de dicha carta magna debería constar esta definición: “Son españoles aquellos que no pueden ser otra cosa”. Pues bien, es probable que hoy en día muchos españoles, en nada de acuerdo con la pesimista expresión de Cánovas, suscribirían algo parecido aplicado a los políticos: “Son políticos… aquellos que no pueden ser otra cosa”.
La frase, como toda generalización, es injusta. Ahora bien, con el actual panorama, ateniéndonos a lo que se deduce tras leer periódicos, escuchar la radio y ver la televisión, es también un juicio natural y comprensible: nuestra endogámica clase política, imperturbable ante las críticas y nada dispuesta a rectificar, se la merece. Las plazas se llenan cada día por esta razón, aunque no es la única, también hay otra: la situación económica y el paro. De todo esto se discute en las plazas, allí se hace política en el mejor sentido de la palabra.
Cuestión distinta es el nivel del debate, aunque creo se trata de un problema menor. ¿Alguien puede pensar que unos simples ciudadanos, generosos y bienintencionados, dispuestos a emplear su tiempo en cuestiones ajenas a sus estricto intereses individuales, pueden encontrar las más rigurosas soluciones a cuestiones complejas en las que no se aclaran ni los mejores especialistas? No se trata, por el momento, de encontrar soluciones sino sólo de formular preguntas, exactamente de formular las preguntas, aquellas que previamente es imprescindible seleccionar para estar en condiciones de resolver luego los problemas.
En esto, en la formulación de las preguntas, el run-run que llega de lo que se discute en estas plazas públicas hace pensar que se acierta de lleno. Los temas que se plantean coinciden con las preocupaciones que se tratan entre amigos, en la familia, en el trabajo, en los bares y cafés: ¿por qué los poderes públicos están salvando, con el dinero de los contribuyentes a las instituciones financieras, principales responsables de la crisis, de tal forma que, al final, acaben estas instituciones siendo sus principales beneficiarias del asunto?; ¿por qué las leyes facilitan cada vez más que los principales responsables del mal funcionamiento de las instituciones democráticas, es decir, los partidos políticos, sean cada vez más invulnerables al control, estén cada vez más blindados con el objetivo de monopolizar el ámbito de los público en detrimento de la libre y efectiva participación de los ciudadanos?
A lo primero se suele responder que el sistema financiero es a la economía como el sistema sanguíneo al cuerpo humano: si no se facilita su funcionamiento el colapso es total e inevitable. Ahora bien, en el caso de que ello sea cierto, que quizás lo es, ¿no estará el sistema financiero abusando de su posición para obtener ventajas desproporcionadas e injustas? En cuanto al problema político, sobre el cual tengo mayores conocimientos, la solución sólo pasa por unos dirigentes de partidos con la altura de miras suficiente como para tomar decisiones que no respondan a sus propios intereses corporativos si no al interés general, al buen funcionamiento de sistema democrático, a una auténtica integración de los ciudadanos en las instituciones. Sólo la fe del carbonero permite esperar esto de nuestros políticos, pero torres más altas han caído y de esperanza también se vive. Quizás estemos en una situación límite y vean los partidos que renunciar a sus privilegios e inmunidades les puede suponer más ventajas que inconvenientes, en definitiva, que desbloqueando la situación pueden ser premiados con el voto ciudadano.
En todo caso, los acampados, a pesar de ser muchos, comparados con los votantes son pocos, incluso poquísimos. Pero no todos los indignados están acampados. Esto es lo que deberían interiorizar los políticos. Los indignados no son la suma de los acampados, los votantes en blanco o nulo y los abstencionistas. Son muchos más. Muchos que votan, desde hace tiempo, al mal menor, tapándose la nariz y a regañadientes. Los indignados son tantos que si formaran un partido arrasarían. Antes que ello se produzca –y no hagamos bromas, la historia del siglo XX, en Alemania y en Italia, debe ser una permanente lección– la clase política española debe rectificar.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 26 de mayo de 2011)
No es necesario decir que este término, el de política, es uno de los más desacreditados de nuestra sociedad. Cánovas del Castillo, cuando se estaba redactando las Constitución española de 1876, dijo con su característica ironía y sarcasmo que quizás en el artículo primero de dicha carta magna debería constar esta definición: “Son españoles aquellos que no pueden ser otra cosa”. Pues bien, es probable que hoy en día muchos españoles, en nada de acuerdo con la pesimista expresión de Cánovas, suscribirían algo parecido aplicado a los políticos: “Son políticos… aquellos que no pueden ser otra cosa”.
La frase, como toda generalización, es injusta. Ahora bien, con el actual panorama, ateniéndonos a lo que se deduce tras leer periódicos, escuchar la radio y ver la televisión, es también un juicio natural y comprensible: nuestra endogámica clase política, imperturbable ante las críticas y nada dispuesta a rectificar, se la merece. Las plazas se llenan cada día por esta razón, aunque no es la única, también hay otra: la situación económica y el paro. De todo esto se discute en las plazas, allí se hace política en el mejor sentido de la palabra.
Cuestión distinta es el nivel del debate, aunque creo se trata de un problema menor. ¿Alguien puede pensar que unos simples ciudadanos, generosos y bienintencionados, dispuestos a emplear su tiempo en cuestiones ajenas a sus estricto intereses individuales, pueden encontrar las más rigurosas soluciones a cuestiones complejas en las que no se aclaran ni los mejores especialistas? No se trata, por el momento, de encontrar soluciones sino sólo de formular preguntas, exactamente de formular las preguntas, aquellas que previamente es imprescindible seleccionar para estar en condiciones de resolver luego los problemas.
En esto, en la formulación de las preguntas, el run-run que llega de lo que se discute en estas plazas públicas hace pensar que se acierta de lleno. Los temas que se plantean coinciden con las preocupaciones que se tratan entre amigos, en la familia, en el trabajo, en los bares y cafés: ¿por qué los poderes públicos están salvando, con el dinero de los contribuyentes a las instituciones financieras, principales responsables de la crisis, de tal forma que, al final, acaben estas instituciones siendo sus principales beneficiarias del asunto?; ¿por qué las leyes facilitan cada vez más que los principales responsables del mal funcionamiento de las instituciones democráticas, es decir, los partidos políticos, sean cada vez más invulnerables al control, estén cada vez más blindados con el objetivo de monopolizar el ámbito de los público en detrimento de la libre y efectiva participación de los ciudadanos?
A lo primero se suele responder que el sistema financiero es a la economía como el sistema sanguíneo al cuerpo humano: si no se facilita su funcionamiento el colapso es total e inevitable. Ahora bien, en el caso de que ello sea cierto, que quizás lo es, ¿no estará el sistema financiero abusando de su posición para obtener ventajas desproporcionadas e injustas? En cuanto al problema político, sobre el cual tengo mayores conocimientos, la solución sólo pasa por unos dirigentes de partidos con la altura de miras suficiente como para tomar decisiones que no respondan a sus propios intereses corporativos si no al interés general, al buen funcionamiento de sistema democrático, a una auténtica integración de los ciudadanos en las instituciones. Sólo la fe del carbonero permite esperar esto de nuestros políticos, pero torres más altas han caído y de esperanza también se vive. Quizás estemos en una situación límite y vean los partidos que renunciar a sus privilegios e inmunidades les puede suponer más ventajas que inconvenientes, en definitiva, que desbloqueando la situación pueden ser premiados con el voto ciudadano.
En todo caso, los acampados, a pesar de ser muchos, comparados con los votantes son pocos, incluso poquísimos. Pero no todos los indignados están acampados. Esto es lo que deberían interiorizar los políticos. Los indignados no son la suma de los acampados, los votantes en blanco o nulo y los abstencionistas. Son muchos más. Muchos que votan, desde hace tiempo, al mal menor, tapándose la nariz y a regañadientes. Los indignados son tantos que si formaran un partido arrasarían. Antes que ello se produzca –y no hagamos bromas, la historia del siglo XX, en Alemania y en Italia, debe ser una permanente lección– la clase política española debe rectificar.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 26 de mayo de 2011)
UN INTELECTUAL AL SERVICIO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.
Luis Ángel Rojo es uno de esos intelectuales que dejan impronta en la historia de su país. Algo poco frecuente, y aún más excepcional cuando se trata de un economista y el país es España. Son muy pocos los nombres que desde el compromiso con el rigor de las ideas económicas han sabido traducirlas en la modernización de la economía y la superación de su retraso. Luis Ángel Rojo lo hizo como profesor y maestro de economistas, como servidor público y como gobernador del Banco de España. Dejó su impronta en los hitos fundamentales de la transformación de la economía española en el último medio siglo: el plan de estabilización, la liberalización de la economía y su apertura al exterior, el establecimiento de una política monetaria activa al servicio de la estabilidad, la modernización del sistema financiero y la integración en la Unión Económica y Monetaria.
Como maestro de economistas ejerció una labor de persuasión social sobre la importancia de las restricciones que impone la escasez de recursos. Como dijo en su discurso de aceptación del Premio de Economía Juan Carlos I, la tarea de los economistas es convencer a los agentes sociales y a los gobernantes de que los reyes magos no existen. Ángel Rojo realizó con paciencia y humor esta persuasión frente a una sociedad cargada de inercias y resistencias, que tendía a adscribir las admoniciones sobre la necesidad de cambiar como un signo de pesimismo y no como la consecuencia lógica de un meditado realismo, sustentado en la confianza de que lo que se había demostrado que valía en los países más adelantados también habría de ser fructífero para los españoles.
Tuvo la satisfacción de ver cómo el número de sus seguidores aumentaba en progresión geométrica y cómo las ideas que defendía se traducían en realidad palpable en el avance de la economía española y en el aumento del bienestar de los españoles. Es difícil encontrar a un profesor de economía con tantas personas que se reclamen alumnos o discípulos suyos. Su interés en la mejora de la política económica le llevó a comprometerse de forma directa en la reforma de los planes de estudios de Economía, a impulsar numerosos proyectos editoriales y a fomentar la ampliación de estudios en las mejores universidades extranjeras.
Para él, la economía era una ciencia aplicada que tenía que contribuir a solucionar los problemas sociales. Siempre entendió la macroeconomía como búsqueda de un sólido fundamento analítico para las decisiones de política económica. Ya en tiempos de Franco protagonizó una asamblea multitudinaria de estudiantes para explicar y criticar una operación de devaluación de la peseta que estaba llamada al fracaso: un hito del movimiento estudiantil de la época.
Nunca quiso asumir compromisos políticos que pudieran hipotecar la independencia de su juicio analítico. Inspiró importantes planes económicos y fue interlocutor privilegiado de todos los jefes de Gobierno de la democracia. Su mayor compromiso lo asumió en el Banco de España, donde impulsó el papel del Servicio de Estudios, reorientó el papel de la política monetaria, influyó decisivamente en la política presupuestaria y de reformas estructurales y modernizó el enfoque regulatorio y supervisor. Ideas que pudo desarrollar plenamente desde su posición de subgobernador y gobernador del Banco. Y si se valora al gobernador de un banco emisor por su legado en el terreno de la estabilidad macroeconómica, es difícil presentar mejores credenciales.
Como responsable de la supervisión bancaria le tocó pilotar, en medio de graves presiones, uno de los episodios de crisis más sonados de la historia financiera reciente, que de no haberse resuelto favorablemente habría hipotecado de forma muy seria la credibilidad del sistema financiero español en un momento muy delicado. No obstante, es en el terreno de la estabilidad financiera donde la herencia de Ángel Rojo ha sido más internacionalmente reconocida como una innovación precursora de los cambios que los bancos centrales y los supervisores bancarios deberán introducir para evitar o al menos reducir al máximo las posibilidades de que se repitan las crisis sistémicas severas que condujeron a la reciente gran recesión. Con la definición y adopción de las provisiones anticíclicas se dotó al sistema financiero español de una línea de resistencia que fue determinante para capear los primeros embates de la crisis.
Espero que se respete que no quiera hacer en público ninguna mención a lo que yo y mi mujer sentimos en estos momentos por la pérdida de una persona a la que hemos apreciado tanto, habiendo tenido el privilegio de disfrutar de su amistad y la de Conchita, su mujer. A lo que estoy obligado hoy como gobernador del Banco de España es a reconocer lo mucho que el Banco le debe a Luis Ángel Rojo. El Banco de España es distinto y mejor gracias a su dedicación a la institución y su huella sigue presente en él. Hace 11 años dejó la institución pero aún se palpa su mejor herencia, ejemplo para todos: su pasión por la excelencia, su constante exigencia de un trabajo bien hecho.
(Artículo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, publicado en "El País" el 25 de mayo de 2011)
Como maestro de economistas ejerció una labor de persuasión social sobre la importancia de las restricciones que impone la escasez de recursos. Como dijo en su discurso de aceptación del Premio de Economía Juan Carlos I, la tarea de los economistas es convencer a los agentes sociales y a los gobernantes de que los reyes magos no existen. Ángel Rojo realizó con paciencia y humor esta persuasión frente a una sociedad cargada de inercias y resistencias, que tendía a adscribir las admoniciones sobre la necesidad de cambiar como un signo de pesimismo y no como la consecuencia lógica de un meditado realismo, sustentado en la confianza de que lo que se había demostrado que valía en los países más adelantados también habría de ser fructífero para los españoles.
Tuvo la satisfacción de ver cómo el número de sus seguidores aumentaba en progresión geométrica y cómo las ideas que defendía se traducían en realidad palpable en el avance de la economía española y en el aumento del bienestar de los españoles. Es difícil encontrar a un profesor de economía con tantas personas que se reclamen alumnos o discípulos suyos. Su interés en la mejora de la política económica le llevó a comprometerse de forma directa en la reforma de los planes de estudios de Economía, a impulsar numerosos proyectos editoriales y a fomentar la ampliación de estudios en las mejores universidades extranjeras.
Para él, la economía era una ciencia aplicada que tenía que contribuir a solucionar los problemas sociales. Siempre entendió la macroeconomía como búsqueda de un sólido fundamento analítico para las decisiones de política económica. Ya en tiempos de Franco protagonizó una asamblea multitudinaria de estudiantes para explicar y criticar una operación de devaluación de la peseta que estaba llamada al fracaso: un hito del movimiento estudiantil de la época.
Nunca quiso asumir compromisos políticos que pudieran hipotecar la independencia de su juicio analítico. Inspiró importantes planes económicos y fue interlocutor privilegiado de todos los jefes de Gobierno de la democracia. Su mayor compromiso lo asumió en el Banco de España, donde impulsó el papel del Servicio de Estudios, reorientó el papel de la política monetaria, influyó decisivamente en la política presupuestaria y de reformas estructurales y modernizó el enfoque regulatorio y supervisor. Ideas que pudo desarrollar plenamente desde su posición de subgobernador y gobernador del Banco. Y si se valora al gobernador de un banco emisor por su legado en el terreno de la estabilidad macroeconómica, es difícil presentar mejores credenciales.
Como responsable de la supervisión bancaria le tocó pilotar, en medio de graves presiones, uno de los episodios de crisis más sonados de la historia financiera reciente, que de no haberse resuelto favorablemente habría hipotecado de forma muy seria la credibilidad del sistema financiero español en un momento muy delicado. No obstante, es en el terreno de la estabilidad financiera donde la herencia de Ángel Rojo ha sido más internacionalmente reconocida como una innovación precursora de los cambios que los bancos centrales y los supervisores bancarios deberán introducir para evitar o al menos reducir al máximo las posibilidades de que se repitan las crisis sistémicas severas que condujeron a la reciente gran recesión. Con la definición y adopción de las provisiones anticíclicas se dotó al sistema financiero español de una línea de resistencia que fue determinante para capear los primeros embates de la crisis.
Espero que se respete que no quiera hacer en público ninguna mención a lo que yo y mi mujer sentimos en estos momentos por la pérdida de una persona a la que hemos apreciado tanto, habiendo tenido el privilegio de disfrutar de su amistad y la de Conchita, su mujer. A lo que estoy obligado hoy como gobernador del Banco de España es a reconocer lo mucho que el Banco le debe a Luis Ángel Rojo. El Banco de España es distinto y mejor gracias a su dedicación a la institución y su huella sigue presente en él. Hace 11 años dejó la institución pero aún se palpa su mejor herencia, ejemplo para todos: su pasión por la excelencia, su constante exigencia de un trabajo bien hecho.
(Artículo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, publicado en "El País" el 25 de mayo de 2011)
EL CASTIGO.
El Partido Popular concentra desde ayer el mayor poder autonómico y municipal del que ha dispuesto ninguna fuerza política desde la recuperación de la democracia en España. Podrá discutirse si es más el resultado de aciertos propios que de errores ajenos, pero lo que está fuera de duda es que el partido de Mariano Rajoy asume una trascendental responsabilidad no solo ante quienes le han votado, sino también ante los ciudadanos que se han inclinado por otras opciones. En democracia, la mayoría no puede confundirse con la totalidad.
La campaña que precedió a las elecciones de ayer ha sido ensimismada y poco clarificadora. Ensimismada, porque los principales partidos se han limitado a prolongar el cruce de descalificaciones en el que llevan enzarzados en las dos últimas legislaturas. Poco clarificadora, porque el planteamiento de la campaña del que partían populares y socialistas impedía cualquier confrontación entre programas. Mientras que el PP se propuso convertir una consulta municipal y autonómica en una primera vuelta de las generales, el Partido Socialista intentó infructuosamente mantenerse en aquel terreno. Eso no le ha evitado obtener sus peores resultados en unas elecciones municipales, además de perder algunos de los gobiernos autonómicos que continuaban en sus manos.
Antes de las elecciones, los socialistas aspiraban a minimizar la imagen de derrota y para ello pretendían concentrar sus esfuerzos para obtener la victoria en muncipios y autonomías a los que concedían una poderosa carga simbólica. Ni siquiera este consuelo les fue concedido por los votantes. El Partido Socialista perdió ayer Castilla-La Mancha y la mayoría absoluta en Extremadura, dos comunidades que no han conocido un gobierno de otro signo. También perdió los Ayuntamientos de Barcelona y de Sevilla, dos ciudades que, por distintas razones, han estado estrechamente vinculadas al socialismo en España durante las tres últimas décadas. Por primera vez CiU se convierte en la primera fuerza municipal en Cataluña. Al final de la noche, el PP sumó unos 400.000 votos, mientras el PSOE sufrió una sangría de casi millón y medio.
El primer beneficiado de este retroceso general de los socialistas ha sido el Partido Popular, que confirma con los resultados obtenidos sus expectativas de un triunfo fácil y, según confía, igualmente rotundo, en las próximas elecciones generales. Pero, junto a él, han conseguido incrementar su representación autonómica y, sobre todo, municipal, fuerzas de distinto signo, situadas tanto a la izquierda como a la derecha. En este caso se encuentra UPyD en Madrid capital y, en Cataluña, una formación izquierdista como CUP y la xenófoba Plataforma por Cataluña. También la entrada de Bildu en los ayuntamientos del País Vasco, sobre todo en Guipúzcoa, es uno de los datos más significativos de la jornada.
A la vista de los resultados, queda claro que los populares han logrado imponer su agenda en estas elecciones, proyectando sobre las candidaturas socialistas el severo desgaste que padece el Gobierno central y su presidente. La renuncia de Zapatero a repetir como cabeza de cartel no ha tenido los efectos esperados, y el conjunto del PSOE ha debido cargar con la factura. A partir de este momento, los avatares de la sucesión son una moneda al aire, no solo por el hecho de desconocer quién será el candidato, sino también por los efectos que el proceso puede provocar en los desencantados votantes socialistas. La presión de los populares en favor de un adelanto electoral no facilitará las cosas.
Las elecciones celebradas ayer tenían como objetivo renovar los ayuntamientos y los parlamentos de 13 autonomías, no decidir sobre el final precipitado de la legislatura. La contundencia de los resultados, sin embargo, coloca una especial responsabilidad sobre el Gobierno y el Partido Socialista. Si Zapatero y su Ejecutivo no demuestran que están en condiciones de emprender iniciativas políticas que doten de sentido la espera hasta marzo, el Partido Popular se sentirá suficientemente reforzado para reclamar la disolución de las Cámaras.
Las trascendentales consecuencias sobre la política nacional de las elecciones celebradas ayer no pueden, con todo, ocultar las tareas pendientes en los ámbitos municipal y autonómico. La victoria del PP significa que él será el encargado de dar respuesta a los principales problemas a los que se enfrentan los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y de los que no se ha hecho apenas mención durante la campaña. El mayor de todos, la grave situación presupuestaria de municipios y comunidades, un asunto que, no solo no ha sido objeto de atención durante la campaña, sino que ni siquiera ha llegado a ser reconocido públicamente por los partidos. En la acumulación de este déficit no hay fuerza política que salga mejor parada que otra, por lo que carecería de sentido que los populares cedieran a la tentación de hacer recaer todas las culpas sobre los socialistas, con el agravante de no ahorrarle al país pasar por unas previsibles turbulencias financieras.
La dimensión de la derrota sufrida por el Partido Socialista hizo que, de manera inesperada, fuese el propio Rodríguez Zapatero quien compareciera al final de la jornada para asumir implícitamente las responsabilidades. Era una forma de manifestar que, aunque en retirada, sigue siendo el líder del partido, al mismo tiempo que un gesto para proteger a su eventual sucesor. El presidente apuntó hacia la crisis económica como causa principal del castigo infligido a los socialistas y quiso defender de nuevo la gestión del Gobierno, insistiendo en la necesidad de proseguir con las reformas para impulsar la recuperación económica y la creación de empleo. Esa es seguramente su voluntad; falta que sea viable.
El factor más sorprendente de esta campaña han sido las concentraciones del Movimiento 15-M, que han coreado repetidamente el grito "no nos representan". Fuera cual fuese ayer la opción de cada ciudadano en las urnas, lo cierto es que, hoy, los consistorios y parlamentos autónomos elegidos sí nos representan, y es a ellos a los que habrá que pedir cuentas de su gestión en cuanto se constituyan.
(Editorial de "El País", publicado el 23 de mayo de 2011)
La campaña que precedió a las elecciones de ayer ha sido ensimismada y poco clarificadora. Ensimismada, porque los principales partidos se han limitado a prolongar el cruce de descalificaciones en el que llevan enzarzados en las dos últimas legislaturas. Poco clarificadora, porque el planteamiento de la campaña del que partían populares y socialistas impedía cualquier confrontación entre programas. Mientras que el PP se propuso convertir una consulta municipal y autonómica en una primera vuelta de las generales, el Partido Socialista intentó infructuosamente mantenerse en aquel terreno. Eso no le ha evitado obtener sus peores resultados en unas elecciones municipales, además de perder algunos de los gobiernos autonómicos que continuaban en sus manos.
Antes de las elecciones, los socialistas aspiraban a minimizar la imagen de derrota y para ello pretendían concentrar sus esfuerzos para obtener la victoria en muncipios y autonomías a los que concedían una poderosa carga simbólica. Ni siquiera este consuelo les fue concedido por los votantes. El Partido Socialista perdió ayer Castilla-La Mancha y la mayoría absoluta en Extremadura, dos comunidades que no han conocido un gobierno de otro signo. También perdió los Ayuntamientos de Barcelona y de Sevilla, dos ciudades que, por distintas razones, han estado estrechamente vinculadas al socialismo en España durante las tres últimas décadas. Por primera vez CiU se convierte en la primera fuerza municipal en Cataluña. Al final de la noche, el PP sumó unos 400.000 votos, mientras el PSOE sufrió una sangría de casi millón y medio.
El primer beneficiado de este retroceso general de los socialistas ha sido el Partido Popular, que confirma con los resultados obtenidos sus expectativas de un triunfo fácil y, según confía, igualmente rotundo, en las próximas elecciones generales. Pero, junto a él, han conseguido incrementar su representación autonómica y, sobre todo, municipal, fuerzas de distinto signo, situadas tanto a la izquierda como a la derecha. En este caso se encuentra UPyD en Madrid capital y, en Cataluña, una formación izquierdista como CUP y la xenófoba Plataforma por Cataluña. También la entrada de Bildu en los ayuntamientos del País Vasco, sobre todo en Guipúzcoa, es uno de los datos más significativos de la jornada.
A la vista de los resultados, queda claro que los populares han logrado imponer su agenda en estas elecciones, proyectando sobre las candidaturas socialistas el severo desgaste que padece el Gobierno central y su presidente. La renuncia de Zapatero a repetir como cabeza de cartel no ha tenido los efectos esperados, y el conjunto del PSOE ha debido cargar con la factura. A partir de este momento, los avatares de la sucesión son una moneda al aire, no solo por el hecho de desconocer quién será el candidato, sino también por los efectos que el proceso puede provocar en los desencantados votantes socialistas. La presión de los populares en favor de un adelanto electoral no facilitará las cosas.
Las elecciones celebradas ayer tenían como objetivo renovar los ayuntamientos y los parlamentos de 13 autonomías, no decidir sobre el final precipitado de la legislatura. La contundencia de los resultados, sin embargo, coloca una especial responsabilidad sobre el Gobierno y el Partido Socialista. Si Zapatero y su Ejecutivo no demuestran que están en condiciones de emprender iniciativas políticas que doten de sentido la espera hasta marzo, el Partido Popular se sentirá suficientemente reforzado para reclamar la disolución de las Cámaras.
Las trascendentales consecuencias sobre la política nacional de las elecciones celebradas ayer no pueden, con todo, ocultar las tareas pendientes en los ámbitos municipal y autonómico. La victoria del PP significa que él será el encargado de dar respuesta a los principales problemas a los que se enfrentan los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y de los que no se ha hecho apenas mención durante la campaña. El mayor de todos, la grave situación presupuestaria de municipios y comunidades, un asunto que, no solo no ha sido objeto de atención durante la campaña, sino que ni siquiera ha llegado a ser reconocido públicamente por los partidos. En la acumulación de este déficit no hay fuerza política que salga mejor parada que otra, por lo que carecería de sentido que los populares cedieran a la tentación de hacer recaer todas las culpas sobre los socialistas, con el agravante de no ahorrarle al país pasar por unas previsibles turbulencias financieras.
La dimensión de la derrota sufrida por el Partido Socialista hizo que, de manera inesperada, fuese el propio Rodríguez Zapatero quien compareciera al final de la jornada para asumir implícitamente las responsabilidades. Era una forma de manifestar que, aunque en retirada, sigue siendo el líder del partido, al mismo tiempo que un gesto para proteger a su eventual sucesor. El presidente apuntó hacia la crisis económica como causa principal del castigo infligido a los socialistas y quiso defender de nuevo la gestión del Gobierno, insistiendo en la necesidad de proseguir con las reformas para impulsar la recuperación económica y la creación de empleo. Esa es seguramente su voluntad; falta que sea viable.
El factor más sorprendente de esta campaña han sido las concentraciones del Movimiento 15-M, que han coreado repetidamente el grito "no nos representan". Fuera cual fuese ayer la opción de cada ciudadano en las urnas, lo cierto es que, hoy, los consistorios y parlamentos autónomos elegidos sí nos representan, y es a ellos a los que habrá que pedir cuentas de su gestión en cuanto se constituyan.
(Editorial de "El País", publicado el 23 de mayo de 2011)
DEMOCRACIA REAL Y FORMAL.
Ya han surgido críticas por el empleo de la expresión “democracia real” en el manifiesto del nuevo movimiento de protesta formado por los colectivos más afectados por la crisis. Algunos se escandalizan de que pueda contraponerse la democracia real a la formal. ¿Acaso la democracia de la que disfrutamos no es real? ¿Qué quiere decir entonces “real”? ¿Es que la democracia es algo más que las reglas que la constituyen y que garantizan la igualdad política de todos los ciudadanos y la celebración periódica de elecciones?En una democracia, todo el mundo tiene el mismo derecho a participar en la esfera política. Además, los derechos de reunión, asociación y libre expresión permiten que los ciudadanos puedan organizarse políticamente, puedan expresarse y protestar y puedan recibir información libremente. La principal decisión colectiva que toma el pueblo es la elección de sus representantes que, a su vez, se encargan de formar un gobierno.Todo en este sistema institucional está encaminado a que los representantes actúen según las preferencias mayoritarias en la sociedad. Eso es el autogobierno: que las decisiones políticas se tomen en función de lo que la gente quiere y no de lo que quieren los sabios, los poderosos, los aristócratas o cualquier otra élite. Si el autogobierno no tuviese valor alguno, se podría elegir a los representantes mediante sorteo.La democracia formal es aquella en la que funcionan las reglas institucionales que definen el sistema, pero que no produce autogobierno. Hay elecciones, hay partidos con posiciones ideológicas diversas y se garantizan los derechos políticos básicos, mas el Gobierno no es capaz de gobernar siguiendo el parecer de la mayoría social.
Creo que, en el fondo, la protesta que está produciéndose estos días se dirige al déficit de autogobierno que padece nuestra sociedad. Este déficit es causado por dos factores muy distintos.
Por un lado, la corrupción, que tiene un efecto corrosivo brutal, sobre todo en tiempos de crisis en los que tanta gente pasa penurias. La corrupción rompe el vínculo representativo, pues el político actúa en beneficio propio o en el de su partido y no en beneficio de la sociedad. Es cierto que la corrupción está hoy enquistada en el nivel autonómico y municipal y no en el Gobierno central, pero teniendo en cuenta los recursos y competencias de los gobiernos autonómicos, esta constatación sirve de poco consuelo.En la medida en que los partidos hagan la vista gorda ante los casos de corrupción que tienen en sus filas o no tomen medidas efectivas para evitar estos fenómenos, se produce un desafecto que se traduce en decepción con la “clase política”. Se supone que otros políticos, con otros niveles de exigencia, actuarían de forma distinta. Hay algo de ilusorio en esa pretensión, pues los políticos reaccionan sobre todo a los incentivos que tienen. Si la ciudadanía se vuelve más severa y se informa mejor y si se reducen las posibilidades de incurrir en prácticas corruptas mediante reformas institucionales adecuadas, esta misma clase política que hoy tenemos se volvería algo más “virtuosa”.
Por otro lado, hay también déficit de autogobierno porque los gobiernos del área euro se han quedado sin margen de maniobra para responder a la crisis. La política monetaria está en manos del BCE, que es independiente, pero responde sobre todo a los intereses de Alemania. Los países no pueden devaluar. Y el déficit público y la deuda que se genera como consecuencia de la caída de ingresos producida por la crisis no son sostenibles dado el perverso diseño institucional de la Unión Monetaria. Todo esto se traduce en políticas de ajuste dañinas que se imponen como un dictado en los países afectados. Otros países fuera del área euro, como Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón, tienen dificultades parecidas o incluso mayores en términos de déficit y deuda pero no están sometidos a los ajustes que requiere el sistema de gobierno de la Unión Monetaria.
En este sentido, da igual qué partido esté en el gobierno, socialdemócrata o conservador. No es un problema de “clase política”. El problema, más bien, es que no hay margen para hacer otra política que no consista en planes de ajuste destinados a frenar los ataques especulativos contra la deuda pública nacional, ataques que por lo demás son incentivados por el diseño institucional del euro. Es imposible imaginar ahora en España que un partido llegara al poder y pudiera hacer una política económica y social muy distinta, dadas las restricciones a las que se enfrentaría.
En estas condiciones, en las que España y otros países de su entorno parecen atrapados en situaciones imposibles como las que han experimentado muchos países emergentes en el pasado, no puede sorprender que surja la protesta por la pérdida de autogobierno democrático. Nos metimos en la aventura del euro. El experimento no ha funcionado como se esperaba, pero en lugar de reformar el sistema de gobierno del euro se obliga a los países de la Unión Monetaria a llevar a cabo planes de ajuste y reformas liberales que perjudican a grandes capas de la sociedad. Es lógico que en estas condiciones se reclame una “democracia real”, una democracia en la que el autogobierno vuelva a ser efectivo.
(Artículo de Ignacio Sánchez-Cuenca, publicado en "Público" el 20 de mayo de 2011)
Creo que, en el fondo, la protesta que está produciéndose estos días se dirige al déficit de autogobierno que padece nuestra sociedad. Este déficit es causado por dos factores muy distintos.
Por un lado, la corrupción, que tiene un efecto corrosivo brutal, sobre todo en tiempos de crisis en los que tanta gente pasa penurias. La corrupción rompe el vínculo representativo, pues el político actúa en beneficio propio o en el de su partido y no en beneficio de la sociedad. Es cierto que la corrupción está hoy enquistada en el nivel autonómico y municipal y no en el Gobierno central, pero teniendo en cuenta los recursos y competencias de los gobiernos autonómicos, esta constatación sirve de poco consuelo.En la medida en que los partidos hagan la vista gorda ante los casos de corrupción que tienen en sus filas o no tomen medidas efectivas para evitar estos fenómenos, se produce un desafecto que se traduce en decepción con la “clase política”. Se supone que otros políticos, con otros niveles de exigencia, actuarían de forma distinta. Hay algo de ilusorio en esa pretensión, pues los políticos reaccionan sobre todo a los incentivos que tienen. Si la ciudadanía se vuelve más severa y se informa mejor y si se reducen las posibilidades de incurrir en prácticas corruptas mediante reformas institucionales adecuadas, esta misma clase política que hoy tenemos se volvería algo más “virtuosa”.
Por otro lado, hay también déficit de autogobierno porque los gobiernos del área euro se han quedado sin margen de maniobra para responder a la crisis. La política monetaria está en manos del BCE, que es independiente, pero responde sobre todo a los intereses de Alemania. Los países no pueden devaluar. Y el déficit público y la deuda que se genera como consecuencia de la caída de ingresos producida por la crisis no son sostenibles dado el perverso diseño institucional de la Unión Monetaria. Todo esto se traduce en políticas de ajuste dañinas que se imponen como un dictado en los países afectados. Otros países fuera del área euro, como Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón, tienen dificultades parecidas o incluso mayores en términos de déficit y deuda pero no están sometidos a los ajustes que requiere el sistema de gobierno de la Unión Monetaria.
En este sentido, da igual qué partido esté en el gobierno, socialdemócrata o conservador. No es un problema de “clase política”. El problema, más bien, es que no hay margen para hacer otra política que no consista en planes de ajuste destinados a frenar los ataques especulativos contra la deuda pública nacional, ataques que por lo demás son incentivados por el diseño institucional del euro. Es imposible imaginar ahora en España que un partido llegara al poder y pudiera hacer una política económica y social muy distinta, dadas las restricciones a las que se enfrentaría.
En estas condiciones, en las que España y otros países de su entorno parecen atrapados en situaciones imposibles como las que han experimentado muchos países emergentes en el pasado, no puede sorprender que surja la protesta por la pérdida de autogobierno democrático. Nos metimos en la aventura del euro. El experimento no ha funcionado como se esperaba, pero en lugar de reformar el sistema de gobierno del euro se obliga a los países de la Unión Monetaria a llevar a cabo planes de ajuste y reformas liberales que perjudican a grandes capas de la sociedad. Es lógico que en estas condiciones se reclame una “democracia real”, una democracia en la que el autogobierno vuelva a ser efectivo.
(Artículo de Ignacio Sánchez-Cuenca, publicado en "Público" el 20 de mayo de 2011)
LA MALA GESTIÓN DE UNA CRISIS.
La creciente presencia masiva de jóvenes, jubilados, desempleados y gentes diversas en puntos simbólicos de las principales ciudades españolas ha desviado ligeramente la atención de la última semana de la campaña electoral que se desarrolla al margen de estas protestas en las que no se ven siglas de partidos políticos ni de sindicatos.
Es un movimiento sin líderes conocidos que aglutina el descontento que late en la crisis social que mantiene en el paro a buena parte de una generación de jóvenes bien preparados que no encuentran trabajo y que piden un cambio en la forma de gestionar los asuntos públicos. No son antisistema sino que piden que el sistema funcione con más transparencia, más democracia y más libertad. No hay dictadura mayor que una democracia sin libertad, escribía Alexis de Toqueville en su Democracia en América a finales del siglo antepasado.
En la última encuesta del CIS se señalaba a los partidos políticos como el tercer problema en nuestra sociedad azotada por la crisis. Se desprende de esa encuesta que los partidos ignoran la opinión y los intereses de los ciudadanos a los que se les pide el voto en listas cerradas y no se les vuelve a incordiar hasta dentro de cuatro años.
Las protestas tienen como telón de fondo lo que ha ocurrido en Islandia y lo que está pasando en el norte de África este año. Concentraciones inesperadas y rápidas de gentes que utilizan los canales de las redes sociales estableciendo complicidades y debates al margen de los medios de comunicación. No es una cuestión menor y harían bien los políticos que van a ser elegidos en escuchar las denuncias que lanza una juventud que muestra pacíficamente su frustración.
Al estallar la crisis en septiembre de 2008, el presidente Sarkozy habló de refundar el capitalismo. No sé si hay que refundarlo porque la historia reciente ha demostrado que es el menos malo de los sistemas. Lo que sí que hay que reformar es el código de conducta de los que lo han hecho fracasar. No se han pedido responsabilidades a los altos ejecutivos que capearon la crisis desde los tiempos de Bush hasta el presidente Obama. Ninguno de ellos ha sido procesado.
Es cierto que los políticos locales o nacionales son incapaces de enderezar una situación de naturaleza global que arranca en el proceso de desregulación que empezó en los años ochenta. Las decisiones que toman vienen impuestas por gobiernos e instituciones que han sido incapaces de reformar un sistema que ellos mismos contribuyeron a su fracaso.Hay que recuperar la accountability, el rendir cuentas, la transparencia y la cercanía entre gobernantes y gobernados. Centrar las políticas en las personas y no en los beneficios y el éxito momentáneos de las élites, ya sean políticas, financieras o sociales. No ha fallado el sistema sino las personas que lo están gestionando.
(Artículo de Lluís Foix, publicado en "La Vanguardia" el 19 de mayo de 2011)
Es un movimiento sin líderes conocidos que aglutina el descontento que late en la crisis social que mantiene en el paro a buena parte de una generación de jóvenes bien preparados que no encuentran trabajo y que piden un cambio en la forma de gestionar los asuntos públicos. No son antisistema sino que piden que el sistema funcione con más transparencia, más democracia y más libertad. No hay dictadura mayor que una democracia sin libertad, escribía Alexis de Toqueville en su Democracia en América a finales del siglo antepasado.
En la última encuesta del CIS se señalaba a los partidos políticos como el tercer problema en nuestra sociedad azotada por la crisis. Se desprende de esa encuesta que los partidos ignoran la opinión y los intereses de los ciudadanos a los que se les pide el voto en listas cerradas y no se les vuelve a incordiar hasta dentro de cuatro años.
Las protestas tienen como telón de fondo lo que ha ocurrido en Islandia y lo que está pasando en el norte de África este año. Concentraciones inesperadas y rápidas de gentes que utilizan los canales de las redes sociales estableciendo complicidades y debates al margen de los medios de comunicación. No es una cuestión menor y harían bien los políticos que van a ser elegidos en escuchar las denuncias que lanza una juventud que muestra pacíficamente su frustración.
Al estallar la crisis en septiembre de 2008, el presidente Sarkozy habló de refundar el capitalismo. No sé si hay que refundarlo porque la historia reciente ha demostrado que es el menos malo de los sistemas. Lo que sí que hay que reformar es el código de conducta de los que lo han hecho fracasar. No se han pedido responsabilidades a los altos ejecutivos que capearon la crisis desde los tiempos de Bush hasta el presidente Obama. Ninguno de ellos ha sido procesado.
Es cierto que los políticos locales o nacionales son incapaces de enderezar una situación de naturaleza global que arranca en el proceso de desregulación que empezó en los años ochenta. Las decisiones que toman vienen impuestas por gobiernos e instituciones que han sido incapaces de reformar un sistema que ellos mismos contribuyeron a su fracaso.Hay que recuperar la accountability, el rendir cuentas, la transparencia y la cercanía entre gobernantes y gobernados. Centrar las políticas en las personas y no en los beneficios y el éxito momentáneos de las élites, ya sean políticas, financieras o sociales. No ha fallado el sistema sino las personas que lo están gestionando.
(Artículo de Lluís Foix, publicado en "La Vanguardia" el 19 de mayo de 2011)
DEL MALESTAR A LA INDIGNACIÓN.
Una vez el malestar se ha hecho indignación, ya solo falta lo más difícil: transformar este sentimiento en una política. Hay quien pretende que esto es imposible, que la indignación no hace política, con lo cual solo genera frustración. La historia está llena de ejemplos que confirman que esto no es cierto: ¿Qué habría sido de los derechos civiles de los negros americanos sin las movilizaciones de los 60? ¿Qué habría pasado en los sistemas de tipo soviético sin la digna irritación que puso a tantos ciudadanos en la calle? O, sin ir tan lejos, las tropas españolas todavía estarían en Irak si la gente no hubiese protestado. Indignación ha sido muchas veces el paso previo a un cambio o transformación política. Lo hemos visto recientemente en los países árabes: el destino final de las revueltas es incierto, pero lo que es innegable es que la indignación ha tenido consecuencias políticas.
Por fin, después de tres años de crisis, han emergido las primeras expresiones de indignación en la sociedad española. No era comprensible que el malestar estuviera tan contenido en una situación potencialmente tan explosiva: 20% de trabajadores en paro; 43% si nos ceñimos a la población juvenil. Se estaba tirando a toda una generación por la borda -con las terribles consecuencias de futuro que eso tiene para el país- y aquí no se movía nadie. Han circulado diversos argumentos para explicar esta atonía: la renta per cápita es todavía suficiente para que las clases medias y parte de las populares puedan proteger a sus hijos; el miedo es muy grande en una sociedad en la que, sin horizontes de futuro, la gente teme perder lo que tiene; el bienestar de estos últimos años ha generado un cambio cultural hacia posiciones más conservadoras; el discurso de la crisis y de los ajustes ha calado y la gente lo acepta con resignación. Podríamos añadir otra explicación: el énfasis de Zapatero en la prioridad a las políticas sociales durante los dos primeros años de la crisis fue un antídoto a la conflictividad. Pero todo se vino abajo cuando Zapatero, bajo la presión de los mercados, dio el gran giro hace un año, coincidiendo además con el momento en que la crisis llegaba ya directamente al bolsillo de los ciudadanos. Allí el presidente se desplomó irremisiblemente en las encuestas y el malestar entró en ebullición hasta emerger ahora, en forma de movilización social.
Está por ver el calado de unas movidas que solo acaban de empezar. Razones para la indignación hay muchas. Viendo a Mariano Rajoy aplaudir, el lunes, al mallorquín Balza por haber hecho limpieza de corruptos en el PP de las islas y jalear, el martes, al imputado Camps en Valencia, que ha llenado las listas de sospechosos, es difícil no sentir irritación. Por una vez, el mensaje de Rajoy ha sido nítido: me da igual que sean legales o corruptos, lo único que importa es que sean del PP. Estos comportamientos son los que desprestigian la democracia. Y lo grave es que una parte de la sociedad parece dispuesta a validarlos, votando a los corruptos.
Las desigualdades han crecido de forma exponencial, poniendo en riesgo el óptimo de desigualdad, a partir del cual aparece la amenaza de fractura. En la pugna entre poder económico y poder político siempre ha llevado ventaja el primero, pero en esta crisis la sumisión de la política ha sido tan grande, que es muy difícil verla como un contrapeso en favor del interés general. Si añadimos una política de consagración legal de los privilegios y el impudor del poder financiero, buscando la socialización de las pérdidas al tiempo que se reparte obscenamente los beneficios, la irritación tiene fundamento. El Gobierno ha perdido la capacidad de conectar con el malestar social. La oposición se ha limitado a la estrategia del cuanto peor, mejor, es decir ha apostado por el poder, no por los ciudadanos. El bipartidismo -propio de los países con mayor desigualdad social- limita peligrosamente las opciones de los ciudadanos. Es lógico que la ciudadanía no se sienta reconocida y cunda la idea de que la democracia está secuestrada.
Los ciudadanos que estos días expresan su indignación, curiosamente, reclaman lo mismo que los ciudadanos de los países árabes: más democracia. Ellos, no tenían; nosotros, la tenemos, pero con señales manifiestas de deterioro y de alejamiento de la ciudadanía. Lo que se pide es reanimar la democracia en beneficio de los ciudadanos. Algo más que votar cada cuatro años.
(Artículo de Josep Ramoneda, publicado en "El País" el 19 de mayo de 2011)
Por fin, después de tres años de crisis, han emergido las primeras expresiones de indignación en la sociedad española. No era comprensible que el malestar estuviera tan contenido en una situación potencialmente tan explosiva: 20% de trabajadores en paro; 43% si nos ceñimos a la población juvenil. Se estaba tirando a toda una generación por la borda -con las terribles consecuencias de futuro que eso tiene para el país- y aquí no se movía nadie. Han circulado diversos argumentos para explicar esta atonía: la renta per cápita es todavía suficiente para que las clases medias y parte de las populares puedan proteger a sus hijos; el miedo es muy grande en una sociedad en la que, sin horizontes de futuro, la gente teme perder lo que tiene; el bienestar de estos últimos años ha generado un cambio cultural hacia posiciones más conservadoras; el discurso de la crisis y de los ajustes ha calado y la gente lo acepta con resignación. Podríamos añadir otra explicación: el énfasis de Zapatero en la prioridad a las políticas sociales durante los dos primeros años de la crisis fue un antídoto a la conflictividad. Pero todo se vino abajo cuando Zapatero, bajo la presión de los mercados, dio el gran giro hace un año, coincidiendo además con el momento en que la crisis llegaba ya directamente al bolsillo de los ciudadanos. Allí el presidente se desplomó irremisiblemente en las encuestas y el malestar entró en ebullición hasta emerger ahora, en forma de movilización social.
Está por ver el calado de unas movidas que solo acaban de empezar. Razones para la indignación hay muchas. Viendo a Mariano Rajoy aplaudir, el lunes, al mallorquín Balza por haber hecho limpieza de corruptos en el PP de las islas y jalear, el martes, al imputado Camps en Valencia, que ha llenado las listas de sospechosos, es difícil no sentir irritación. Por una vez, el mensaje de Rajoy ha sido nítido: me da igual que sean legales o corruptos, lo único que importa es que sean del PP. Estos comportamientos son los que desprestigian la democracia. Y lo grave es que una parte de la sociedad parece dispuesta a validarlos, votando a los corruptos.
Las desigualdades han crecido de forma exponencial, poniendo en riesgo el óptimo de desigualdad, a partir del cual aparece la amenaza de fractura. En la pugna entre poder económico y poder político siempre ha llevado ventaja el primero, pero en esta crisis la sumisión de la política ha sido tan grande, que es muy difícil verla como un contrapeso en favor del interés general. Si añadimos una política de consagración legal de los privilegios y el impudor del poder financiero, buscando la socialización de las pérdidas al tiempo que se reparte obscenamente los beneficios, la irritación tiene fundamento. El Gobierno ha perdido la capacidad de conectar con el malestar social. La oposición se ha limitado a la estrategia del cuanto peor, mejor, es decir ha apostado por el poder, no por los ciudadanos. El bipartidismo -propio de los países con mayor desigualdad social- limita peligrosamente las opciones de los ciudadanos. Es lógico que la ciudadanía no se sienta reconocida y cunda la idea de que la democracia está secuestrada.
Los ciudadanos que estos días expresan su indignación, curiosamente, reclaman lo mismo que los ciudadanos de los países árabes: más democracia. Ellos, no tenían; nosotros, la tenemos, pero con señales manifiestas de deterioro y de alejamiento de la ciudadanía. Lo que se pide es reanimar la democracia en beneficio de los ciudadanos. Algo más que votar cada cuatro años.
(Artículo de Josep Ramoneda, publicado en "El País" el 19 de mayo de 2011)
EICHMANN Y ARENDT EN JERUSALÉN.
El 23 de mayo de 1960, David Ben-Gurión comunicó al Parlamento de Israel que Adolf Eichmann había sido detenido en territorio extranjero, que se hallaba cautivo en Israel y que sería juzgado. El primer ministro no precisó mucho más.
En aquella fecha del inicio de los sesenta, aunque las repercusiones del holocausto no habían dejado de martillear algunas conciencias, las conveniencias políticas e identitarias de algunos estados habían tenido el efecto de “suspender” la presencia del tema, por lo que predominaba una suerte de silencio administrativo relativo al holocausto y sus consecuencias, lo que favoreció la incredulidad de la ciudadanía generando un perverso sentido de vergüenza en los sobrevivientes: algunos borraron el tatuaje de la piel de su antebrazo, la marca de su historia. También en Israel, donde a lo largo de los años cincuenta la shoá (catástrofe) no tuvo prácticamente presencia pública, a pesar de que alrededor de 300.000 sobrevivientes habían alcanzado la tierra donde se construía el nuevo Estado. La revolución sionista precisaba omitir los capítulos de la historia judía relativos a las diásporas y que podían obstaculizar –a su modo de ver– el esfuerzo constructivo del nuevo proyecto. Además, como se decía en Israel, los judíos del exilio –así se llamó a los sobrevivientes– habían llegado a Israel como refugiados tras la guerra, no movidos por un ideal, no por convicción. “En la prensa, en los discursos políticos y en las conversaciones, los estereotipos antisemitas típicos de la Europa de los años treinta traducían un día tras otro el desprecio que los pioneros sentían por los judíos del gueto” (Rony Brauman y Eyal Sivan, Elogi de la desobedència, 2008). Un manual de historia de 220 páginas dedicaba una sola al holocausto frente a la decena destinada a las guerras napoleónicas, (James Young, History and Memory, nº 2, 1990). Los cincuenta fueron una época para los héroes, no para las víctimas gaseadas. Resulta significativo que la ley empleada para juzgar a Eichmann fuese una ley concebida para procesar a los supuestos colaboradores judíos en el gueto.
Ahora se cumple medio siglo del proceso a Eichmann que sacó al holocausto de la marginalidad en la que Occidente lo confinó. En Israel también cambió todo. Ben-Gurión decidió organizar un nuevo discurso sobre el holocausto, un discurso de poder que pusiera la memoria al servicio de su política y de su interpretación de la nación. Al fin y al cabo, declaró en una entrevista, “lo que le pueda pasar a Eichmann no me interesa ni poco ni mucho. Lo que me interesa es el espectáculo”. (Idith Zertal. La nació i la mort). Por ese camino, el proceso a Eichmann tuvo en Israel la naturaleza de una metáfora moral de dimensiones históricas que presentaba al Estado de Israel, por primera vez, como redentor de los seis millones de judíos asesinados. Nacía una nueva legitimación no explorada hasta entonces, el inmenso potencial de las víctimas del holocausto lo permitía. Esa fue la finalidad que estableció el Estado para el juicio, pero “las irregularidades y anomalías del proceso de Jerusalén fueron tantas, tan diversas y de tal complejidad jurídica, que oscurecieron durante el procedimiento (…) los centrales problemas morales, políticos e incluso legales que el proceso inevitablemente tenía que plantear” (Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, 2005). Esos “problemas oscuros” son los que Arendt nos iluminó.
Arendt había seguido el proceso como corresponsal especial de The New Yorker, un semanario estadounidense de ensayos culturales y reportajes de investigación. Desde sus páginas informó sobre el juicio, y en 1963 publicó una obra nueva: Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal, basada en sus notas y reflexiones más generales sobre el proceso y sus consecuencias. Habló de tres temas, del nazismo, de las víctimas y del Estado de Israel. La aportación de Arendt consistió en sostener que la insistencia fiscal en buscar la monstruosidad malvada del procesado oscurecía la singularidad –y novedad– del holocausto, que para Arendt consistía en la sorprendente divergencia entre la atrocidad del crimen y la normalidad de sus perpetradores en la ejecución del mismo. Para Arendt, aquella larga carrera de maldad mostraba “la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes”. El mal de Eichmann, para Arendt, no era radical, tan sólo extremo; la radicalidad del mal se hallaba en la fuente que lo había generado, el totalitarismo.
Pero Arendt criticó algo que fue muy mal recibido por la autoridad judía, la intelectualidad sionista y la academia israelí: la cooperación de los judíos a su propia hecatombe con una obediencia turbadora, y sostenía sus afirmaciones en la exhaustiva y reciente obra de Raul Hilberg, La destrucción de los judíos europeos (1961), que jamás ha sido publicada en hebreo, al igual que el libro de Arendt.
Lo que reprochaba Arendt no era la ausencia de una rebelión judía, sino la incapacidad de decir no. Puesto que el rechazo a obedecer constituye la esencia de la humanidad, Arendt hacía un elogio de la desobediencia. En realidad, de ahí procede una pregunta universal de naturaleza ética que ha condicionado las políticas públicas de memoria –y también la historiografía– en las sociedades que poseen en su pasado reciente una devastación causada por el totalitarismo, como la nuestra: ¿qué hay que hacer, colaborar, resistir, sobrevivir? Cada una de esas palabras abre aún, ahora y aquí, un conflicto. Porque la respuesta, sea la que sea, no es inocua: de ella depende la creación, o no, de un grave vacío ético.
(Artículo de Ricard Vinyes, publicado en "Público" el 18 de mayo de 2011)
En aquella fecha del inicio de los sesenta, aunque las repercusiones del holocausto no habían dejado de martillear algunas conciencias, las conveniencias políticas e identitarias de algunos estados habían tenido el efecto de “suspender” la presencia del tema, por lo que predominaba una suerte de silencio administrativo relativo al holocausto y sus consecuencias, lo que favoreció la incredulidad de la ciudadanía generando un perverso sentido de vergüenza en los sobrevivientes: algunos borraron el tatuaje de la piel de su antebrazo, la marca de su historia. También en Israel, donde a lo largo de los años cincuenta la shoá (catástrofe) no tuvo prácticamente presencia pública, a pesar de que alrededor de 300.000 sobrevivientes habían alcanzado la tierra donde se construía el nuevo Estado. La revolución sionista precisaba omitir los capítulos de la historia judía relativos a las diásporas y que podían obstaculizar –a su modo de ver– el esfuerzo constructivo del nuevo proyecto. Además, como se decía en Israel, los judíos del exilio –así se llamó a los sobrevivientes– habían llegado a Israel como refugiados tras la guerra, no movidos por un ideal, no por convicción. “En la prensa, en los discursos políticos y en las conversaciones, los estereotipos antisemitas típicos de la Europa de los años treinta traducían un día tras otro el desprecio que los pioneros sentían por los judíos del gueto” (Rony Brauman y Eyal Sivan, Elogi de la desobedència, 2008). Un manual de historia de 220 páginas dedicaba una sola al holocausto frente a la decena destinada a las guerras napoleónicas, (James Young, History and Memory, nº 2, 1990). Los cincuenta fueron una época para los héroes, no para las víctimas gaseadas. Resulta significativo que la ley empleada para juzgar a Eichmann fuese una ley concebida para procesar a los supuestos colaboradores judíos en el gueto.
Ahora se cumple medio siglo del proceso a Eichmann que sacó al holocausto de la marginalidad en la que Occidente lo confinó. En Israel también cambió todo. Ben-Gurión decidió organizar un nuevo discurso sobre el holocausto, un discurso de poder que pusiera la memoria al servicio de su política y de su interpretación de la nación. Al fin y al cabo, declaró en una entrevista, “lo que le pueda pasar a Eichmann no me interesa ni poco ni mucho. Lo que me interesa es el espectáculo”. (Idith Zertal. La nació i la mort). Por ese camino, el proceso a Eichmann tuvo en Israel la naturaleza de una metáfora moral de dimensiones históricas que presentaba al Estado de Israel, por primera vez, como redentor de los seis millones de judíos asesinados. Nacía una nueva legitimación no explorada hasta entonces, el inmenso potencial de las víctimas del holocausto lo permitía. Esa fue la finalidad que estableció el Estado para el juicio, pero “las irregularidades y anomalías del proceso de Jerusalén fueron tantas, tan diversas y de tal complejidad jurídica, que oscurecieron durante el procedimiento (…) los centrales problemas morales, políticos e incluso legales que el proceso inevitablemente tenía que plantear” (Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, 2005). Esos “problemas oscuros” son los que Arendt nos iluminó.
Arendt había seguido el proceso como corresponsal especial de The New Yorker, un semanario estadounidense de ensayos culturales y reportajes de investigación. Desde sus páginas informó sobre el juicio, y en 1963 publicó una obra nueva: Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal, basada en sus notas y reflexiones más generales sobre el proceso y sus consecuencias. Habló de tres temas, del nazismo, de las víctimas y del Estado de Israel. La aportación de Arendt consistió en sostener que la insistencia fiscal en buscar la monstruosidad malvada del procesado oscurecía la singularidad –y novedad– del holocausto, que para Arendt consistía en la sorprendente divergencia entre la atrocidad del crimen y la normalidad de sus perpetradores en la ejecución del mismo. Para Arendt, aquella larga carrera de maldad mostraba “la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes”. El mal de Eichmann, para Arendt, no era radical, tan sólo extremo; la radicalidad del mal se hallaba en la fuente que lo había generado, el totalitarismo.
Pero Arendt criticó algo que fue muy mal recibido por la autoridad judía, la intelectualidad sionista y la academia israelí: la cooperación de los judíos a su propia hecatombe con una obediencia turbadora, y sostenía sus afirmaciones en la exhaustiva y reciente obra de Raul Hilberg, La destrucción de los judíos europeos (1961), que jamás ha sido publicada en hebreo, al igual que el libro de Arendt.
Lo que reprochaba Arendt no era la ausencia de una rebelión judía, sino la incapacidad de decir no. Puesto que el rechazo a obedecer constituye la esencia de la humanidad, Arendt hacía un elogio de la desobediencia. En realidad, de ahí procede una pregunta universal de naturaleza ética que ha condicionado las políticas públicas de memoria –y también la historiografía– en las sociedades que poseen en su pasado reciente una devastación causada por el totalitarismo, como la nuestra: ¿qué hay que hacer, colaborar, resistir, sobrevivir? Cada una de esas palabras abre aún, ahora y aquí, un conflicto. Porque la respuesta, sea la que sea, no es inocua: de ella depende la creación, o no, de un grave vacío ético.
(Artículo de Ricard Vinyes, publicado en "Público" el 18 de mayo de 2011)
ESCÁNDALOS Y DELITOS.
Sólo cuando los hechos vayan esclareciendo lo que pasó realmente en aquella fatídica habitación 2806 del hotel Sofitel de Manhattan, sabremos si estamos ante un gran escándalo de un poderoso personaje o bien hablaremos de un delito que será juzgado por las leyes norteamericanas. Ten cuidado, en Estados Unidos no se bromea, le dijo Nicholas Sarkozy a Dominique Strauss-Khan al proponerle como director gerente del Fondo Monetario Internacional. En Europa continental solemos mantener una tenue línea de responsabilidad entre los actos públicos y privados, de tal manera que un personaje famoso o conocido puede salir bien parado por un escándalo que en Estados Unidos o Inglaterra sería considerado un delito.
Es impensable que las fechorías de Berlusconi, publicadas y con el soporte de vídeos explícitos, no hubieran acabado hace ya años con su carrera política en Estados Unidos. Cuántas carreras políticas se han visto truncadas en Inglaterra por un simple affaire sentimental. El caso Profumo hizo caer al gobierno MacMillan al airearse que el ministro de Defensa mantenía relaciones con una cabaretera que trataba asiduamente a un espía soviético.
En Francia era de dominio público la doble vida amorosa del presidente Mitterrand. Sólo cuando él lo decidió, se publicó la fotografía de su hija natural, Mazarine Pingeot, que figuró en el duelo oficial de los funerales de Estado al morir el presidente. Los franceses aceptaron con cierta complacencia que la doble vida personal de su presidente durante catorce años se exhibiera con Mitterrand de cuerpo presente. No quiero entrar en averiguaciones sobre situaciones semejantes en nuestro país, en el que se suele recurrir a todo tipo de influencias para tapar actitudes que no sólo podrían ser motivo de escándalo, sino también constitutivas de delito.
En Europa continental se aplica una generosa manga ancha para tapar las actitudes de la condición humana de los servidores públicos. No sé si la cultura europea es mejor o peor que la anglosajona en estos delicados temas. Lo que sí debía saber Strauss-Khan, si las imputaciones son ciertas, es que tener mucho poder económico o político en Estados Unidos no equivale a tener barra libre para abusar, en este caso, de la camarera de hotel de lujo.
El político europeo de hoy ha de saber, en cualquier caso, que su vida privada acaba teniendo una repercusión pública.
(Artículo de Lluís Foix, publicado en "La Vanguardia" el 17 de mayo de 2011)
Es impensable que las fechorías de Berlusconi, publicadas y con el soporte de vídeos explícitos, no hubieran acabado hace ya años con su carrera política en Estados Unidos. Cuántas carreras políticas se han visto truncadas en Inglaterra por un simple affaire sentimental. El caso Profumo hizo caer al gobierno MacMillan al airearse que el ministro de Defensa mantenía relaciones con una cabaretera que trataba asiduamente a un espía soviético.
En Francia era de dominio público la doble vida amorosa del presidente Mitterrand. Sólo cuando él lo decidió, se publicó la fotografía de su hija natural, Mazarine Pingeot, que figuró en el duelo oficial de los funerales de Estado al morir el presidente. Los franceses aceptaron con cierta complacencia que la doble vida personal de su presidente durante catorce años se exhibiera con Mitterrand de cuerpo presente. No quiero entrar en averiguaciones sobre situaciones semejantes en nuestro país, en el que se suele recurrir a todo tipo de influencias para tapar actitudes que no sólo podrían ser motivo de escándalo, sino también constitutivas de delito.
En Europa continental se aplica una generosa manga ancha para tapar las actitudes de la condición humana de los servidores públicos. No sé si la cultura europea es mejor o peor que la anglosajona en estos delicados temas. Lo que sí debía saber Strauss-Khan, si las imputaciones son ciertas, es que tener mucho poder económico o político en Estados Unidos no equivale a tener barra libre para abusar, en este caso, de la camarera de hotel de lujo.
El político europeo de hoy ha de saber, en cualquier caso, que su vida privada acaba teniendo una repercusión pública.
(Artículo de Lluís Foix, publicado en "La Vanguardia" el 17 de mayo de 2011)
LA MÁQUINA DE COLOCAR.
EL modelo autonómico dejó de funcionar hace tiempo, pero es intocable. Después de pasarse varios años discutiendo en mayor o menor medida la necesidad de reformarlo, reconducirlo o como mínimo embridar el gasto desbocado de las autonomías, los grandes partidos lo han declarado tema tabú en estas elecciones que ventilan el poder en trece comunidades. De repente ha desaparecido el debate, que estaba hasta hace bien poco en la agenda inmediata del ajuste del déficit. Y sigue estando, claro, sólo que los gabinetes de campaña han prohibido mencionarlo; no se ganan votos prometiendo apretones de cinturón. Por eso en los mítines se habla —se grita, más bien— del paro, de la extrema derecha, de los culpables de la crisis, de Bildu, de los sondeos, de la corrupción, y se llama a votar en clave nacional pero está vetado mencionar uno de los problemas esenciales de la nación, que es el diseño territorial del Estado. En las elecciones autonómicas no se puede tratar el asunto de las autonomías.
Al fondo de este chocante silencio está el papel fundamental de los poderes regionales como agentes principales del clientelismo político. Las comunidades autónomas son el primer aparato de colocación de España, una fábrica de cargos públicos a pleno rendimiento, y también el primer distribuidor de recursos, subvenciones, licencias de actividad y contratos de obras o de servicios. Su máquina de gastar resulta imprescindible para el funcionamiento de un tejido partidista basado en la capacidad de aglutinar lealtades mediante el reparto de favores entre afiliados y simpatizantes. El PP y el PSOE se han convertido de hecho en confederaciones de estructuras territoriales que ejercen de verdaderos califatos y determinan con su peso específico la elección de los líderes nacionales. Y en el caso de los nacionalismos, autonomía y partido forman una simbiosis elemental, conceptualmente indisoluble hasta el punto de que fuera del poder peligra la supervivencia misma de la organización. Los gobiernos que salgan de las urnas el domingo controlarán una inmensa porción del gasto público, que es el combustible de la política.
Todos los participantes en las elecciones saben que será necesario un recorte en esa nómina hipertrofiada, que habrá que podar organigramas, reducir cargos y ajustar plantillas, pero confían en minimizar su parte de la rebaja y en todo caso no están dispuestos a asumir sus costes de antemano. Aunque en la mayoría de los casos han renunciado a prometer inversiones que no podrán acometer, lo que de ningún modo aceptan es que se adelante el debate sobre la propia estructura del modelo que garantiza sus cuotas de liderazgo. Ése será un debate para las generales, y probablemente tan estéril como hasta ahora porque en España ya no hay poderes nacionales libres de la condición de rehenes de sus virreinatos.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 16 de mayo de 2011)
VUELVE EL PANFLETO.
Un nonagenario, Stéphane Hessel, desborda las fronteras francesas llamando a enfrentarse a la crisis holística de nuestra sociedad. En España, su libro, ¡Indignaos!, publicado por Destino, se refuerza con un vibrante prólogo de José Luis Sampedro, de la misma edad que Hessel. Sin apearse ni de la vida ni de su constante lucha, ambos hombres, pese a los achaques de su edad, dan una lección de empuje y coherencia. Con 94 años, a ambos, de trayectoria plena e insobornable compromiso, la preocupación por la deriva de la sociedad actual les ha unido.
¡Indignaos!, 19 páginas, publicado en Francia por una pequeña editorial, parece alumbrar el renacer del panfleto, ese veterano género que trata de satisfacer la necesidad de comunicar ideas a contracorriente en tiempos difíciles; un género que, en todos los países y en todos los momentos históricos, siempre ha sido perseguido por las autoridades.
Está en la naturaleza del ser humano el querer expresar la crítica y la denuncia aunque el poder no se lo permita. Con los antecedentes de las filípicas griegas y los libelos romanos, el panfleto atraviesa el medioevo como sinónimo de escrito de carácter satírico y/o difamatorio. Para algunos autores, el vocablo toma el nombre de una obra teatral del siglo XII que llegó a constituir un género, Pamphilius seu de amore. Más tarde, en el último tercio del siglo XVIII, los panfletos pasaron a transformarse en escritos políticos e ideológicos con las revoluciones democráticas norteamericana y francesa. Surgieron como reprobación al orden establecido y con el objetivo de difundirse rápidamente al margen de los canales tradicionales que les estaban vedados. Su época dorada, sin embargo, es el siglo XIX. Los movimientos obreros utilizaron el panfleto para la difusión ideológica y para incitar a la acción libertadora; la obra cumbre del género es el Manifiesto Comunista (1848).
En cuanto a España, varias instituciones ilustradas canarias conservan panfletos del siglo XIX, de pulcra caligrafía, convocando a la insurrección contra la invasión francesa. Y bajo el franquismo, las octavillas a multicopista fueron arriesgados ejercicios de oposición y llamamientos a rebelarse contra una dictadura asfixiante.
La similitud de circunstancias está en la clave de la vuelta hoy del panfleto político y social. Si en el siglo XIX se produjo una gran convulsión con la industrialización y el nacimiento de la clase obrera, asistimos ahora a una transformación profunda que está acabando con los derechos laborales y sociales logrados desde entonces. La única diferencia es que el asalariado del siglo XXI se considera a sí mismo, al menos en España, "clase media" y no se mueve. Casi nadie lo hace.
Y sin embargo, el nuevo panfleto se abre paso con inusitado vigor, publicitado, como siempre, de boca a oído, horadando el "pensamiento único" oficial, combatiendo la resignación y la cobardía. Si ¡Indignaos!, de Hessel, es ya el libro de no ficción más vendido en España, Reacciona, publicado por Aguilar, que ahonda en nuestros motivos particulares, ha escalado en solo tres semanas al quinto puesto. En este caso es Hessel quien prologa un libro que inicia el relato coral con José Luis Sampedro levantando una alfombra donde se ocultan las miserias al gran público: "Se confunde a la gente ofreciéndole libertad de expresión al tiempo que se le escamotea la libertad de pensamiento". Como él, Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, habla de los cambios radicales a acometer: "¡Ha llegado el momento de 'rescatar' a los ciudadanos!". Pero la economía no es el único sector del que se habla en este librito, por la sencilla razón de que no es el único afectado por esta profunda crisis.Toda una generación estafada de jóvenes -como dice el periodista Ignacio Escolar-, la sociedad desinformada o la debacle de la ciencia, la educación y la cultura, que son la base del auténtico progreso, sufren hoy las consecuencias de un sistema injusto.
Y hay más: el Manifiesto de economistas aterrorizados, de autores franceses, también comienza a propagarse en España.
El descontento de una parte de la ciudadanía -la que con criterio propio se siente seriamente agraviada- se está canalizando también en iniciativas como juventud sin futuro/sinmiedo o democraciarealya, entre otras, con creciente seguimiento en Internet. La actuación de los políticos sufre un claro desprestigio (representa el tercer problema para los españoles tras los económicos), lo que menoscaba peligrosamente el valor de una actividad destinada a dignificar el papel del ciudadano y a regular la acción del Estado en beneficio de la sociedad.
Las asambleas y mítines de los siglos XIX y XX parecen haberse trasladado a las redes sociales e Internet con su enorme poder amplificador. En un océano de masificación informativa, en el que los grandes medios difunden de manera casi uniforme la cultura dominante, se necesitan brújulas, periscopios y radares para orientarse. Y así, impresa o digital, una literatura panfletaria -cuya calidad desmiente el carácter peyorativo que solía acompañar al género- se abre paso con el mismo espíritu crítico de antaño. Son textos breves y directos que hablan con vehemencia cargada de razones. Dos nonagenarios -con décadas de historia vividas y reflexionadas- marcan el camino por el que ya muchos avanzan para indignarse y reaccionar. Ignorarlo sería insensato.
(Artículo de Rosa María Artal, publicado en "El País" el 7 de mayo de 2011)
¡Indignaos!, 19 páginas, publicado en Francia por una pequeña editorial, parece alumbrar el renacer del panfleto, ese veterano género que trata de satisfacer la necesidad de comunicar ideas a contracorriente en tiempos difíciles; un género que, en todos los países y en todos los momentos históricos, siempre ha sido perseguido por las autoridades.
Está en la naturaleza del ser humano el querer expresar la crítica y la denuncia aunque el poder no se lo permita. Con los antecedentes de las filípicas griegas y los libelos romanos, el panfleto atraviesa el medioevo como sinónimo de escrito de carácter satírico y/o difamatorio. Para algunos autores, el vocablo toma el nombre de una obra teatral del siglo XII que llegó a constituir un género, Pamphilius seu de amore. Más tarde, en el último tercio del siglo XVIII, los panfletos pasaron a transformarse en escritos políticos e ideológicos con las revoluciones democráticas norteamericana y francesa. Surgieron como reprobación al orden establecido y con el objetivo de difundirse rápidamente al margen de los canales tradicionales que les estaban vedados. Su época dorada, sin embargo, es el siglo XIX. Los movimientos obreros utilizaron el panfleto para la difusión ideológica y para incitar a la acción libertadora; la obra cumbre del género es el Manifiesto Comunista (1848).
En cuanto a España, varias instituciones ilustradas canarias conservan panfletos del siglo XIX, de pulcra caligrafía, convocando a la insurrección contra la invasión francesa. Y bajo el franquismo, las octavillas a multicopista fueron arriesgados ejercicios de oposición y llamamientos a rebelarse contra una dictadura asfixiante.
La similitud de circunstancias está en la clave de la vuelta hoy del panfleto político y social. Si en el siglo XIX se produjo una gran convulsión con la industrialización y el nacimiento de la clase obrera, asistimos ahora a una transformación profunda que está acabando con los derechos laborales y sociales logrados desde entonces. La única diferencia es que el asalariado del siglo XXI se considera a sí mismo, al menos en España, "clase media" y no se mueve. Casi nadie lo hace.
Y sin embargo, el nuevo panfleto se abre paso con inusitado vigor, publicitado, como siempre, de boca a oído, horadando el "pensamiento único" oficial, combatiendo la resignación y la cobardía. Si ¡Indignaos!, de Hessel, es ya el libro de no ficción más vendido en España, Reacciona, publicado por Aguilar, que ahonda en nuestros motivos particulares, ha escalado en solo tres semanas al quinto puesto. En este caso es Hessel quien prologa un libro que inicia el relato coral con José Luis Sampedro levantando una alfombra donde se ocultan las miserias al gran público: "Se confunde a la gente ofreciéndole libertad de expresión al tiempo que se le escamotea la libertad de pensamiento". Como él, Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, habla de los cambios radicales a acometer: "¡Ha llegado el momento de 'rescatar' a los ciudadanos!". Pero la economía no es el único sector del que se habla en este librito, por la sencilla razón de que no es el único afectado por esta profunda crisis.Toda una generación estafada de jóvenes -como dice el periodista Ignacio Escolar-, la sociedad desinformada o la debacle de la ciencia, la educación y la cultura, que son la base del auténtico progreso, sufren hoy las consecuencias de un sistema injusto.
Y hay más: el Manifiesto de economistas aterrorizados, de autores franceses, también comienza a propagarse en España.
El descontento de una parte de la ciudadanía -la que con criterio propio se siente seriamente agraviada- se está canalizando también en iniciativas como juventud sin futuro/sinmiedo o democraciarealya, entre otras, con creciente seguimiento en Internet. La actuación de los políticos sufre un claro desprestigio (representa el tercer problema para los españoles tras los económicos), lo que menoscaba peligrosamente el valor de una actividad destinada a dignificar el papel del ciudadano y a regular la acción del Estado en beneficio de la sociedad.
Las asambleas y mítines de los siglos XIX y XX parecen haberse trasladado a las redes sociales e Internet con su enorme poder amplificador. En un océano de masificación informativa, en el que los grandes medios difunden de manera casi uniforme la cultura dominante, se necesitan brújulas, periscopios y radares para orientarse. Y así, impresa o digital, una literatura panfletaria -cuya calidad desmiente el carácter peyorativo que solía acompañar al género- se abre paso con el mismo espíritu crítico de antaño. Son textos breves y directos que hablan con vehemencia cargada de razones. Dos nonagenarios -con décadas de historia vividas y reflexionadas- marcan el camino por el que ya muchos avanzan para indignarse y reaccionar. Ignorarlo sería insensato.
(Artículo de Rosa María Artal, publicado en "El País" el 7 de mayo de 2011)
SENSIBILIDAD DEMOCRÁTICA.
La presidencia de Rodríguez Zapatero empezó con la retirada de las tropas de Irak y termina con el mensaje de felicitación a Obama por la ejecución de Bin Laden. El cumplimiento de la promesa de retirar las tropas de Irak le dio un enorme capital de confianza. Zapatero tuvo el coraje de desafiar al Imperio en un momento en que este vivía especialmente irritado. Pero lo hizo con tanta sensación de haber dado un paso imposible, que quedó paralizado. Tenía razón y no supo sacar de ella la energía necesaria para hacerse imprescindible en un mundo vapuleado por la locura del terrorismo islamista y la insensata respuesta bélica.
Después llegó Obama. Y a Zapatero se le hizo la luz. De la hostilidad al servilismo: todo por Obama. Ahora, le felicita. Yo también me congratulo de la desaparición de Bin Laden. Si la destrucción de las Torres Gemelas fue el símbolo de los años del terrorismo global, solo otro icono podía simbolizar el fin de este periodo. Y este era la caída de Bin Laden. De momento, un icono por ausencia, porque el miedo a la creación de un mártir, lo ha llevado al fondo de los mares. Iconografía del vacío. Si esta imagen ausente puede ser considerada el fin de una época tenemos que agradecerlo a los ciudadanos de los países árabes y musulmanes, en especial las nuevas generaciones, que han derrotado al fundamentalismo islámico. Y nosotros sin enterarnos. Con los ideólogos del poder occidental machacándonos con la terrible amenaza de la civilización islámica.
Pero Zapatero felicita a Obama. Y uno tiene la sensación de que volvemos a estar en tiempos absurdos en que es necesario recordar lo evidente. Y lo evidente, en cultura democrática, es que a los criminales se les detiene y se les entrega a un tribunal para que sean juzgados. Con Bin Laden se ha optado por la vía expeditiva: la ejecución en el momento de la captura. Puedo entender perfectamente por qué. Sin duda, era complicado encontrar un lugar adecuado donde instalarle, decidir ante qué tribunal se le presentaba, tenerlo expuesto al mundo durante un largo juicio, y así sucesivamente. Obama, además, ha visto la oportunidad de satisfacer el deseo de venganza ordinaria tan extendido en la sociedad americana que recibió una afrenta que nunca habría imaginado. Es una catapulta a la reelección. Pero todo ello no nos debe hacer olvidar los principios básicos por lo que habíamos decidido que nos regíamos. Hoy la ejecución sumaria a todos nos parece bien porque es Bin Laden el ejecutado, pero se empieza así y nunca sabe dónde se acaba. Guantánamo está ahí para recordatorio de todos.
Esta pérdida de sensibilidad por los principios del Estado democrático está en el orden del día. Y la doctrina de seguridad primero y las respuestas a la crisis económica después, no han hecho sino acelerarla. Cada día vivimos recortes de derechos y libertades básicas, que se asumen no solo con la más absoluta normalidad, sino con el aplauso y la satisfacción. Dos ejemplos que están de actualidad: la pretensión de Francia e Italia de cargarse el espacio de libre circulación de Schengen y el uso en España de la Ley de Partidos para echar de las elecciones a dos partidos legales. Sobre lo primero, la Comisión Europea ya ha dado el visto bueno y ninguno de los Gobiernos ha chistado. La libre circulación es una libertad básica, de la que Europa se ha enorgullecido pero hace tiempo que los Gobiernos han decidido que frente a los inmigrantes todo está permitido. Cuando nació la Ley de Partidos algunos advertimos del enorme riesgo de estas leyes hechas para casos concretos. En principio, solo tenía que afectar a partidos abertzales comprometidos con ETA, ahora ya ha alcanzado a un partido de trayectoria inequívocamente democrática, como Eusko Alkartasuna, el de un expresidente vasco. ¿Unos nombres sospechosos en unas listas son razón suficiente para cercenar un derecho fundamental como es el de participación política? Zapatero, el que se asustó, después de desafiar a Bush, está asustado por el PP desde que fracasó la tregua anterior. Y no ha sido capaz de zafarse de la cínica presión de los populares.
A la vista de cómo se está llevando la salida de la crisis, es legítimo preguntarse si nuestras democracias sobrevivirán a la plutocracia en que estamos instalados. Y por si quedaban dudas sobre la pertinencia de la pregunta, es alarmante ver el escaso respeto que nuestros dirigentes políticos tienen por los modos y maneras de la política democrática.
(Artículo de Josep Ramoneda, publicado en "El País" el 5 de mayo de 2011)
Después llegó Obama. Y a Zapatero se le hizo la luz. De la hostilidad al servilismo: todo por Obama. Ahora, le felicita. Yo también me congratulo de la desaparición de Bin Laden. Si la destrucción de las Torres Gemelas fue el símbolo de los años del terrorismo global, solo otro icono podía simbolizar el fin de este periodo. Y este era la caída de Bin Laden. De momento, un icono por ausencia, porque el miedo a la creación de un mártir, lo ha llevado al fondo de los mares. Iconografía del vacío. Si esta imagen ausente puede ser considerada el fin de una época tenemos que agradecerlo a los ciudadanos de los países árabes y musulmanes, en especial las nuevas generaciones, que han derrotado al fundamentalismo islámico. Y nosotros sin enterarnos. Con los ideólogos del poder occidental machacándonos con la terrible amenaza de la civilización islámica.
Pero Zapatero felicita a Obama. Y uno tiene la sensación de que volvemos a estar en tiempos absurdos en que es necesario recordar lo evidente. Y lo evidente, en cultura democrática, es que a los criminales se les detiene y se les entrega a un tribunal para que sean juzgados. Con Bin Laden se ha optado por la vía expeditiva: la ejecución en el momento de la captura. Puedo entender perfectamente por qué. Sin duda, era complicado encontrar un lugar adecuado donde instalarle, decidir ante qué tribunal se le presentaba, tenerlo expuesto al mundo durante un largo juicio, y así sucesivamente. Obama, además, ha visto la oportunidad de satisfacer el deseo de venganza ordinaria tan extendido en la sociedad americana que recibió una afrenta que nunca habría imaginado. Es una catapulta a la reelección. Pero todo ello no nos debe hacer olvidar los principios básicos por lo que habíamos decidido que nos regíamos. Hoy la ejecución sumaria a todos nos parece bien porque es Bin Laden el ejecutado, pero se empieza así y nunca sabe dónde se acaba. Guantánamo está ahí para recordatorio de todos.
Esta pérdida de sensibilidad por los principios del Estado democrático está en el orden del día. Y la doctrina de seguridad primero y las respuestas a la crisis económica después, no han hecho sino acelerarla. Cada día vivimos recortes de derechos y libertades básicas, que se asumen no solo con la más absoluta normalidad, sino con el aplauso y la satisfacción. Dos ejemplos que están de actualidad: la pretensión de Francia e Italia de cargarse el espacio de libre circulación de Schengen y el uso en España de la Ley de Partidos para echar de las elecciones a dos partidos legales. Sobre lo primero, la Comisión Europea ya ha dado el visto bueno y ninguno de los Gobiernos ha chistado. La libre circulación es una libertad básica, de la que Europa se ha enorgullecido pero hace tiempo que los Gobiernos han decidido que frente a los inmigrantes todo está permitido. Cuando nació la Ley de Partidos algunos advertimos del enorme riesgo de estas leyes hechas para casos concretos. En principio, solo tenía que afectar a partidos abertzales comprometidos con ETA, ahora ya ha alcanzado a un partido de trayectoria inequívocamente democrática, como Eusko Alkartasuna, el de un expresidente vasco. ¿Unos nombres sospechosos en unas listas son razón suficiente para cercenar un derecho fundamental como es el de participación política? Zapatero, el que se asustó, después de desafiar a Bush, está asustado por el PP desde que fracasó la tregua anterior. Y no ha sido capaz de zafarse de la cínica presión de los populares.
A la vista de cómo se está llevando la salida de la crisis, es legítimo preguntarse si nuestras democracias sobrevivirán a la plutocracia en que estamos instalados. Y por si quedaban dudas sobre la pertinencia de la pregunta, es alarmante ver el escaso respeto que nuestros dirigentes políticos tienen por los modos y maneras de la política democrática.
(Artículo de Josep Ramoneda, publicado en "El País" el 5 de mayo de 2011)
EL LENGUAJE DEL DINERO.
El lenguaje de la política tiende a ser enrevesado, flexible hasta la contradicción. Escurrir el bulto, ganar tiempo es el destino más habitual de sus metáforas. El lenguaje del dinero es directo, impaciente, no se para en barras, en si es justo o no.
Pocas cuestiones concitan más acuerdo, aunque sea con tonos distintos, que la necesidad de darle una larga pensada a cómo sintonizar a Gobierno, comunidades y ayuntamientos para prestar el mejor servicio posible sin derrochar dinero público. Es una inquietud natural, nacida de un proceso de descentralización vertiginoso.
El debate lleva tiempo planteado, pero en vez de atacar la cuestión, en vez de recabar datos y establecer criterios técnicos para dirimir dónde hay duplicidades, cómo encauzar la cooperación, cómo simplificar trámites, la política se demora en sacar tajada a la bronca territorial, el mensaje más fácil.
Ahora la crisis, la urgencia por atajar el déficit público impone su ley. El Gobierno, que ha encargado un informe a la Agencia de Evaluación, se ha comprometido a impulsar un pacto con comunidades y ayuntamientos. Eso sí, no antes de las elecciones del 22 de mayo. Esta legislatura no brindará otra oportunidad para debatir qué servicios debe prestar cada administración, cómo lograr ser más eficaz, dónde están los excesos.
El ahorro de recursos públicos debería ser una consecuencia de ese debate. Pero si la política vuelve a demorarse, comunidades y ayuntamientos, asfixiadas por la falta de ingresos, no tendrán opción. Se hablará el lenguaje del dinero. Ya se habla.
(Artículo de Alejandro Bolaños, publicado en "El País" el 2 de mayo de 2011)
Pocas cuestiones concitan más acuerdo, aunque sea con tonos distintos, que la necesidad de darle una larga pensada a cómo sintonizar a Gobierno, comunidades y ayuntamientos para prestar el mejor servicio posible sin derrochar dinero público. Es una inquietud natural, nacida de un proceso de descentralización vertiginoso.
El debate lleva tiempo planteado, pero en vez de atacar la cuestión, en vez de recabar datos y establecer criterios técnicos para dirimir dónde hay duplicidades, cómo encauzar la cooperación, cómo simplificar trámites, la política se demora en sacar tajada a la bronca territorial, el mensaje más fácil.
Ahora la crisis, la urgencia por atajar el déficit público impone su ley. El Gobierno, que ha encargado un informe a la Agencia de Evaluación, se ha comprometido a impulsar un pacto con comunidades y ayuntamientos. Eso sí, no antes de las elecciones del 22 de mayo. Esta legislatura no brindará otra oportunidad para debatir qué servicios debe prestar cada administración, cómo lograr ser más eficaz, dónde están los excesos.
El ahorro de recursos públicos debería ser una consecuencia de ese debate. Pero si la política vuelve a demorarse, comunidades y ayuntamientos, asfixiadas por la falta de ingresos, no tendrán opción. Se hablará el lenguaje del dinero. Ya se habla.
(Artículo de Alejandro Bolaños, publicado en "El País" el 2 de mayo de 2011)
UN PARO ALARMANTE.
Que lo peor de la crisis económica, de su particularización en España, no había pasado lo acaba de recordar la encuesta de población activa (EPA) correspondiente al primer trimestre del año. 4.910.200 personas no tienen empleo, lo que supone un 21,29% de la población activa. El número de parados aumenta en 213.500 y la ocupación cae en 256.500 personas.
Dos elementos añaden severidad a esas cifras alarmantes. Una parte muy significativa de los jóvenes españoles siguen desempleados y más de dos millones de personas sufren el paro de larga duración. A la erosión de la calidad del capital humano que eso significa, se añade el no menos inquietante deterioro de la confianza de los ciudadanos; no solo de los que no tienen empleo. Hacen bien en asumir que no hay condiciones de mejora inmediata.
Las perspectivas no son favorables. Es probable que el paro deje de crecer, pero también es improbable que inicie una rápida e intensa caída. Su mantenimiento en niveles elevados, junto a un número creciente de familias en las que nadie trabaja (más de 1,3 millones) o la expiración del subsidio de desempleo son elementos que seguirán influyendo en las decisiones de gasto y en las expectativas empresariales. Es conveniente recordar que la creación neta de empleo en la economía española requiere tasas de crecimiento del PIB en torno al 2%. Con la información disponible se sabe que esos ritmos están todavía lejos.
El mercado de trabajo es un fiel reflejo, en primer lugar, de la debilidad de la actividad económica. El colapso de la construcción y su impacto en sectores con la demanda derivada de aquel, dominante durante más de una década, es responsable del mayor contingente de parados. Ese excepcional desempleo es también tributario de la muy pronunciada y prolongada contracción en el crédito al sector privado, en especial a las pequeñas y medianas empresas, principales responsables de la creación de empleo.
Considerar que la causa única o fundamental del enorme desempleo español (que duplica la media europea) es una organización del mercado de trabajo mucho más rígida que la de nuestros socios es una presunción que no dispone de respaldo empírico suficiente. La flexibilidad del despido o la de la fijación de salarios, por citar dos aspectos básicos de esas normas, no son mucho mayores en las economías europeas más avanzadas que en España. Sin ir muy lejos, el País Vasco, por ejemplo, dispone de una regulación laboral no muy distinta a la del conjunto de España, pero su tasa de paro es la mitad de la media. La explicación de las diferencias hay que localizarlas en lo que las empresas producen, cómo lo hacen y cómo compiten en los mercados. Y, no menos importante, en la calidad de la propia gestión empresarial y la de la formación profesional de los que trabajan.
La mayoría de las empresas saludarían un mercado de trabajo menos y mejor regulado. Pero constituye un error, generador de falsas esperanzas, hacer de su desregulación el elemento central de la recuperación del empleo y un fundamento de la modernización de la economía española. Tampoco van a ser la panacea las medidas encaminadas a aflorar la actividad económica sumergida que acaba de aprobar el Gobierno.
(Editorial de "El País", publicado el 30 de abril de 2011)
Dos elementos añaden severidad a esas cifras alarmantes. Una parte muy significativa de los jóvenes españoles siguen desempleados y más de dos millones de personas sufren el paro de larga duración. A la erosión de la calidad del capital humano que eso significa, se añade el no menos inquietante deterioro de la confianza de los ciudadanos; no solo de los que no tienen empleo. Hacen bien en asumir que no hay condiciones de mejora inmediata.
Las perspectivas no son favorables. Es probable que el paro deje de crecer, pero también es improbable que inicie una rápida e intensa caída. Su mantenimiento en niveles elevados, junto a un número creciente de familias en las que nadie trabaja (más de 1,3 millones) o la expiración del subsidio de desempleo son elementos que seguirán influyendo en las decisiones de gasto y en las expectativas empresariales. Es conveniente recordar que la creación neta de empleo en la economía española requiere tasas de crecimiento del PIB en torno al 2%. Con la información disponible se sabe que esos ritmos están todavía lejos.
El mercado de trabajo es un fiel reflejo, en primer lugar, de la debilidad de la actividad económica. El colapso de la construcción y su impacto en sectores con la demanda derivada de aquel, dominante durante más de una década, es responsable del mayor contingente de parados. Ese excepcional desempleo es también tributario de la muy pronunciada y prolongada contracción en el crédito al sector privado, en especial a las pequeñas y medianas empresas, principales responsables de la creación de empleo.
Considerar que la causa única o fundamental del enorme desempleo español (que duplica la media europea) es una organización del mercado de trabajo mucho más rígida que la de nuestros socios es una presunción que no dispone de respaldo empírico suficiente. La flexibilidad del despido o la de la fijación de salarios, por citar dos aspectos básicos de esas normas, no son mucho mayores en las economías europeas más avanzadas que en España. Sin ir muy lejos, el País Vasco, por ejemplo, dispone de una regulación laboral no muy distinta a la del conjunto de España, pero su tasa de paro es la mitad de la media. La explicación de las diferencias hay que localizarlas en lo que las empresas producen, cómo lo hacen y cómo compiten en los mercados. Y, no menos importante, en la calidad de la propia gestión empresarial y la de la formación profesional de los que trabajan.
La mayoría de las empresas saludarían un mercado de trabajo menos y mejor regulado. Pero constituye un error, generador de falsas esperanzas, hacer de su desregulación el elemento central de la recuperación del empleo y un fundamento de la modernización de la economía española. Tampoco van a ser la panacea las medidas encaminadas a aflorar la actividad económica sumergida que acaba de aprobar el Gobierno.
(Editorial de "El País", publicado el 30 de abril de 2011)
UN CUADRO DEL GRECO.
EL Greco le ha hecho un retrato a la política española y la ha sacado más bien enfermiza y poco favorecida, con cara pálida, gesto tramposo y aspecto de estar podrida por dentro. Además de un pintor excelso cuya obra cumbre cuelga paredaña con el despacho toledano de José María Barreda, el GRECO es el acrónimo del Grupo de Estados contra la Corrupción, organismo del Consejo de Europa dedicado a analizar lo que su propio nombre indica. Por segunda vez en dos años dicho observatorio ha pintado un cuadro inquietante de las finanzas de nuestros partidos, que salen perfiladas por su lado más siniestro y borroso: gastos desmedidos, ingresos opacos, deudas galopantes, cuentas sin auditar y un sospechoso compadreo de créditos bancarios y cancelaciones dudosas. Todo ello rodeado de esperanzadoras promesas de regeneración que nunca pasan del plano de la retórica.
Nada que no supiésemos, por supuesto, pero tampoco nada que se pueda ocultar a una mirada objetiva y sin contaminar por la red de intereses que domina la partitocracia española. El informe del GRECO irrumpe de forma muy clarificadora en un debate electoral dominado por la presencia en las candidaturas autonómicas y locales de numerosos implicados en tramas corruptas, y viene a demostrar que la clase política tiene poco interés real en depurar un sistema envilecido por la falta de transparencia y un indulgente autoamparo. Los partidos son máquinas de gastar inmunes a los principios de austeridad y de igualdad de oportunidades, y utilizan el poder para un turbio tráfico de favores administrados discrecionalmente según la muy habitual ley del embudo. Chulean al Tribunal de Cuentas, se autoadjudican subvenciones, olvidan pagar los créditos y como todo dinero les parece poco recurren a intermediarios inescrupulosos para organizar mecanismos de financiación paralela. Cuando la sociedad les demanda —tímidamente, por cierto— un mínimo de decencia a sus dirigentes sólo se les ocurre pedir más fondos públicos; ni por asomo les sobreviene la posibilidad de reducir el despilfarro, de someterse a una regulación de cuotas y donaciones o de depender de sus simpatizantes a través de porcentajes del IRPF.
El origen de la corrupción está en esa codicia corporativa más que en las manos largas de algunos desaprensivos que no podrían enriquecerse sin prestar servicios a las organizaciones que de un modo u otro los amparan. Por eso la tolerancia y la renuencia a adoptar medidas regeneradoras; ni los mismos dirigentes llegan a saber hasta dónde alcanzan las responsabilidades en un sistema tan degradado. Se limitan a reprocharse mutuamente escándalos en la confianza de que los de unos compensan los de los otros. Y a tirar para adelante ocultando las miserias, aunque de vez en cuando venga un Greco y los retrate a todos juntos con las manos sucias y la sonrisa falsa.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 27 de abril de 2011)
CUENTAS OPACAS.
El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), órgano dependiente del Consejo de Europa, considera que la financiación de los partidos políticos sigue siendo uno de los grandes capítulos pendientes en España. En un informe anterior, el Greco sugirió la necesidad de aplicar seis medidas para hacer más transparentes las cuentas de las fuerzas políticas. En el nuevo informe ha constatado que solo dos se han adoptado, aunque de manera insuficiente: el refuerzo de los medios a disposición del Tribunal de Cuentas y el establecimiento de un sistema de sanciones. Las cuatro restantes permanecen en el limbo, con lo que la consideración sobre la lucha contra la corrupción en España es negativa.
Entre las recomendaciones desatendidas se encuentran las que, sin duda, resultarían más eficaces para combatir la corrupción, como la fijación de un límite al endeudamiento de los partidos o la realización de auditorías. Ni siquiera el Tribunal de Cuentas ha tenido acceso a las cuentas reales de las fuerzas políticas, puesto que hasta ahora no ha podido cruzar sus datos con los del Banco de España para comprobar si la cancelación de algunos créditos deberían ser consideradas donaciones. El Tribunal tampoco ha podido conocer en su exacta dimensión las contribuciones a la financiación de algunas fundaciones dependientes de partidos.
El descorazonador informe del Greco ha venido a recordar que, pese a la omnipresencia de la corrupción en el debate político español, los partidos están más dispuestos a utilizarla como arma electoral que a emprender reformas legales que permitan avanzar en la prevención y la depuración de responsabilidades. Hasta ahora, la estrategia común ha consistido en magnificar los casos ajenos para alejar la atención de los propios, en el sobrentendido de que, finalmente, unos escándalos neutralizarán electoralmente a otros.
La insuficiencia de la financiación de los partidos es un hecho conocido que, sin embargo, no ha sido abordado con la atención que requiere, por su capacidad para contaminar la totalidad del sistema democrático. El acuerdo tácito que parece haberse instalado es el de aceptar que cada partido intente resolver sus problemas como pueda, pagando las consecuencias que tenga que pagar solo en el caso de que sea descubierto.
(Editorial de "El País", publicado el 26 de abril de 2011)
Entre las recomendaciones desatendidas se encuentran las que, sin duda, resultarían más eficaces para combatir la corrupción, como la fijación de un límite al endeudamiento de los partidos o la realización de auditorías. Ni siquiera el Tribunal de Cuentas ha tenido acceso a las cuentas reales de las fuerzas políticas, puesto que hasta ahora no ha podido cruzar sus datos con los del Banco de España para comprobar si la cancelación de algunos créditos deberían ser consideradas donaciones. El Tribunal tampoco ha podido conocer en su exacta dimensión las contribuciones a la financiación de algunas fundaciones dependientes de partidos.
El descorazonador informe del Greco ha venido a recordar que, pese a la omnipresencia de la corrupción en el debate político español, los partidos están más dispuestos a utilizarla como arma electoral que a emprender reformas legales que permitan avanzar en la prevención y la depuración de responsabilidades. Hasta ahora, la estrategia común ha consistido en magnificar los casos ajenos para alejar la atención de los propios, en el sobrentendido de que, finalmente, unos escándalos neutralizarán electoralmente a otros.
La insuficiencia de la financiación de los partidos es un hecho conocido que, sin embargo, no ha sido abordado con la atención que requiere, por su capacidad para contaminar la totalidad del sistema democrático. El acuerdo tácito que parece haberse instalado es el de aceptar que cada partido intente resolver sus problemas como pueda, pagando las consecuencias que tenga que pagar solo en el caso de que sea descubierto.
(Editorial de "El País", publicado el 26 de abril de 2011)
O INEVITÁVEL É INVIÁVEL: MANIFESTO
Somos cidadãos e cidadãs nascidos depois do 25 de Abril de 1974. Crescemos com a consciência de que as conquistas democráticas e os mais básicos direitos de cidadania são filhos directos desse momento histórico. Soubemos resistir ao derrotismo cínico, mesmo quando os factos pareciam querer lutar contra nós: quando o então primeiro-ministro Cavaco Silva recusava uma pensão ao capitão de Abril, Salgueiro Maia, e a concedia a torturadores da PIDE/DGS; quando um governo decidia comemorar Abril como uma "evolução", colocando o "R" no caixote de lixo da História; quando víamos figuras políticas e militares tomar a revolução do 25 de Abril como um património seu. Soubemos permanecer alinhados com a sabedoria da esperança, porque sem ela a democracia não tem alma nem futuro. O momento crítico que o país atravessa tem vindo a ser aproveitado para promover uma erosão preocupante da herança material e simbólica construída em torno do 25 de Abril. Não o afirmamos por saudosismo bacoco ou por populismo de circunstância. Se não é de agora o ataque a algumas conquistas que fizeram de nós um país mais justo, mais livre e menos desigual, a ofensiva que se prepara - com a cobertura do Fundo Monetário Internacional e a acção diligente do "grande centro" ideológico - pode significar um retrocesso sério, inédito e porventura irreversível.
Entendemos, por isso, que é altura de erguermos a nossa voz. Amanhã pode ser tarde. O primeiro eixo dessa ofensiva ocorre no campo do trabalho. A regressão dos direitos laborais tem caminhado a par com uma crescente precarização que invade todos os planos da vida: o emprego e o rendimento são incertos, tal como incerto se torna o local onde se reside, a possibilidade de constituir família, o futuro profissional. Como o sabem todos aqueles e aquelas que experienciam esta situação, a precariedade não rima com liberdade. Esta só existe se estiverem garantidas perspectivas mínimas de segurança laboral, um rendimento adequado, habitação condigna e a possibilidade de se acederem a dispositivos culturais e educativos. O desemprego, os falsos recibos verdes, o uso continuado e abusivo de contratos a prazo e as empresas de trabalho temporário são hoje as faces deste tempo em que o trabalho sem direitos se tornou a norma. Recentes declarações de agentes políticos e económicos já mostraram que a redução dos direitos e a retracção salarial é a rota pretendida. Em sentido inverso, estamos dispostos a lutar por um novo pacto social que trave este regresso a vínculos laborais típicos do século XIX. O segundo eixo dessa ofensiva centra-se no enfraquecimento e desmantelamento do Estado social. A saúde e a educação são as duas grandes fatias do bolo público que o apetite privado busca capturar. Infelizmente, algum caminho já foi trilhado, ainda que na penumbra. Sabemos que não há igualdade de oportunidades sem uma rede pública estruturada e acessível de saúde e educação. Estamos convencidos de que não há democracia sem igualdade de oportunidades. Preocupa-nos, por isso, o desinvestimento no SNS, a inexistência de uma rede de creches acessível, os problemas que enfrenta a escola pública e as desistências de frequência do ensino superior por motivos económicos. Num país com fortes bolsas de pobreza e com endémicas desigualdades, corroer direitos sociais constitucionalmente consagrados é perverter a nossa coluna vertebral democrática, e o caldo perfeito para o populismo xenófobo. Com isso, não podemos pactuar. No nosso ponto de vista, esta é a linha de fronteira que separa uma sociedade preocupada com o equilíbrio e a justiça e uma sociedade baseada numa diferença substantiva entre as elites e a restante população. Por fim, o terceiro e mais inquietante eixo desta ofensiva anti-Abril assenta na imposição de uma ideia de inevitabilidade que transforma a política mais numa ratificação de escolhas já feitas do que numa disputa real em torno de projectos diferenciados. Este discurso ganhou terreno nos últimos tempos, acentuou-se bastante nas últimas semanas e tenderá a piorar com a transformação do país num protectorado do FMI. Um novo vocabulário instala-se, transformando em "credores" aqueles que lucram com a dívida, em "resgate financeiro" a imposição ainda mais acentuada de políticas de austeridade e em "consenso alargado" a vontade de ditar a priori as soluções governativas. Esta maquilhagem da língua ocupa de tal forma o terreno mediático que a própria capacidade de pensar e enunciar alternativas se encontra ofuscada. Por isso dizemos: queremos contribuir para melhorar o país, mas recusamos ser parte de uma engrenagem de destruição de direitos e de erosão da esperança. Se nos roubarem Abril, dar-vos-emos Maio!
Alexandre de Sousa Carvalho - Relações Internacionais, investigador; Alexandre Isaac - antropólogo, dirigente associativo; Alfredo Campos - sociólogo, bolseiro de investigação; Ana Fernandes Ngom - animadora sociocultural; André Avelãs - artista; André Rosado Janeco - bolseiro de doutoramento; António Cambreiro - estudante; Artur Moniz Carreiro - desempregado; Bruno Cabral - realizador; Bruno Rocha - administrativo; Bruno Sena Martins - antropólogo; Carla Silva - médica, sindicalista; Catarina F. Rocha - estudante; Catarina Fernandes - animadora sociocultural, estagiária; Catarina Guerreiro - estudante; Catarina Lobo - estudante; Celina da Piedade - música; Chullage - sociólogo, músico; Cláudia Diogo - livreira; Cláudia Fernandes - desempregada; Cristina Andrade - psicóloga; Daniel Sousa - guitarrista, professor; Duarte Nuno - analista de sistemas; Ester Cortegano - tradutora; Fernando Ramalho - músico; Francisca Bagulho - produtora cultural; Francisco Costa - linguista; Gui Castro Felga - arquitecta; Helena Romão - música, musicóloga; Joana Albuquerque - estudante; Joana Ferreira - lojista; João Labrincha - Relações Internacionais, desempregado; Joana Manuel - actriz; João Pacheco - jornalista; João Ricardo Vasconcelos - politólogo, gestor de projectos; João Rodrigues - economista; José Luís Peixoto - escritor; José Neves - historiador, professor universitário; José Reis Santos - historiador; Lídia Fernandes - desempregada; Lúcia Marques - curadora, crítica de arte; Luís Bernardo - estudante de doutoramento; Maria Veloso - técnica administrativa; Mariana Avelãs - tradutora; Mariana Canotilho - assistente universitária; Mariana Vieira - estudante de doutoramento; Marta Lança - jornalista, editora; Marta Rebelo - jurista, assistente universitária; Miguel Cardina - historiador; Miguel Simplício David - engenheiro civil; Nuno Duarte (Jel) - artista; Nuno Leal - estudante; Nuno Teles - economista; Paula Carvalho - aprendiz de costureira; Paula Gil - Relações Internacionais, estagiária; Pedro Miguel Santos - jornalista; Ricardo Araújo Pereira - humorista; Ricardo Lopes Lindim Ramos - engenheiro civil; Ricardo Noronha - historiador; Ricardo Sequeiros Coelho - bolseiro de investigação; Rita Correia - artesã; Rita Silva - animadora; Salomé Coelho - investigadora em Estudos Feministas, dirigente associativa; Sara Figueiredo Costa - jornalista; Sara Vidal - música; Sérgio Castro - engenheiro informático; Sérgio Pereira - militar; Tiago Augusto Baptista - médico, sindicalista; Tiago Brandão Rodrigues - bioquímico; Tiago Gillot - engenheiro agrónomo, encarregado de armazém; Tiago Ivo Cruz - programador cultural; Tiago Mota Saraiva - arquitecto; Tiago Ribeiro - sociólogo; Úrsula Martins - estudante.
(Manifiesto publicado en el diario portugués "Expresso" el 22 de abril de 2011)
EL ESTADO "SUBPRIME".
Cuando el 22 de mayo se cierren las urnas municipales y autonómicas se formalizará el gran problema que ha estado semienterrado en este largo periodo de campaña preelectoral: miles de facturas sin pagar, poco o nada de dinero para satisfacerlas, y decenas de miles de empresas (sobre todo pequeñas y medianas, pero también grandes) y trabajadores autónomos acosados por la morosidad y a punto de cesar en su actividad ante la imposibilidad de hacer frente a sus propias obligaciones. Entonces entraremos en una nueva fase de la crisis, muy dolorosa, por la debilidad de las políticas de proximidad que protagonizan las comunidades autónomas (CC AA) y los ayuntamientos.
Si la prioridad de la política económica (la reducción del déficit y la deuda pública a los ritmos previstos) es irrenunciable, la dificultad es evidente. En 2010, el Estado central contuvo el déficit público un poco por encima de lo esperado y mantuvo la deuda pública embridada dentro de los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero no ocurrió lo mismo con el conjunto de las Administraciones Públicas (AA PP): entre las comunidades y los ayuntamientos la deuda ascendió al 15,3% del PIB, habiéndose casi duplicado respecto a 2007, el año de comienzo de la crisis. En 2011, el déficit de las CC AA deberá ser, todo lo más, el 1,3% del PIB y está como media en más del doble (2,8%). Y ello, suponiendo que estos porcentajes sean los correctos: algunas AA PP se han caracterizado por la opacidad de sus cuentas; en ocasiones las han maquillado aparcando parte de su deuda en sociedades mixtas que no aparecen en los presupuestos públicos.
El control del gasto de las AA PP figura entre las preocupaciones de quienes que todos los días miran con lupa al Reino de España para prestarle dinero. Además, sus ingresos son muy dependientes de las transferencias del Gobierno central y de las actividades relacionadas con el sector de la construcción. Implicado el primero en un fuerte programa de austeridad (con caídas de los principales impuestos y con gastos comprometidos con los planes de rescate financiero y con el incremento del seguro de desempleo), y con el estallido de la burbuja inmobiliaria, estas AAPP tienen muy difícil seguir financiando las competencias transferidas y los servicios que ahora prestan en materia de sanidad, educación, ayuda a las familias y a los parados, etcétera.
Cataluña, que ya celebró sus elecciones autonómicas, es el precedente de lo que puede suceder. Sus intentos de reconducir a la baja algunos servicios básicos o las dificultades para endeudarse en los mercados (en el caso de que previamente se obtenga la autorización del Gobierno), evidencian el camino que van a recorrer otras AA PP.
Hay dos tipos de víctimas: los ciudadanos que ven reducida la eficacia de su Estado de Bienestar (educación, sanidad, dependencia...), y las empresas y trabajadores autónomos que sufren el enorme crecimiento de la morosidad. Hay facturas, sobre todo entre algunos grupos de proveedores, que tardan en pagarse casi dos años en algunas CC AA. Además, el propio hecho de la convocatoria de elecciones ha retrasado aun más los pagos pendientes. En 2010 entró en vigor una Ley de Morosidad que indicaba que la demora máxima de las AA PP no podría superar los 50 días este año, 40 días en 2012 y 30 días a partir de 2013. Nada deteriora más la calidad de la democracia que las normas que no se cumplen. Hay ayuntamientos, que ven rechazados los pagarés que firman a sus acreedores porque las entidades financieras no se fían de que vayan a cobrarlos. La secuencia es parecida a ésta: comunidades y ayuntamientos que no pueden pagar sus deudas a las pymes o los trabajadores autónomos; éstos, a su vez, no pueden hacer frente a sus obligaciones por lo que sus acreedores instan su suspensión de pagos. Al suspender pagos, las Administraciones Públicas no vuelven a contratarles, etcétera.
Todo ello hace más inentendible que no se haya firmado un pacto transversal entre los principales partidos, que afectase a todas las Administraciones del Estado y que durase más de una legislatura, para que, gobierne quien gobierne, pueda abordar los problemas pendientes y trazar las líneas de la futura financiación. La ceguera de los que se creen vencedores.
(Artículo de Joaquín Estefanía, publicado en "El País" el 25 de abril de 2011)
Si la prioridad de la política económica (la reducción del déficit y la deuda pública a los ritmos previstos) es irrenunciable, la dificultad es evidente. En 2010, el Estado central contuvo el déficit público un poco por encima de lo esperado y mantuvo la deuda pública embridada dentro de los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero no ocurrió lo mismo con el conjunto de las Administraciones Públicas (AA PP): entre las comunidades y los ayuntamientos la deuda ascendió al 15,3% del PIB, habiéndose casi duplicado respecto a 2007, el año de comienzo de la crisis. En 2011, el déficit de las CC AA deberá ser, todo lo más, el 1,3% del PIB y está como media en más del doble (2,8%). Y ello, suponiendo que estos porcentajes sean los correctos: algunas AA PP se han caracterizado por la opacidad de sus cuentas; en ocasiones las han maquillado aparcando parte de su deuda en sociedades mixtas que no aparecen en los presupuestos públicos.
El control del gasto de las AA PP figura entre las preocupaciones de quienes que todos los días miran con lupa al Reino de España para prestarle dinero. Además, sus ingresos son muy dependientes de las transferencias del Gobierno central y de las actividades relacionadas con el sector de la construcción. Implicado el primero en un fuerte programa de austeridad (con caídas de los principales impuestos y con gastos comprometidos con los planes de rescate financiero y con el incremento del seguro de desempleo), y con el estallido de la burbuja inmobiliaria, estas AAPP tienen muy difícil seguir financiando las competencias transferidas y los servicios que ahora prestan en materia de sanidad, educación, ayuda a las familias y a los parados, etcétera.
Cataluña, que ya celebró sus elecciones autonómicas, es el precedente de lo que puede suceder. Sus intentos de reconducir a la baja algunos servicios básicos o las dificultades para endeudarse en los mercados (en el caso de que previamente se obtenga la autorización del Gobierno), evidencian el camino que van a recorrer otras AA PP.
Hay dos tipos de víctimas: los ciudadanos que ven reducida la eficacia de su Estado de Bienestar (educación, sanidad, dependencia...), y las empresas y trabajadores autónomos que sufren el enorme crecimiento de la morosidad. Hay facturas, sobre todo entre algunos grupos de proveedores, que tardan en pagarse casi dos años en algunas CC AA. Además, el propio hecho de la convocatoria de elecciones ha retrasado aun más los pagos pendientes. En 2010 entró en vigor una Ley de Morosidad que indicaba que la demora máxima de las AA PP no podría superar los 50 días este año, 40 días en 2012 y 30 días a partir de 2013. Nada deteriora más la calidad de la democracia que las normas que no se cumplen. Hay ayuntamientos, que ven rechazados los pagarés que firman a sus acreedores porque las entidades financieras no se fían de que vayan a cobrarlos. La secuencia es parecida a ésta: comunidades y ayuntamientos que no pueden pagar sus deudas a las pymes o los trabajadores autónomos; éstos, a su vez, no pueden hacer frente a sus obligaciones por lo que sus acreedores instan su suspensión de pagos. Al suspender pagos, las Administraciones Públicas no vuelven a contratarles, etcétera.
Todo ello hace más inentendible que no se haya firmado un pacto transversal entre los principales partidos, que afectase a todas las Administraciones del Estado y que durase más de una legislatura, para que, gobierne quien gobierne, pueda abordar los problemas pendientes y trazar las líneas de la futura financiación. La ceguera de los que se creen vencedores.
(Artículo de Joaquín Estefanía, publicado en "El País" el 25 de abril de 2011)
LA CAPTURA DEL ESTADO.
ES típico de los finales de legislatura buscar una salida digna a los profesionales que han trabajado para el partido de gobierno. Un proceso habitual que hay que saber contener, porque tiene tendencia al gigantismo y puede llegar a desvirtuar al Estado, a capturarlo por interés partidista cuando el cambio de color político es inminente. Entonces se apodera de los funcionarios de partido y de sus compañeros de viaje una especie de horror vacui, una sensación de derribo que liquida precipitadamente la legislatura. Esto es lo que pasa en Andalucía pero se había conseguido evitar en el gobierno central hasta que alguien ha descubierto el botín de la renovación de los consejos de los organismos reguladores. El espectáculo está siendo tremendo, impropio de una economía madura y una sociedad democrática en la que las instituciones deberían de estar por encima de las personas. Que dos secretarios de Estado sean los candidatos oficiales a presidir las Comisiones Nacionales de Energía y del Mercado de las Telecomunicaciones dice mucho de la idea que tiene este gobierno de la independencia de estos organismos. Si tal es el descaro en estos nombramientos que llevan aparejado escrutinio público y cierto coste político, qué pasará en las designaciones ministeriales directas. Me temo que bien pueden parecerse a una república bananera.
Este gobierno prometió en las elecciones dotar de plena autonomía operativa, funcional, económica y personal a los reguladores económicos y ahora los utiliza como su finca particular para pagar favores. No lo hizo por capricho, sino por exigencia de los organismos internacionales que insistían que ésta era precisamente una de las reformas estructurales que aumentaría la productividad de la economía española. Toda la teoría y la evidencia empírica demuestran que cuando las tarifas públicas las fijan técnicos independientes y sin disciplina política, los servicios públicos son más eficientes, funcionan mejor y son más baratos. Pero el gobierno ha preferido ocupar los organismos reguladores, ponerlos a su servicio y utilizarlos en el cambalache político para asegurarse un año más de legislatura. La instrumentalización del Estado al servicio del partido gubernamental es una manifestación más de la degeneración democrática de esta legislatura, del deterioro institucional que quedará como un daño permanente de la gestión del presidente Zapatero.
Nunca antes nadie se había atrevido a tanto, pero es que nunca antes nadie había sentido tanto desprecio por sus propias palabras. Hace poco más de un mes que el gobierno aprobaba la ley de Economía Sostenible. Uno de sus objetivos era garantizar la independencia de los organismos reguladores. Establecía para los candidatos un mecanismo de audiencia pública en el Congreso, otro intento de copiar un procedimiento anglosajón y traspasarlo al sistema político español. Es obvio qué será un nuevo injerto fallido. Con estos candidatos es fácil imaginar cómo van a ser estas audiencias. La disciplina de voto se impondrá como un rodillo, ¡ay de aquél que ose disentir de su partido y se atreva a hacer preguntas inteligentes sin desvelárselas antes al candidato oficial! Los diputados saben bien con quien se juegan su futuro. Zapatero y sus ministros han vuelto a prestar un mal servicio al país. De un plumazo, literalmente, se han cargado la esperanza de contar con organismos independientes nutridos de profesionales competentes y con libertad de criterio. Será divertido oírles rasgarse las vestiduras cuando dentro de un año aproximadamente el PP cambie la norma y cese a todos los consejeros. Es lo que tiene vivir en un país periférico, que el riesgo regulatorio es muy elevado.
(Artículo de Fernando Fernández, publicado en "ABC" el 21 de abril de 2011)
METIDO EN EL CUARTÓN.
A un funcionario del Ayuntamiento de Gijón le han metido en un cuartón oscuro, con un ventanuco, y tapizado de contadores eléctricos. Decimos «cuartón» porque es el término antiguo para hablar de las mazmorras de la Policía. Pero da la casualidad de que el tal funcionario es uno de los cinco abogados de la asesoría jurídica municipal y al mismo tiempo el secretario general de la Asociación de Funcionarios del Ayuntamiento de Gijón (AFAG). Este sindicato, junto con la USO, ha sido el que más resoluciones del Ayuntamiento ha derribado en los tribunales durante los últimos años, en materia de convocatorias de plazas de funcionario, designaciones de cargos de confianza y negociación de convenios. Es decir, todas esas parcelas en las que el equipo municipal de gobierno es acusado de haber creado un cortijo. Verde y con asas: al cuartón. Y lo curioso es que dicha estancia de lujo ha sido creada después de le remodelación de uno de los edificios del Ayuntamiento. Bien es sabido que la Administración pública se extiende como el aceite hasta ocupar todo los espacios disponibles, y aún más, pero lo glorioso del caso es que la municipalidad se gaste una pasta en reformas y al final tenga que recurrir a un cuarto de contadores, o algo similar, para meter a un funcionario. Esto se llama despilfarro propiciado por nuestros rectores munícipes. Total que el asunto del cuartón va camino de los tribunales una vez que la Inspección de Trabajo haya dictaminado que la situación es infame. Nos tememos que todo este suceso, o al menos el área de personal del Ayuntamiento, depende del edil y candidato del PSOE, Santiago Martínez Argüelles, al que tantos que le aprecian llaman «Santi». Pero nos preguntamos: ¿será el santo de «Santi» o «Santi» el castigador». En resumidas cuentas: cortijo, despilfarros, castigos, venganzas... Después de 32 años gobernando, éstas son las pequeñas adherencias que se producen. Repetimos que esto hay que airearlo en mayo, que es el mes de las flores y de las elecciones.
(Artículo de Javier Morán, publicado en "La Nueva España" el 19 de abril de 2011)
(Artículo de Javier Morán, publicado en "La Nueva España" el 19 de abril de 2011)
DIMITIR EN DEMOCRACIA.
En los diccionarios políticos no aparece la palabra dimisión y, sin embargo, desde que la democracia existe, dimitir, en el sentido de renunciar a una posición de poder, es una eventualidad siempre abierta a quien la ocupa. En el Antiguo Régimen, ni el rey absoluto ni sus secretarios dimitían, como no dimiten hoy los sultanes ni los tiranos, los que detentan un poder personal irrestricto en sistemas dictatoriales o totalitarios: es imposible imaginar la dimisión de un Hitler, de un Stalin, de un Franco o de cualquiera de los de su clase, de un Gadafi, por ejemplo; sin embargo, es posible, a pesar del talante de hierro, imaginar la dimisión de Margaret Thatcher, del general De Gaulle o la de Richard Nixon y, por motivos bien diferentes, la de Willy Brandt. Casos extremos, pero elocuentes: políticos que ejercieron el poder en democracia aureolados por esa cualidad inasible que se llama carisma. Pero todos ellos sintieron la llegada de ese momento en que comienza a moverse la tierra bajo los pies y la autoridad se pone en entredicho, por un grave error o una sucesión de políticas erróneas, por la tardía respuesta a una constelación de factores adversos, por la pérdida de confianza de quienes los elevaron a posiciones de poder o porque el carisma se rompe, triturado por conductas éticamente reprobables. La savia que alimenta en democracia el ejercicio del poder, y que se transmite desde la sociedad al que lo ostenta, se debilita, la confianza se esfuma, las luchas de facciones se avivan. Suena entonces la hora de dimitir, que podrá todavía rodearse de grandeza si el político en cuestión no intenta mantenerse en el cargo desesperadamente. La obstinación de aferrarse al poder, para que nadie entienda la dimisión como reconocimiento de un error o de una culpa, ensucia las relaciones entre políticos y ciudadanos, deteriora la democracia, e introduce un ruido en el debate público, que se vuelve ensordecedor cuando la exigencia de responsabilidad se desplaza de la política a la judicatura. Es lo que sucede entre nosotros, poco entrenados en el democrático ejercicio de la dimisión. Resulta inconcebible -y sería un baldón en democracias acostumbradas a exigir responsabilidades a sus cargos electos- que alguien que conversa con el cabecilla de una red de corrupción en los términos utilizados por el presidente de la Generalitat valenciana no solo permanezca en su puesto sino que acuda a las siguientes elecciones rodeado de toda su clientela política. La red de corrupción existe; los trajes, relojes y pulseras, a la vista de todos; las íntimas relaciones entre políticos y corruptos, pregonadas; el precio de una visita papal, contabilizado. Por muchísimo menos han dimitido un ministro alemán y el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos; pero aquí, aferrados a sus cargos, Camps y sus secuaces, cubiertos por la plana mayor de su partido, no saben qué cosa es la responsabilidad política, prueba irrebatible de que el sistema que ellos gobiernan, donde dimitir está prohibido, es una democracia enferma. (Artículo de Santos Juliá, publicado en "El País" el 18 de abril de 2011)
CORRUPCIÓN INOCENTE.
La explosión de la burbuja crediticia e inmobiliaria ha dejado al descubierto una gran cantidad de destrozos ya conocidos: financieros, económicos, sociales y políticos. Pero hay también otros menos visibles. Uno de los que más me han sorprendido descubrir es la existencia de un nuevo tipo de corrupción, que podíamos llamar “corrupción inocente”. Utilizo el adjetivo inocente no en sentido exculpatorio, sino para señalar que los que la practican lo hacen sin tener conciencia de estar haciendo nada ilegal; ni tampoco algo que, sin ser ilegal, sea, sin embargo, moralmente censurable. Creen, simplemente, estar actuando de acuerdo con las leyes del mercado. Este tipo de corrupción es potencialmente más dañina que la corrupción pura y dura que se practica con nocturnidad y alevosía; es decir, con conocimiento y conciencia de estar haciendo algo ilegal o moralmente cuestionable. Al ser pretendidamente inocente, se transforma en un virus contagioso capaz de penetrar en el ADN moral de la sociedad y de mutarse como una verdadera cultura de corrupción, difícil entonces de erradicar. En nuestro caso, el ejemplo más reciente y más alegremente desvergonzado de corrupción inocente es la presencia como candidatos a las próximas elecciones municipales y autonómicas de personas incursas en procesos judiciales por corrupción. Por aspirar a convertirse en representantes de la ejemplaridad pública cabría esperar que su sentido moral les llevase a no ampararse en la presunción de inocencia. Pero no es así. Y tengo para mí que, aun cuando los tribunales acaben juzgándolos culpables de prácticas ilegales, ellos seguirán creyendo que no han cometido nada que sea moralmente condenable. Pero al hablar de la corrupción inocente no me refiero solo, ni principalmente, a este tipo de corrupción. Un ejemplo más paradigmático son las conductas corruptas que están detrás de la crisis financiera de 2008. Lo que hemos visto a lo largo de estos tres años -especialmente, a través de las comisiones parlamentarias de investigación de otros países (¿para cuándo la nuestra?) y de investigaciones internas como las llevadas a cabo por el FMI- nos descubre prácticas que se relacionan con el fraude, la prevaricación, el abuso de información privilegiada, los sobresueldos, el expolio, la mala fe, el enriquecimiento ilícito, la promoción profesional, la búsqueda de prestigio o el mantenimiento de posiciones poder. ¿Podemos decir que son prácticas corruptas, aun cuando no sean en algunos casos una ilegalidad? No hay una definición precisa de corrupción, pero podemos meter dentro de ese término todas aquellas conductas que tienen como efecto corromper formas de funcionar las instituciones que la sociedad considera como buenas. Ahora bien, el hecho que me interesa destacar es que aunque la sociedad las considere corruptas, los que las practican no tienen conciencia de estar cometiendo actos ilícitos o inmorales. Se puede comprobar observando la rapidez con que los responsables de las agencias de evaluación del riesgo o de las entidades bancarias que han sido rescatadas con fondos públicos han vuelto a desarrollar el mismo tipo de conductas de riesgo o de prácticas salariales que llevaron a la crisis y a la quiebra. ¿Son personas inmorales? Más bien creo que son amorales. Muchas personas cuyos comportamientos y prácticas son cuestionables, ya sea legal (caso Enron o Lehman Brothers) o éticamente (como sucede con las agencias de calificación de riesgo o las elevadísimas retribuciones de algunos banqueros), creen, ingenua, pero honestamente, que ellos no hacen más que seguir lo que dictan las leyes de los mercados. Por tanto, en su opinión, sus acciones no deberían ser juzgadas desde un punto de vista moral. La ética del mercado sería en realidad el terreno de la no ética. Cuando actúan en los mercados financieros, los agentes estarían privados de la libre voluntad de decidir. Pero si no hay libre albedrío, no habría tampoco responsabilidad individual por las conductas. No son inmorales, sino amorales. El mejor ejemplo de la corrupción inocente. ¿De dónde les viene a los financieros esta ética lúgubre del mercado? ¿Quién les ha llevado a creer que actuando de forma corrupta solo hacen seguir las leyes del mercado? Los economistas. La teoría financiera y de la empresa que se ha enseñado a lo largo de las últimas décadas en las escuelas de negocios y universidades es, además de pura soberbia analítica, una verdadera una bancarrota moral. La idea de que los mercados son eficientes solo cuando se autorregulan y están libres de cualquier control público es, además de mala teoría, una ideología encubridora de intereses privados. Mientras no se la erradique, la corrupción inocente seguirá campando a sus anchas. Hay algunos signos de reacción dentro de la profesión. Además de las opiniones de algunos de los más prestigiosos economistas, en la reunión de enero pasado de la mayor y más influyente asociación de economistas, la American Economic Association, se ha propuesto que los economistas tengan que suscribir un código ético, como ya ocurre con otros muchos profesionales. Es urgente una ética para economistas, especialmente cuando actúan de proponentes de políticas. Como ha señalado George DeMartino, de la Universidad de Denver, el hecho de proponer políticas radicales de libre mercado desde posiciones analíticas con escaso fundamento empírico ha llevado a prestigiosos economistas a caer en una importante quiebra ética. Uno de los mandamientos de la ética para economistas tiene que ser el no usar el nombre del mercado en vano. Como enseñaron los padres de la economía, comenzando por Adam Smith, la economía es una ciencia con un profundo sentido moral. Es urgente, por tanto, debatir sobre los límites morales del mercado. (Artículo de Antón Costas, publicado en "El País" el 17 de abril de 2011)
NO TAN INOCENTES.
Al menos un centenar de imputados, entre los que destaca por el rango institucional que tiene el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, integran las listas para Ayuntamientos y comunidades autónomas del próximo 22 de mayo. No todos sus problemas con la justicia están relacionados con el ejercicio de un cargo público o pueden catalogarse como delitos de corrupción -cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, etcétera...-, pero son la mayoría. El debate sobre si basta la imputación o procesamiento o hay que esperar a la condena para abandonar la vida pública ha estado presente desde los inicios de la democracia. En los pasados años ochenta un implacable José María Aznar, entonces jefe de la oposición de Alianza Popular en Castilla y León, puso el listón muy alto contra la corrupción y lo aplicó a sus adversarios políticos. No lo mantuvo a la misma altura, sin embargo, después en su partido. Y hoy está ya a ras del suelo en el caso de Camps y de los otros imputados que colonizan las listas electorales de la Comunidad Valenciana. También otros partidos, y en especial el PSOE, combinan con soltura una actitud complaciente con sus imputados y exigente con el resto y ofrecen explicaciones para salir del paso. Algunas, tan peregrinas como que imputado es solo quien acude al juzgado acompañado de abogado y no el que el juez designa como posible autor de hechos aparentemente delictivos. Pero la explicación más al uso es la traslación sin más de la presunción de inocencia desde el campo penal. Que un candidato imputado no esté condenado y le ampare la presunción de inocencia no le libra de ser sospechoso de una conducta impropia que le pone en entredicho ante los ciudadanos y posibles electores. El caso de Camps es especialmente grave: es un imputado al borde del juicio que aspira a ser reelegido con el propósito apenas velado -hay explícitos amagos al respecto- de utilizar el veredicto de las urnas si le son favorables como contrapunto a una eventual condena judicial. Su horizonte penal puede ennegrecerse aún más si el asunto de los trajes se vincula, como plantea la Fiscalía Anticorrupción con una lógica procesal intachable, con el resto de delitos de que son acusados varios altos cargos, incluido Camps, del Gobierno y del PP valencianos en relación con la trama Gürtel. Por fortuna, la complaciente actitud de Rajoy hacia Camps se ha quebrado esta semana. Génova ha desautorizado al PP valenciano, que pretendía imponer una intolerable censura a las cuatro cadenas (RTVE, Telecinco, Cuatro y La Sexta) que el sábado pasado difundieron informaciones detalladas sobre los imputados, acusados e implicados en casos de corrupción de la lista del presidente valenciano. Confirmado como candidato y envalentonado con sus buenas perspectivas electorales, Camps no desaprovecha ninguna oportunidad para exhibir su bajo concepto de la actividad política. (Editorial de "El País", publicado el16 de abril de 2011)
DEMOCRACIA JUDICIAL.
Cien personas de las que concurren a las elecciones el próximo 22-M están imputadas judicialmente, entre ellas buena parte de los que aparecen en la trama Gürtel. Se abre el juicio a Garzón por prevaricación en el caso de las presuntas escuchas ilegales. El Tribunal Constitucional está pendiente de emitir su sentencia sobre la legalización de Sortu después de haberse pronunciado al respecto la Sala Especial del Tribunal Supremo. Previamente le compitió también al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el Estatuto de Cataluña en una de sus sentencias más controvertidas. Podríamos seguir así mencionando una buena ristra de casos de los últimos meses, y la impresión que de forma más o menos consciente se va abriendo paso es que son los jueces y magistrados los que acaban resolviendo nuestros principales conflictos políticos. Desde la organización territorial del Estado, pasando por la memoria histórica, hasta los más intrincados vericuetos de la corrupción. Se dirá que esto es lo que ocurre en un Estado de derecho y que ahí reside su grandeza. Los jueces actúan en él como guardianes de la legalidad, y no tienen más remedio que intervenir cuando se les reclama o cuando aprecian de oficio algún delito. Pero el hecho es que este juicio complaciente se desvanece cuando observamos que el ya casi inevitable protagonismo político de la judicatura acaba provocando una deslegitimación del sistema como un todo. La "judicialización de la política", como bien sabemos, tiene como corolario lógico la "politización de la justicia". Su protagonismo en la solución de casos políticos disputados ha acabado por imputar a nuestros guardianes de la legalidad prácticas que casan mal con su supuesta función. Sus sentencias suelen ser leídas al final más por adscripciones ideológicas que por su estricta congruencia jurídica. Lejos, pues, de resolver las disputas políticas desde la racionalidad del Estado de derecho, muchas veces solo contribuyen a aumentar el encono. Ya no hay jueces sin más, sin adjetivos, sino "jueces progresistas", "jueces conservadores", etc. El caso Garzón, con su plétora de dimensiones en cada una de sus causas, sería el ejemplo más claro de este síndrome. Es obvio que la politización funciona en las dos direcciones. Los jueces son también cada vez más conscientes de su papel político; no siempre se quedan en la mera aplicación de la ley, y muchas veces gozan de una creatividad interpretativa que trasciende dicha función. Y las presiones sobre ellos, como bien observara Rafael del Águila, no son más que el reconocimiento explícito de su poder político efectivo. Pero resulta que este es un poder que en gran medida les ha sido trasladado por la propia clase política. Porque, no nos engañemos, en gran cantidad de casos, su intervención no es más que el resultado de una dejación que aquella hace de funciones que en rigor le deberían corresponder. En una democracia adversativa como la nuestra, caracterizada por la alergia a los grandes pactos, la tentación de delegar las disputas políticas en decisiones judiciales es constante. En las grandes cuestiones apelando a los recursos ante el Tribunal Constitucional, como viene haciendo el PP cada vez que pierde alguna votación sobre asuntos que considera fundamentales. O esperando a que las acusaciones por corrupción se resuelvan judicialmente en vez de actuar el propio partido apartando a los imputados. Esto último no solo contribuiría a aliviar la presencia pública de la actividad judicial; también trasladaría a la ciudadanía la imagen de que el interés del partido está por debajo de ciertos requerimientos de ética pública y que no cabe una "absolución democrática" de las imputaciones judiciales, como tantas veces se ha intentado. Con todo, esta politización de la justicia tiene el gran inconveniente de cuestionar la "verdad judicial", esa forma convencional de resolver a efectos prácticos el insoluble pluralismo de las "opiniones". Como se vio con la sentencia sobre el 11-M u otras de gran relevancia política, parece que ya no hay sentencias firmes, con capacidad para pronunciarse de forma definitiva sobre una determinada realidad. Toda sentencia carga sobre sí el sambenito del interés político partidista. La función de establecer hechos y responsabilidades, aunque vinculante, sigue sin ser definitivamente dilucidada. No hay forma de zanjar lo que es real por la vía judicial. Siempre sigue siendo cuestionado. Y la algarabía de las opiniones reina libre sin encontrar un punto de reposo. Como ocurre en el espacio mediático, donde la realidad es filtrada (casi) siempre desde alguna perspectiva de parte, la constante traslación de conflictos políticos al espacio judicial ha acabado ya (casi) por hacer indistinguibles las fronteras entre política y derecha. (Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 15 de abril de 2011)
CUERDA DE SOSPECHOSOS.
ES falso de toda falsedad el rumor de que El Bigotesha declinado ir en la lista del PP para la Comunidad Valenciana. No lo es en cambio, por desgracia, que casi sea verosímil habida cuenta de que en dicha candidatura figura una decena de imputados y/o implicados en mayor o menor grado con las tramas de Gürtel y Brugal, impuestos por el presidente Camps no se sabe si para reivindicar su inocencia, para aforarlos judicialmente o para lanzarle un órdago a Mariano Rajoy. Quizá para las tres cosas. Lo cierto es que, una vez admitida por el líder nacional la presencia en el listado del propio Camps, éste no tenía ningún motivo para no aplicar a sus colaboradores la presunción de honestidad que ha recabado para sí mismo. El resultado de la debilidad de uno y de la osadía del otro es un destrozo moral que avería la credibilidad del Partido Popular para exigir limpieza y regeneración en la vida pública, ofrece munición a los socialistas y arruina el discurso crítico contra la corrupción en Andalucía. Demasiado precio para una mayoría que el centro-derecha tiene garantizada en Valencia con cualquier otro candidato.
Se puede comprender que Camps haya pecado de obstinación, empeñado como está en reivindicar su honradez y basar su línea de defensa en la negación de cualquier atisbo de culpa en el asunto de los trajes, regalo que casi todo el mundo da por sentado que existió aunque no constituya motivo para condenarle al fuego eterno. Lo que ya se entiende menos es la benevolencia de un Rajoy que entre el principio de autoridad y el beneficio de la duda ha optado por lo segundo. La doctrina exigente que predica el PP en materia de integridad pública le obliga a ser riguroso con su propia conducta, y aunque el presidente valenciano sea objetivo de una exagerada cacería, resulta evidente que va a sentarse en el banquillo de los acusados con todo lo que ello comporta de desprestigio político. En un caso similar fulminó Aznar al mallorquín Cañellas, aunque sobre éste pesaban acusaciones mucho más graves. Rajoy no puede permitir que su camino a La Moncloa quede empedrado de suspicacias; en su calidad de líder tiene la última palabra y debía haberla usado para vetar a Camps en vista de que el interesado se lo ponía difícil en lo que no cabe contemplar sino como un desafío. Si al final sale absuelto ya tendrá tiempo de rehabilitarlo y hasta de nombrarlo ministro cuando sea presidente del Gobierno.
Al permitir una cuerda de sospechosos en sus listas, la dirección popular sólo dilata hasta después del 22 de mayo el problema que plantea en Valencia su aparato político, contaminado de connivencias con tipos de dudosa reputación y mal pelaje. Mala decisión. Para alcanzar el poder a veces hay que utilizar la guillotina sin contemplaciones y dejar, como dicen los árabes, que Dios —o la justicia, o la opinión pública— reconozca a los justos cuando lleguen a su seno.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 14 de abril de 2011)
CIEN DÍAS SIN OPOSICIÓN.
Hemos hablado mucho de los cien primeros días del Govern que preside Artur Mas, pero apenas hemos abordado de qué forma está desarrollando su labor la oposición parlamentaria, integrada mayormente por las tres formaciones que alumbraron y sostuvieron ese gabinete sin proyecto claro que pasará a la historia como tripartito. Si la democracia catalana tiene algún trazo específico que la diferencia del resto de las Españas, es precisamente su mapa de partidos, mucho más variado y plural que el tablero de las otras comunidades autónomas. Aquí, más que oposición, tenemos oposiciones, el juego no es únicamente cosa de dos; sobre el papel, esto debería enriquecer el debate público y el intercambio de criterios sobre lo que debe y puede hacerse desde la administración llamada autonómica. Pero me temo que no siempre es así. Por lo menos, estos tres primeros meses son descorazonadores. En sentido estricto, en Catalunya no se ejerce ahora una oposición política que merezca tal nombre. Se trata de otra cosa.
El Ejecutivo de Mas ha procedido a recortar los presupuestos en un 10% y el gran mensaje que han lanzado al unísono PSC, ERC e ICV es que CiU pretende desmantelar, desmontar y cargarse el Estado de bienestar. Para aliñar la consigna no han faltado incluso peregrinas teorías conspiratorias que ven en cada conseller un agente privatizador dispuesto a inmolarse a fuego lento para que las manos ocultas y negras del mercado les otorguen algún día –se supone que en secreto– la medalla al mérito ultraliberal y neocon. Que el presidente de la Generalitat haya recordado el papel protagonista que tuvo CiU en la construcción del sistema de protección social catalán no ha servido para atajar estas patrañas, impropias de gente que ha gobernado y desea volver a hacerlo. Parece que es mejor no tener memoria a la hora de desplegar demagogias. Para la izquierda oficial, está fuera de discusión que Mas se lo pasa en grande cuando solicita sacrificios a los ciudadanos y cuando va predicando que la única manera de asegurar el futuro para nuestros hijos es intentar hacer ahora los deberes de la forma más creíble y solvente. Los deberes –por cierto– que el equipo de José Montilla eludió y postergó.
Se comprende que los sectores directamente afectados por cada tijeretazo presupuestario expresen sus quejas, ya sean los médicos o los maestros; aunque se entiende menos, por ejemplo, que el presidente del consejo asesor del Govern en materia sanitaria haya encabezado la manifestación sin avisar y en plan alarmista, en lugar de buscar el diálogo directo y constructivo con el president que depositó su confianza en él. En todo caso, forma parte del combate normal de intereses en una sociedad abierta que las partes cuiden de su parcela, so pena de quedarse en la trinchera gremial. Al gobernante corresponde escuchar lo que cada sector expresa, con mucha, poca o bastante razón, según los casos. Escuchar, ponderar, reflexionar y, finalmente, decidir. Pero los partidos no son sindicatos, ni colegios profesionales, ni asociaciones de usuarios, ni mutualidades, ni plataformas vecinales, ni nada de todo esto. Las fuerzas políticas (salvo aquellas de inequívoca vocación minoritaria) deben trascender las demandas de parte porque existen para hacer otra cosa: una síntesis plausible y aplicable en nombre del interés general, o al menos es eso lo que las legitima para presentarse a las elecciones. Y es aquí donde reside el malentendido que nos ha dejado sin verdadera oposición política en Catalunya.
Que sea ICV quien trate de hacer suyas todas las quejas de los entornos profesionales y sociales más directamente afectados por los recortes presupuestarios es algo que entra en el guión, está en el ADN de unos poscomunistas especializados en la cultura del no. Pero no es lógico que el PSC y ERC se hayan apuntado a esta táctica, que les empequeñece y les resta capacidad de negociación porque sitúa la discusión en la caldera de los maximalismos, en el circo del blanco y negro, en la arena de una generalización abusiva que prescinde del detalle y lo fía todo al barullo. Es obvio que las decisiones de Mas y sus consellers son discutibles y merecen un profundo y vivo debate, pero este no tendrá lugar seriamente porque la oposición en el Parlament ha decidido apuntar muy alto: adiós al Estado de bienestar, que viene el coco, sálvese quien pueda, etcétera. Así las cosas, sólo queda la perdigonada para conseguir un titular y el aplauso fácil de este o aquel gremio enfadado, pero el conjunto de los ciudadanos se queda igual. Un país merece un Gobierno responsable pero también una oposición que no practique eso que Jordi Pujol llamaba la política de la cerilla.
Insistamos: la política democrática es un ejercicio delicado de síntesis, una búsqueda constante de equilibrios entre demandas y necesidades de ámbitos muy diversos en una sociedad determinada, a partir de unos principios conocidos y de unos programas que el elector escoge. La síntesis es imperativa para quien gobierna pero concierne de forma igual a los escaños de la oposición, a menos que esta haya decidido emprender el atajo de la antipolítica, del populismo, del cachondeo o del “cuanto peor, mejor”. Un contexto de crisis económica tan escalofriante como el que nos ha tocado vivir agudiza esta misión fundacional de la política y hace de ella una tarea mucho más ardua y compleja. Ello debería servir para que, al menos en el PSC, nadie ceda a la tentación de actuar como si nunca más tuvieran que presidir el Govern de Catalunya.
(Artículo de Francesc-Marc Álvaro, publicado en "La Vanguardia" el 13 de abril de 2011)
El Ejecutivo de Mas ha procedido a recortar los presupuestos en un 10% y el gran mensaje que han lanzado al unísono PSC, ERC e ICV es que CiU pretende desmantelar, desmontar y cargarse el Estado de bienestar. Para aliñar la consigna no han faltado incluso peregrinas teorías conspiratorias que ven en cada conseller un agente privatizador dispuesto a inmolarse a fuego lento para que las manos ocultas y negras del mercado les otorguen algún día –se supone que en secreto– la medalla al mérito ultraliberal y neocon. Que el presidente de la Generalitat haya recordado el papel protagonista que tuvo CiU en la construcción del sistema de protección social catalán no ha servido para atajar estas patrañas, impropias de gente que ha gobernado y desea volver a hacerlo. Parece que es mejor no tener memoria a la hora de desplegar demagogias. Para la izquierda oficial, está fuera de discusión que Mas se lo pasa en grande cuando solicita sacrificios a los ciudadanos y cuando va predicando que la única manera de asegurar el futuro para nuestros hijos es intentar hacer ahora los deberes de la forma más creíble y solvente. Los deberes –por cierto– que el equipo de José Montilla eludió y postergó.
Se comprende que los sectores directamente afectados por cada tijeretazo presupuestario expresen sus quejas, ya sean los médicos o los maestros; aunque se entiende menos, por ejemplo, que el presidente del consejo asesor del Govern en materia sanitaria haya encabezado la manifestación sin avisar y en plan alarmista, en lugar de buscar el diálogo directo y constructivo con el president que depositó su confianza en él. En todo caso, forma parte del combate normal de intereses en una sociedad abierta que las partes cuiden de su parcela, so pena de quedarse en la trinchera gremial. Al gobernante corresponde escuchar lo que cada sector expresa, con mucha, poca o bastante razón, según los casos. Escuchar, ponderar, reflexionar y, finalmente, decidir. Pero los partidos no son sindicatos, ni colegios profesionales, ni asociaciones de usuarios, ni mutualidades, ni plataformas vecinales, ni nada de todo esto. Las fuerzas políticas (salvo aquellas de inequívoca vocación minoritaria) deben trascender las demandas de parte porque existen para hacer otra cosa: una síntesis plausible y aplicable en nombre del interés general, o al menos es eso lo que las legitima para presentarse a las elecciones. Y es aquí donde reside el malentendido que nos ha dejado sin verdadera oposición política en Catalunya.
Que sea ICV quien trate de hacer suyas todas las quejas de los entornos profesionales y sociales más directamente afectados por los recortes presupuestarios es algo que entra en el guión, está en el ADN de unos poscomunistas especializados en la cultura del no. Pero no es lógico que el PSC y ERC se hayan apuntado a esta táctica, que les empequeñece y les resta capacidad de negociación porque sitúa la discusión en la caldera de los maximalismos, en el circo del blanco y negro, en la arena de una generalización abusiva que prescinde del detalle y lo fía todo al barullo. Es obvio que las decisiones de Mas y sus consellers son discutibles y merecen un profundo y vivo debate, pero este no tendrá lugar seriamente porque la oposición en el Parlament ha decidido apuntar muy alto: adiós al Estado de bienestar, que viene el coco, sálvese quien pueda, etcétera. Así las cosas, sólo queda la perdigonada para conseguir un titular y el aplauso fácil de este o aquel gremio enfadado, pero el conjunto de los ciudadanos se queda igual. Un país merece un Gobierno responsable pero también una oposición que no practique eso que Jordi Pujol llamaba la política de la cerilla.
Insistamos: la política democrática es un ejercicio delicado de síntesis, una búsqueda constante de equilibrios entre demandas y necesidades de ámbitos muy diversos en una sociedad determinada, a partir de unos principios conocidos y de unos programas que el elector escoge. La síntesis es imperativa para quien gobierna pero concierne de forma igual a los escaños de la oposición, a menos que esta haya decidido emprender el atajo de la antipolítica, del populismo, del cachondeo o del “cuanto peor, mejor”. Un contexto de crisis económica tan escalofriante como el que nos ha tocado vivir agudiza esta misión fundacional de la política y hace de ella una tarea mucho más ardua y compleja. Ello debería servir para que, al menos en el PSC, nadie ceda a la tentación de actuar como si nunca más tuvieran que presidir el Govern de Catalunya.
(Artículo de Francesc-Marc Álvaro, publicado en "La Vanguardia" el 13 de abril de 2011)
JERÓNIMO AROZAMENA, PRIMER VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
Jerónimo Arozamena Sierra, que este jueves ha fallecido en Madrid a lo 87 años, pertenece a la categoría de juristas íntegros y capaces que contribuyeron, durante la Transición, a convertir España en un Estado de derecho precisamente en una de la zonas más contaminadas por el franquismo: el poder judicial. Arozamena, natural de Reinosa (Cantabria), ingresó en la carrera judicial en 1952, a los 26 años, y perteneció a la primera promoción de magistrados de lo contencioso-administrativo. En 1974, a los 50 años, fue promovido a magistrado de la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Propició la legalización del PCE, sin que se le ocurriera establecer sospechas o atender conjeturas contra los comunistas, odiados por los jueces y por los militares, mayoritariamente franquistas. Al crearse en 1977 la Audiencia Nacional fue nombrado presidente de su Sala de lo Contencioso-Administrativo. Una vez aprobada la Constitución y ante la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional (TC), fue uno de los primeros magistrados reclutados por centristas y socialistas, en aquellos tiempos en que los dos grandes partidos buscaban juristas de calidad, aptos para interpretar la Constitución democrática, no bloques cerrados de juristas clientes de uno u otro partido, como se hace ahora. En 1980 fue designado magistrado del Constitucional -firmó como ponente la primera sentencia que emitió el tribunal- y meses después ocuparía la vicepresidencia del TC, formando tándem con el gran presidente Manuel García Pelayo hasta 1986. Contribuyó a la tarea de imponer la aplicación de la Constitución a los jueces, muchos de los cuales pretendían seguir aplicando la legislación franquista. Cuando se cuestionó ante el TC la Ley del Aborto, a Jerónimo Arozamena no le tembló el pulso para mantener en su voto particular, frente a la mayoría que objetó la inicial ley y obligó al legislador a rehacerla, que el aborto es un "tema abierto a la disponibilidad del legislador democrático", sin que considerara que el artículo 15 de la Constitución fuera un obstáculo, ya que la protección del derecho a la vida había que entenderla vinculada a las personas. Tampoco tuvo dudas el magistrado Arozamena para votar a favor de la expropiación de Rumasa. Frustrado candidato al Consejo General del Poder Judicial, perteneció a la comisión de codificación y al Consejo de Estado, institución presidida por su antiguo compañero en el TC Francisco Rubio Llorente, hasta que en junio de 2009 cesó a petición propia como consejero permanente de Estado. Gran administrativista, es autor de varias publicaciones sobre urbanismo. Con la muerte de Arozamena se pierde un hombre inteligente, perspicaz, con un gran sentido del humor, sin alardes de progresismo, pero con convicciones jurídicas muy firmes en favor del imperio del derecho y de la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos. (Artículo de Bonifacio de la Cuadra, publicado en "El País" el 9 de abril de 2011)
RECUPERAR LA DEMOCRACIA
Hoy en día estamos viendo movilizaciones populares en muchas partes del mundo –desde los países árabes a Wisconsin (EEUU), pasando por la mayoría de países de la Unión Europea– que exigen cambios de las políticas llevadas a cabo por gobiernos y por estados que se perciben insensibles a los deseos de la mayoría de la población. En estas manifestaciones –a pesar de la elevada diversidad de situaciones– hay un elemento común: la protesta frente a una enorme concentración de poder económico y político que obstaculiza la expresión democrática. Y un ejemplo de ello es España.Estamos viendo en España la puesta en marcha, por parte del Estado (tanto central como autonómico), de recortes muy sustanciales del gasto público, incluyendo el gasto público social que financia las transferencias públicas –como las pensiones– y los servicios públicos del Estado del bienestar tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios a las personas con dependencias, escuelas de infancia, servicios sociales y otros.Estos recortes están afectando de una manera muy marcada a la calidad y cobertura de tales servicios empeorando la situación existente, que ya era insuficiente antes de que se iniciara la crisis. España en 2008 estaba a la cola de la Unión Europea de los 15 (UE-15, el grupo de países de semejante desarrollo a España) en gasto público social. Nos gastábamos en el Estado del bienestar sólo el 19% del PIB (el más bajo de la UE-15, cuyo promedio era del 24%, mientras que el de Suecia era del 28%). Una consecuencia de ello es que sólo el 9% de la población adulta trabajaba en los servicios públicos del Estado del bienestar (el promedio de la UE-15 era del 15%, y en Suecia, del 24%). Los recortes que están ocurriendo ahora están disminuyendo todavía más tal empleo.La estructura de poder (que se basa en el 20-30% de la población, la de mayor renta) no parece consciente de este enorme retraso y subfinanciación, pues utiliza principalmente los servicios privados. Envían a sus hijos a la escuela privada (que recibe los subsidios más altos existentes en la UE-15, llamado concierto) y cuando caen enfermos van a la sanidad privada. Esta estructura de poder (que tiene enorme influencia política y mediática en España) promueve el mensaje de que no hay otra alternativa a tales políticas de recortes. Argumentan que hay que recortar el gasto público para reducir el déficit del Estado y la deuda pública, a fin de calmar los mercados financieros y que así estos nos presten dinero a intereses razonables.Esta explicación, que a base de repetirse miles de veces se ha convertido en un dogma, es profundamente errónea y se promueve porque sirve a los intereses de esta estructura de poder, que utiliza la presión de los mercados financieros como excusa para llevar a cabo lo que ha deseado hacer desde siempre. Los datos muestran claramente que no es cierto que en España no existan recursos para financiar un Estado del bienestar de primera clase. España no es pobre. El PIB per cápita es ya el 94% del promedio de la UE-15, pero el gasto público social por habitante es sólo el 74% del promedio del gasto público social promedio de la UE-15. Si nos gastáramos lo que nos pertenece por el nivel de desarrollo económico que tenemos, es decir el 94%, nos gastaríamos 80.000 millones de euros más, con los cuales se podrían cubrir las enormes insuficiencias. España, pues, tiene los recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. En lugar de ello, el Estado ha estado pidiendo préstamos a la banca extranjera, endeudándose y financiando escasamente su Estado del bienestar. España, como Grecia y Portugal, tiene unos ingresos al Estado muy bajos y un fraude fiscal muy elevado. Como admitió sorprendentemente un dirigente del Deutsche Bank, uno de los banqueros más importantes de Alemania, “ha existido durante los años de boom una alianza entre las clases más pudientes de los países de la periferia de la UE, que no pagaron impuestos al Estado, y la banca, que se ha beneficiado de la baja carga impositiva al prestar dinero al Estado para financiar su dimensión social”.Y ahí está la raíz del problema. La estructura de poder no está contribuyendo al Estado lo que debiera por su nivel de riqueza. El trabajador de la manufactura en España paga el 74% de los impuestos del trabajador de la manufactura sueca. El empresario, sólo un 38%. Y empeorando la situación, el Estado ha reducido más y más los impuestos, lo que ha beneficiado sobre todo a las rentas superiores. Los propios inspectores de Hacienda han indicado que podrían recogerse más de 38.000 millones de euros, centrándose en estos sectores, sin afectar a la carga impositiva de la mayoría de la población. El déficit del Estado podría reducirse a base de aumentar los impuestos de estos sectores en lugar de empobrecer todavía más al Estado del bienestar.En realidad, durante la crisis la gran mayoría de las empresas del Ibex-35 han continuado teniendo grandes beneficios, siendo la banca española una de las que tienen más beneficios en Europa. El Banco Santander ha conseguido 35.000 millones de euros de beneficios netos (es el banco que ha conseguido más beneficios en el mundo, después de dos bancos chinos).Estos recortes de gasto público social se están haciendo a pesar de que la mayoría de la población está en contra. Es una decisión más (otra es el retraso de la edad obligatoria de la jubilación) que muestra la enorme distancia entre los gobernantes y los gobernados. De una manera creciente, los establishments políticos y mediáticos que dirigen el país están imponiendo medidas en contra del parecer de la ciudadanía. De ahí que las poblaciones, en su indignación –que ocurrirá si se le provee de información que cuestione el dogma de que no hay otra alternativa–, deben manifestarse y agitarse socialmente para recuperar la democracia en España. (Artículo de Vicenç Navarro, publicado en "Público" el 7 de abril de 2011)
NO ESTAMOS EN BABIA.
Nadie sospecha ni por un momento que las revueltas que han derribado el concepto de autoridad monolítica y despótica en el mundo árabe y musulmán puedan reproducirse de otra manera en las sociedades democráticas y libres. Por supuesto que no vamos a asistir a manifestaciones como las de la plaza Tahrir de El Cairo o las que hacen tambalear a regímenes que parecían inmutables como el de Siria, Yemen, Bahréin y tantos otros. Entre otras razones porque las urnas echan a los gobiernos cuando lo consideran conveniente para los intereses de las gentes. Pero no hay que subestimar que se puedan suscitar protestas en una Europa que vive bajo el miedo al paro, a la crisis y al futuro. He recordado un libro de Pío Baroja, La ciudad de la niebla, en el que describe a los ingleses como entusiastas frenéticos de los revolucionarios de los demás países, pero no de los suyos. Un enemigo del zar o de un rey de cualquier parte, tiene siempre en Londres grandes simpatías. Ellos creen, escribe Baroja, y en parte se acercan a la verdad, que los gobiernos de Europa son todos abominables, menos el suyo. Así, un revolucionario alemán, español o ruso manifiesta un descontento lógico; en cambio, un revolucionario inglés es un hombre absurdo. No hay que descartar que se produzcan situaciones inesperadas en esta nuestra Europa si la bolsa de los parados y desprotegidos aumenta hasta niveles insostenibles, si los gobiernos no dan respuestas fiables para superar la crisis, si van recortándose prestaciones sociales adelgazando el estado del bienestar hasta dejarlo en los huesos, si la desconsideración del inmigrante enfrenta a la clase política entre sí. Las revueltas no tienen por qué seguir las pautas del norte de África, pero sí pueden manifestarse a través de las redes sociales, de esta realidad que circula con libertad sin límites por el subsuelo y al margen del poder, de una capacidad de convocatoria transversal que escapa a cualquier previsión y control informativos. Sólo veremos el alcance de lo que está ocurriendo cuando hayamos atravesado la ola del tsunami gigantesco que está cambiando comportamientos y actitudes de los gobernantes hacia los gobernados y al revés. Quizás el cambio se producirá en la actuación de los políticos y de los partidos que no pueden gestionar como si los ciudadanos estuviéramos en Babia. (Artículo de Luís Foix, publicado en "La Vanguardia" el 5 de abril de 2011)
SOBRE LA INDIGNACIÓN Y LA IRA.
A veces basta con volver tan sólo un poco la cabeza para descubrir lo mucho que han cambiado las cosas, en todos los sentidos, en los últimos años, pongamos que década y media. Sucede con muchas cosas, basta pensar un poco en ellas, viajando un poco hacia atrás en el calendario. Hoy pretendía hablarles de la ira y de la indignación, y no como defectos antropológicos o vicios morales, sino, más bien, como motores de la acción política y, por tanto, en cierto sentido, como virtudes. André Comte-Sponville, el filósofo francés que acaba de estar en Barcelona presentando su último libro, publicó en 1995 una especie de best seller filosófico (y no es un oxímoron irónico: era la época de El mundo de Sofía y bobadas por el estilo) titulado Pequeño tratado de las grandes virtudes. Muy de época, enseguida verán, pues las virtudes eran la templanza, la generosidad, la compasión, la humildad, la misericordia, la tolerancia, la dulzura, la buena fe... A uno ya entonces le costaba entender cómo era posible que en un mundo de aves de rapiña fuese posible articular una ética (individual), con ambición política (colectiva), fundada en virtudes como esas. Sí, claro, sin todo eso estamos a un paso de la inhumanidad, pero ¿pueden ser orientaciones para la acción en un mundo, como el de entonces, que renovaba sus garras tras el fin de la guerra fría? Hay libros, como ese, que ya eran viejos antes de llegar a las librerías. El mundo del que hablaban no existía ya, si es que alguna vez había existido. Ya se sabe, sin embargo, que a veces los filósofos, o algunos, hablan no tanto del mundo que existe como de aquel en el que les complacería vivir. El tratado de Comte- Sponville, a toro pasado, bien puede releerse hoy como manual de cierto buenismo o como el primer catecismo posmoderno. La cuestión es que, por extrañas razones, o no tanto, hoy, quince años después, no parece que todas esas supuestas virtudes sean demasiado válidas para pensar el mundo en el que vivimos, ni siquiera, tal vez, en el que nos gustaría vivir. No parece inoportuna la consideración si tenemos en cuenta el éxito del panfleto Indignez-vous! que acaba de llegar, traducido, a nuestras librerías (¡Indignaos! en castellano, Indigneu- vos! en catalán: ambos en Destino). En Francia, en apenas unos meses, lleva vendidos ochocientos mil ejemplares (a 3 € ), y aquí, con una semana en la calle, no apunta mal camino (¿por qué a 5 € ?). ¿De qué se trata? Pues del último texto, en forma de panfleto, unas treinta páginas, que el jovencito Stéphane Hessel, con noventa y tres años cumplidos, acaba de publicar para que nos indignemos y dejemos de contemplar con indiferencia cómo están desmontando las sociedades en las que vivimos. Hessel es un judío berlinés, nacionalizado francés, que vio interrumpida su vida por la Segunda Guerra Mundial, luchó con la resistencia en contra de la expansión fascista por Europa, fue deportado a Buchenwald y acabó siendo uno de los redactores (hoy, el último vivo) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Qué pretende Hessel con su panfleto? Advertir a las nuevas generaciones que no se dejen convencer de que todo lo que está sucediendo, sobre todo en los últimos tres años, en el mundo global, es inevitable. A su juicio, se están desmontando las bases mismas en las que se fundaron los estados democráticos y sociales surgidos después de 1945, y todo ello a causa de lo que denomina “la actual dictadura de los sistemas financieros”, ese poder que está más allá, y por encima, de cualquier sistema político de representación democrática. Y es en ese contexto que reclama no callarse, no estarse quietos, sino indignarse. Y, por añadidura, convertir la indignación en responsabilidad y compromiso. ¿Se trata simplemente de invitar a una reacción individual y visceral? Nada de ello: de forma semejante a como Pascal invocaba las razones del corazón, Hessel apela a las razones de la indignación, pues ahí está, como diagnóstico del problema, parte de la solución. No me parece extraño el éxito de Hessel en su invitación a sublevarse movilizando toda nuestra indignación. Hace muy poco, Peter Sloterdijk hablaba en Ira y tiempo, un libro muy oportuno para releer ahora, de la importancia de la ira como “fuerza fundamental en el ecosistema de los afectos, ya sea interpersonal, política o culturalmente”. Sloterdijk pensaba en los años posteriores al 11-S o en las revueltas de las banlieues de las grandes ciudades francesas. Hoy añadiríamos las sublevaciones en el mundo árabe, donde hemos escuchado claramente a la ira y la indignación, o, podemos adivinarlo, lo que va a empezar a suceder, y que está sucediendo ya, en las sociedades del capitalismo avanzado. Sloterdijk recordaba cómo la ira es la primera palabra europea (la primera palabra de La Ilíada: “La ira, canta, oh Diosa, del Pelida Aquiles”) y cómo Aristóteles la consideraba necesaria para enfrentarse a la injusticia, aunque, como reconocía el Estagirita, “puede servirnos, no como jefe, sino como soldado”. Todo está cambiando mucho. Y algunas cosas, de forma peligrosa. No parece temerario advertir que, con la excusa de la crisis, ya empiezan a cuestionarse algunas cosas que ponen en peligro, no el Estado de bienestar, sino el modelo mismo en el que se fundan nuestras sociedades. Pero no aquello que, justamente, sería fácil acordar que debe ser cambiado, sino, más bien, aquello que, de cambiar, empezará a confirmar que, en lo mejor, estamos dejando de ser aquellos que éramos. (Artículo de Xavier Antich, publicado en "La Vanguardia" el 4 de abril de 2011)
EL DESPRECIO
Indicaba La Rochefoucauld que lo propio de la mediocridad es el creerse superior. De tal ceguera, el desprecio es entonces inevitable corolario. Pero aquel que se entrega a la ebriedad del desprecio olvida que para su víctima este es quizás el sentimiento que puede con mayor dificultad ser superado. La historia del colonialismo da buena prueba de ello. Los resistentes árabes de la Argelia francesa, o los compañeros de Mandela en Sudáfrica, habrán podido superar el haber sido víctimas de explotación económica, de maltrato físico y hasta de odio, pero dudo mucho que haya habido sutura para el sentimiento de que su comunidad era vista como intrínsecamente poco decente o, en el mejor de los casos, tratada con condescendencia. En el conflicto bélico de Argelia hubo sin duda crímenes por ambos lados. Mas en esos diferendos en los que la responsabilidad es compartida, si una de las fracciones es víctima de desprecio por parte de la otra se da una asimetría que confiere a la primera una legitimidad moral. Por eso fue imperativo en su día tomar posición contra los partidarios de la Argelia francesa. Se extiende el vejatorio prejuicio de que una Europa que trabaja debe arrastrar a otra dada a la gandulería El desprecio se manifiesta en ocasiones en forma exclusivamente verbal, pero entre seres de palabra esta es potencialmente arma temible, por cuyas heridas se exige reparación. Sea cual sea el resultado de la crisis de Siria, me atrevo a conjeturar que los términos rebaño y horda con los que un esbirro del clan familiar en el poder se refirió a las víctimas de la masacre de Deraa acabarán pesando fuertemente en la balanza. El mayor peso de la crisis en la Europa periférica ha sido ocasión de que ciertos políticos y comentaristas expresen con impudicia opiniones hirientes para la dignidad y que inevitablemente dejan huella. El mismo día en que el primer ministro José Sócrates estaba llamado a justificar su gestión de la crisis social y financiera de Portugal ante los demás mandatarios europeos, el director de redacción del diario económico parisino La Tribune efectuaba el siguiente diagnóstico: "En los orígenes de la crisis se encuentra el problema... del menú gratuito. Durante 10 años los convidados del euro han estado en el festín sin pagar la cuenta... y he aquí que ahora les es presentada. Demasiado elevada para los comensales sin maneras, convertidos de nuevo en famélicos". Ni que decir tiene que los míseros gorrones en cuestión son los que en otro artículo del mismo diario se continúa calificando de Pigs, acrónimo que algunos creían ya en desuso y aquí enmarcado en una amable frase relativa a lo imprescindible del "recurso al palo" dado "que el incentivo de la zanahoria, bajo forma de fondos estructurales, de los que se nutrieron ampliamente los Pigs, realmente no ha funcionado". Que no se trate de opiniones vertidas en alguna publicación marginal, sino en el segundo periódico económico de Francia, constituye un indicio de que la manifestación del sentimiento de pertenencia a comunidades intrínsecamente superiores ha dejado de ser en Europa algo chocante. Cuando en marzo de 2010 la revista alemana Focus esgrimía en su portada una Venus de Milo haciendo la peineta a la Europa seria, y ponía despectivamente en duda que Grecia (al igual que España, Irlanda y Portugal) tuviera intención de devolver a Alemania su dinero, muchos estimaron que estábamos ante una provocación anecdótica. Vemos, sin embargo, que la cosa ha calado. No se trata de una Europa a dos velocidades, se trata del vejatorio sentimiento de que una Europa limpia y que trabaja ha de arrastrar el peso de una Europa tendente a la gandulería. Obviamente no hay lugar para el análisis. Lejos queda el tiempo en que lo decente era intentar dar cuenta de las múltiples variables y la complejidad en la relación de fuerzas que desde el siglo XIX habían determinado la división de Europa entre zonas rurales y zonas fabriles. Los clichés y prejuicios se generalizan, entre países comunitarios y en el seno de muchos de ellos, contaminando de paso otras causas, empezando por legítimas reivindicaciones culturales y lingüísticas que, a la larga, nada tienen que ganar con tal amalgama. Nadie duda de que la Europa periférica tiene intereses objetivos en seguir vinculada a los países rectores de la llamada Unión, entre otras cosas para intentar salir juntos del pantano social y moral en que estamos inmersos, pero desde luego no al precio de interiorizar una jerarquía vejatoria entre comunidades del continente, a veces pertenecientes a un mismo país. Cuando los tribunos de la Liga Norte sintieron por vez primera que con total impunidad podían referirse a los meridionales italianos como parásitos aprovechados de los que era sano despegarse, algo en la dignidad de los ciudadanos europeos se había ya resquebrajado. Mucho tiene que ver con ello la pasividad ante un orden económico y social que implica renuncia al ideario de fraternidad e igualdad heredado de la Ilustración. Es simplemente hora de restaurar tal ideario. (Artículo de Víctor Gómez Pin, publicado en "El País" el 2 de abril de 2011)
LA ACCIÓN JUDICIA SE IMPONE A LA ELECTORAL.
Lejos de amainar, el temporal va adquiriendo mayor virulencia. Como consecuencia directa de ello, la sociedad balear permanece en estos momentos bajo el efecto de una extensa cascada de asuntos judiciales motivados por la corrupción política en la que, dada su densidad, resulta un tanto complejo poner orden y concierto. Ayer fue un día particularmente aciago en este aspecto, dado que se produjeron abundantes acontecimientos. Se está, ahora mismo, en una situación insólita en la que la acción judicial supera a la electoral lo cual, ya es decir, en el momento en que se cierran candidaturas, se recomponen partidos y el calendario se aproxima a las urnas. Aun con todo ello, la actualidad obliga a mirar a los estrados judiciales antes que al cartel o preestreno electoral. La jornada de ayer fue generosa en noticias frescas y nada gratificantes porque, a fin de cuentas, todo se resume diciendo que afloraron nuevos entuertos o se enredaron, todavía más, algunos de los ya conocidos. Saltó la operación Xoriguer en Ciutadella con ramificaciones en Mallorca y en concreto dos detenidos en Palma. Es un nuevo caso de presunta corrupción que ha llevado a la investigación a partir de indicios de delito en la fundación pública Citur (Ciutadella Turismo). El presidente de la Autoridad Portuaria, tuvo que acudir al Juzgado de la mano de la operación Mar Blau y en una larga declaración acusó a su antecesor, Joan Verger, de haberle ocultado el acuerdo entre el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferran y la directiva del Club Marítimo de Maó, en el que habían acordado que Trapsa retiraría su oferta a cambio de dinero y de la cesión de tres amarres. Pero esto no es todo. Los fiscales Anticorrupción han reaccionado a la negativa del Tribunal Superior de asumir el caso de la Ópera del Moll Vell de Palma y han pedido una fianza de 1,6 millones para Francesc Fiol. Dado que el diputado del PP seguirá siendo aforado por lo menos hasta el mes de junio, no queda más remedio que replantearse otra vez las cosas y volver a determinar si el TSJB acaba tramitando la causa. Al mismo tiempo, el juez Castro deberá decidir si abre juicio oral sobre la pieza separada de los contratos supuestamente opacos a Maite Areal, la esposa del expresident Matas. Con todo lo expuesto y con el archivo de las causas abiertas al exconseller Flaquer y al productor José Luis Moreno de por medio, el secretario general del PP, Miquel Ramis, denunció también ayer lo que viene a considerar una persecución en toda regla contra su partido afirmando que jueces y fiscales están "a la orden" del Gobierno central. Es una imputación grave que parece obedecer a pretextos electorales antes que a causa justificada y que fue rebatida de forma rápida por las asociaciones de la judicatura, incluidas las consideradas de tinte conservador y por tanto más próximas a la ideología del PP. Hubo cierto amago de afán de venganza en las palabras de Ramis y algunas dosis de indignación ante la que el PSOE, en un envite que no tiene viso alguno de prosperar, vista su procedencia, ha recetado "examen de conciencia" al PP. Imperan los nervios electorales porque la acción política, tan apremiante en tiempos de elecciones, no logra inmiscuirse en la cotidianidad de una Justicia que, a pesar de todo, sigue yendo a la suya. Puede desesperar a quienes dependen de la urna y del cargo, pero no deja de ser una garantía y un alivio para el ciudadano corriente. La mejor forma de esquivar "la orden" judicial es actuar de forma que se pueda prescindir de ella. (Artículo de LLorenç Riera, publicado en "Diario de Mallorca" el 30 de marzo de 2011
UN FRENESÍ BAJO LAS ALFOMBRAS.
No hay balance posible de los primeros cien días del nuevo gobierno de Catalunya –el próximo 7 de abril– sin considerar un dato significativo de la actualidad española: el disimulo con que parte de las administraciones regionales y locales están aguardando las elecciones del día 22 de mayo. Simula y disimula, aconsejaba el cardenal Mazarino a sus cortesanos. Dicho en otras palabras. Mientras en Catalunya, el lenguaje oficial sobre la crisis ha adquirido crudeza (demasiada para algunos exponentes de la coalición gobernante que quisieran a un Artur Mas con mayores astucias comunicativas), en otras latitudes, la consigna es silbar. Silbar, silbar y silbar, pese al creciente desprestigio del Estado autonómico. Y si los pagos atrasados lo permiten, seguir silbando hasta después de las elecciones generales. Bajo algunas alfrombras españolas ya no caben más proveedores al borde de la quiebra y del ataque de nervios. La sociedad tiende a aceptar ese disimulo. Después de quince años de crecimiento ininterrumpido y de una parranda inmobiliaria sin precedentes, muchos españoles quieren seguir creyendo en la teoría del paréntesis, alimentada con ahínco por los dos grandes partidos. El PSOE, para salir vivo del atolladero. El Partido Popular, para lanzarse al asalto de una mayoría absoluta que le proteja. El momento es de una gran insinceridad. En pleno ciclo electoral, la verdad no conviene a casi nadie. Y la verdad es que las cosas no volverán a ser como antes y que España deberá aceptarse como un país modesto. Sólo desde una inteligente modestia se podrá afrontar la recuperación. El café para todos es más amargo en unas tazas que en otras. Si el lector alberga alguna duda al respecto, le recomiendo que lea durante unas semanas la prensa regional, en la que hay diarios de notable calidad. Todos hablan de la crisis, obviamente, pero con matices y suavidades dignas de estudio. Sí, es verdad, en algunas autonomías silban menos. En Galicia, sin elecciones a la Xunta, el ajuste parece que va en serio. En Murcia –donde sí hay elecciones– ha habido bofetadas por el recorte en la nómina de los funcionarios... Y en el País Vasco casi no pasa nada gracias al mullido colchón del fuero confederal. En más de media España, la consigna es llegar al 22 de mayo como sea. En Catalunya –con una deuda elevada, con una creciente sensación de injusticia fiscal y con la oposición descuajeringada– el guión es otro. El relato catalán de la crisis es hoy el más áspero de la Península, junto con el de Portugal. Dos ejemplos. Los catalanes se interrogan desde hace semanas sobre la conveniencia de haber construido el aeropuerto de Alguaire en Lleida, mientras en la Comunitat Valenciana celebran con júbilo el aeropuerto sin aviones de Castellón, recién inaugurado. Los portugueses ya saben que tardarán muchos años en ver llegar el AVE a Lisboa, y en el Madrid oficial se sigue fantaseando con la expansión de “la mayor red de alta velocidad del mundo”. Sobre esa asimetría se asientan los cien primeros días de Artur Mas. Y su paradoja es la siguiente: mientras en Catalunya ya se han disparado los mecanismos de refrigeración del entusiasmo convergente (señal de que la central atómica funciona bien), en Madrid la crudeza de CiU da un esmalte de seriedad al presidente de la Generalitat, puesto que en la capital saben muy bien cuál es el frenesí bajo las alfombras. (Artículo de Enric Juliana, publicado en "La Vanguardia" el 29 de marzo de 2011)
LA PEOR CARA DE LA POLÍTICA.
Frente a la denostada imagen del político desvergonzado que se aprovecha de las comodidades y privilegios asociados a la vida pública, a fuerza de ser honestos y ecuánimes, también debemos reconocer que subsisten otros —en realidad son muchos— dirigentes de moralidad intachable y abnegada entrega. Lejos de los pomposos despachos de los altos cargos, en numerosos municipios y aldeas surgen alcaldes o concejales que se esfuerzan en cuadrar el presupuesto para ofrecer servicios útiles al ciudadano. No todo está corrompido. Aunque la perversión del sistema se extendió sin mesura con las plusvalías que generaba la especulación inmobiliaria hasta mancillar la reputación de demasiados ayuntamientos, también es verdad que no todos sucumbieron al encanto de los sobornos y las comisiones. Aquellos representantes públicos sin escrúpulos que han logrado esquivar la acción inquisidora de la fiscalía y que resisten sin fisuras los titulares de la cada vez más debilitada prensa libre siempre podrán efectuar un balance muy positivo—contante y sonante— de su paso por la política, pero casi todos los demás —la mayoría— regresarán a la vida privada con la misma cuenta de resultados y el honor incólume. Es más, unos pocos, por desgracia, deberán anotar en su haber episodios tan desagradables como el escarnio público y la agresión verbal y hasta física. Todavía hoy sigue sin esclarecer el asesinato, ocurrido en octubre de 2007, del alcalde de Polop de la Marina, Alejandro Ponsoda, aunque sin llegar a un final tan luctuoso, en los últimos cuatro años también se han registrado incendios provocados, robos, lesiones, pintadas amenazantes e insultos que permiten demostrar que no todo el monte es orégano. La política también es una profesión de riesgo. (Editorial del diario "Levante", publicado el 27 de marzo de 2011)
LA CONFIANZA.
Creo que lo único exigible a los políticos es que generen confianza. Hace tiempo leí en The philosophical baby algo curioso al respecto: su autora, la psicóloga Alison Gopnik, afirmaba que los bebés necesitan sentirse amados para así poder aprender y desarrollar su inteligencia; es decir, necesitan asegurarse de la fiabilidad de las emociones y de los afectos de sus cuidadores. De hecho, la confianza es el fundamento del bienestar moral y afectivo de cualquier sociedad. Más aún, la confianza crea riqueza. Uno diría que es su condición sine qua non.
Por supuesto, la confianza se articula de modo distinto según sea el entorno cultural de las naciones. Bagehot, en su columna de The Economist, citaba el pasado mes de febrero un extenso informe sueco que se presentó en el último Foro de Davos. En el mismo se explicaban algunas de las particularidades del modelo escandinavo: "Los americanos –asevera el ponente– favorecen la alianza entre individuo y familia... sospechando del Estado. Los alemanes confían en la familia y el Estado, olvidando al individuo. En los países nórdicos, en cambio, se favorece al Estado y al individuo...". Años antes, en 1958, el politólogo norteamericano Edward C. Banfield había estudiado el ejemplo del sur de Italia en su ensayo The moral basis of a backward society y concluyó que la solidaridad entre los ciudadanos italianos difícilmente logra romper la barrera de la familia o del propio clan. Lo que sale perdiendo entonces es el "capital social", todo aquello que refuerza el bien común y asienta la prosperidad. Con sus matices, el caso español no se aleja mucho del italiano. Quiero decir que hay algo específicamente mediterráneo que nos distingue de los alemanes y de los nórdicos. En definitiva, la cultura nos moldea: de ahí la importancia de fortalecer el capital social y crear confianza.
Uno sospecha que detrás del profundo pesimismo histórico de España hay un déficit del sentido de la confianza. La corrupción actual de la clase política –pienso en Balears, en Valencia, en los ERES de Andalucía– puede haber acentuado este proceso de desapego, pero no lo ha creado. Al igual que en Italia, lo que prima en nuestro país es un cierto sentido de la familia y de la amistad, si bien nuestra relación con la política es equívoca, casi feudal. Se pagan y se deben favores, se establecen lealtades, el poder político y el económico se sostienen mutuamente. Todo ello debilita el capital social y provoca frustración, ya que cortocircuita el sentido moral de la confianza y orienta de un modo peligroso la brújula del comportamiento cívico.
Lógicamente la corrupción tiene múltiples rostros: la ineptitud, por ejemplo, o la mediocridad, así como el mantenimiento de toda una serie de políticas –las subvenciones, sin ir más lejos– que subrayan las garantías gremiales, semi-monopolísticas, de tantos sectores económicos del país, cerrando además el paso a los mejores. En realidad no hay nada más urgente que establecer una cultura de la confianza y de la responsabilidad, una especie de pacto virtuoso que afirme la calidad y la independencia institucional, elimine las rigideces de la economía y subraye la equidad en las oportunidades.
(Artículo de Daniel Capó, publicado en "Diario de Mallorca" el 25 de marzo de 2011)
Por supuesto, la confianza se articula de modo distinto según sea el entorno cultural de las naciones. Bagehot, en su columna de The Economist, citaba el pasado mes de febrero un extenso informe sueco que se presentó en el último Foro de Davos. En el mismo se explicaban algunas de las particularidades del modelo escandinavo: "Los americanos –asevera el ponente– favorecen la alianza entre individuo y familia... sospechando del Estado. Los alemanes confían en la familia y el Estado, olvidando al individuo. En los países nórdicos, en cambio, se favorece al Estado y al individuo...". Años antes, en 1958, el politólogo norteamericano Edward C. Banfield había estudiado el ejemplo del sur de Italia en su ensayo The moral basis of a backward society y concluyó que la solidaridad entre los ciudadanos italianos difícilmente logra romper la barrera de la familia o del propio clan. Lo que sale perdiendo entonces es el "capital social", todo aquello que refuerza el bien común y asienta la prosperidad. Con sus matices, el caso español no se aleja mucho del italiano. Quiero decir que hay algo específicamente mediterráneo que nos distingue de los alemanes y de los nórdicos. En definitiva, la cultura nos moldea: de ahí la importancia de fortalecer el capital social y crear confianza.
Uno sospecha que detrás del profundo pesimismo histórico de España hay un déficit del sentido de la confianza. La corrupción actual de la clase política –pienso en Balears, en Valencia, en los ERES de Andalucía– puede haber acentuado este proceso de desapego, pero no lo ha creado. Al igual que en Italia, lo que prima en nuestro país es un cierto sentido de la familia y de la amistad, si bien nuestra relación con la política es equívoca, casi feudal. Se pagan y se deben favores, se establecen lealtades, el poder político y el económico se sostienen mutuamente. Todo ello debilita el capital social y provoca frustración, ya que cortocircuita el sentido moral de la confianza y orienta de un modo peligroso la brújula del comportamiento cívico.
Lógicamente la corrupción tiene múltiples rostros: la ineptitud, por ejemplo, o la mediocridad, así como el mantenimiento de toda una serie de políticas –las subvenciones, sin ir más lejos– que subrayan las garantías gremiales, semi-monopolísticas, de tantos sectores económicos del país, cerrando además el paso a los mejores. En realidad no hay nada más urgente que establecer una cultura de la confianza y de la responsabilidad, una especie de pacto virtuoso que afirme la calidad y la independencia institucional, elimine las rigideces de la economía y subraye la equidad en las oportunidades.
(Artículo de Daniel Capó, publicado en "Diario de Mallorca" el 25 de marzo de 2011)
UN PAIS MODESTO.
España límita al norte con la disciplina económica alemana –la rudeza con que Angela Merkel maneja su agenda electoral– y la voluntad de poder francesa –recién zarpada del puerto de Marsella a bordo del portaaviones nuclear Charles de Gaulle–. Limita al sur con la anarquía que viene del norte de África: las tensiones que en Marruecos parece controlar el rey Mohamed y que un día pueden buscar alivio en Ceuta y Melilla; las grietas en el blindaje de la oligarquía militar argelina, en cuyas manos está la llave del gas; la guerra civil en Libia, que todo el mundo ha visto empezar y nadie sabe cómo acabará; la lábil esperanza democrática en Túnez y, más allá, el jeroglífico egipcio, donde siguen mandando los oficiales y los escribas del faraón. Limita al oeste con el triste hundimiento de Portugal, lo peor que estos días nos podía ocurrir. Y linda en el este con el inexistente corredor mediterráneo, la maltrecha articulación de la España mercantil, desestimada frívolamente durante los quince años de borrachera inmobiliaria.
Esos son los puntos cardinales de una España modesta que no logra quitarse de la cabeza los sueños de grandeza acumulados durante tres lustros económicamente excepcionales, que no volverán. El desfallecimiento de Portugal es, en parte, responsabilidad española. Les hemos acabado de hundir. Portugal es hoy el heraldo de la penitencia que viene: España, país modesto en los siglos venideros.
La continuidad del euro está en manos de la industria exportadora alemana y del consenso de su sociedad, programada desde 1945 para no pensar el mundo en términos imperiales. Los bancos alemanes están mal, como ha señalado acertadamente Manel Pérez en La Vanguardia. Los bancos alemanes están agujereados por las hipotecas españolas, pero la federación es fuerte. Un país de 80 millones de habitantes, con una industria potente y un glacis que va de Alsacia a Varsovia y que desciende hacia el norte de Italia (la Lombardía de la Liga Norte y del emperador Barbarroja), Croacia y los montes Cárpatos, evitando las aguas más peligrosas del Mediterráneo, es el indiscutible polo dominante. Hoy y mañana, el Consejo Europeo de Bruselas, con Portugal en la mesa de operaciones, debatirá el plan Merkel de disciplina, barnizado y suavizado por el flamenco Van Rompuy. Y España, país modesto, lo acatará.
París no está en condiciones de discutirle la primacía económica a Berlín. No hay plan B francés. A cambio, Alemania no cuestiona la política agrícola común, clave de la estabilidad interna francesa y pilar fundacional de la Europa comunitaria. Francia, con el mejor servicio exterior del mundo después del de Estados Unidos, la independencia energética que le proporcionan 59 reactores nucleares y una notable fuerza de combate, se siente hoy en condiciones de liderar la tutela occidental sobre la anarquía que viene del norte de África y de su patio de atrás, el desguazado Sahel (Mauritania, Senegal, Mali, Níger, Chad, Sudán, Eritrea...). Y lo va a intentar.
Esos son los cuatro puntos cardinales –atención a Portugal, la sacudida viene ahora del oeste– de una España cuyo único destino posible es reconocerse y aceptarse –sobre todo aceptarse– como un país modesto. La fiesta se ha acabado para siempre. Y desde una inteligente modestia podrían hacerse cosas interesantes: acercar Latinoamérica a Europa, reconciliarse con la diversidad interna, apostar por las exportaciones, ayudar con prudencia en el Mediterráneo y olvidarse por una larga temporada de los delirios de grandeza. No hay alternativa para Don Quijote y Don Juan Tenorio. Acaso, una eterna amargura...
(Artículo de Enric Juliana, publicado en "La Vanguardia" el 24 de marzo de 2011)
Esos son los puntos cardinales de una España modesta que no logra quitarse de la cabeza los sueños de grandeza acumulados durante tres lustros económicamente excepcionales, que no volverán. El desfallecimiento de Portugal es, en parte, responsabilidad española. Les hemos acabado de hundir. Portugal es hoy el heraldo de la penitencia que viene: España, país modesto en los siglos venideros.
La continuidad del euro está en manos de la industria exportadora alemana y del consenso de su sociedad, programada desde 1945 para no pensar el mundo en términos imperiales. Los bancos alemanes están mal, como ha señalado acertadamente Manel Pérez en La Vanguardia. Los bancos alemanes están agujereados por las hipotecas españolas, pero la federación es fuerte. Un país de 80 millones de habitantes, con una industria potente y un glacis que va de Alsacia a Varsovia y que desciende hacia el norte de Italia (la Lombardía de la Liga Norte y del emperador Barbarroja), Croacia y los montes Cárpatos, evitando las aguas más peligrosas del Mediterráneo, es el indiscutible polo dominante. Hoy y mañana, el Consejo Europeo de Bruselas, con Portugal en la mesa de operaciones, debatirá el plan Merkel de disciplina, barnizado y suavizado por el flamenco Van Rompuy. Y España, país modesto, lo acatará.
París no está en condiciones de discutirle la primacía económica a Berlín. No hay plan B francés. A cambio, Alemania no cuestiona la política agrícola común, clave de la estabilidad interna francesa y pilar fundacional de la Europa comunitaria. Francia, con el mejor servicio exterior del mundo después del de Estados Unidos, la independencia energética que le proporcionan 59 reactores nucleares y una notable fuerza de combate, se siente hoy en condiciones de liderar la tutela occidental sobre la anarquía que viene del norte de África y de su patio de atrás, el desguazado Sahel (Mauritania, Senegal, Mali, Níger, Chad, Sudán, Eritrea...). Y lo va a intentar.
Esos son los cuatro puntos cardinales –atención a Portugal, la sacudida viene ahora del oeste– de una España cuyo único destino posible es reconocerse y aceptarse –sobre todo aceptarse– como un país modesto. La fiesta se ha acabado para siempre. Y desde una inteligente modestia podrían hacerse cosas interesantes: acercar Latinoamérica a Europa, reconciliarse con la diversidad interna, apostar por las exportaciones, ayudar con prudencia en el Mediterráneo y olvidarse por una larga temporada de los delirios de grandeza. No hay alternativa para Don Quijote y Don Juan Tenorio. Acaso, una eterna amargura...
(Artículo de Enric Juliana, publicado en "La Vanguardia" el 24 de marzo de 2011)
EL NEGOCIO Y EL FRAUDE DE LAS APARIENCIAS.
A pesar de que ésta no es una de sus cualidades fundamentales, a la Administración no le queda más remedio que permanecer atenta, en guardia, porque, para decirlo en lenguaje llano, siempre hay un ejercito de desaprensivos dispuestos a golearla, importando muy poco si el tanto se encaja de forma antirreglamentaria. Lo importante es marcarlo. Además, está archidemostrado que la picaresca es un elemento innato a la condición humana y que tiene una enorme capacidad de adaptación a los tiempos y a las circunstancias. Incluso más, se despliega con mejor fortuna en épocas de escasez laboral y crisis económica. Vamos, que ahora mismo tiene el terreno despejado.
Pero, que la necesidad agudice el ingenio, no significa, ni mucho menos, que éste pueda justificarse a toda cosa y que pueda incurrir en fraude o trampa legal. En estas estamos, como resultaba fácil presumir. Tanto que la propia Administración ha decidido implicar a varios de sus departamentos más elocuentes en busca de quienes están distorsionando la realidad y presentan como cotización a la Seguridad Social y percepción de la ayuda por desempleo, lo que en realidad no es más que montaje directo para vivir a expensas del Estado sin reportar por ello actividad o beneficio laboral alguno.
La Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, el Inem, los Cuerpos de Seguridad del Estado y hasta el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se han visto en la necesidad de coordinar esfuerzos para desenmascarar a quienes se han instalado en la sopa boba de las apariencias convertidas en fraude directo. Son las empresas de conveniencia y los falsos trabajadores que se avienen a formalizar contratos aparentes para después poder cobrar el paro o prorrogar un permiso de residencia otorgado, en principio, por causa laboral. No es un acto de caridad que tampoco sería tal porque, a cuenta de ello, el supuesto empresario cobra una comisión al contratado en falso.
Entrar en este oscuro mundo no es cuestión fácil, sobre todo en estos tiempos de crisis en los que muchas personas hacen lo indecible, en el buen sentido del término, para procurarse un puesto de trabajo que no llegan a alcanzar o se desesperan frente al permiso de residencia estancado antes que vencido y del que llegan a depender tantas cosas vitales. Pero el río revuelto de la escasez laboral y la crisis económica no puede acabar revirtiendo en ganacia de pescadores furtivos y nada escrupulosos porque, de lo contrario, aparte de la apropiación indebida de cotizaciones y percepciones, acabarán pagando justos por pecadores.La campaña contra el fraude laboral emprendida por la Administración en Balears se había convertido en necesaria a todas luces. En tiempos difíciles, el sentido de la justicia y la legalidad se vuelven especialmente sensibles y necesarios. Además, hay comportamientos tan exagerados que se transforman en puro reclamo para los inspectores, como el de la constructora que, justamente ahora, aumenta su plantilla en un centenar de trabajadores o el de la empresa que se especializa en contratar a inmigrantes procedentes de países africanos. El problema estará ahora en recuperar el dinero otorgado en falso o anular las cotizaciones irreales porque este tiempo de empresarios y trabajadores se esfuman en un santiamén. Por eso, aún reconociendo la dificultad que ello comporta, sería más oportuno establecer vías para evitar que este tipo de fraudes se desarrollen.
(Artículo de Llorenç Riera, publicado en "Diario de Mallorca" el 22 de marzo de 2011)
Pero, que la necesidad agudice el ingenio, no significa, ni mucho menos, que éste pueda justificarse a toda cosa y que pueda incurrir en fraude o trampa legal. En estas estamos, como resultaba fácil presumir. Tanto que la propia Administración ha decidido implicar a varios de sus departamentos más elocuentes en busca de quienes están distorsionando la realidad y presentan como cotización a la Seguridad Social y percepción de la ayuda por desempleo, lo que en realidad no es más que montaje directo para vivir a expensas del Estado sin reportar por ello actividad o beneficio laboral alguno.
La Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, el Inem, los Cuerpos de Seguridad del Estado y hasta el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se han visto en la necesidad de coordinar esfuerzos para desenmascarar a quienes se han instalado en la sopa boba de las apariencias convertidas en fraude directo. Son las empresas de conveniencia y los falsos trabajadores que se avienen a formalizar contratos aparentes para después poder cobrar el paro o prorrogar un permiso de residencia otorgado, en principio, por causa laboral. No es un acto de caridad que tampoco sería tal porque, a cuenta de ello, el supuesto empresario cobra una comisión al contratado en falso.
Entrar en este oscuro mundo no es cuestión fácil, sobre todo en estos tiempos de crisis en los que muchas personas hacen lo indecible, en el buen sentido del término, para procurarse un puesto de trabajo que no llegan a alcanzar o se desesperan frente al permiso de residencia estancado antes que vencido y del que llegan a depender tantas cosas vitales. Pero el río revuelto de la escasez laboral y la crisis económica no puede acabar revirtiendo en ganacia de pescadores furtivos y nada escrupulosos porque, de lo contrario, aparte de la apropiación indebida de cotizaciones y percepciones, acabarán pagando justos por pecadores.La campaña contra el fraude laboral emprendida por la Administración en Balears se había convertido en necesaria a todas luces. En tiempos difíciles, el sentido de la justicia y la legalidad se vuelven especialmente sensibles y necesarios. Además, hay comportamientos tan exagerados que se transforman en puro reclamo para los inspectores, como el de la constructora que, justamente ahora, aumenta su plantilla en un centenar de trabajadores o el de la empresa que se especializa en contratar a inmigrantes procedentes de países africanos. El problema estará ahora en recuperar el dinero otorgado en falso o anular las cotizaciones irreales porque este tiempo de empresarios y trabajadores se esfuman en un santiamén. Por eso, aún reconociendo la dificultad que ello comporta, sería más oportuno establecer vías para evitar que este tipo de fraudes se desarrollen.
(Artículo de Llorenç Riera, publicado en "Diario de Mallorca" el 22 de marzo de 2011)
LUTO EN LA LUCHA CONTRA EL FUEGO.
El trágico accidente sufrido por la tripulación de un helicóptero antiincendios, que ayer se cobró la vida en Teruel de cuatro brigadistas, un agente de la naturaleza y un piloto, nos recuerda con toda la crudeza los peligros que asumen estos trabajadores, la mayoría de las ocasiones ignorados para el común de los mortales. Y no por falta, desgraciadamente, de antecedentes. Hace solo dos años falleció el conductor de una motobomba en Corbalán, y hace cuatro veranos fue una compañera de cuatro de los fallecidos ayer en la brigada helitransportada de Alcorisa quien perdió la vida cuando luchaba contra el fuego. A diferencia de estos precedentes inmediatos, el percance de ayer no se produjo en el frente de las llamas en unas condiciones particularmente hostiles. En pleno vuelo, en una jornada de tiempo calmado, a bordo de un aparato casi nuevo comandado por un piloto experimentado, las causas del accidente que se ha saldado con seis muertes y un superviviente son una incógnita que habrán de despejarse con una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes. Aragón está de luto por la muerte de estos servidores públicos que, acaba de demostrarse una vez más, se juegan el tipo cada vez que han de intervenir, por limitado que sea el incendio y aunque sus medios de trabajo, sus equipos y hasta su preparación parezcan cada vez mejores. Es importante que todos los tengamos en cuenta, y que en este tiempo de ajustes y de dudas sepamos identificar a los miembros de estas cuadrillas como héroes cotidianos que luchan por lo común arriesgando su propia vida.
(Editorial de "El Periódico de Aragón", publicado el 20 de marzo de 2011)
(Editorial de "El Periódico de Aragón", publicado el 20 de marzo de 2011)
PRESENCIA DE JOVELLANOS.
EN este año en que se cumple el bicentenario de su fallecimiento, acaecido el 29 de noviembre de 1811 en Puerto de Vega (Asturias), la figura de Jovellanos vuelve a brillar por la persistente actualidad de su pensamiento y por su actitud ante la realidad política y social de su tiempo. En efecto, su infatigable curiosidad, sus saberes enciclopédicos y su asombrosa capacidad de trabajo le llevaron a tratar con penetración y exhaustividad un sinnúmero de cuestiones importantes de la España de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX.
Nada de lo humano le fue ajeno, y menos que nada la actividad por la cual el hombre llega a ser verdaderamente humano: la educación. La creación del Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, inaugurado en 1794, quedará para siempre como su más ambicioso empeño pedagógico, por dar valor, con notoria perspicacia, a las «enseñanzas técnicas», las denominadas «ciencias útiles», frente a la escolástica y las pobres indagaciones metafísicasque dominaban en la Universidad de entonces.
En ese momento concluye también su gran obra reformadora «Informe sobre la Ley Agraria» y, animado por la ilusión educativa, se vuelca en su Instituto de modo casi exclusivo, hasta que en el otoño de 1797 abandona «su paraíso asturiano» para volver a Madrid, a recorrer el camino que sería, ya para siempre, la etapa más dura y amarga de su vida.
Ahora bien, sin duda la actual vigencia de Jovellanos tiene que ver, más bien, con su ejemplar actuación pública, en circunstancias especialmente delicadas de la historia de nuestro país. Frente al estancamiento y el atraso económico y social, batalló en favor de las necesarias reformas, de modo que la nación pudiera alcanzar la prosperidad y el bienestar público. Su mesura y su rectitud moral admitieron en él la coexistencia del temperamento conservador y el talante progresista, el respeto a las instituciones válidas de la tradición y una notoria inclinación hacia el reformismo ilustrado; lo que se ha dado en llamar el jovellanismo político. De ahí que se haya podido afirmar que «Jovellanos es el gran precursor de la España del equilibrio y la concordia», una vía posible y equidistante entre la radicalidad y el inmovilismo. ¿Acaso no fue esa actitud de equilibrada síntesis, junto con su pasión por la verdad y el progreso, lo que haría de él un personaje controvertido y sospechoso para otros? ¿No es ese modo de estar en la política un ejemplo válido para la España de nuestros días? ¿No es esa la cualidad propia de los hombres de Estado que tanto echamos de menos en los políticos de nuestro tiempo? ¿Acaso no fue esa actitud la que —como habría sucedido en nuestros días— le trajo tantos disgustos y sinsabores en los quince últimos años de su vida? Como afirmara Julián Marías, «a la vuelta de muchos elogios, Jovellanos casi nunca ha tenido buena prensa, porque no la ha tenido en España la mesura, sino las dos tradiciones de desmesura y extremismo que han pretendido, alternativa y simultáneamente, identificarse con nuestra realidad histórica». Esta inclinación explica, según creo, que su recia personalidad y la honradez indiscutible de su vida no le libraran en algún momento de la incomprensión y la envidia; sobre todo a partir de 1797, año de su nombramiento como ministro de Gracia y Justicia.
Por fortuna, no es menos cierto que, desaparecidos tan infundados e injustos prejuicios en torno a su figura, se ha alcanzado un amplio consenso acerca de la verdadera significación de este gran asturiano en la Historia, con mayúscula, de nuestro país. Como me he permitido decir en otra ocasión, es posible también que solo la España de las últimas décadas situada a la altura de las naciones europeas vecinas, aunque con sus problemas y algunos demonios regionales y nacionales que todavía nos aquejan, se aproxime a lo que soñara Jovellanos.
Después de doscientos años de una historia accidentada, parece que esa España está, por fin, en condiciones de valorar la notabilísima aportación de Jovellanos a la modernización de nuestra nación. Con alguna razón se le ha calificado como un hombre abierto a la transición política y social de su época, a cuyo servicio puso su saber y su buen hacer, la rigurosa fecundidad de su pensamiento ilustrado, su prudencia en el decir y en el obrar, todo lo que hace de él nuestro primer humanista moderno.
No me parece, sin embargo, que se hayan difundido suficientemente las enseñanzas de su vida y obra, ni que estas hayan recibido la atención que merecen entre los políticos y las generaciones más jóvenes. Porque no es fácil explicar esa especie de «aislamiento» del gran patricio asturiano que vivió con tanta verdad y tanta honestidad un patriotismo ejemplar. Sería deseable para todos la recuperación de un jovellanismo activo, una más extensa difusión de aquella responsabilidad social y política que él sintió por sus compatriotas, de aquella inteligencia generosa y omnipresente en todo el quehacer de su existencia, desde el nacimiento en el Gijón de su alma hasta su fallecimiento en Puerto de Vega, huyendo de los franceses.
Y quiero terminar también estas reflexiones con unas palabras, otra vez de Julián Marías, que en no pequeña medida hacen presente el mensaje para hoy mismo: «Y no se olvide que cuando un país está realmente dividido en dos, esta escisión afecta precisamente a aquellos hombres que no la quieren ni la pueden aceptar; y así quedaron hundidos, divididos, heridos, los que no eran hombres de partido , capaces de aceptar frívolamente la partición; los que eran, por el contrario, españoles enteros. De ellos, acaso el mejor, clave de su tiempo, era Jovellanos». Merece la pena revivir su trayectoria biográfica, releerlo con profundidad, extraer nuevas enseñanzas de su moderación y sentido común, rescatar su inteligente y desinteresado modo de concebir la actividad política, su afán de integración comprendiendo el sentir de unos y otros, y, en fin, reconocerse en su amor a esta nuestra España, a veces tan maltratada. En los difíciles tiempos que corren, no estaría de más recuperar el espíritu que Jovellanos, este «español de todas las Españas», encarnó en la política nacional de su tiempo.
(Artículo de Aurelio Menéndez, publicado en "ABC" el 19 de marzo de 2011)
Nada de lo humano le fue ajeno, y menos que nada la actividad por la cual el hombre llega a ser verdaderamente humano: la educación. La creación del Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, inaugurado en 1794, quedará para siempre como su más ambicioso empeño pedagógico, por dar valor, con notoria perspicacia, a las «enseñanzas técnicas», las denominadas «ciencias útiles», frente a la escolástica y las pobres indagaciones metafísicasque dominaban en la Universidad de entonces.
En ese momento concluye también su gran obra reformadora «Informe sobre la Ley Agraria» y, animado por la ilusión educativa, se vuelca en su Instituto de modo casi exclusivo, hasta que en el otoño de 1797 abandona «su paraíso asturiano» para volver a Madrid, a recorrer el camino que sería, ya para siempre, la etapa más dura y amarga de su vida.
Ahora bien, sin duda la actual vigencia de Jovellanos tiene que ver, más bien, con su ejemplar actuación pública, en circunstancias especialmente delicadas de la historia de nuestro país. Frente al estancamiento y el atraso económico y social, batalló en favor de las necesarias reformas, de modo que la nación pudiera alcanzar la prosperidad y el bienestar público. Su mesura y su rectitud moral admitieron en él la coexistencia del temperamento conservador y el talante progresista, el respeto a las instituciones válidas de la tradición y una notoria inclinación hacia el reformismo ilustrado; lo que se ha dado en llamar el jovellanismo político. De ahí que se haya podido afirmar que «Jovellanos es el gran precursor de la España del equilibrio y la concordia», una vía posible y equidistante entre la radicalidad y el inmovilismo. ¿Acaso no fue esa actitud de equilibrada síntesis, junto con su pasión por la verdad y el progreso, lo que haría de él un personaje controvertido y sospechoso para otros? ¿No es ese modo de estar en la política un ejemplo válido para la España de nuestros días? ¿No es esa la cualidad propia de los hombres de Estado que tanto echamos de menos en los políticos de nuestro tiempo? ¿Acaso no fue esa actitud la que —como habría sucedido en nuestros días— le trajo tantos disgustos y sinsabores en los quince últimos años de su vida? Como afirmara Julián Marías, «a la vuelta de muchos elogios, Jovellanos casi nunca ha tenido buena prensa, porque no la ha tenido en España la mesura, sino las dos tradiciones de desmesura y extremismo que han pretendido, alternativa y simultáneamente, identificarse con nuestra realidad histórica». Esta inclinación explica, según creo, que su recia personalidad y la honradez indiscutible de su vida no le libraran en algún momento de la incomprensión y la envidia; sobre todo a partir de 1797, año de su nombramiento como ministro de Gracia y Justicia.
Por fortuna, no es menos cierto que, desaparecidos tan infundados e injustos prejuicios en torno a su figura, se ha alcanzado un amplio consenso acerca de la verdadera significación de este gran asturiano en la Historia, con mayúscula, de nuestro país. Como me he permitido decir en otra ocasión, es posible también que solo la España de las últimas décadas situada a la altura de las naciones europeas vecinas, aunque con sus problemas y algunos demonios regionales y nacionales que todavía nos aquejan, se aproxime a lo que soñara Jovellanos.
Después de doscientos años de una historia accidentada, parece que esa España está, por fin, en condiciones de valorar la notabilísima aportación de Jovellanos a la modernización de nuestra nación. Con alguna razón se le ha calificado como un hombre abierto a la transición política y social de su época, a cuyo servicio puso su saber y su buen hacer, la rigurosa fecundidad de su pensamiento ilustrado, su prudencia en el decir y en el obrar, todo lo que hace de él nuestro primer humanista moderno.
No me parece, sin embargo, que se hayan difundido suficientemente las enseñanzas de su vida y obra, ni que estas hayan recibido la atención que merecen entre los políticos y las generaciones más jóvenes. Porque no es fácil explicar esa especie de «aislamiento» del gran patricio asturiano que vivió con tanta verdad y tanta honestidad un patriotismo ejemplar. Sería deseable para todos la recuperación de un jovellanismo activo, una más extensa difusión de aquella responsabilidad social y política que él sintió por sus compatriotas, de aquella inteligencia generosa y omnipresente en todo el quehacer de su existencia, desde el nacimiento en el Gijón de su alma hasta su fallecimiento en Puerto de Vega, huyendo de los franceses.
Y quiero terminar también estas reflexiones con unas palabras, otra vez de Julián Marías, que en no pequeña medida hacen presente el mensaje para hoy mismo: «Y no se olvide que cuando un país está realmente dividido en dos, esta escisión afecta precisamente a aquellos hombres que no la quieren ni la pueden aceptar; y así quedaron hundidos, divididos, heridos, los que no eran hombres de partido , capaces de aceptar frívolamente la partición; los que eran, por el contrario, españoles enteros. De ellos, acaso el mejor, clave de su tiempo, era Jovellanos». Merece la pena revivir su trayectoria biográfica, releerlo con profundidad, extraer nuevas enseñanzas de su moderación y sentido común, rescatar su inteligente y desinteresado modo de concebir la actividad política, su afán de integración comprendiendo el sentir de unos y otros, y, en fin, reconocerse en su amor a esta nuestra España, a veces tan maltratada. En los difíciles tiempos que corren, no estaría de más recuperar el espíritu que Jovellanos, este «español de todas las Españas», encarnó en la política nacional de su tiempo.
(Artículo de Aurelio Menéndez, publicado en "ABC" el 19 de marzo de 2011)
LA LECCIÓN DEL "CASO CÉLINE".
Semanas atrás el ministro francés de Cultura rechazó, a causa de sus "inmundos escritos antisemitas", el homenaje nacional que se iba a dedicar este año al escritor Louis-Ferdinand Céline en el 50º aniversario de su muerte. Creo que esa exclusión está plenamente justificada y contiene alguna lección implícita que convendría sacar a la luz. Entre otras, nos enseña las diferencias inocultables de valor entre los diversos valores y, a fin de cuentas, la primacía del valor moral sobre todos los demás.
Enseguida se dejarán oír voces de protesta. ¿A quién se le ocurre en estos tiempos comparar valores y luego atreverse incluso a declarar a unos más valiosos que otros? Si para el relativismo ambiental establecer una jerarquía entre las culturas o sus instituciones ya suena a blasfemia y medir los méritos relativos de las personas es cuando menos una operación sospechosa, ¿cómo no va a serlo pretender que hasta los valores mismos se sitúen en una escala de mayor a menor? ¿Acaso no sería más acertado considerar a los valores -los intelectuales, los religiosos, los estéticos, los políticos, los morales, etcétera- independientes entre sí y distribuidos aleatoriamente en los individuos sin marcar diferencia alguna? Pero lo cierto es que las marcamos.
¿Y por qué no podrían los franceses mantener su admiración estética al escritor, y venerarle como merece, mientras reservan para el hombre y el ciudadano más bien su repulsión moral? Sencillamente, por ser imposible conservar intacta la primera si la acompaña la segunda. Al retirarle todo mérito a Céline como sujeto moral, su indiscutible valía literaria queda como en suspenso, e incluso un tanto disminuida.
Se replicará todavía que nadie sería entonces admirable, si para ser tenido por tal fuera preciso serlo del todo y en bloque. A lo más, alguien resultará sumamente valioso en un conjunto muy escaso de valores, al tiempo que solo estimable en muchos otros y hasta despreciable en algunos. La experiencia común nos enseña que el hombre más sabio puede ser un mediocre pintor, pues la carencia de cualidades artísticas no rebaja en nada su celebrada sabiduría. Pero esa experiencia tiene su excepción precisamente en el valor moral.
En este terreno a duras penas se logra sofocar algún escándalo a la hora de enjuiciar a una eminencia falta del suficiente respaldo moral. Ahí está para probarlo el estremecimiento que siguió a la revelación del pasado nazi de Heidegger y que otro ilustre filósofo resumió en esta fórmula que no deja de sonarnos paradójica: "Martin Heidegger fue el más grande de los pensadores y el más pequeño de los hombres". En lo que ahora nos ocupa, el alcalde de París ha sentenciado que Céline fue un "excelente escritor", pero también un "perfecto cabrón". Con el descubrimiento de su flaqueza moral la admiración por tan gran filósofo o por el eximio escritor no se extingue, cierto, pero ¿acaso no quedan ya sus figuras empalidecidas y en entredicho?
Y es que, frente a los demás valores, la peculiaridad de los morales estriba en ser universalmente exigibles. Como explicara Protágoras, el resto de cualidades y destrezas se reparte entre los hombres por naturaleza o por azar según cierta proporción, pues a la sociedad le basta eso para sobrevivir. Con que en nuestra ciudad haya unos pocos panaderos nos aseguramos el suministro diario de pan. Pero el "sentido moral" (el respeto y la justicia) debemos aprenderlo todos, porque su carencia arruina la vida civil o impide la vida humana a secas. Nadie puede pedirnos a todos desarrollar notables facultades musicales o intelectuales, pues no está en la naturaleza o en la vocación de cada uno llegar a ser, digamos, consumado pianista o investigador científico. Por el contrario, el descuido de las capacidades morales desde la familia y la escuela nos es reprochable, porque en ellas se contiene nuestra vocación de personas y de ciudadanos.
Así que, por volver a nuestro punto de partida, los franceses no estaban obligados a cultivar su escritura ni mucho menos a elevarse a la altura literaria de un Céline. Pero este, al igual que todos sus compatriotas en aquellas circunstancias, debía haber alcanzado la altura moral suficiente para ver en los judíos a seres humanos y denunciar su persecución y genocidio. Una sociedad se conforma con unos pocos escritores de indiscutible calidad para disfrutar de la belleza creada por la palabra. Pero un solo ciudadano al que falte la conciencia de la igual dignidad humana, como le faltó a Céline, puede destrozar la vida de muchos o consentir su destrucción.
Bien sabemos que un encumbrado carácter moral no pierde su crédito por notorios que sean sus defectos desde otros ángulos de la excelencia. Pero, al revés, es imposible admirar al genio o al artista con todo entusiasmo si sobre su conducta -privada o pública- se cierne una sombra considerable de sordidez o inhumanidad. Se diría que la excelencia moral es la que más vale porque, sin ella, las demás excelencias valen menos...
(Artículo de Aurelio Arteta, publicado en "El País" el 19 de marzo de 2011)
Enseguida se dejarán oír voces de protesta. ¿A quién se le ocurre en estos tiempos comparar valores y luego atreverse incluso a declarar a unos más valiosos que otros? Si para el relativismo ambiental establecer una jerarquía entre las culturas o sus instituciones ya suena a blasfemia y medir los méritos relativos de las personas es cuando menos una operación sospechosa, ¿cómo no va a serlo pretender que hasta los valores mismos se sitúen en una escala de mayor a menor? ¿Acaso no sería más acertado considerar a los valores -los intelectuales, los religiosos, los estéticos, los políticos, los morales, etcétera- independientes entre sí y distribuidos aleatoriamente en los individuos sin marcar diferencia alguna? Pero lo cierto es que las marcamos.
¿Y por qué no podrían los franceses mantener su admiración estética al escritor, y venerarle como merece, mientras reservan para el hombre y el ciudadano más bien su repulsión moral? Sencillamente, por ser imposible conservar intacta la primera si la acompaña la segunda. Al retirarle todo mérito a Céline como sujeto moral, su indiscutible valía literaria queda como en suspenso, e incluso un tanto disminuida.
Se replicará todavía que nadie sería entonces admirable, si para ser tenido por tal fuera preciso serlo del todo y en bloque. A lo más, alguien resultará sumamente valioso en un conjunto muy escaso de valores, al tiempo que solo estimable en muchos otros y hasta despreciable en algunos. La experiencia común nos enseña que el hombre más sabio puede ser un mediocre pintor, pues la carencia de cualidades artísticas no rebaja en nada su celebrada sabiduría. Pero esa experiencia tiene su excepción precisamente en el valor moral.
En este terreno a duras penas se logra sofocar algún escándalo a la hora de enjuiciar a una eminencia falta del suficiente respaldo moral. Ahí está para probarlo el estremecimiento que siguió a la revelación del pasado nazi de Heidegger y que otro ilustre filósofo resumió en esta fórmula que no deja de sonarnos paradójica: "Martin Heidegger fue el más grande de los pensadores y el más pequeño de los hombres". En lo que ahora nos ocupa, el alcalde de París ha sentenciado que Céline fue un "excelente escritor", pero también un "perfecto cabrón". Con el descubrimiento de su flaqueza moral la admiración por tan gran filósofo o por el eximio escritor no se extingue, cierto, pero ¿acaso no quedan ya sus figuras empalidecidas y en entredicho?
Y es que, frente a los demás valores, la peculiaridad de los morales estriba en ser universalmente exigibles. Como explicara Protágoras, el resto de cualidades y destrezas se reparte entre los hombres por naturaleza o por azar según cierta proporción, pues a la sociedad le basta eso para sobrevivir. Con que en nuestra ciudad haya unos pocos panaderos nos aseguramos el suministro diario de pan. Pero el "sentido moral" (el respeto y la justicia) debemos aprenderlo todos, porque su carencia arruina la vida civil o impide la vida humana a secas. Nadie puede pedirnos a todos desarrollar notables facultades musicales o intelectuales, pues no está en la naturaleza o en la vocación de cada uno llegar a ser, digamos, consumado pianista o investigador científico. Por el contrario, el descuido de las capacidades morales desde la familia y la escuela nos es reprochable, porque en ellas se contiene nuestra vocación de personas y de ciudadanos.
Así que, por volver a nuestro punto de partida, los franceses no estaban obligados a cultivar su escritura ni mucho menos a elevarse a la altura literaria de un Céline. Pero este, al igual que todos sus compatriotas en aquellas circunstancias, debía haber alcanzado la altura moral suficiente para ver en los judíos a seres humanos y denunciar su persecución y genocidio. Una sociedad se conforma con unos pocos escritores de indiscutible calidad para disfrutar de la belleza creada por la palabra. Pero un solo ciudadano al que falte la conciencia de la igual dignidad humana, como le faltó a Céline, puede destrozar la vida de muchos o consentir su destrucción.
Bien sabemos que un encumbrado carácter moral no pierde su crédito por notorios que sean sus defectos desde otros ángulos de la excelencia. Pero, al revés, es imposible admirar al genio o al artista con todo entusiasmo si sobre su conducta -privada o pública- se cierne una sombra considerable de sordidez o inhumanidad. Se diría que la excelencia moral es la que más vale porque, sin ella, las demás excelencias valen menos...
(Artículo de Aurelio Arteta, publicado en "El País" el 19 de marzo de 2011)
ANIVERSARIO MELANCÓLICO.
Italia llega a los 150 años de su unificación convencida de que tiene poco que celebrar. La crisis política e institucional que atraviesa el país bajo el Gobierno de Silvio Berlusconi convertiría cualquier fórmula de conmemoración en un gesto estrictamente ritual, más adecuado para desencadenar la melancolía de los italianos por el estado en el que se encuentran sus instituciones comunes que para valorar los logros de la que, pese a todo, sigue siendo una nación puntera.
Así ha debido de entenderlo el propio Berlusconi, quien ha dejado transcurrir el aniversario sin las grandes exhibiciones de orgullo nacional de que ha hecho gala en otras ocasiones. Existe, además, una razón inmediata que explicaría el bajo perfil adoptado por Il Cavaliere: su principal socio de Gobierno, la Liga Norte, ha adoptado como principales ejes de campaña la explotación de las diferencias regionales y la crítica al peso político de Roma en el conjunto de Italia.
Para la sociedad civil, el aniversario es un momento como cualquier otro para reflexionar sobre la situación de un país del que siempre se dijo que podía funcionar, y de hecho funcionaba, al margen de su crónica inestabilidad política. Bajo el mandato de Berlusconi se ha producido, sin embargo, una preocupante vuelta de tuerca: negocios y política han dejado de desarrollarse en esferas distintas, con el agravante de que la fusión se ha llevado a cabo sobre los peores rasgos de ambos mundos. En el Parlamento italiano, las voluntades políticas se compran a plena luz y los debates suelen ser una variante de los más zafios espectáculos televisivos.
Esta degradación política e institucional no es solo un problema interno italiano; es, además, un pesado lastre para el maltrecho proyecto de la Europa unida. El Gobierno de Berlusconi ha dado carta de naturaleza entre los Veintisiete a algunas medidas que hasta ahora formaban parte del inaceptable arsenal de las fuerzas populistas y xenófobas, como la elaboración de censos que solo afectan a algunas comunidades y grupos humanos. También ha desempeñado un deshonroso papel en crisis como la de Libia, acentuando la ya de por sí acusada querencia de la Unión hacia la inacción y la retórica.
En cualquier caso, Italia no es solo su Gobierno, sino una ciudadanía forjada hace 150 años. Y que tarde o temprano volverá a colocar a su país en el lugar que le corresponde.
(Editorial de "El País", publicado el 18 de marzo de 2011)
Así ha debido de entenderlo el propio Berlusconi, quien ha dejado transcurrir el aniversario sin las grandes exhibiciones de orgullo nacional de que ha hecho gala en otras ocasiones. Existe, además, una razón inmediata que explicaría el bajo perfil adoptado por Il Cavaliere: su principal socio de Gobierno, la Liga Norte, ha adoptado como principales ejes de campaña la explotación de las diferencias regionales y la crítica al peso político de Roma en el conjunto de Italia.
Para la sociedad civil, el aniversario es un momento como cualquier otro para reflexionar sobre la situación de un país del que siempre se dijo que podía funcionar, y de hecho funcionaba, al margen de su crónica inestabilidad política. Bajo el mandato de Berlusconi se ha producido, sin embargo, una preocupante vuelta de tuerca: negocios y política han dejado de desarrollarse en esferas distintas, con el agravante de que la fusión se ha llevado a cabo sobre los peores rasgos de ambos mundos. En el Parlamento italiano, las voluntades políticas se compran a plena luz y los debates suelen ser una variante de los más zafios espectáculos televisivos.
Esta degradación política e institucional no es solo un problema interno italiano; es, además, un pesado lastre para el maltrecho proyecto de la Europa unida. El Gobierno de Berlusconi ha dado carta de naturaleza entre los Veintisiete a algunas medidas que hasta ahora formaban parte del inaceptable arsenal de las fuerzas populistas y xenófobas, como la elaboración de censos que solo afectan a algunas comunidades y grupos humanos. También ha desempeñado un deshonroso papel en crisis como la de Libia, acentuando la ya de por sí acusada querencia de la Unión hacia la inacción y la retórica.
En cualquier caso, Italia no es solo su Gobierno, sino una ciudadanía forjada hace 150 años. Y que tarde o temprano volverá a colocar a su país en el lugar que le corresponde.
(Editorial de "El País", publicado el 18 de marzo de 2011)
FELIZ CUMPLEAÑOS, CARA ITALIA.
"Italia se ha despertado, estamos listos para morir".
Eran otros tiempos. Pero el espíritu era ese.
Lo otro es ahora: un Gobierno nefasto, un comité de negocios que destruye la cultura, el pensamiento, la inteligencia, el humor, la ironía y la poesía para que la crítica se extinga, y triunfe la mediocridad y la estafa, la propaganda y el camelo.
Si se ve desde fuera, es solo un accidente del camino, un espanto que la historia sepultará como un periodo podrido, marcado por la avaricia y la falsedad de una clase dirigente que no sabe lo que son los principios y sobre todo no sabe entender que su final hace tiempo que pasó por la puerta.
La pérdida de toda ética pública, y la conversión del sistema democrático en un sucio bazar donde todo se compra y se consume sin freno, por el mero hecho de sobrevivir y seguir adelante a toda costa, ha marcado esta época de Italia.
Por eso ya no es Italia, sino Vaticalia: un remedo, un pastiche, un remiendo. El país maravilloso, que fue la vanguardia del mundo hace 40 años, paradójicamente está de nuevo, y todavía, por hacer. Parece haberlo olvidado todo en el camino, haber sepultado su memoria mejor. El exceso de bienestar, y de dinero, produce también monstruos, como la razón.
El Estado ha sido secuestrado por una panda de bandoleros antiestatalistas que lo desguazan para trincar mejor. Fuera la escuela, fuera la justicia, fuera los periódicos, abajo la Constitución.
La izquierda asiste impertérrita a la demolición, secuestrada por una casta privilegiada que solo aspira a trabajar lo menos posible y a comer lo mejor posible sin acordarse de los electores ni de los jóvenes ni de los inmigrantes, ni de las mujeres. Orejeras y pensión vitalicia.
Y lo mejor de la Iglesia, su base comprometida, pensante y honesta, ha sido secuestrada por los movimientos laicos, falsos profetas, mercantes y mercachifles, mercadotécnicos de las beatificaciones y las leyes provida, que en ausencia de instituciones fuertes y creíbles aprovechan para repartirse el botín.
El folklore parafascista de la Liga, la putocracia de las velinas, la videocracia que iguala el debate al entretenimiento y las elecciones a un concurso de televoto completan el panorama desolador.
Pero hoy es el día de festejar y agradecer.
Y es justo además reconocer a Italia todo lo que nos ha enseñado, y todavía nos enseña, su espléndido pasado, su talento, su simpatía, su genialidad.
Italia está herida pero sigue muy viva. Ahí están Saviano, Benigni, Napolitano, sus científicos, sus economistas, sus mujeres indignadas, los cientos de movimientos solidarios y antimafia, los jóvenes siempre dispuestos a salir a la calle, las movilizaciones continuas y conmovedoras, los fiscales que no se arrugan, los periodistas que cuentan la verdad, los nuevos creadores de sátiras por Internet, la red de cazadores de caimanes...
A muchos españoles nos gustaría tener todo eso. Y nos gustaría decir a los italianos sanos y buenos -los hay y son millones, y están tocados pero no hundidos- que estamos con ellos. Que nos duele Italia y mucho más Vaticalia. Que les necesitamos de vuelta para que Europa deje de ser una mesa de metacrilato ocupada por incompetentes.
Y que todo el sarcasmo, la sátira, incluso la malicia que a veces nos hace destilar su decadencia y su letargo son solo una coraza. El escudo que ayuda a aguantar el tirón, resistir el desprecio de los cobardes, los jerifaltes, los mafiosos, los dictadorcillos, los evasores, los chorizos, los falsos cristianos, sus medios cómplices y los fintos progresistas inflamados de pavor y retórica.
Ce la faremo? Chi lo sa? Lo importante es no desviarse del camino... Y luego, sarà quel che sarà...
Como decía Morente, "deseando una cosa / parece un mundo, / luego que se consigue, tan solo es humo".
Y como decía Flaiano, "soñador es un hombre con los pies fuertemente anclados en las nubes".
Feliz cumpleaños, carissima Italia.
(Del blog "Vaticalia", de Miguel Mora, publicado el 17 de marzo de 2011)
Eran otros tiempos. Pero el espíritu era ese.
Lo otro es ahora: un Gobierno nefasto, un comité de negocios que destruye la cultura, el pensamiento, la inteligencia, el humor, la ironía y la poesía para que la crítica se extinga, y triunfe la mediocridad y la estafa, la propaganda y el camelo.
Si se ve desde fuera, es solo un accidente del camino, un espanto que la historia sepultará como un periodo podrido, marcado por la avaricia y la falsedad de una clase dirigente que no sabe lo que son los principios y sobre todo no sabe entender que su final hace tiempo que pasó por la puerta.
La pérdida de toda ética pública, y la conversión del sistema democrático en un sucio bazar donde todo se compra y se consume sin freno, por el mero hecho de sobrevivir y seguir adelante a toda costa, ha marcado esta época de Italia.
Por eso ya no es Italia, sino Vaticalia: un remedo, un pastiche, un remiendo. El país maravilloso, que fue la vanguardia del mundo hace 40 años, paradójicamente está de nuevo, y todavía, por hacer. Parece haberlo olvidado todo en el camino, haber sepultado su memoria mejor. El exceso de bienestar, y de dinero, produce también monstruos, como la razón.
El Estado ha sido secuestrado por una panda de bandoleros antiestatalistas que lo desguazan para trincar mejor. Fuera la escuela, fuera la justicia, fuera los periódicos, abajo la Constitución.
La izquierda asiste impertérrita a la demolición, secuestrada por una casta privilegiada que solo aspira a trabajar lo menos posible y a comer lo mejor posible sin acordarse de los electores ni de los jóvenes ni de los inmigrantes, ni de las mujeres. Orejeras y pensión vitalicia.
Y lo mejor de la Iglesia, su base comprometida, pensante y honesta, ha sido secuestrada por los movimientos laicos, falsos profetas, mercantes y mercachifles, mercadotécnicos de las beatificaciones y las leyes provida, que en ausencia de instituciones fuertes y creíbles aprovechan para repartirse el botín.
El folklore parafascista de la Liga, la putocracia de las velinas, la videocracia que iguala el debate al entretenimiento y las elecciones a un concurso de televoto completan el panorama desolador.
Pero hoy es el día de festejar y agradecer.
Y es justo además reconocer a Italia todo lo que nos ha enseñado, y todavía nos enseña, su espléndido pasado, su talento, su simpatía, su genialidad.
Italia está herida pero sigue muy viva. Ahí están Saviano, Benigni, Napolitano, sus científicos, sus economistas, sus mujeres indignadas, los cientos de movimientos solidarios y antimafia, los jóvenes siempre dispuestos a salir a la calle, las movilizaciones continuas y conmovedoras, los fiscales que no se arrugan, los periodistas que cuentan la verdad, los nuevos creadores de sátiras por Internet, la red de cazadores de caimanes...
A muchos españoles nos gustaría tener todo eso. Y nos gustaría decir a los italianos sanos y buenos -los hay y son millones, y están tocados pero no hundidos- que estamos con ellos. Que nos duele Italia y mucho más Vaticalia. Que les necesitamos de vuelta para que Europa deje de ser una mesa de metacrilato ocupada por incompetentes.
Y que todo el sarcasmo, la sátira, incluso la malicia que a veces nos hace destilar su decadencia y su letargo son solo una coraza. El escudo que ayuda a aguantar el tirón, resistir el desprecio de los cobardes, los jerifaltes, los mafiosos, los dictadorcillos, los evasores, los chorizos, los falsos cristianos, sus medios cómplices y los fintos progresistas inflamados de pavor y retórica.
Ce la faremo? Chi lo sa? Lo importante es no desviarse del camino... Y luego, sarà quel che sarà...
Como decía Morente, "deseando una cosa / parece un mundo, / luego que se consigue, tan solo es humo".
Y como decía Flaiano, "soñador es un hombre con los pies fuertemente anclados en las nubes".
Feliz cumpleaños, carissima Italia.
(Del blog "Vaticalia", de Miguel Mora, publicado el 17 de marzo de 2011)
RITROVIAMO L'ORGOGLIO DELL'UNITÁ.
UNITI, ALMENO UN GIORNO
L'Italia che oggi arriva al suo 150° compleanno, e lo celebra in Parlamento e nelle piazze, è un Paese su molti aspetti diviso. Dalla storia, e dalla geografia. Sulla memoria storica, e sugli interessi territoriali. Ma è un grande Paese, che può essere orgoglioso del contributo di bellezza, sapere, lavoro che con i suoi artisti, scienziati, emigranti ha dato all'umanità. Il Paese degli ottomila Comuni, che a ogni collina cambia accento, paesaggio, costumi e prodotti, ma che mantiene una vocazione universale: la classicità e la cristianità, i Cesari e i Papi; il Rinascimento, con cui insegnò al mondo a raffigurare e pensare le cose, e il Risorgimento, con cui si riaffacciò sulla scena internazionale. Perciò oggi è giusto festeggiare, tutti insieme; senza che questo implichi essere tutti d'accordo, condividere la stessa idea dell'Italia.
Il Risorgimento che unificò la penisola scontentò cattolici e repubblicani, e comportò una guerra civile al Sud. Anche la Costituzione nacque alla fine di un sanguinoso scontro interno. Il dopoguerra è stato segnato prima dalle contrapposizioni ideologiche, poi da quelle personali. Oggi la festa è contestata al Nord dai leghisti - anche se non da tutti - e al Sud da un movimento che sarebbe riduttivo definire neoborbonico, e presto troverà una sua forma di rappresentanza politica, una lega del Mezzogiorno. Ma Paesi considerati più patriottici del nostro hanno alle spalle divisioni anche peggiori. Gli Stati Uniti furono lacerati da una guerra civile che lasciò il Sud pressoché distrutto. I francesi si sono trucidati tra loro negli anni della Rivoluzione e della Comune. Spagna e Regno Unito si misurano da decenni con separatisti armati. Eppure i nostri vicini e alleati si riconoscono in valori comuni. Ciò che unisce è più di ciò che divide. Perché lo stesso non dovrebbe valere per noi?
Non si tratta di ricostruire in laboratorio impossibili memorie condivise, ma di riconoscere che pure noi italiani abbiamo un passato di cui possiamo andare fieri e un futuro ricco di possibilità. L'attaccamento alle piccole patrie, ai dialetti, ai Comuni è giusto e utile, è la ricchezza che il mondo globale ci chiede; e può stare assieme al legame con la patria comune che ci comprende tutti.
Ce lo insegnano Alessandro Manzoni, grande italiano e grande milanese, che compose l'ode oggi ripubblicata dal Corriere quand'era ancora cittadino austriaco. E Daniele Manin, acclamato dai veneziani che sventolavano il vessillo con il leone di San Marco e il Tricolore. Oggi ricordiamoci anche di Ciampi, quando dice di sentirsi livornese, toscano, italiano ed europeo. E di Napolitano, quando ricorda l'influenza fortissima sull'identità italiana di Napoli e l'urgenza del suo riscatto. Anche nelle nostre famiglie c'è un personaggio che ha contribuito a fare la storia d'Italia. Nel Risorgimento, nelle due Guerre mondiali, nelle varie forme che assunse la Resistenza, nella ricostruzione. Oggi raccontiamone la storia ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ritroviamo quel frammento di memoria nazionale che ogni casa custodisce, magari in forma di lettere, cimeli, ritratti. E non temiamo le sofferenze che pure ci portiamo dietro; perché anche di quelle possiamo essere orgogliosi, anche quelle servono a costruire un futuro che oggi potrebbe apparirci meno avaro e meno incerto.
(Artículo de Aldo Cazzullo, publicado en "Il Corriere della Sera" el 17 de marzo de 2011)
CIENTO CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA UNIDAD ITALIANA.
Amo l’Italia e mi riconosco nella Costituzione.
“Dietro a ogni articolo della nostra Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta”. Pietro Calamandrei.
(Extraído de la edición de "La Repubblica" de 17 de marzo de 2010)
“Dietro a ogni articolo della nostra Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta”. Pietro Calamandrei.
(Extraído de la edición de "La Repubblica" de 17 de marzo de 2010)
ELOGIO DEL CIVISMO JAPONÉS.
Japón vive su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Así lo admitió el domingo su primer ministro Naoto Kan, tras el terremoto de grado 9 del viernes, el subsiguiente tsunami y los primeros accidentes nucleares en la central de Fukushima. Desde entonces, pese a los esfuerzos de la sociedad japonesa, la situación no ha hecho sino empeorar. Ayer, los niveles de radiación detectados en el aire habían aumentado considerablemente, también en Tokio, 240 kilómetros al sur de la citada central.
Los periodistas desplazados al escenario de la tragedia nos brindan a diario imágenes espeluznantes: nucleares desprendiendo columnas de humotras un estallido, rescate de cadáveres, ciudades arrasadas por el barro parduzco del tsunami, barcos de gran tonelaje arrastrados tierra adentro o cientos de flamantes automóviles reducidos a chatarra. Sobre estos y otros fondos de destrucción, a veces el fotógrafo sorprende a un ciudadano que lo ha perdido todo y llora sumido en el desconsuelo. La tragedia ha sido, ciertamente, enorme. Pero, aún a pesar del mucho daño sufrido por el país, que encarnan esas figuras dolientes, lo más característico de los japoneses en esta hora fatídica es su civismo. Un civismo hecho de entereza, de inquebrantable vocación de resistencia, de orden y, sobre todo, de solidaridad. Los japoneses que han padecido más de cerca las inclemencias naturales guardan cola pacientemente para recibir asistencia alimentaria o sanitaria; no se tiene noticia de ciudadanos que hayan aprovechado el desconcierto para darse al pillaje; ni de comerciantes que suban ahora los precios de los productos de primera necesidad. Por el contrario, la población se comporta de modo responsable, sereno y contenido, lo que en ocasiones llama la atención en las sociedades occidentales. ¿Cómo lo logran?
Esta pregunta admite varias respuestas. La primera tiene que ver con Japón en tanto que sociedad habituada a un entorno hostil, azotado periódicamente por tifones, terremotos y maremotos. La segunda, con los recursos disponibles: durante siglos, la alimentación de los japoneses se basó en el arroz y el pescado; el arroz había que cultivarlo manualmente en campos inundados y en condiciones penosas que sólo se sobrellevaban con un fuerte sentimiento comunitario; los pescadores se establecían y operaban, claro está, en zonas costeras frecuentemente barridas por los elementos, y estaban también acostumbrados a practicar el socorro mútuo. Esa familiaridad con la catástrofe, ese sentido de comunidad basado además en un tradicionalismo muy afecto a la familia y el trabajo, propiciaron el desarrollo de unos protocolos de actuación en situaciones de crisis y, en definitiva, una cultura cívica: desde su época escolar, los japoneses interiorizan las reglas que deben seguir en caso de accidente. Si a todo ello le sumamos otros factores cohesionadores, como la insularidad, los periodos históricos de aislamento, la densidad de población –127 millones de habitantes, el triple que España, en un territorio menor que el nuestro- o la última gran prueba superada -la Segunda Guerra Mundial, trágicamente culminada por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki-, quizás dispongamos de algunas claves para explicar la admirable conducta cívica de los japoneses. Es decir, de una sociedad cuyos miembros saben que el sentido comunitario debe tener siempre prioridad sobre el individualismo. Y en una situación de crisis colectiva, con mayor motivo.
(Editorial de "La Vanguardia", publicado el 16 de marzo de 2011)
Los periodistas desplazados al escenario de la tragedia nos brindan a diario imágenes espeluznantes: nucleares desprendiendo columnas de humotras un estallido, rescate de cadáveres, ciudades arrasadas por el barro parduzco del tsunami, barcos de gran tonelaje arrastrados tierra adentro o cientos de flamantes automóviles reducidos a chatarra. Sobre estos y otros fondos de destrucción, a veces el fotógrafo sorprende a un ciudadano que lo ha perdido todo y llora sumido en el desconsuelo. La tragedia ha sido, ciertamente, enorme. Pero, aún a pesar del mucho daño sufrido por el país, que encarnan esas figuras dolientes, lo más característico de los japoneses en esta hora fatídica es su civismo. Un civismo hecho de entereza, de inquebrantable vocación de resistencia, de orden y, sobre todo, de solidaridad. Los japoneses que han padecido más de cerca las inclemencias naturales guardan cola pacientemente para recibir asistencia alimentaria o sanitaria; no se tiene noticia de ciudadanos que hayan aprovechado el desconcierto para darse al pillaje; ni de comerciantes que suban ahora los precios de los productos de primera necesidad. Por el contrario, la población se comporta de modo responsable, sereno y contenido, lo que en ocasiones llama la atención en las sociedades occidentales. ¿Cómo lo logran?
Esta pregunta admite varias respuestas. La primera tiene que ver con Japón en tanto que sociedad habituada a un entorno hostil, azotado periódicamente por tifones, terremotos y maremotos. La segunda, con los recursos disponibles: durante siglos, la alimentación de los japoneses se basó en el arroz y el pescado; el arroz había que cultivarlo manualmente en campos inundados y en condiciones penosas que sólo se sobrellevaban con un fuerte sentimiento comunitario; los pescadores se establecían y operaban, claro está, en zonas costeras frecuentemente barridas por los elementos, y estaban también acostumbrados a practicar el socorro mútuo. Esa familiaridad con la catástrofe, ese sentido de comunidad basado además en un tradicionalismo muy afecto a la familia y el trabajo, propiciaron el desarrollo de unos protocolos de actuación en situaciones de crisis y, en definitiva, una cultura cívica: desde su época escolar, los japoneses interiorizan las reglas que deben seguir en caso de accidente. Si a todo ello le sumamos otros factores cohesionadores, como la insularidad, los periodos históricos de aislamento, la densidad de población –127 millones de habitantes, el triple que España, en un territorio menor que el nuestro- o la última gran prueba superada -la Segunda Guerra Mundial, trágicamente culminada por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki-, quizás dispongamos de algunas claves para explicar la admirable conducta cívica de los japoneses. Es decir, de una sociedad cuyos miembros saben que el sentido comunitario debe tener siempre prioridad sobre el individualismo. Y en una situación de crisis colectiva, con mayor motivo.
(Editorial de "La Vanguardia", publicado el 16 de marzo de 2011)
CORRUPCIÓN: ¡INDIGNAOS!
Vivimos asediados por noticias de escándalos y denuncias de corrupción que nos trasladan desde la estupefacción hasta el asco como en un tiovivo endemoniado. Son siempre asuntos delicados que tienen consecuencias muy visibles sobre los dineros públicos y, si miramos el turbio vaso del déficit, advertiremos que en su fondo se halla depositado el légamo de estas prácticas.
Cuando existen indicios de delito, hay tribunales penales que se ocupan de ello. Actúan de acuerdo con sus pausados ritmos, pues ya sabemos que hay plazos en el mundo judicial que se asemejan a los plazos bíblicos o incluso a los geológicos. Pero todo sea bienvenido porque es el sacrificio que ha de arder, en un Estado de Derecho, en el pebetero de las garantías de los ciudadanos.
Dejando aparte a la jurisdicción penal, la pregunta que conviene formular es si el ordenamiento (ojo, no el ordeñamiento) jurídico contiene otros instrumentos de defensa de la legalidad y del buen hacer que no se están activando o se están activando de manera deficiente. En concreto: ¿ha de quedarse la Administración paralizada ante episodios que claramente le resultan lesivos y perjudiciales como organización colectiva que es llamada a gestionar los intereses generales? ¿Ha de ser la Administración el Bártolo del rossiniano Barbero de Sevilla que se queda como una estatua “fría e inmóvil”?
Los estudiosos sabemos que esos instrumentos existen porque la lucha por el Derecho es, desde que el mundo es mundo, una lucha incesante contra “las inmunidades del poder”, en la bella expresión de García de Enterría.
Ahora, si nosotros aplicamos una mirada buida a esos escándalos de nuestros pecados advertiremos que casi siempre están relacionados con el urbanismo, los contratos públicos y las subvenciones. Pues bien, en el ámbito del urbanismo, desde hace décadas (incluso desde el franquismo), la Administración puede declarar la invalidez de planes, de promociones urbanísticas, de parcelaciones o de licencias de edificación y ello permite restaurar los espacios heridos por esas actuaciones ilegales, incluso demoliendo las trapacerías que hayan podido llegar a tener la consistencia de un edificio. Es más: se pueden imponer sanciones económicas que eliminen de cuajo los beneficios que haya podido obtener el infractor.
Sin embargo, vemos cómo promociones y construcciones, que acampan extramuros de la legalidad, se convierten en parte inamovible del paisaje sin que las administraciones públicas hayan desplegado sus facultades para defender el interés público conculcado. Y hay algo peor pues, a veces, son esas mismas administraciones las impulsoras de estos desmanes bien porque los respaldan o bien porque miran con insolencia hacia otro lado. Los episodios más visibles de estas actitudes intolerables se producen cuando se atreven descaradamente a inejecutar sentencias firmes de los tribunales de justicia.
El segundo pantano es el de la contratación pública. Hay leyes, en este ámbito, para todo. Podemos decir que no existe resquicio alguno al que no alcance la luz de una previsión del legislador (que es prolífico y proteico: europeo, estatal, autonómico…). Cualquier empresario que se haya visto perjudicado porque los criterios de selección del contratista han sido manipulados o se han desvirtuado las reglas de la publicidad y la concurrencia, o se han efectuado adjudicaciones irregulares, puede poner en marcha procedimientos rápidos de recurso que incluso permiten paralizar las actuaciones realizadas. Y, además, la legislación española ha insistido -cierto que sin éxito- en la responsabilidad en la que incurren los funcionarios que participen en la comisión de estos desmanes. Pero… los tales empresarios ven coartada su independencia por su dependencia de las administraciones públicas. Que les pueden expulsar, si son díscolos y gustan de enredarse con escritos y pleitos, del dulce paraíso donde se degusta el gran pastel de la contratación pública. Y reconducirlos por esta vía poco a poco hacia la mendicidad callejera.
¿Y las subvenciones? De nuevo, nos encontramos con un nutrido grupo de preceptos que permite a las administraciones otorgantes declarar su invalidez e incluso exigir su completo reintegro. Por eso, ante uno de los escándalos que hoy ocupan las páginas de algunos periódicos (no de todos) relacionados con los Expedientes de Regulación de Empleo en Andalucía, no entendemos por qué la propia administración andaluza no ha iniciado ya los procedimientos para recuperar las cantidades indebidamente abonadas.
Volvemos a nuestro argumento que sirve de hilo conductor de este pequeño artículo. El Derecho tiene armas bruñidas para entrar en combate. Está la vía de la jurisdicción penal, que es la más vistosa y la que acapara titulares. Pero está también la más modesta de la jurisdicción contable, atribuida a órganos específicos que tienen encomendadas las funciones de controlar la actividad económica del sector público o de quienes perciben fondos públicos, así como las de determinar los daños y perjuicios ocasionados a las arcas públicas activando los mecanismos de la llamada responsabilidad contable. Esto afecta al Estado y a algunas comunidades autónomas, tan insistentes a la hora de reclamar competencias como negligentes a la hora de ejercer aquellas que pueden resultar embarazosas o poco lúcidas.
Y asimismo -como hemos adelantado- la Administración puede analizar la legalidad de los actos administrativos, soporte de estas subvenciones y, a través de la revisión de oficio o del mecanismo previsto en la Ley de Subvenciones, acordar la nulidad de los mismos y exigir la devolución de las cantidades indebidamente percibidas.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de marzo de 2010, ha recordado que “la Administración perjudicada podrá ejercer toda clase de pretensiones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas sin necesidad de declarar previamente lesivos los actos que impugne”. Y, con cita de otra sentencia del mismo Tribunal (de 21 de julio de 2004), puntualiza que el procedimiento administrativo de reintegro de subvenciones y el procedimiento de responsabilidad contable no son mutuamente excluyentes, pues tienen distinta naturaleza y significación. El reintegro de subvenciones sólo exige el incumplimiento por el beneficiario de la obligación de justificación del destino de la subvención (se trataba de fondos del INEM) y, en cambio, el procedimiento de responsabilidad contable tiene como presupuesto que el menoscabo de caudales se haya producido por dolo, culpa o negligencia grave del sujeto que ha recibido la subvención.
El 19 de julio del mismo año 2010, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de insistir en estos argumentos.
Concluyamos afirmando que las administraciones no actúan porque faltan las adecuadas decisiones políticas. Y porque la clase política, ávida de influencia, ha ocupado el espacio que debe estar reservado a unos funcionarios públicos neutrales y seleccionados de acuerdo con el principio de mérito y capacidad. En fin, porque los ciudadanos hemos perdido la capacidad de reacción, bien porque muchos se benefician del clientelismo que genera una democracia escoltada por dos partidos políticos como la que padecemos, o porque sencillamente han tirado la toalla y se hallan refugiados en sus asuntos personales como el burgués de la época del Biedermeier.
Pero es hora de indignarse. Y de hacerlo con más amplitud y vuelos que la indignación a la que nos convoca Stéphane Hessel en su escueto opúsculo. Y de recordar que la mirada de Argos del legislador no debemos empañarla con el filtro de los intereses espurios.
(Artículo de Francisco Sosa Wagner, publicado en "El Mundo" el 8 de marzo de 2011)
Cuando existen indicios de delito, hay tribunales penales que se ocupan de ello. Actúan de acuerdo con sus pausados ritmos, pues ya sabemos que hay plazos en el mundo judicial que se asemejan a los plazos bíblicos o incluso a los geológicos. Pero todo sea bienvenido porque es el sacrificio que ha de arder, en un Estado de Derecho, en el pebetero de las garantías de los ciudadanos.
Dejando aparte a la jurisdicción penal, la pregunta que conviene formular es si el ordenamiento (ojo, no el ordeñamiento) jurídico contiene otros instrumentos de defensa de la legalidad y del buen hacer que no se están activando o se están activando de manera deficiente. En concreto: ¿ha de quedarse la Administración paralizada ante episodios que claramente le resultan lesivos y perjudiciales como organización colectiva que es llamada a gestionar los intereses generales? ¿Ha de ser la Administración el Bártolo del rossiniano Barbero de Sevilla que se queda como una estatua “fría e inmóvil”?
Los estudiosos sabemos que esos instrumentos existen porque la lucha por el Derecho es, desde que el mundo es mundo, una lucha incesante contra “las inmunidades del poder”, en la bella expresión de García de Enterría.
Ahora, si nosotros aplicamos una mirada buida a esos escándalos de nuestros pecados advertiremos que casi siempre están relacionados con el urbanismo, los contratos públicos y las subvenciones. Pues bien, en el ámbito del urbanismo, desde hace décadas (incluso desde el franquismo), la Administración puede declarar la invalidez de planes, de promociones urbanísticas, de parcelaciones o de licencias de edificación y ello permite restaurar los espacios heridos por esas actuaciones ilegales, incluso demoliendo las trapacerías que hayan podido llegar a tener la consistencia de un edificio. Es más: se pueden imponer sanciones económicas que eliminen de cuajo los beneficios que haya podido obtener el infractor.
Sin embargo, vemos cómo promociones y construcciones, que acampan extramuros de la legalidad, se convierten en parte inamovible del paisaje sin que las administraciones públicas hayan desplegado sus facultades para defender el interés público conculcado. Y hay algo peor pues, a veces, son esas mismas administraciones las impulsoras de estos desmanes bien porque los respaldan o bien porque miran con insolencia hacia otro lado. Los episodios más visibles de estas actitudes intolerables se producen cuando se atreven descaradamente a inejecutar sentencias firmes de los tribunales de justicia.
El segundo pantano es el de la contratación pública. Hay leyes, en este ámbito, para todo. Podemos decir que no existe resquicio alguno al que no alcance la luz de una previsión del legislador (que es prolífico y proteico: europeo, estatal, autonómico…). Cualquier empresario que se haya visto perjudicado porque los criterios de selección del contratista han sido manipulados o se han desvirtuado las reglas de la publicidad y la concurrencia, o se han efectuado adjudicaciones irregulares, puede poner en marcha procedimientos rápidos de recurso que incluso permiten paralizar las actuaciones realizadas. Y, además, la legislación española ha insistido -cierto que sin éxito- en la responsabilidad en la que incurren los funcionarios que participen en la comisión de estos desmanes. Pero… los tales empresarios ven coartada su independencia por su dependencia de las administraciones públicas. Que les pueden expulsar, si son díscolos y gustan de enredarse con escritos y pleitos, del dulce paraíso donde se degusta el gran pastel de la contratación pública. Y reconducirlos por esta vía poco a poco hacia la mendicidad callejera.
¿Y las subvenciones? De nuevo, nos encontramos con un nutrido grupo de preceptos que permite a las administraciones otorgantes declarar su invalidez e incluso exigir su completo reintegro. Por eso, ante uno de los escándalos que hoy ocupan las páginas de algunos periódicos (no de todos) relacionados con los Expedientes de Regulación de Empleo en Andalucía, no entendemos por qué la propia administración andaluza no ha iniciado ya los procedimientos para recuperar las cantidades indebidamente abonadas.
Volvemos a nuestro argumento que sirve de hilo conductor de este pequeño artículo. El Derecho tiene armas bruñidas para entrar en combate. Está la vía de la jurisdicción penal, que es la más vistosa y la que acapara titulares. Pero está también la más modesta de la jurisdicción contable, atribuida a órganos específicos que tienen encomendadas las funciones de controlar la actividad económica del sector público o de quienes perciben fondos públicos, así como las de determinar los daños y perjuicios ocasionados a las arcas públicas activando los mecanismos de la llamada responsabilidad contable. Esto afecta al Estado y a algunas comunidades autónomas, tan insistentes a la hora de reclamar competencias como negligentes a la hora de ejercer aquellas que pueden resultar embarazosas o poco lúcidas.
Y asimismo -como hemos adelantado- la Administración puede analizar la legalidad de los actos administrativos, soporte de estas subvenciones y, a través de la revisión de oficio o del mecanismo previsto en la Ley de Subvenciones, acordar la nulidad de los mismos y exigir la devolución de las cantidades indebidamente percibidas.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de marzo de 2010, ha recordado que “la Administración perjudicada podrá ejercer toda clase de pretensiones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas sin necesidad de declarar previamente lesivos los actos que impugne”. Y, con cita de otra sentencia del mismo Tribunal (de 21 de julio de 2004), puntualiza que el procedimiento administrativo de reintegro de subvenciones y el procedimiento de responsabilidad contable no son mutuamente excluyentes, pues tienen distinta naturaleza y significación. El reintegro de subvenciones sólo exige el incumplimiento por el beneficiario de la obligación de justificación del destino de la subvención (se trataba de fondos del INEM) y, en cambio, el procedimiento de responsabilidad contable tiene como presupuesto que el menoscabo de caudales se haya producido por dolo, culpa o negligencia grave del sujeto que ha recibido la subvención.
El 19 de julio del mismo año 2010, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de insistir en estos argumentos.
Concluyamos afirmando que las administraciones no actúan porque faltan las adecuadas decisiones políticas. Y porque la clase política, ávida de influencia, ha ocupado el espacio que debe estar reservado a unos funcionarios públicos neutrales y seleccionados de acuerdo con el principio de mérito y capacidad. En fin, porque los ciudadanos hemos perdido la capacidad de reacción, bien porque muchos se benefician del clientelismo que genera una democracia escoltada por dos partidos políticos como la que padecemos, o porque sencillamente han tirado la toalla y se hallan refugiados en sus asuntos personales como el burgués de la época del Biedermeier.
Pero es hora de indignarse. Y de hacerlo con más amplitud y vuelos que la indignación a la que nos convoca Stéphane Hessel en su escueto opúsculo. Y de recordar que la mirada de Argos del legislador no debemos empañarla con el filtro de los intereses espurios.
(Artículo de Francisco Sosa Wagner, publicado en "El Mundo" el 8 de marzo de 2011)
LA CRISIS DE VALORES Y EL INDIVIDUALISMO.
SE habla mucho de la crisis de valores. Pero, los valores no entran en crisis. Es la apreciación subjetiva del valor la que cambia. Un valor, por definición, es aquella propiedad —cualidad, significación, importancia o validez— que tienen las cosas para satisfacer las necesidades humanas o proporcionarnos placer y bienestar. Mientras una cosa tenga alguna propiedad que satisfaga mis necesidades o me proporcione placer o bienestar, esta cosa será un valor para mí y no estará en crisis. Y si esta cosa no satisface ninguna de mis necesidades, por mucho que los demás la aprecien, para mí no tiene ningún valor. Así, pues, se podría hablar de crisis de valores en este sentido puramente subjetivo: hay cosas que una mayoría de personas comienzan a creer que ya no son tan valiosas, que ya no merecen la pena, que ya no justifican el esfuerzo que se debe hacer para alcanzarlas, poseerlas, mantenerlas o extenderlas. De una manera estadística se podría establecer una clasificación de preferencias, y sería la posición en esta lista la que temporalmente daría valor al valor. Es lo que tradicionalmente se ha denominado escala de valores o jerarquía axiológica. Y el ascenso o descenso en la clasificación no puede calificarse de crisis de valores. Por lo demás, la estabilidad de una escala de valores es histórica. Nuevas realidades sociales, diferentes estadios de conciencia social, acostumbran a comportar cambios axiológicos.
¿Qué ocurre hoy? Estamos presenciando el nacimiento de la fase fractal de los valores: toda escala o jerarquía de valores genera y desarrolla otra que virtualmente supera la anterior. Parafraseando a Nietzsche, hay valores precedentemente catalogados como vicios que adquieren la categoría de virtudes. Y viceversa. La alteración de la escala de valores no siempre es positiva. Por ejemplo, no resulta positiva la pérdida de valor de la autoridad, el esfuerzo, el mérito o la excelencia. Como tampoco resulta positiva la ganancia de valor del relativismo, la medianía, el embuste o el insulto. En cualquier caso, más allá de nuestra apreciación de los valores, hay que reconocer que vivimos un presente axiológicamente plural. Los valores —para bien y para mal— se han secularizado y democratizado. Y, como apuntaba antes, del hecho que una parte de la sociedad destrone ciertos valores no se infiere que nos dirijamos hacia la quiebra moral. ¿Qué ocurre hoy?, preguntaba. Que determinados valores han perdido la condición de monarcas absolutos. Sigamos con la analogía política: en la cuestión de los valores se está imponiendo una mentalidad constitucional según la cual todos los valores tienen cabida, siempre que respeten las reglas del Estado de derecho. Un Estado que, por definición, excluye el privilegio axiológico. Cosa que no impide que nuestra jerarquía de valores esté hoy encabezada —distinto es que se obre o no en consecuencia— por esos absolutos o universales empíricos del género humano que son la vida y la libertad.
Hablando de la crisis de valores y de la secularización y democratización de los valores, conviene detenerse en una de las dicotomías éticas —más supuesta que real— de nuestro presente: solidaridad versusindividualismo. Hay quien afirma que el auge del individualismo es una carga de profundidad contra la solidaridad. No es eso. Ni el individualismo es un fenómeno nuevo —el afán de autonomía individual ha sido siempre uno de los valores de nuestra cultura— ni la solidaridad se está perdiendo. Veamos. La solidaridad, ¿ha entrado en crisis? Conviene aclarar que la solidaridad no ha entrado en crisis, porque rigurosamente hablando no existe ninguna edad de oro de la Humanidad en que haya sido un valor hegemónico. Lo que sí parece haber entrado en crisis —quien ha perdido posiciones en la jerarquía axiológica vigente— es una concepción redentorista de la solidaridad que, paradójicamente, tiene mucho de egoísta. Hablo de los llamados «actos de compasión», ese altruismo generalmente interesado que ayuda al Otro buscando la satisfacción personal que produce el auxilio al próximo. Hablo de la cara oculta de una solidaridad que busca calmar la mala conciencia del occidental privilegiado, que especula con la piedad para obtener subvenciones, que utiliza la filantropía para hacer carrera política, que convierte la fraternidad en una profesión a falta de otra mejor. Hablo, en fin, de las administraciones que conceden subvenciones en función de los propios intereses o de las firmas que practican el humanitarismo para mejorar la imagen corporativa y ganar mercado o cuota de pantalla.
Frente a esa solidaridad farisaica, existe un individualismo que asume que todo ser humano, en su diferencia, posee la misma dignidad. Asunción que permite llegar a un cierto grado de altruismo y solidaridad construido sobre bases no hipócritas ni ideológicas. Es decir, edificado sobre bases desinteresadas. «Únicamente los solitarios pueden ser solidarios», decía José Bergamín. Me permito retocar la afirmación —de resonancias nietzscheanas— del poeta: únicamente los individualistas pueden ser solidarios. Y ello, porque el individualismo encuentra la respuesta adecuada a la pregunta formulada por Rousseau hace más de dos siglos: «¿Se puede obligar al hombre a ser generoso?». A diferencia del despotismo del Bien propio de la solidaridad por decreto, a diferencia de la solidaridad por interés característica del fariseísmo y el fariseo de turno, el individualismo —el individualista—, a la manera de Hume, practica voluntariamente la «disposición social del género humano. En eso consiste precisamente la solidaridad bien entendida y el individualismo bien entendido. Alguien recordará que existe también una solidaridad franca y desinteresada así como un individualismo insolente y codicioso. Cierto. No lo niego. El objeto de estas líneas es otro: mostrar que el individualismo —como suele pregonarse con excesiva frecuencia en determinados ambientes ideológicos y políticos— no es ni representa necesariamente el grado cero de lo social. ¿Por qué el individualismo ha de ser, poco menos que por definición, egoísta e insolidario? Y, puestos a formular preguntas, ¿quizá la solidaridad —que suele considerarse lo opuesto al individualismo— está siempre libre de pecado?
Cuando, parafraseando a Max Weber, el mundo se está desencantando a pasos de gigante, el individualismo —que además de reconocer al Otro apuesta por la tolerancia, la pluralidad, la privacidad y la autonomía personal: ¿la «franquicia personal» de Étienne de La Boétie?— se erige en una suerte de resumen y compendio del civismo imperfecto propio de las sociedades desarrolladas de nuestro tiempo. Un individualismo que, para afirmarse, no necesita heroicidades o utopías que, en el mejor de los casos, han demostrado no valer nada pese a costar mucho. Un individualismo —ahí está la clave— que es capaz de constituir una empresa cooperativa susceptible de producir un amplio abanico de ventajas mutuas. Por eso —volviendo al inicio de estas líneas en que hablaba de la llamada crisis de valores y de los cambios axiológicos producto de las modificaciones y evolución de la conciencia social—, el individualismo está en alza en la jerarquía de valores de nuestro presente. Pero —sentido del límite obliga—, conviene ser precavido. Conviene guardar las distancias con uno mismo y con los demás. Ni ensimismarse ni disolverse en el Otro. Ya dijo Antístenes de Atenas que, con el individualismo, sucede algo parecido a lo que ocurre con la brasa: «Demasiado cerca, quema; demasiado lejos, hiela».
(Artículo de Miquel Porta, publicado en "ABC" el 12 de marzo de 2011)
¿Qué ocurre hoy? Estamos presenciando el nacimiento de la fase fractal de los valores: toda escala o jerarquía de valores genera y desarrolla otra que virtualmente supera la anterior. Parafraseando a Nietzsche, hay valores precedentemente catalogados como vicios que adquieren la categoría de virtudes. Y viceversa. La alteración de la escala de valores no siempre es positiva. Por ejemplo, no resulta positiva la pérdida de valor de la autoridad, el esfuerzo, el mérito o la excelencia. Como tampoco resulta positiva la ganancia de valor del relativismo, la medianía, el embuste o el insulto. En cualquier caso, más allá de nuestra apreciación de los valores, hay que reconocer que vivimos un presente axiológicamente plural. Los valores —para bien y para mal— se han secularizado y democratizado. Y, como apuntaba antes, del hecho que una parte de la sociedad destrone ciertos valores no se infiere que nos dirijamos hacia la quiebra moral. ¿Qué ocurre hoy?, preguntaba. Que determinados valores han perdido la condición de monarcas absolutos. Sigamos con la analogía política: en la cuestión de los valores se está imponiendo una mentalidad constitucional según la cual todos los valores tienen cabida, siempre que respeten las reglas del Estado de derecho. Un Estado que, por definición, excluye el privilegio axiológico. Cosa que no impide que nuestra jerarquía de valores esté hoy encabezada —distinto es que se obre o no en consecuencia— por esos absolutos o universales empíricos del género humano que son la vida y la libertad.
Hablando de la crisis de valores y de la secularización y democratización de los valores, conviene detenerse en una de las dicotomías éticas —más supuesta que real— de nuestro presente: solidaridad versusindividualismo. Hay quien afirma que el auge del individualismo es una carga de profundidad contra la solidaridad. No es eso. Ni el individualismo es un fenómeno nuevo —el afán de autonomía individual ha sido siempre uno de los valores de nuestra cultura— ni la solidaridad se está perdiendo. Veamos. La solidaridad, ¿ha entrado en crisis? Conviene aclarar que la solidaridad no ha entrado en crisis, porque rigurosamente hablando no existe ninguna edad de oro de la Humanidad en que haya sido un valor hegemónico. Lo que sí parece haber entrado en crisis —quien ha perdido posiciones en la jerarquía axiológica vigente— es una concepción redentorista de la solidaridad que, paradójicamente, tiene mucho de egoísta. Hablo de los llamados «actos de compasión», ese altruismo generalmente interesado que ayuda al Otro buscando la satisfacción personal que produce el auxilio al próximo. Hablo de la cara oculta de una solidaridad que busca calmar la mala conciencia del occidental privilegiado, que especula con la piedad para obtener subvenciones, que utiliza la filantropía para hacer carrera política, que convierte la fraternidad en una profesión a falta de otra mejor. Hablo, en fin, de las administraciones que conceden subvenciones en función de los propios intereses o de las firmas que practican el humanitarismo para mejorar la imagen corporativa y ganar mercado o cuota de pantalla.
Frente a esa solidaridad farisaica, existe un individualismo que asume que todo ser humano, en su diferencia, posee la misma dignidad. Asunción que permite llegar a un cierto grado de altruismo y solidaridad construido sobre bases no hipócritas ni ideológicas. Es decir, edificado sobre bases desinteresadas. «Únicamente los solitarios pueden ser solidarios», decía José Bergamín. Me permito retocar la afirmación —de resonancias nietzscheanas— del poeta: únicamente los individualistas pueden ser solidarios. Y ello, porque el individualismo encuentra la respuesta adecuada a la pregunta formulada por Rousseau hace más de dos siglos: «¿Se puede obligar al hombre a ser generoso?». A diferencia del despotismo del Bien propio de la solidaridad por decreto, a diferencia de la solidaridad por interés característica del fariseísmo y el fariseo de turno, el individualismo —el individualista—, a la manera de Hume, practica voluntariamente la «disposición social del género humano. En eso consiste precisamente la solidaridad bien entendida y el individualismo bien entendido. Alguien recordará que existe también una solidaridad franca y desinteresada así como un individualismo insolente y codicioso. Cierto. No lo niego. El objeto de estas líneas es otro: mostrar que el individualismo —como suele pregonarse con excesiva frecuencia en determinados ambientes ideológicos y políticos— no es ni representa necesariamente el grado cero de lo social. ¿Por qué el individualismo ha de ser, poco menos que por definición, egoísta e insolidario? Y, puestos a formular preguntas, ¿quizá la solidaridad —que suele considerarse lo opuesto al individualismo— está siempre libre de pecado?
Cuando, parafraseando a Max Weber, el mundo se está desencantando a pasos de gigante, el individualismo —que además de reconocer al Otro apuesta por la tolerancia, la pluralidad, la privacidad y la autonomía personal: ¿la «franquicia personal» de Étienne de La Boétie?— se erige en una suerte de resumen y compendio del civismo imperfecto propio de las sociedades desarrolladas de nuestro tiempo. Un individualismo que, para afirmarse, no necesita heroicidades o utopías que, en el mejor de los casos, han demostrado no valer nada pese a costar mucho. Un individualismo —ahí está la clave— que es capaz de constituir una empresa cooperativa susceptible de producir un amplio abanico de ventajas mutuas. Por eso —volviendo al inicio de estas líneas en que hablaba de la llamada crisis de valores y de los cambios axiológicos producto de las modificaciones y evolución de la conciencia social—, el individualismo está en alza en la jerarquía de valores de nuestro presente. Pero —sentido del límite obliga—, conviene ser precavido. Conviene guardar las distancias con uno mismo y con los demás. Ni ensimismarse ni disolverse en el Otro. Ya dijo Antístenes de Atenas que, con el individualismo, sucede algo parecido a lo que ocurre con la brasa: «Demasiado cerca, quema; demasiado lejos, hiela».
(Artículo de Miquel Porta, publicado en "ABC" el 12 de marzo de 2011)
JACQUES CHIRAC OU L'IMPUNITÉ PERMANENTE.
En langage diplomatique, on conviendra que les défenseurs de Jacques Chirac ont été remarquablement habiles. De façon plus familière, disons qu'ils sont des champions en matière de tartufferie. Ils n'ont cessé, mardi 8 mars, de soutenir qu'ils n'étaient pour rien dans la manœuvre qui a conduit au report sine die du procès de l'ancien président de la République. C'est formellement exact. Mais ils sont arrivés à leurs fins : éviter à leur client, le plus longtemps possible, l'humiliation de devoir comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris, pour l'affaire des emplois présumés fictifs de la Ville de Paris, du temps où il en était le maire.
La manœuvre ? Le mot paraît rude. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée, à l'ouverture du procès, le 7 mars, par l'avocat d'un des coprévenus de M.Chirac, est légitime. Cette procédure, introduite dans la Constitution en 2008 et mise en œuvre depuis un an, permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative qui lui est opposée. En l'occurrence, il s'agit d'un point très technique sur la "connexité" des deux dossiers dans lesquels M. Chirac est impliqué (l'un instruit à Nanterre et l'autre à Paris) et des délais de prescription de l'abus de bien social.
Ce droit nouveau ouvert aux justiciables est une indéniable avancée pour la protection des libertés individuelles. Au nom des droits de la défense, il est normal que cette procédure ait été invoquée et que le président du tribunal, dès lors qu'il l'a jugée fondée, reporte le procès en attendant que la Cour de cassation décide, ou non, de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel. Compte tenu des délais d'examen par la Cour et par le Conseil, le procès ne pourrait reprendre qu'à l'automne. Ou plus vraisemblablement après l'élection présidentielle de 2012, puisque l'usage est de ne pas juger des personnalités politiques en période électorale.
Le droit est donc respecté. La morale démocratique, en revanche, ne l'est pas. Depuis bientôt vingt ans, Jacques Chirac bénéficie d'une immunité permanente, en quelque sorte. Durant ses deux mandats, elle était liée à sa fonction. Depuis qu'il est redevenu un citoyen ordinaire, elle résulte des innombrables obstacles invoqués pour retarder son procès, et dont la QPC n'est que le dernier.
Le 8 mars encore, le tribunal aurait pu décider de suspendre le volet parisien de l'affaire, mais de se saisir du volet nanterrois, vierge de tout vice procédural, et dans lequel M. Chirac est l'ultime prévenu, après la condamnation, en 2004, de plusieurs cadres du RPR, et en particulier de M. Juppé. Il n'en a rien fait, au motif opportun que les deux affaires devaient être jugées ensemble.
De bout en bout, avec autant d'acharnement que d'habileté, l'ancien chef de l'Etat aura donc été protégé des rigueurs éventuelles de la justice. Comme le symbole d'une justice à géométrie variable. Et comme un déni de démocratie de nature à creuser un peu plus le fossé de défiance qui sépare les gouvernants des citoyens.
(Editorial de "Le Monde", publicado el 10 de marzo de 2011)
La manœuvre ? Le mot paraît rude. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée, à l'ouverture du procès, le 7 mars, par l'avocat d'un des coprévenus de M.Chirac, est légitime. Cette procédure, introduite dans la Constitution en 2008 et mise en œuvre depuis un an, permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative qui lui est opposée. En l'occurrence, il s'agit d'un point très technique sur la "connexité" des deux dossiers dans lesquels M. Chirac est impliqué (l'un instruit à Nanterre et l'autre à Paris) et des délais de prescription de l'abus de bien social.
Ce droit nouveau ouvert aux justiciables est une indéniable avancée pour la protection des libertés individuelles. Au nom des droits de la défense, il est normal que cette procédure ait été invoquée et que le président du tribunal, dès lors qu'il l'a jugée fondée, reporte le procès en attendant que la Cour de cassation décide, ou non, de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel. Compte tenu des délais d'examen par la Cour et par le Conseil, le procès ne pourrait reprendre qu'à l'automne. Ou plus vraisemblablement après l'élection présidentielle de 2012, puisque l'usage est de ne pas juger des personnalités politiques en période électorale.
Le droit est donc respecté. La morale démocratique, en revanche, ne l'est pas. Depuis bientôt vingt ans, Jacques Chirac bénéficie d'une immunité permanente, en quelque sorte. Durant ses deux mandats, elle était liée à sa fonction. Depuis qu'il est redevenu un citoyen ordinaire, elle résulte des innombrables obstacles invoqués pour retarder son procès, et dont la QPC n'est que le dernier.
Le 8 mars encore, le tribunal aurait pu décider de suspendre le volet parisien de l'affaire, mais de se saisir du volet nanterrois, vierge de tout vice procédural, et dans lequel M. Chirac est l'ultime prévenu, après la condamnation, en 2004, de plusieurs cadres du RPR, et en particulier de M. Juppé. Il n'en a rien fait, au motif opportun que les deux affaires devaient être jugées ensemble.
De bout en bout, avec autant d'acharnement que d'habileté, l'ancien chef de l'Etat aura donc été protégé des rigueurs éventuelles de la justice. Comme le symbole d'une justice à géométrie variable. Et comme un déni de démocratie de nature à creuser un peu plus le fossé de défiance qui sépare les gouvernants des citoyens.
(Editorial de "Le Monde", publicado el 10 de marzo de 2011)
LA UNIVERSIDAD DE LOS GESTORES.
Reduciéndola a su estructura más simple, la universidad es un centro de enseñanza superior que consta de tres elementos básicos: profesores, alumnos y bibliotecas (o laboratorios, clínicas, talleres...).
Las funciones de la universidad son la docencia, la investigación y la transferencia de conocimientos. La función docente debería consistir en que los profesores recomendaran lecturas (o ejercicios empíricos) a los alumnos, les hicieran reflexionar sobre ellas y, a final del curso, comprobaran y calificaran los conocimientos aprendidos. Confieso que ni como alumno, ni como profesor, he experimentado una docencia de este tipo: clases magistrales, manuales y apuntes han sido, desgraciadamente, casi los únicos instrumentos de trabajo. La investigación consiste en desarrollar una actividad que genere nuevos conocimientos y su finalidad, en lo fundamental, no ha cambiado. La transferencia de conocimientos es la aplicación práctica de los conocimientos universitarios a la sociedad, en definitiva, la función social que la universidad tiene asignada más allá del ámbito estrictamente universitario.
Si las funciones de la universidad son las que hemos enunciado, a sus profesores se les debe exigir que demuestren su mérito y capacidad en estos campos. Para ello, la calidad universitaria depende de un buen procedimiento de selección y promoción del profesorado que permita comprobar el nivel de conocimientos, la aptitud docente, la capacidad investigadora y de transferencia del conocimiento. Pues bien, lo que se exige al profesorado para ingresar y progresar en la universidad española actual se aleja, cada vez más, de este tipo de exigencias. Veamos.
Como sabemos, la selección de los mejores, en cualquier campo de la vida, nunca está asegurada: sólo hay métodos malos y menos malos. Hasta hace muy poco en España se seleccionaba al profesorado funcionario mediante el sistema de oposiciones bajo muy diversas variantes, ciertamente algunas mejores que otras: el sistema de habilitaciones establecido en el 2001 era mejor que el anterior, vigente desde 1984. En todo caso, las oposiciones consistían en un conjunto de pruebas ante un tribunal elegido en su mayoría por sorteo entre especialistas en una determinada materia que debatía ante el público los méritos de los concursantes. No siempre se acertaba: pero cuando menos el tribunal estaba compuesto por especialistas, elegidos por sorteo, con pruebas públicas. Se aseguraba en lo posible la capacidad y mérito de los elegidos, así como la imparcialidad del tribunal.
Pero en el año 2007 se cambió el sistema: las oposiciones desaparecieron y se pasó al sistema de acreditaciones, un sistema de baremos y de puntos. En este sistema, la comisión juzgadora no está compuesta por especialistas en las materias sobre las que debe decidir, ha sido designada por el ministerio y toma acuerdos sin debate público y sin ni siquiera entrevistar al concursante. Los criterios mediante los cuales se designa a los profesores son simplemente cuantitativos y previamente tasados –número de libros, páginas de artículos, estancias en el extranjero, cursos de aptitud pedagógica, cargos académicos de gestión, entre otros–, no cualitativos y motivados según la libre apreciación de la comisión juzgadora acerca de cada concursante concreto. Ni imparcialidad, ni publicidad, ni responsabilidad de los miembros de la comisión: se limitan a aplicar los puntos según unos baremos preestablecidos. El campo para la arbitrariedad está, pues, mucho más abonado que antes. Además, una vez el concursante resulta acreditado, la asignación a la plaza concreta la determinan las universidades correspondientes mediante una pantomima de concursos públicos que fomenta, también más que antes, la endogamia de facultades y departamentos universitarios.
Pero, como es sabido, todo mal sistema es susceptible de empeorar, y en eso, naturalmente, estamos. Hace un par de meses, el Ministerio de Educación ha hecho público un borrador de decreto que regula el estatuto del personal docente e investigador, el cual, entre otras cuestiones, establece un nuevo sistema de acceso y promoción del profesorado, también por baremos y puntos, mediante el invento de una nueva carrera académica horizontal en la que, más que los conocimientos y la investigación, se premian la antigüedad, la dirección y gestión académica y la formación pedagógica. Es decir, calentar la silla durante años, tener cargos y carguillos diversos –entre ellos los sindicales– y asistir a cursillos. Teniendo en cuenta que los méritos de docencia se cuentan por años de docencia y en la transferencia de conocimientos cuenta también la gestión, sólo puede ser valorada con una mínima objetividad la investigación, un 25% del total baremado: uno puede llegar a catedrático con un cero de investigación. Más de dos mil profesores ya han firmado un manifiesto rechazando el borrador de decreto (www.peticionpublica.es).
Esta burocratizada universidad pública ya no será, ya no está siendo, la universidad de los profesores mejores, sino de los profesores gestores. Habrá menos sabios y más gestores, por supuesto malos gestores.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 10 de marzo de 2011)
Las funciones de la universidad son la docencia, la investigación y la transferencia de conocimientos. La función docente debería consistir en que los profesores recomendaran lecturas (o ejercicios empíricos) a los alumnos, les hicieran reflexionar sobre ellas y, a final del curso, comprobaran y calificaran los conocimientos aprendidos. Confieso que ni como alumno, ni como profesor, he experimentado una docencia de este tipo: clases magistrales, manuales y apuntes han sido, desgraciadamente, casi los únicos instrumentos de trabajo. La investigación consiste en desarrollar una actividad que genere nuevos conocimientos y su finalidad, en lo fundamental, no ha cambiado. La transferencia de conocimientos es la aplicación práctica de los conocimientos universitarios a la sociedad, en definitiva, la función social que la universidad tiene asignada más allá del ámbito estrictamente universitario.
Si las funciones de la universidad son las que hemos enunciado, a sus profesores se les debe exigir que demuestren su mérito y capacidad en estos campos. Para ello, la calidad universitaria depende de un buen procedimiento de selección y promoción del profesorado que permita comprobar el nivel de conocimientos, la aptitud docente, la capacidad investigadora y de transferencia del conocimiento. Pues bien, lo que se exige al profesorado para ingresar y progresar en la universidad española actual se aleja, cada vez más, de este tipo de exigencias. Veamos.
Como sabemos, la selección de los mejores, en cualquier campo de la vida, nunca está asegurada: sólo hay métodos malos y menos malos. Hasta hace muy poco en España se seleccionaba al profesorado funcionario mediante el sistema de oposiciones bajo muy diversas variantes, ciertamente algunas mejores que otras: el sistema de habilitaciones establecido en el 2001 era mejor que el anterior, vigente desde 1984. En todo caso, las oposiciones consistían en un conjunto de pruebas ante un tribunal elegido en su mayoría por sorteo entre especialistas en una determinada materia que debatía ante el público los méritos de los concursantes. No siempre se acertaba: pero cuando menos el tribunal estaba compuesto por especialistas, elegidos por sorteo, con pruebas públicas. Se aseguraba en lo posible la capacidad y mérito de los elegidos, así como la imparcialidad del tribunal.
Pero en el año 2007 se cambió el sistema: las oposiciones desaparecieron y se pasó al sistema de acreditaciones, un sistema de baremos y de puntos. En este sistema, la comisión juzgadora no está compuesta por especialistas en las materias sobre las que debe decidir, ha sido designada por el ministerio y toma acuerdos sin debate público y sin ni siquiera entrevistar al concursante. Los criterios mediante los cuales se designa a los profesores son simplemente cuantitativos y previamente tasados –número de libros, páginas de artículos, estancias en el extranjero, cursos de aptitud pedagógica, cargos académicos de gestión, entre otros–, no cualitativos y motivados según la libre apreciación de la comisión juzgadora acerca de cada concursante concreto. Ni imparcialidad, ni publicidad, ni responsabilidad de los miembros de la comisión: se limitan a aplicar los puntos según unos baremos preestablecidos. El campo para la arbitrariedad está, pues, mucho más abonado que antes. Además, una vez el concursante resulta acreditado, la asignación a la plaza concreta la determinan las universidades correspondientes mediante una pantomima de concursos públicos que fomenta, también más que antes, la endogamia de facultades y departamentos universitarios.
Pero, como es sabido, todo mal sistema es susceptible de empeorar, y en eso, naturalmente, estamos. Hace un par de meses, el Ministerio de Educación ha hecho público un borrador de decreto que regula el estatuto del personal docente e investigador, el cual, entre otras cuestiones, establece un nuevo sistema de acceso y promoción del profesorado, también por baremos y puntos, mediante el invento de una nueva carrera académica horizontal en la que, más que los conocimientos y la investigación, se premian la antigüedad, la dirección y gestión académica y la formación pedagógica. Es decir, calentar la silla durante años, tener cargos y carguillos diversos –entre ellos los sindicales– y asistir a cursillos. Teniendo en cuenta que los méritos de docencia se cuentan por años de docencia y en la transferencia de conocimientos cuenta también la gestión, sólo puede ser valorada con una mínima objetividad la investigación, un 25% del total baremado: uno puede llegar a catedrático con un cero de investigación. Más de dos mil profesores ya han firmado un manifiesto rechazando el borrador de decreto (www.peticionpublica.es).
Esta burocratizada universidad pública ya no será, ya no está siendo, la universidad de los profesores mejores, sino de los profesores gestores. Habrá menos sabios y más gestores, por supuesto malos gestores.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 10 de marzo de 2011)
DOS ESPAÑAS.
ES probable que ya hayan desaparecido las famosas dos Españas ideológicas, esas dos Españas que se enfrentaban a garrotazos como los personajes del grabado de Goya y que inspiraron los famosos versos de Machado. Es cierto que esas dos Españas -tan obtusas como suicidas- perviven en muchas tertulias televisivas y en algunos periódicos, pero por fortuna ya no responden a la forma de pensar de la mayoría de la población. La gente de la calle, al margen de algunos casos de sectarismo incurable, suele ser mucho más sensata de lo que da a entender nuestra calamitosa clase política. Y suerte que es así.
En cambio, sí que existen otras dos Españas en el terreno de las condiciones laborales. Y esas dos Españas son la España de los empleados públicos -que tienen un sueldo asegurado de por vida-, y la España de los trabajadores del sector privado, que pueden quedarse en paro en cualquier momento. Durante los últimos 30 años, estas dos Españas han convivido más o menos sin problemas por una especie de pacto tácito que todavía dura: la España funcionarial aceptaba hacer un trabajo seguro en una dependencia pública, aunque ese trabajo fuera aburrido y sin perspectivas de mejora, mientras que la España del sector privado aceptaba hacer un trabajo arriesgado y con frecuencia mucho más duro, porque ese trabajo al menos ofrecía posibilidades de ascenso. Unos trabajadores asumían el tedio y la rutina, otros aceptaban el riesgo y la posibilidad de promoción interna, y parece que hasta ahora la cosa ha funcionado. Y eso que algunos trabajadores públicos tenían privilegios escandalosos: convenios que les permitían controlar la contratación del personal, blindajes salariales, jubilaciones anticipadas, etcétera.
Aena -el organismo público que gestiona los aeropuertos españoles- es el ejemplo típico de esas dos Españas laborales. Aunque es una empresa deficitaria que se sostiene con dinero del contribuyente, ha cedido a las amenazas de sus empleados (ya fueran controladores o personal de tierra) de paralizar el país en los momentos críticos, y así ha aceptado unos convenios abusivos o incluso delirantes. Con tal de no perturbar el tráfico aéreo, Aena ha aceptado todas las exigencias de sus empleados, hasta las más humillantes para los trabajadores de otros sectores que jamás iban a poder disfrutarlas. Por eso era razonable privatizar Aena. Y por eso es un disparate la huelga que han anunciado los trabajadores de los aeropuertos para Semana Santa y las vacaciones de verano. Muchas familias dependen de esos turistas para llegar a fin de mes. Y eso es lo que deberían aprender de una vez algunos trabajadores públicos que llevan demasiados años viviendo -y muy bien- de espaldas a la realidad.
(Artículo de Eduardo Jordá, publicado en "Diario de Sevilla" el 9 de marzo de 2011)
En cambio, sí que existen otras dos Españas en el terreno de las condiciones laborales. Y esas dos Españas son la España de los empleados públicos -que tienen un sueldo asegurado de por vida-, y la España de los trabajadores del sector privado, que pueden quedarse en paro en cualquier momento. Durante los últimos 30 años, estas dos Españas han convivido más o menos sin problemas por una especie de pacto tácito que todavía dura: la España funcionarial aceptaba hacer un trabajo seguro en una dependencia pública, aunque ese trabajo fuera aburrido y sin perspectivas de mejora, mientras que la España del sector privado aceptaba hacer un trabajo arriesgado y con frecuencia mucho más duro, porque ese trabajo al menos ofrecía posibilidades de ascenso. Unos trabajadores asumían el tedio y la rutina, otros aceptaban el riesgo y la posibilidad de promoción interna, y parece que hasta ahora la cosa ha funcionado. Y eso que algunos trabajadores públicos tenían privilegios escandalosos: convenios que les permitían controlar la contratación del personal, blindajes salariales, jubilaciones anticipadas, etcétera.
Aena -el organismo público que gestiona los aeropuertos españoles- es el ejemplo típico de esas dos Españas laborales. Aunque es una empresa deficitaria que se sostiene con dinero del contribuyente, ha cedido a las amenazas de sus empleados (ya fueran controladores o personal de tierra) de paralizar el país en los momentos críticos, y así ha aceptado unos convenios abusivos o incluso delirantes. Con tal de no perturbar el tráfico aéreo, Aena ha aceptado todas las exigencias de sus empleados, hasta las más humillantes para los trabajadores de otros sectores que jamás iban a poder disfrutarlas. Por eso era razonable privatizar Aena. Y por eso es un disparate la huelga que han anunciado los trabajadores de los aeropuertos para Semana Santa y las vacaciones de verano. Muchas familias dependen de esos turistas para llegar a fin de mes. Y eso es lo que deberían aprender de una vez algunos trabajadores públicos que llevan demasiados años viviendo -y muy bien- de espaldas a la realidad.
(Artículo de Eduardo Jordá, publicado en "Diario de Sevilla" el 9 de marzo de 2011)
NO DIGA NEGOCIACIÓN COLETIVA, DIGA SALARIOS.
“La estructura y contenidos actuales de la negociación colectiva imponen límites muy restrictivos a la flexibilidad salarial.” -Documento de propuestas de FEDEA- .
Lo de la “negociación colectiva” siempre me ha parecido un eufemismo para referirse a lo que de verdad importa en las relaciones entre trabajadores y empresarios: el salario, la pela. Es verdad que la negociación de un convenio incluye muchos puntos, del horario a la promoción pasando por las vacaciones o los riesgos laborales. Pero al final, lo que cuenta es el salario: cuánto cobramos, y cuánto subirá este año.
Basta ver lo que sucede en la mayoría de conflictos laborales: las dos partes plantean sus propuestas, todas irrenunciables, pero al final la guerra está en el salario, y las huelgas más enconadas se desconvocan en cuanto se alcanza un acuerdo en ese punto.
Lo mismo pasa estos días con las propuestas para reformar la negociación colectiva. En realidad de lo único que se habla es de salarios: cómo lograr un ámbito y unas normas de negociación que tiren para abajo de los sueldos. De ahí el valor del eufemismo: es fácil para un ministro o portavoz empresarial pedir la reforma del sistema de negociación colectiva; le sería más incómodo decir que hay que bajar los sueldos, aunque todos entendemos.
Ayer los famosos ‘cien economistas’ agrupados en la fundación de estudios Fedea, que cada poco sacan un manifiesto sobre mercado de trabajo, pensiones o lo que toque reformar, presentaron un documento con “Nueve propuestas para la reforma de la negociación colectiva en España”, que bajo la hojarasca economicista y los habituales tecnicismos de despiste bien podía titularse “Nueve propuestas para bajar los sueldos.”
Todas las propuestas giran en torno a lo mismo, a lo único que importa: cláusulas salariales, descuelgue indefinido (es decir, congelación salarial indefinida), productividad, ultraactividad o ámbitos de negociación (favoreciendo el más pequeño, el de la empresa, frente a los convenios provinciales o sectoriales, pues cuanto más abajo se negocia más se diluye la fuerza colectiva de los trabajadores).
En ésas estamos, a diez días de la fecha límite para bajar los sueldos. Perdón, quería decir para reformar la negociación colectiva.
(Artículo de Isaac Rosa, publicado en "Público" el 9 de marzo de 2011)
Lo de la “negociación colectiva” siempre me ha parecido un eufemismo para referirse a lo que de verdad importa en las relaciones entre trabajadores y empresarios: el salario, la pela. Es verdad que la negociación de un convenio incluye muchos puntos, del horario a la promoción pasando por las vacaciones o los riesgos laborales. Pero al final, lo que cuenta es el salario: cuánto cobramos, y cuánto subirá este año.
Basta ver lo que sucede en la mayoría de conflictos laborales: las dos partes plantean sus propuestas, todas irrenunciables, pero al final la guerra está en el salario, y las huelgas más enconadas se desconvocan en cuanto se alcanza un acuerdo en ese punto.
Lo mismo pasa estos días con las propuestas para reformar la negociación colectiva. En realidad de lo único que se habla es de salarios: cómo lograr un ámbito y unas normas de negociación que tiren para abajo de los sueldos. De ahí el valor del eufemismo: es fácil para un ministro o portavoz empresarial pedir la reforma del sistema de negociación colectiva; le sería más incómodo decir que hay que bajar los sueldos, aunque todos entendemos.
Ayer los famosos ‘cien economistas’ agrupados en la fundación de estudios Fedea, que cada poco sacan un manifiesto sobre mercado de trabajo, pensiones o lo que toque reformar, presentaron un documento con “Nueve propuestas para la reforma de la negociación colectiva en España”, que bajo la hojarasca economicista y los habituales tecnicismos de despiste bien podía titularse “Nueve propuestas para bajar los sueldos.”
Todas las propuestas giran en torno a lo mismo, a lo único que importa: cláusulas salariales, descuelgue indefinido (es decir, congelación salarial indefinida), productividad, ultraactividad o ámbitos de negociación (favoreciendo el más pequeño, el de la empresa, frente a los convenios provinciales o sectoriales, pues cuanto más abajo se negocia más se diluye la fuerza colectiva de los trabajadores).
En ésas estamos, a diez días de la fecha límite para bajar los sueldos. Perdón, quería decir para reformar la negociación colectiva.
(Artículo de Isaac Rosa, publicado en "Público" el 9 de marzo de 2011)
L'EUROPE AU FÉMININ.
Une analyse de leur présence aux postes à responsabilité dans les 27 Etats membres de l'Union européenne comme dans le reste du monde révèle les défis auxquels sont encore confrontées les femmes tant dans la vie économique que politique. Ayant conquis à ce jour tous les secteurs professionnels, et même si de nombreuses études sur les avantages d'une importante proportion de femmes dans les entreprises semblent permettre un tournant, elles demeurent souvent moins bien placées et surtout moins bien payées que les hommes. Leur situation dans le domaine politique est également significative des progrès qui restent à faire.La question "féminine", à savoir la place et le rôle des femmes dans la société, s'impose de plus en plus dans les débats.
Chaque responsable politique, dirigeant d'entreprise, journaliste, etc. prend peu à peu conscience que la situation actuelle ne peut plus perdurer car les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale. Récemment, les médias économiques titraient sur les femmes – à titre d'exemples, "Women at the Top" Financial Times 17 novembre 2010, "Female Factor" International Herald Tribune 27 novembre 2010 et "le pouvoir des femmes" l'Expansion janvier 2011 - qui étudient, travaillent, consomment et, malgré les résistances qui subsistent encore, s'imposent aux sommets.
La nouvelle décennie qui s'ouvre devrait donc voir les choses évoluer. Il convient toutefois de rester très vigilantes car les choses ne vont pas malheureusement pas de soi et les tentations existent de maintenir certains freins ou "plafonds de verre". En effet, il est flagrant, par exemple, de voir qu'une des rares grandes entreprises françaises dirigée par une femme (Anne Lauvergeon chez AREVA, classée 15e sur les 50 femmes du classement du Financial Times) fasse l'objet d'intenses manœuvres orchestrées uniquement par des hommes pour la mettre dehors et, en fin de compte, lui prendre sa place.
Certes l'année 2010 a vu éclore en France notamment mais partout en Europe et dans le monde, la question de la représentation des femmes dans les conseils d'administration/de surveillance des entreprises. Partant du modèle de la Norvège qui est le seul pays à afficher un taux de féminisation supérieur à 40% dans les postes de dirigeants des entreprises, les acteurs économiques sont contraints de rattraper leur retard et d'afficher une situation bien meilleure que celle de leurs concurrents, en nommant à tour de bras des femmes dans leurs instances dirigeantes. Il était temps. Que ne l'ont-ils pas fait plus tôt ?
Dans le domaine politique, deux femmes ont été élues Premier ministre de leur pays en Europe en 2010 (Iveta Radicova en Slovaquie et Mari Kiviniemi en Finlande) portant ainsi à 3, sur 27, le nombre de femmes chefs de gouvernement dans l'UE ; elles rejoignent ainsi Angela Merkel qui n'est plus seule. Au Brésil, Dilma Rousseff a été élue présidente et Laura Chinchilla Miranda au Costa Rica. Micheline Calmy-Rey préside la Confédération helvétique en 2011. Toutefois, là encore, la vigilance s'impose car les vieux démons machistes restent vivaces. En Hongrie, malgré une victoire écrasante le 25 avril dernier, le Premier ministre Viktor Orban n'a pas désigné une seule femme ministre de plein exercice ! Idem en République tchèque après les élections des 28 et 29 mai dernier ! On a peine à y croire !
L'Europe est pourtant pour beaucoup de femmes un modèle, mais si nous n'y prêtons pas attention et nous n'y mettons pas toutes nos forces, l'étoile européenne va pâlir. Nos dirigeants seraient bien inspirés de participer volontairement au changement avant de se le faire imposer.
Car, en fin de compte, promouvoir les femmes, c'est vraiment l'un des moyens les plus efficaces de faire progresser la civilisation, de contribuer au progrès et de conforter la démocratie.
(Artículo de Pascale Joannin, publicado en "Le Monde" el 8 de marzo de 2011)
Chaque responsable politique, dirigeant d'entreprise, journaliste, etc. prend peu à peu conscience que la situation actuelle ne peut plus perdurer car les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale. Récemment, les médias économiques titraient sur les femmes – à titre d'exemples, "Women at the Top" Financial Times 17 novembre 2010, "Female Factor" International Herald Tribune 27 novembre 2010 et "le pouvoir des femmes" l'Expansion janvier 2011 - qui étudient, travaillent, consomment et, malgré les résistances qui subsistent encore, s'imposent aux sommets.
La nouvelle décennie qui s'ouvre devrait donc voir les choses évoluer. Il convient toutefois de rester très vigilantes car les choses ne vont pas malheureusement pas de soi et les tentations existent de maintenir certains freins ou "plafonds de verre". En effet, il est flagrant, par exemple, de voir qu'une des rares grandes entreprises françaises dirigée par une femme (Anne Lauvergeon chez AREVA, classée 15e sur les 50 femmes du classement du Financial Times) fasse l'objet d'intenses manœuvres orchestrées uniquement par des hommes pour la mettre dehors et, en fin de compte, lui prendre sa place.
Certes l'année 2010 a vu éclore en France notamment mais partout en Europe et dans le monde, la question de la représentation des femmes dans les conseils d'administration/de surveillance des entreprises. Partant du modèle de la Norvège qui est le seul pays à afficher un taux de féminisation supérieur à 40% dans les postes de dirigeants des entreprises, les acteurs économiques sont contraints de rattraper leur retard et d'afficher une situation bien meilleure que celle de leurs concurrents, en nommant à tour de bras des femmes dans leurs instances dirigeantes. Il était temps. Que ne l'ont-ils pas fait plus tôt ?
Dans le domaine politique, deux femmes ont été élues Premier ministre de leur pays en Europe en 2010 (Iveta Radicova en Slovaquie et Mari Kiviniemi en Finlande) portant ainsi à 3, sur 27, le nombre de femmes chefs de gouvernement dans l'UE ; elles rejoignent ainsi Angela Merkel qui n'est plus seule. Au Brésil, Dilma Rousseff a été élue présidente et Laura Chinchilla Miranda au Costa Rica. Micheline Calmy-Rey préside la Confédération helvétique en 2011. Toutefois, là encore, la vigilance s'impose car les vieux démons machistes restent vivaces. En Hongrie, malgré une victoire écrasante le 25 avril dernier, le Premier ministre Viktor Orban n'a pas désigné une seule femme ministre de plein exercice ! Idem en République tchèque après les élections des 28 et 29 mai dernier ! On a peine à y croire !
L'Europe est pourtant pour beaucoup de femmes un modèle, mais si nous n'y prêtons pas attention et nous n'y mettons pas toutes nos forces, l'étoile européenne va pâlir. Nos dirigeants seraient bien inspirés de participer volontairement au changement avant de se le faire imposer.
Car, en fin de compte, promouvoir les femmes, c'est vraiment l'un des moyens les plus efficaces de faire progresser la civilisation, de contribuer au progrès et de conforter la démocratie.
(Artículo de Pascale Joannin, publicado en "Le Monde" el 8 de marzo de 2011)
CHIRAC ANTE EL JUEZ.
A sus 78 años, el ex presidente francés Jacques Chirac debe cargar con la pesada losa de ser el primero de sus pares que es juzgado por corrupción, y, aunque es probable que sus abogados consigan ahorrarle el trago de tener que sentarse físicamente ante el Tribunal, es evidente que no era éste el aspecto con el que un día soñó pasar a la historia. Para los demagogos, este episodio demostraría que la corrupción es un mal común a todos los países. Pero se equivocan, porque la grandeza de la democracia vuelve a probar que en los países libres la ley está por encima de todos.
(Comentario editorial del diario "ABC", publicado el 8 de marzo de 2011)
(Comentario editorial del diario "ABC", publicado el 8 de marzo de 2011)
PERVERSIÓN.
La suerte ya está echada. Finalmente, los partidos con responsabilidades de poder han optado por presentar en sus listas electorales a los comicios municipales y autonómicos a notorios candidatos imputados por corrupción. Así lo ha hecho el PP, que como espera ganar las elecciones con gran ventaja, dado el voto de castigo al partido del Gobierno hundido por la crisis, intenta aprovechar la ocasión para evadir de este modo su responsabilidad como cómplice, beneficiario y encubridor de la red Gürtel, henchida a su costa desde los tiempos de Aznar: el mayor escándalo de corrupción de la democracia española.
Pero, increíblemente, también ha hecho lo mismo el PSOE, que no ha vacilado en presentar imputados en lugares como Granada, Melilla o Grazalema, mientras arrecia el escándalo de los 70 beneficiarios de los ERE destapados por el caso Mercasevilla. Lo que viene a demostrar que el socialismo andaluz, tras tantos años de mayoría absoluta, ha caído en poder de corruptas redes clientelares. Y lo peor es que los otros partidos con responsabilidad de poder territorial (UM en Baleares, CiU en Cataluña, PNV en Euskadi, Coalición Canaria en Canarias...) tampoco están libres de reproche sino más bien todo lo contrario.
Todo lo cual me parece una perversión del vínculo de representación democrática entre autoridades y ciudadanos. Sé que presentar imputados como candidatos no llega a ser una flagrante violación de la legalidad, pues para algo nuestros partidos mayoritarios se han esforzado en garantizarse al alimón una espuria inmunidad (por no decir impunidad encubierta). Pero aunque no sea ilegal, desde luego es ilegítimo, pues no resulta admisible que una autoridad pública pueda pedir un voto de confianza a los mismos ciudadanos a los que puede haber defraudado, según se desprende de su imputación judicial.
Y el que un imputado por corrupción pueda pedir el voto a los mismos ciudadanos a quienes habría perjudicado me parece tan ilegítimo (salvadas las evidentes distancias del daño imputado) como el que un encubridor del terrorismo pueda pedir el voto a los mismos ciudadanos que son víctimas potenciales de sus cómplices terroristas. Por eso, igual que la Ley de Partidos excluye de las listas electorales a los cómplices del terrorismo por competencia desleal que distorsiona la igualdad de oportunidades entre los candidatos, también habría que hacer lo mismo con los candidatos imputados por corrupción, excluyéndoles de las listas electorales a fin de garantizar la igualdad de oportunidades frente a sus rivales. Pues igual que el candidato afín al terrorismo cobraría ilegítima ventaja frente al rival que pueda ser su víctima potencial, también el candidato afín a los corruptos cobra espuria ventaja frente al rival que no se beneficie de la corrupción.
Sin embargo, la peor perversión no es esa, pues más indigna resulta la busca de absolución en las urnas. Es lo que ocurre cuando el candidato imputado es efectivamente reelegido, pues inmediatamente recurre a esa pretendida absolución para hacer fingidas protestas de inocencia ofendida. Y eso es como dar gato por liebre, pues en el mejor de los casos, de lo único que absolvería la reelección es de la responsabilidad política y nunca de la judicial. Una absolución electoral que es políticamente aprovechada para presionar a los tribunales a la espera de forzar así una absolución judicial probablemente inmerecida.
Pero ni siquiera es cierto que la reelección signifique una absolución política. La mayor parte de los electores que votan por un imputado no lo hacen porque crean en su inocencia sino por otras razones compatibles con la creencia en su culpabilidad, entre las que destacan estas: el pragmatismo (se vota al mal menor), el cinismo (la corrupción es muy eficaz en la lucha por el poder), el sectarismo (con razón o sin ella es nuestro "hijo de puta"), el escepticismo (no se puede confiar en una justicia tan tendenciosa, desautorizada como está por mediáticos juicios paralelos) y el nihilismo (que ensalza la transgresión de estafadores impunes como El Dioni, Mario Conde o Ruiz-Mateos).
Finalmente, en la presentación de imputados aún subyace otra perversión del civismo democrático todavía más insidiosa. Y es la de buscar la complicidad del votante para delegar en él la última responsabilidad, transfiriéndole y haciéndole copartícipe de la elección del mal, a fin de compartir así un pacto de culpabilidad. Es algo análogo a la corrupción de menores a lo que podría llamarse estupro de votantes o corrupción de electores, dada la perversión que supone el que una autoridad civil busque la complicidad de los ciudadanos a los que defrauda para que le autoricen con su voto a seguir defraudándoles.
(Artículo de Enrique Gil Calvo, publicado en "El País" el 7 de marzo de 2011)
Pero, increíblemente, también ha hecho lo mismo el PSOE, que no ha vacilado en presentar imputados en lugares como Granada, Melilla o Grazalema, mientras arrecia el escándalo de los 70 beneficiarios de los ERE destapados por el caso Mercasevilla. Lo que viene a demostrar que el socialismo andaluz, tras tantos años de mayoría absoluta, ha caído en poder de corruptas redes clientelares. Y lo peor es que los otros partidos con responsabilidad de poder territorial (UM en Baleares, CiU en Cataluña, PNV en Euskadi, Coalición Canaria en Canarias...) tampoco están libres de reproche sino más bien todo lo contrario.
Todo lo cual me parece una perversión del vínculo de representación democrática entre autoridades y ciudadanos. Sé que presentar imputados como candidatos no llega a ser una flagrante violación de la legalidad, pues para algo nuestros partidos mayoritarios se han esforzado en garantizarse al alimón una espuria inmunidad (por no decir impunidad encubierta). Pero aunque no sea ilegal, desde luego es ilegítimo, pues no resulta admisible que una autoridad pública pueda pedir un voto de confianza a los mismos ciudadanos a los que puede haber defraudado, según se desprende de su imputación judicial.
Y el que un imputado por corrupción pueda pedir el voto a los mismos ciudadanos a quienes habría perjudicado me parece tan ilegítimo (salvadas las evidentes distancias del daño imputado) como el que un encubridor del terrorismo pueda pedir el voto a los mismos ciudadanos que son víctimas potenciales de sus cómplices terroristas. Por eso, igual que la Ley de Partidos excluye de las listas electorales a los cómplices del terrorismo por competencia desleal que distorsiona la igualdad de oportunidades entre los candidatos, también habría que hacer lo mismo con los candidatos imputados por corrupción, excluyéndoles de las listas electorales a fin de garantizar la igualdad de oportunidades frente a sus rivales. Pues igual que el candidato afín al terrorismo cobraría ilegítima ventaja frente al rival que pueda ser su víctima potencial, también el candidato afín a los corruptos cobra espuria ventaja frente al rival que no se beneficie de la corrupción.
Sin embargo, la peor perversión no es esa, pues más indigna resulta la busca de absolución en las urnas. Es lo que ocurre cuando el candidato imputado es efectivamente reelegido, pues inmediatamente recurre a esa pretendida absolución para hacer fingidas protestas de inocencia ofendida. Y eso es como dar gato por liebre, pues en el mejor de los casos, de lo único que absolvería la reelección es de la responsabilidad política y nunca de la judicial. Una absolución electoral que es políticamente aprovechada para presionar a los tribunales a la espera de forzar así una absolución judicial probablemente inmerecida.
Pero ni siquiera es cierto que la reelección signifique una absolución política. La mayor parte de los electores que votan por un imputado no lo hacen porque crean en su inocencia sino por otras razones compatibles con la creencia en su culpabilidad, entre las que destacan estas: el pragmatismo (se vota al mal menor), el cinismo (la corrupción es muy eficaz en la lucha por el poder), el sectarismo (con razón o sin ella es nuestro "hijo de puta"), el escepticismo (no se puede confiar en una justicia tan tendenciosa, desautorizada como está por mediáticos juicios paralelos) y el nihilismo (que ensalza la transgresión de estafadores impunes como El Dioni, Mario Conde o Ruiz-Mateos).
Finalmente, en la presentación de imputados aún subyace otra perversión del civismo democrático todavía más insidiosa. Y es la de buscar la complicidad del votante para delegar en él la última responsabilidad, transfiriéndole y haciéndole copartícipe de la elección del mal, a fin de compartir así un pacto de culpabilidad. Es algo análogo a la corrupción de menores a lo que podría llamarse estupro de votantes o corrupción de electores, dada la perversión que supone el que una autoridad civil busque la complicidad de los ciudadanos a los que defrauda para que le autoricen con su voto a seguir defraudándoles.
(Artículo de Enrique Gil Calvo, publicado en "El País" el 7 de marzo de 2011)
CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA.
EL mayor problema de España no es el paro, con ser enorme, ni el de Eta, que sigue viva, ni el de un gobierno tan incapaz como desbordado. Es la corrupción. Una corrupción no sólo generalizada, sino también legalizada tácitamente por un consenso social que paraliza todos los mecanismos de la nación, impidiéndola avanzar.
Soy consciente de la gravedad de lo que digo, por lo que me apresuro a demostrarlo. Para empezar. ¿qué es corrupción? No sólo meter la mano en las arcas públicas. Ese es su resultado. La corrupción ha empezado mucho antes, en las mentes. Concretamente, en aceptar que el fin justifica los medios. Una vez aceptado, se extiende como una mancha de aceite por todos los ámbitos de la sociedad, manchándolos, hasta no quedar nada limpio. Con lo que, de hecho, se la legaliza. Y ya no extraña que valga más el carné de un partido que una brillante ejecutoria profesional o que se acepte que la lealtad a un líder sea más importante que la lealtad a la ley. En otras palabras: la corrupción gubernamental empieza por la corrupción de los principios. Que es lo que está teniendo hoy lugar en España.
Las consecuencias son devastadoras, empezando por la falta de competitividad. Es tan elocuente como descorazonador que para encontrar un empleo en España lo más importante sean las conexiones familiares, políticas o personales. ¿Cómo va a funcionar un país así? ¿Cómo va a competir en el mercado global? ¿Cómo va salir de la crisis si se posterga la capacidad, las ansias de mejora individual y se favorece al ventajista sobre el preparado?
Corrupción ha habido en todas las épocas y todos los países, al ser inherente a la frágil naturaleza humana. La diferencia está en la actitud ante ella. En los países punteros, se combate. Ahí tienen al ministro de Defensa alemán dimitiendo por haber copiado su tesis doctoral. Algo que aquí, donde copiar está al orden del día, puede incluso se aplaudiese. Aparte de que no habría lugar, pues pocos, si alguno, de nuestros ministros tiene el grado de doctor. Respecto a la apropiación indebida de fondos públicos, que en los países serios acarrea no ya el cese del infractor, sino su ingreso en la cárcel, ¿qué más da si «no son de nadie», como dijo una ministra? De mentir, prefiero no hablar. Los españoles lo damos por descontado en los políticos, e incluso algunos alardean de ello, como aquel famoso alcalde que decía «las promesas electorales están para no cumplirlas.» Pronto llegaremos a lo de aquel político brasileño, Ademar de Barros: «Eu robo, pero fago.» Aquí, ni siquiera hacen.
Aunque eso no es lo peor. Lo peor es la falta de reacción ciudadana. ¿Dónde están las manifestaciones contra los últimos escándalos, despilfarros, bribonadas? ¿Es que unos temen se les acabe el chollo y otros esperan que les llegue cuando ganen los «suyos»?
(Artículo de José María Carrascal, publicado en el diario "ABC" el 6 de marzo de 2011)
Soy consciente de la gravedad de lo que digo, por lo que me apresuro a demostrarlo. Para empezar. ¿qué es corrupción? No sólo meter la mano en las arcas públicas. Ese es su resultado. La corrupción ha empezado mucho antes, en las mentes. Concretamente, en aceptar que el fin justifica los medios. Una vez aceptado, se extiende como una mancha de aceite por todos los ámbitos de la sociedad, manchándolos, hasta no quedar nada limpio. Con lo que, de hecho, se la legaliza. Y ya no extraña que valga más el carné de un partido que una brillante ejecutoria profesional o que se acepte que la lealtad a un líder sea más importante que la lealtad a la ley. En otras palabras: la corrupción gubernamental empieza por la corrupción de los principios. Que es lo que está teniendo hoy lugar en España.
Las consecuencias son devastadoras, empezando por la falta de competitividad. Es tan elocuente como descorazonador que para encontrar un empleo en España lo más importante sean las conexiones familiares, políticas o personales. ¿Cómo va a funcionar un país así? ¿Cómo va a competir en el mercado global? ¿Cómo va salir de la crisis si se posterga la capacidad, las ansias de mejora individual y se favorece al ventajista sobre el preparado?
Corrupción ha habido en todas las épocas y todos los países, al ser inherente a la frágil naturaleza humana. La diferencia está en la actitud ante ella. En los países punteros, se combate. Ahí tienen al ministro de Defensa alemán dimitiendo por haber copiado su tesis doctoral. Algo que aquí, donde copiar está al orden del día, puede incluso se aplaudiese. Aparte de que no habría lugar, pues pocos, si alguno, de nuestros ministros tiene el grado de doctor. Respecto a la apropiación indebida de fondos públicos, que en los países serios acarrea no ya el cese del infractor, sino su ingreso en la cárcel, ¿qué más da si «no son de nadie», como dijo una ministra? De mentir, prefiero no hablar. Los españoles lo damos por descontado en los políticos, e incluso algunos alardean de ello, como aquel famoso alcalde que decía «las promesas electorales están para no cumplirlas.» Pronto llegaremos a lo de aquel político brasileño, Ademar de Barros: «Eu robo, pero fago.» Aquí, ni siquiera hacen.
Aunque eso no es lo peor. Lo peor es la falta de reacción ciudadana. ¿Dónde están las manifestaciones contra los últimos escándalos, despilfarros, bribonadas? ¿Es que unos temen se les acabe el chollo y otros esperan que les llegue cuando ganen los «suyos»?
(Artículo de José María Carrascal, publicado en el diario "ABC" el 6 de marzo de 2011)
EL PUEBLO EXISTE.
El pueblo había desaparecido. Filósofos, políticos, analistas: en Occidente todos concordaban en el aburguesamiento de las clases trabajadoras, aunque sólo fuera por los gloriosos años del Estado del bie-nestar propio de nuestras sociedades desarrolladas. En cuanto a los países en vías de desarrollo, estaba claro que, sometidos como lo estaban a dictaduras férreas nutridas por Occidente, su estancamiento casi catatónico era la garantía de un orden mundial muy conveniente.
Dos acontecimientos quebraron nuestras sólidas convicciones. Primero, el despertar auténtico de tres pueblos árabes que lograron el asombroso resultado de echar a un par de dictadores con sus cómplices, de arrinconar a un tirano loco, de aterrorizar a unos cuantos más y de minar las bases de regímenes corrompidos exigiendo elecciones libres en nombre de la democracia. Un pueblo enfurecido pero no violento, acuciado por la miseria y la sed de libertad, en cuya lucha se fundían las diferencias de clase y de religión. La historia de Túnez, de Egipto y de Libia no ha terminado; pero ha comenzado bien.
En la democracia, en cambio, parecía inútil buscar al pueblo y esperar que se expresase: para eso tenía representantes, unos partidos convertidos, según Juan I. Macua, en agencias de colocación, una casta dirigente elegida –es verdad– y pagada en principio para hablar en su nombre. Con eso, la acción democrática parecía reducida al proceso electoral. Toda búsqueda inquieta o sentimental del colectivo que se agrupaba bajo ese nombre terminaba en la noche de los tiempos: 1789, la Comuna de París, Garibaldi, Steinbeck, las grandes huelgas… Y sin embargo, según un sondeo hecho por la revista Philosophie, frente a lo que ya se llama en democracia “la crisis de la representación”, el 66% de los franceses se declara favorable a que ciudadanos “por sorteo”, como en Atenas, compongan comités populares para controlar la acción de los elegidos locales. Y que una ley sea revisada automáticamente si una manifestación de un millón de personas lo pide.Y entonces, pese al casi boicot o desinterés de la información, nos llega una noticia de Islandia: en 2008, en plena crisis financiera, el pueblo, los ciudadanos, bajaron a la calle. Mucho se ha razonado sobre la crisis, así como sobre la actitud desvergonzada de las organizaciones financieras nacionales e internacionales que se hicieron con el mango y con la sartén, como dijo Iñaki Gabilondo, y se llega siempre a la misma constatación: los que han de pagar la nota no son los culpables. Son la gente.
En Islandia, isla de 317.000 habitantes, con el Parlamento(Althing) más viejo del mundo (año 930), el pueblo ha decidido no pagar. Todos los bancos islandeses se habían portado muy mal. En particular Landsbanki, cuya filial Icesave, con tasas de interés de hasta el 6%, había atraído en cinco meses 10.000 millones de dólares ingresados por 300.000 británicos y buen número de holandeses, depósitos no cubiertos por el fondo islandés de garantía. Este pueblo de pescadores pronto se vio a merced de los banqueros de negocios, de una banca central y un Gobierno ebrio de éxito financiero. Islandia fue el primer país en sucumbir a la crisis financiera. En pocos días, sus tres bancos principales, Kaupthing, Landsbanki y Glitnir, mordieron el polvo.
Cuando tuvo lugar la previsible quiebra de Icesave, Londres y La Haya se a apresuraron a reembolsar a sus ciudadanos, arrojando con ello un tupido velo sobre la nulidad total de sus autoridades de control. Luego, ambos países pasaron la factura a Reykjavik: 4.000 millones de euros (2.700 los británicos y 1.300 los holandeses), a 15 años y un interés del 5,5%. Al principio, el Parlamento islandés nacionalizó los tres bancos, cosa que provocó la huida de sus directivos y, temeroso de ver denegado su acceso a la Unión Europea, promulgó una ley sobre el reembolso. Constatando que la suma exigida significaría el pago de 100 euros mensuales durante ocho años para cada uno de los habitantes de la isla, un vasto movimiento de opinión y manifestaciones obligaron al presidente islandés a rehusar la ratificación de la ley y someterla a un referéndum, cuyo resultado fue una sorpresa: el 93% de los islandeses votaron contra el reembolso. Desde entonces, el problema está en suspenso.Pese a la nueva oferta de reembolso de la deuda con el 3% de interés y pagos aplazados hasta 2046, aceptada esta vez por el primer ministro islandés, Reino Unido y Holanda sólo pueden esperar un rechazo masivo. “Los ciudadanos de Islandia serán llamados a las urnas para votar este nuevo acuerdo con los Gobiernos británico y holandés”, declaró el presidente Olafur Grímsson, que en marzo de 2010 se alegró del rechazo masivo al plan anterior, al que él también se opuso.
Este procedimiento debería dar que pensar tanto a los dirigentes como a los expertos en democracia. Al mismo tiempo, los islandeses decidieron cambiar la Constitución. Desde mediados de febrero, 35 ciudadanos electos al margen de todos los partidos trabajan sobre un nuevo texto, basado en la separación de la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los recursos naturales y la clara separación entre poderes ejecutivo y legislativo. Deben entregar el texto antes del próximo verano.
(Artículo de Nicole Thibon, publicado en "Público" el 6 de marzo de 2011)
Dos acontecimientos quebraron nuestras sólidas convicciones. Primero, el despertar auténtico de tres pueblos árabes que lograron el asombroso resultado de echar a un par de dictadores con sus cómplices, de arrinconar a un tirano loco, de aterrorizar a unos cuantos más y de minar las bases de regímenes corrompidos exigiendo elecciones libres en nombre de la democracia. Un pueblo enfurecido pero no violento, acuciado por la miseria y la sed de libertad, en cuya lucha se fundían las diferencias de clase y de religión. La historia de Túnez, de Egipto y de Libia no ha terminado; pero ha comenzado bien.
En la democracia, en cambio, parecía inútil buscar al pueblo y esperar que se expresase: para eso tenía representantes, unos partidos convertidos, según Juan I. Macua, en agencias de colocación, una casta dirigente elegida –es verdad– y pagada en principio para hablar en su nombre. Con eso, la acción democrática parecía reducida al proceso electoral. Toda búsqueda inquieta o sentimental del colectivo que se agrupaba bajo ese nombre terminaba en la noche de los tiempos: 1789, la Comuna de París, Garibaldi, Steinbeck, las grandes huelgas… Y sin embargo, según un sondeo hecho por la revista Philosophie, frente a lo que ya se llama en democracia “la crisis de la representación”, el 66% de los franceses se declara favorable a que ciudadanos “por sorteo”, como en Atenas, compongan comités populares para controlar la acción de los elegidos locales. Y que una ley sea revisada automáticamente si una manifestación de un millón de personas lo pide.Y entonces, pese al casi boicot o desinterés de la información, nos llega una noticia de Islandia: en 2008, en plena crisis financiera, el pueblo, los ciudadanos, bajaron a la calle. Mucho se ha razonado sobre la crisis, así como sobre la actitud desvergonzada de las organizaciones financieras nacionales e internacionales que se hicieron con el mango y con la sartén, como dijo Iñaki Gabilondo, y se llega siempre a la misma constatación: los que han de pagar la nota no son los culpables. Son la gente.
En Islandia, isla de 317.000 habitantes, con el Parlamento(Althing) más viejo del mundo (año 930), el pueblo ha decidido no pagar. Todos los bancos islandeses se habían portado muy mal. En particular Landsbanki, cuya filial Icesave, con tasas de interés de hasta el 6%, había atraído en cinco meses 10.000 millones de dólares ingresados por 300.000 británicos y buen número de holandeses, depósitos no cubiertos por el fondo islandés de garantía. Este pueblo de pescadores pronto se vio a merced de los banqueros de negocios, de una banca central y un Gobierno ebrio de éxito financiero. Islandia fue el primer país en sucumbir a la crisis financiera. En pocos días, sus tres bancos principales, Kaupthing, Landsbanki y Glitnir, mordieron el polvo.
Cuando tuvo lugar la previsible quiebra de Icesave, Londres y La Haya se a apresuraron a reembolsar a sus ciudadanos, arrojando con ello un tupido velo sobre la nulidad total de sus autoridades de control. Luego, ambos países pasaron la factura a Reykjavik: 4.000 millones de euros (2.700 los británicos y 1.300 los holandeses), a 15 años y un interés del 5,5%. Al principio, el Parlamento islandés nacionalizó los tres bancos, cosa que provocó la huida de sus directivos y, temeroso de ver denegado su acceso a la Unión Europea, promulgó una ley sobre el reembolso. Constatando que la suma exigida significaría el pago de 100 euros mensuales durante ocho años para cada uno de los habitantes de la isla, un vasto movimiento de opinión y manifestaciones obligaron al presidente islandés a rehusar la ratificación de la ley y someterla a un referéndum, cuyo resultado fue una sorpresa: el 93% de los islandeses votaron contra el reembolso. Desde entonces, el problema está en suspenso.Pese a la nueva oferta de reembolso de la deuda con el 3% de interés y pagos aplazados hasta 2046, aceptada esta vez por el primer ministro islandés, Reino Unido y Holanda sólo pueden esperar un rechazo masivo. “Los ciudadanos de Islandia serán llamados a las urnas para votar este nuevo acuerdo con los Gobiernos británico y holandés”, declaró el presidente Olafur Grímsson, que en marzo de 2010 se alegró del rechazo masivo al plan anterior, al que él también se opuso.
Este procedimiento debería dar que pensar tanto a los dirigentes como a los expertos en democracia. Al mismo tiempo, los islandeses decidieron cambiar la Constitución. Desde mediados de febrero, 35 ciudadanos electos al margen de todos los partidos trabajan sobre un nuevo texto, basado en la separación de la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los recursos naturales y la clara separación entre poderes ejecutivo y legislativo. Deben entregar el texto antes del próximo verano.
(Artículo de Nicole Thibon, publicado en "Público" el 6 de marzo de 2011)
POLÍTICOS, DOCTORES Y OTROS ANIMALES.
Al ministro alemán de defensa, Karl-Theodor zu Guttemberg, no parecía bastarle con ser noble. En una sociedad como la alemana, los títulos adquiridos a través de la cuna necesitan complementarse con los logrados por el esfuerzo. El esfuerzo intelectual, por supuesto. Quizá por eso sintió la necesidad de hacerse doctor. Además, se buscó como director de tesis a uno de los grandes constitucionalistas alemanes, Peter Häberle. Así consiguió al fin tenerlo todo, un nombre de alcurnia, una esposa que entroncaba con el mismísimo Bismarck, una atractiva imagen mediática, una capacidad expresiva que destacaba sobre cualquier otro ejemplar de la fauna política alemana, y, como toda persona que se precie en ese país, el doctorado. Era el candidato natural para convertirse algún día en canciller. Hasta que se descubrió que una buena parte de su tesis había sido plagiada de fuentes diversas. Al final, en una bella ejemplificación de los efectos de la codicia, la presión mediática pudo con él y no tuvo más remedio que dimitir.
Hasta aquí, todo esto no deja de ser una anécdota de la política europea. Si acercamos este modelo a nuestro país encontramos, sin embargo, algunas cosas interesantes que nos dicen bastante sobre la forma específica en que se ejerce el reclutamiento de la clase política en España, los alicientes y desincentivos de entrar en lo público. Para empezar, aquí nadie con el perfil de Zu Guttemberg hubiera pensado jamás en dedicarse a la política. Su destino hubiera sido, sin ninguna duda, la empresa privada. Del mismo modo que entre nosotros ningún político en su sano juicio puede imaginar jamás que un título de doctor pueda servir para algo en el ejercicio de su empeño profesional. Nadie se lo reconocería como mérito a tener en cuenta. Ni en la izquierda ni en la derecha.
Con todo, sí se aprecian actitudes y orígenes profesionales distintos según hablemos de uno u otro bando. En la derecha parece predominar todavía la divinización franquista de las grandes oposiciones. Quizá porque son garantía de disciplina y capacidad de trabajo. Obsérvese que el líder del PP es registrador y sus dos mujeres más relevantes son abogadas del Estado, y eso sigue pesando en el imaginario de la derecha nacional. No parece haber espacio para los empresarios de éxito por mucho que su discurso vea en ellos a los nuevos héroes sociales. Estos no encuentran en ella, además, el más mínimo incentivo, a menos que, como Pizarro en su día, estén ya de vuelta de su empeño profesional "natural". Pero siempre se verán como una extravagancia. Lo natural es, en general, el vínculo entre política y mundo jurídico y el reconocimiento estatal del mérito a través de los altos cuerpos funcionariales. Eso sí, cuando salen de su ejercicio público todos van como locos a la empresa privada. La política es aquí el camino hacia la empresa, no al revés.
En la izquierda predomina también la selección de cargos a través de los diversos cuerpos de funcionarios, aunque sin insistir tanto en su estatus relativo. Los políticos, y esto lo sabemos ya desde el clásico libro de Klaus von Beyme (La clase política en el Estado de partidos; Alianza ed.), en todas partes tienen una conexión privilegiada y simbiótica con los cuerpos funcionariales. Sin embargo, la izquierda siempre ha gustado también de adornar su imagen con gentes provenientes del mundo intelectual y académico. La mayoría de las veces para sufrimiento mutuo. Al contrario que los funcionarios, aquellos no están tan acostumbrados a la disciplina y a las jerarquías que impone la vida partidista. Pero quienes aguantan y consiguen transfigurarse, suelen acabar convirtiéndose en algunos de los mejores políticos.
La cuestión fundamental, por tanto, es saber si quien se dedica a la política puede seguir conservando la identidad de su anterior origen, o si lo político consigue disolverla en sus lógicas propias. Hoy la mayoría de los políticos son ya casi todos "políticos de profesión", no de vocación, por valernos de la distinción weberiana. Y los que sobreviven en la política, sean doctores, intelectuales, juristas o trabajadores del metal, se ven tan fagocitados por ella, que al final su formación anterior queda como mera anécdota curricular. La política, en interacción directa con los medios, establece sus propios mecanismos de selección darwinista, solo sobreviven los más aptos. Quizá por eso se dice que carece de incentivos. Y esto es lo grave. Hemos dado ya por perdido un mecanismo fluido de ida y vuelta entre política y sociedad civil que permita mantener el atractivo del servicio público.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 4 de marzo de 2011)
Hasta aquí, todo esto no deja de ser una anécdota de la política europea. Si acercamos este modelo a nuestro país encontramos, sin embargo, algunas cosas interesantes que nos dicen bastante sobre la forma específica en que se ejerce el reclutamiento de la clase política en España, los alicientes y desincentivos de entrar en lo público. Para empezar, aquí nadie con el perfil de Zu Guttemberg hubiera pensado jamás en dedicarse a la política. Su destino hubiera sido, sin ninguna duda, la empresa privada. Del mismo modo que entre nosotros ningún político en su sano juicio puede imaginar jamás que un título de doctor pueda servir para algo en el ejercicio de su empeño profesional. Nadie se lo reconocería como mérito a tener en cuenta. Ni en la izquierda ni en la derecha.
Con todo, sí se aprecian actitudes y orígenes profesionales distintos según hablemos de uno u otro bando. En la derecha parece predominar todavía la divinización franquista de las grandes oposiciones. Quizá porque son garantía de disciplina y capacidad de trabajo. Obsérvese que el líder del PP es registrador y sus dos mujeres más relevantes son abogadas del Estado, y eso sigue pesando en el imaginario de la derecha nacional. No parece haber espacio para los empresarios de éxito por mucho que su discurso vea en ellos a los nuevos héroes sociales. Estos no encuentran en ella, además, el más mínimo incentivo, a menos que, como Pizarro en su día, estén ya de vuelta de su empeño profesional "natural". Pero siempre se verán como una extravagancia. Lo natural es, en general, el vínculo entre política y mundo jurídico y el reconocimiento estatal del mérito a través de los altos cuerpos funcionariales. Eso sí, cuando salen de su ejercicio público todos van como locos a la empresa privada. La política es aquí el camino hacia la empresa, no al revés.
En la izquierda predomina también la selección de cargos a través de los diversos cuerpos de funcionarios, aunque sin insistir tanto en su estatus relativo. Los políticos, y esto lo sabemos ya desde el clásico libro de Klaus von Beyme (La clase política en el Estado de partidos; Alianza ed.), en todas partes tienen una conexión privilegiada y simbiótica con los cuerpos funcionariales. Sin embargo, la izquierda siempre ha gustado también de adornar su imagen con gentes provenientes del mundo intelectual y académico. La mayoría de las veces para sufrimiento mutuo. Al contrario que los funcionarios, aquellos no están tan acostumbrados a la disciplina y a las jerarquías que impone la vida partidista. Pero quienes aguantan y consiguen transfigurarse, suelen acabar convirtiéndose en algunos de los mejores políticos.
La cuestión fundamental, por tanto, es saber si quien se dedica a la política puede seguir conservando la identidad de su anterior origen, o si lo político consigue disolverla en sus lógicas propias. Hoy la mayoría de los políticos son ya casi todos "políticos de profesión", no de vocación, por valernos de la distinción weberiana. Y los que sobreviven en la política, sean doctores, intelectuales, juristas o trabajadores del metal, se ven tan fagocitados por ella, que al final su formación anterior queda como mera anécdota curricular. La política, en interacción directa con los medios, establece sus propios mecanismos de selección darwinista, solo sobreviven los más aptos. Quizá por eso se dice que carece de incentivos. Y esto es lo grave. Hemos dado ya por perdido un mecanismo fluido de ida y vuelta entre política y sociedad civil que permita mantener el atractivo del servicio público.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 4 de marzo de 2011)
PROFESIONALES CONTRA EL DESMANTELAMIENTO.
Hace pocos días, un grupo de dos mil profesionales de los servicios sanitarios públicos de Catalunya presentaron un manifiesto en el que se advierte del riesgo que para los servicios sanitarios básicos suponen los recientes recortes presupuestarios. Además de señalar tales riesgos, en el manifiesto se denuncia la excesiva estructura burocrática en la gestión de los centros sanitarios.
Mediante el último ajuste del Gobierno de CiU se pretende reducir un 10% adicional el gasto sanitario público; esta reducción se suma a recortes previos, entre los que conviene no olvidar el descenso hasta en un 7% de los salarios de los empleados públicos a partir de junio de 2010. Medidas de ajuste más recientes se han centrado en la reducción de las plantillas, por medio de una política extraordinariamente restrictiva de amortización de las plazas procedentes de jubilaciones y la no renovación de contratos temporales.
El manifiesto de los profesionales sanitarios no debería ser un hecho aislado: quienes mejor conocen los riesgos del estrangulamiento financiero de los servicios del Estado del bienestar son los propios profesionales del sector. Mientras que la ciudadanía en general puede recibir una información más sesgada, o más manipulada ideológicamente, favorable a la mercantilización y, eventualmente, privatización o simplemente desaparición de los servicios del Estado del bienestar, los profesionales conocen directamente qué factores afectan a la calidad del servicio. Su voz es indispensable para señalar y denunciar los procesos actuales de “desmantelamiento programado” de servicios públicos educativos, sanitarios y relativos a la dependencia. Procesos que empiezan con restricciones presupuestarias que causan caídas en la calidad de los servicios públicos, que a su vez provocan la “huida” de las clases medias de estos y, por tanto, su deslegitimación y falta de apoyo electoral que conduce, en un circuito que se retroalimenta, a sucesivos desmantelamientos. Procesos “programados”, no atribuibles (al menos no únicamente) a motivos técnicos sino profundamente arraigados en la ideología neoliberal. La crisis fiscal proporciona el medio perfecto para su desarrollo.
(Artículo de Jorge Calero, publicado en "Público" el 3 de marzo de 2011)
Mediante el último ajuste del Gobierno de CiU se pretende reducir un 10% adicional el gasto sanitario público; esta reducción se suma a recortes previos, entre los que conviene no olvidar el descenso hasta en un 7% de los salarios de los empleados públicos a partir de junio de 2010. Medidas de ajuste más recientes se han centrado en la reducción de las plantillas, por medio de una política extraordinariamente restrictiva de amortización de las plazas procedentes de jubilaciones y la no renovación de contratos temporales.
El manifiesto de los profesionales sanitarios no debería ser un hecho aislado: quienes mejor conocen los riesgos del estrangulamiento financiero de los servicios del Estado del bienestar son los propios profesionales del sector. Mientras que la ciudadanía en general puede recibir una información más sesgada, o más manipulada ideológicamente, favorable a la mercantilización y, eventualmente, privatización o simplemente desaparición de los servicios del Estado del bienestar, los profesionales conocen directamente qué factores afectan a la calidad del servicio. Su voz es indispensable para señalar y denunciar los procesos actuales de “desmantelamiento programado” de servicios públicos educativos, sanitarios y relativos a la dependencia. Procesos que empiezan con restricciones presupuestarias que causan caídas en la calidad de los servicios públicos, que a su vez provocan la “huida” de las clases medias de estos y, por tanto, su deslegitimación y falta de apoyo electoral que conduce, en un circuito que se retroalimenta, a sucesivos desmantelamientos. Procesos “programados”, no atribuibles (al menos no únicamente) a motivos técnicos sino profundamente arraigados en la ideología neoliberal. La crisis fiscal proporciona el medio perfecto para su desarrollo.
(Artículo de Jorge Calero, publicado en "Público" el 3 de marzo de 2011)
CONTRATO CON LOS ELECTORES.
Vamos de cabeza a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, cuyo decreto de convocatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado a más tardar el 29 de marzo. El plazo para insertar las candidaturas contendientes llega hasta el 18 de abril y la campaña propiamente dicha se circunscribe a los 15 días de vísperas, a contar desde el 9 de mayo. Antes se habrá despejado o no por la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo la solicitud de inscripción de Sortu, la nueva formación de la izquierda abertzale, en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. Pero todos estos plazos formales para nada afectan a la climatología electoral en cuyo ciclo estamos de lleno inmersos.
Así lo prueban las convenciones de candidatos de las diferentes fuerzas políticas que se vienen sucediendo desde hace varios fines de semana. Para examinar este proceder conviene recordar la definición del artículo 5º de la Constitución a tenor de la cual "los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política". Enseguida el citado artículo añade que "su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley" y precisa que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". El déficit democrático de los partidos requeriría un examen detallado pero será imposible ponerle coto si el texto constitucional queda reducido a un desiderátum cuyo incumplimiento carece de consecuencias.
En todo caso, está comprobado que la proximidad de las elecciones produce efectos catalizadores capaces de desencadenar y acelerar reacciones que se paralizan o ralentizan cuando las urnas están distantes. A partir de ahí se configuran dos escuelas de pensamiento. La primera, a la vista de esas aceleraciones, sostiene que debería haber elecciones con la mayor frecuencia posible, mejor con carácter semestral que anual. Sus adictos estiman que, bajo los estímulos de esa inminencia de los comicios, desaparecería la tentación de la siesta yacente, a la que tantas veces propenden los electos, una vez pasado el difícil trago de la noche del escrutinio. La segunda, considera que las campañas electorales fomentan el populismo y la demagogia y simplifican los mensajes de las fuerzas políticas que compiten, de modo que se prefiere el chafarrinón impresionista a la precisión del trazo bien cuidado.
Del todo por la patria se pasa al todo por el impacto, desde el convencimiento de que el bien más escaso es el de la atención del público elector. De modo que quienes se encuadran en esta segunda escuela tienden a subrayar los peligros y las perversidades degradantes de la vida política que generan las elecciones y se inclinan por espaciarlas. Argumentan también, los encuadrados en esta segunda escuela, con la conveniencia de que el tiempo que transcurre entre dos convocatorias sucesivas permita evaluar el cumplimiento de tareas que se miden en años de esfuerzos serenos, ajenos a la epilepsia disruptiva generada por las campañas electorales.
Por muchas que sean sus diferencias, ambas escuelas de pensamiento coinciden en que el momento electoral es el de la rendición de cuentas, la formulación de ofertas y la presentación de equipos. Así sucedió cuando en una convención de candidatos a las elecciones municipales y autonómicas previas a la victoria de 1996, el presidente del PP, José María Aznar, lanzó la propuesta del contrato con los electores. Qué bien sonaban, me parece recordar que en la plaza de toros de Zaragoza, aquellas definiciones donde el PP se incompatibilizaba con la corrupción. Claro que, una vez expulsados que fuimos del paraíso, todos nos encontramos en estado de naturaleza caída, es decir, que somos todos susceptibles de corrompernos sometidos como estamos a los agentes de la erosión. Por eso, todos debemos pedir cuentas y estar obligados a rendirlas, sin que nadie tenga que sentirse ofendido. Una sana desconfianza es vital para el sistema.
Otra cosa es que el éxito en las urnas exija que antes se haya sido capaz de interpretar de oído y establecer la debida sintonía con el votante. Por eso, los programas y los candidatos revelan la idea que los partidos se hacen del elector. Cuando se arremete contra los corruptos ajenos y al mismo tiempo se les elimina de las listas propias es porque se considera que con ellos a bordo sería imposible la victoria. Cuando se les confirma como candidatos es porque se sobrentiende que sus desfalcos no levantan objeciones dado el pacto de envilecimiento subyacente. Veremos.
(Artículo de Miguel Ángel Aguilar, publicado en "El País" el 1 de marzo de 2011)
Así lo prueban las convenciones de candidatos de las diferentes fuerzas políticas que se vienen sucediendo desde hace varios fines de semana. Para examinar este proceder conviene recordar la definición del artículo 5º de la Constitución a tenor de la cual "los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política". Enseguida el citado artículo añade que "su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley" y precisa que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". El déficit democrático de los partidos requeriría un examen detallado pero será imposible ponerle coto si el texto constitucional queda reducido a un desiderátum cuyo incumplimiento carece de consecuencias.
En todo caso, está comprobado que la proximidad de las elecciones produce efectos catalizadores capaces de desencadenar y acelerar reacciones que se paralizan o ralentizan cuando las urnas están distantes. A partir de ahí se configuran dos escuelas de pensamiento. La primera, a la vista de esas aceleraciones, sostiene que debería haber elecciones con la mayor frecuencia posible, mejor con carácter semestral que anual. Sus adictos estiman que, bajo los estímulos de esa inminencia de los comicios, desaparecería la tentación de la siesta yacente, a la que tantas veces propenden los electos, una vez pasado el difícil trago de la noche del escrutinio. La segunda, considera que las campañas electorales fomentan el populismo y la demagogia y simplifican los mensajes de las fuerzas políticas que compiten, de modo que se prefiere el chafarrinón impresionista a la precisión del trazo bien cuidado.
Del todo por la patria se pasa al todo por el impacto, desde el convencimiento de que el bien más escaso es el de la atención del público elector. De modo que quienes se encuadran en esta segunda escuela tienden a subrayar los peligros y las perversidades degradantes de la vida política que generan las elecciones y se inclinan por espaciarlas. Argumentan también, los encuadrados en esta segunda escuela, con la conveniencia de que el tiempo que transcurre entre dos convocatorias sucesivas permita evaluar el cumplimiento de tareas que se miden en años de esfuerzos serenos, ajenos a la epilepsia disruptiva generada por las campañas electorales.
Por muchas que sean sus diferencias, ambas escuelas de pensamiento coinciden en que el momento electoral es el de la rendición de cuentas, la formulación de ofertas y la presentación de equipos. Así sucedió cuando en una convención de candidatos a las elecciones municipales y autonómicas previas a la victoria de 1996, el presidente del PP, José María Aznar, lanzó la propuesta del contrato con los electores. Qué bien sonaban, me parece recordar que en la plaza de toros de Zaragoza, aquellas definiciones donde el PP se incompatibilizaba con la corrupción. Claro que, una vez expulsados que fuimos del paraíso, todos nos encontramos en estado de naturaleza caída, es decir, que somos todos susceptibles de corrompernos sometidos como estamos a los agentes de la erosión. Por eso, todos debemos pedir cuentas y estar obligados a rendirlas, sin que nadie tenga que sentirse ofendido. Una sana desconfianza es vital para el sistema.
Otra cosa es que el éxito en las urnas exija que antes se haya sido capaz de interpretar de oído y establecer la debida sintonía con el votante. Por eso, los programas y los candidatos revelan la idea que los partidos se hacen del elector. Cuando se arremete contra los corruptos ajenos y al mismo tiempo se les elimina de las listas propias es porque se considera que con ellos a bordo sería imposible la victoria. Cuando se les confirma como candidatos es porque se sobrentiende que sus desfalcos no levantan objeciones dado el pacto de envilecimiento subyacente. Veremos.
(Artículo de Miguel Ángel Aguilar, publicado en "El País" el 1 de marzo de 2011)
EL FUTURO ES SUYO.
Algunos estudios concluyen que los jóvenes tienen, por primera vez, menos expectativas que las de sus padres a su edad. No sé en qué datos pueden apoyarse estas conclusiones, pero resulta difícil compartirlas. Los padres de muchos de nuestros jóvenes conocieron la emigración de la miseria, no pudieron escolarizarse, habitaron en chabolas y tuvieron que superar dificultades extremas para sobrevivir. ¿Nos hemos olvidado de todo esto?
Muchos de los que hoy tienen 45 años vivieron las crisis de los 60 como niños, pero aún deben recordar en su memoria las condiciones en que sus padres tuvieron que afrontar aquellas situaciones. No podrá afirmarse qué futuro espera a nuestros jóvenes de hoy, pero puede asegurarse sin lugar a dudas que, de momento, su presente ha sido mucho mejor que el de sus padres. Quizás el problema está en que estos –los padres– se han sentido tan satisfechos de ofrecer a sus hijos una calidad de vida y más comodidades de las que ellos pudieron disfrutar, que se les ha olvidado señalar pedagógicamente el esfuerzo que para ello tuvieron que hacer.
El valor del esfuerzo es el resultado de una acción pedagógica que lo ponga en relación con lo que hoy se tiene. Hablar de las dificultades que el futuro pueda deparar a los jóvenes sin indicar que el esfuerzo para superarlas será seguramente inferior al que tuvieron que hacer sus padres y abuelos para ofrecerles el presente que hasta el momento han podido disfrutar es favorecer el desarme moral de esta juventud.
Antes hablábamos de escolarización, hoy de fracaso escolar; antes el paro no estaba subvencionado o, en su momento, muy escasamente atendido. Hoy discutimos su extensión en el tiempo, en condiciones insospechadas hace 30 o 40 años. Hoy nuestros jóvenes se inquietan por el futuro profesional de sus títulos universitarios; hace no tantos años, las universidades eran recintos privilegiados para unas minorías.
Lo tendrán difícil, seguro. Pero están –los jóvenes– mucho mejor preparados que hace 30 o 40 años. O lo podrían estar si hubieran querido. ¡No será posible acompañar a los jóvenes a lo largo de toda su vida! Su futuro es suyo.
(Artículo de Miquel Roca, publicado en "La Vanguardia" el 1 de marzo de 2011)
Muchos de los que hoy tienen 45 años vivieron las crisis de los 60 como niños, pero aún deben recordar en su memoria las condiciones en que sus padres tuvieron que afrontar aquellas situaciones. No podrá afirmarse qué futuro espera a nuestros jóvenes de hoy, pero puede asegurarse sin lugar a dudas que, de momento, su presente ha sido mucho mejor que el de sus padres. Quizás el problema está en que estos –los padres– se han sentido tan satisfechos de ofrecer a sus hijos una calidad de vida y más comodidades de las que ellos pudieron disfrutar, que se les ha olvidado señalar pedagógicamente el esfuerzo que para ello tuvieron que hacer.
El valor del esfuerzo es el resultado de una acción pedagógica que lo ponga en relación con lo que hoy se tiene. Hablar de las dificultades que el futuro pueda deparar a los jóvenes sin indicar que el esfuerzo para superarlas será seguramente inferior al que tuvieron que hacer sus padres y abuelos para ofrecerles el presente que hasta el momento han podido disfrutar es favorecer el desarme moral de esta juventud.
Antes hablábamos de escolarización, hoy de fracaso escolar; antes el paro no estaba subvencionado o, en su momento, muy escasamente atendido. Hoy discutimos su extensión en el tiempo, en condiciones insospechadas hace 30 o 40 años. Hoy nuestros jóvenes se inquietan por el futuro profesional de sus títulos universitarios; hace no tantos años, las universidades eran recintos privilegiados para unas minorías.
Lo tendrán difícil, seguro. Pero están –los jóvenes– mucho mejor preparados que hace 30 o 40 años. O lo podrían estar si hubieran querido. ¡No será posible acompañar a los jóvenes a lo largo de toda su vida! Su futuro es suyo.
(Artículo de Miquel Roca, publicado en "La Vanguardia" el 1 de marzo de 2011)
EL INJUSTIFICABLE ABANDONO DE LIBIA.
DURANTE muchos años, los libios van a reprochar al mundo libre su injustificable falta de coherencia y su inacción en estos tristes momentos en los que Gadafi destruye su propio país. A pesar de la evidencia inapelable de los hechos, el mundo libre ha faltado a sus principios y está abandonando a todos los libios que hoy luchan por la libertad, aunque con ello corramos el riesgo de dejarlos en el futuro en manos de los extremistas islámicos, y de provocar una suerte de éxodo hacia Occidente de miles de musulmanes descontentos en busca de otro modo de vida. Es necesario pasar por alto los convencionalismos de salón y tomar las decisiones que puedan evitar, precisamente, escenarios indeseables que mañana resultarían mucho más peligrosos y costosos de afrontar. En estas mismas páginas ya se ha evocado la posibilidad de que en Libia se pueda reproducir el modelo de Somalia, cuya sola mención debería bastar para no seguir mirando hacia la costa sur del Mediterráneo como si lo que allí sucede no fuera más que un desastre meteorológico. Pese a ello, si la ONU y la Unión Africana sienten cómo chirrían sus estructuras ante los tardíos debates abiertos en su seno sobre el destino de Gadafi y su familia, se debe, sobre todo, a la incapacidad de Estados Unidos y Europa para liderar un movimiento claro y activo de condena contra un tirano cuyo innoble comportamiento era de sobras conocido desde hace mucho tiempo.
Libia es sólo un elemento —y ni siquiera el más grande— de un conjunto de escenarios que pueden causar abruptamente un daño terrible a nuestro confiado modo de vida. Es imposible predecir lo que puede suceder, por ejemplo, en Irán, cuya influencia en los mercados energéticos es mucho mayor que la de Libia y está dirigido por una versión persa y mucho más agresiva que la que representa el sátrapa norteafricano. ¿Qué pueden esperar de Occidente los partidarios de la democracia cuando salgan a manifestarse a las calles de Teherán bajo las balas de Ahmadineyad? Es evidente que la fragilidad de las sociedades modernas frente a un entorno inestable no se resuelve cultivando cierto tipo de relaciones que, a la postre, equivalen a rodearse de un campo de minas, sino preparándose concienzudamente para hacer frente a los riesgos y trabajando con decisión para eliminarlos cuando sea posible, no mirando para otro lado.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 27 de febrero de 2011)
LIBIA SE DESANGRA.
A la espera de su previsible desenlace en la trinchera de Trípoli, Libia se ha convertido en un escenario bélico donde el acorralado Gadafi y sus leales intentan hacer buena la promesa del coronel de morir matando. Es un paisaje especialmente cruel, de matanzas indiscriminadas, en el que, a diferencia de Túnez y Egipto, el criminal desafío del tirano árabe frente a su pueblo limita drásticamente las opciones y entenebrece la salida de la revuelta.
El pueblo libio está pagando un precio terrible por intentar librarse del lunático déspota que responsabiliza a Al Qaeda y a jóvenes drogados de la insurrección popular. Y si Gadafi es finalmente derrocado no será gracias a la colaboración decidida de Estados Unidos o Europa, que después de 10 días y varios miles de víctimas siguen deshojando la margarita de lo conveniente. Mientras los libios caen en las calles, se organizan en comités ciudadanos o de resistencia y sus soldados o diplomáticos desertan, Washington, Bruselas y el Consejo de Seguridad seguían ayer enfangados en una bochornosa retórica de admoniciones, discusiones preliminares y propuestas de sanciones todavía pendientes de concretar. Todo lo que la OTAN, reunida ayer de urgencia, está en condiciones de aportar es su contribución logística a la evacuación de extranjeros y la asistencia humanitaria.
Las potencias democráticas, que encabezadas por Estados Unidos cometieron el trágico error de rehabilitar por petróleo y supuesta seguridad a un dictador brutal cuya tiranía interna se ha mantenido intacta 40 años, siguen sin definir cómo enfrentarse a un criminal en ejercicio, pese a tener un abanico de opciones que habrían ahorrado muchas vidas de haberse aplicado en cuanto estuvo claro el salvajismo desatado por Gadafi. Se trata de medidas enunciadas y que ayer aún estaban pendientes de ejecución, como la imposición de una zona de exclusión aérea, para impedir que la aviación libia sea utilizada como arma de exterminio y transporte de mercenarios; el inmediato embargo internacional sobre todo equipamiento militar; la congelación de los activos del Gobierno de Trípoli o la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Gadafi y sus secuaces.
En Libia, a diferencia de Túnez o Egipto, el Ejército regular es una fuerza marginal mantenida así por Gadafi para evitar un golpe militar. Las tropas de choque de esta dictadura perfecta son una oscura red de brigadas especiales, comités revolucionarios y agencias de seguridad, todos bajo el control directo del déspota.
Los libios sublevados por su libertad precisan desesperadamente muchas cosas materiales estos días. Pero para perseverar en su lucha, que es la de un mundo árabe que despierta, necesitan sobre todo una señal rotunda e inequívoca -hechos, no palabras- de que la llamada comunidad internacional está con ellos y contra un régimen de terror, el de Gadafi, que para mayor escarnio todavía se sienta en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
(Editorial de "El País", publicado el 26 de febrero de 2011)
El pueblo libio está pagando un precio terrible por intentar librarse del lunático déspota que responsabiliza a Al Qaeda y a jóvenes drogados de la insurrección popular. Y si Gadafi es finalmente derrocado no será gracias a la colaboración decidida de Estados Unidos o Europa, que después de 10 días y varios miles de víctimas siguen deshojando la margarita de lo conveniente. Mientras los libios caen en las calles, se organizan en comités ciudadanos o de resistencia y sus soldados o diplomáticos desertan, Washington, Bruselas y el Consejo de Seguridad seguían ayer enfangados en una bochornosa retórica de admoniciones, discusiones preliminares y propuestas de sanciones todavía pendientes de concretar. Todo lo que la OTAN, reunida ayer de urgencia, está en condiciones de aportar es su contribución logística a la evacuación de extranjeros y la asistencia humanitaria.
Las potencias democráticas, que encabezadas por Estados Unidos cometieron el trágico error de rehabilitar por petróleo y supuesta seguridad a un dictador brutal cuya tiranía interna se ha mantenido intacta 40 años, siguen sin definir cómo enfrentarse a un criminal en ejercicio, pese a tener un abanico de opciones que habrían ahorrado muchas vidas de haberse aplicado en cuanto estuvo claro el salvajismo desatado por Gadafi. Se trata de medidas enunciadas y que ayer aún estaban pendientes de ejecución, como la imposición de una zona de exclusión aérea, para impedir que la aviación libia sea utilizada como arma de exterminio y transporte de mercenarios; el inmediato embargo internacional sobre todo equipamiento militar; la congelación de los activos del Gobierno de Trípoli o la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Gadafi y sus secuaces.
En Libia, a diferencia de Túnez o Egipto, el Ejército regular es una fuerza marginal mantenida así por Gadafi para evitar un golpe militar. Las tropas de choque de esta dictadura perfecta son una oscura red de brigadas especiales, comités revolucionarios y agencias de seguridad, todos bajo el control directo del déspota.
Los libios sublevados por su libertad precisan desesperadamente muchas cosas materiales estos días. Pero para perseverar en su lucha, que es la de un mundo árabe que despierta, necesitan sobre todo una señal rotunda e inequívoca -hechos, no palabras- de que la llamada comunidad internacional está con ellos y contra un régimen de terror, el de Gadafi, que para mayor escarnio todavía se sienta en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
(Editorial de "El País", publicado el 26 de febrero de 2011)
UN NUEVO PANARABISMO.
Gadafi ametralla y bombardea al pueblo para mantenerse en el poder. A diferencia de Ben Ali y Mubarak, a él solo lo sacarán con los pies por delante. No es esta, sin embargo, la principal diferencia del tirano libio con sus derrocados vecinos. Ben Ali y Mubarak eran dictadores domésticos, como lo fueron Franco o Salazar, sin pretensiones de universalidad. Gadafi, en cambio, se presentaba, sobre todo en sus primeros lustros, como sucesor de Nasser, adalid del panarabismo y líder revolucionario del Tercer Mundo.
Ben Ali y Mubarak eran vasallos de Estados Unidos y no molestaban a Israel. Gadafi le plantaba cara al imperio, quería destruir el Estado judío, apadrinaba toda suerte de guerrillas y terrorismos de ultraizquierda y se decía inventor de una visión cósmica: la yamahiriya o república asamblearia de las masas. En su pesadillesco discurso del martes, aún se presentó como un "revolucionario" que levantaba el puño.
Por esto es tan relevante que la revolución democrática árabe que ya ha barrido a Ben Ali y Mubarak intente ahora abatir a Gadafi. En la guerra de 1967, Israel le dio la estocada mortal al panarabismo laico, socialistoide y tercermundista, tanto en sus vertientes baazista como nasserista. Su cadáver -estrafalario, retórico y criminal en la figura de Gadafi- está siendo enterrado ahora por los luchadores libios. Y en contra de lo que se decía, su sucesor no va a ser el islamismo, o al menos, no el único.
En Libia, la primavera árabe confirma que está por encima de las diferencias que han escindido ese mundo: pro y antiamericanos, socios o enemigos jurados de Israel, de discurso derechista o izquierdista, de orden o "revolucionarios", pobres o ricos en petróleo. El panarabismo del siglo XX ha sido sustituido por uno nuevo: el de los ciudadanos que reclaman libertades y derechos, se vistan sus regímenes con los oropeles que se vistan; el de los ciudadanos que, a través de Al Yazira e Internet, han creado una umma, una comunidad que, desde el Atlántico al Golfo, desea pluralidad -incluido, por qué no, un lugar al sol para los islamistas- y democracia sin adjetivos.
Podemos fijarnos en el bosque o en las ramas. El bosque: Libia comparte con los países norteafricanos una población mayoritariamente juvenil, hastiada de cleptocracia y frustrada en sus ansias de libertad, trabajo y trato digno. Las ramas: una escasa identidad nacional, un gran tribalismo, una salida aún más difícil a esta crisis, que puede pasar por la muerte de Gadafi, la guerra civil y la balcanización del país.
Estos últimos, dice el analista libanés Rami Khouri, "son aspectos fascinantes pero secundarios de los cambios en marcha". Lo principal, añade, es que, tanto en Libia y Bahréin como en Túnez y Egipto, en Marruecos como en Argelia, "los hombres y las mujeres árabes quieren ser tratados como seres humanos y como ciudadanos". Sí, esta es la gran novedad.
(Artículo de Javier Valenzuela, publicado en "El País" el 25 de febrero de 2011)
Ben Ali y Mubarak eran vasallos de Estados Unidos y no molestaban a Israel. Gadafi le plantaba cara al imperio, quería destruir el Estado judío, apadrinaba toda suerte de guerrillas y terrorismos de ultraizquierda y se decía inventor de una visión cósmica: la yamahiriya o república asamblearia de las masas. En su pesadillesco discurso del martes, aún se presentó como un "revolucionario" que levantaba el puño.
Por esto es tan relevante que la revolución democrática árabe que ya ha barrido a Ben Ali y Mubarak intente ahora abatir a Gadafi. En la guerra de 1967, Israel le dio la estocada mortal al panarabismo laico, socialistoide y tercermundista, tanto en sus vertientes baazista como nasserista. Su cadáver -estrafalario, retórico y criminal en la figura de Gadafi- está siendo enterrado ahora por los luchadores libios. Y en contra de lo que se decía, su sucesor no va a ser el islamismo, o al menos, no el único.
En Libia, la primavera árabe confirma que está por encima de las diferencias que han escindido ese mundo: pro y antiamericanos, socios o enemigos jurados de Israel, de discurso derechista o izquierdista, de orden o "revolucionarios", pobres o ricos en petróleo. El panarabismo del siglo XX ha sido sustituido por uno nuevo: el de los ciudadanos que reclaman libertades y derechos, se vistan sus regímenes con los oropeles que se vistan; el de los ciudadanos que, a través de Al Yazira e Internet, han creado una umma, una comunidad que, desde el Atlántico al Golfo, desea pluralidad -incluido, por qué no, un lugar al sol para los islamistas- y democracia sin adjetivos.
Podemos fijarnos en el bosque o en las ramas. El bosque: Libia comparte con los países norteafricanos una población mayoritariamente juvenil, hastiada de cleptocracia y frustrada en sus ansias de libertad, trabajo y trato digno. Las ramas: una escasa identidad nacional, un gran tribalismo, una salida aún más difícil a esta crisis, que puede pasar por la muerte de Gadafi, la guerra civil y la balcanización del país.
Estos últimos, dice el analista libanés Rami Khouri, "son aspectos fascinantes pero secundarios de los cambios en marcha". Lo principal, añade, es que, tanto en Libia y Bahréin como en Túnez y Egipto, en Marruecos como en Argelia, "los hombres y las mujeres árabes quieren ser tratados como seres humanos y como ciudadanos". Sí, esta es la gran novedad.
(Artículo de Javier Valenzuela, publicado en "El País" el 25 de febrero de 2011)
VENCEDORES Y VENCIDOS.
Las crisis tienen vencedores y vencidos. Cuando salimos del túnel nos encontramos con un paisaje recién estrenado, en el que nada está en su sitio. Algunos jugadores han desaparecido. Otros han quedado disminuidos y contarán poco a partir de ahora. Unos terceros son los que han seguido el consejo del nuevo alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, que ha vencido en las elecciones de su ciudad después de dejar la Casa Blanca de Obama, donde fue jefe del gabinete presidencial, el equivalente a un primer ministro: no desaproveches una buena crisis.
Sucede con las crisis económicas como la que estamos atravesando; pero también con las políticas, como las que afectan a todos los países árabes. En este caso, además, es una crisis revolucionaria, que pone de cabeza para abajo los sistemas de poder que han venido funcionando en toda la zona desde que terminó la etapa colonial. Si la crisis de las hipotecas subprime se llevó por delante la banca de Wall Street, esta crisis revolucionaria ya se ha cargado a tres grandes empresas y monopolios de poder que controlaban nada menos que una población total de 100 millones de habitantes, dos millones de kilómetros cuadrados y tres países enteros, con extensos recursos energéticos y turísticos y el control de una vía de comunicación estratégica como el canal de Suez.
Aprovechar las crisis quiere decir utilizarlas para sacar grasa de los negocios actuales e imaginar otros nuevos, acordes con los nuevos tiempos. También estamos hablando de negocios políticos. Los clanes mafiosos derrocados poco podrán aprovechar, pero sus socios, amigos y aliados todavía estarán a tiempo, si espabilan. Dos recientes reacciones proporcionan excelentes ejemplos de capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. El primero es el del presidente israelí, Simon Peres, en su viaje a España, entusiasmado con la revolución árabe: "La democracia de nuestros vecinos es la mejor garantía para la paz". El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, no le va a la zaga ni en entusiasmo ni en declaraciones. "En lugar de matar a la gente, escúchenla", ha dicho dirigiéndose a Gadafi. Seguro que los bancos, fondos de inversiones y socios empresariales de los tres clanes mafiosos seguirán similar conducta, guiada por las juiciosas y célebres palabras inventadas por Giuseppe Tomasi di Lampedusa en boca de su Gatopardo: "Que todo cambie para que nada cambie".
De momento es evidente que algunos se muestran ajenos a la vieja sabiduría del poder y se aferran al mundo antiguo en su hundimiento. La gran mayoría de los países árabes donde la revolución todavía no ha cuajado están maquillando a toda prisa sus miserables sistemas de dominación feudal. Liberación de presos políticos, subsidios a los alimentos, ayudas directas a las familias, destitución de ministros quemados o promesas de reformas constitucionales. Ejemplo de una mediocre reacción a los retos que se les presentan a tales regímenes lo encontramos en las palabras del rey de Marruecos, Mohamed VI, que se niega a responder ante unas pretensiones de democratización que considera demagógicas.
Algo similar sucede con las viejas potencias coloniales europeas, perdedoras en sucesivas oleadas de cambios, y perdedoras ahora, a juzgar por sus lamentables reacciones ante la crisis revolucionaria. El caso más sangrante es el de Francia, cuya política exterior ha entrado en barrena al mando de Nicolas Sarkozy, un presidente tachado de aficionado, impulsivo y excesivamente mediático desde las filas de su propia diplomacia. Lo dice el escrito de un grupo de altos funcionarios del Quai d'Orsay, publicado con pseudónimo en el diario Le Monde, en el que denuncian la desaparición de la voz de Francia en el mundo. Todo lo que se aplica a Francia tiene valor también para la Unión Europea, que inaugura el "servicio exterior mayor del mundo" con un naufragio de reglamento.
¿Hay vencedores? Los hay y ya de partida. Turquía, claramente. Quienes buscan la mano que mece la cuna en todo proceso de cambios históricos pueden fijarse en Ankara y en el próspero futuro del islamismo moderado de Recep Tayyip Erdogan. También los habrá por fuerza de su voluntad. Difícil pensar que Israel, abiertamente perjudicado ahora, no pugne por sacar provecho de la crisis. Teherán ya ha movido ficha: dos buques de guerra suyos han entrado en el Mediterráneo por Suez, por primera vez desde 1979. Queda claro que le aprovecha el cambio. Quien nada arriesga, como es el caso de la mayor parte de los países europeos, España incluida, seguro que nada gana. Los rendimientos de las crisis, también las revolucionarias, serán para quien los trabaje.
(Artículo Lluís Bassets, publicado en "El País" el 24 de febrero de 2011)
EL ESTADO SOY YO.
A mediados de los ochenta del pasado siglo, charlaba con mis amigos músicos de la plaza de Marraquech en la peluquería en la que trabajaba uno de ellos cuando entró un desconocido de una treintena de años cuyo acento nos intrigó. No era magrebí ni egipcio ni de Oriente Próximo. Mientras se sometía a las tijeras y el peine del barbero, le preguntamos de dónde procedía. De Libia, dijo. Curioso como soy, le pedí su opinión sobre el Líder Máximo. "Es mi padre", dijo. "Bueno, el padre de todos los libios". Su singular sistema de gobierno, insistí, ¿funcionaba bien? Como una seda, repuso. La gente, ¿vivía satisfecha? Satisfecha, no, feliz. Le comenté que la perfección que nos pintaba no existe en nuestro triste mundo. Todas las sociedades del planeta tienen problemas, pequeños o grandes, pero problemas. El desconocido pareció reflexionar y su letanía de las bondades del sistema se trocó en lamento. Sí, había un gran problema, el de la dote. Casarse era muy caro, no estaba al alcance de todos los bolsillos. El tono de su voz cambió también de la autoafirmación a la angustia. Había venido precisamente a Marruecos en busca de una novia. En Casablanca le hablaron de una muchacha virgen y quien la conocía le prometió concertar una cita con ella, pero necesitaba hacerle un buen regalo antes de los preliminares del trato, él confió 2.000 dirhams al intermediario y a la hora fijada para el encuentro en la sala trasera de un café del centro, no aparecieron ni él ni la prometida, le habían engañado y se sentía deshecho, aquella era su última oportunidad, nos preguntó si conocíamos a alguna joven casadera, aunque no fuera entrada en carnes o tuviera algún defecto, a él no le importaba, quería volver a su tierra casado y con los papeles en regla... La visión beatífica de la yamahiriya de Gadafi se había convertido de golpe en una mezcla de desesperanza y quejío flamenco. Ignoro si alcanzó su objetivo o regresó a Libia con las manos vacías.
Poco después, con motivo de uno de esos matrimonios interestatales efímeros a los que el coronel es tan aficionado, decenas de millares de marroquíes emigraron a Libia en busca de trabajo. Gadafi había proclamado la Unión Árabe con Marruecos y los emigrantes confiaban en ser recibidos por sus hermanos con los brazos abiertos. El sueño de tan bella hermandad no duró. El regreso a cuentagotas primero y masivo después reflejaba un total desengaño. Los que confiaron en las promesas del Líder sufrieron un régimen cuartelero, su contacto con la población local estaba sometido a la estrecha vigilancia de los comités de defensa de la Revolución y la existencia bajo el "gobierno de las masas populares" expuesto en el Libro Verde era infinitamente peor que en la del país que habían abandonado. Mencionar a Gadafi y su yamahiriya era mentarles la bicha. Fueron ellos quienes adaptaron a su manera el chiste que oí en Estados Unidos sobre un concurso cuya recompensa consistía en un viaje a Filadelfia. Primer premio, tres días en Libia; segundo, tres semanas en Libia; tercero, tres meses en Libia. El humor marrakchí era su válvula de escape.
Un diplomático español que fue cónsul general en Trípoli me refirió también por estas fechas una anécdota muy reveladora del edén gadafiano. Un día fue convocado a la Comisaría Central de la ciudad: un compatriota nuestro había intentado violar a una mujer libia. Al personarse en el lugar, la lectura del acta de acusación le llenó de perplejidad: la tentativa de violación se había llevado a cabo a la luz del día en la céntrica plaza Verde. Si se tiene en cuenta el número de viandantes que la cruzan a diario, la acusación resultaba inverosímil. Cuando tras mucho papeleo y protestas pudo acceder a la celda del acusado, este -marino de un buque que había hecho escala en Trípoli- le confesó el crimen: ¡Le había guiñado el ojo! La supuesta agraviada pertenecía a la guardia personal del Líder Máximo y, como tal, formaba parte de la alta jerarquía en el poder. Las negociaciones para liberar al culpable concluyeron de forma insólita. Según el abogado de la defensa de oficio, este debía declararse homosexual y demostrar así que en el guiño dirigido a la guardaespaldas no había intención lujuriosa alguna. Maldiciendo su suerte, el marino firmó su para él afrentosa condición de marica y quedó en libertad.
Mientras ocurrían esas cosas y cosillas, la figura del Líder era celebrada en una universidad madrileña como la del genio visionario de una "tercera teoría universal", cuyo Libro Verde abría al mundo árabe y no árabe la llave del futuro. Se organizó así una videoconferencia en la que Gadafi se dirigió al estudiantado reunido simultáneamente en nuestra alma máter y en Trípoli. Cada una de sus frases proferidas con una voz espesa y átona, iba seguida de una salva de aplausos que solo cesaban cuando el homenajeado indicaba con una señal del dedo que quería seguir desgranando su rosario de perlas de sabiduría. La ensalada compuesta de socialismo, panarabismo y un vago ingrediente religioso siguió suscitando con todo el entusiasmo asambleario: en fecha mucho más reciente, leí en un folleto impreso en España que 700 especialistas venidos del mundo entero se habían reunido durante tres días en la capital libia para estudiar el contenido doctrinal de la obra del Jefe. ¿Por qué no, pensé de inmediato, 7.000 especialistas durante tres meses? ¿O, mejor aún, 700.000 durante tres años? El absurdo hubiera sido el mismo y la maravilla aún mayor.
Las inmensas reservas de hidrocarburos del país de su propiedad -las mayores de África- explican tanta obsequiosidad, compadreo y falta de principios. Desde su alineación con los presuntos Estados árabes moderados, esto es, opuestos al terrorismo islamista, todo le fue perdonado: no solo su demagogia y sus soflamas contra el imperialismo norteamericano, sino también cuanto se cocinaba en las cloacas del poder: la represión sangrienta de cualquier conato de oposición; la desaparición entre muchas otras, sin dejar huella, del padre del novelista Hisham Matar; la participación de sus servicios secretos en el atentado de Lockerbie en 1988, en el que perecieron 270 pasajeros; el repugnante proceso de las desdichadas enfermeras búlgaras acusadas de propagar el sida a fin de ocultar las carencias del sistema sanitario libio... Su desmesurada afición a los disfraces y escenarios de "autenticidad beduina" era en verdad única. Gorra de plato, librea, medallas, charreteras, uniformes de almirantazgo o de húsar del imperio austrohúngaro, feces otomanos, turbantes tribales, túnicas azules en juego con birretes del mismo paño, capas majestuosas de todos los colores del arcoíris (tal vez por lo de "una buena capa, todo lo tapa"), enmarcaban un rostro cada vez más inexpresivo y acartonado, con la mandíbula desdeñosamente alzada al estilo de Mussolini. El frenesí exhibicionista le acompañaba en todos sus viajes o en los actos de pleitesía que le tributaban los déspotas africanos. Instalaba así su jaima portátil en Roma, París, Madrid y Londres, recibía los abrazos de Berlusconi, Sarkozy y de los primeros ministros español y británico, respondía a la afrenta de la policía de Ginebra que detuvo a su hijo por maltrato físico a sus servidores, no solo con la retirada de todos sus fondos de los bancos suizos, sino también con la original propuesta de que la Confederación Helvética fuera borrada del mapa y repartida conforme a sus distintas lenguas entre Alemania, Francia e Italia.
El "gobierno de las masas populares" es él. Gadafi acapara todo el poder en un país sin Constitución, Parlamento ni partidos políticos y su endiosamiento carece de límites. Por eso, el espectáculo de los últimos días, con docenas de miles de manifestantes que, como en Teherán, salen valientemente a la calle desafiando los disparos de la policía y de los matones a sueldo, llena de euforia a quienes conocen su régimen opresor al servicio de su megalomanía. Frente a las declamaciones de quienes se dan golpes de pecho y se manifiestan dispuestos a derramar su sangre por el Líder Máximo (mientras derraman entre tanto las de sus compatriotas), los gritos de júbilo de quienes pisotean en Bengasi su odioso retrato, tienen algo de iniciático y liberador. Sea cual fuere el resultado inmediato de esta matanza de sus amados súbditos, Gadafi forma parte ya de la trinidad de los ídolos caídos en el muladar de la historia con Ben Ali y Mubarak. Confiemos en que el próximo sea Ahmedineyad.
(Artículo de Juan Goytisolo, publicado en "El País" el 23 de febrero de 2011)
Poco después, con motivo de uno de esos matrimonios interestatales efímeros a los que el coronel es tan aficionado, decenas de millares de marroquíes emigraron a Libia en busca de trabajo. Gadafi había proclamado la Unión Árabe con Marruecos y los emigrantes confiaban en ser recibidos por sus hermanos con los brazos abiertos. El sueño de tan bella hermandad no duró. El regreso a cuentagotas primero y masivo después reflejaba un total desengaño. Los que confiaron en las promesas del Líder sufrieron un régimen cuartelero, su contacto con la población local estaba sometido a la estrecha vigilancia de los comités de defensa de la Revolución y la existencia bajo el "gobierno de las masas populares" expuesto en el Libro Verde era infinitamente peor que en la del país que habían abandonado. Mencionar a Gadafi y su yamahiriya era mentarles la bicha. Fueron ellos quienes adaptaron a su manera el chiste que oí en Estados Unidos sobre un concurso cuya recompensa consistía en un viaje a Filadelfia. Primer premio, tres días en Libia; segundo, tres semanas en Libia; tercero, tres meses en Libia. El humor marrakchí era su válvula de escape.
Un diplomático español que fue cónsul general en Trípoli me refirió también por estas fechas una anécdota muy reveladora del edén gadafiano. Un día fue convocado a la Comisaría Central de la ciudad: un compatriota nuestro había intentado violar a una mujer libia. Al personarse en el lugar, la lectura del acta de acusación le llenó de perplejidad: la tentativa de violación se había llevado a cabo a la luz del día en la céntrica plaza Verde. Si se tiene en cuenta el número de viandantes que la cruzan a diario, la acusación resultaba inverosímil. Cuando tras mucho papeleo y protestas pudo acceder a la celda del acusado, este -marino de un buque que había hecho escala en Trípoli- le confesó el crimen: ¡Le había guiñado el ojo! La supuesta agraviada pertenecía a la guardia personal del Líder Máximo y, como tal, formaba parte de la alta jerarquía en el poder. Las negociaciones para liberar al culpable concluyeron de forma insólita. Según el abogado de la defensa de oficio, este debía declararse homosexual y demostrar así que en el guiño dirigido a la guardaespaldas no había intención lujuriosa alguna. Maldiciendo su suerte, el marino firmó su para él afrentosa condición de marica y quedó en libertad.
Mientras ocurrían esas cosas y cosillas, la figura del Líder era celebrada en una universidad madrileña como la del genio visionario de una "tercera teoría universal", cuyo Libro Verde abría al mundo árabe y no árabe la llave del futuro. Se organizó así una videoconferencia en la que Gadafi se dirigió al estudiantado reunido simultáneamente en nuestra alma máter y en Trípoli. Cada una de sus frases proferidas con una voz espesa y átona, iba seguida de una salva de aplausos que solo cesaban cuando el homenajeado indicaba con una señal del dedo que quería seguir desgranando su rosario de perlas de sabiduría. La ensalada compuesta de socialismo, panarabismo y un vago ingrediente religioso siguió suscitando con todo el entusiasmo asambleario: en fecha mucho más reciente, leí en un folleto impreso en España que 700 especialistas venidos del mundo entero se habían reunido durante tres días en la capital libia para estudiar el contenido doctrinal de la obra del Jefe. ¿Por qué no, pensé de inmediato, 7.000 especialistas durante tres meses? ¿O, mejor aún, 700.000 durante tres años? El absurdo hubiera sido el mismo y la maravilla aún mayor.
Las inmensas reservas de hidrocarburos del país de su propiedad -las mayores de África- explican tanta obsequiosidad, compadreo y falta de principios. Desde su alineación con los presuntos Estados árabes moderados, esto es, opuestos al terrorismo islamista, todo le fue perdonado: no solo su demagogia y sus soflamas contra el imperialismo norteamericano, sino también cuanto se cocinaba en las cloacas del poder: la represión sangrienta de cualquier conato de oposición; la desaparición entre muchas otras, sin dejar huella, del padre del novelista Hisham Matar; la participación de sus servicios secretos en el atentado de Lockerbie en 1988, en el que perecieron 270 pasajeros; el repugnante proceso de las desdichadas enfermeras búlgaras acusadas de propagar el sida a fin de ocultar las carencias del sistema sanitario libio... Su desmesurada afición a los disfraces y escenarios de "autenticidad beduina" era en verdad única. Gorra de plato, librea, medallas, charreteras, uniformes de almirantazgo o de húsar del imperio austrohúngaro, feces otomanos, turbantes tribales, túnicas azules en juego con birretes del mismo paño, capas majestuosas de todos los colores del arcoíris (tal vez por lo de "una buena capa, todo lo tapa"), enmarcaban un rostro cada vez más inexpresivo y acartonado, con la mandíbula desdeñosamente alzada al estilo de Mussolini. El frenesí exhibicionista le acompañaba en todos sus viajes o en los actos de pleitesía que le tributaban los déspotas africanos. Instalaba así su jaima portátil en Roma, París, Madrid y Londres, recibía los abrazos de Berlusconi, Sarkozy y de los primeros ministros español y británico, respondía a la afrenta de la policía de Ginebra que detuvo a su hijo por maltrato físico a sus servidores, no solo con la retirada de todos sus fondos de los bancos suizos, sino también con la original propuesta de que la Confederación Helvética fuera borrada del mapa y repartida conforme a sus distintas lenguas entre Alemania, Francia e Italia.
El "gobierno de las masas populares" es él. Gadafi acapara todo el poder en un país sin Constitución, Parlamento ni partidos políticos y su endiosamiento carece de límites. Por eso, el espectáculo de los últimos días, con docenas de miles de manifestantes que, como en Teherán, salen valientemente a la calle desafiando los disparos de la policía y de los matones a sueldo, llena de euforia a quienes conocen su régimen opresor al servicio de su megalomanía. Frente a las declamaciones de quienes se dan golpes de pecho y se manifiestan dispuestos a derramar su sangre por el Líder Máximo (mientras derraman entre tanto las de sus compatriotas), los gritos de júbilo de quienes pisotean en Bengasi su odioso retrato, tienen algo de iniciático y liberador. Sea cual fuere el resultado inmediato de esta matanza de sus amados súbditos, Gadafi forma parte ya de la trinidad de los ídolos caídos en el muladar de la historia con Ben Ali y Mubarak. Confiemos en que el próximo sea Ahmedineyad.
(Artículo de Juan Goytisolo, publicado en "El País" el 23 de febrero de 2011)
LOS LÍMITES DE LA TRANSPARENCIA.
El signo de nuestra época es la inmediatez. Nada nos resulta más sospechoso que las mediaciones, los intermediarios, las construcciones y las representaciones. Pensamos que para conocer la verdad basta que los datos estén al alcance; que una democracia solo necesita que nada nos impida decidir. En nuestro inconsciente colectivo consideramos que son más útiles los datos que las interpretaciones y, por el mismo prejuicio, tendemos a pensar que es más democrático participar que delegar. Una similar desconfianza ante las mediaciones nos lleva a suponer automáticamente que algo es verdadero cuando es transparente, que toda representación falsifica y que todo secreto es ilegítimo. No hay nada peor que un intermediario. Por eso nos resulta de entrada más cercano un filtrador que un periodista, un aficionado que un profesional, las ONG que los Gobiernos y, por eso mismo, nuestro mayor desprecio se dirige a quien representa la mayor mediación: como nos recuerdan las encuestas, nuestro gran problema es... la clase política. La actual fascinación por las redes sociales, la participación o la proximidad pone de manifiesto que la única utopía que sigue viva es la de la desin-termediación.
Al final, necesitamos mediación, profesionalidad y representación para analizar los datos
Es la opacidad lo que más empobrece las democracias
Estando así las cosas, nadie podía sorprenderse de que las filtraciones de Wikileaks hayan sido recibidas como una confirmación de lo que ya sabíamos: que el sistema es malísimo y nosotros, inocentes. Coincide esto en el tiempo con una crisis económica cuyos exégetas llevan tiempo repitiendo que la estamos pagando los que no la hemos provocado. Afortunadamente, nosotros no formamos parte de ese mercado que se dedica a conspirar y atacar. Identificados los problemas y asignadas las responsabilidades, nos hemos ahorrado casi todo el trabajo de pensar un mundo complejo y adaptar la democracia a las nuevas realidades. La indignación puede seguir sustituyendo cómodamente a la reflexión y al esfuerzo democrático.
La transparencia es, sin duda, uno de los principales valores democráticos, gracias a la cual la ciudadanía puede controlar la actividad de sus cargos electos, verificar el respeto a los procedimientos legales, comprender los procesos de decisión y confiar en las instituciones políticas. Ahora bien, ¿tan seguros estamos de que disponer libremente de 250.000 documentos de la diplomacia americana nos hace más inteligentes y mejores demócratas? ¿Sabríamos más del mundo si se suprimieran todos los secretos? ¿Somos mejores ciudadanos a medida que vamos descubriendo lo torpes y cínicos que son muchas de nuestras autoridades?
No deberíamos dejarnos seducir por la idea de que estamos ante un mundo de información disponible, transparente y sin secretos. De entrada, porque somos conscientes de que determinadasnegociaciones exitosas del pasado no se hubieran producido si hubieran sido retransmitidas en directo. Existe algo que podríamos denominar los beneficios diplomáticos de la intransparencia. Por supuesto que en este aspecto muchos procedimientos tradicionales están llamados a desaparecer y quien a partir de ahora participe en un proceso diplomático ha de saber que muchas cosas terminarán por saberse. Pero también es cierto que la exigencia de una transparencia total podría paralizar la acción pública en no pocas ocasiones. Hay compromisos que no pueden alcanzarse con luz y taquígrafos, lo que suele provocar que los actores radicalicen sus posiciones. Pese a ciertas celebraciones apresuradas de un inminente mundo sin doblez ni zonas de sombra, la distinción entre escenarios y bastidores sigue siendo necesaria para la política.
Pero es que hay también una ambigüedad de la transparencia desnuda, no contextualizada. Es una ilusión pensar que basta con que los datos sean públicos para que reine la verdad en política, los poderes se desnuden y la ciudadanía comprenda lo que realmente pasa. Además del acceso a los datos públicos, está la cuestión de su significado. Poner en la red grandes cantidades de datos y documentos no basta para hacer más inteligible la acción pública: hay que interpretarlos, entender las condiciones en las que han sido producidos, sin olvidar que generalmente no dan cuenta más que de una parte de la realidad.
Además de límites, la transparencia puede tener efectos perversos. No son pocos los que han advertido que Internet se puede convertir en un instrumento de opacidad: al aumentar los datos suministrados a los ciudadanos, complica su trabajo de vigilancia. Es la opacidad y no la falta de transparencia lo que más empobrece las democracias. Obsesionarse con la transparencia descuidando todo lo demás equivale a equivocarse en el foco de atención.
Y a este respecto cabe mencionar un efecto insólito en virtud del cual la realidad política nos resulta ininteligible no porque nos falten datos o porque no escrutemos atentamente a nuestros representantes, sino porque lo hacemos en exceso, de una manera constante e inmediata. La vigilancia extrema sobre los actores políticos puede llevarles a sobreproteger sus acciones. Un ejemplo de ello es el hecho de que muchos políticos, sabiendo que sus menores actos y declaraciones son examinados y difundidos, tienden a encorsetar su comunicación. La democracia está hoy más empobrecida por los discursos que no dicen nada que por el ocultamiento expreso de información.
Las sociedades democráticas reclaman con toda razón un mayor y más fácil acceso a la información. Pero la abundancia de datos no garantiza vigilancia democrática; para ello hace falta, además, movilizar comunidades de intérpretes capaces de darles un contexto, un sentido y una valoración crítica. Separar lo esencial de lo anecdótico, analizar y situar en una perspectiva adecuada los datos exige mediadores que dispongan de tiempo y competencias cognitivas. Los partidos políticos son un instrumento imprescindible para reducir esa complejidad. En este trabajo de interpretación de la realidad también son inevitables los periodistas, cuyo trabajo no va a ser superfluo en la era de Internet, sino todo lo contrario. Pero estoy defendiendo la necesidad cognitiva del sistema político y de los medios de comunicación y no a sus representantes que, como todos, también son manifiestamente mejorables.
Defender hoy este trabajo de mediación equivale a renunciar al grato favor de la corriente, porque casi nadie quiere renunciar a este cauce para el despliegue de la indignación que es la posibilidad de matar al mediador. Frente a todas las promesas de paciencia interpretativa, Internet es un espacio que ofrece participación y democracia directa, expresión y decisión sin intermediarios. Todo lo cual conecta con esa desconfianza democrática hacia el experto y la consiguiente celebración del ciudadano corriente que parece inobjetable democráticamente. La libertad del amateur frente al anquilosamiento del profesional, este vendría a ser el nuevo antagonismo para el que Internet constituye un formidable campo de batalla. La presencia del aficionado, del filtrador escandalizado, es muy importante y contribuye sin duda a democratizar el proceso de creación y circulación de información. Pero en realidad hay una cadena de cooperación muchísimo más compleja entre unos y otros: solo los grandes diarios de referencia tienen las competencias necesarias para explotar esas montañas de información. Al final, terminamos necesitando mediación, profesionalidad y representación. Sin ellas el mundo es menos inteligible y más ingobernable. Juzguemos si estas instancias hacen bien lo que deben y no nos dejemos capturar por la perezosa ilusión de que su mera carencia nos hará libres.
(Artículo de Daniel Innerarity, publicado en "El País" el 22 de febrero de 2011)
Al final, necesitamos mediación, profesionalidad y representación para analizar los datos
Es la opacidad lo que más empobrece las democracias
Estando así las cosas, nadie podía sorprenderse de que las filtraciones de Wikileaks hayan sido recibidas como una confirmación de lo que ya sabíamos: que el sistema es malísimo y nosotros, inocentes. Coincide esto en el tiempo con una crisis económica cuyos exégetas llevan tiempo repitiendo que la estamos pagando los que no la hemos provocado. Afortunadamente, nosotros no formamos parte de ese mercado que se dedica a conspirar y atacar. Identificados los problemas y asignadas las responsabilidades, nos hemos ahorrado casi todo el trabajo de pensar un mundo complejo y adaptar la democracia a las nuevas realidades. La indignación puede seguir sustituyendo cómodamente a la reflexión y al esfuerzo democrático.
La transparencia es, sin duda, uno de los principales valores democráticos, gracias a la cual la ciudadanía puede controlar la actividad de sus cargos electos, verificar el respeto a los procedimientos legales, comprender los procesos de decisión y confiar en las instituciones políticas. Ahora bien, ¿tan seguros estamos de que disponer libremente de 250.000 documentos de la diplomacia americana nos hace más inteligentes y mejores demócratas? ¿Sabríamos más del mundo si se suprimieran todos los secretos? ¿Somos mejores ciudadanos a medida que vamos descubriendo lo torpes y cínicos que son muchas de nuestras autoridades?
No deberíamos dejarnos seducir por la idea de que estamos ante un mundo de información disponible, transparente y sin secretos. De entrada, porque somos conscientes de que determinadasnegociaciones exitosas del pasado no se hubieran producido si hubieran sido retransmitidas en directo. Existe algo que podríamos denominar los beneficios diplomáticos de la intransparencia. Por supuesto que en este aspecto muchos procedimientos tradicionales están llamados a desaparecer y quien a partir de ahora participe en un proceso diplomático ha de saber que muchas cosas terminarán por saberse. Pero también es cierto que la exigencia de una transparencia total podría paralizar la acción pública en no pocas ocasiones. Hay compromisos que no pueden alcanzarse con luz y taquígrafos, lo que suele provocar que los actores radicalicen sus posiciones. Pese a ciertas celebraciones apresuradas de un inminente mundo sin doblez ni zonas de sombra, la distinción entre escenarios y bastidores sigue siendo necesaria para la política.
Pero es que hay también una ambigüedad de la transparencia desnuda, no contextualizada. Es una ilusión pensar que basta con que los datos sean públicos para que reine la verdad en política, los poderes se desnuden y la ciudadanía comprenda lo que realmente pasa. Además del acceso a los datos públicos, está la cuestión de su significado. Poner en la red grandes cantidades de datos y documentos no basta para hacer más inteligible la acción pública: hay que interpretarlos, entender las condiciones en las que han sido producidos, sin olvidar que generalmente no dan cuenta más que de una parte de la realidad.
Además de límites, la transparencia puede tener efectos perversos. No son pocos los que han advertido que Internet se puede convertir en un instrumento de opacidad: al aumentar los datos suministrados a los ciudadanos, complica su trabajo de vigilancia. Es la opacidad y no la falta de transparencia lo que más empobrece las democracias. Obsesionarse con la transparencia descuidando todo lo demás equivale a equivocarse en el foco de atención.
Y a este respecto cabe mencionar un efecto insólito en virtud del cual la realidad política nos resulta ininteligible no porque nos falten datos o porque no escrutemos atentamente a nuestros representantes, sino porque lo hacemos en exceso, de una manera constante e inmediata. La vigilancia extrema sobre los actores políticos puede llevarles a sobreproteger sus acciones. Un ejemplo de ello es el hecho de que muchos políticos, sabiendo que sus menores actos y declaraciones son examinados y difundidos, tienden a encorsetar su comunicación. La democracia está hoy más empobrecida por los discursos que no dicen nada que por el ocultamiento expreso de información.
Las sociedades democráticas reclaman con toda razón un mayor y más fácil acceso a la información. Pero la abundancia de datos no garantiza vigilancia democrática; para ello hace falta, además, movilizar comunidades de intérpretes capaces de darles un contexto, un sentido y una valoración crítica. Separar lo esencial de lo anecdótico, analizar y situar en una perspectiva adecuada los datos exige mediadores que dispongan de tiempo y competencias cognitivas. Los partidos políticos son un instrumento imprescindible para reducir esa complejidad. En este trabajo de interpretación de la realidad también son inevitables los periodistas, cuyo trabajo no va a ser superfluo en la era de Internet, sino todo lo contrario. Pero estoy defendiendo la necesidad cognitiva del sistema político y de los medios de comunicación y no a sus representantes que, como todos, también son manifiestamente mejorables.
Defender hoy este trabajo de mediación equivale a renunciar al grato favor de la corriente, porque casi nadie quiere renunciar a este cauce para el despliegue de la indignación que es la posibilidad de matar al mediador. Frente a todas las promesas de paciencia interpretativa, Internet es un espacio que ofrece participación y democracia directa, expresión y decisión sin intermediarios. Todo lo cual conecta con esa desconfianza democrática hacia el experto y la consiguiente celebración del ciudadano corriente que parece inobjetable democráticamente. La libertad del amateur frente al anquilosamiento del profesional, este vendría a ser el nuevo antagonismo para el que Internet constituye un formidable campo de batalla. La presencia del aficionado, del filtrador escandalizado, es muy importante y contribuye sin duda a democratizar el proceso de creación y circulación de información. Pero en realidad hay una cadena de cooperación muchísimo más compleja entre unos y otros: solo los grandes diarios de referencia tienen las competencias necesarias para explotar esas montañas de información. Al final, terminamos necesitando mediación, profesionalidad y representación. Sin ellas el mundo es menos inteligible y más ingobernable. Juzguemos si estas instancias hacen bien lo que deben y no nos dejemos capturar por la perezosa ilusión de que su mera carencia nos hará libres.
(Artículo de Daniel Innerarity, publicado en "El País" el 22 de febrero de 2011)
MI EDUCACIÓN EUROPEA.
EUROPA se ha quedado sin moral. Las palabras de Ortega en La rebeliónde las masas se repiten, seguramente con exceso, en estos tiempos de crisis. Da pudor opinar sobre la moral ajena, aunque sea bajo la coartada de un colectivo (Europa) que tampoco sabríamos definir exactamente. Antes de hablar así, convendría hacer ciertas precisiones sobre el sentido de «moral» y preguntar por las convenciones lingüísticas de los demás. Para entendernos. Por eso es mejor rebajar la solemnidad de las palabras y decir que Europa se está quedando sin educación.
Como en otros ámbitos, Europa pierde centralidad. Me remito al último Informe PISA sobre la enseñanza en la OCDE, que muestra el auge de algunos países asiáticos y el estancamiento de España y buena parte de Europa; o a los diversos rankingsdonde las universidades americanas van dejando huecos hacia el Este en un escenario no hace tanto dominado por Europa. Y nuestra dinámica no es esperanzadora. Basta preguntar a los docentes. En España, pero también en Italia, donde se viven jornadas de protesta por el exceso de normas, la falta de medios y los recortes a las becas; o en una Inglaterra incendiada ante la subida de las tasas universitarias. Por no hablar de Grecia.
Es cierto que Europa lidia con un serio problema de inmigración y que, aunque esté lejos de darle al extranjero el trato justo que algunos reivindicamos desde un ideal cosmopolita, los grandes esfuerzos que se hacen por su integración penalizan el rendimiento medio del sistema educativo. También son ciertas nuestra crisis económica y la sensación de no poder seguir sufragando los costes sociales que hemos sabido darnos, como si la enseñanza (pública) fuera un coste más. Nada ayuda.
Sin embargo, la educación es prioritaria. Está en la base de la generación de valor y cohesión social. La mejor inversión de futuro. Y hay margen para optimizar los recursos disponibles desviando hacia la educación parte de los que se consumen en áreas de acción pública infinitamente menos rentables socialmente, sea por la atención a políticas marginales y no productivas o por el mantenimiento de estructuras administrativas ineficientes.
Sumando la inestabilidad legislativa a la falta de apoyo real al profesorado y a sus necesidades materiales para enseñar y vivir, o a la inversa, el diagnóstico tiene que ver con la dispersión de las áreas de decisión y el localismo excesivo. También con la instrumentalización del debate político sobre la enseñanza, enfocado al corto plazo de las elecciones o —aún peor— de las encuestas que guían a ciegas las acciones de gobierno. Falta el horizonte necesario —en el espacio y en el tiempo— para diseñar sistemas que maduren y den réditos a favor de otras generaciones, en un entorno competitivo donde solo progresarán quienes acierten con una política educativa de largo alcance, amplio consenso y capaz de anticipar las necesidades de una sociedad en evolución. Mejor sociedad que mercado: en materia de educación no deben actuar solo vectores económicos, sino también las convicciones colectivas profundas acerca de la clase de futuro para el que queremos prepararnos. De ahí la necesidad del consenso social.
Solo he conocido la enseñanza pública. En el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid tuve los mejores profesores imaginables. Recuerdo al buen maestro que perdió a su familia al estrellarse el seiscientos en que viajaban. Nos hizo ver de cerca a un puñado de niños las heridas injustas de la muerte y el valor ejemplar de la dignidad. Una lección dolorosa, difícil de replicar cuando se cuestiona la autoridad del profesor hasta llegar al acoso moral o físico. En los últimos años disfruté de experiencias inolvidables: el profesor Brañas, cuyos ojos entrecerrados brillaban al tratar de inyectarnos en vena el ibant obscuri sola sub nocte per umbram, de Virgilio; la profesora Toranzos, que simplificaba de tal modo el griego homérico que lo podíamos leer aquellos preadolescentes medio imberbes y medio bárbaros, a medida que nos civilizábamos; el padre Mindán Manero, embozado en una sotana que arrastraba hasta el suelo, las manos a la espalda, grandes zancadas, explicando tan razonadamente a Platón y a Nietzsche que era imposible saber con qué carta se quedaba; o Jaime Oliver Asín, sobrino del islamista Asín Palacios, que nos trataba como adultos y nos aproximó como adultos a la literatura y a un viejo corazón compartido con el mundo árabe para nombrar las ciudades o las estrellas. Un lujo.
Podría decir prácticamente lo mismo de la Universidad Complutense. Salí de sus aulas para, casi sin solución de continuidad, convertirme en profesor de derecho civil. Treinta y cinco años de docente, la mayor parte en la UNED. La única universidad que depende del Estado y que, por su extraordinaria función social en todas las comunidades de España, cubriendo los huecos que dejan otros centros universitarios, llegando a pueblos, cárceles, trabajadores e inmigrantes, merecería más reconocimiento y una mucho mayor atención presupuestaria.
Nadie me hará renegar de la enseñanza pública. Me considero un privilegiado y no dudo de que es la garantía última de calidad e igualdad, sin discriminación, en la formación de los jóvenes, aunque para competir en la sociedad global sean también imprescindibles las instituciones privadas que gradúan la oferta educativa orientándola a todos los matices de la demanda.
Hoy, encuestas aparte, vemos niveles de aprendizaje muy bajos en colegios y universidades; más bajos que antes, aunque la enseñanza se haya generalizado. Pocos conocimientos y menos herramientas para adquirirlos. Falla lo básico: el dominio del lenguaje o los lenguajes, de las matemáticas y de la historia, la disposición al sacrificio. Frente al valor del esfuerzo, el tótem del entretenimiento al que servimos entre todos, padres y profesores especialmente, como si tuviéramos la obligación de suavizar a los jóvenes las asperezas de la vida. El triunfo de lo efímero y lo superficial. Además, los sistemas se retroalimentan: quienes nos gobiernan no son reclutados por una formación sobresaliente, que tendrán dificultades para apreciar y difundir. Su experiencia profesional se suele limitar a la vida interna de los partidos políticos, donde nacen, crecen, se reproducen y mueren. Unos ecosistemas necesarios pero poco exigentes en términos de cualificación académica. No son los únicos. Hablo de Europa, pero la situación, mejor en países como Finlandia, Suecia, Holanda o Alemania, es particularmente grave en España. No solo gracias a nuestro nivel educativo por debajo de la media, la altísima tasa de paro entre los jóvenes o las carencias en política científica y formación profesional, sino por una dosis inconsciente de autocomplacencia. ¿Qué podemos esperar?
La respuesta para los habitantes de esta vieja tierra desparramada es no esperar. Reinventar el papel de Europa como forma no excluyente de civilización proyectada en la enseñanza. Aquí donde hemos alcanzado las cotas más altas de excelencia académica y bienestar social. El lugar del griego, el latín y un derecho expandido en el mundo por el imperio de la razón. El origen de la cultura cristiana y las universidades; del humanismo, la Ilustración y los conceptos que han llevado al Estado moderno y a un orden mental y social con vocación universal que hemos de seguir transformando. Quizás antes que un euro sólido nos falte mayor sentido de la responsabilidad: dejar de fiarlo todo a la maquinaria oxidada de los Estados, cuya acción debemos los ciudadanos guiar milimétricamente, y hacer cada uno más en su competencia, exigiendo, votando, instruyendo, con el empeño de consolidar un espacio común y abierto que supere los balbuceos de Bolonia y prepare una unidad cultural, económica y política más firme y mejor institucionalizada. Por un lugar digno en la sociedad internacional y que esta sea más lúcida, solidaria y justa. La Europa que me enseñaron o soñaron, tal vez, pensadores como Erasmo, Montaigne, Locke, Voltaire o Kant. El único futuro para esta piel de toro cuarteada.
(Artículo de Antonio Hernández-Gil, publicado en "ABC" el 21 de febrero de 2011)
Como en otros ámbitos, Europa pierde centralidad. Me remito al último Informe PISA sobre la enseñanza en la OCDE, que muestra el auge de algunos países asiáticos y el estancamiento de España y buena parte de Europa; o a los diversos rankingsdonde las universidades americanas van dejando huecos hacia el Este en un escenario no hace tanto dominado por Europa. Y nuestra dinámica no es esperanzadora. Basta preguntar a los docentes. En España, pero también en Italia, donde se viven jornadas de protesta por el exceso de normas, la falta de medios y los recortes a las becas; o en una Inglaterra incendiada ante la subida de las tasas universitarias. Por no hablar de Grecia.
Es cierto que Europa lidia con un serio problema de inmigración y que, aunque esté lejos de darle al extranjero el trato justo que algunos reivindicamos desde un ideal cosmopolita, los grandes esfuerzos que se hacen por su integración penalizan el rendimiento medio del sistema educativo. También son ciertas nuestra crisis económica y la sensación de no poder seguir sufragando los costes sociales que hemos sabido darnos, como si la enseñanza (pública) fuera un coste más. Nada ayuda.
Sin embargo, la educación es prioritaria. Está en la base de la generación de valor y cohesión social. La mejor inversión de futuro. Y hay margen para optimizar los recursos disponibles desviando hacia la educación parte de los que se consumen en áreas de acción pública infinitamente menos rentables socialmente, sea por la atención a políticas marginales y no productivas o por el mantenimiento de estructuras administrativas ineficientes.
Sumando la inestabilidad legislativa a la falta de apoyo real al profesorado y a sus necesidades materiales para enseñar y vivir, o a la inversa, el diagnóstico tiene que ver con la dispersión de las áreas de decisión y el localismo excesivo. También con la instrumentalización del debate político sobre la enseñanza, enfocado al corto plazo de las elecciones o —aún peor— de las encuestas que guían a ciegas las acciones de gobierno. Falta el horizonte necesario —en el espacio y en el tiempo— para diseñar sistemas que maduren y den réditos a favor de otras generaciones, en un entorno competitivo donde solo progresarán quienes acierten con una política educativa de largo alcance, amplio consenso y capaz de anticipar las necesidades de una sociedad en evolución. Mejor sociedad que mercado: en materia de educación no deben actuar solo vectores económicos, sino también las convicciones colectivas profundas acerca de la clase de futuro para el que queremos prepararnos. De ahí la necesidad del consenso social.
Solo he conocido la enseñanza pública. En el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid tuve los mejores profesores imaginables. Recuerdo al buen maestro que perdió a su familia al estrellarse el seiscientos en que viajaban. Nos hizo ver de cerca a un puñado de niños las heridas injustas de la muerte y el valor ejemplar de la dignidad. Una lección dolorosa, difícil de replicar cuando se cuestiona la autoridad del profesor hasta llegar al acoso moral o físico. En los últimos años disfruté de experiencias inolvidables: el profesor Brañas, cuyos ojos entrecerrados brillaban al tratar de inyectarnos en vena el ibant obscuri sola sub nocte per umbram, de Virgilio; la profesora Toranzos, que simplificaba de tal modo el griego homérico que lo podíamos leer aquellos preadolescentes medio imberbes y medio bárbaros, a medida que nos civilizábamos; el padre Mindán Manero, embozado en una sotana que arrastraba hasta el suelo, las manos a la espalda, grandes zancadas, explicando tan razonadamente a Platón y a Nietzsche que era imposible saber con qué carta se quedaba; o Jaime Oliver Asín, sobrino del islamista Asín Palacios, que nos trataba como adultos y nos aproximó como adultos a la literatura y a un viejo corazón compartido con el mundo árabe para nombrar las ciudades o las estrellas. Un lujo.
Podría decir prácticamente lo mismo de la Universidad Complutense. Salí de sus aulas para, casi sin solución de continuidad, convertirme en profesor de derecho civil. Treinta y cinco años de docente, la mayor parte en la UNED. La única universidad que depende del Estado y que, por su extraordinaria función social en todas las comunidades de España, cubriendo los huecos que dejan otros centros universitarios, llegando a pueblos, cárceles, trabajadores e inmigrantes, merecería más reconocimiento y una mucho mayor atención presupuestaria.
Nadie me hará renegar de la enseñanza pública. Me considero un privilegiado y no dudo de que es la garantía última de calidad e igualdad, sin discriminación, en la formación de los jóvenes, aunque para competir en la sociedad global sean también imprescindibles las instituciones privadas que gradúan la oferta educativa orientándola a todos los matices de la demanda.
Hoy, encuestas aparte, vemos niveles de aprendizaje muy bajos en colegios y universidades; más bajos que antes, aunque la enseñanza se haya generalizado. Pocos conocimientos y menos herramientas para adquirirlos. Falla lo básico: el dominio del lenguaje o los lenguajes, de las matemáticas y de la historia, la disposición al sacrificio. Frente al valor del esfuerzo, el tótem del entretenimiento al que servimos entre todos, padres y profesores especialmente, como si tuviéramos la obligación de suavizar a los jóvenes las asperezas de la vida. El triunfo de lo efímero y lo superficial. Además, los sistemas se retroalimentan: quienes nos gobiernan no son reclutados por una formación sobresaliente, que tendrán dificultades para apreciar y difundir. Su experiencia profesional se suele limitar a la vida interna de los partidos políticos, donde nacen, crecen, se reproducen y mueren. Unos ecosistemas necesarios pero poco exigentes en términos de cualificación académica. No son los únicos. Hablo de Europa, pero la situación, mejor en países como Finlandia, Suecia, Holanda o Alemania, es particularmente grave en España. No solo gracias a nuestro nivel educativo por debajo de la media, la altísima tasa de paro entre los jóvenes o las carencias en política científica y formación profesional, sino por una dosis inconsciente de autocomplacencia. ¿Qué podemos esperar?
La respuesta para los habitantes de esta vieja tierra desparramada es no esperar. Reinventar el papel de Europa como forma no excluyente de civilización proyectada en la enseñanza. Aquí donde hemos alcanzado las cotas más altas de excelencia académica y bienestar social. El lugar del griego, el latín y un derecho expandido en el mundo por el imperio de la razón. El origen de la cultura cristiana y las universidades; del humanismo, la Ilustración y los conceptos que han llevado al Estado moderno y a un orden mental y social con vocación universal que hemos de seguir transformando. Quizás antes que un euro sólido nos falte mayor sentido de la responsabilidad: dejar de fiarlo todo a la maquinaria oxidada de los Estados, cuya acción debemos los ciudadanos guiar milimétricamente, y hacer cada uno más en su competencia, exigiendo, votando, instruyendo, con el empeño de consolidar un espacio común y abierto que supere los balbuceos de Bolonia y prepare una unidad cultural, económica y política más firme y mejor institucionalizada. Por un lugar digno en la sociedad internacional y que esta sea más lúcida, solidaria y justa. La Europa que me enseñaron o soñaron, tal vez, pensadores como Erasmo, Montaigne, Locke, Voltaire o Kant. El único futuro para esta piel de toro cuarteada.
(Artículo de Antonio Hernández-Gil, publicado en "ABC" el 21 de febrero de 2011)
POR UNA FISCALÍA IMPARCIAL.
EL PP está reiterando sus quejas por el carácter progubernamental de algunas actuaciones muy cualificadas del fiscal general del Estado, no solo en asuntos de corrupción que afecten a ese partido, sino también en otros de extraordinario interés público, como lo fueron algunos sumarios contra el entramado batasuno durante la negociación política del Gobierno con ETA, y lo es, actualmente, el «caso Faisán». El hecho de que estas protestas vengan de un partido político, y al margen de que puedan incurrir en algún exceso verbal, no obsta a la gravedad de las responsabilidades que incumben al Gobierno y a Conde-Pumpido por haber transformado la Fiscalía en un arma arrojadiza contra la oposición y en una mordaza para ocultar la verdad incómoda. La escandalosa malversación de fondos públicos en los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía —ABC ofrece hoy el documento que prueba que el presidente del Gobierno andaluz avaló en su época de consejero los ERE irregulares— es el último episodio de la sujeción de la Fiscalía al interés del Gobierno. No es temerario pensar que si ese fraude hubiera sido cometido por el gobierno popular de Madrid, de Galicia o de Valencia, la reacción de la Fiscalía Anticorrupción habría consistido en una cadena de detenciones e imputaciones. El «caso Faisán» ha demostrado el oportunismo de la Fiscalía, que ha pasado de pedir el archivo del sumario a proponer diligencias con las que no sería extraño que pretenda crear un cortafuegos que proteja a los más altos cargos de Interior. Este es el Ministerio Fiscal que quería el PSOE, y para lograrlo reformó su Estatuto Orgánico, convirtiendo el principio de jerarquía en una forma de caudillaje que entrega el poder al fiscal general, después de haber convertido la Junta de Fiscales de Sala en su gabinete privado —pese a la calidad de muchos, no todos, de sus integrantes—, y el Consejo Fiscal, en un órgano decorativo.
La Justicia necesita reformas estructurales, y no solo en relación con el funcionamiento de los tribunales. El Ministerio Público se encuentra en su momento histórico de mayor descrédito y, si se produce un cambio de gobierno, su reforma ha de ser prioritaria para que la legalidad y la imparcialidad que proclama la Constitución como principios de su funcionamiento sean reglas de aplicación real, y no meras declaraciones de intenciones. La Fiscalía, compuesta por excelentes servidores públicos en su inmensa mayoría, es imprescindible para la defensa de los derechos y las libertades fundamentales y para promover la acción de la Justicia, pero no es su función servir de quinta columna del Gobierno en los tribunales.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 20 de febrero de 2011)
PARTIDOS POLÍTICOS Y ACCIÓN POPULAR.
Los partidos políticos tienen una función esencial en la formación de la voluntad colectiva, cual es su preparación, impulso y decisión. Este proceso culmina con la expresión de la voluntad ciudadana en el Parlamento, donde encuentra su cauce regular. Es por ello que se ha definido la democracia actual como Estado de partidos, un modelo en el que la relación con la sociedad civil es determinada y garantizada materialmente a través del sistema de partidos. La Constitución española adopta el modelo en su artículo 6, que establece: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el objeto de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.Sin embargo, cabe plantearse si los partidos políticos pueden, a su vez, utilizar mecanismos de participación en los asuntos públicos que el legislador constitucional quiso reservar para el ejercicio directo de los ciudadanos, fortaleciendo así cauces de participación ciudadana no dependientes de aquellos. A día de hoy, parece que la centralidad de los partidos en el diseño constitucional y político ha desembocado en algo muy distinto; a saber, su transversalidad: los partidos acaban ocupando espacios que, en principio, el constituyente ha considerado ajenos a su intervención, en paralelismo con lo que, en el derecho mercantil, se conoce como abuso de posición dominante. Un ejemplo de ello es el ejercicio de la acción popular.
Es bien cierto que el art.125 de la Constitución no parece poner límite alguno al ejercicio de la acción popular por parte de los partidos políticos. Sin embargo, dicho instrumento forma parte de un grupo de instituciones que la Constitución quiso reservar para su ejercicio ciudadano. En ese ejercicio directo de la democracia se encuentran figuras como la participación directa en asuntos públicos del art.23.1, primer inciso; el derecho de petición del art.29.1; la iniciativa popular del art. 87.3; la participación en el enjuiciamiento por medio de un jurado y, finalmente, la acción popular, según el art.125. Son, pues, espacios constitucionalmente reservados al ejercicio directo de los derechos de ciudadanía y participación en la gestión de los asuntos públicos que se configuran al margen de las instituciones representativas, como un cauce distinto de la intervención popular en los asuntos públicos. Uno de los ejemplos citados es el ejercicio de la iniciativa legislativa popular. Aunque no se diga de manera explícita, resultaría frontalmente contrario a la Constitución que un partido político presentara una iniciativa legislativa al amparo del art.87.3 y un notorio fraude de ley que hiciera pasar como iniciativa popular una iniciativa auspiciada, dirigida y difundida entre y por sus militantes. No otra cosa cabe afirmar de lo recogido en el art.125 de la Constitución: no existe una limitación expresa a su ejercicio por los partidos, pero ello se desprende sin dificultad del sistema de equilibrios y contrapesos que alumbró el legislador constituyente de 1978.
El ejercicio por los partidos políticos de la acción popular acaba fagocitando la iniciativa ciudadana y arrinconando el ejercicio por los particulares de la acción popular al convertirse en instrumento de combate de los partidos, los cuales extraen de las causas penales informaciones y argumentos que utilizar en el debate político. En definitiva, los partidos acaban teniendo presencia en los procesos con finalidades últimas extraprocesales. Dicha presencia y utilización contraviene frontalmente el diseño constitucional: si la finalidad de los partidos políticos consiste, según la Constitución, en servir de instrumento fundamental de la participación política y de formación de la voluntad popular, dichos elementos delimitan su ámbito posible de actuación y marcan las fronteras de su actuación legítima. No parece, salvo perversión del sistema y voladura de los equilibrios constitucionales, que la acción popular suponga el ejercicio de alguna de las dos misiones que la Constitución reserva a los partidos, salvo que se pretenda utilizar la acción penal como instrumento del debate político y se produzca un abuso de posición dominante por parte de los partidos.
Por otra parte, el propio Tribunal Constitucional ha advertido que, por la especial naturaleza de los partidos políticos y lo cualificado de sus funciones constitucionales, disfrutan de ciertos privilegios, pero también son acreedores de ciertas limitaciones en su actuar. En este sentido, en la Sentencia 3/1981, de 2 de febrero, el Tribunal afirmó que “conclusiones parecidas se deducen de otro argumento formulado en las alegaciones para justificar un régimen jurídico peculiar de los partidos políticos; el que estos por razón de esa cierta función pública que tienen en las modernas democracias, gozan legalmente de determinados privilegios, que ha de tener como lógica contrapartida determinadas limitaciones, no aplicables a las acciones en general”.
De acuerdo con dicha doctrina constitucional, ningún obstáculo constitucional existiría para que, en una futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, se prohibiera a los partidos políticos ser parte en el proceso penal en concepto de acción popular, precisamente, porque el ejercicio de sus funciones constitucionalmente asignadas, que conlleva ciertos privilegios, comporta, igualmente, determinadas limitaciones que no son aplicables al resto de entidades públicas y privadas.
(Artículo de Carlos Bautista, publicado en "Público" el 20 de febrero de 2011)
Es bien cierto que el art.125 de la Constitución no parece poner límite alguno al ejercicio de la acción popular por parte de los partidos políticos. Sin embargo, dicho instrumento forma parte de un grupo de instituciones que la Constitución quiso reservar para su ejercicio ciudadano. En ese ejercicio directo de la democracia se encuentran figuras como la participación directa en asuntos públicos del art.23.1, primer inciso; el derecho de petición del art.29.1; la iniciativa popular del art. 87.3; la participación en el enjuiciamiento por medio de un jurado y, finalmente, la acción popular, según el art.125. Son, pues, espacios constitucionalmente reservados al ejercicio directo de los derechos de ciudadanía y participación en la gestión de los asuntos públicos que se configuran al margen de las instituciones representativas, como un cauce distinto de la intervención popular en los asuntos públicos. Uno de los ejemplos citados es el ejercicio de la iniciativa legislativa popular. Aunque no se diga de manera explícita, resultaría frontalmente contrario a la Constitución que un partido político presentara una iniciativa legislativa al amparo del art.87.3 y un notorio fraude de ley que hiciera pasar como iniciativa popular una iniciativa auspiciada, dirigida y difundida entre y por sus militantes. No otra cosa cabe afirmar de lo recogido en el art.125 de la Constitución: no existe una limitación expresa a su ejercicio por los partidos, pero ello se desprende sin dificultad del sistema de equilibrios y contrapesos que alumbró el legislador constituyente de 1978.
El ejercicio por los partidos políticos de la acción popular acaba fagocitando la iniciativa ciudadana y arrinconando el ejercicio por los particulares de la acción popular al convertirse en instrumento de combate de los partidos, los cuales extraen de las causas penales informaciones y argumentos que utilizar en el debate político. En definitiva, los partidos acaban teniendo presencia en los procesos con finalidades últimas extraprocesales. Dicha presencia y utilización contraviene frontalmente el diseño constitucional: si la finalidad de los partidos políticos consiste, según la Constitución, en servir de instrumento fundamental de la participación política y de formación de la voluntad popular, dichos elementos delimitan su ámbito posible de actuación y marcan las fronteras de su actuación legítima. No parece, salvo perversión del sistema y voladura de los equilibrios constitucionales, que la acción popular suponga el ejercicio de alguna de las dos misiones que la Constitución reserva a los partidos, salvo que se pretenda utilizar la acción penal como instrumento del debate político y se produzca un abuso de posición dominante por parte de los partidos.
Por otra parte, el propio Tribunal Constitucional ha advertido que, por la especial naturaleza de los partidos políticos y lo cualificado de sus funciones constitucionales, disfrutan de ciertos privilegios, pero también son acreedores de ciertas limitaciones en su actuar. En este sentido, en la Sentencia 3/1981, de 2 de febrero, el Tribunal afirmó que “conclusiones parecidas se deducen de otro argumento formulado en las alegaciones para justificar un régimen jurídico peculiar de los partidos políticos; el que estos por razón de esa cierta función pública que tienen en las modernas democracias, gozan legalmente de determinados privilegios, que ha de tener como lógica contrapartida determinadas limitaciones, no aplicables a las acciones en general”.
De acuerdo con dicha doctrina constitucional, ningún obstáculo constitucional existiría para que, en una futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, se prohibiera a los partidos políticos ser parte en el proceso penal en concepto de acción popular, precisamente, porque el ejercicio de sus funciones constitucionalmente asignadas, que conlleva ciertos privilegios, comporta, igualmente, determinadas limitaciones que no son aplicables al resto de entidades públicas y privadas.
(Artículo de Carlos Bautista, publicado en "Público" el 20 de febrero de 2011)
Y DE LOS FUNCIONARIOS QUÉ.
Nos han ilustrado las crónicas con la metodología fraudulenta seguida por Matas y Fiol para contratar por más de un millón de euros el anteproyecto y las dos maquetas del proyecto de ópera. Todo ello después de una rutilante reunión en Roma, donde participaron Matas, Calatrava y… ¡cómo no!, nuestro numen benefactor, don Pedro Serra –Pedrito para Joan Fageda, que es como de la familia–, que no nos abandona ni de noche ni de día, siempre velando por nuestro bienestar, que es el suyo. Parece ser que el arquitecto de la vicepresidencia –un tipo que se la coge con papel de fumar–, dijo que él no estampaba la firma en el informe favorable a la legalidad de la contratación del empíreo valenciano si otro arquitecto del Ibisec no lo hacía. Por lo visto, estando reunidos debatiendo la legalidad de tal trámite administrativo, irrumpió en la sala el conseller de Educación –hermano del abogado de Sacresa, (Can Domenge)–, para avisar con el dedo que en ningún caso habría represalias… pero que se tenía que firmar de todas todas. Vaya si firmaron los titulados superiores.
Es un hecho evidente que muchos de los episodios de corrupción que hemos vivido no hubieran podido suceder si hubiéramos tenido una oposición que mereciera este nombre y si los funcionarios encargados en todas las instituciones de velar por la legalidad hubieran cumplido con sus obligaciones. Últimamente, con motivo de la crisis y el brutal desempleo, algunas voces han clamado por terminar con el puesto de trabajo para toda la vida de los empleados públicos. Aparte de las tareas exclusivamente administrativas, tienen los funcionarios, entre otras cosas, la condición de fedatarios públicos y de garantes de la legalidad de las decisiones de la administración. La inamovilidad del puesto de trabajo debería ser la salvaguarda por la que el funcionario no se debe a los políticos sino a las leyes. Imagínense en qué se convertiría la administración si los políticos pudieran despedir a quienes puedan contradecirles en el ejercicio de su función. Pero, claro, hay todo un arsenal de gabelas –como las que quería poner en marcha el conseller pompier Moragues– que pueden ablandar al más terco. Te quedas sin productividad, sin bufanda, sin jefatura, encerrado en un despacho practicando jiu-jitsu con las musarañas. O sea, que hay un exceso de discrecionalidades, en relación al desarrollo del trabajo y de los emolumentos, que actúan como emolientes de la tumoración de legalismos que perturban y entorpecen los sueños de nuestras dilectas autoridades. Como en otras palabras altisonantes que se reclaman de grandes principios, autonomía, ¡cuántos pecados se cometen en tu nombre! No habríamos llegado donde estamos si se hubieran mantenido las acreditaciones y los concursos a nivel de todo el Estado de los viejos cuerpos nacionales de secretarios, interventores y depositarios para la administración local y nos hubiéramos ahorrado estos directores generales no funcionarios con que han trufado la administración. Y si para formar el nuevo funcionariado de las comunidades autónomas y los parlamentos no se hubieran implementado en ocasiones los sistemas heterodoxos –por llamarlos de una manera compasiva– que se han utilizado. Hemos podido constatar el nepotismo y el clientelismo, del cual un ejemplo paradigmático es la convocatoria de los Serveis Ferroviaris de Mallorca, concursos a la medida de los enchufados, protagonizados por todas las fuerzas políticas. Nada ilustra mejor el surrealismo de la partitocracia que sufrimos, que la genial idea de nombrar dos gerentes para dirigir una empresa pública, como es SFM. Como se sabe, el más elemental principio de organización supone que cada nivel de gestión debe tener un responsable. Aquí, como los partidos de progrés no se fían el uno del otro y además tienen que colocar como sea a sus afiliados, tenemos dos. Como si en vez de una alcaldesa, tuviéramos dos, de partidos diferentes.
Lo que no acabo de comprender es que los jueces pasen por alto o minimicen esta responsabilidad de unos funcionarios que son instrumento necesario para la comisión de muchos de los delitos de corrupción. Incurren en prevaricación, como los compañeros del PP de Fernando Rubio, que también votaron la venta de can Domenge, y a quienes no se les han exigido responsabilidades. Pero son estos funcionarios que, bien por pusilanimidad, por temor a la pérdida de privilegios, o por ser ellos mismos corruptos, no están a la altura de su función. Si están al servicio de los políticos en vez de estarlo de las leyes deberían perder su condición. Son indignos de ella.
(Artículo de Ramón Aguiló, publicado en "Diario de Mallorca" el 18 de febrero de 2011)
Es un hecho evidente que muchos de los episodios de corrupción que hemos vivido no hubieran podido suceder si hubiéramos tenido una oposición que mereciera este nombre y si los funcionarios encargados en todas las instituciones de velar por la legalidad hubieran cumplido con sus obligaciones. Últimamente, con motivo de la crisis y el brutal desempleo, algunas voces han clamado por terminar con el puesto de trabajo para toda la vida de los empleados públicos. Aparte de las tareas exclusivamente administrativas, tienen los funcionarios, entre otras cosas, la condición de fedatarios públicos y de garantes de la legalidad de las decisiones de la administración. La inamovilidad del puesto de trabajo debería ser la salvaguarda por la que el funcionario no se debe a los políticos sino a las leyes. Imagínense en qué se convertiría la administración si los políticos pudieran despedir a quienes puedan contradecirles en el ejercicio de su función. Pero, claro, hay todo un arsenal de gabelas –como las que quería poner en marcha el conseller pompier Moragues– que pueden ablandar al más terco. Te quedas sin productividad, sin bufanda, sin jefatura, encerrado en un despacho practicando jiu-jitsu con las musarañas. O sea, que hay un exceso de discrecionalidades, en relación al desarrollo del trabajo y de los emolumentos, que actúan como emolientes de la tumoración de legalismos que perturban y entorpecen los sueños de nuestras dilectas autoridades. Como en otras palabras altisonantes que se reclaman de grandes principios, autonomía, ¡cuántos pecados se cometen en tu nombre! No habríamos llegado donde estamos si se hubieran mantenido las acreditaciones y los concursos a nivel de todo el Estado de los viejos cuerpos nacionales de secretarios, interventores y depositarios para la administración local y nos hubiéramos ahorrado estos directores generales no funcionarios con que han trufado la administración. Y si para formar el nuevo funcionariado de las comunidades autónomas y los parlamentos no se hubieran implementado en ocasiones los sistemas heterodoxos –por llamarlos de una manera compasiva– que se han utilizado. Hemos podido constatar el nepotismo y el clientelismo, del cual un ejemplo paradigmático es la convocatoria de los Serveis Ferroviaris de Mallorca, concursos a la medida de los enchufados, protagonizados por todas las fuerzas políticas. Nada ilustra mejor el surrealismo de la partitocracia que sufrimos, que la genial idea de nombrar dos gerentes para dirigir una empresa pública, como es SFM. Como se sabe, el más elemental principio de organización supone que cada nivel de gestión debe tener un responsable. Aquí, como los partidos de progrés no se fían el uno del otro y además tienen que colocar como sea a sus afiliados, tenemos dos. Como si en vez de una alcaldesa, tuviéramos dos, de partidos diferentes.
Lo que no acabo de comprender es que los jueces pasen por alto o minimicen esta responsabilidad de unos funcionarios que son instrumento necesario para la comisión de muchos de los delitos de corrupción. Incurren en prevaricación, como los compañeros del PP de Fernando Rubio, que también votaron la venta de can Domenge, y a quienes no se les han exigido responsabilidades. Pero son estos funcionarios que, bien por pusilanimidad, por temor a la pérdida de privilegios, o por ser ellos mismos corruptos, no están a la altura de su función. Si están al servicio de los políticos en vez de estarlo de las leyes deberían perder su condición. Son indignos de ella.
(Artículo de Ramón Aguiló, publicado en "Diario de Mallorca" el 18 de febrero de 2011)
LA AGENDA DE LA LIBERTAD.
Hay pavor en la Internacional Autoritaria. No son buenos tiempos para los autócratas. Tampoco para sus amigos y aliados occidentales. La oleada revolucionaria promete un tiempo nuevo, que exigirá una forma de gobernar y de comportarse distinta, probablemente fuera del alcance de la mayoría de los dictadores y reyezuelos que roban y oprimen a sus ciudadanos.
Los jóvenes de la plaza Tahrir, los que de verdad han doblado el espinazo a una dictadura crucial en la geopolítica de Oriente Medio, han trazado una línea que organiza el mundo político del futuro: ya no valen las derechas y las izquierdas del siglo XX. Las ansias de libertad y prosperidad de esta nueva generación global y tecnológica dejan a un lado, y bajo un mismo estigma, a Fidel Castro y al coronel Gaddafi, a los reyezuelos de la Península Arábiga y al último dictador europeo, Aleksander Lukashenko; y, naturalmente, a los más eficaces y autoritarios de todos, quizás no lo más corruptos personalmente, como son los mandarines chinos.
Ahora hay que decidirse, para que todos sepamos quien queda de un lado y del otro de la línea y cómo debe tratarse desde la parte de acá a los de la parte de allá. Lo primero, pues, es saber si queremos estar al lado de los tunecinos y los egipcios, si les apoyamos en la construcción de la democracia y la prosperidad o preferimos seguir enredando.Washington ya ha dicho que sí, rotundamente, mientras que Bruselas no se sabe muy bien si ha dicho algo y qué ha dicho. Si atendemos a la gesticulación italiana con la inmigración estamos diciendo que no y que nos gustaba más el mundo anterior, con las poblaciones bajo el control de los dictadores. Si nos fijamos en Francia, basta con ver la cara que le está quedando a su ministra de Exteriores, Michèle Alliot-Marie, para ver que nos gustaban más los tiranos, con quienes tan buenas relaciones mantienen ciertas élites europeas, francesas sobre todo.
Esa nueva división del mundo entre autoritarios y liberales es tan sencilla de enunciar como difícil de definir y organizar. Después de un mes de vacilaciones, peleas domésticas y lluvia de críticas, la Casa Blanca y el departamento de Estado han empezado a ponerse a la tarea. Hay talentos del pesimismo que no cesan en su imprecación contra Barack Obama. Lo último que podía admitir el pensamiento más conservador es que Mubarak cayera o que vencieran los héroes de Tahrir y que no fuera por el impulso directo de una orden salida de Washington. El ensanchamiento de la libertad en el mundo se concibe como una reducción del poder y la fuerza de Estados Unidos. Curiosa forma de contemplar a un país que tiene sus orígenes en una revolución asentada sobre la idea de la libertad del ciudadano. De modo que EE UU ha hecho lo único que no les gusta estos apóstoles de la estabilidad: acompañar al movimiento y empezar a cambiar de posición en su actitud ante las dictaduras en el mundo.
Una nueva agenda de la libertad está ahora en el taller de las ideas para responder al desafío y poner al día a la política exterior de Washington. A diferencia de la anterior, la de George Bush, que también quería extender la democracia por el planeta, la de Obama no será militar, sino pacífica. No hay que cambiar regímenes a punta de pistola, sino exigirles que respondan pacíficamente a quienes se manifiestan pacíficamente; demandarles el reconocimiento de las libertades de expresión y de reunión; apoyar moralmente a los ciudadanos que se movilizan; y estimular a los regímenes para que respondan a las exigencias de cambio. Estas son unas primeras ideas esbozadas por el presidente, en su rueda de prensa del martes, en la que se declaró “en el lado correcto de la historia” y recordó que “la democracia es un lío, porque no tienes que negociar con una persona sino con un amplio abanico de puntos de vista”.
Hillary Clinton, la secretaria de Estado, el mismo día, amplió estas ideas con una notable intervención acerca del mundo digital. Es la tecnología la que amplia el espacio público compartido del siglo XXI. Los estados democráticos deben comprometerse para que el ágora global sea abierta y los ciudadanos cuenten con libertad de conectar. En el trato con las dictaduras, habrá que situar también en primer plan esta exigencia, que no afecta a un sector industrial, el de Internet y las telecoms, sino al futuro de la libertad en el mundo. La reacción de Washington ante Wikileaks no es el mejor modelo para esta nueva agenda, pero sí lo es el esfuerzo por atrapar la ola revolucionaria.
Como la revolución misma, el giro no ha hecho más que empezar y la nueva agenda, menos realista, más idealista, es apenas un esbozo que veremos crecer en los próximos meses.
(Artículo de Lluís Bassets, publicado en "El País" el 17 de febrero de 2011)
MAGNÍFICO.
A Lorenzo de Médicis lo llamaron magnífico porque unió a su condición de estadista la de poeta, filósofo y mecenas de las artes. Por las mismas razones llamaron magnífico al sultán otomano Solimán, que fue también un poeta notable y fomentó el desarrollo de las ciencias y las artes. En España, ser magnífico sale más barato, basta con ser rector universitario. Sin embargo, el cargo no hace la virtud, solo la presupone. Desde Aristóteles es magnífico quien es capaz de hacer grandes cosas, y pocas cosas son tan grandes como el conocimiento, que nos rescata de nuestra humilde condición natural y nos eleva a la de seres civilizados. Magnífico fue por ello el mecenas Archer Milton Huntington, que, entre otras muchas hazañas del espíritu, fundó en Broadway la Hispanic Society of America para difundir en Nueva York la cultura española que tanto amaba. En segundas nupcias se casó con la escultora Anna Hyatt, cuyas estatuas y monumentos figurativos recuerdan su nombre en plazas y jardines no solo estadounidenses, sino de otras ciudades del mundo, como Blois o Sevilla. A Anne Hyatt Huntington le gustaban los monumentos ecuestres; uno de ellos, Los portadores de la antorcha, se lo donó a la Ciudad Universitaria de Madrid, y desde el día de San Isidro de 1955 esa alegoría en aluminio de la transmisión del saber a través de las generaciones no solo da esplendor a la plaza de Ramón y Cajal, sino que se ha convertido en emblema de un campus que fue un caso único en el mundo por su concepción unitaria y su diseño específico, pues, además de reunir todas las disciplinas del conocimiento, sus aularios, bibliotecas y laboratorios se integraban entre arboretos y jardines, junto a campos de deporte y fuentes. El locus amoenus, la Universidad-jardín, proyectada en 1928 por Modesto López-Otero en la finca de Moncloa, aspiraba a sosegar el alma y volverla receptiva al hacer, al saber y al hacer saber. La Ciudad Universitaria de Madrid fue motivo de orgullo. Ahora es algo dolorosamente parecido a un basurero (véase el reportaje de ABC del pasado 9 y 10 de febrero).
El monumento de Anne Hyatt Huntington lleva años afeado por las pintadas. En el año 2003, con motivo de las elecciones al Rectorado, todos los candidatos posaron junto al conjunto escultórico, que estaba entonces impoluto. En esa foto también estaba el actual rector, que ahora se va dejando un recinto deteriorado por la suciedad y el abandono. Del mismo modo que la sangre se ve mucho más sobre unos guantes blancos, la suciedad es más patente cuando afecta a ciertos ámbitos que la sociedad inviste de sacralidad: un jardín, un museo, un templo, un campus universitario. Es cierto que la limpieza o el decoro no pertenecen al catálogo de las grandes virtudes, sino de las buenas maneras, pero estas son muy importantes porque preceden a las buenas acciones y conducen a ellas. La limpieza es un signo y un indicio de una gestión plausible, y, sensu contrario, la mugre lo es de la incuria y el descalabro.
En Las Ciudades Invisibles, Italo Calvino refiere una ciudad cuyos habitantes están perpetuamente afanados en erigir andamios, revocar fachadas, levantar cubos y bajar plomadas. Cuando les preguntan por qué la construcción de la ciudad se hace tan larga, responden: «Para que no empiece la destrucción». Interrogados sobre si temen que apenas quitados los andamios la ciudad empiece a resquebrajarse y hacerse pedazos, dicen en voz baja: «No solo la ciudad». Lo que Calvino insinúa es que se empieza por consentir la incuria y se acaba por instaurar la decadencia, la ruina y la barbarie, que es lo contrario de la civilización. La suciedad de la Ciudad Universitaria es un signo de la situación de la Universidad Complutense, que roza la catástrofe económica, la irrelevancia institucional y el abatimiento de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios.
Los responsables de este deterioro buscan excusas en la insuficiencia de recursos, pero un reciente informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid atribuye sus enormes deudas a una gestión irregular, irresponsable y opaca. Es saludable que la sociedad invierta en sus universidades, pero la sociedad necesita intervenir en ellas: auditarlas, criticarlas, convalidarlas y vigilar el eventual derroche o la malversación. Por eso no rige en el ámbito universitario el lema que Rabelais colocó en el frontispicio de la abadía de Telema: «Haz lo que quieras». Ni el rector ni el gerente pueden hacer lo que quieran, sino lo conveniente. Los académicos hacemos bien en defender la autonomía de la Universidad, pero autonomía sin responsabilidad no es autonomía, es irresponsabilidad. También lo es ignorar el principio de realidad y confiar a un recetario ideológico la solución de los problemas. Ni la experiencia ni el sentido común autorizan a creer que se pueda mejorar el mundo gobernándolo con supersticiones. Quizá no sea un crimen, pero es un error no pequeño y de consecuencias terribles, como no deja de recordarnos la actualidad desde el caso Lysenko en la Unión Soviética, que ha llenado tantas páginas en la historia universal de la estupidez. Contrariamente a la fidelidad a un amigo, que es una virtud, la pueril fidelidad a una ideología sigue siendo el prólogo de algunos desastres.
El monumento de Anne Hyatt Huntington pide a gritos que le laven la cara, y para la comunidad universitaria sería magnífico disfrutar de un campus limpio donde se puedan mantener los ojos y las fosas nasales bien abiertos sin que ni la fealdad ni los hedores nos abatan en la melancolía. Para que un rector merezca el tratamiento de magnífico debería mostrar con hechos que lo es, y no con las palabras intransitivas de los ensueños ideológicos. Por los recursos que la sociedad le ha dado, por su tamaño, por su historia y porque es un valor estratégico del Estado, la Complutense debería tener tanto prestigio como Harvard, Nihon, Humboldt, Sorbona o Cambridge, cuya excelencia no solo pregonan los «rankings», sino que se preanuncia en el magnífico esplendor de sus campus tan limpios.
(Artículo de José Iturmendi, publicado en "ABC" el 16 de febrero de 2011)
El monumento de Anne Hyatt Huntington lleva años afeado por las pintadas. En el año 2003, con motivo de las elecciones al Rectorado, todos los candidatos posaron junto al conjunto escultórico, que estaba entonces impoluto. En esa foto también estaba el actual rector, que ahora se va dejando un recinto deteriorado por la suciedad y el abandono. Del mismo modo que la sangre se ve mucho más sobre unos guantes blancos, la suciedad es más patente cuando afecta a ciertos ámbitos que la sociedad inviste de sacralidad: un jardín, un museo, un templo, un campus universitario. Es cierto que la limpieza o el decoro no pertenecen al catálogo de las grandes virtudes, sino de las buenas maneras, pero estas son muy importantes porque preceden a las buenas acciones y conducen a ellas. La limpieza es un signo y un indicio de una gestión plausible, y, sensu contrario, la mugre lo es de la incuria y el descalabro.
En Las Ciudades Invisibles, Italo Calvino refiere una ciudad cuyos habitantes están perpetuamente afanados en erigir andamios, revocar fachadas, levantar cubos y bajar plomadas. Cuando les preguntan por qué la construcción de la ciudad se hace tan larga, responden: «Para que no empiece la destrucción». Interrogados sobre si temen que apenas quitados los andamios la ciudad empiece a resquebrajarse y hacerse pedazos, dicen en voz baja: «No solo la ciudad». Lo que Calvino insinúa es que se empieza por consentir la incuria y se acaba por instaurar la decadencia, la ruina y la barbarie, que es lo contrario de la civilización. La suciedad de la Ciudad Universitaria es un signo de la situación de la Universidad Complutense, que roza la catástrofe económica, la irrelevancia institucional y el abatimiento de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios.
Los responsables de este deterioro buscan excusas en la insuficiencia de recursos, pero un reciente informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid atribuye sus enormes deudas a una gestión irregular, irresponsable y opaca. Es saludable que la sociedad invierta en sus universidades, pero la sociedad necesita intervenir en ellas: auditarlas, criticarlas, convalidarlas y vigilar el eventual derroche o la malversación. Por eso no rige en el ámbito universitario el lema que Rabelais colocó en el frontispicio de la abadía de Telema: «Haz lo que quieras». Ni el rector ni el gerente pueden hacer lo que quieran, sino lo conveniente. Los académicos hacemos bien en defender la autonomía de la Universidad, pero autonomía sin responsabilidad no es autonomía, es irresponsabilidad. También lo es ignorar el principio de realidad y confiar a un recetario ideológico la solución de los problemas. Ni la experiencia ni el sentido común autorizan a creer que se pueda mejorar el mundo gobernándolo con supersticiones. Quizá no sea un crimen, pero es un error no pequeño y de consecuencias terribles, como no deja de recordarnos la actualidad desde el caso Lysenko en la Unión Soviética, que ha llenado tantas páginas en la historia universal de la estupidez. Contrariamente a la fidelidad a un amigo, que es una virtud, la pueril fidelidad a una ideología sigue siendo el prólogo de algunos desastres.
El monumento de Anne Hyatt Huntington pide a gritos que le laven la cara, y para la comunidad universitaria sería magnífico disfrutar de un campus limpio donde se puedan mantener los ojos y las fosas nasales bien abiertos sin que ni la fealdad ni los hedores nos abatan en la melancolía. Para que un rector merezca el tratamiento de magnífico debería mostrar con hechos que lo es, y no con las palabras intransitivas de los ensueños ideológicos. Por los recursos que la sociedad le ha dado, por su tamaño, por su historia y porque es un valor estratégico del Estado, la Complutense debería tener tanto prestigio como Harvard, Nihon, Humboldt, Sorbona o Cambridge, cuya excelencia no solo pregonan los «rankings», sino que se preanuncia en el magnífico esplendor de sus campus tan limpios.
(Artículo de José Iturmendi, publicado en "ABC" el 16 de febrero de 2011)
EL CÁNCER DE LA CORRUPCIÓN.
Con frecuencia, podría decirse que con demasiada frecuencia, asoman a los titulares de los diarios noticias de corrupción como consecuencia de la apertura de las diligencias correspondientes de sumarios de carácter penal. Más que esas actuaciones puntuales, abordables por los mecanismos de un Estado de derecho, lo que preocupa es el clima que ayudan a generar en la sociedad. Quizá sean la punta del iceberg de conductas que no alcanzan el nivel penal. En los movimientos contra gobernantes de Túnez y Egipto, junto a la ausencia de libertades figura el rechazo de la corrupción. Pero esta es posible también en regímenes democráticos. Conviene que se trate de hechos aislados, porque la corrupción es letal para la democracia en cuanto socava la confianza de los ciudadanos en sus representantes.
El diccionario de la lengua define la corrupción como acción y efecto de corromper, como sobornar o cohechar, vicio referido a costumbres, sinónimo de depravación o perversión. En la vida pública se refiere a que en la necesaria confrontación de intereses públicos y privados se hace prevalecer estos sobre aquellos. Es una cuestión que afecta a quienes tienen cargos de representación pública y a los funcionarios.
Las fórmulas de corrupción son de diferente nivel y ofrecen variadas motivaciones. Puede tratarse de la búsqueda de un beneficio personal de carácter económico o beneficio ajeno por diferentes motivos, o tratarse de amistad sin excluir beneficiar al partido político. Juegan en ello el tráfico de influencias, la procura de informaciones privilegiadas, haya o no una contraprestación. Se rompen las reglas del juego. Existen zonas de penumbra, adjudicaciones de contratos, recalificaciones de suelo, que no se clarean siempre con acción de la justicia y dejan en la sociedad como impresión desconcertante la idea de que algo turbio existe.
La corrupción precisa de un clima apropiado en el que valores de carácter ético son menospreciados. Existe una intercomunicación entre las esferas pública y privada. Los comportamientos en la función pública en un país desarrollado están influidos por lo que sucede en el sector privado, donde los fenómenos de corrupción no son certificables con la misma claridad. Un mal ejemplo han sido en esta crisis las altas remuneraciones de ejecutivos de entidades financieras que han contribuido a aquella. El cargo político trata de aprovechar su oportunidad. El «todos lo hacen» es una tentación y una excusa para utilizar el poder desviadamente.
Llegue o no al nivel penal, la corrupción es una disfunción de carácter ético. Es en este terreno, con finalidad preventiva, donde debe plantearse la lucha. El cargo o la función no son un botín que haya que aprovechar, sino un servicio. Se trata de responder a una ética profesional que sea positivamente valorada por la sociedad. Se asegura así que no se traspasen las fronteras de lo lícito. El ciudadano tiene derecho y exige que la mujer del César no solo sea honesta, sino que lo parezca.
(Artículo de José Luis Meilán Gil, publicado en "La Voz de Galicia" el 14 de febrero de 2011)
El diccionario de la lengua define la corrupción como acción y efecto de corromper, como sobornar o cohechar, vicio referido a costumbres, sinónimo de depravación o perversión. En la vida pública se refiere a que en la necesaria confrontación de intereses públicos y privados se hace prevalecer estos sobre aquellos. Es una cuestión que afecta a quienes tienen cargos de representación pública y a los funcionarios.
Las fórmulas de corrupción son de diferente nivel y ofrecen variadas motivaciones. Puede tratarse de la búsqueda de un beneficio personal de carácter económico o beneficio ajeno por diferentes motivos, o tratarse de amistad sin excluir beneficiar al partido político. Juegan en ello el tráfico de influencias, la procura de informaciones privilegiadas, haya o no una contraprestación. Se rompen las reglas del juego. Existen zonas de penumbra, adjudicaciones de contratos, recalificaciones de suelo, que no se clarean siempre con acción de la justicia y dejan en la sociedad como impresión desconcertante la idea de que algo turbio existe.
La corrupción precisa de un clima apropiado en el que valores de carácter ético son menospreciados. Existe una intercomunicación entre las esferas pública y privada. Los comportamientos en la función pública en un país desarrollado están influidos por lo que sucede en el sector privado, donde los fenómenos de corrupción no son certificables con la misma claridad. Un mal ejemplo han sido en esta crisis las altas remuneraciones de ejecutivos de entidades financieras que han contribuido a aquella. El cargo político trata de aprovechar su oportunidad. El «todos lo hacen» es una tentación y una excusa para utilizar el poder desviadamente.
Llegue o no al nivel penal, la corrupción es una disfunción de carácter ético. Es en este terreno, con finalidad preventiva, donde debe plantearse la lucha. El cargo o la función no son un botín que haya que aprovechar, sino un servicio. Se trata de responder a una ética profesional que sea positivamente valorada por la sociedad. Se asegura así que no se traspasen las fronteras de lo lícito. El ciudadano tiene derecho y exige que la mujer del César no solo sea honesta, sino que lo parezca.
(Artículo de José Luis Meilán Gil, publicado en "La Voz de Galicia" el 14 de febrero de 2011)
RESPONDER NO ES HUMILLARSE.
Mientras nos quejamos del mal gobierno y nos refocilamos con las revoluciones de los pobres, nosotros nos hemos instalado en el desprecio y el hacer ver que no vemos. La crisis ha generado contravalores insolidarios. Y la exaltación de la tecnología los ha convertido en normas de obligado cumplimiento.
En tiempos de crisis lo importante no es el dinero, sino la esperanza. La esperanza es aquello que esperan los que hace tiempo que la han perdido. Y la confianza es aquel sentimiento que ejerce de motor de los que todavía no han tenido nada. Cuando la confianza se traiciona se cae en la desesperanza. Y eso lleva a los jóvenes y no tan jóvenes a un pozo del que es muy difícil salir.
No es frecuente que en los tiempos que corren se publiquen grandes ofertas de trabajo. Pero a veces ese fenómeno sucede y entonces todos los años de másteres y de idiomas y de trabajos mal pagados se escriben en extensos currículos que van a justificar el trabajo de los departamentos de recursos humanos. De forma incomprensible la confianza renace. Al redactar los méritos, el aspirante al puesto de trabajo se siente la persona más capacitada para desempeñarlo. Ante el supuesto de ser llamado a una entrevista personal, se dispone a vestirse para la ocasión. Todo está a punto para dar el salto a la vida y a la independencia.
Pero pasa el tiempo y nadie responde. El buzón es una cajita yerma y la pantalla del correo electrónico se ha quedado muda. Alguien ha decidido que el esfuerzo personal no vale nada y que la ilusión por trabajar es una mera sensiblería que no merece que la gran corporación dedique sus esfuerzos a una simple respuesta. Desde los altos puestos de dirección no hay lugar para los candidatos noveles. Se les exige experiencia y al mismo tiempo se les niega la posibilidad de adquirirla. Dentro de unos años, cuando la gerontocracia de las empresas haya llevado a la desesperación a sus jóvenes, ya no quedará nadie para considerar que una respuesta no es en ningún caso una humillación del poder, sino una mera forma de civilidad entre iguales.
(Artículo de Joan Barril, publicado en "El Periódico de Catalunya" el 14 de febrero de 2011)
En tiempos de crisis lo importante no es el dinero, sino la esperanza. La esperanza es aquello que esperan los que hace tiempo que la han perdido. Y la confianza es aquel sentimiento que ejerce de motor de los que todavía no han tenido nada. Cuando la confianza se traiciona se cae en la desesperanza. Y eso lleva a los jóvenes y no tan jóvenes a un pozo del que es muy difícil salir.
No es frecuente que en los tiempos que corren se publiquen grandes ofertas de trabajo. Pero a veces ese fenómeno sucede y entonces todos los años de másteres y de idiomas y de trabajos mal pagados se escriben en extensos currículos que van a justificar el trabajo de los departamentos de recursos humanos. De forma incomprensible la confianza renace. Al redactar los méritos, el aspirante al puesto de trabajo se siente la persona más capacitada para desempeñarlo. Ante el supuesto de ser llamado a una entrevista personal, se dispone a vestirse para la ocasión. Todo está a punto para dar el salto a la vida y a la independencia.
Pero pasa el tiempo y nadie responde. El buzón es una cajita yerma y la pantalla del correo electrónico se ha quedado muda. Alguien ha decidido que el esfuerzo personal no vale nada y que la ilusión por trabajar es una mera sensiblería que no merece que la gran corporación dedique sus esfuerzos a una simple respuesta. Desde los altos puestos de dirección no hay lugar para los candidatos noveles. Se les exige experiencia y al mismo tiempo se les niega la posibilidad de adquirirla. Dentro de unos años, cuando la gerontocracia de las empresas haya llevado a la desesperación a sus jóvenes, ya no quedará nadie para considerar que una respuesta no es en ningún caso una humillación del poder, sino una mera forma de civilidad entre iguales.
(Artículo de Joan Barril, publicado en "El Periódico de Catalunya" el 14 de febrero de 2011)
LA LIBERTAD Y LOS ÁRABES.
El movimiento popular que ha sacudido a países como Túnez, Egipto, Yemen y cuyas réplicas han llegado hasta Argelia, Marruecos y Jordania es el más rotundo desmentido a quienes, como Thomas Carlyle, creen que "la historia del mundo es la biografía de los grandes hombres". Ningún caudillo, grupo o partido político puede atribuirse ese sísmico levantamiento social que ha decapitado ya la satrapía tunecina de Ben Ali y la egipcia de Hosni Mubarak, tiene al borde del desplome a la yemenita de Ali Abdalá Saleh y provoca escalofríos en los gobiernos de los países donde la onda convulsiva ha llegado más débilmente como en Siria, Jordania, Argelia, Marruecos y Arabia Saudí.
Es obvio que nadie podía prever lo que ha ocurrido en las sociedades autoritarias árabes y que el mundo entero y, en especial, los analistas, la prensa, las cancillerías y think tanks políticos occidentales se han visto tan sorprendidos por la explosión socio-política árabe como lo estuvieron con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética y sus satélites. No es arbitrario acercar ambos acontecimientos: los dos tienen una trascendencia semejante para las respectivas regiones y lanzan precipitaciones y secuelas políticas para el resto del mundo. ¿Qué mejor prueba que la historia no está escrita y que ella puede tomar de pronto direcciones imprevistas que escapan a todas las teorías que pretenden sujetarla dentro de cauces lógicos?
Dicho esto, no es imposible discernir alguna racionalidad en ese contagioso movimiento de protesta que se inicia, como en una historia fantástica, con la inmolación por el fuego de un pobre y desesperado tunecino de provincia llamado Mohamed Bouazizi y con la rapidez del fuego se extiende por todo el Oriente Próximo. Los países donde ello ha ocurrido padecían dictaduras de decenas de años, corruptas hasta el tuétano, cuyos gobernantes, parientes cercanos y clientelas oligárquicas habían acumulado inmensas fortunas, bien seguras en el extranjero, mientras la pobreza y el desempleo, así como la falta de educación y salud, mantenían a enormes sectores de la población en niveles de mera subsistencia y a veces en la hambruna. La corrupción generalizada y un sistema de favoritismo y privilegio cerraban a la mayoría de la población todos los canales de ascenso económico y social.
Ahora bien, este estado de cosas, que ha sido el de innumerables países a lo largo de la historia, jamás hubiera provocado el alzamiento sin un hecho determinante de los tiempos modernos: la globalización. La revolución de la información ha ido agujereando por doquier los rígidos sistemas de censura que las satrapías árabes habían instalado a fin de tener a los pueblos que explotaban y saqueaban en la ignorancia y el oscurantismo tradicionales. Pero ahora es muy difícil, casi imposible, para un gobierno someter a la sociedad entera a las tinieblas mediáticas a fin de manipularla y engañarla como antaño. La telefonía móvil, el internet, los blogs, el Facebook, el Twitter, las cadenas internacionales de televisión y demás resortes de la tecnología audiovisual han llevado a todos los rincones del mundo la realidad de nuestro tiempo y forzado unas comparaciones que, por supuesto, han mostrado a las masas árabes el anacronismo y barbarie de los regímenes que padecían y la distancia que los separa de los países modernos. Y esos mismos instrumentos de la nueva tecnología han permitido que los manifestantes coordinaran acciones y pudieran introducir cierto orden en lo que en un primer momento pudo parecer una caótica explosión de descontento anárquico. No ha sido así. Uno de los rasgos más sorprendentes de la rebeldía árabe han sido los esfuerzos de los manifestantes por atajar el vandalismo y salir al frente, como en Egipto, de los matones enviados por el régimen a cometer tropelías para desprestigiar el alzamiento e intimidar a la prensa.
La lentitud (para no decir la cobardía) con que los países occidentales -sobre todo los de Europa- han reaccionado, vacilando primero ante lo que ocurría y luego con vacuas declaraciones de buenas intenciones a favor de una solución negociada del conflicto, en vez de apoyar a los rebeldes, tiene que haber causado terrible decepción a los millones de manifestantes que se lanzaron a las calles en los países árabes pidiendo "libertad" y "democracia" y descubrieron que los países libres los miraban con recelo y a veces pánico. Y comprobar, entre otras cosas, que los partidos políticos de Mubarak y Ben Ali ¡eran miembros activos de la Internacional Socialista! Vaya manera de promocionar la social democracia y los derechos humanos en el Oriente Próximo.
La equivocación garrafal de Occidente ha sido ver en el movimiento emancipador de los árabes un caballo de Troya gracias al cual el integrismo islámico podía apoderarse de toda la región y el modelo iraní -una satrapía de fanáticos religiosos- se extendería por todo el Oriente Próximo. La verdad es que el estallido popular no estuvo dirigido por los integristas y que, hasta ahora al menos, éstos no lideran el movimiento emancipador ni pretenden hacerlo. Ellos parecen mucho más conscientes que las cancillerías occidentales de que lo que moviliza a los jóvenes de ambos sexos tunecinos, egipcios, yemenitas y los demás no son la sharia y el deseo de que unos clérigos fanáticos vengan a reemplazar a los dictadorzuelos cleptómanos de los que quieren sacudirse. Habría que ser ciegos o muy prejuiciados para no advertir que el motor secreto de este movimiento es un instinto de libertad y de modernización.
Desde luego que no sabemos aún la deriva que tomará esta rebelión y, por supuesto, no se puede descartar que, en la confusión que todavía prevalece, el integrismo o el Ejército traten de sacar partido. Pero, lo que sí sabemos es que, en su origen y primer desarrollo, este movimiento ha sido civil, no religioso, y claramente inspirado en ideales democráticos de libertad política, libertad de prensa, elecciones libres, lucha contra la corrupción, justicia social, oportunidades para trabajar y mejorar. El Occidente liberal y democrático debería celebrar este hecho como una extraordinaria confirmación de la vigencia universal de los valores que representa la cultura de la libertad y volcar todo su apoyo hacia los pueblos árabes en este momento de su lucha contra los tiranos. No sólo sería un acto de justicia sino también una manera de asegurar la amistad y la colaboración con un futuro Oriente Próximo libre y democrático.
Porque ésta es ahora una posibilidad real. Hasta antes de esta rebelión popular a muchos nos parecía difícil. Lo ocurrido en Irán, y, en cierta forma, en Irak, justificaba cierto pesimismo respecto a la opción democrática en el mundo árabe. Pero lo ocurrido estas últimas semanas debería haber barrido esas reticencias y temores, inspirados en prejuicios culturales y racistas. La libertad no es un valor que sólo los países cultos y evolucionados aprecian en todo lo que significa. Masas desinformadas, discriminadas y explotadas pueden también, por caminos tortuosos a menudo, descubrir que la libertad no es un ente retórico desprovisto de sustancia, sino una llave maestra muy concreta para salir del horror, un instrumento para construir una sociedad donde hombres y mujeres puedan vivir sin miedo, dentro de la legalidad y con oportunidades de progreso. Ha ocurrido en el Asia, en América Latina, en los países que vivieron sometidos a la férula de la Unión Soviética. Y ahora -por fin- está empezando a ocurrir también en los países árabes con una fuerza y heroísmo extraordinarios. Nuestra obligación es mostrarles nuestra solidaridad activa, porque la transformación de Oriente Próximo en una tierra de libertad no sólo beneficiará a millones de árabes sino al mundo entero en general (incluido, por supuesto, Israel, aunque el Gobierno extremista de Netanyahu sea incapaz de entenderlo).
(Artículo de Mario Vargas Llosa, publicado en "El País" el 13 de diciembre de 2011)
Es obvio que nadie podía prever lo que ha ocurrido en las sociedades autoritarias árabes y que el mundo entero y, en especial, los analistas, la prensa, las cancillerías y think tanks políticos occidentales se han visto tan sorprendidos por la explosión socio-política árabe como lo estuvieron con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética y sus satélites. No es arbitrario acercar ambos acontecimientos: los dos tienen una trascendencia semejante para las respectivas regiones y lanzan precipitaciones y secuelas políticas para el resto del mundo. ¿Qué mejor prueba que la historia no está escrita y que ella puede tomar de pronto direcciones imprevistas que escapan a todas las teorías que pretenden sujetarla dentro de cauces lógicos?
Dicho esto, no es imposible discernir alguna racionalidad en ese contagioso movimiento de protesta que se inicia, como en una historia fantástica, con la inmolación por el fuego de un pobre y desesperado tunecino de provincia llamado Mohamed Bouazizi y con la rapidez del fuego se extiende por todo el Oriente Próximo. Los países donde ello ha ocurrido padecían dictaduras de decenas de años, corruptas hasta el tuétano, cuyos gobernantes, parientes cercanos y clientelas oligárquicas habían acumulado inmensas fortunas, bien seguras en el extranjero, mientras la pobreza y el desempleo, así como la falta de educación y salud, mantenían a enormes sectores de la población en niveles de mera subsistencia y a veces en la hambruna. La corrupción generalizada y un sistema de favoritismo y privilegio cerraban a la mayoría de la población todos los canales de ascenso económico y social.
Ahora bien, este estado de cosas, que ha sido el de innumerables países a lo largo de la historia, jamás hubiera provocado el alzamiento sin un hecho determinante de los tiempos modernos: la globalización. La revolución de la información ha ido agujereando por doquier los rígidos sistemas de censura que las satrapías árabes habían instalado a fin de tener a los pueblos que explotaban y saqueaban en la ignorancia y el oscurantismo tradicionales. Pero ahora es muy difícil, casi imposible, para un gobierno someter a la sociedad entera a las tinieblas mediáticas a fin de manipularla y engañarla como antaño. La telefonía móvil, el internet, los blogs, el Facebook, el Twitter, las cadenas internacionales de televisión y demás resortes de la tecnología audiovisual han llevado a todos los rincones del mundo la realidad de nuestro tiempo y forzado unas comparaciones que, por supuesto, han mostrado a las masas árabes el anacronismo y barbarie de los regímenes que padecían y la distancia que los separa de los países modernos. Y esos mismos instrumentos de la nueva tecnología han permitido que los manifestantes coordinaran acciones y pudieran introducir cierto orden en lo que en un primer momento pudo parecer una caótica explosión de descontento anárquico. No ha sido así. Uno de los rasgos más sorprendentes de la rebeldía árabe han sido los esfuerzos de los manifestantes por atajar el vandalismo y salir al frente, como en Egipto, de los matones enviados por el régimen a cometer tropelías para desprestigiar el alzamiento e intimidar a la prensa.
La lentitud (para no decir la cobardía) con que los países occidentales -sobre todo los de Europa- han reaccionado, vacilando primero ante lo que ocurría y luego con vacuas declaraciones de buenas intenciones a favor de una solución negociada del conflicto, en vez de apoyar a los rebeldes, tiene que haber causado terrible decepción a los millones de manifestantes que se lanzaron a las calles en los países árabes pidiendo "libertad" y "democracia" y descubrieron que los países libres los miraban con recelo y a veces pánico. Y comprobar, entre otras cosas, que los partidos políticos de Mubarak y Ben Ali ¡eran miembros activos de la Internacional Socialista! Vaya manera de promocionar la social democracia y los derechos humanos en el Oriente Próximo.
La equivocación garrafal de Occidente ha sido ver en el movimiento emancipador de los árabes un caballo de Troya gracias al cual el integrismo islámico podía apoderarse de toda la región y el modelo iraní -una satrapía de fanáticos religiosos- se extendería por todo el Oriente Próximo. La verdad es que el estallido popular no estuvo dirigido por los integristas y que, hasta ahora al menos, éstos no lideran el movimiento emancipador ni pretenden hacerlo. Ellos parecen mucho más conscientes que las cancillerías occidentales de que lo que moviliza a los jóvenes de ambos sexos tunecinos, egipcios, yemenitas y los demás no son la sharia y el deseo de que unos clérigos fanáticos vengan a reemplazar a los dictadorzuelos cleptómanos de los que quieren sacudirse. Habría que ser ciegos o muy prejuiciados para no advertir que el motor secreto de este movimiento es un instinto de libertad y de modernización.
Desde luego que no sabemos aún la deriva que tomará esta rebelión y, por supuesto, no se puede descartar que, en la confusión que todavía prevalece, el integrismo o el Ejército traten de sacar partido. Pero, lo que sí sabemos es que, en su origen y primer desarrollo, este movimiento ha sido civil, no religioso, y claramente inspirado en ideales democráticos de libertad política, libertad de prensa, elecciones libres, lucha contra la corrupción, justicia social, oportunidades para trabajar y mejorar. El Occidente liberal y democrático debería celebrar este hecho como una extraordinaria confirmación de la vigencia universal de los valores que representa la cultura de la libertad y volcar todo su apoyo hacia los pueblos árabes en este momento de su lucha contra los tiranos. No sólo sería un acto de justicia sino también una manera de asegurar la amistad y la colaboración con un futuro Oriente Próximo libre y democrático.
Porque ésta es ahora una posibilidad real. Hasta antes de esta rebelión popular a muchos nos parecía difícil. Lo ocurrido en Irán, y, en cierta forma, en Irak, justificaba cierto pesimismo respecto a la opción democrática en el mundo árabe. Pero lo ocurrido estas últimas semanas debería haber barrido esas reticencias y temores, inspirados en prejuicios culturales y racistas. La libertad no es un valor que sólo los países cultos y evolucionados aprecian en todo lo que significa. Masas desinformadas, discriminadas y explotadas pueden también, por caminos tortuosos a menudo, descubrir que la libertad no es un ente retórico desprovisto de sustancia, sino una llave maestra muy concreta para salir del horror, un instrumento para construir una sociedad donde hombres y mujeres puedan vivir sin miedo, dentro de la legalidad y con oportunidades de progreso. Ha ocurrido en el Asia, en América Latina, en los países que vivieron sometidos a la férula de la Unión Soviética. Y ahora -por fin- está empezando a ocurrir también en los países árabes con una fuerza y heroísmo extraordinarios. Nuestra obligación es mostrarles nuestra solidaridad activa, porque la transformación de Oriente Próximo en una tierra de libertad no sólo beneficiará a millones de árabes sino al mundo entero en general (incluido, por supuesto, Israel, aunque el Gobierno extremista de Netanyahu sea incapaz de entenderlo).
(Artículo de Mario Vargas Llosa, publicado en "El País" el 13 de diciembre de 2011)
CORRUPCIÓN.
La corrupción pudre la democracia. Raro es el día en el que no trascienden los infamantes detalles de nuevos casos de entramados nacidos para hacer dinero aprovechando las relaciones políticas. Ningún partido se salva y algunos tienen bajo sospecha, cuando no directamente imputados, a más de un dirigente político. Ahora se ha destapado en Andalucía una trama fraudulenta ideada, según los datos publicados, para cobrar ilícitamente primas de jubilación. Es, al parecer, una hijuela del caso Mercasevilla que en este nuevo tentáculo remite a funcionarios corruptos de la Junta. De "fondo de reptiles" habló un ex director general de Trabajo, cuando quiso describir el pufo que la justicia deberá investigar. Antes -y, ya llega tarde-, Griñán, el presidente de la Junta, debería haber dado una explicación a los ciudadanos asumiendo la responsabilidad política que apareja el no haber advertido la existencia de semejante cáncer.
En Andalucía esperan las explicaciones del PSOE y en Valencia desesperan de que Camps aclare las circunstancias en las que pudo prosperar la trama de tráfico de influencias y negocios corruptos organizada por Francisco Correa; trama que también cosechaba en Madrid a partir de las relaciones de éste empresario con altos dirigentes del PP. En Barcelona, en Convergencia, miran hacia otra parte cada vez que alguien pregunta por Millet, el saqueador confeso del Palau. En Mallorca la Fiscalía sigue destejiendo la madeja de presuntos cobros de comisiones ilícitas (caso Palma Arena) en la que está imputado el ex presidente y ex ministro Jaume Matas. En Asturias está preso un consejero; en Galicia varios alcaldes... Y así hasta un total de ochocientos casos en los que en mayor o menor grado están implicados personajes de la política. Vamos camino de parecernos a Italia sí es que no les hemos alcanzado ya.
La última encuesta del CIS proclama la mala opinión que tienen los ciudadanos de los políticos. Los consideran uno de los tres principales problemas que tiene España. Se trata, sin duda, de una exageración, puesto que entre los políticos hay de todo y muchos son gente de probada honradez. Cosa diferente es la escasa disposición que acreditan para cortar por lo sano cuando entre los suyos se detecta a alguien que tiene los dedos demasiado largos. Ahí prima el patriotismo de partido. Es un error. Peor aún, un suicidio político porque el descrédito del sistema de partidos -como ocurrió en Alemania en tiempos de la República de Weimar- puede abrir las puertas al fascismo que se presentaría como el azote de la corrupción. Un nuevo tipo fascismo que ya no vendrá con correajes y botas altas, pero fascismo a fin de cuentas. Ojo a la corrupción, porque, ya digo, pudre la democracia.
(Artículo de Fermín Bocos, publicado en "Heraldo de Aragón" el 12 de febrero de 2011)
En Andalucía esperan las explicaciones del PSOE y en Valencia desesperan de que Camps aclare las circunstancias en las que pudo prosperar la trama de tráfico de influencias y negocios corruptos organizada por Francisco Correa; trama que también cosechaba en Madrid a partir de las relaciones de éste empresario con altos dirigentes del PP. En Barcelona, en Convergencia, miran hacia otra parte cada vez que alguien pregunta por Millet, el saqueador confeso del Palau. En Mallorca la Fiscalía sigue destejiendo la madeja de presuntos cobros de comisiones ilícitas (caso Palma Arena) en la que está imputado el ex presidente y ex ministro Jaume Matas. En Asturias está preso un consejero; en Galicia varios alcaldes... Y así hasta un total de ochocientos casos en los que en mayor o menor grado están implicados personajes de la política. Vamos camino de parecernos a Italia sí es que no les hemos alcanzado ya.
La última encuesta del CIS proclama la mala opinión que tienen los ciudadanos de los políticos. Los consideran uno de los tres principales problemas que tiene España. Se trata, sin duda, de una exageración, puesto que entre los políticos hay de todo y muchos son gente de probada honradez. Cosa diferente es la escasa disposición que acreditan para cortar por lo sano cuando entre los suyos se detecta a alguien que tiene los dedos demasiado largos. Ahí prima el patriotismo de partido. Es un error. Peor aún, un suicidio político porque el descrédito del sistema de partidos -como ocurrió en Alemania en tiempos de la República de Weimar- puede abrir las puertas al fascismo que se presentaría como el azote de la corrupción. Un nuevo tipo fascismo que ya no vendrá con correajes y botas altas, pero fascismo a fin de cuentas. Ojo a la corrupción, porque, ya digo, pudre la democracia.
(Artículo de Fermín Bocos, publicado en "Heraldo de Aragón" el 12 de febrero de 2011)
EL SEGUNDO DISCURSO DE EL CAIRO.
El diablo estaba esperando a Obama en El Cairo. "He venido para buscar un nuevo comienzo entre Estados Unidos y los musulmanes de todo el mundo", dijo el presidente el 4 de junio de 2009, en el hall abarrotado por 3.000 jóvenes de la Universidad cairota. Obama habló entonces de un gran pacto por la tolerancia religiosa, el desarrollo, la democracia, los derechos de la mujer. Como un presagio, aquella mañana Mubarak había excusado su asistencia al acto; tampoco estuvieron los partidos de la oposición. Solo ante los estudiantes y el mundo, Obama lanzó un mensaje de reconciliación con el islam político, renunciando explícitamente a imponer la democracia por la fuerza.
Dos años después, aún persisten el conflicto en Afganistán e Irak y la amenaza de Al Qaeda, y la popularidad de Obama se resiente por su impotencia frente al primer ministro israelí Netanyahu. Pero la oleada democrática está mostrando que existe algo tan fuerte como lo anterior: el simple hecho de que "un adolescente de Kansas pueda conectar instantáneamente con otro de El Cairo". Y Mubarak ha caído.
Inesperadamente, varias fuerzas están arrastrando a Estados Unidos a un lugar desconocido. Una es de tipo emocional: los norteamericanos tienden a ver en cada revuelta democrática una repetición de 1787: la sublevación contra el dominio inglés. Cabe imaginar la satisfacción de Obama ante la espontaneidad en las calles; pero también su contrición por algún joven de aquella mañana de junio que haya resultado herido, o muerto. En este momento, miles de universitarios extranjeros de todas las religiones repartidos por Norteamérica, futuras élites de sus países, vuelven sus ojos hacia el presidente. Y los medios de comunicación recuperan por unos días su orgullo de guardianes de la libertad de expresión. Vientos de cambio aúpan a los valores a su eterna lucha con los intereses.
Estamos ante un hecho objetivo y desconcertante: en medio de una crisis económica global, la democracia y los derechos humanos retornan al primer plano de la política. Cuando la vieja realpolitik parecía haber enterrado a la democracia como motor de cambio e instrumento político, he aquí que parte de la juventud árabe se pone en pie; que en Brasil, la presidenta, Dilma Rosusseff, fuerza al Gobierno iraní a detener la lapidación de otra mujer, Sakineh Ashtani; que el presidente Hu Jintao admite en la Casa Blanca que su país debe aprender sobre derechos humanos. En lo sucesivo, Estados Unidos está obligado a actuar de manera transparente en su patio árabe, más aún después de Wikileaks; pero también los mandatarios chinos o rusos. Cabe pensar que la globalización está presionando hacia una convergencia de regulaciones, no solo en las finanzas, el comercio o el clima, sino también en lo político y social.
Ello está en consonancia con el nuevo imperativo geopolítico. Basta escuchar a los manifestantes de Túnez o Egipto para entender que el peligro no es tanto el asalto al poder por los fanáticos, como continuar el apoyo a las autocracias: ahí está el subdesarrollo, la proliferación nuclear, el conflicto palestino o el recelo de la calle árabe hacia Occidente. Y no está escrito en ningún Corán que la alternativa sea necesariamente peor. A pesar de la obligada prudencia, y de los titubeos de las primeras semanas, la Administración norteamericana ha comprendido que no hay marcha atrás, y está mirando al medio y largo plazo. Puede incluso que se aceleren tendencias ya latentes de su política exterior. Es previsible que Washington se distancie más de su favor incondicional hacia Israel; que apueste por Turquía como ejemplo de equilibrio entre laicismo e islam, mientras guiña un ojo a Francia y Alemania para que desbloquee su paso hacia la UE. En cuanto a Irán, contra lo que esperan los ayatolás, si sus vecinos se miran en el espejo turco muchas cosas podrían cambiar. Si la democracia se afianza como factor de estabilidad, entonces las petrocracias saudí y del golfo Pérsico tendrán que mover ficha.
Paradójicamente, este tsunami árabe llega a Estados Unidos en medio de un retorno al "centro" político, cuando tras las elecciones al Congreso, Obama ha dado marcha atrás en sanidad, inmigración o impuestos. Pero esta partida no se juega en el centro, sino en la radicalidad: es una gran apuesta estratégica, que exige reinventar un equilibrio de poder desde Rabat a Gaza, Damasco o Teherán. Una década después del 11-S, el mundo aguarda expectante los próximos movimientos de Washington. La Administración norteamericana no puede ni quiere parar este proceso. Con o sin presencia de militares, lo relevante es que Obama exigió a tiempo la salida de Mubarak, y garantías para el proceso democrático que se ha abierto. No faltarán en el Congreso los acólitos de la intransigencia israelí, ni los nostálgicos de la realpolitik. Para combatirlos, hará falta una sabia administración de los tiempos, y una clara conciencia de los propios límites. La UE debe volcarse con las transiciones y ayudar a su socio americano a conciliar voluntades, movilizando su diplomacia para prevenir luchas por nuevos espacios de influencia con Moscú, Pekín o Nueva Delhi. Estos días, alguien o algo, está escribiendo un segundo discurso de El Cairo que pondrá rumbo al futuro, con todas sus consecuencias. Y Mubarak ha dimitido.
(Artículo de Vicente Palacio, publicado en "El País" el 12 de febrero e 2011)
Dos años después, aún persisten el conflicto en Afganistán e Irak y la amenaza de Al Qaeda, y la popularidad de Obama se resiente por su impotencia frente al primer ministro israelí Netanyahu. Pero la oleada democrática está mostrando que existe algo tan fuerte como lo anterior: el simple hecho de que "un adolescente de Kansas pueda conectar instantáneamente con otro de El Cairo". Y Mubarak ha caído.
Inesperadamente, varias fuerzas están arrastrando a Estados Unidos a un lugar desconocido. Una es de tipo emocional: los norteamericanos tienden a ver en cada revuelta democrática una repetición de 1787: la sublevación contra el dominio inglés. Cabe imaginar la satisfacción de Obama ante la espontaneidad en las calles; pero también su contrición por algún joven de aquella mañana de junio que haya resultado herido, o muerto. En este momento, miles de universitarios extranjeros de todas las religiones repartidos por Norteamérica, futuras élites de sus países, vuelven sus ojos hacia el presidente. Y los medios de comunicación recuperan por unos días su orgullo de guardianes de la libertad de expresión. Vientos de cambio aúpan a los valores a su eterna lucha con los intereses.
Estamos ante un hecho objetivo y desconcertante: en medio de una crisis económica global, la democracia y los derechos humanos retornan al primer plano de la política. Cuando la vieja realpolitik parecía haber enterrado a la democracia como motor de cambio e instrumento político, he aquí que parte de la juventud árabe se pone en pie; que en Brasil, la presidenta, Dilma Rosusseff, fuerza al Gobierno iraní a detener la lapidación de otra mujer, Sakineh Ashtani; que el presidente Hu Jintao admite en la Casa Blanca que su país debe aprender sobre derechos humanos. En lo sucesivo, Estados Unidos está obligado a actuar de manera transparente en su patio árabe, más aún después de Wikileaks; pero también los mandatarios chinos o rusos. Cabe pensar que la globalización está presionando hacia una convergencia de regulaciones, no solo en las finanzas, el comercio o el clima, sino también en lo político y social.
Ello está en consonancia con el nuevo imperativo geopolítico. Basta escuchar a los manifestantes de Túnez o Egipto para entender que el peligro no es tanto el asalto al poder por los fanáticos, como continuar el apoyo a las autocracias: ahí está el subdesarrollo, la proliferación nuclear, el conflicto palestino o el recelo de la calle árabe hacia Occidente. Y no está escrito en ningún Corán que la alternativa sea necesariamente peor. A pesar de la obligada prudencia, y de los titubeos de las primeras semanas, la Administración norteamericana ha comprendido que no hay marcha atrás, y está mirando al medio y largo plazo. Puede incluso que se aceleren tendencias ya latentes de su política exterior. Es previsible que Washington se distancie más de su favor incondicional hacia Israel; que apueste por Turquía como ejemplo de equilibrio entre laicismo e islam, mientras guiña un ojo a Francia y Alemania para que desbloquee su paso hacia la UE. En cuanto a Irán, contra lo que esperan los ayatolás, si sus vecinos se miran en el espejo turco muchas cosas podrían cambiar. Si la democracia se afianza como factor de estabilidad, entonces las petrocracias saudí y del golfo Pérsico tendrán que mover ficha.
Paradójicamente, este tsunami árabe llega a Estados Unidos en medio de un retorno al "centro" político, cuando tras las elecciones al Congreso, Obama ha dado marcha atrás en sanidad, inmigración o impuestos. Pero esta partida no se juega en el centro, sino en la radicalidad: es una gran apuesta estratégica, que exige reinventar un equilibrio de poder desde Rabat a Gaza, Damasco o Teherán. Una década después del 11-S, el mundo aguarda expectante los próximos movimientos de Washington. La Administración norteamericana no puede ni quiere parar este proceso. Con o sin presencia de militares, lo relevante es que Obama exigió a tiempo la salida de Mubarak, y garantías para el proceso democrático que se ha abierto. No faltarán en el Congreso los acólitos de la intransigencia israelí, ni los nostálgicos de la realpolitik. Para combatirlos, hará falta una sabia administración de los tiempos, y una clara conciencia de los propios límites. La UE debe volcarse con las transiciones y ayudar a su socio americano a conciliar voluntades, movilizando su diplomacia para prevenir luchas por nuevos espacios de influencia con Moscú, Pekín o Nueva Delhi. Estos días, alguien o algo, está escribiendo un segundo discurso de El Cairo que pondrá rumbo al futuro, con todas sus consecuencias. Y Mubarak ha dimitido.
(Artículo de Vicente Palacio, publicado en "El País" el 12 de febrero e 2011)
LOS POLÍTICOS, COMO LOS FUNCIONARIOS.
El de “clase política” quizá no sea un concepto muy afortunado teóricamente, pero es una realidad práctica evidente. En las decisiones de los órganos representativos democráticos la unanimidad es la excepción, salvo cuando afectan a los intereses de los representantes como grupo. Por ejemplo, las referentes a sus salarios, dietas, vacaciones, jubilaciones, compatibilidades, patrimonios, etc. Entonces la unanimidad es la regla, especialmente porque esas decisiones suelen ser beneficiosas y acarrear privilegios.
El Parlamento, cuya función es legislar para todos, a veces legisla para sí mismo; por ejemplo, cuando establece su propio reglamento, lo cual es lógico. Pero también lo hace cuando legisla condiciones laborales o retributivas especiales para sus miembros, lo que ya no lo es tanto. Eso es lo que los constituye en clase y en clase especial.Ahora bien, en su esencia última, la democracia supone la identidad entre gobernantes y gobernados, la ausencia de privilegios. La presencia de estos es propia del antiguo régimen. Cuando en el siglo XIX se decidió que la actividad política fuese remunerada se trataba de garantizar aquella igualdad, de forma que pudieran acceder a ella las gentes sin recursos. Incluso cuando se estableció algún privilegio, por ejemplo la inmunidad parlamentaria, se hizo en pro de ese ideal y para impedir que los representantes pudieran ser objeto de represalias de los monarcas a través de los tribunales.
Con el paso del tiempo, esa identidad se ha roto, dejando paso a situaciones de privilegio que son de escándalo, como se vio hace poco con las corruptelas generalizadas de los diputados británicos y como se ve en España, aunque sea en menor medida. Remediarlo, si existe voluntad política, como parece tener el PSOE pero no el PP, es muy sencillo. Basta con someter a los representantes a la condición de funcionarios, que en el fondo es lo que son mientras dure su mandato: salarios y patrimonio de conocimiento público, transparentes, para que pueda saberse qué intereses representan los representantes; dietas y viáticos de la función pública y régimen de incompatibilidades del funcionariado.Habrá políticos para quienes estas condiciones supongan un sacrificio personal. Pero es que eso es la función política: un servicio público desinteresado y no un negocio. Ni para los registradores de la propiedad.
(Artículo de Ramón Cotarelo, publicado en "Público" el 11 de febrero de 2011)
El Parlamento, cuya función es legislar para todos, a veces legisla para sí mismo; por ejemplo, cuando establece su propio reglamento, lo cual es lógico. Pero también lo hace cuando legisla condiciones laborales o retributivas especiales para sus miembros, lo que ya no lo es tanto. Eso es lo que los constituye en clase y en clase especial.Ahora bien, en su esencia última, la democracia supone la identidad entre gobernantes y gobernados, la ausencia de privilegios. La presencia de estos es propia del antiguo régimen. Cuando en el siglo XIX se decidió que la actividad política fuese remunerada se trataba de garantizar aquella igualdad, de forma que pudieran acceder a ella las gentes sin recursos. Incluso cuando se estableció algún privilegio, por ejemplo la inmunidad parlamentaria, se hizo en pro de ese ideal y para impedir que los representantes pudieran ser objeto de represalias de los monarcas a través de los tribunales.
Con el paso del tiempo, esa identidad se ha roto, dejando paso a situaciones de privilegio que son de escándalo, como se vio hace poco con las corruptelas generalizadas de los diputados británicos y como se ve en España, aunque sea en menor medida. Remediarlo, si existe voluntad política, como parece tener el PSOE pero no el PP, es muy sencillo. Basta con someter a los representantes a la condición de funcionarios, que en el fondo es lo que son mientras dure su mandato: salarios y patrimonio de conocimiento público, transparentes, para que pueda saberse qué intereses representan los representantes; dietas y viáticos de la función pública y régimen de incompatibilidades del funcionariado.Habrá políticos para quienes estas condiciones supongan un sacrificio personal. Pero es que eso es la función política: un servicio público desinteresado y no un negocio. Ni para los registradores de la propiedad.
(Artículo de Ramón Cotarelo, publicado en "Público" el 11 de febrero de 2011)
LOS DICTADORES SON MALOS ALIADOS.
La incógnita sobre las revueltas en Túnez y Egipto es si tienen carácter secular o bien pueden desembocar en regímenes más autoritarios que los del derrocado Ben Ali o del prácticamente desahuciado Mubarak. Estados Unidos y Europa no tienen argumentos para negar a los más de 180 millones de ciudadanos que viven desde Egipto hasta Mauritania los mismos derechos que nosotros disfrutamos.
Las revoluciones que marcaron el siglo pasado, desde la de octubre de 1917 a la de la caída del comunismo en 1989, pasando por la de Teherán de 1979, tienen en común el cambio de regímenes dictatoriales o autocráticos. Pero el desenlace fue bien distinto. Los soviéticos no aportaron ni libertad ni un mayor bienestar. Los ayatolás de Jomeini, tampoco. En Europa del Este, por el contrario, las revueltas que empezaron con la caída del muro de Berlín acabaron en la incorporación gradual de los países que durante dos generaciones habían vivido bajo el paraguas del control económico, militar y político de Moscú.
Una revolución, según dijo Jomeini a su regreso de París hace ahora 32 años, no es sobre el precio de las sandías. Las revoluciones comportan grandes cambios en profundidad que afectan a millones de personas. No hay garantía de que el cambio que se está gestando en Egipto sea para mejorar la vida de sus gentes. Lo que sí cabe afirmar es que una dictadura, tarde o temprano, conduce a protestas populares que exigen las libertades de un régimen democrático.
No es lógico negar a nuestros vecinos de la otra orilla del Mediterráneo aquellos derechos que gozamos en Europa. La democracia tiene muchas imperfecciones, como ha quedado demostrado con los viajes estas Navidades del primer ministro de Francia, François Fillon, invitado distinguido de Mubarak, o el de la ministra de Exteriores, Michèle Alliot-Marie, que se paseó por Túnez en dos ocasiones en el avión de un potentado tunecino asociado al clan del huido presidente Ben Ali. En Francia se ha organizado un escándalo de gran escala. En un país sin libertad, nadie se entera.
Alguien se pondrá al frente de las revoluciones de Túnez y Egipto. Todo puede ocurrir. Pero lo que es imparable es que sociedades tan jóvenes, tan pobres, tan corruptas políticamente y con tantas esperanzas de cambio puedan tolerar la permanencia de dictaduras civiles o militares.
Indonesia y Turquía han demostrado que sociedades ampliamente musulmanas pueden vivir en un ámbito democrático. El futuro es incierto y el vacío creado por la caída de dos dictaduras en el norte de África alguien lo va a ocupar. Haría bien Europa en fomentar sistemas abiertos en los países árabes, aun corriendo el riesgo de que los nuevos dirigentes puedan frustrar las aspiraciones de los miles de manifestantes de El Cairo. Apoyar a dictadores amigos es un error.
(Artículo de Lluís Foix, publicado en "La Vanguardia" el 10 de febrero de 2011)
Las revoluciones que marcaron el siglo pasado, desde la de octubre de 1917 a la de la caída del comunismo en 1989, pasando por la de Teherán de 1979, tienen en común el cambio de regímenes dictatoriales o autocráticos. Pero el desenlace fue bien distinto. Los soviéticos no aportaron ni libertad ni un mayor bienestar. Los ayatolás de Jomeini, tampoco. En Europa del Este, por el contrario, las revueltas que empezaron con la caída del muro de Berlín acabaron en la incorporación gradual de los países que durante dos generaciones habían vivido bajo el paraguas del control económico, militar y político de Moscú.
Una revolución, según dijo Jomeini a su regreso de París hace ahora 32 años, no es sobre el precio de las sandías. Las revoluciones comportan grandes cambios en profundidad que afectan a millones de personas. No hay garantía de que el cambio que se está gestando en Egipto sea para mejorar la vida de sus gentes. Lo que sí cabe afirmar es que una dictadura, tarde o temprano, conduce a protestas populares que exigen las libertades de un régimen democrático.
No es lógico negar a nuestros vecinos de la otra orilla del Mediterráneo aquellos derechos que gozamos en Europa. La democracia tiene muchas imperfecciones, como ha quedado demostrado con los viajes estas Navidades del primer ministro de Francia, François Fillon, invitado distinguido de Mubarak, o el de la ministra de Exteriores, Michèle Alliot-Marie, que se paseó por Túnez en dos ocasiones en el avión de un potentado tunecino asociado al clan del huido presidente Ben Ali. En Francia se ha organizado un escándalo de gran escala. En un país sin libertad, nadie se entera.
Alguien se pondrá al frente de las revoluciones de Túnez y Egipto. Todo puede ocurrir. Pero lo que es imparable es que sociedades tan jóvenes, tan pobres, tan corruptas políticamente y con tantas esperanzas de cambio puedan tolerar la permanencia de dictaduras civiles o militares.
Indonesia y Turquía han demostrado que sociedades ampliamente musulmanas pueden vivir en un ámbito democrático. El futuro es incierto y el vacío creado por la caída de dos dictaduras en el norte de África alguien lo va a ocupar. Haría bien Europa en fomentar sistemas abiertos en los países árabes, aun corriendo el riesgo de que los nuevos dirigentes puedan frustrar las aspiraciones de los miles de manifestantes de El Cairo. Apoyar a dictadores amigos es un error.
(Artículo de Lluís Foix, publicado en "La Vanguardia" el 10 de febrero de 2011)
¿EXCLUYE LA POLÍTICA A LOS MEJORES?
Aún sigue existiendo demasiada confusión con el salario de los altos cargos, las retribuciones de los expresidentes y exministros, las pensiones, el sueldo, la declaración de patrimonio y las actividades extraparlamentarias de los diputados en activo. En 30 años de democracia no hemos logrado que los políticos hablen con claridad de estos asuntos. Se ha demostrado que unos cuantos corruptos tenían mucho que ocultar, pero la mayoría se resiste al considerarlo, erróneamente, un asunto privado. No lo es, porque les financia el Estado, es decir, los ciudadanos con sus impuestos. Esa dependencia les obliga a rendir cuentas y a que la procedencia de sus ingresos sea fiscalizada hasta el último céntimo.Cada vez que pedimos explicaciones sobre sus dineros, los políticos nos acusan de hacer demagogia. Dicen que cobran menos que el resto de sus colegas europeos y que la falta de aliciente económico ahuyentaría a los mejores y sólo se dedicarían a la política los menos preparados. Argumento falaz donde los haya. Los mejores pueden tener una vocación sin ánimo de lucro y prueba de ello es que muchos talentos con excelente formación eligen profesiones tan poco rentables como, entre otras, la sanidad, la investigación científica, la enseñanza, la antropología o las ciencias medioambientales.La transparencia frena la corrupción y el despilfarro. Todos los grupos parlamentarios la defienden, pero no se han puesto de acuerdo a la hora de aplicar el régimen de incompatibilidades, la publicidad de sus bienes o la reforma de sus pensiones. La dignificación de la política, que algunos proclaman, es incompatible con la opacidad.
(Artículo de Nativel Preciado, publicado en "Público" el 9 de febrero de 2011)
(Artículo de Nativel Preciado, publicado en "Público" el 9 de febrero de 2011)
MÉRITOS Y VENTAJAS.
Una de las pocas virtudes de la crisis es que fuerza un diagnóstico de nuestras anomalías como país (económicas, laborales, energéticas, educativas…), que ya son excesivas. Una introspección responsable hubiera permitido su corrección en plazo y nos hubiera ahorrado disgustos. Me centraré en la función pública, que todo el mundo sabe sobredimensionada, aquejada de duplicidades, solapamientos y redundancias, carente de controles y transparencia, donde sistemáticamente se incumplen sus normas y politizada hasta el clientelismo. Una organización y unos modos que cada vez parecen más alejados del interés general y cuyos responsables difícilmente pueden invocarlo para justificarlos.
Uno de los más graves incumplimientos es la vulneración sistemática, a todos los niveles, del procedimiento de provisión de puestos de trabajo: la postergación del concurso de méritos como sistema normal; el abuso de los sistemas discrecionales (libres designaciones, comisiones de servicio…); la falta de convocatoria de las plazas vacantes… Pero no solo es grave que las normas se incumplan, sino, más aun, que sean injustas o que provean un orden ilógico y anómalo.
Un caso paradigmático es el de la consolidación de nivel, que, si tiene su sentido en el marco de la carrera profesional para permitir el progreso del funcionario con el desempeño de puestos de progresiva mayor responsabilidad, queda absolutamente desvirtuado si se vincula a la discrecionalidad de la provisión de puestos.
Así, consolidan nivel, de forma vitalicia, quienes decida el que manda en cada momento, con criterios no necesariamente relacionados con la profesionalidad del funcionario, su experiencia o sus conocimientos, sino con la “confianza”, en las múltiples formas en que se concreta: militancia, amistad, relaciones familiares… Una consolidación de niveles que no tiene nada que ver con la diligencia con que luego desempeñe el trabajo y que podrá esgrimir el resto de su vida laboral, en la provisión ordinaria de puestos, frente a funcionarios que no han disfrutado de esa “confianza”, condicionando la selección de personal.
Cuesta llamar “mérito” a un nivel consolidado en esas condiciones, puesto que es realmente una ventaja que alguien otorgó discrecionalmente, y que se convierte en correlativa desventaja del resto de funcionarios. Una injusticia. Y una rémora para la Administración. La colección de funcionarios con nivel consolidado con criterios políticos que un Gobierno deja al siguiente es toda una carga de profundidad: mayores costes retributivos y la imposibilidad de cubrir las plazas por concurso de méritos, so pena de infiltrar su organigrama con funcionarios que el anterior aventajó a su conveniencia.
Un sistema viciado condenado a perpetuarse, salvo que una modificación legal impida la consolidación de niveles para los puestos cubiertos de forma discrecional. ¿Quién se atreverá? Porque precisamente no conviene a quien gobierna, que es el único que podría hacerlo.
(Artículo de Julio Calvo Iglesias, publicado en "Heraldo de Aragón" el 5 de febrero de 2011)
Uno de los más graves incumplimientos es la vulneración sistemática, a todos los niveles, del procedimiento de provisión de puestos de trabajo: la postergación del concurso de méritos como sistema normal; el abuso de los sistemas discrecionales (libres designaciones, comisiones de servicio…); la falta de convocatoria de las plazas vacantes… Pero no solo es grave que las normas se incumplan, sino, más aun, que sean injustas o que provean un orden ilógico y anómalo.
Un caso paradigmático es el de la consolidación de nivel, que, si tiene su sentido en el marco de la carrera profesional para permitir el progreso del funcionario con el desempeño de puestos de progresiva mayor responsabilidad, queda absolutamente desvirtuado si se vincula a la discrecionalidad de la provisión de puestos.
Así, consolidan nivel, de forma vitalicia, quienes decida el que manda en cada momento, con criterios no necesariamente relacionados con la profesionalidad del funcionario, su experiencia o sus conocimientos, sino con la “confianza”, en las múltiples formas en que se concreta: militancia, amistad, relaciones familiares… Una consolidación de niveles que no tiene nada que ver con la diligencia con que luego desempeñe el trabajo y que podrá esgrimir el resto de su vida laboral, en la provisión ordinaria de puestos, frente a funcionarios que no han disfrutado de esa “confianza”, condicionando la selección de personal.
Cuesta llamar “mérito” a un nivel consolidado en esas condiciones, puesto que es realmente una ventaja que alguien otorgó discrecionalmente, y que se convierte en correlativa desventaja del resto de funcionarios. Una injusticia. Y una rémora para la Administración. La colección de funcionarios con nivel consolidado con criterios políticos que un Gobierno deja al siguiente es toda una carga de profundidad: mayores costes retributivos y la imposibilidad de cubrir las plazas por concurso de méritos, so pena de infiltrar su organigrama con funcionarios que el anterior aventajó a su conveniencia.
Un sistema viciado condenado a perpetuarse, salvo que una modificación legal impida la consolidación de niveles para los puestos cubiertos de forma discrecional. ¿Quién se atreverá? Porque precisamente no conviene a quien gobierna, que es el único que podría hacerlo.
(Artículo de Julio Calvo Iglesias, publicado en "Heraldo de Aragón" el 5 de febrero de 2011)
LA POLÍTICA, SIMPLEMENTE.
Todos los primeros jueves de cada mes, hacia las diez de la noche, durante años, las calles de El Cairo quedaban desiertas. Y lo mismo sucedía en todos los pueblos y ciudades entre Casablanca y Bagdad, a lo largo de todo el mundo árabe. Las grandes metrópolis y las ciudades, las aldeas de montaña o los asentamientos próximos al desierto, padecían de repente un extraño encantamiento. Los cafés se llenaban, familias y amigos se reunían en casas, cualquier rincón se convertía en improvisado lugar de encuentro. Y entonces, todas las ondas desde el Magreb hasta el Éufrates sintonizaban Radio Cairo. Y la emisora era, a veces durante cuatro horas, el corazón del mundo árabe. No hacía falta anunciarlo. Tampoco necesitaba comentarios. Era Oum Kalsoum y, esas noches, todo el mundo árabe latía al compás de su voz, sus canciones y su música. Las veladas de Kalsoum fueron el primer y mayor fenómeno mediático del mundo árabe contemporáneo. Se habló de la importancia de las ondas, pero lo esencial era ella, la voz de Kalsoum.
También estos días, pero ya en todo el mundo, millones de corazones están latiendo al ritmo de las noticias que llegan de Midan Tahrir por twitter, facebook o internet. Y también ahora nos entretenemos en el medio, cuando lo esencial es lo que está pasando allí y lo que desde allí nos llega: lágrimas de ilusión y rabia, de irritación y esperanza. Tras tres décadas de dictadura, millones de egipcios se han sublevado en todo el país. Al tercer día, The Guardian se preguntaba si Tahrir sería para el mundo árabe como el muro de Berlín. La pregunta todavía no tiene respuesta. Pero es una pregunta pertinente. Y por eso estamos pegados a las pantallas de ordenador siguiendo lo que pasa en Egipto, sobre todo, pues en efecto es ahí donde todo puede cambiar o donde todo podría estropearse. Berlín no fue solo Berlín. Y además de Egipto está Túnez y Yemen y Argelia y Jordania... Y por eso esperamos inquietos, con el corazón en vilo, cada nuevo mensaje de nuestros amigos allí: de S., poeta y cineasta egipcia, que está en la plaza de Tahrir, su plaza, gritando y filmando; de R., fotógrafa egipcia, que nos hizo llegar las primeras fotos de la plaza; de X., nuestro amigo catalán, que ya está en Egipto, como cada año, para pasar seis meses en su casa, y que nos cuenta cómo la gente se organiza para resistir y protegerse. Por eso temblamos cuando el jueves por la noche, desde la plaza, S. nos escribió: “estamos esperando para mañana una muy seria confrontación, puede ser una masacre, ya no quedan medios en la plaza aparte de la televisión oficial egipcia”. Cuando ustedes lean este artículo ya sabrán lo que ahora todavía no sabemos. Lo decía X.: “todo va tan rápido que cada hora es una incógnita”.
Y es que nadie puede permanecer indiferente a lo que está sucediendo en El Cairo. Como dijo Lévinas, poniendo palabras para expresar qué quiere decir la conciencia ética: “allí donde yo hubiera podido permanecer espectador, debo ser responsable”. Por eso no hay elección: o la responsabilidad o el cinismo. O estar con los que arriesgan su vida por la libertad y la democracia o con los cómplices de un sistema corrupto, criminal y opresor.
Y, de las diferentes formas de cinismo, estos días han vuelto a aparecer los tics coloniales habituales por estos lares. Escuchamos a analistas que, a distancia, o incluso desde un hotel egipcio, a las ocho horas de llegar, nos dicen cómo es Egipto, qué es lo que quieren o incluso cómo debería ser y qué es lo que deberían hacer. Escuchamos o leemos cómo se elogian las ansias de libertad, y cómo se expresa el miedo por lo que vaya a pasar después, ese miedo al que siempre se le pone nombre, “fundamentalismo islámico”, sin saber, ni remotamente, el peso que eso, sea lo que sea, tiene entre la población de Egipto. Escuchamos las apelaciones a la “estabilidad” y la “calma”, a la “transición”, a un “gobierno de representación ampliada”, como de forma indecente reclamaban cinco líderes de la UE, incluído Zapatero. Escuchamos declaraciones, como las de la jefa de la diplomacia española, mirando a otro lado. Escuchamos voces que no han abierto la boca durante los treinta años de Mubarak y que ahora declaran timoratas un miedo que es sólo suyo.
Y, sobre todo, descubrimos cómo el lenguaje ha empezado a envenenarse. Allí donde sólo hay linchamiento salvaje a los pacíficos manifestantes se habla de “enfrentamiento entre partidarios y detractores de Mubarak”. Y al régimen de corrupción y tortura ahora se lo reconoce como “garantía de estabilidad”. Desde Napoleón, Europa, y con ella Occidente, ha decidido lo que Egipto debía ser e incluso cómo debía representarse. Como si fueran menores de edad. Napoleón y Marx coincidían en eso. También el Tratado de Versalles, en 1919, que ha marcado todo el siglo XX. Pero tal vez ya es hora de reconocer que los egipcios decidan lo que quieren que Egipto sea.
Al final, ¿qué es lo que duele? Reconocer, precisamente aquí, donde nos pensamos estúpidamente que la política consiste en las declaraciones de un director general, un conseller o un ministro, que lo que está sucediendo en Egipto, precisamente, es eso: la política, simplemente. La impugnación de una ordenación injusta de las cosas y la voluntad de modificarlas. Mientras veo en directo las emocionantes imágenes de los millones de cairotas y alejandrinos clamando por la libertad, escucho dos canciones de Oum Kalsoum: Les-sabri houdoub (La paciencia tiene sus límites) y Tala'Al-Fajr (El día ha amanecido).
(Artículo de Xavier Antich, publicado en "La Vanguardia" el 7 de febrero de 2011)
También estos días, pero ya en todo el mundo, millones de corazones están latiendo al ritmo de las noticias que llegan de Midan Tahrir por twitter, facebook o internet. Y también ahora nos entretenemos en el medio, cuando lo esencial es lo que está pasando allí y lo que desde allí nos llega: lágrimas de ilusión y rabia, de irritación y esperanza. Tras tres décadas de dictadura, millones de egipcios se han sublevado en todo el país. Al tercer día, The Guardian se preguntaba si Tahrir sería para el mundo árabe como el muro de Berlín. La pregunta todavía no tiene respuesta. Pero es una pregunta pertinente. Y por eso estamos pegados a las pantallas de ordenador siguiendo lo que pasa en Egipto, sobre todo, pues en efecto es ahí donde todo puede cambiar o donde todo podría estropearse. Berlín no fue solo Berlín. Y además de Egipto está Túnez y Yemen y Argelia y Jordania... Y por eso esperamos inquietos, con el corazón en vilo, cada nuevo mensaje de nuestros amigos allí: de S., poeta y cineasta egipcia, que está en la plaza de Tahrir, su plaza, gritando y filmando; de R., fotógrafa egipcia, que nos hizo llegar las primeras fotos de la plaza; de X., nuestro amigo catalán, que ya está en Egipto, como cada año, para pasar seis meses en su casa, y que nos cuenta cómo la gente se organiza para resistir y protegerse. Por eso temblamos cuando el jueves por la noche, desde la plaza, S. nos escribió: “estamos esperando para mañana una muy seria confrontación, puede ser una masacre, ya no quedan medios en la plaza aparte de la televisión oficial egipcia”. Cuando ustedes lean este artículo ya sabrán lo que ahora todavía no sabemos. Lo decía X.: “todo va tan rápido que cada hora es una incógnita”.
Y es que nadie puede permanecer indiferente a lo que está sucediendo en El Cairo. Como dijo Lévinas, poniendo palabras para expresar qué quiere decir la conciencia ética: “allí donde yo hubiera podido permanecer espectador, debo ser responsable”. Por eso no hay elección: o la responsabilidad o el cinismo. O estar con los que arriesgan su vida por la libertad y la democracia o con los cómplices de un sistema corrupto, criminal y opresor.
Y, de las diferentes formas de cinismo, estos días han vuelto a aparecer los tics coloniales habituales por estos lares. Escuchamos a analistas que, a distancia, o incluso desde un hotel egipcio, a las ocho horas de llegar, nos dicen cómo es Egipto, qué es lo que quieren o incluso cómo debería ser y qué es lo que deberían hacer. Escuchamos o leemos cómo se elogian las ansias de libertad, y cómo se expresa el miedo por lo que vaya a pasar después, ese miedo al que siempre se le pone nombre, “fundamentalismo islámico”, sin saber, ni remotamente, el peso que eso, sea lo que sea, tiene entre la población de Egipto. Escuchamos las apelaciones a la “estabilidad” y la “calma”, a la “transición”, a un “gobierno de representación ampliada”, como de forma indecente reclamaban cinco líderes de la UE, incluído Zapatero. Escuchamos declaraciones, como las de la jefa de la diplomacia española, mirando a otro lado. Escuchamos voces que no han abierto la boca durante los treinta años de Mubarak y que ahora declaran timoratas un miedo que es sólo suyo.
Y, sobre todo, descubrimos cómo el lenguaje ha empezado a envenenarse. Allí donde sólo hay linchamiento salvaje a los pacíficos manifestantes se habla de “enfrentamiento entre partidarios y detractores de Mubarak”. Y al régimen de corrupción y tortura ahora se lo reconoce como “garantía de estabilidad”. Desde Napoleón, Europa, y con ella Occidente, ha decidido lo que Egipto debía ser e incluso cómo debía representarse. Como si fueran menores de edad. Napoleón y Marx coincidían en eso. También el Tratado de Versalles, en 1919, que ha marcado todo el siglo XX. Pero tal vez ya es hora de reconocer que los egipcios decidan lo que quieren que Egipto sea.
Al final, ¿qué es lo que duele? Reconocer, precisamente aquí, donde nos pensamos estúpidamente que la política consiste en las declaraciones de un director general, un conseller o un ministro, que lo que está sucediendo en Egipto, precisamente, es eso: la política, simplemente. La impugnación de una ordenación injusta de las cosas y la voluntad de modificarlas. Mientras veo en directo las emocionantes imágenes de los millones de cairotas y alejandrinos clamando por la libertad, escucho dos canciones de Oum Kalsoum: Les-sabri houdoub (La paciencia tiene sus límites) y Tala'Al-Fajr (El día ha amanecido).
(Artículo de Xavier Antich, publicado en "La Vanguardia" el 7 de febrero de 2011)
LA REBELIÓN NORTEAFRICANA.
La rebelión ha venido y todos saben cómo ha sido. Unos dicen que las crecientes desigualdades en el norte de África, de Marruecos a Egipto, habrían desencadenado la ira y lo que está ocurriendo a partir de que la inmolación de un muchacho tunecino en diciembre fuera la chispa que provocaría el incendio. Otros, que tiranos como Ben Alí o Hosni Mubarak tenían sus días contados, sumidos como estaban en la corrupción. (¿Cuántos decenios de días contados?) Aun otros, que merced a twitter y a la telefonía móvil se había generado una red no controlada por las viejas policías políticas. Y así sucesivamente. Estas no son explicaciones plenamente satisfactorias.
Los seres humanos soportan a menudo con infinita paciencia regímenes políticos extrema y manifiestamente injustos. La pregunta que hay que hacerse no es la habitual de ¿por qué estalló la rebelión?, sino más bien al revés: ¿cómo es posible que la gente aguante tanto sin rebelarse? Lenin, en uno de los ensayos más lúcidos que se hayan compuesto sobre la rebelión, afirmaba que si el poder tiránico no se desmoraliza y sus aparatos represivos -ejército, policía- no lo abandonan, la revolución es imposible. Mubarak debe de haber leído a Lenin, porque ya ha mandado a sus matones a reprimir manifestantes a tiros.
Hasta hoy no se está produciendo una revolución en esa zona, sino una rebelión desesperada, sobre todo por parte de una masiva población joven sin trabajo, fruto de la explosión demográfica que, de seguir, conseguirá que demasiadas cosas agradables terminen yéndose al garete.
La explosión se ha producido según la ley de todas las rebeliones populares, desde la que condujo más tarde a la revolución francesa hasta la rusa bolchevique y la china maoista del siglo XX. Estallan cuando una corriente de esperanzas y expectativas crecientes -de prosperidad y mejores oportunidades- se estrella contra una realidad que las niega. Esa frustración es lo más peligroso para el tirano de turno. No hay efecto contagio que valga -aun siendo un factor que anime a los desesperados- si no viene empujado por la frustración de una esperanza realista.
El espléndido ejemplo de ansias de libertad, democracia y emancipación popular que estamos presenciando a lo largo de la región del Magreb y hasta el Sinaí podría acabar en solo rebelión y no en revolución. (La excepción de momento es un Marruecos que espera tenso el instante a pesar de todos los alauitas pesares). En la revuelta aún no hay programa, ni ideología, ni auténtica concepción de aquel pluralismo político que es la esencia de la democracia. (La democracia es la presencia legítima de un Gobierno con una oposición tan legítima como él.) Acechan los cuervos en algunos lugares -la Hermandad Musulmana junto al Nilo- mientras que en otros la llegada de un viejo exiliado solo pone una figura venerable y paterna para aplacar angustias, brevemente.
Y no vale reprochar todo a las fuerzas exteriores. Los yanquis echaron mano de Mubarak en Egipto como la habían echado del Sha en Persia o de su agente en Bagdad, Sadam Husein, al que luego atacaron y hundieron en una guerra con pretextos inventados. En ella también estuvimos nosotros por obra y desgracia de gobiernos como los de José María Aznar y Tony Blair. Las fuerzas exteriores apoyan a quienes les conviene, aunque Barack Obama esté prometiendo ahora -y bien está que lo haga- que apoyará transiciones pacíficas a la democracia y regímenes decentes allá donde surjan. Esas fuerzas andan, no lo dudemos, metidas en el baile. Lo que vemos son las declaraciones del presidente Obama o las ambiguas y tímidas de la señora Catherine Ashton en nombre de la Unión Europea. Pero lo que pesan son presiones durísimas, ocultas, para que la ira popular no acabe con los tiranos. Al Yemen ya le han obligado a ejercer el arte de la cosmética política de democrática apariencia. Un futuro y patético Wikileaks demostrará lo que sabemos sin que nos lo digan.
Lo que esas fuerzas no controlan es la dinámica terrible de tendencias como las señaladas: incapacidad política y económica de satisfacer anhelos de libertad y trabajo, estupidez represiva, ansia de permanencia ciega en el poder. Castro -cuánto duele decirlo- es un anciano gruñón como lo fuera Franco. Mubarak les emula. Y no sabe irse, ni fallecer.
Y luego vendrá lo que muchos en esta Europa meridional tendrán que entender. Que nuestra frontera sur, el mar, es ya porosa, puente de constantes migraciones hacia el norte -hacia Italia, Grecia, España, Francia- y que lo será más aún, cuando toda la rebelión de las masas norteafricanas se vaya transformando en la migración en tropel a costas ajenas.
Porque si la democracia -y esperemos que les llegue, que no es seguro- es buena para la economía, es decir, para dar trabajo, el desarrollo no es cosa de dos días. La desesperación no se absorbe de la noche a la mañana.
(Artículo de Salvador Giner, publicado en "El Periódico de Catalunya" el 6 de febrero de 2011)
Los seres humanos soportan a menudo con infinita paciencia regímenes políticos extrema y manifiestamente injustos. La pregunta que hay que hacerse no es la habitual de ¿por qué estalló la rebelión?, sino más bien al revés: ¿cómo es posible que la gente aguante tanto sin rebelarse? Lenin, en uno de los ensayos más lúcidos que se hayan compuesto sobre la rebelión, afirmaba que si el poder tiránico no se desmoraliza y sus aparatos represivos -ejército, policía- no lo abandonan, la revolución es imposible. Mubarak debe de haber leído a Lenin, porque ya ha mandado a sus matones a reprimir manifestantes a tiros.
Hasta hoy no se está produciendo una revolución en esa zona, sino una rebelión desesperada, sobre todo por parte de una masiva población joven sin trabajo, fruto de la explosión demográfica que, de seguir, conseguirá que demasiadas cosas agradables terminen yéndose al garete.
La explosión se ha producido según la ley de todas las rebeliones populares, desde la que condujo más tarde a la revolución francesa hasta la rusa bolchevique y la china maoista del siglo XX. Estallan cuando una corriente de esperanzas y expectativas crecientes -de prosperidad y mejores oportunidades- se estrella contra una realidad que las niega. Esa frustración es lo más peligroso para el tirano de turno. No hay efecto contagio que valga -aun siendo un factor que anime a los desesperados- si no viene empujado por la frustración de una esperanza realista.
El espléndido ejemplo de ansias de libertad, democracia y emancipación popular que estamos presenciando a lo largo de la región del Magreb y hasta el Sinaí podría acabar en solo rebelión y no en revolución. (La excepción de momento es un Marruecos que espera tenso el instante a pesar de todos los alauitas pesares). En la revuelta aún no hay programa, ni ideología, ni auténtica concepción de aquel pluralismo político que es la esencia de la democracia. (La democracia es la presencia legítima de un Gobierno con una oposición tan legítima como él.) Acechan los cuervos en algunos lugares -la Hermandad Musulmana junto al Nilo- mientras que en otros la llegada de un viejo exiliado solo pone una figura venerable y paterna para aplacar angustias, brevemente.
Y no vale reprochar todo a las fuerzas exteriores. Los yanquis echaron mano de Mubarak en Egipto como la habían echado del Sha en Persia o de su agente en Bagdad, Sadam Husein, al que luego atacaron y hundieron en una guerra con pretextos inventados. En ella también estuvimos nosotros por obra y desgracia de gobiernos como los de José María Aznar y Tony Blair. Las fuerzas exteriores apoyan a quienes les conviene, aunque Barack Obama esté prometiendo ahora -y bien está que lo haga- que apoyará transiciones pacíficas a la democracia y regímenes decentes allá donde surjan. Esas fuerzas andan, no lo dudemos, metidas en el baile. Lo que vemos son las declaraciones del presidente Obama o las ambiguas y tímidas de la señora Catherine Ashton en nombre de la Unión Europea. Pero lo que pesan son presiones durísimas, ocultas, para que la ira popular no acabe con los tiranos. Al Yemen ya le han obligado a ejercer el arte de la cosmética política de democrática apariencia. Un futuro y patético Wikileaks demostrará lo que sabemos sin que nos lo digan.
Lo que esas fuerzas no controlan es la dinámica terrible de tendencias como las señaladas: incapacidad política y económica de satisfacer anhelos de libertad y trabajo, estupidez represiva, ansia de permanencia ciega en el poder. Castro -cuánto duele decirlo- es un anciano gruñón como lo fuera Franco. Mubarak les emula. Y no sabe irse, ni fallecer.
Y luego vendrá lo que muchos en esta Europa meridional tendrán que entender. Que nuestra frontera sur, el mar, es ya porosa, puente de constantes migraciones hacia el norte -hacia Italia, Grecia, España, Francia- y que lo será más aún, cuando toda la rebelión de las masas norteafricanas se vaya transformando en la migración en tropel a costas ajenas.
Porque si la democracia -y esperemos que les llegue, que no es seguro- es buena para la economía, es decir, para dar trabajo, el desarrollo no es cosa de dos días. La desesperación no se absorbe de la noche a la mañana.
(Artículo de Salvador Giner, publicado en "El Periódico de Catalunya" el 6 de febrero de 2011)
MÁS LIDERAZGO Y MENOS JEFATURA.
Más Platón y menos Prozac» es título de un famoso libro en el que su autor (Lou Marinoff) intenta demostrar que la filosofía puede ser una buena opción para conseguir una vida satisfactoria en todos los órdenes, entre otras aplicaciones. Por analogía, su lectura me ha servido de inspiración en los comentarios que siguen.
Los términos «líder» y «jefe» tienden a ser utilizados de forma alternativa, por no decir equivalente, cuando en realidad representan papeles claramente diferenciados, sobre todo, cuando nos referimos a la función directiva en el ámbito empresarial, en el mundo de la política o incluso del deporte, por poner alguno de los ejemplos más socorridos. Esta no es una cuestión novedosa, ha sido y sigue siendo objeto de interés y de discusión desde hace mucho tiempo, y no sólo a cargo de reconocidos pensadores.
Tanto el liderazgo como la jefatura son procesos que implican la existencia de grupos de personas y la necesidad de cumplir determinados objetivos; básicamente, su prevalencia se justifica porque concurren en un cierto nivel de relación social y compromiso. Y en ese contexto no basta con ocupar un cargo de responsabilidad, hay que desempeñarlo con todas sus consecuencias. Qué duda cabe que en ese desempeño, tanto unos como otros -líderes y jefes- asumen papeles que podrían solaparse, pero las diferencias existen, y no son pocas, y a ellas me referiré de forma resumida, para sostener la afirmación que encabeza estos comentarios.
El jefe, en todo caso, consigue que las personas que dependen de él hagan lo que tienen que hacer; el líder va mucho más allá, y logra que deseen hacer lo que tienen que hacer. ¡Ahí es nada!
En ocasiones el jefe impide que prospere el talento a su alrededor, porque teme que le «hagan sombra». Sin embargo, el líder lo fomenta, se rodea de los mejores y procura que sus colaboradores saquen lo mejor que llevan dentro.
El jefe se interesa por el «cómo» y «cuándo»; para él, a veces, el fin justifica los medios. El líder se interesa también por el «por qué» y actúa con arreglo a una escala de valores.
El jefe se ocupa del «aquí y ahora», mientras que el líder eleva el «punto de mira» y se plantea objetivos de más largo alcance.
Para el jefe la autoridad (que se impone) es una oportunidad para ejercer el mando, mientras que para el líder (que la inspira) lo es para ser útil. El primero dice «aquí mando yo» y empuja al equipo; el segundo dice «aquí sirvo yo» y encabeza la manifestación.
Cuando se comete un error el jefe lo primero que hace es buscar a los culpables, porque el que la hace la paga, y cree que así arregla la situación. El líder corrige, pero comprende; castiga, pero enseña y trata de rehabilitar; también adopta medidas para evitar su reproducción.
El jefe ordena desde su «puesto de mando» y con demasiada frecuencia hace del trabajo una carga; el líder da ejemplo y va marcando el paso. Los que cuentan con un líder pueden llegar a cansarse, pero no terminan hastiados.
En definitiva, el líder moviliza al grupo a través del trabajo en equipo, asignando responsabilidades, delegando facultades y consiguiendo su compromiso.
De forma especial, en tiempos como los que corren es difícil no coincidir en esta observación: necesitamos más líderes y es posible que nos sobren jefes; mandar como lo harían estos últimos es relativamente fácil, y más, si cabe, cuando sólo nos acompañan los obedientes; dirigir es otra cosa que está en sintonía con la breve descripción del liderazgo que precede.
(Artículo de Policarpo Fandos, publicado en "La Nueva España" el 5 de febrero de 2011)
Los términos «líder» y «jefe» tienden a ser utilizados de forma alternativa, por no decir equivalente, cuando en realidad representan papeles claramente diferenciados, sobre todo, cuando nos referimos a la función directiva en el ámbito empresarial, en el mundo de la política o incluso del deporte, por poner alguno de los ejemplos más socorridos. Esta no es una cuestión novedosa, ha sido y sigue siendo objeto de interés y de discusión desde hace mucho tiempo, y no sólo a cargo de reconocidos pensadores.
Tanto el liderazgo como la jefatura son procesos que implican la existencia de grupos de personas y la necesidad de cumplir determinados objetivos; básicamente, su prevalencia se justifica porque concurren en un cierto nivel de relación social y compromiso. Y en ese contexto no basta con ocupar un cargo de responsabilidad, hay que desempeñarlo con todas sus consecuencias. Qué duda cabe que en ese desempeño, tanto unos como otros -líderes y jefes- asumen papeles que podrían solaparse, pero las diferencias existen, y no son pocas, y a ellas me referiré de forma resumida, para sostener la afirmación que encabeza estos comentarios.
El jefe, en todo caso, consigue que las personas que dependen de él hagan lo que tienen que hacer; el líder va mucho más allá, y logra que deseen hacer lo que tienen que hacer. ¡Ahí es nada!
En ocasiones el jefe impide que prospere el talento a su alrededor, porque teme que le «hagan sombra». Sin embargo, el líder lo fomenta, se rodea de los mejores y procura que sus colaboradores saquen lo mejor que llevan dentro.
El jefe se interesa por el «cómo» y «cuándo»; para él, a veces, el fin justifica los medios. El líder se interesa también por el «por qué» y actúa con arreglo a una escala de valores.
El jefe se ocupa del «aquí y ahora», mientras que el líder eleva el «punto de mira» y se plantea objetivos de más largo alcance.
Para el jefe la autoridad (que se impone) es una oportunidad para ejercer el mando, mientras que para el líder (que la inspira) lo es para ser útil. El primero dice «aquí mando yo» y empuja al equipo; el segundo dice «aquí sirvo yo» y encabeza la manifestación.
Cuando se comete un error el jefe lo primero que hace es buscar a los culpables, porque el que la hace la paga, y cree que así arregla la situación. El líder corrige, pero comprende; castiga, pero enseña y trata de rehabilitar; también adopta medidas para evitar su reproducción.
El jefe ordena desde su «puesto de mando» y con demasiada frecuencia hace del trabajo una carga; el líder da ejemplo y va marcando el paso. Los que cuentan con un líder pueden llegar a cansarse, pero no terminan hastiados.
En definitiva, el líder moviliza al grupo a través del trabajo en equipo, asignando responsabilidades, delegando facultades y consiguiendo su compromiso.
De forma especial, en tiempos como los que corren es difícil no coincidir en esta observación: necesitamos más líderes y es posible que nos sobren jefes; mandar como lo harían estos últimos es relativamente fácil, y más, si cabe, cuando sólo nos acompañan los obedientes; dirigir es otra cosa que está en sintonía con la breve descripción del liderazgo que precede.
(Artículo de Policarpo Fandos, publicado en "La Nueva España" el 5 de febrero de 2011)
LA REBELIÓN DE LAS MASAS.
Las numerosas manifestaciones que hemos visto estos días en algunos países árabes recuerdan en parte a aquellas que provocaron la caída de los regímenes de socialismo de Estado. Son situaciones muy distintas, tanto histórica como sociológicamente, pero tienen un aire de familia indudable. Sobre todo en lo que hace a la rebelión de la sociedad civil frente a regímenes caducos, y al impulso por hacer realidad una demanda de libertad hasta entonces latente. Una vez puesta en pie la revuelta ya no hubo, ni hay, forma de evitar un cambio de sistema político.
Todo lo demás es, sin embargo, novedoso, propio del contexto geográfico y temporal donde hacen acto de presencia. Primero, porque no sabemos con exactitud cuál es la posición de las diferentes corrientes islámicas que la apoyan respecto al nuevo orden que se desea alcanzar. No podemos olvidar que el islamismo político fue soterrado o directamente prohibido en los países que hoy son el centro de la revuelta. Con casi total seguridad estos grupos no desean alcanzar algo parecido a nuestras democracias liberales, y de ahí el temor a una salida similar a la que en su día se produjo en Irán. Y, en segundo lugar, falta por ver hasta qué punto influye en esta rebelión el factor de retraso económico de la región, una de las más claramente perdedoras del proceso de globalización de la economía. ¿Es la economía o la política lo que mueve a las masas? ¿Qué parte de estos movimientos de revuelta obedecen a un impulso por la democratización y qué parte responde simplemente a una necesidad sentida por salir de la situación de miseria en la que se encuentran importantes sectores de sus poblaciones? No perdamos de vista que allí donde sí hay un buen ritmo de crecimiento económico, como en muchos lugares de Asia, la presión por acceder a la democratización es considerablemente menor, o prácticamente inexistente.
Autoritarismo, corrupción, estancamiento económico y presión demográfica seguramente se combinen como causas que dotan a esta nueva rebelión árabe de un perfil propio, pero también el factor islamista, siempre difícil de ponderar en su repercusión política. Y, en otro orden de cosas, y como en todas partes, el inevitable protagonismo de Internet y otros nuevos medios de comunicación, que sirven para coordinar e impulsar el movimiento, e impiden también la manipulación de la información desde el poder.
Una de las cuestiones más interesantes, sin embargo, es la percepción que se tiene desde Occidente -desde Europa en particular-, de cuanto está pasando. Domina la interpretación en clave política, que ve en estos movimientos la vanguardia de un renacer democrático. Por eso no se entiende el contraste entre esta apreciación y el cauto silencio de nuestros representantes. Esto es bien expresivo del estado de ánimo que nos embarga, el cierre sobre nosotros mismos y el escepticismo ante todo lo que viene de fuera y huela a "cambio". Lo más interesante, sin embargo, es la gran diferencia entre los movimientos de masas a los que estamos asistiendo en la región del sur y este del Mediterráneo y el papel que en Europa tienen las nuevas protestas en la calle. Mientras allí se levantan para alcanzar lo que no tienen -libertad y un mayor desarrollo económico-, nosotros lo hacemos para no perder lo ya conseguido. Por primera vez en nuestra historia, las manifestaciones tuteladas por los sindicatos, partidos u otros movimientos sociales no aspiran a conseguir nuevos fines, sino a mantener los avances sociales logrados. Son protestas defensivas del statu quo; no, como venía siendo habitual en nuestra historia, reclamaciones para alcanzar mejoras. La idea de progreso se ha desvanecido y predomina la afirmación y preservación de lo existente como lo único posible. El mejor resumen de este estado de ánimo es el cartel que blandía una niña de un liceo francés en las últimas manifestaciones de París: "¡Queremos vivir como nuestros padres!" ¿Alguien se imagina a la generación del baby boom diciendo algo similar?
Bien visto, es como si en nuestro continente hubiéramos accedido ya, en efecto, al "fin de la historia", como si hubiéramos alcanzado el mejor de los mundos posibles y la función de la política no consistiera en otra cosa más que en su defensa numantina. Nada de asumir riesgos.
Lo malo es que, por consideraciones estratégicas, ya casi hasta parecemos temer que otros no se den por satisfechos con lo que tienen y reivindiquen algo en lo que siempre hemos creído. Que lo que deseamos para nosotros, que todo siga igual, no impida el firme apoyo a quienes quieren y necesitan un mundo mejor.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 4 de febrero de 2011)
Todo lo demás es, sin embargo, novedoso, propio del contexto geográfico y temporal donde hacen acto de presencia. Primero, porque no sabemos con exactitud cuál es la posición de las diferentes corrientes islámicas que la apoyan respecto al nuevo orden que se desea alcanzar. No podemos olvidar que el islamismo político fue soterrado o directamente prohibido en los países que hoy son el centro de la revuelta. Con casi total seguridad estos grupos no desean alcanzar algo parecido a nuestras democracias liberales, y de ahí el temor a una salida similar a la que en su día se produjo en Irán. Y, en segundo lugar, falta por ver hasta qué punto influye en esta rebelión el factor de retraso económico de la región, una de las más claramente perdedoras del proceso de globalización de la economía. ¿Es la economía o la política lo que mueve a las masas? ¿Qué parte de estos movimientos de revuelta obedecen a un impulso por la democratización y qué parte responde simplemente a una necesidad sentida por salir de la situación de miseria en la que se encuentran importantes sectores de sus poblaciones? No perdamos de vista que allí donde sí hay un buen ritmo de crecimiento económico, como en muchos lugares de Asia, la presión por acceder a la democratización es considerablemente menor, o prácticamente inexistente.
Autoritarismo, corrupción, estancamiento económico y presión demográfica seguramente se combinen como causas que dotan a esta nueva rebelión árabe de un perfil propio, pero también el factor islamista, siempre difícil de ponderar en su repercusión política. Y, en otro orden de cosas, y como en todas partes, el inevitable protagonismo de Internet y otros nuevos medios de comunicación, que sirven para coordinar e impulsar el movimiento, e impiden también la manipulación de la información desde el poder.
Una de las cuestiones más interesantes, sin embargo, es la percepción que se tiene desde Occidente -desde Europa en particular-, de cuanto está pasando. Domina la interpretación en clave política, que ve en estos movimientos la vanguardia de un renacer democrático. Por eso no se entiende el contraste entre esta apreciación y el cauto silencio de nuestros representantes. Esto es bien expresivo del estado de ánimo que nos embarga, el cierre sobre nosotros mismos y el escepticismo ante todo lo que viene de fuera y huela a "cambio". Lo más interesante, sin embargo, es la gran diferencia entre los movimientos de masas a los que estamos asistiendo en la región del sur y este del Mediterráneo y el papel que en Europa tienen las nuevas protestas en la calle. Mientras allí se levantan para alcanzar lo que no tienen -libertad y un mayor desarrollo económico-, nosotros lo hacemos para no perder lo ya conseguido. Por primera vez en nuestra historia, las manifestaciones tuteladas por los sindicatos, partidos u otros movimientos sociales no aspiran a conseguir nuevos fines, sino a mantener los avances sociales logrados. Son protestas defensivas del statu quo; no, como venía siendo habitual en nuestra historia, reclamaciones para alcanzar mejoras. La idea de progreso se ha desvanecido y predomina la afirmación y preservación de lo existente como lo único posible. El mejor resumen de este estado de ánimo es el cartel que blandía una niña de un liceo francés en las últimas manifestaciones de París: "¡Queremos vivir como nuestros padres!" ¿Alguien se imagina a la generación del baby boom diciendo algo similar?
Bien visto, es como si en nuestro continente hubiéramos accedido ya, en efecto, al "fin de la historia", como si hubiéramos alcanzado el mejor de los mundos posibles y la función de la política no consistiera en otra cosa más que en su defensa numantina. Nada de asumir riesgos.
Lo malo es que, por consideraciones estratégicas, ya casi hasta parecemos temer que otros no se den por satisfechos con lo que tienen y reivindiquen algo en lo que siempre hemos creído. Que lo que deseamos para nosotros, que todo siga igual, no impida el firme apoyo a quienes quieren y necesitan un mundo mejor.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 4 de febrero de 2011)
DE TÚNEZ A EGIPTO.
El vendaval de libertad que sacude los países árabes desde la inmolación del joven tunecino Mohamed Buazizi el pasado 17 de diciembre rompe una serie de clichés y lugares comunes sólidamente enquistados en la opinión europea y en nuestros Gobiernos: el de su fatalismo y resignación a la arbitrariedad y el de la incompatibilidad absoluta entre islam y democracia.
Diremos de entrada que todas las religiones monoteístas son contrarias a priori a aquellos sistemas de gobierno que escapan a su poder: la historia española, con la alianza sagrada del Trono y el Altar y el recurso a la divinidad para encubrir las dictaduras de espadones, es un buen ejemplo de ello. Los viajeros franceses e ingleses que recorrían la Península solían recurrir al almacén de tópicos sobre nuestro presunto apego -salvo en breves momentos de incontrolado furor- al absolutismo monárquico y a la iglesia en la que se apoyaba. Las experiencias frustradas en la Primera y Segunda República abundaban en ello. Hasta hace menos de cuatro décadas España era gobernada por un Caudillo por la gracia de Dios.
Dichos prejuicios omiten el hecho de que la rebelión de los pueblos sojuzgados por el miedo, la injusticia y la ignorancia se incuba en silencio pero un conjunto de factores imprevisibles puede hacerla inflamar.
Aunque la situación política y económica de Túnez y Egipto sean muy disímiles, la chispa que ha prendido en ambos tiene un elemento en común: el hartazgo de una gerontocracia que tiende a perpetuarse en el poder mediante una encubierta sucesión dinástica que bloquea toda posibilidad de cambio. El régimen de Ben Ali era un Estado policiaco que controlaba estrechamente cualquier señal de desafección, mientras acallaba el descontento de una buena parte de la población a cambio de concederle un nivel de vida decente que no abarcaba todo, como han mostrado los hechos a los habitantes del interior y del sur.
El Túnez que visité por última vez hace poco más de 10 años (El Magreb a vuelo de pájaro, EL PAÍS, 1999), evocaba en muchos aspectos la España de la Restauración y la de las dictaduras del siglo que dejamos recientemente atrás. El de un régimen político en apariencia moderado y pro-occidental sostenido por la Unión Europea en cuanto firme baluarte frente al extremismo islamista. Quienes conocíamos el nepotismo y corrupción del clan Ben Ali-Trabelsi, nos preguntábamos cómo podía mantenerse indefinidamente, y la mejor respuesta que he leído hasta la fecha es la siguiente: "El moderantismo se instala para siempre mediante una corta oligarquía de hombres entendidos en la Administración y en los negocios, y acaba por anexionarse el Estado, convirtiéndolo en dependencia de un partido. Su política consiste en hallar un orden legal que cubra el despotismo, y en cebar las ambiciones con el fomento de los intereses materiales. Sus armas: el autoritarismo y la corrupción".
Pero dicho retrato no es el de Túnez sino el de la España del siglo XIX trazado por Manuel Azaña en su ensayo Tres generaciones del Ateneo. El "arte de fabricar parlamentos sin diputados de la oposición", el descrédito de los partidos políticos, la fachada supuestamente democrática eran comunes a nuestros antepasados y a los tunecinos y egipcios de hoy.
En el Egipto de Mubarak la situación es más grave que en el Túnez de Ben Ali: a la saciedad de unas élites educadas y de una clase media empobrecida hay que sumar la pobreza en la que vive sumido el grueso de la población. Más del 20% de esta subsiste con dos euros al día y quien gana el equivalente de 100 mensuales se considera afortunado. En 2008, después de 10 años de ausencia, descubrí que el nivel de vida de la mayoría de los egipcios había descendido aún y el abismo entre quienes acaparan la riqueza del país y quienes no poseen nada se había profundizado. La situación era explosiva y el contagio inmediato de la revuelta tunecina no me sorprendió. El rostro acartonado del Faraón profusamente retratado en las avenidas y plazas de El Cairo parecía un insulto a los millones de jóvenes sin trabajo ni expectativas de cambio. Resulta difícil prever hoy el resultado de la actual explosión, de esos "días de ira" que encienden a la población egipcia y la empujan a desafiar la represión brutal de un poder asediado y exhausto.
El levantamiento espontáneo de los tunecinos y egipcios propagado por las redes sociales creadas por Internet y la telefonía móvil no obedece a las consignas de ningún jefe o partido: los ex súbditos convertidos en ciudadanos que expresan su exasperación han roto con la psicología que sustenta la fidelidad y con el reflejo de sumisión al poder. Los peligros que acechan a dichos movimientos son el consabido recurso al Ejército como instrumento de salvación o a su recuperación por los movimientos islamistas. Con todo, estos últimos parecen haber aprendido la lección de sus anteriores fracasos: su apoyo a la candidatura de El Baradei y la referencia a Turquía son otras tantas razones que inducen a la esperanza en un cambio real y democrático.
(Artículo de Juan Goytisolo, publicado en "El País" el 2 de febrero de 2011)
Diremos de entrada que todas las religiones monoteístas son contrarias a priori a aquellos sistemas de gobierno que escapan a su poder: la historia española, con la alianza sagrada del Trono y el Altar y el recurso a la divinidad para encubrir las dictaduras de espadones, es un buen ejemplo de ello. Los viajeros franceses e ingleses que recorrían la Península solían recurrir al almacén de tópicos sobre nuestro presunto apego -salvo en breves momentos de incontrolado furor- al absolutismo monárquico y a la iglesia en la que se apoyaba. Las experiencias frustradas en la Primera y Segunda República abundaban en ello. Hasta hace menos de cuatro décadas España era gobernada por un Caudillo por la gracia de Dios.
Dichos prejuicios omiten el hecho de que la rebelión de los pueblos sojuzgados por el miedo, la injusticia y la ignorancia se incuba en silencio pero un conjunto de factores imprevisibles puede hacerla inflamar.
Aunque la situación política y económica de Túnez y Egipto sean muy disímiles, la chispa que ha prendido en ambos tiene un elemento en común: el hartazgo de una gerontocracia que tiende a perpetuarse en el poder mediante una encubierta sucesión dinástica que bloquea toda posibilidad de cambio. El régimen de Ben Ali era un Estado policiaco que controlaba estrechamente cualquier señal de desafección, mientras acallaba el descontento de una buena parte de la población a cambio de concederle un nivel de vida decente que no abarcaba todo, como han mostrado los hechos a los habitantes del interior y del sur.
El Túnez que visité por última vez hace poco más de 10 años (El Magreb a vuelo de pájaro, EL PAÍS, 1999), evocaba en muchos aspectos la España de la Restauración y la de las dictaduras del siglo que dejamos recientemente atrás. El de un régimen político en apariencia moderado y pro-occidental sostenido por la Unión Europea en cuanto firme baluarte frente al extremismo islamista. Quienes conocíamos el nepotismo y corrupción del clan Ben Ali-Trabelsi, nos preguntábamos cómo podía mantenerse indefinidamente, y la mejor respuesta que he leído hasta la fecha es la siguiente: "El moderantismo se instala para siempre mediante una corta oligarquía de hombres entendidos en la Administración y en los negocios, y acaba por anexionarse el Estado, convirtiéndolo en dependencia de un partido. Su política consiste en hallar un orden legal que cubra el despotismo, y en cebar las ambiciones con el fomento de los intereses materiales. Sus armas: el autoritarismo y la corrupción".
Pero dicho retrato no es el de Túnez sino el de la España del siglo XIX trazado por Manuel Azaña en su ensayo Tres generaciones del Ateneo. El "arte de fabricar parlamentos sin diputados de la oposición", el descrédito de los partidos políticos, la fachada supuestamente democrática eran comunes a nuestros antepasados y a los tunecinos y egipcios de hoy.
En el Egipto de Mubarak la situación es más grave que en el Túnez de Ben Ali: a la saciedad de unas élites educadas y de una clase media empobrecida hay que sumar la pobreza en la que vive sumido el grueso de la población. Más del 20% de esta subsiste con dos euros al día y quien gana el equivalente de 100 mensuales se considera afortunado. En 2008, después de 10 años de ausencia, descubrí que el nivel de vida de la mayoría de los egipcios había descendido aún y el abismo entre quienes acaparan la riqueza del país y quienes no poseen nada se había profundizado. La situación era explosiva y el contagio inmediato de la revuelta tunecina no me sorprendió. El rostro acartonado del Faraón profusamente retratado en las avenidas y plazas de El Cairo parecía un insulto a los millones de jóvenes sin trabajo ni expectativas de cambio. Resulta difícil prever hoy el resultado de la actual explosión, de esos "días de ira" que encienden a la población egipcia y la empujan a desafiar la represión brutal de un poder asediado y exhausto.
El levantamiento espontáneo de los tunecinos y egipcios propagado por las redes sociales creadas por Internet y la telefonía móvil no obedece a las consignas de ningún jefe o partido: los ex súbditos convertidos en ciudadanos que expresan su exasperación han roto con la psicología que sustenta la fidelidad y con el reflejo de sumisión al poder. Los peligros que acechan a dichos movimientos son el consabido recurso al Ejército como instrumento de salvación o a su recuperación por los movimientos islamistas. Con todo, estos últimos parecen haber aprendido la lección de sus anteriores fracasos: su apoyo a la candidatura de El Baradei y la referencia a Turquía son otras tantas razones que inducen a la esperanza en un cambio real y democrático.
(Artículo de Juan Goytisolo, publicado en "El País" el 2 de febrero de 2011)
LA CORRUPCIÓN INQUIETA.
La Costa da Morte vivió ayer una jornada sin precedentes en la historia de la democracia. Nunca desde que se aprobó la Constitución un centenar de policías tomaron tres concellos de la comarca para detener a sus respectivos alcaldes, dos concejales y tres empresarios. Nunca un juez de Corcubión emprendió una operación de estas características para purgar supuestas tramas de corrupción en su partido judicial. No hay nada probado contra los tres regidores que esta noche durmieron en comisaría. De momento, son inocentes y la prudencia obliga. Sin embargo, algo gordo debe haberse cocido tras una investigación de seis meses para desencadenar una movilización como la de ayer. Cuando menos, a estos tres ediles se les ponen muy cuesta arriba las elecciones de mayo, que posiblemente hubiesen ganado sin muchos esfuerzos. Para ellos empieza una etapa amarga de la política. Para los demás es una muestra de que la corrupción exige energía para ser erradicada de nuestras instituciones.
(Artículo de X. Ameixeiras, publicado en "La Voz de Galicia" el 1 de febrero de 2011)
(Artículo de X. Ameixeiras, publicado en "La Voz de Galicia" el 1 de febrero de 2011)
VERGÜENZA EUROPEA.
Toda política exterior se articula en torno a una combinación de valores e intereses. Sin estos, deviene retórica ingenua; sin aquellos, deja de ser política para convertirse en mero oportunismo. La actuación de la Unión Europea en los últimos meses ante vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos en el Mediterráneo sur o en el Cáucaso indica que ha perdido toda querencia sobre los valores que pretende encarnar. Y cualquier noción sensata de cuáles sean sus intereses
Como en caso de polémica hay que acudir a los textos fundamentales, conviene recordar que el Tratado de Lisboa dispone (artículo 21) que "la acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación", como "la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos". Y la Estrategia Europea de Seguridad, de 2003, doctrina ejecutiva para la política exterior, establece sus intereses. Entre otros, el de que "a Europa le conviene que los países limítrofes estén bien gobernados".
En lugar de cumplir esos mandatos, la UE ha permanecido muda ante los dilatados abusos de las autocracias norteafricanas. Temerosa de una posible irrupción islamista en los mecanismos de poder, ha dejado pudrir situaciones que constituyen precisamente el caldo de cultivo de la misma. El consenso no escrito de que las viejas metrópolis colonialistas debían gozar de primacía en sus zonas de influencia, ha venido concediendo a Francia especial preponderancia. Tan vergonzosa ha resultado que, en plena revolución del jazmín, París todavía ofrecía al dictador tunecino ayuda para contener "la situación de orden público".
Con igual descaro, aunque mayor sordina, Italia y España se han lavado las manos, en presunto beneficio de la cooperación antiinmigratoria y las buenas relaciones. La alta representante de política exterior, lady Ashton, ha repetido un discreto mutis salpicado de alguna declaración inane, sea sobre las revueltas populares de Túnez y Egipto o a propósito de la sonrojante visita reciente del dictador uzbeko a Bruselas.
Compárese tal actitud con la de Estados Unidos (y algún gobierno suelto de la Unión), que ha incitado a los ejércitos de los países en crisis a respetar a los civiles y presiona a sus autoridades en favor de reformas significativas. Si EE UU ha recuperado su carácter de potencia liberal, la UE va camino de perderlo.
(Editorial de "El País", publicado el 31 de enero de 2011)
Como en caso de polémica hay que acudir a los textos fundamentales, conviene recordar que el Tratado de Lisboa dispone (artículo 21) que "la acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación", como "la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos". Y la Estrategia Europea de Seguridad, de 2003, doctrina ejecutiva para la política exterior, establece sus intereses. Entre otros, el de que "a Europa le conviene que los países limítrofes estén bien gobernados".
En lugar de cumplir esos mandatos, la UE ha permanecido muda ante los dilatados abusos de las autocracias norteafricanas. Temerosa de una posible irrupción islamista en los mecanismos de poder, ha dejado pudrir situaciones que constituyen precisamente el caldo de cultivo de la misma. El consenso no escrito de que las viejas metrópolis colonialistas debían gozar de primacía en sus zonas de influencia, ha venido concediendo a Francia especial preponderancia. Tan vergonzosa ha resultado que, en plena revolución del jazmín, París todavía ofrecía al dictador tunecino ayuda para contener "la situación de orden público".
Con igual descaro, aunque mayor sordina, Italia y España se han lavado las manos, en presunto beneficio de la cooperación antiinmigratoria y las buenas relaciones. La alta representante de política exterior, lady Ashton, ha repetido un discreto mutis salpicado de alguna declaración inane, sea sobre las revueltas populares de Túnez y Egipto o a propósito de la sonrojante visita reciente del dictador uzbeko a Bruselas.
Compárese tal actitud con la de Estados Unidos (y algún gobierno suelto de la Unión), que ha incitado a los ejércitos de los países en crisis a respetar a los civiles y presiona a sus autoridades en favor de reformas significativas. Si EE UU ha recuperado su carácter de potencia liberal, la UE va camino de perderlo.
(Editorial de "El País", publicado el 31 de enero de 2011)
LA BATALLA DE EGIPTO CONTINÚA.
Qué admirables me parecen los jóvenes manifestantes ante los que hablé el otro día, esos egipcios unidos contra las injusticias y que comparten una ira que nadie va a poder dominar. El martes fue para mí un día inolvidable. Me uní a los manifestantes en El Cairo, junto con los cientos de miles de personas que, en todo Egipto, salieron a la calle para exigir libertades y enfrentarse a la terrible violencia policial. El régimen posee un aparato de seguridad con 1.500.000 de soldados e invierte millones en entrenarlos para una tarea: reprimir al pueblo egipcio.
Me encontré en medio de miles de jóvenes que solo tenían en común su valor increíble y su determinación de hacer una cosa: cambiar el régimen. Unos jóvenes que son, en su mayoría, estudiantes universitarios sin ninguna esperanza sobre su futuro. Que no encuentran trabajo y, por tanto, no pueden casarse. Y que actúan movidos por una ira indomable y un profundo sentido de las injusticias existentes.
Siempre admiraré a estos revolucionarios. Todo lo que dicen demuestra una aguda conciencia política y un deseo de libertad que desafía a la muerte. Me pidieron que pronunciara unas palabras. Aunque he hablado cientos de veces en público, en esta ocasión era diferente: me encontraba ante 30.000 manifestantes que no estaban de humor para oír hablar de concesiones y que no dejaban de interrumpir con gritos de "¡Abajo Hosni Mubarak!" y "El pueblo dice: ¡Fuera el régimen!".
Dije que estaba orgulloso de lo que habían conseguido, que habían logrado poner fin al periodo de represión, y añadí que, aunque nos golpearan o nos detuvieran, habíamos demostrado ya que no teníamos miedo y que éramos más fuertes que ellos. El Gobierno egipcio tiene a su disposición los instrumentos represivos más temibles del mundo, pero nosotros tenemos algo más fuerte: nuestro valor y nuestra fe en la libertad. La muchedumbre respondió con un grito unánime: "¡Acabaremos lo que hemos empezado!". Yo estaba en compañía de un amigo, un periodista español que pasó muchos años en Europa del Este y vivió allí los movimientos de liberación. Dijo: "Mi experiencia es que, cuando sale tanta gente a la calle, y con tanto empeño, el cambio de régimen es solo cuestión de tiempo".
¿Por qué se han rebelado los egipcios? La respuesta está en la naturaleza del régimen. Un régimen tiránico puede privar al pueblo de libertad pero, a cambio, le ofrece una vida fácil. Un régimen democrático puede no ser capaz de acabar con la pobreza, pero la gente tiene libertad y dignidad. El régimen egipcio ha quitado a sus ciudadanos todo, incluidas la libertad y la dignidad, y no ha cubierto sus necesidades diarias. Los cientos de miles de manifestantes de El Cairo no son más que una representación de los millones de egipcios que han vivido con sus derechos suprimidos.
Si bien en Egipto ya había llamamientos públicos pidiendo reformas mucho antes de los disturbios de Túnez, es evidente que los acontecimientos en dicho país sirvieron de inspiración. La gente empezó a ver con claridad que el aparato de seguridad no podía proteger a un dictador eternamente. Y teníamos más motivos que nuestros homólogos tunecinos para protestar, puesto que en Egipto hay más gente que vive en la pobreza y estamos sujetos a un gobernante que lleva más tiempo sujetando las riendas del poder. En un momento dado, el miedo empujó a Ben Ali a huir de Túnez. Es posible que nosotros obtengamos un éxito similar; algunos manifestantes de El Cairo copiaron el lema en francés que se había oído en Túnez, "Dégage, Mubarak". Por otra parte, las revueltas han llegado ya a otros Estados árabes como Yemen. Las autoridades están descubriendo que sus tácticas no pueden detener las protestas. Las manifestaciones se han organizado a través de Facebook, que ha demostrado ser una fuente de información fiable e independiente; cuando el Estado intentó bloquearla, la gente fue más astuta y los blogueros explicaron las formas de saltarse los controles. Y la violencia de los servicios de seguridad es un peligro para las dos partes: en Suez, la gente se alzó contra la policía por haber disparado a los manifestantes. La historia enseña que llega un instante en el que los agentes de a pie se niegan a obedecer las órdenes de matar a sus conciudadanos.
Cada vez son más los ciudadanos que desafían a las fuerzas del orden. Un joven manifestante me contó que, cuando corría para huir de la policía el martes, entró en un edificio y llamó a un piso cualquiera. Eran las cuatro de la mañana. Le abrió la puerta un hombre de 60 años, con el miedo visible en el rostro. El manifestante pidió al hombre que le escondiera de la policía. El hombre le pidió que le enseñara su documento de identidad y le invitó a entrar, e incluso despertó a una de sus tres hijas para que le preparase algo de comer. Se sentaron a comer y beber té y acabaron charlando como viejos amigos. Por la mañana, cuando se había alejado el peligro de que detuvieran al joven manifestante, el hombre le acompañó a la calle, le buscó un taxi y le ofreció un poco de dinero. El joven se negó y le dio las gracias. Mientras se daban un abrazo, el hombre le dijo: "Soy yo quien debería darte a ti las gracias por defendernos a mí, a mis hijas y a todos los egipcios".
(Artículo de Alaa Al Aswany, publicado en "El País" 3o de enero de 2011)
Me encontré en medio de miles de jóvenes que solo tenían en común su valor increíble y su determinación de hacer una cosa: cambiar el régimen. Unos jóvenes que son, en su mayoría, estudiantes universitarios sin ninguna esperanza sobre su futuro. Que no encuentran trabajo y, por tanto, no pueden casarse. Y que actúan movidos por una ira indomable y un profundo sentido de las injusticias existentes.
Siempre admiraré a estos revolucionarios. Todo lo que dicen demuestra una aguda conciencia política y un deseo de libertad que desafía a la muerte. Me pidieron que pronunciara unas palabras. Aunque he hablado cientos de veces en público, en esta ocasión era diferente: me encontraba ante 30.000 manifestantes que no estaban de humor para oír hablar de concesiones y que no dejaban de interrumpir con gritos de "¡Abajo Hosni Mubarak!" y "El pueblo dice: ¡Fuera el régimen!".
Dije que estaba orgulloso de lo que habían conseguido, que habían logrado poner fin al periodo de represión, y añadí que, aunque nos golpearan o nos detuvieran, habíamos demostrado ya que no teníamos miedo y que éramos más fuertes que ellos. El Gobierno egipcio tiene a su disposición los instrumentos represivos más temibles del mundo, pero nosotros tenemos algo más fuerte: nuestro valor y nuestra fe en la libertad. La muchedumbre respondió con un grito unánime: "¡Acabaremos lo que hemos empezado!". Yo estaba en compañía de un amigo, un periodista español que pasó muchos años en Europa del Este y vivió allí los movimientos de liberación. Dijo: "Mi experiencia es que, cuando sale tanta gente a la calle, y con tanto empeño, el cambio de régimen es solo cuestión de tiempo".
¿Por qué se han rebelado los egipcios? La respuesta está en la naturaleza del régimen. Un régimen tiránico puede privar al pueblo de libertad pero, a cambio, le ofrece una vida fácil. Un régimen democrático puede no ser capaz de acabar con la pobreza, pero la gente tiene libertad y dignidad. El régimen egipcio ha quitado a sus ciudadanos todo, incluidas la libertad y la dignidad, y no ha cubierto sus necesidades diarias. Los cientos de miles de manifestantes de El Cairo no son más que una representación de los millones de egipcios que han vivido con sus derechos suprimidos.
Si bien en Egipto ya había llamamientos públicos pidiendo reformas mucho antes de los disturbios de Túnez, es evidente que los acontecimientos en dicho país sirvieron de inspiración. La gente empezó a ver con claridad que el aparato de seguridad no podía proteger a un dictador eternamente. Y teníamos más motivos que nuestros homólogos tunecinos para protestar, puesto que en Egipto hay más gente que vive en la pobreza y estamos sujetos a un gobernante que lleva más tiempo sujetando las riendas del poder. En un momento dado, el miedo empujó a Ben Ali a huir de Túnez. Es posible que nosotros obtengamos un éxito similar; algunos manifestantes de El Cairo copiaron el lema en francés que se había oído en Túnez, "Dégage, Mubarak". Por otra parte, las revueltas han llegado ya a otros Estados árabes como Yemen. Las autoridades están descubriendo que sus tácticas no pueden detener las protestas. Las manifestaciones se han organizado a través de Facebook, que ha demostrado ser una fuente de información fiable e independiente; cuando el Estado intentó bloquearla, la gente fue más astuta y los blogueros explicaron las formas de saltarse los controles. Y la violencia de los servicios de seguridad es un peligro para las dos partes: en Suez, la gente se alzó contra la policía por haber disparado a los manifestantes. La historia enseña que llega un instante en el que los agentes de a pie se niegan a obedecer las órdenes de matar a sus conciudadanos.
Cada vez son más los ciudadanos que desafían a las fuerzas del orden. Un joven manifestante me contó que, cuando corría para huir de la policía el martes, entró en un edificio y llamó a un piso cualquiera. Eran las cuatro de la mañana. Le abrió la puerta un hombre de 60 años, con el miedo visible en el rostro. El manifestante pidió al hombre que le escondiera de la policía. El hombre le pidió que le enseñara su documento de identidad y le invitó a entrar, e incluso despertó a una de sus tres hijas para que le preparase algo de comer. Se sentaron a comer y beber té y acabaron charlando como viejos amigos. Por la mañana, cuando se había alejado el peligro de que detuvieran al joven manifestante, el hombre le acompañó a la calle, le buscó un taxi y le ofreció un poco de dinero. El joven se negó y le dio las gracias. Mientras se daban un abrazo, el hombre le dijo: "Soy yo quien debería darte a ti las gracias por defendernos a mí, a mis hijas y a todos los egipcios".
(Artículo de Alaa Al Aswany, publicado en "El País" 3o de enero de 2011)
TÚNEZ, NUEVO HORIZONTE DEL MUNDO ÁRABE.
Paradojas de la historia: mientras el dictador Ben Alí huye de su país, otro tirano, Jean-Claude Duvalier, regresa sin que nadie le moleste. Mientras la esperanza florece en Túnez, Haití está demasiado desesperado por su presente como para pedir cuentas por el pasado. Ambos han rivalizado en represión y corrupción. Duvalier se mantuvo gracias al apoyo de EEUU, que le consideraba, como a tantas dictaduras latinoamericanas, un baluarte frente al comunismo. Ben Alí se ha mantenido gracias al de los europeos, especialmente Francia, que lo consideró, como a tantas dictaduras árabes, un dique de contención del islamismo.
Conocí el régimen tunecino durante mi presidencia del Parlamento Europeo y de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. En los encuentros que mantuve con algunos de los pocos y valientes opositores, estos se lamentaban del apoyo que la UE prestaba a un régimen cuya naturaleza represiva era tan evidente. Un apoyo que no le faltó cuando se celebró en Túnez la Conferencia de la ONU sobre la Sociedad de la Información, todo un escarnio en un país en el que el acceso a internet estaba celosamente controlado. Y que se ha mantenido casi hasta el momento en que Ben Alí despegó cogiendo desprevenidas a todas las diplomacias europeas que horas antes todavía hacían llamadas al apaciguamiento.
FRANCIA ha cambiado rápidamente de chaqueta, pero desde hace tiempo todos sus dirigentes políticos de todos los colores han apoyado a Ben Alí poniéndolo como ejemplo de estabilidad y progreso. En diciembre del 2003, Chirac descalificaba a los defensores de los derechos humanos diciendo que el primer derecho humano era comer y que desde este punto de vista Túnez era un país muy avanzado. Mientras, la abogada Nadia Nasraoiui entraba en su 50° día de huelga de hambre. Sarkozy, de visita en Túnez, decía en el 2008 ver progresar las libertades. Y justo antes del suicidio a lo bonzo del joven desesperado que prendió la llama de la revuelta, el ministro de Cultura consideraba una exageración llamar dictadura a Túnez. Pero la palma se la llevó la ministra de Exteriores al proponer, cuando ya había 27 muertos en las calles de Túnez, que la policía francesa entrenara a la de Ben Alí en formas menos rigurosas de hacer frente a desórdenes públicos- Los demás países europeos no han sido tan explícitos, pero casi ninguno cuestionó el régimen de Ben Alí ni siquiera durante esos 21 días de revuelta. La recién estrenada diplomacia europea de lady Ashton, ausente, y la Comisión no ha considerado oportuno congelar la negociación del acuerdo de asociación con Túnez.
El régimen de Ben Alí, mezcla de clientelismo y de represión, sedujo a Occidente con su control de los movimientos islamistas y un crecimiento del 5% anual en un país sin recursos petroleros. Una tasa alta, pero insuficiente, para dar trabajo a los 60.000 nuevos diplomados que salían cada año de un sistema educativo usado como un instrumento demagógico.
LA FRUSTRACIÓN y la cólera que se creó entre esos diplomados condenados al paro acabó explotando cuando fueron más grandes que el miedo. Pero los europeos no nos quisimos enterar hasta que la sangre llegó al río. En cambio, la actitud de EEUU ha sido mucho más exigente con Ben Alí y comprometida con la defensa de la libertad de los tunecinos. Aunque los atentados del 11-S dieron a Ben Alí nueva cuerda para reprimir las libertades en nombre de la lucha contra el terrorismo y el peligro islamista, solo Washington ha convocado al embajador de Túnez, y las condenas explícitas personales de la secretaria de Estado han sido las únicas de la diplomacia occidental antes de la imprevista huida de Ben Alí.
El 14 de enero, mientras Ben Alí hacía las maletas en Túnez, en París había coches agitando la bandera tunecina por los Campos Elíseos. Todos pensaban que lo que fuese a ocurrir dependería de la decisión del Ejército en las horas siguientes. Y seguramente la actitud norteamericana ha sido determinante en la negativa del Ejército tunecino a actuar como fuerza represora.
Ahora se abren numerosos interrogantes y, entre el temor y la esperanza, se especula con que la revolución del jazmín --aunque haya nacido con el olor de la carne quemada-- puede contagiar a otras dictaduras del norte de África. La historia está por escribir, pero desde la caída del muro de Berlín en 1989 la democracia había progresado un poco o bastante en todas partes menos en el mundo árabe. Pero de repente, ante la sorpresa de las cancillerías europeas y a contracorriente de todas las teorías de la realpolitik, un país musulmán baja a la calle y expulsa a pedradas a un dictador corrupto y brutal sin que los islamistas hayan jugado ningún papel clave.
En Túnez se ha demostrado que la llamada de la libertad tiene un eco universal. Y los europeos deberíamos dejar de exigir cínicamente democracia a nuestros vecinos musulmanes cuando realmente lo único que les pedíamos y nos ha importado hasta ahora ha sido que nos ofrecieran estabilidad frente al islamismo que tememos.
(Artículo de Josep Borrell, publicado en "El Periódico de Aragón" el 29 de enero de 2011)
Conocí el régimen tunecino durante mi presidencia del Parlamento Europeo y de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. En los encuentros que mantuve con algunos de los pocos y valientes opositores, estos se lamentaban del apoyo que la UE prestaba a un régimen cuya naturaleza represiva era tan evidente. Un apoyo que no le faltó cuando se celebró en Túnez la Conferencia de la ONU sobre la Sociedad de la Información, todo un escarnio en un país en el que el acceso a internet estaba celosamente controlado. Y que se ha mantenido casi hasta el momento en que Ben Alí despegó cogiendo desprevenidas a todas las diplomacias europeas que horas antes todavía hacían llamadas al apaciguamiento.
FRANCIA ha cambiado rápidamente de chaqueta, pero desde hace tiempo todos sus dirigentes políticos de todos los colores han apoyado a Ben Alí poniéndolo como ejemplo de estabilidad y progreso. En diciembre del 2003, Chirac descalificaba a los defensores de los derechos humanos diciendo que el primer derecho humano era comer y que desde este punto de vista Túnez era un país muy avanzado. Mientras, la abogada Nadia Nasraoiui entraba en su 50° día de huelga de hambre. Sarkozy, de visita en Túnez, decía en el 2008 ver progresar las libertades. Y justo antes del suicidio a lo bonzo del joven desesperado que prendió la llama de la revuelta, el ministro de Cultura consideraba una exageración llamar dictadura a Túnez. Pero la palma se la llevó la ministra de Exteriores al proponer, cuando ya había 27 muertos en las calles de Túnez, que la policía francesa entrenara a la de Ben Alí en formas menos rigurosas de hacer frente a desórdenes públicos- Los demás países europeos no han sido tan explícitos, pero casi ninguno cuestionó el régimen de Ben Alí ni siquiera durante esos 21 días de revuelta. La recién estrenada diplomacia europea de lady Ashton, ausente, y la Comisión no ha considerado oportuno congelar la negociación del acuerdo de asociación con Túnez.
El régimen de Ben Alí, mezcla de clientelismo y de represión, sedujo a Occidente con su control de los movimientos islamistas y un crecimiento del 5% anual en un país sin recursos petroleros. Una tasa alta, pero insuficiente, para dar trabajo a los 60.000 nuevos diplomados que salían cada año de un sistema educativo usado como un instrumento demagógico.
LA FRUSTRACIÓN y la cólera que se creó entre esos diplomados condenados al paro acabó explotando cuando fueron más grandes que el miedo. Pero los europeos no nos quisimos enterar hasta que la sangre llegó al río. En cambio, la actitud de EEUU ha sido mucho más exigente con Ben Alí y comprometida con la defensa de la libertad de los tunecinos. Aunque los atentados del 11-S dieron a Ben Alí nueva cuerda para reprimir las libertades en nombre de la lucha contra el terrorismo y el peligro islamista, solo Washington ha convocado al embajador de Túnez, y las condenas explícitas personales de la secretaria de Estado han sido las únicas de la diplomacia occidental antes de la imprevista huida de Ben Alí.
El 14 de enero, mientras Ben Alí hacía las maletas en Túnez, en París había coches agitando la bandera tunecina por los Campos Elíseos. Todos pensaban que lo que fuese a ocurrir dependería de la decisión del Ejército en las horas siguientes. Y seguramente la actitud norteamericana ha sido determinante en la negativa del Ejército tunecino a actuar como fuerza represora.
Ahora se abren numerosos interrogantes y, entre el temor y la esperanza, se especula con que la revolución del jazmín --aunque haya nacido con el olor de la carne quemada-- puede contagiar a otras dictaduras del norte de África. La historia está por escribir, pero desde la caída del muro de Berlín en 1989 la democracia había progresado un poco o bastante en todas partes menos en el mundo árabe. Pero de repente, ante la sorpresa de las cancillerías europeas y a contracorriente de todas las teorías de la realpolitik, un país musulmán baja a la calle y expulsa a pedradas a un dictador corrupto y brutal sin que los islamistas hayan jugado ningún papel clave.
En Túnez se ha demostrado que la llamada de la libertad tiene un eco universal. Y los europeos deberíamos dejar de exigir cínicamente democracia a nuestros vecinos musulmanes cuando realmente lo único que les pedíamos y nos ha importado hasta ahora ha sido que nos ofrecieran estabilidad frente al islamismo que tememos.
(Artículo de Josep Borrell, publicado en "El Periódico de Aragón" el 29 de enero de 2011)
BERLUSCONI TOCADO Y CASI HUNDIDO.
Italia es un país maravilloso donde suceden cosas tan sorprendentes e inexplicables como las que enumero a continuación. El primer ministro, enfurecido, interrumpe un programa de televisión en directo para insultar a los allí presentes. Estaban hablando, como no, de la participación de las prostitutas en las orgías de Villa San Martino, la mansión de Berlusconi, cuando este llamó por teléfono para tachar al programa de despreciable, infame y repugnante. La respuesta del presentador, Gad Lerner, fue llamar, a su vez, “asqueroso” al primer ministro. Un acto de valor por parte de Lerner, teniendo en cuenta que el insultado no sólo es primer ministro, sino el propietario de la mayoría de los canales de televisión, portales de internet y un tercio del sector editorial, en definitiva, una de las mayores fortunas de Italia, cuyo origen, por cierto, es tan confuso como sus ideas.Aunque el canal de Lerner es de los pocos que no pertenece a Berlusconi, hemos visto recientemente a otros periodistas criticando al jefe en sus propios medios. Tanto esfuerzo y dinero para comprarlos y, al final, se le van de las manos. El escándalo del caso Ruby, la supuesta prostitución de la menor marroquí Kharima el Mahroug, ha dejado tocado y casi hundido a Il Cavaliere. Siendo todo extraño, lo más inexplicable es que un pueblo ilustrado y competente como el italiano siga manteniendo a semejante personaje en el poder. Cierto que la clase política ha sido, en su conjunto, una clase corrupta y corruptora, “pero también es verdad que ha permanecido en el poder con nuestro voto”, dijo el maestro Montanelli, poco antes de morir. Moraleja: no conviene votar con los ojos cerrados y una pinza en la nariz.
(Artículo de Nativel Preciado, publicado en "Público" el 28 de enero de 2011)
(Artículo de Nativel Preciado, publicado en "Público" el 28 de enero de 2011)
DE MOMIOS Y CANONJÍAS.
La peor herencia social de la crisis será, está siendo, esta: nos deja un país con más rencores, más envidias, más discurso demagógico y más desgajado en lo territorial. Lo apuntábamos el sábado al dar cuenta de los ecos que llegan del pueblo llano: una comparación persistente y agresiva entre los sacrificios impuestos a la sociedad y las cómodas ventajas que mantiene la mayor parte de la clase política. Está estallando el viejo, popular, hispánico y vital principio que proclama, y discúlpenme la expresión: “si nos tenemos que joder, jodámonos todos”. Abajo las excepciones.
Y así, internet hierve de datos de sueldos de alcaldes y representantes populares. Hay un clima de denuncia y delación de ingresos de los dirigentes, en todos los niveles. Las cifras se presentan como si fuesen fruto de una apropiación indebida o de un descarado reparto entre amiguetes que se atribuyen el poder vivir bien mientras la mayoría sufre. Es como si hubiera un extraño laboratorio oculto donde se planifica irritar al ciudadano para levantarlo contra el establecimiento.
Así, también, estamos en pleno debate populista sobre las pensiones de los diputados, que obligó al presidente del Congreso a ponerse al frente de la manifestación, para evitar un divorcio con el cuerpo social. Y, por si necesitáramos más ejemplos, ahí tienen la gresca de los famosos pinganillos. El argumento de fuerza para oponerse al uso de los idiomas de España en el Senado ha sido lo que cuestan. Y el discurso, cómo no, también vino acompañado por la comparación: ¿cuántas familias viven con ese dinero?, se preguntó en tertulias y debates. ¡La gran cuestión de los idiomas en las instituciones del Estado, reducida al coste de los pinganillos!
Es la situación del país, qué queréis. Cuando la sociedad lo está pasando mal, el único consuelo es verse acompañada en la desgracia. Lo peligroso es la consecuencia política. Si a diputados y cargos públicos se les quitan algunos beneficios lícitos, justos y acordados con transparencia, ¿quién se querrá dedicar a la función pública? Los muy vocacionales, gran minoría, y los que no pueden hacer otra cosa. Eso supondrá una degradación y una privación de talento a gobiernos e instituciones. Y algo inquietante para la salud democrática: a veces resulta inevitable pensar que está naciendo una nueva y sutil lucha de clases, que enfrenta al ciudadano sufridor con sus políticos, transformados en caricatura de casta de momios y canonjías.
¿Saben por qué sucede? Porque el ciudadano quiere ejemplaridad y no la encuentra. Porque quiere gobernantes y dirigentes que le resuelvan los problemas, y los ve enzarzados en peleas de poder. Y les está pasando factura. La cuestión no es ideológica. Es una forma de venganza. La única ventaja, todavía imperceptible, es que quizá ganemos algo en austeridad pública, transparencia y vergüenza por privilegios hasta ahora disculpados. Ojalá.
(Artículo de Fernando Ónega, publicado en "La Vanguardia" el 27 de enero de 2011)
Y así, internet hierve de datos de sueldos de alcaldes y representantes populares. Hay un clima de denuncia y delación de ingresos de los dirigentes, en todos los niveles. Las cifras se presentan como si fuesen fruto de una apropiación indebida o de un descarado reparto entre amiguetes que se atribuyen el poder vivir bien mientras la mayoría sufre. Es como si hubiera un extraño laboratorio oculto donde se planifica irritar al ciudadano para levantarlo contra el establecimiento.
Así, también, estamos en pleno debate populista sobre las pensiones de los diputados, que obligó al presidente del Congreso a ponerse al frente de la manifestación, para evitar un divorcio con el cuerpo social. Y, por si necesitáramos más ejemplos, ahí tienen la gresca de los famosos pinganillos. El argumento de fuerza para oponerse al uso de los idiomas de España en el Senado ha sido lo que cuestan. Y el discurso, cómo no, también vino acompañado por la comparación: ¿cuántas familias viven con ese dinero?, se preguntó en tertulias y debates. ¡La gran cuestión de los idiomas en las instituciones del Estado, reducida al coste de los pinganillos!
Es la situación del país, qué queréis. Cuando la sociedad lo está pasando mal, el único consuelo es verse acompañada en la desgracia. Lo peligroso es la consecuencia política. Si a diputados y cargos públicos se les quitan algunos beneficios lícitos, justos y acordados con transparencia, ¿quién se querrá dedicar a la función pública? Los muy vocacionales, gran minoría, y los que no pueden hacer otra cosa. Eso supondrá una degradación y una privación de talento a gobiernos e instituciones. Y algo inquietante para la salud democrática: a veces resulta inevitable pensar que está naciendo una nueva y sutil lucha de clases, que enfrenta al ciudadano sufridor con sus políticos, transformados en caricatura de casta de momios y canonjías.
¿Saben por qué sucede? Porque el ciudadano quiere ejemplaridad y no la encuentra. Porque quiere gobernantes y dirigentes que le resuelvan los problemas, y los ve enzarzados en peleas de poder. Y les está pasando factura. La cuestión no es ideológica. Es una forma de venganza. La única ventaja, todavía imperceptible, es que quizá ganemos algo en austeridad pública, transparencia y vergüenza por privilegios hasta ahora disculpados. Ojalá.
(Artículo de Fernando Ónega, publicado en "La Vanguardia" el 27 de enero de 2011)
LA NUEVA ERA DE LA INCERTIDUMBRE.
LEYENDO los comentarios en la prensa sobre la situación económica en el año que hemos dejado atrás y el que acaba de comenzar me viene a la memoria una célebre cita literaria: «Ingreso anual veinte libras, gasto anual noventa y seis, resultado: felicidad. Ingreso anual veinte libras, gasto anual veinte libras con seis, resultado: miseria». Esta cita, sacada de una famosa novela de Charles Dickens que tan bien retrató la moral y los valores de la Inglaterra victoriana, resume muy bien la actitud popular ante el dinero en el tiempo que le tocó vivir. En la Inglaterra del siglo XIX, como en España, Francia o cualquier país de Europa, la preocupación económica de la gran mayoría de los ciudadanos que no contaban con una fortuna personal era cubrir sus gastos, pues contraer deudas se consideraba una desgracia. También les preocupaba ahorrar con el fin de cumplir sus sueños o hacer frente a problemas, como podía ser el caer enfermos, quedarse desempleados o simplemente no sobrevivir en la vejez cuando ya no pudieran trabajar. La vida entonces era mucho más adversa que la de ahora, pues el ciudadano común contaba con muy poco apoyo para defenderse de los reveses, no esperaba que ningún gobierno ni autoridad resolviera sus problemas, tenía muy pocos medios para reclamar sus derechos, y dependía exclusivamente de su trabajo e ingenio para salir adelante.
Este mundo fue felizmente superado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. A finales de la década de los cuarenta se creó el llamado Estado del Bienestar, mediante el cual el gobierno reconocía el derecho de todo ciudadano a la educación, la salud, las prestaciones de desempleo y una pensión de jubilación. En las siguientes cuatro décadas el Estado del Bienestar logró propagarse, con mejores o peores condiciones, desde los países más ricos hasta los más pobres de la actual Unión Europea. Paulatinamente el porcentaje de población que vivía en la pobreza se redujo y surgió una sociedad más igualitaria y más próspera. Como consecuencia, la actitud de los ciudadanos europeos ante el Estado cambió, dejaron de desconfiar de él como habían hecho en tantos países y comenzaron a verle como su principal proveedor de bienestar y de seguridad. La creciente dependencia de los ciudadanos del Estado hizo que su actitud ante el dinero también cambiara radicalmente; ya que el Estado se hacía cargo de cuatro necesidades básicas de su vida, el incentivo para ahorrar disminuyó. A la vez el auge de la sociedad de consumo, acompañado de la aparición del crédito fácil, hizo que la mentalidad ante las deudas cambiara y se hiciera más permisiva, y así los ciudadanos comenzaron a ahorrar cada vez menos y endeudarse más.
El Estado del Bienestar ha surgido como un signo de identidad europeo a lo largo de las últimas décadas, es uno de los motivos de orgullo de los habitantes de la Unión Europea, y durante muchos años los gobiernos han competido por ampliar las prestaciones sociales. Durante este tiempo surgió una cultura de endeudamiento en muchos gobiernos, basada en la premisa de que gastar más de lo que se ingresaba no era grave si se hacía con el fin de ampliar el Estado del Bienestar, y que en un país próspero cuya economía crecía las deudas al final siempre se podían pagar. No era necesario esperar a la crisis actual para comprobar las graves consecuencias que podía tener esta idea, basta un rápido repaso a la historia para probar que con el endeudamiento viene el declive para cualquier potencia, y que varios regímenes han caído por el peso de sus deudas.
La España de los Austrias tuvo catorce bancarrotas entre 1557 y 1696; la Francia prerrevolucionaria gastaba un 62% de su presupuesto en pagar deudas unos años antes de que estallara la revolución francesa; Gran Bretaña entró en fase crítica como potencia imperial en los años treinta cuando gastaba un 44 % de su presupuesto en intereses de sus deudas. En la actualidad el estatus de Estados Unidos como superpotencia se ha visto amenazado por sus deudas, y ha pasado a depender cada vez más de China para financiar su déficit. El ver cómo los industriosos chinos se benefician de los deudores americanos hace recordar la frase de una de las novelas de Benito Pérez Galdós: «El dinero lo ganan quienes con paciencia y fina observación van detrás de los que lo pierden».
La cultura del endeudamiento público y privado se extendió por Europa a la vez que el crecimiento era cada vez menor. Los países de la zona euro crecieron un 3.4 % en los años setenta, 2.4 % en los ochenta, 2.2 % en los noventa y solo 1.1 % de 2001 a 2009. Durante estas décadas, como consecuencia de la ampliación de la educación y las jubilaciones cada vez más tempranas, la población laboral en Europa también disminuyó. Para colmo los europeos, cómodamente instalados en una sociedad opulenta bajo el Estado protector, dejaron de trabajar como lo habían hecho sus antepasados. Los europeos que tienen la suerte de tener empleo se han vuelto más ociosos, como media trabajan menos que los americanos y mucho menos que los asiáticos. En las últimas décadas la jornada laboral en la UE se ha reducido notablemente. Los trabajadores europeos son también los que tienen vacaciones más largas y los que hacen más huelgas. Los europeos en general han vivido cada vez mejor en las últimas décadas, pero ahora van a pagar un precio muy alto por ello, pues el Estado ofreció seguridad ante muchos aspectos de su vida a cambio de un gasto que ya no puede mantenerse, y ahora entramos en una era de incertidumbre que va a exigir mucha austeridad.
Ante este panorama los europeos no solo tienen que hacer que cuadren sus cuentas, sino competir con potencias emergentes cuyas poblaciones tienen unas condiciones laborales y una mentalidad ante el dinero y el trabajo similares a las que tenían los habitantes del viejo continente en la época de la revolución industrial; los chinos, los indios y los habitantes de otras economías emergentes trabajan más que los europeos, ahorran más, se sacrifican más, arriesgan más y son cada vez más emprendedores.
Mientras que muchos gobiernos, partidos y sindicatos se aferran a viejos privilegios o toman medidas cortoplacistas e insisten en que es posible seguir viviendo como hasta ahora con pequeñas reformas, la evidencia indica lo contrario. La nueva era a la que se enfrenta la Unión Europea después de esta última crisis exige un cambio de cultura política y económica. Si queremos que la UE sea capaz de competir en el ámbito global y tenga influencia en el mundo del siglo XXI, tendremos que recuperar el espíritu de lucha que tenían nuestros antepasados hasta mediados del siglo XX, poner fin a la cultura de la dependencia estatal en la cual los ciudadanos esperan pasivamente a que el Estado resuelva milagrosamente sus problemas y recuperar la ética del trabajo y la iniciativa. Para que sobreviva el Estado del Bienestar tendremos que ser capaces de pagarlo, y para ello va a ser necesario recuperar muchos valores de cuando este no existía, como los del trabajo, el sacrificio, la austeridad, el espíritu emprendedor y la creatividad, valores que permitieron a los europeos crear prosperidad y que hicieron posible que sociedades atrasadas se convirtieran en grandes potencias.
(Artículo de Julio Crespo, publicado en "ABC" el 26 de enero de 2011)
Este mundo fue felizmente superado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. A finales de la década de los cuarenta se creó el llamado Estado del Bienestar, mediante el cual el gobierno reconocía el derecho de todo ciudadano a la educación, la salud, las prestaciones de desempleo y una pensión de jubilación. En las siguientes cuatro décadas el Estado del Bienestar logró propagarse, con mejores o peores condiciones, desde los países más ricos hasta los más pobres de la actual Unión Europea. Paulatinamente el porcentaje de población que vivía en la pobreza se redujo y surgió una sociedad más igualitaria y más próspera. Como consecuencia, la actitud de los ciudadanos europeos ante el Estado cambió, dejaron de desconfiar de él como habían hecho en tantos países y comenzaron a verle como su principal proveedor de bienestar y de seguridad. La creciente dependencia de los ciudadanos del Estado hizo que su actitud ante el dinero también cambiara radicalmente; ya que el Estado se hacía cargo de cuatro necesidades básicas de su vida, el incentivo para ahorrar disminuyó. A la vez el auge de la sociedad de consumo, acompañado de la aparición del crédito fácil, hizo que la mentalidad ante las deudas cambiara y se hiciera más permisiva, y así los ciudadanos comenzaron a ahorrar cada vez menos y endeudarse más.
El Estado del Bienestar ha surgido como un signo de identidad europeo a lo largo de las últimas décadas, es uno de los motivos de orgullo de los habitantes de la Unión Europea, y durante muchos años los gobiernos han competido por ampliar las prestaciones sociales. Durante este tiempo surgió una cultura de endeudamiento en muchos gobiernos, basada en la premisa de que gastar más de lo que se ingresaba no era grave si se hacía con el fin de ampliar el Estado del Bienestar, y que en un país próspero cuya economía crecía las deudas al final siempre se podían pagar. No era necesario esperar a la crisis actual para comprobar las graves consecuencias que podía tener esta idea, basta un rápido repaso a la historia para probar que con el endeudamiento viene el declive para cualquier potencia, y que varios regímenes han caído por el peso de sus deudas.
La España de los Austrias tuvo catorce bancarrotas entre 1557 y 1696; la Francia prerrevolucionaria gastaba un 62% de su presupuesto en pagar deudas unos años antes de que estallara la revolución francesa; Gran Bretaña entró en fase crítica como potencia imperial en los años treinta cuando gastaba un 44 % de su presupuesto en intereses de sus deudas. En la actualidad el estatus de Estados Unidos como superpotencia se ha visto amenazado por sus deudas, y ha pasado a depender cada vez más de China para financiar su déficit. El ver cómo los industriosos chinos se benefician de los deudores americanos hace recordar la frase de una de las novelas de Benito Pérez Galdós: «El dinero lo ganan quienes con paciencia y fina observación van detrás de los que lo pierden».
La cultura del endeudamiento público y privado se extendió por Europa a la vez que el crecimiento era cada vez menor. Los países de la zona euro crecieron un 3.4 % en los años setenta, 2.4 % en los ochenta, 2.2 % en los noventa y solo 1.1 % de 2001 a 2009. Durante estas décadas, como consecuencia de la ampliación de la educación y las jubilaciones cada vez más tempranas, la población laboral en Europa también disminuyó. Para colmo los europeos, cómodamente instalados en una sociedad opulenta bajo el Estado protector, dejaron de trabajar como lo habían hecho sus antepasados. Los europeos que tienen la suerte de tener empleo se han vuelto más ociosos, como media trabajan menos que los americanos y mucho menos que los asiáticos. En las últimas décadas la jornada laboral en la UE se ha reducido notablemente. Los trabajadores europeos son también los que tienen vacaciones más largas y los que hacen más huelgas. Los europeos en general han vivido cada vez mejor en las últimas décadas, pero ahora van a pagar un precio muy alto por ello, pues el Estado ofreció seguridad ante muchos aspectos de su vida a cambio de un gasto que ya no puede mantenerse, y ahora entramos en una era de incertidumbre que va a exigir mucha austeridad.
Ante este panorama los europeos no solo tienen que hacer que cuadren sus cuentas, sino competir con potencias emergentes cuyas poblaciones tienen unas condiciones laborales y una mentalidad ante el dinero y el trabajo similares a las que tenían los habitantes del viejo continente en la época de la revolución industrial; los chinos, los indios y los habitantes de otras economías emergentes trabajan más que los europeos, ahorran más, se sacrifican más, arriesgan más y son cada vez más emprendedores.
Mientras que muchos gobiernos, partidos y sindicatos se aferran a viejos privilegios o toman medidas cortoplacistas e insisten en que es posible seguir viviendo como hasta ahora con pequeñas reformas, la evidencia indica lo contrario. La nueva era a la que se enfrenta la Unión Europea después de esta última crisis exige un cambio de cultura política y económica. Si queremos que la UE sea capaz de competir en el ámbito global y tenga influencia en el mundo del siglo XXI, tendremos que recuperar el espíritu de lucha que tenían nuestros antepasados hasta mediados del siglo XX, poner fin a la cultura de la dependencia estatal en la cual los ciudadanos esperan pasivamente a que el Estado resuelva milagrosamente sus problemas y recuperar la ética del trabajo y la iniciativa. Para que sobreviva el Estado del Bienestar tendremos que ser capaces de pagarlo, y para ello va a ser necesario recuperar muchos valores de cuando este no existía, como los del trabajo, el sacrificio, la austeridad, el espíritu emprendedor y la creatividad, valores que permitieron a los europeos crear prosperidad y que hicieron posible que sociedades atrasadas se convirtieran en grandes potencias.
(Artículo de Julio Crespo, publicado en "ABC" el 26 de enero de 2011)
UNA OCASION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA.
Una democracia nunca será plena si carece de mecanismos eficaces que sometan a los representantes públicos al escrutinio de los ciudadanos. En ese sentido, hay que saludar como un paso en la buena dirección –aunque llegue con retraso y en un contexto de puja con el PP– la iniciativa de los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo, para que los parlamentarios hagan públicos sus ingresos, actividades, patrimonios e intereses. La fórmula de referencia es la ley que el propio Bono impulsó en Castilla-La Mancha en 1995 cuando presidía esa comunidad y que constituye hoy la normativa más avanzada de España en materia de transparencia. Los presidentes de las dos cámaras legislativas han abierto un plazo de 15 días para que los distintos partidos presenten propuestas, de modo que aún es pronto para saber hasta dónde están dispuestos a llegar sus señorías en el compromiso. Cabe confiar en que actúen con sensatez y entiendan que la sociedad, bastante castigada por los efectos de la crisis, merece explicaciones claras sobre el destino de los recursos públicos y la actuación de sus representantes.
En contra de cierta opinión extendida, los políticos no son unos privilegiados ni ganan fortunas con la actividad pública. A lo que contribuiría una norma de transparencia es a que los ciudadanos puedan controlar que los parlamentarios se dedican en exclusiva a su tarea y no la ponen al servicio de intereses particulares. En este escenario, por cierto, no es nada ejemplar la decisión del PSOE y el PP de mantener la pensión pública para los ex presidentes con ingresos de empresas privadas.
(Artículo de Marco Schwartz, publicado en "Público" el 26 de enero de 2011)
En contra de cierta opinión extendida, los políticos no son unos privilegiados ni ganan fortunas con la actividad pública. A lo que contribuiría una norma de transparencia es a que los ciudadanos puedan controlar que los parlamentarios se dedican en exclusiva a su tarea y no la ponen al servicio de intereses particulares. En este escenario, por cierto, no es nada ejemplar la decisión del PSOE y el PP de mantener la pensión pública para los ex presidentes con ingresos de empresas privadas.
(Artículo de Marco Schwartz, publicado en "Público" el 26 de enero de 2011)
¿SE PUEDE CAER MÁS BAJO?
Lo bueno de la historia, dicen, es que cura de espantos. Casi nada que ocurra deja de tener un trasunto en el pasado. Y en Italia, que de antigüedad anda sobrada, buscar es casi encontrar inmediatamente. Este gobernante suyo actual parece un epítome de Tiberio. En el siglo primero, habiendo llegado a emperador, logró alcanzar altas cotas de infamia. Hacía fiestas con todo tipo de excesos, de mesa, bebida y sexo, a las que eran invitadas prostitutas o jóvenes directamente vendidas por sus parentelas. Para darle sal, de cuando en cuando exigía también el tributo de la honestidad de alguna chica patricia. Y se cuenta que, si no lo lograba, entonces atacaba a sus madres. Este Tiberio tenía un lugarteniente que se ocupaba de gobernar y varios fámulos que le montaban las orgías conseguían a las mujeres y demás intendencia.
Como en Roma todo se sabía y la gente murmuraba, acabó llevando sus sucias fiestas a la isla de Capri. Allí montó una casa de recreo en que añadió a sus conocidas fiestas algunas distracciones acuáticas que quizás no vienen al caso. Aquello no acabó bien, pero dejó trazas en la historia de la vileza. ¿Nada nuevo bajo el sol? Imagino que, como todo niño italiano, el actual presidente conoce la historia de la dinastía Julia. Forma parte de la imaginación común del país. Ya sabes, "las cosas que pasaban cuando éramos un imperio". Me temo que manifiestamente este ciudadano copia un modelo que guarda en su memoria.
No podemos saber si los historiadores antoninos se inventaron las suciedades de Tiberio. Pero las que suceden, para goce del actual, en los palacios públicos y las casas privadas de Roma o de Villa Certosa están bien documentadas. Así como lo está la degradación de las familias que ofrecen las hijas y hermanas, los salarios de sexo que paga el prócer y las conversaciones de las implicadas. La imagen que resulta es la del delirio de un macho avejentado que se apoya en las partes más bellacas de la naturaleza humana; un tipo al que el poder se le ha subido a la cabeza y que ya no sabe relacionarse con iguales, sino que relincha rodeado de una corte prostibular y disfruta amparando una política en la que todo se compra y se vende. Un gobernante abyecto, bendecido por la clerecía o por pocos contrariado.
¿Existe el personaje verdaderamente? Sin duda, pero es sobre todo un síntoma. La democracia tiene sus increyentes. Gentes que se especializan en abatir hasta donde más se pueda la decencia común para encontrar así su confortable charco. Asistimos a la pesadilla de un mundo de payasos y gladiadores que nos quieren hacer caminar por el borde mismo de la ignominia. Este es ahora el temor que recorre Europa: el contagio. Es siempre más fácil descender que subir.
(Artículo de Amelia Valcárcel, publicado en "El País" el 25 de enero de 2011)
Como en Roma todo se sabía y la gente murmuraba, acabó llevando sus sucias fiestas a la isla de Capri. Allí montó una casa de recreo en que añadió a sus conocidas fiestas algunas distracciones acuáticas que quizás no vienen al caso. Aquello no acabó bien, pero dejó trazas en la historia de la vileza. ¿Nada nuevo bajo el sol? Imagino que, como todo niño italiano, el actual presidente conoce la historia de la dinastía Julia. Forma parte de la imaginación común del país. Ya sabes, "las cosas que pasaban cuando éramos un imperio". Me temo que manifiestamente este ciudadano copia un modelo que guarda en su memoria.
No podemos saber si los historiadores antoninos se inventaron las suciedades de Tiberio. Pero las que suceden, para goce del actual, en los palacios públicos y las casas privadas de Roma o de Villa Certosa están bien documentadas. Así como lo está la degradación de las familias que ofrecen las hijas y hermanas, los salarios de sexo que paga el prócer y las conversaciones de las implicadas. La imagen que resulta es la del delirio de un macho avejentado que se apoya en las partes más bellacas de la naturaleza humana; un tipo al que el poder se le ha subido a la cabeza y que ya no sabe relacionarse con iguales, sino que relincha rodeado de una corte prostibular y disfruta amparando una política en la que todo se compra y se vende. Un gobernante abyecto, bendecido por la clerecía o por pocos contrariado.
¿Existe el personaje verdaderamente? Sin duda, pero es sobre todo un síntoma. La democracia tiene sus increyentes. Gentes que se especializan en abatir hasta donde más se pueda la decencia común para encontrar así su confortable charco. Asistimos a la pesadilla de un mundo de payasos y gladiadores que nos quieren hacer caminar por el borde mismo de la ignominia. Este es ahora el temor que recorre Europa: el contagio. Es siempre más fácil descender que subir.
(Artículo de Amelia Valcárcel, publicado en "El País" el 25 de enero de 2011)
NO MEZCLAR.
Una pregunta recurrente es cómo la Unión Europea puede ser más influyente en el panorama internacional. Entre la puesta en marcha del servicio diplomático europeo o la definición de una política exterior y de seguridad común, lo cierto es que los mecanismos que se han demostrado más influyentes han sido los sucesivos procesos de ampliación y el proceso de transformación interna que se producía en los países candidatos. Desde la última ampliación hacia el este europeo hasta los candidatos actuales u otros potenciales (como los países de los Balcanes occidentales), las perspectivas de adhesión han servido para legitimar las políticas de diversos gobiernos, solucionar asuntos fronterizos y, en definitiva, acometer profundas reformas difícilmente realizables sin otear una futura incorporación. La crisis económica y la respuesta europea no parecen estar alterando esta capacidad.
Sin embargo, una vez dentro, la capacidad de influencia de la Unión parece desvanecerse. Es más, comienza una fase en la que los gobiernos nacionales se afanan en calificar de asuntos internos toda decisión criticada desde las instancias comunitarias, excepción hecha de los compromisos que se derivan de la unión monetaria. Y es así que se llega a episodios como el de la pasada semana, cuando, ante unos europarlamentarios prevenidos por la censurable regulación de los medios de comunicación en Hungría, su primer ministro, Viktor Orban, señaló que no se deben mezclar los asuntos internos con los europeos. En tal caso, estaría dispuesto a luchar.
Detrás de este discurso, que no se limita a un caso esporádico, se esconde la visión de la Unión Europea como un organismo certificador de cierto estatus a sus miembros que después no puede ser revisado. En definitiva, se excluye el que pueda haber retrocesos en la protección de los derechos y libertades fundamentales o la calidad de la democracia. A lo sumo se trataría de asuntos internos y ahí se cierra el debate.La ausencia de este debate a nivel europeo fomenta una división tan difusa en sus límites como profunda entre lo que son asuntos internos y lo que pertenece a la esfera política europea. Una Unión Europea que pierde progresivamente aquella capacidad de influencia y donde la censura y la crítica de las decisiones adoptadas por los gobiernos nacionales dependen, cada vez más, de los años de permanencia de cada país en tan selecto club.
(Artículo de Alfonso Egea de Haro, publicado en "Público" el 24 de enero de 2011)
Sin embargo, una vez dentro, la capacidad de influencia de la Unión parece desvanecerse. Es más, comienza una fase en la que los gobiernos nacionales se afanan en calificar de asuntos internos toda decisión criticada desde las instancias comunitarias, excepción hecha de los compromisos que se derivan de la unión monetaria. Y es así que se llega a episodios como el de la pasada semana, cuando, ante unos europarlamentarios prevenidos por la censurable regulación de los medios de comunicación en Hungría, su primer ministro, Viktor Orban, señaló que no se deben mezclar los asuntos internos con los europeos. En tal caso, estaría dispuesto a luchar.
Detrás de este discurso, que no se limita a un caso esporádico, se esconde la visión de la Unión Europea como un organismo certificador de cierto estatus a sus miembros que después no puede ser revisado. En definitiva, se excluye el que pueda haber retrocesos en la protección de los derechos y libertades fundamentales o la calidad de la democracia. A lo sumo se trataría de asuntos internos y ahí se cierra el debate.La ausencia de este debate a nivel europeo fomenta una división tan difusa en sus límites como profunda entre lo que son asuntos internos y lo que pertenece a la esfera política europea. Una Unión Europea que pierde progresivamente aquella capacidad de influencia y donde la censura y la crítica de las decisiones adoptadas por los gobiernos nacionales dependen, cada vez más, de los años de permanencia de cada país en tan selecto club.
(Artículo de Alfonso Egea de Haro, publicado en "Público" el 24 de enero de 2011)
LA UE DEBE ACTUAR.
Nadie sabe todavía hacia dónde se dirige Túnez, pese a indicios tan alentadores como la liberación de presos políticos, la abolición de la censura o la legalización de partidos. Los tunecinos siguen sin resolver una de las cruciales discrepancias entre la agitada calle y el Gobierno provisional. Mientras este sigue repleto de miembros del partido del dictador Ben Ali, que consideran que haber abjurado del RCD les otorga carta de demócratas, la calle exige la salida del Gobierno de todos ellos. El experimento del país norteafricano no ha hecho más que comenzar, y puede desembocar tanto en una democracia como en un golpe militar o en un caos que arruine las enormes expectativas de hoy.
Transformar en sociedad plural un larguísimo régimen policíaco y cleptocrático es tarea ingente. Si Túnez, en el alarmado visor de sus despóticos vecinos árabes, consigue restaurar el orden y celebrar elecciones libres, podría convertirse en un faro de libertades, para estupor de una vasta región en la que solo Turquía ha logrado hacer del islamismo -cuyo potencial en Túnez es una incógnita- parte del mosaico electoral, en lugar de amenaza a su existencia. Cuenta para este viaje con activos de los que carece la mayoría de los países árabes, desde su cohesión social y desarrollo económico hasta el nivel de su educación, su sanidad o sus servicios públicos. Pero los obstáculos son muchos. Palancas decisivas del régimen, como la policía política o el partido títere (pese a su disolución formal), siguen en pie. La oposición, reprimida y manipulada durante años, es testimonial, y no hay en Túnez líder alguno que galvanice a sus compatriotas. Tampoco justicia independiente en un país cuya Constitución fue fabricada a medida de Ben Ali. El contexto hace improbable el cambio súbito que se reclama.
Al desenlace puede ayudar decisivamente la UE, que ha mantenido un clamoroso silencio y se dispone ahora a despachar a un puñado de funcionarios sobre el terreno. Encabezada por Francia, la UE, que predica los derechos humanos y la democracia como el evangelio de su acción exterior, ha condonado la dictadura de Ben Ali, al que desde el acuerdo de asociación de 1995 ha regado con miles de millones de euros en ayuda financiera y préstamos, pese a ser vox populi la rapiña que encabezaba. Esa Europa que ha mirado hacia otro lado tiene ahora la oportunidad de propiciar la democracia en Túnez. Si no lo hace, sería una vergüenza histórica.
(Editorial de "El País", publicado el 23 de enero de 2011)
Transformar en sociedad plural un larguísimo régimen policíaco y cleptocrático es tarea ingente. Si Túnez, en el alarmado visor de sus despóticos vecinos árabes, consigue restaurar el orden y celebrar elecciones libres, podría convertirse en un faro de libertades, para estupor de una vasta región en la que solo Turquía ha logrado hacer del islamismo -cuyo potencial en Túnez es una incógnita- parte del mosaico electoral, en lugar de amenaza a su existencia. Cuenta para este viaje con activos de los que carece la mayoría de los países árabes, desde su cohesión social y desarrollo económico hasta el nivel de su educación, su sanidad o sus servicios públicos. Pero los obstáculos son muchos. Palancas decisivas del régimen, como la policía política o el partido títere (pese a su disolución formal), siguen en pie. La oposición, reprimida y manipulada durante años, es testimonial, y no hay en Túnez líder alguno que galvanice a sus compatriotas. Tampoco justicia independiente en un país cuya Constitución fue fabricada a medida de Ben Ali. El contexto hace improbable el cambio súbito que se reclama.
Al desenlace puede ayudar decisivamente la UE, que ha mantenido un clamoroso silencio y se dispone ahora a despachar a un puñado de funcionarios sobre el terreno. Encabezada por Francia, la UE, que predica los derechos humanos y la democracia como el evangelio de su acción exterior, ha condonado la dictadura de Ben Ali, al que desde el acuerdo de asociación de 1995 ha regado con miles de millones de euros en ayuda financiera y préstamos, pese a ser vox populi la rapiña que encabezaba. Esa Europa que ha mirado hacia otro lado tiene ahora la oportunidad de propiciar la democracia en Túnez. Si no lo hace, sería una vergüenza histórica.
(Editorial de "El País", publicado el 23 de enero de 2011)
DAVID MARTÍNEZ MADERO, EL FISCAL QUE COMBATIÓ LA CORRUPCIÓN.
El ex fiscal anticorrupción David Martínez Madero falleció ayer en el aeropuerto de Milán, al sufrir un infarto dentro de un avión cuando volvía de Singapur, donde había participado en la reunión anual de la Academia Internacional contra la Corrupción, donde era director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), el único organismo de dependencia parlamentaria de este tipo de Europa.
Nacido en Masnou en 1963, empezó a vestir la toga de fiscal en 1992 y la colgó en mayo de 2009, cuando el Parlamento catalán le nombró director de la OAC. No han sido ni dos años de mandato, pero en ese tiempo demostró su compromiso para combatir la corrupción en las Administraciones públicas. "Nunca un paso atrás, ni para coger carrerilla", le gustaba decir. "No era de ningún bando, no tenía adscripción ideológica. Era de una integridad extraordinaria que igual investigaba a unos que a los de enfrente", destacó ayer José María Mena, que fue superior suyo como fiscal jefe de Cataluña y al que tuvo como referencia. Tanto, que cuando sufrió el infarto, leía De oficio, fiscal, en el que Mena relata sus 42 años de experiencia.
Casado y con una hija de 12 años, vivía apasionadamente su trabajo. Su agenda de ayer seguía repleta de reuniones. Amenazado por años por las mafias rusas y ucranias a las que persiguió y con protección policial continua, vivía en estrés profesional permanente. Esto dañó su salud de hierro. Ese estrés se agravó en los últimos meses por el proceso judicial que ha salpicado a uno de sus máximos hombres de confianza, cuya inocencia siempre ha defendido. Es una suerte de vendetta de la unidad de asuntos internos de los Mossos d'Esquadra con la Oficina Antifraude, porque esta investiga la adjudicación de una plaza a dedo en el departamento de Interior de la Generalitat. Curiosamente, ayer, tras conocerse su muerte, el juez del caso citó como imputado a ese hombre de confianza de su Oficina.
Hijo de una familia conservadora ajena al mundo de la justicia, fue nombrado director de la OAC a pesar de los recelos de los partidos catalanes. Los socialistas se negaban a darle competencias para que investigara las cuentas de los Ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona donde gobiernan; CiU y PP no veían con buenos ojos la creación de la OAC. El Gobierno catalán anunció ayer que la mantendría, pero falta por ver si como ventanilla de denuncias -recorte del déficit- o con la estructura de la que la dotó Martínez Madero. Esta oficina ha efectuado varias investigaciones sobre corrupción y ha gestionado la empresa pública Grampepark de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en torno a la que se tejió el caso Pretoria de corrupción urbanística.
De su época de fiscal quedan procesos de trascendencia. El último juicio que celebró acabó con condena para Alfredo Sáenz, ex presidente de Banesto, por denuncia falsa. En 2001 investigó el fraude de las subvenciones del lino. Y él y otro fiscal lograron tres años de cárcel para Javier de la Rosa por la descapitalización de Grand Tibidabo. También investigó las cuentas de Mutua Universal.
Durante 10 años fue fiscal y también consultor para la ONU, la OCDE y la Comisión Europea en relación con la prevención y el control de la corrupción.
(Artículo de Pere Ríos, publicado en "El País" el 22 de enero de 2011)
Nacido en Masnou en 1963, empezó a vestir la toga de fiscal en 1992 y la colgó en mayo de 2009, cuando el Parlamento catalán le nombró director de la OAC. No han sido ni dos años de mandato, pero en ese tiempo demostró su compromiso para combatir la corrupción en las Administraciones públicas. "Nunca un paso atrás, ni para coger carrerilla", le gustaba decir. "No era de ningún bando, no tenía adscripción ideológica. Era de una integridad extraordinaria que igual investigaba a unos que a los de enfrente", destacó ayer José María Mena, que fue superior suyo como fiscal jefe de Cataluña y al que tuvo como referencia. Tanto, que cuando sufrió el infarto, leía De oficio, fiscal, en el que Mena relata sus 42 años de experiencia.
Casado y con una hija de 12 años, vivía apasionadamente su trabajo. Su agenda de ayer seguía repleta de reuniones. Amenazado por años por las mafias rusas y ucranias a las que persiguió y con protección policial continua, vivía en estrés profesional permanente. Esto dañó su salud de hierro. Ese estrés se agravó en los últimos meses por el proceso judicial que ha salpicado a uno de sus máximos hombres de confianza, cuya inocencia siempre ha defendido. Es una suerte de vendetta de la unidad de asuntos internos de los Mossos d'Esquadra con la Oficina Antifraude, porque esta investiga la adjudicación de una plaza a dedo en el departamento de Interior de la Generalitat. Curiosamente, ayer, tras conocerse su muerte, el juez del caso citó como imputado a ese hombre de confianza de su Oficina.
Hijo de una familia conservadora ajena al mundo de la justicia, fue nombrado director de la OAC a pesar de los recelos de los partidos catalanes. Los socialistas se negaban a darle competencias para que investigara las cuentas de los Ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona donde gobiernan; CiU y PP no veían con buenos ojos la creación de la OAC. El Gobierno catalán anunció ayer que la mantendría, pero falta por ver si como ventanilla de denuncias -recorte del déficit- o con la estructura de la que la dotó Martínez Madero. Esta oficina ha efectuado varias investigaciones sobre corrupción y ha gestionado la empresa pública Grampepark de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en torno a la que se tejió el caso Pretoria de corrupción urbanística.
De su época de fiscal quedan procesos de trascendencia. El último juicio que celebró acabó con condena para Alfredo Sáenz, ex presidente de Banesto, por denuncia falsa. En 2001 investigó el fraude de las subvenciones del lino. Y él y otro fiscal lograron tres años de cárcel para Javier de la Rosa por la descapitalización de Grand Tibidabo. También investigó las cuentas de Mutua Universal.
Durante 10 años fue fiscal y también consultor para la ONU, la OCDE y la Comisión Europea en relación con la prevención y el control de la corrupción.
(Artículo de Pere Ríos, publicado en "El País" el 22 de enero de 2011)
UNA HISTORIA EJEMPLAR.
Ahora que desde fuerzas externas, internas, y hasta mediopensionistas, se intenta, e incluso se logra, politizar al Tribunal Constitucional, es decir, desviarlo de la función que constitucionalmente tiene encomendada, quizás tenga sentido recordar una vieja historia ejemplar: la elección de su primer presidente. El TC está previsto en la Constitución misma. En la primera legislatura posconstitucional, los parlamentarios se apresuraron a elaborar su ley orgánica de desarrollo, convencidos de la crucial importancia de esta institución como garantía de la carta magna que se acababa de aprobar para que fueran una realidad los derechos fundamentales y de la división de poderes. La ley orgánica entró en vigor en octubre de 1979. En febrero de 1980 fueron nombrados los diez primeros magistrados, elegidos a propuesta del Congreso, el Senado y el Gobierno, faltando los designados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, aún inexistente. Sin embargo, el tribunal, con estos diez magistrados, se constituye el 12 de julio y procede a elegir a su presidente.
Los magistrados nombrados habían sido fruto de un consenso entre la UCD, entonces el partido gobernante, y el PSOE, principal partido de la oposición. Cada uno de sus nombres había sido fruto de un acuerdo, buscando el equilibrio entre especialidades jurídicas, talantes personales y tendencias ideológicas. Todos eran reputados catedráticos de universidad, después el Consejo añadiría dos prestigiosos jueces.
Debido a la autonomía de que debe gozar el tribunal, la Constitución prevé que son los mismos magistrados quienes deben designar a su presidente. Sin embargo, Adolfo Suárez, entonces jefe del ejecutivo, aseguró a uno de los magistrados propuestos por el Gobierno –un muy digno catedrático y abogado– que, si aceptaba el cargo, él personalmente se comprometía a influir para que fuera designado presidente del Tribunal, algo que no entraba en sus competencias.
No obstante, reunido el pleno del Tribunal, demostrando los magistrados su independencia respecto del partido que les había propuesto, no se dejaron presionar por Suárez, como es propio de la dignidad de su cargo, y eligieron libremente como presidente a un candidato distinto, al que consideraron más adecuado para ejercer esta función debido, probablemente, a su ejemplar trayectoria personal y académica. Así fue nombrado como primer presidente de la institución el profesor Manuel García Pelayo, que por sus antecedentes republicanos no había podido ingresar en los años cuarenta en el cuerpo de catedráticos, se exilió en 1950 y desarrolló una gran tarea de profesor de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en Caracas.
“Por sus obras los conoceréis”, dice el Evangelio. Una verdad como un templo. Aquellos tiempos, los primeros de la democracia, eran otros tiempos.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 22 de enero de 2011)
Los magistrados nombrados habían sido fruto de un consenso entre la UCD, entonces el partido gobernante, y el PSOE, principal partido de la oposición. Cada uno de sus nombres había sido fruto de un acuerdo, buscando el equilibrio entre especialidades jurídicas, talantes personales y tendencias ideológicas. Todos eran reputados catedráticos de universidad, después el Consejo añadiría dos prestigiosos jueces.
Debido a la autonomía de que debe gozar el tribunal, la Constitución prevé que son los mismos magistrados quienes deben designar a su presidente. Sin embargo, Adolfo Suárez, entonces jefe del ejecutivo, aseguró a uno de los magistrados propuestos por el Gobierno –un muy digno catedrático y abogado– que, si aceptaba el cargo, él personalmente se comprometía a influir para que fuera designado presidente del Tribunal, algo que no entraba en sus competencias.
No obstante, reunido el pleno del Tribunal, demostrando los magistrados su independencia respecto del partido que les había propuesto, no se dejaron presionar por Suárez, como es propio de la dignidad de su cargo, y eligieron libremente como presidente a un candidato distinto, al que consideraron más adecuado para ejercer esta función debido, probablemente, a su ejemplar trayectoria personal y académica. Así fue nombrado como primer presidente de la institución el profesor Manuel García Pelayo, que por sus antecedentes republicanos no había podido ingresar en los años cuarenta en el cuerpo de catedráticos, se exilió en 1950 y desarrolló una gran tarea de profesor de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en Caracas.
“Por sus obras los conoceréis”, dice el Evangelio. Una verdad como un templo. Aquellos tiempos, los primeros de la democracia, eran otros tiempos.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 22 de enero de 2011)
¿HASTA CUÁNDO LAS CUENTAS OPACAS?
Rudolf Elmer, antiguo empleado de una banca privada suiza, comparece hoy ante un juez de Zúrich. Se le acusa de filtrar documentos sobre depositarios que eludían el fisco, es decir, de violar el secreto bancario. Mejor manera de enfocar el caso Elmer es que, lejos de cometer un delito, ha hecho un gran servicio a la sociedad denunciando los abusos de unos cuantos delincuentes de altos vuelos. Porque los potentados, multinacionales y políticos corruptos, que depositan sus fortunas en cuentas opacas, son unos estafadores que perjudican al resto de los sufridos contribuyentes. ¿No decían que es imprescindible acabar con los paraísos fiscales para regular con eficacia el sistema financiero?
En sus tiempos de gloria, Elmer fue un alto ejecutivo que trabajó durante ocho años en la filial que el banco suizo Julius Baer tenía en las Islas Caimán y, desde allí, ayudó a sus clientes a evadir miles de millones. Se confiesa culpable, pero arrepentido. Sus múltiples y poderosos enemigos dicen que fue despedido y, como no logró del banco la indemnización astronómica que reclamaba, sólo actúa por venganza. Está claro que no es oro todo lo que reluce, pero teniendo en cuenta que Elmer acaba de entregar dos discos informáticos a JulianAssange, responsable de Wikileaks, con los datos de 2.000 cuentas secretas que pertenecen a estos pájaros de cuidado, cuya integridad patrimonial corre peligro, es probable que le condenen a tres años de prisión. Por eso Reporteros sin Fronteras, que considera a Elmer una valiosa fuente de información, ha emprendido una campaña para exigir que no se le juzgue. Añado mi firma.
(Artículo de Nativel Preciado, publicado en "Público" el 21 de enero de 2011)
En sus tiempos de gloria, Elmer fue un alto ejecutivo que trabajó durante ocho años en la filial que el banco suizo Julius Baer tenía en las Islas Caimán y, desde allí, ayudó a sus clientes a evadir miles de millones. Se confiesa culpable, pero arrepentido. Sus múltiples y poderosos enemigos dicen que fue despedido y, como no logró del banco la indemnización astronómica que reclamaba, sólo actúa por venganza. Está claro que no es oro todo lo que reluce, pero teniendo en cuenta que Elmer acaba de entregar dos discos informáticos a JulianAssange, responsable de Wikileaks, con los datos de 2.000 cuentas secretas que pertenecen a estos pájaros de cuidado, cuya integridad patrimonial corre peligro, es probable que le condenen a tres años de prisión. Por eso Reporteros sin Fronteras, que considera a Elmer una valiosa fuente de información, ha emprendido una campaña para exigir que no se le juzgue. Añado mi firma.
(Artículo de Nativel Preciado, publicado en "Público" el 21 de enero de 2011)
LA BALLE DANS LE CAMP DES POLITIQUES.
Cet air de liberté, que respire le peuple tunisien, ce sentiment de fierté et de dignité retrouvées, cette effervescence qui anime tout un pays débarrassé du joug de la dictature et des clans mafieux, cette animation soudaine mais prévisible de la vie politique et sociale, ce foisonnement de forums de dialogue et d’aires de débat dans un paysage médiatique, désormais, ouvert à toutes les tendances et à toutes les opinions, ne doivent, en aucun cas, nous faire oublier que le pays est dans une phase charnière de la révolution et de son histoire.
Il s’agit, certes, d’une période transitoire, mais non moins grave et qui impose ses exigences et ses priorités.
La priorité des priorités dans ces moments historiques et lourds de conséquences est sans contexte le rétablissement rapide de la sécurité et de la stabilité sur tout le territoire ainsi que la préservation de l’ordre public et l’arrêt de tous les excès.
Et si des signes non trompeurs démontrent une nette amélioration de la situation sécuritaire ; que confirme, d’ailleurs, l’allègement du couvre-feu, les Tunisiens appréhendent, néanmoins, l’avenir avec inquiétude et angoisse.
D’abord, parce qu’aucune information ne filtre sur les milices armées à la solde de l’ex-président et de ses acolytes, ainsi que sur la densité de leur force. On ne nous dit toujours pas s’ils ont été anéantis ou même affaiblis ou s’ils sont encore capables de causer plus de dégâts et de destructions.
Ensuite, il y a cette cacophonie ; cette anarchie même qui prévaut sur la scène politique tunisienne.
La classe politique est, malheureusement, en train de prouver qu’elle n’est pas à la hauteur des responsabilités qu’exige d’elle la nouvelle étape.
On constate, avec amertume, que dans certaines sphères, on continue à privilégier l’intérêt personnel à celui suprême, de la nation et qu’on s’empêtre dans des chamailleries et des luttes partisanes qui éloignent les chances de tout consensus et plongent les institutions du pays dans un immobilisme périlleux.
Il est question plus que jamais d’emprunter la voie de la raison pour répondre aux aspirations du peuple qui a payé du sang de ses fils le prix de sa liberté.
(Editorial del diario tunecino "Le Temps", publicado el 20 de enero de 2011)
Il s’agit, certes, d’une période transitoire, mais non moins grave et qui impose ses exigences et ses priorités.
La priorité des priorités dans ces moments historiques et lourds de conséquences est sans contexte le rétablissement rapide de la sécurité et de la stabilité sur tout le territoire ainsi que la préservation de l’ordre public et l’arrêt de tous les excès.
Et si des signes non trompeurs démontrent une nette amélioration de la situation sécuritaire ; que confirme, d’ailleurs, l’allègement du couvre-feu, les Tunisiens appréhendent, néanmoins, l’avenir avec inquiétude et angoisse.
D’abord, parce qu’aucune information ne filtre sur les milices armées à la solde de l’ex-président et de ses acolytes, ainsi que sur la densité de leur force. On ne nous dit toujours pas s’ils ont été anéantis ou même affaiblis ou s’ils sont encore capables de causer plus de dégâts et de destructions.
Ensuite, il y a cette cacophonie ; cette anarchie même qui prévaut sur la scène politique tunisienne.
La classe politique est, malheureusement, en train de prouver qu’elle n’est pas à la hauteur des responsabilités qu’exige d’elle la nouvelle étape.
On constate, avec amertume, que dans certaines sphères, on continue à privilégier l’intérêt personnel à celui suprême, de la nation et qu’on s’empêtre dans des chamailleries et des luttes partisanes qui éloignent les chances de tout consensus et plongent les institutions du pays dans un immobilisme périlleux.
Il est question plus que jamais d’emprunter la voie de la raison pour répondre aux aspirations du peuple qui a payé du sang de ses fils le prix de sa liberté.
(Editorial del diario tunecino "Le Temps", publicado el 20 de enero de 2011)
IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN.
La Constitución española ordena a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y proclama el derecho a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Los términos en los que se expresa la norma suprema son claros y precisos, y a priori deberían ser suficientes para que el Estado garantizase nuestros derechos en este terreno. Sin embargo, el Gobierno acaba de presentar un Anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
El texto presentado por el Gobierno adolece de numerosas lagunas, aunque también es cierto que se trata de un mero anteproyecto y que, en cuanto tal, es susceptible de ser mejorable durante el proceso parlamentario. El anteproyecto se autojustifica en la necesidad de incrementar los motivos de discriminación (a los que se suman tres nuevos: enfermedad, identidad sexual y lengua), y en su carácter integral, pues prevé su aplicación en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. Con este objetivo, el anteproyecto prohíbe la discriminación en numerosos contextos, y especialmente en las relaciones laborales, las organizaciones políticas, sindicales, empresariales y profesionales, educación, sanidad y en lo relativo a la percepción de prestaciones y servicios sociales.
El Gobierno parece ignorar que nuestro ordenamiento jurídico ya ha prohibido expresamente la discriminación en todos los contextos a los que se refiere el anteproyecto. Un excelente ejemplo de esta situación lo encontramos en el ámbito educativo, donde el anteproyecto hace una especial incidencia pese a que todas las leyes educativas que se han aprobado en democracia han proclamado la igualdad y prohibido expresamente la discriminación en la escolarización en los centros financiados con fondos públicos. Por lo tanto, o bien los poderes públicos y los jueces no están cumpliendo con su labor de cumplir y hacer cumplir las leyes –y este problema no se solucionará aprobando más leyes–, o bien estamos ante un excelente ejemplo de inflación normativa que no añade gran cosa al actual marco jurídico, ya que en el terreno de la igualdad y no discriminación nuestro país no necesita nuevas leyes, sino que las que están vigentes se cumplan.
(Artículo de Óscar Celador, publicado en "Público" el 20 de enero de 2011)
El texto presentado por el Gobierno adolece de numerosas lagunas, aunque también es cierto que se trata de un mero anteproyecto y que, en cuanto tal, es susceptible de ser mejorable durante el proceso parlamentario. El anteproyecto se autojustifica en la necesidad de incrementar los motivos de discriminación (a los que se suman tres nuevos: enfermedad, identidad sexual y lengua), y en su carácter integral, pues prevé su aplicación en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. Con este objetivo, el anteproyecto prohíbe la discriminación en numerosos contextos, y especialmente en las relaciones laborales, las organizaciones políticas, sindicales, empresariales y profesionales, educación, sanidad y en lo relativo a la percepción de prestaciones y servicios sociales.
El Gobierno parece ignorar que nuestro ordenamiento jurídico ya ha prohibido expresamente la discriminación en todos los contextos a los que se refiere el anteproyecto. Un excelente ejemplo de esta situación lo encontramos en el ámbito educativo, donde el anteproyecto hace una especial incidencia pese a que todas las leyes educativas que se han aprobado en democracia han proclamado la igualdad y prohibido expresamente la discriminación en la escolarización en los centros financiados con fondos públicos. Por lo tanto, o bien los poderes públicos y los jueces no están cumpliendo con su labor de cumplir y hacer cumplir las leyes –y este problema no se solucionará aprobando más leyes–, o bien estamos ante un excelente ejemplo de inflación normativa que no añade gran cosa al actual marco jurídico, ya que en el terreno de la igualdad y no discriminación nuestro país no necesita nuevas leyes, sino que las que están vigentes se cumplan.
(Artículo de Óscar Celador, publicado en "Público" el 20 de enero de 2011)
EL VERBO DIMITIR.
EN la democracia sana el concepto de dimisión está ligado al de responsabilidad política y al de dignidad moral. Cualquiera puede equivocarse en el desempeño de una función pero los servidores públicos depuran con la renuncia sus errores o los de sus subordinados, como forma de demostrar que sus cargos representan funciones eventuales al servicio de los ciudadanos. Cuando ese efecto de error-dimisión no se activa de forma natural se produce un vicio de corrosión en la política, degradada a un mero mecanismo de ocupación del poder. Así ocurre desde tiempo inmemorial en España, donde el régimen de libertades no acaba de desprenderse de los tics del caciquismo y de la dictadura, y donde la asunción voluntaria de responsabilidades se considera un deshonor, una derrota y una concesión inaceptable al adversario.
Para diferir en lo posible esa necesidad higiénica, los partidos alumbraron una doctrina-coartada que consiste en referenciar las conductas en entredicho a las sentencias judiciales, evitando las renuncias o ceses por acumulación de indicios. Sin embargo, cuando los tribunales expiden fallos desfavorables nuestra dirigencia encuentra nuevas excusas y recursos dilatorios que eviten el desagradable saldo de cuentas. Estos días hemos asistido a tres casos flagrantes de elusión del deber ante pronunciamientos taxativos de la justicia, sin que ninguno de ellos mueva a escándalo a una sociedad acostumbrada a la burla de sus representantes públicos. Una dirigente del PSOE madrileño inhabilitada por prevaricación que se manifiesta dispuesta a continuar en su puesto orgánico; un diputado del PP condenado por conducir con alta tasa de alcohol —violando la ley que él mismo votó— que ni se cuestiona la posibilidad de dejar su escaño; un presidente autonómico —Griñán—y un vicepresidente de la nación —Chaves— que no mueven una ceja ante la desautorización judicial de sus manejos para echar tierra sobre un flagrante caso de nepotismo. Ni una leve petición de disculpas, ni un atisbo de arrepentimiento o reconocimiento de errores. Cuánto menos una simple consideración de la posibilidad de que haya quedado invalidada su aptitud para el ejercicio irreprochable de funciones públicas.
En ese contexto poco puede extrañar que un funcionario como el delegado del Gobierno en Murcia admita el fracaso de su gestión de seguridad que supone la agresión a un consejero regional en un ambiente de crispación minimizado como «irrelevante». O que el alto directivo de un importante banco permanezca aún en su puesto tras recibir del Supremo una condena de ocho meses por estafa procesal. Cuando la noción de ejemplaridad en el liderazgo desaparece en aras de un corporativismo de intereses, no hay otra regla que el pragmatismo y la autoconveniencia. La calidad democrática y la responsabilidad social son tan sólo hermosos epígrafes para seminarios académicos.
(Artículo de Ignacio Camacho, publicado en "ABC" el 19 de enero de 2011)
AJUSTES NECESARIOS.
El Estado de las autonomías, consagrado por la Constitución, ha funcionado con acierto pero también ha generado disfunciones que han de corregirse. Tanto el PSOE como el PP proponen reformar los desajustes detectados, sobre todo en descontrol del gasto y duplicidad de competencias, acuciados por la crisis económica y en víspera electoral. Pero los cambios necesarios requieren una visión a largo plaz y un acuerdo que trascienda la tentación electoralista de demonizar el modelo.
VARIOS factores se han combinado para hacer de la mayoría de las comunidades autónomas fortalezas políticas cuyos líderes han aprovechado los tiempos de bonanza para desarrollar costosos proyectos y complejas redes de empresas y organismos públicos puestos, a veces, al servicio de intereses partidistas. La bonanza económica y el poder de los dirigentes autonómicos ha contribuido a introducir desajustes en un modelo que resulta, básicamente, positivo para el ciudadano al acercarle servicios básicos como la sanidad y la enseñanza. Tanto el PSOE como el PP hablan ahora de introducir reformas en el modelo. Y es de esperar que no se refieran a una "recentralización", sino a aplicar criterios de austeridad, racionalidad y contención del gasto allá donde se han perdido. La proliferación de administraciones es especialmente llamativa en Aragón, donde conviven diputaciones, comarcas, ayuntamientos, mancomunidades y el Gobierno de Aragón. No parece que este modelo aumente la eficacia y la eficiencia en el uso del dinero público. Conseguir esos criterios sin minar los avances del modelo es tarea obligada, pero requiere concreción y compromiso.
(Editorial e "Heraldo de Aragón", publicado el 18 de enero de 2011)
VARIOS factores se han combinado para hacer de la mayoría de las comunidades autónomas fortalezas políticas cuyos líderes han aprovechado los tiempos de bonanza para desarrollar costosos proyectos y complejas redes de empresas y organismos públicos puestos, a veces, al servicio de intereses partidistas. La bonanza económica y el poder de los dirigentes autonómicos ha contribuido a introducir desajustes en un modelo que resulta, básicamente, positivo para el ciudadano al acercarle servicios básicos como la sanidad y la enseñanza. Tanto el PSOE como el PP hablan ahora de introducir reformas en el modelo. Y es de esperar que no se refieran a una "recentralización", sino a aplicar criterios de austeridad, racionalidad y contención del gasto allá donde se han perdido. La proliferación de administraciones es especialmente llamativa en Aragón, donde conviven diputaciones, comarcas, ayuntamientos, mancomunidades y el Gobierno de Aragón. No parece que este modelo aumente la eficacia y la eficiencia en el uso del dinero público. Conseguir esos criterios sin minar los avances del modelo es tarea obligada, pero requiere concreción y compromiso.
(Editorial e "Heraldo de Aragón", publicado el 18 de enero de 2011)
DE CASCABELES Y GATOS.
Ha dicho José María Aznar: «España no da para tener 17 instituciones que hacen las mismas cosas, no es sostenible». Con ello ha cosechado el aplauso de quienes temen por la desaparición de España, contentos de oírle añadir: «Alguien le tiene que poner el cascabel al gato y ese alguien va a ser el PP».
Van a tener bien pronto la oportunidad. El PP ya gobierna muchas comunidades y tras las elecciones de mayo van a ser muchas más. Será entonces, sin duda, cuando sus gobiernos regionales empiecen a devolver competencias, y los correspondientes dineros, al Gobierno del estado. «Ahí tiene usted a mis médicos, a mis maestros y a mis guardias forestales», dirán. Y también van a renunciar a los presupuestos de promoción turística, equipamientos deportivos e infraestructuras culturales, que tantas inauguraciones propician. Francisco Camps ya no va a exigir para su Generalitat el mismo poder que la catalana. Como colofón, las comunidades del PP se van a fusionar entre ellas para reducir al mínimo el escandaloso número de 17. Las uniprovinciales pueden empezar a pensar por cual vecino prefieren ser devoradas.
Tras las autonomías, sin duda, vendrán los municipios. Si 17 organismos haciendo lo mismo son demasiados, ¿qué son 8.114? Con sus 8.114 alcaldes y casi 70.000 concejales tomando las mismas decisiones: urbanizar calles, poner farolas, inaugurar ferias, multar a los conductores, recalificar terrenos. ¡Qué dispendio! Por suerte el PP también le va a poner el cascabel a este gato, y así, de paso, se acabará la anarquía: ¿saben ustedes que los impuestos municipales y el coste de las multas cambia de un pueblo a otro? Nada, nada: España, estado unimunicipal.
Pero el gobierno del PP que saldrá de las elecciones generales no se limitará a poner el cascabel al gato autonómico y al municipal, sino que se ofrecerá a los alemanes para hacer lo propio. Los pobres germanos no se han dado cuenta del desastre que suponen 16 estados federados haciendo lo mismo, que por cierto es mucho, ya que los lander disponen de amplias competencias y una gran autonomía presupuestaria y fiscal. El PP les va a abrir los ojos y les contará cómo resolver su gran problema. Aunque quizás Berlín rechace la oferta, porque en su pragmatismo hace tiempo que saben cómo hacer sostenible el sistema. Así que, quizás, sería aconsejable ir primero a preguntar cómo lo consiguen.
(Artículo de Xavier Domènech, publicado en "La Nueva España" el 17 de enero de 2011)
Van a tener bien pronto la oportunidad. El PP ya gobierna muchas comunidades y tras las elecciones de mayo van a ser muchas más. Será entonces, sin duda, cuando sus gobiernos regionales empiecen a devolver competencias, y los correspondientes dineros, al Gobierno del estado. «Ahí tiene usted a mis médicos, a mis maestros y a mis guardias forestales», dirán. Y también van a renunciar a los presupuestos de promoción turística, equipamientos deportivos e infraestructuras culturales, que tantas inauguraciones propician. Francisco Camps ya no va a exigir para su Generalitat el mismo poder que la catalana. Como colofón, las comunidades del PP se van a fusionar entre ellas para reducir al mínimo el escandaloso número de 17. Las uniprovinciales pueden empezar a pensar por cual vecino prefieren ser devoradas.
Tras las autonomías, sin duda, vendrán los municipios. Si 17 organismos haciendo lo mismo son demasiados, ¿qué son 8.114? Con sus 8.114 alcaldes y casi 70.000 concejales tomando las mismas decisiones: urbanizar calles, poner farolas, inaugurar ferias, multar a los conductores, recalificar terrenos. ¡Qué dispendio! Por suerte el PP también le va a poner el cascabel a este gato, y así, de paso, se acabará la anarquía: ¿saben ustedes que los impuestos municipales y el coste de las multas cambia de un pueblo a otro? Nada, nada: España, estado unimunicipal.
Pero el gobierno del PP que saldrá de las elecciones generales no se limitará a poner el cascabel al gato autonómico y al municipal, sino que se ofrecerá a los alemanes para hacer lo propio. Los pobres germanos no se han dado cuenta del desastre que suponen 16 estados federados haciendo lo mismo, que por cierto es mucho, ya que los lander disponen de amplias competencias y una gran autonomía presupuestaria y fiscal. El PP les va a abrir los ojos y les contará cómo resolver su gran problema. Aunque quizás Berlín rechace la oferta, porque en su pragmatismo hace tiempo que saben cómo hacer sostenible el sistema. Así que, quizás, sería aconsejable ir primero a preguntar cómo lo consiguen.
(Artículo de Xavier Domènech, publicado en "La Nueva España" el 17 de enero de 2011)
DEMOCRACIA, JUECES Y ESTADO DE DERECHO.
No es habitual que un Tribunal Constitucional rectifique abiertamente su jurisprudencia y cambie de criterio de forma expresa sobre alguna cuestión. Casi siempre se justifica el nuevo criterio como una evolución del anterior o se argumenta que el caso a resolver es, en realidad, distinto de los decididos previamente. Por ello hay que prestar atención cuando el ya cesante y casi relevado Tribunal Constitucional de la presidencia de Casas Baamonde (en Estados Unidos es común designar a las sucesivas formaciones del Tribunal Supremo por el nombre de su respectivo presidente), tan maltratado y mal tratado por casi todos, unos por menospreciarlo públicamente y otros por impedir su renovación o forzarla en condiciones escasamente dignas, finaliza su mandato con una rectificación expresa en su sentencia 78/2010.
En esta decisión, el tribunal reconoce, cambiando la doctrina seguida en otras anteriores, que todos los jueces y tribunales (es decir, no sólo el propio TC) pueden inaplicar (dejar a un lado, sin aplicarlas) aquellas leyes estatales o autonómicas que consideren sin ninguna duda incompatibles con el derecho comunitario, incluso sin necesidad de consultar expresamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sin esperar a que éste se pronuncie. El nuevo criterio del TC es, sin duda, el correcto y el que exigen el derecho comunitario y la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo. Para éste, las normas comunitarias prevalecen, sin más, sobre las nacionales, y esa primacía debe ser reconocida y aplicada por todos los órganos judiciales (convertidos así en jueces comunitarios) y no sólo por los tribunales constitucionales de cada Estado miembro. Los tribunales de los estados miembros tienen el derecho y el deber de dejar a un lado las normas nacionales contrarias al derecho comunitario, sin que para ello necesiten el aval del Tribunal de Justicia, cuya intervención sirve más bien para evitar el peligro contrario, es decir, garantizar que los tribunales nacionales no otorgan una indebida primacía a sus propias normas sobre las comunitarias.
No se trata de una cuestión puramente teórica: dentro de poco veremos desfilar ante los tribunales españoles de lo contencioso-administrativo no pocas leyes autonómicas -y alguna estatal- cuya compatibilidad con el derecho comunitario (y, en particular, con la directiva de servicios) tendrá que ser fiscalizada por esos tribunales, normalmente con la ayuda del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, pero no necesariamente en todos los casos.
Aunque ello parezca una obviedad y una exigencia casi mecánica del funcionamiento del sistema, en realidad supone el abandono de dogmas muy arraigados (como el que proclama el sometimiento del juez a la ley, que sería intocable para él), a la vez que una cierta aproximación al modelo norteamericano y, como en otros casos, la penetración por la vía europea de un postulado que los constituyentes de 1978 no quisieron aceptar.
En Europa, la idea rousseauniana de que la ley, como producto de los representantes del pueblo, es casi soberana y desde luego intocable para esos «funcionarios» que serían los jueces mantuvo su vigencia hasta que la trágica experiencia del nazismo puso de manifiesto el grado de injusticia y de barbarie que pueden incorporar las leyes. A partir de entonces se impone, sobre todo en los países que salen de regímenes totalitarios (Alemania e Italia, primero; Portugal, España y Grecia, después, y, por último, los países del este de Europa), la idea de que la ley está sometida a la Constitución (que contiene los principios y los derechos mínimos, fuera de los cuales toda ley es arbitraria), y que los jueces deben verificar la conformidad de toda ley con la Constitución. Esta idea, que en Estados Unidos funciona con normalidad desde 1803, en Europa sólo se impone a partir de 1945 (con la única excepción de Austria, donde comenzó a aplicarse en 1920), y, aun así, con una significativa matización. Y es que mientras que en Estados Unidos cualquier juez puede inaplicar una ley si la considera contraria a la Constitución (aunque su decisión puede ser corregida por tribunales superiores hasta que el Tribunal Supremo establece la doctrina vinculante para todos), en Europa no se quiso nunca dejar ese poder en manos de los jueces, sino que se reservó y se reserva hasta el día de hoy a los tribunales constitucionales, que son órganos mucho más sometidos que los demás a la capacidad de influencia de quienes hacen las leyes, es decir, los parlamentos, que son quienes designan a la mayoría de sus miembros.
Aunque en Europa tenemos plenamente asumida la figura del Tribunal Constitucional, en su origen se encuentra ese miedo o prevención ante los tribunales ordinarios, que el ejemplo norteamericano demuestra que no es en modo alguno imprescindible. De hecho, la existencia del Tribunal Constitucional causa no pocas disfunciones, puesto que, como observan numerosos norteamericanos cuando estudian nuestros sistemas jurídicos, en España (o en Alemania, Italia, etcétera) existen dos tribunales supremos, lo que es natural que lleve a frecuentes enfrentamientos nada edificantes y que entre nosotros se agudizan con el cainismo que nos caracteriza. Sirvan como ejemplo la actual pugna sobre la prescripción de los delitos y las menos recientes sobre la indemnización por las vulneraciones al derecho al honor o sobre la responsabilidad civil de los propios magistrados del TC, a los que la Sala 1.ª del Tribunal Supremo condenó hace unos años con indisimulada satisfacción.
Sólo a la vista de esta diferencia «cultural» entre Europa (cuya mentalidad tradicional se exacerba en el caso español) y Estados Unidos se entienden muchos fenómenos recientes. Así, en el larguísimo período de tramitación de los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, y en los comentarios posteriores a las sentencias del TC que los estimaron parcialmente, se sucedieron decenas de «tomas de posición» cuyos autores se rasgaban las vestiduras ante la posibilidad de que un tribunal «no democrático» osara corregir una ley que había sido aprobada «por dos parlamentos», que representaba «un pacto político» o que había sido, incluso, ratificada en referéndum. Hubo quien pasó del lamento e intentó encontrar argumentos jurídicos para demostrar que el TC sencillamente no podía enjuiciar una norma de este tipo.
Sin embargo, mientras entre nosotros se sucedían los razonados ayes ante el ultraje perpetrado por el TC, en California un tribunal declaraba inconstitucional la ley, aprobada en referéndum, que prohibía las bodas entre personas del mismo sexo. A unos les gustó y a otros, no, pero lo que a nadie se le ocurrió en Estados Unidos fue criticar que una ley ratificada por el pueblo pudiera ser expulsada del ordenamiento jurídico por un tribunal «no democrático». Del mismo modo (y poniendo ahora un ejemplo de signo político contrario), se especula desde hace meses con la posibilidad de que uno o varios tribunales norteamericanos (no precisamente el Supremo, cuya intervención se demorará) suspendan aspectos importantes de la ley de reforma sanitaria impulsada por el presidente Obama, habiendo comenzado ya un juego de recursos e impugnaciones que parece probable que termine con esa suspensión. De nuevo se asume esa posibilidad como una regla más del sistema, en abierto contraste con lo que sucede entre nosotros.
Conviene destacar que ese poder de los jueces se acepta, aunque se sabe que los tribunales son humanos y falibles, y aunque, de hecho, el grado de ideologización de la justicia norteamericana va en aumento y no tiene mucho que envidiar al de la española, si bien se produce por vías diferentes. Esa politización de los tribunales no se debe en Estados Unidos (sí en España) a la existencia de asociaciones que, actuando como trasunto de los partidos políticos, tengan una influencia decisiva en el nombramiento de los integrantes de los tribunales más importantes, sino a la potestad directa de nombramiento que ostentan el presidente y los gobernadores de los estados, así como a la posibilidad que tienen algunas empresas y organizaciones de presionar a los jueces mediante la financiación de sus campañas electorales en aquellos estados en que los jueces, o algunos de ellos, son de elección popular. Recientemente, el Tribunal Supremo ha declarado algo obvio: que los jueces deben abstenerse cuando estén en juego asuntos que afecten a empresas que han financiado su campaña electoral, poniendo sobre la mesa algo que hasta hace poco se ocultaba púdicamente. También hay que recordar que en estos momentos existe un número significativo de vacantes en los tribunales federales que aún no han sido cubiertas porque el Senado demora la confirmación de los nombramientos propuestos por el presidente Obama.
La dificultad que entre nosotros se percibe para reconocer a los jueces ese importante papel en defensa de la libertad también frente a las leyes (a la que se añade, por otro lado, la escasa disposición de no pocos tribunales a tomar este tipo de decisiones incómodas) tiene que ver, probablemente, con un defecto de percepción que sólo el tiempo irá corrigiendo: la idea de que, conseguida la elección democrática de los gobernantes, la corrección jurídica de lo que hagan pasa a ocupar un segundo plano. Se trata de una idea errónea, porque tan importante como la elección democrática de los autores de las leyes es la garantía de que éstas respeten los principios mínimos y los derechos fundamentales recogidos en la Constitución (y ahora, también, en el derecho comunitario). La insistencia, habitual en España, en la importancia de la participación electoral y la correlativa crítica a aquellas sociedades (como, por ejemplo, la norteamericana) de baja participación ocultan a veces un hecho innegable, y es que en muchos casos quien se abstiene en esos países no lo hace porque le dé igual lo que suceda, sino porque sabe que lo más importante para él (el respeto de su libertad y propiedad, para empezar) no depende de cuál sea el partido mayoritario, sino que está garantizado por la Constitución. Ésa es una diferencia no pequeña y que desde luego no cabe ignorar, entre los sistemas políticos sólidos y los subdesarrollados, donde, como en Venezuela, el caudillismo democrático puede poner en cuestión, si obtiene la mayoría suficiente, todos los mecanismos de garantía constitucional y el Estado de derecho está en cuestión en cada proceso electoral.
(Artículo de Alejandro Huergo, publicado en "La Nueva España" el 16 de enero de 2011)
En esta decisión, el tribunal reconoce, cambiando la doctrina seguida en otras anteriores, que todos los jueces y tribunales (es decir, no sólo el propio TC) pueden inaplicar (dejar a un lado, sin aplicarlas) aquellas leyes estatales o autonómicas que consideren sin ninguna duda incompatibles con el derecho comunitario, incluso sin necesidad de consultar expresamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sin esperar a que éste se pronuncie. El nuevo criterio del TC es, sin duda, el correcto y el que exigen el derecho comunitario y la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo. Para éste, las normas comunitarias prevalecen, sin más, sobre las nacionales, y esa primacía debe ser reconocida y aplicada por todos los órganos judiciales (convertidos así en jueces comunitarios) y no sólo por los tribunales constitucionales de cada Estado miembro. Los tribunales de los estados miembros tienen el derecho y el deber de dejar a un lado las normas nacionales contrarias al derecho comunitario, sin que para ello necesiten el aval del Tribunal de Justicia, cuya intervención sirve más bien para evitar el peligro contrario, es decir, garantizar que los tribunales nacionales no otorgan una indebida primacía a sus propias normas sobre las comunitarias.
No se trata de una cuestión puramente teórica: dentro de poco veremos desfilar ante los tribunales españoles de lo contencioso-administrativo no pocas leyes autonómicas -y alguna estatal- cuya compatibilidad con el derecho comunitario (y, en particular, con la directiva de servicios) tendrá que ser fiscalizada por esos tribunales, normalmente con la ayuda del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, pero no necesariamente en todos los casos.
Aunque ello parezca una obviedad y una exigencia casi mecánica del funcionamiento del sistema, en realidad supone el abandono de dogmas muy arraigados (como el que proclama el sometimiento del juez a la ley, que sería intocable para él), a la vez que una cierta aproximación al modelo norteamericano y, como en otros casos, la penetración por la vía europea de un postulado que los constituyentes de 1978 no quisieron aceptar.
En Europa, la idea rousseauniana de que la ley, como producto de los representantes del pueblo, es casi soberana y desde luego intocable para esos «funcionarios» que serían los jueces mantuvo su vigencia hasta que la trágica experiencia del nazismo puso de manifiesto el grado de injusticia y de barbarie que pueden incorporar las leyes. A partir de entonces se impone, sobre todo en los países que salen de regímenes totalitarios (Alemania e Italia, primero; Portugal, España y Grecia, después, y, por último, los países del este de Europa), la idea de que la ley está sometida a la Constitución (que contiene los principios y los derechos mínimos, fuera de los cuales toda ley es arbitraria), y que los jueces deben verificar la conformidad de toda ley con la Constitución. Esta idea, que en Estados Unidos funciona con normalidad desde 1803, en Europa sólo se impone a partir de 1945 (con la única excepción de Austria, donde comenzó a aplicarse en 1920), y, aun así, con una significativa matización. Y es que mientras que en Estados Unidos cualquier juez puede inaplicar una ley si la considera contraria a la Constitución (aunque su decisión puede ser corregida por tribunales superiores hasta que el Tribunal Supremo establece la doctrina vinculante para todos), en Europa no se quiso nunca dejar ese poder en manos de los jueces, sino que se reservó y se reserva hasta el día de hoy a los tribunales constitucionales, que son órganos mucho más sometidos que los demás a la capacidad de influencia de quienes hacen las leyes, es decir, los parlamentos, que son quienes designan a la mayoría de sus miembros.
Aunque en Europa tenemos plenamente asumida la figura del Tribunal Constitucional, en su origen se encuentra ese miedo o prevención ante los tribunales ordinarios, que el ejemplo norteamericano demuestra que no es en modo alguno imprescindible. De hecho, la existencia del Tribunal Constitucional causa no pocas disfunciones, puesto que, como observan numerosos norteamericanos cuando estudian nuestros sistemas jurídicos, en España (o en Alemania, Italia, etcétera) existen dos tribunales supremos, lo que es natural que lleve a frecuentes enfrentamientos nada edificantes y que entre nosotros se agudizan con el cainismo que nos caracteriza. Sirvan como ejemplo la actual pugna sobre la prescripción de los delitos y las menos recientes sobre la indemnización por las vulneraciones al derecho al honor o sobre la responsabilidad civil de los propios magistrados del TC, a los que la Sala 1.ª del Tribunal Supremo condenó hace unos años con indisimulada satisfacción.
Sólo a la vista de esta diferencia «cultural» entre Europa (cuya mentalidad tradicional se exacerba en el caso español) y Estados Unidos se entienden muchos fenómenos recientes. Así, en el larguísimo período de tramitación de los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, y en los comentarios posteriores a las sentencias del TC que los estimaron parcialmente, se sucedieron decenas de «tomas de posición» cuyos autores se rasgaban las vestiduras ante la posibilidad de que un tribunal «no democrático» osara corregir una ley que había sido aprobada «por dos parlamentos», que representaba «un pacto político» o que había sido, incluso, ratificada en referéndum. Hubo quien pasó del lamento e intentó encontrar argumentos jurídicos para demostrar que el TC sencillamente no podía enjuiciar una norma de este tipo.
Sin embargo, mientras entre nosotros se sucedían los razonados ayes ante el ultraje perpetrado por el TC, en California un tribunal declaraba inconstitucional la ley, aprobada en referéndum, que prohibía las bodas entre personas del mismo sexo. A unos les gustó y a otros, no, pero lo que a nadie se le ocurrió en Estados Unidos fue criticar que una ley ratificada por el pueblo pudiera ser expulsada del ordenamiento jurídico por un tribunal «no democrático». Del mismo modo (y poniendo ahora un ejemplo de signo político contrario), se especula desde hace meses con la posibilidad de que uno o varios tribunales norteamericanos (no precisamente el Supremo, cuya intervención se demorará) suspendan aspectos importantes de la ley de reforma sanitaria impulsada por el presidente Obama, habiendo comenzado ya un juego de recursos e impugnaciones que parece probable que termine con esa suspensión. De nuevo se asume esa posibilidad como una regla más del sistema, en abierto contraste con lo que sucede entre nosotros.
Conviene destacar que ese poder de los jueces se acepta, aunque se sabe que los tribunales son humanos y falibles, y aunque, de hecho, el grado de ideologización de la justicia norteamericana va en aumento y no tiene mucho que envidiar al de la española, si bien se produce por vías diferentes. Esa politización de los tribunales no se debe en Estados Unidos (sí en España) a la existencia de asociaciones que, actuando como trasunto de los partidos políticos, tengan una influencia decisiva en el nombramiento de los integrantes de los tribunales más importantes, sino a la potestad directa de nombramiento que ostentan el presidente y los gobernadores de los estados, así como a la posibilidad que tienen algunas empresas y organizaciones de presionar a los jueces mediante la financiación de sus campañas electorales en aquellos estados en que los jueces, o algunos de ellos, son de elección popular. Recientemente, el Tribunal Supremo ha declarado algo obvio: que los jueces deben abstenerse cuando estén en juego asuntos que afecten a empresas que han financiado su campaña electoral, poniendo sobre la mesa algo que hasta hace poco se ocultaba púdicamente. También hay que recordar que en estos momentos existe un número significativo de vacantes en los tribunales federales que aún no han sido cubiertas porque el Senado demora la confirmación de los nombramientos propuestos por el presidente Obama.
La dificultad que entre nosotros se percibe para reconocer a los jueces ese importante papel en defensa de la libertad también frente a las leyes (a la que se añade, por otro lado, la escasa disposición de no pocos tribunales a tomar este tipo de decisiones incómodas) tiene que ver, probablemente, con un defecto de percepción que sólo el tiempo irá corrigiendo: la idea de que, conseguida la elección democrática de los gobernantes, la corrección jurídica de lo que hagan pasa a ocupar un segundo plano. Se trata de una idea errónea, porque tan importante como la elección democrática de los autores de las leyes es la garantía de que éstas respeten los principios mínimos y los derechos fundamentales recogidos en la Constitución (y ahora, también, en el derecho comunitario). La insistencia, habitual en España, en la importancia de la participación electoral y la correlativa crítica a aquellas sociedades (como, por ejemplo, la norteamericana) de baja participación ocultan a veces un hecho innegable, y es que en muchos casos quien se abstiene en esos países no lo hace porque le dé igual lo que suceda, sino porque sabe que lo más importante para él (el respeto de su libertad y propiedad, para empezar) no depende de cuál sea el partido mayoritario, sino que está garantizado por la Constitución. Ésa es una diferencia no pequeña y que desde luego no cabe ignorar, entre los sistemas políticos sólidos y los subdesarrollados, donde, como en Venezuela, el caudillismo democrático puede poner en cuestión, si obtiene la mayoría suficiente, todos los mecanismos de garantía constitucional y el Estado de derecho está en cuestión en cada proceso electoral.
(Artículo de Alejandro Huergo, publicado en "La Nueva España" el 16 de enero de 2011)
FERNANDO GARCÍA-MON, MAGISTRADO EJEMPLAR.
Por suerte, hay muchos magistrados ejemplares, del Tribunal Constitucional y de otros tribunales. Pero para mí, Fernando García-Mon ha sido ejemplar de un modo muy especial, porque la fortuna quiso que accediéramos juntos al cargo de magistrado constitucional, elegidos por el Senado un día de febrero de 1986, y que juntos, codo con codo, recorriéramos la senda constitucional durante seis años (los que duró mi mandato; el suyo por fortuna se prolongó mucho más), no solo en el pleno del Tribunal, sino también en la misma sala y, sobre todo, en la misma sección. Fui así un testigo privilegiado de la ejemplaridad de García-Mon como magistrado, además de su más directo beneficiario. De ese intenso trato cotidiano brotó la chispa de la mutua empatía, pronto transformada en profunda amistad.
La dignidad y la eficacia de las instituciones públicas descansan no solo en el prestigio profesional y la probidad moral de las personas que temporalmente las encarnan, sino también en el respeto y la lealtad con que deben ser tratadas por todos, poderes públicos y medios de difusión en primer término. Apreciar el valor de las instituciones es garantía segura de nuestro porvenir como pueblo. No hacerlo puede ser letal.
Él puso su bien ganado prestigio como abogado al servicio de la institución que le acogía como magistrado. Avalado por el docto magisterio del profesor Antonio Hernández Gil, y tras una trayectoria impecable como vocal del Consejo General del Poder Judicial, García-Mon cambió con toda naturalidad de clientela. A partir de su conversión en juez constitucional no tuvo otro cliente que la Constitución, su única defensa fue la del texto que los españoles nos habíamos dado como marco normativo supremo de nuestras recuperadas libertades democráticas, y a esa defensa dedicó todos sus desvelos. Como Plinio, prefirió ser magistrado para todos antes que abogado para unos pocos.
Recuerdo cuánto le preocupaba que el nivel técnico y la solidez doctrinal de nuestras resoluciones estuvieran a la altura de las que salieron de la pluma de los magistrados fundadores. Preocupación razonable que otros magistrados compartíamos, pero que resultaba algo exagerada en su caso, tantos eran sus activos y virtudes para lograrlo. Demócrata de vieja estirpe liberal, jurista experimentado y creyente en el Derecho como instrumento insustituible de la convivencia en paz y libertad, estaba además plenamente persuadido de que la Constitución de 1978 y su intérprete supremo eran la clave de bóveda del sistema democrático, un sistema, dicho con palabras de quien fuera el primer presidente del TC, don Manuel García Pelayo, "la voluntad de la mayoría no es por sí sola ni legítima ni justa ni sabia" si vulnera los límites constitucionales.
Interpretar la Constitución.
A esas creencias profundas, compartidas por todos los magistrados, Fernando sumaba algunas virtudes ya no tan frecuentes. Hombre de vasta cultura, con un agudo sentido de la realidad circundante (que algunos llaman sentido común), ponía toda la energía y la habilidad dialéctica necesarias para convencer a los demás de lo acertado de sus posiciones interpretativas de la Constitución. Pero no era menos enérgica su paciente disposición para dejarse persuadir de las razones contrarias. Deliberar con él era un auténtico placer intelectual, porque para Fernando, de natural moderado y prudente, deliberar era antes que nada saber escuchar, esforzarse en comprender las posiciones diferentes de la suya y, llegado el caso, cambiar de opinión. Inherente al método colegiado de los procesos constitucionales, no todos, sin embargo, lográbamos deliberar y formar juicio con esa misma actitud de atención y respeto hacia la discrepancia de otros colegas, o al menos no alcanzábamos a hacerlo con la elegante inteligencia, la modestia y el buen humor, irónico y socarrón, de que hacía gala Fernando, siempre en guardia frente a la vanidad y el engreimiento que, en ocasiones, oscurecían el buen hacer de algunos colegas de extracción académica.
Las sentencias, muy numerosas, que llevan su firma como ponente, tienen el sello característico de su estilo sobrio, elegante, con sabor clasicista. Fernando huía de los discursos eruditos y de las argumentaciones prolijas y ornamentales. Lo que le importaba por encima de todo era hacer viva la Constitución, asegurar su supremacía, dotarla de plenitud aplicativa ante el caso concreto sometido a nuestro enjuiciamiento. No buscaba lucimientos, buscaba la verdad escondida en cada asunto con relevancia constitucional para acertar en la respuesta justa que habíamos de dar en cada proceso constitucional.
Por encima de todo ello, en Fernando García-Mon lucía su virtud principal y más atractiva: la bondad. Fue un hombre profundamente bueno, un magistrado ejemplarmente bueno. Esta bondad natural acrisolaba sus otros muchos méritos y dispensaba alegría y bienestar a cuantos compartían vida y afanes con él, su muy querida familia ante todo, pero también sus amigos y compañeros. Tal vez vayamos muriendo con la muerte de quienes más queremos que vivan. El adiós definitivo a Fernando nos llena de inconsolable tristeza, hemos dejado parte de nuestra vida con su marcha. Pero ello no empaña la inmensa alegría, la impagable fortuna, de haber tenido el privilegio de recorrer con él un buen tramo del camino hacia el mar de la eternidad. Tal ha sido la fuerza atractiva de sabiduría y bondad que este magistrado ejemplar supo combinar de modo superlativo.
(Artículo de Jesús Leguina Villa, publicado en "El País" el 15 de enero de 2011)
La dignidad y la eficacia de las instituciones públicas descansan no solo en el prestigio profesional y la probidad moral de las personas que temporalmente las encarnan, sino también en el respeto y la lealtad con que deben ser tratadas por todos, poderes públicos y medios de difusión en primer término. Apreciar el valor de las instituciones es garantía segura de nuestro porvenir como pueblo. No hacerlo puede ser letal.
Él puso su bien ganado prestigio como abogado al servicio de la institución que le acogía como magistrado. Avalado por el docto magisterio del profesor Antonio Hernández Gil, y tras una trayectoria impecable como vocal del Consejo General del Poder Judicial, García-Mon cambió con toda naturalidad de clientela. A partir de su conversión en juez constitucional no tuvo otro cliente que la Constitución, su única defensa fue la del texto que los españoles nos habíamos dado como marco normativo supremo de nuestras recuperadas libertades democráticas, y a esa defensa dedicó todos sus desvelos. Como Plinio, prefirió ser magistrado para todos antes que abogado para unos pocos.
Recuerdo cuánto le preocupaba que el nivel técnico y la solidez doctrinal de nuestras resoluciones estuvieran a la altura de las que salieron de la pluma de los magistrados fundadores. Preocupación razonable que otros magistrados compartíamos, pero que resultaba algo exagerada en su caso, tantos eran sus activos y virtudes para lograrlo. Demócrata de vieja estirpe liberal, jurista experimentado y creyente en el Derecho como instrumento insustituible de la convivencia en paz y libertad, estaba además plenamente persuadido de que la Constitución de 1978 y su intérprete supremo eran la clave de bóveda del sistema democrático, un sistema, dicho con palabras de quien fuera el primer presidente del TC, don Manuel García Pelayo, "la voluntad de la mayoría no es por sí sola ni legítima ni justa ni sabia" si vulnera los límites constitucionales.
Interpretar la Constitución.
A esas creencias profundas, compartidas por todos los magistrados, Fernando sumaba algunas virtudes ya no tan frecuentes. Hombre de vasta cultura, con un agudo sentido de la realidad circundante (que algunos llaman sentido común), ponía toda la energía y la habilidad dialéctica necesarias para convencer a los demás de lo acertado de sus posiciones interpretativas de la Constitución. Pero no era menos enérgica su paciente disposición para dejarse persuadir de las razones contrarias. Deliberar con él era un auténtico placer intelectual, porque para Fernando, de natural moderado y prudente, deliberar era antes que nada saber escuchar, esforzarse en comprender las posiciones diferentes de la suya y, llegado el caso, cambiar de opinión. Inherente al método colegiado de los procesos constitucionales, no todos, sin embargo, lográbamos deliberar y formar juicio con esa misma actitud de atención y respeto hacia la discrepancia de otros colegas, o al menos no alcanzábamos a hacerlo con la elegante inteligencia, la modestia y el buen humor, irónico y socarrón, de que hacía gala Fernando, siempre en guardia frente a la vanidad y el engreimiento que, en ocasiones, oscurecían el buen hacer de algunos colegas de extracción académica.
Las sentencias, muy numerosas, que llevan su firma como ponente, tienen el sello característico de su estilo sobrio, elegante, con sabor clasicista. Fernando huía de los discursos eruditos y de las argumentaciones prolijas y ornamentales. Lo que le importaba por encima de todo era hacer viva la Constitución, asegurar su supremacía, dotarla de plenitud aplicativa ante el caso concreto sometido a nuestro enjuiciamiento. No buscaba lucimientos, buscaba la verdad escondida en cada asunto con relevancia constitucional para acertar en la respuesta justa que habíamos de dar en cada proceso constitucional.
Por encima de todo ello, en Fernando García-Mon lucía su virtud principal y más atractiva: la bondad. Fue un hombre profundamente bueno, un magistrado ejemplarmente bueno. Esta bondad natural acrisolaba sus otros muchos méritos y dispensaba alegría y bienestar a cuantos compartían vida y afanes con él, su muy querida familia ante todo, pero también sus amigos y compañeros. Tal vez vayamos muriendo con la muerte de quienes más queremos que vivan. El adiós definitivo a Fernando nos llena de inconsolable tristeza, hemos dejado parte de nuestra vida con su marcha. Pero ello no empaña la inmensa alegría, la impagable fortuna, de haber tenido el privilegio de recorrer con él un buen tramo del camino hacia el mar de la eternidad. Tal ha sido la fuerza atractiva de sabiduría y bondad que este magistrado ejemplar supo combinar de modo superlativo.
(Artículo de Jesús Leguina Villa, publicado en "El País" el 15 de enero de 2011)
EL MALTRATO A UN TRIBUNAL.
Ayer tomaron posesión de su cargo los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional nombrados a propuesta del Senado. Más de tres años ha tardado esta Cámara en cumplir con su deber constitucional. Este retraso ha roto el ritmo de las sucesivas renovaciones y, para remediarlo, se ha debido modificar la ley orgánica que regula el TC. Sin embargo, ahí no acaban las irregularidades: otros cuatro magistrados, esta vez los designados por el Congreso, tienen también su mandato prorrogado –ojo: no caducado, como suele decirse– desde hace más de dos meses y están a la espera de que el Congreso los renueve.
Una vez más, resulta escandaloso el maltrato que los dos grandes partidos políticos han infligido durante los últimos años a esta institución clave de nuestro Estado de derecho. Lo peor de todo es que a ojos de la opinión pública los responsables de la situación no son los partidos, sino el propio tribunal, aunque la culpa no sea suya. De esta forma, la autoridad, la auctoritas, del tribunal, queda gravemente maltrecha y los ciudadanos acabarán por considerarlo un órgano político más, donde los políticos continúan su particular batalla, en lugar de un órgano independiente de naturaleza jurisdiccional que es como está configurado en la Constitución.
¿Qué significa la independencia judicial? Básicamente, una sola cosa: que el juez aplica la ley y sólo la ley, es decir, que sus resoluciones –autos o sentencias– no están determinados por sus opiniones o intereses personales, sino sólo por la objetiva delimitación de los hechos que juzga y la interpretación jurídica de las normas que debe aplicar al enjuiciarlos. En definitiva, la independencia judicial es, paradójicamente, una absoluta dependencia de la ley: para resolver un determinado caso, es decir, una controversia entre partes, el juez es independiente de todos los demás poderes, pues no está sometido jerárquicamente a ninguno de ellos, pero es absolutamente dependiente de las normas jurídicas. A la postre, pues, independencia judicial equivale a absoluta dependencia del derecho.
Ahora bien, la aplicación de las normas no puede hacerse con criterios de pura lógica formal, ya que el derecho no es, como las matemáticas, una ciencia exacta. Las leyes están compuestas de palabras, no de números, que hacen inevitable dar un margen de discrecionalidad al juez para que las interprete, dado su frecuente grado de indeterminación. El derecho no se aplica únicamente a partir de razonamientos basados en demostraciones –“si dos más dos son cuatro, cuatro más cuatro son ocho”–, sino mediante argumentaciones en las que se parte de premisas opinables –cuáles son los hechos y qué dice la ley– para llegar a consecuencias también opinables que ponen fin a la controversia planteada. Ahora bien, las reglas de la argumentación jurídica tienen límites: sólo son admisibles las resoluciones fundadas en buenas razones.
No obstante, dado que los jueces son personas humanas, para asegurar su independencia se hace necesario un sistema institucional que, en la medida de lo posible, la garantice. El magistrado constitucional no escapa a esta necesidad y la Constitución prevé, entre otras cautelas, ciertas condiciones para su designación encaminadas a dos necesidades obvias para ejercer adecuadamente su cometido: calidad técnica y neutralidad. Para lo primero, la Constitución exige que se trate de un jurista de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional; para lo segundo, que los magistrados propuestos por el Congreso y el Senado sean designados por una mayoría cualificada de 3/5 partes de los miembros de cada Cámara, lo cual ha implicado siempre el acuerdo entre los dos grandes partidos.
Sin embargo, de forma repetida, el procedimiento para llegar a este acuerdo va en contra de la finalidad pretendida por la Constitución. Dicho procedimiento es el llamado reparto por cuotas. Con cuatro plazas a repartir, PSOE y PP designan dos cada uno con el compromiso mutuo de que cada uno coloca libremente a sus candidatos sin interferencias del otro. Lo acepta y basta. Pero la finalidad constitucional es que el acuerdo garantice en lo posible que las personas propuestas sean las idóneas, es decir, reúnan los requisitos de poseer acreditados conocimientos jurídicos y ecuanimidad de juicio. Ciertamente, no es difícil encontrarlas.
El PP está ahora empeñado en nombrar a Enrique López, un jurista de aún corta trayectoria –es muy dudoso que cumpla los preceptivos 15 años– y, por ahora, de escasa relevancia en su labor: fue juez de primera instancia y sólo desde fecha reciente es magistrado de la Audiencia Nacional. Además, durante años desempeñó un cargo marcadamente político en el Consejo General del Poder Judicial. Quizás Enrique López llegue a ser en el futuro un jurista de reconocida competencia y se le reconozca la necesaria ponderación de juicio. Pero todavía no lo ha demostrado. Por ello resulta incomprensible la tozudez del PP en mantener su candidatura, con el coste que ello conlleva para un TC ya demasiado baqueteado en su dignidad debido al maltrato que recibe de los políticos.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 13 de enero de 2011)
Una vez más, resulta escandaloso el maltrato que los dos grandes partidos políticos han infligido durante los últimos años a esta institución clave de nuestro Estado de derecho. Lo peor de todo es que a ojos de la opinión pública los responsables de la situación no son los partidos, sino el propio tribunal, aunque la culpa no sea suya. De esta forma, la autoridad, la auctoritas, del tribunal, queda gravemente maltrecha y los ciudadanos acabarán por considerarlo un órgano político más, donde los políticos continúan su particular batalla, en lugar de un órgano independiente de naturaleza jurisdiccional que es como está configurado en la Constitución.
¿Qué significa la independencia judicial? Básicamente, una sola cosa: que el juez aplica la ley y sólo la ley, es decir, que sus resoluciones –autos o sentencias– no están determinados por sus opiniones o intereses personales, sino sólo por la objetiva delimitación de los hechos que juzga y la interpretación jurídica de las normas que debe aplicar al enjuiciarlos. En definitiva, la independencia judicial es, paradójicamente, una absoluta dependencia de la ley: para resolver un determinado caso, es decir, una controversia entre partes, el juez es independiente de todos los demás poderes, pues no está sometido jerárquicamente a ninguno de ellos, pero es absolutamente dependiente de las normas jurídicas. A la postre, pues, independencia judicial equivale a absoluta dependencia del derecho.
Ahora bien, la aplicación de las normas no puede hacerse con criterios de pura lógica formal, ya que el derecho no es, como las matemáticas, una ciencia exacta. Las leyes están compuestas de palabras, no de números, que hacen inevitable dar un margen de discrecionalidad al juez para que las interprete, dado su frecuente grado de indeterminación. El derecho no se aplica únicamente a partir de razonamientos basados en demostraciones –“si dos más dos son cuatro, cuatro más cuatro son ocho”–, sino mediante argumentaciones en las que se parte de premisas opinables –cuáles son los hechos y qué dice la ley– para llegar a consecuencias también opinables que ponen fin a la controversia planteada. Ahora bien, las reglas de la argumentación jurídica tienen límites: sólo son admisibles las resoluciones fundadas en buenas razones.
No obstante, dado que los jueces son personas humanas, para asegurar su independencia se hace necesario un sistema institucional que, en la medida de lo posible, la garantice. El magistrado constitucional no escapa a esta necesidad y la Constitución prevé, entre otras cautelas, ciertas condiciones para su designación encaminadas a dos necesidades obvias para ejercer adecuadamente su cometido: calidad técnica y neutralidad. Para lo primero, la Constitución exige que se trate de un jurista de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional; para lo segundo, que los magistrados propuestos por el Congreso y el Senado sean designados por una mayoría cualificada de 3/5 partes de los miembros de cada Cámara, lo cual ha implicado siempre el acuerdo entre los dos grandes partidos.
Sin embargo, de forma repetida, el procedimiento para llegar a este acuerdo va en contra de la finalidad pretendida por la Constitución. Dicho procedimiento es el llamado reparto por cuotas. Con cuatro plazas a repartir, PSOE y PP designan dos cada uno con el compromiso mutuo de que cada uno coloca libremente a sus candidatos sin interferencias del otro. Lo acepta y basta. Pero la finalidad constitucional es que el acuerdo garantice en lo posible que las personas propuestas sean las idóneas, es decir, reúnan los requisitos de poseer acreditados conocimientos jurídicos y ecuanimidad de juicio. Ciertamente, no es difícil encontrarlas.
El PP está ahora empeñado en nombrar a Enrique López, un jurista de aún corta trayectoria –es muy dudoso que cumpla los preceptivos 15 años– y, por ahora, de escasa relevancia en su labor: fue juez de primera instancia y sólo desde fecha reciente es magistrado de la Audiencia Nacional. Además, durante años desempeñó un cargo marcadamente político en el Consejo General del Poder Judicial. Quizás Enrique López llegue a ser en el futuro un jurista de reconocida competencia y se le reconozca la necesaria ponderación de juicio. Pero todavía no lo ha demostrado. Por ello resulta incomprensible la tozudez del PP en mantener su candidatura, con el coste que ello conlleva para un TC ya demasiado baqueteado en su dignidad debido al maltrato que recibe de los políticos.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 13 de enero de 2011)
FANÁTICOS.
UN pistolero, solo o en compañía de algún otro, ha matado a seis personas en Arizona, Estados Unidos. Sus 15 o 20 disparos produjeron varios heridos, entre ellos al objetivo del ataque, la congresista demócrata Gabrielle Giffords, opuesta a la ley antiinmigración que considera delito la estancia ilegal en el Estado y faculta a la Policía a exigir los papeles de residencia a cualquier ciudadano. Esta norma restrictiva trata de frenar la masiva llegada de inmigrantes irregulares al país, y ha sido objeto de una enorme controversia entre progresistas y conservadores en Norteamérica. Así que las primeras sospechas se han centrado en la idea de un atentado político a cargo de un radical de extrema derecha. Pero la congresista también ha sido muy activa en la lucha contra los cárteles de la droga y el blanqueo de dinero. Si fuese una venganza de narcotraficantes, el móvil de los asesinos sería muy distinto.
Es difícil hacer conjeturas sobre los autores. Pero en estas ocasiones el frentismo condiciona los comentarios de las ediciones digitales de nuestros periódicos. Ayer, sin ir más lejos, en la página web de este diario se hablaba de la extrema derecha y hasta de la Guerra Civil española, que no nos resistimos a cerrar. Hay precedentes propios: hace 33 años, un comando de extrema derecha perpetró una matanza similar contra un grupo de abogados laboralistas de Comisiones Obreras en la calle de Atocha de Madrid. Murieron cuatro abogados y un administrativo del despacho y resultaron heridos otros cuatro abogados. Pero lo cierto es que la autoría de estos crímenes no tiene un patrón fijo de ideología o religión; su característica común es el fanatismo de los asesinos.
Fanáticos islamistas eran los autores del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, y de la matanza de Madrid del 11 de marzo de 2004. Pero no sólo hacen estas cosas fundamentalistas musulmanes; el asesino de Rabin en 1995 fue un ultra religioso sionista, indignado con el proceso de paz iniciado por el primer ministro israelí. Un fanático integrista indio asesinó a Gandhi en 1948 por su defensa de los musulmanes en la recién independizada India. En 1914, unos nacionalistas radicales mataron en Sarajevo al heredero del trono austríaco y a su esposa, y provocaron la primera guerra mundial. En 1865, un simpatizante de la causa confederada disparó al presidente Lincoln.
Es un despropósito revivir nuestra Guerra Civil a propósito de este tiroteo en Arizona, pero se puede sacar una moraleja nacional. Hay comportamientos de dirigentes políticos, religiosos o sociales que alientan el radicalismo e incluso el fanatismo. Y estos tiempos de crisis y depresión, por el contrario, reclaman líderes abiertos, tolerantes y cooperadores, que den ejemplo de sentido común.
(Artículo de Ignacio Martínez, publicado en "Diario de Sevilla" el 10 de enero de 2010)
Es difícil hacer conjeturas sobre los autores. Pero en estas ocasiones el frentismo condiciona los comentarios de las ediciones digitales de nuestros periódicos. Ayer, sin ir más lejos, en la página web de este diario se hablaba de la extrema derecha y hasta de la Guerra Civil española, que no nos resistimos a cerrar. Hay precedentes propios: hace 33 años, un comando de extrema derecha perpetró una matanza similar contra un grupo de abogados laboralistas de Comisiones Obreras en la calle de Atocha de Madrid. Murieron cuatro abogados y un administrativo del despacho y resultaron heridos otros cuatro abogados. Pero lo cierto es que la autoría de estos crímenes no tiene un patrón fijo de ideología o religión; su característica común es el fanatismo de los asesinos.
Fanáticos islamistas eran los autores del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, y de la matanza de Madrid del 11 de marzo de 2004. Pero no sólo hacen estas cosas fundamentalistas musulmanes; el asesino de Rabin en 1995 fue un ultra religioso sionista, indignado con el proceso de paz iniciado por el primer ministro israelí. Un fanático integrista indio asesinó a Gandhi en 1948 por su defensa de los musulmanes en la recién independizada India. En 1914, unos nacionalistas radicales mataron en Sarajevo al heredero del trono austríaco y a su esposa, y provocaron la primera guerra mundial. En 1865, un simpatizante de la causa confederada disparó al presidente Lincoln.
Es un despropósito revivir nuestra Guerra Civil a propósito de este tiroteo en Arizona, pero se puede sacar una moraleja nacional. Hay comportamientos de dirigentes políticos, religiosos o sociales que alientan el radicalismo e incluso el fanatismo. Y estos tiempos de crisis y depresión, por el contrario, reclaman líderes abiertos, tolerantes y cooperadores, que den ejemplo de sentido común.
(Artículo de Ignacio Martínez, publicado en "Diario de Sevilla" el 10 de enero de 2010)
EL COMIENZO DE UNA NUEVA ÉPOCA. UNA REFLEXIÓN EUROPEA.
TODO parece indicar —aunque nada sea seguro en estos tiempos— que en el curso del 2011 se iniciará a escala global un nuevo periodo de crecimiento económico que pondrá fin a una crisis que ha sido demasiado larga y demasiado profunda y negativa. Durante este año los países emergentes (China, India, Brasil, y otros muchos en Latinoamérica y Asia) seguirán desarrollándose de forma positiva y a ellos se unirá, por fin, el mundo occidental liderado básicamente por los Estados Unidos y, en tono muy menor, por una Europa aún renqueante que habrá empezado —solo empezado— a tomar en serio sus problemas auténticos ante el riesgo seguro de afrontar un penoso proceso de decadencia. España será uno de los países favorecidos por la reactivación mundial y nuestro clima económico y social mejorará razonablemente, aunque la recuperación del empleo será todavía muy lenta. Veremos, en todo caso, algo de luz al final del túnel.
En esta nueva época —aun cuando estén aumentando las formas y los grados de interdependencia— el liderazgo básico seguirá perteneciendo a los Estados Unidos. Las teorías sobre el declive y debilitamiento del poder americano tienden a la exageración. Es cierto que la situación actual de ese país no es especialmente brillante y que la presidencia de Barack Obama ha perdido parte de la fuerza y el impulso con los que nació. Es especialmente preocupante la polarización de la vida política, muy superior a la de cualquier otro tiempo, y la radicalización desmesurada de los grupos conservadores. Pero el liderazgo de los EE.UU. seguirá siendo decisivo, entre otras cosas porque, objetivamente, es el único posible. En términos de poder económico, poder militar —un poder siempre clave—, poder tecnológico y poder cultural, la superioridad de ese país es abrumadora. La única otra opción válida sería una Europa fuertemente unida, militar, política y económicamente, pero en estos momentos esa posibilidad es pura utopía. China no es tampoco, ni lo será en mucho tiempo, una opción realista, en cuanto a capacidad para asumir responsabilidades globales. Tiene que dedicar todos sus esfuerzos a ejercer un liderazgo interno que como consecuencia de un crecimiento excesivamente rápido se va a hacer cada vez más complejo y más difícil, incluso en términos de estabilidad social y política.
Siendo así las cosas, los temas que más deben ocuparnos y preocuparnos, de esta pax americana, son, desde una perspectiva europea, los siguientes:
El desprestigio de Europa está creciendo en los Estados Unidos de forma alarmante en todos los círculos empresariales y financieros. La agenda del Pacífico es para los americanos mucho más importante que la europea. Los medios de comunicación se dedican de manera constante a enfatizar y magnificar nuestros problemas y nuestras incapacidades en el proceso de una unidad efectiva y llegan a poner en duda la viabilidad del euro. Recuerdan con ironía los escritos de hace pocos años de Rifkind, Reid, Leonard y otros pensadores sobre la alta probabilidad que se le ofrecía a Europa para dirigir el mundo en el siglo XXI y concuerdan con muchos ensayos actuales en donde se asegura la decadencia irreversible e incluso la irrelevancia global de nuestro bello, culto y viejo continente, reiterando sin cesar la frase de Kissinger de que «nadie conoce el teléfono de Europa». Nuestra imagen es cada vez más negativa.
Europa debe reaccionar. Tenemos que dedicar más esfuerzo, más imaginación y más voluntad a mejorar y revitalizar la relación atlántica convirtiéndola en un objetivo prioritario. Podemos hacerlo. Podemos colaborar en política exterior con menos reservas. Podemos refinar la diplomacia parlamentaria. Podemos ampliar sin límite el diálogo tecnológico y el cultural. Podemos generar un nuevo clima de credibilidad y confianza. Podemos aportar al liderazgo americano la experiencia, la calidad y el buen sentido que a veces le falta. Hay que ponerse a ello. Todo menos quedar aislados —con nuestro orgullo y nuestras tradiciones a cuestas— sin estrategias ni objetivos, inundados de burocracia, de ideas obsoletas, de rigideces absurdas y, en general, de irrealismo puro y duro.
El diálogo en el mundo financiero es quizás el más delicado y el más peligroso. En ese mundo la primera obligación europea es la de entender y asumir que el mundo anglosajón tiene todas las de ganar. Cuenta a su favor con los dos mercados de capitales básicos, la City y Wall Street, con todas las agencias de calificación cuyo poder nadie controla, con la única prensa económica realmente influyente, con el inglés como «lingua franca», con el predominio de su sistema legal y con otras ventajas directas e indirectas. Su capacidad de acción y reacción es enormemente superior a la europea y a la de cualquier otro país, y además son conscientes de que no pueden perderla ni limitarla en forma alguna.
Lo preocupante de esta situación radica en que el mundo financiero anglosajón, que ha sido el culpable fundamental de la crisis, no parece dispuesto ni a aceptar su responsabilidad ni a modificar sustancialmente las conductas ni las prácticas que condujeron a esa crisis. William Cohan —que conoce bien ese mundo— lo resume así en un artículo reciente en el «Wall Street Journal»: «No puedo comprender cómo los banqueros y ejecutivos de Wall Street ganan tanto dinero año tras año por llevar a cabo tareas que raramente requieren innovación, que no les exigen arriesgar su propio capital y que tienen el deplorable hábito de hundir nuestra economía de forma periódica». Añade además que en este año los bonos que pagará Wall Street ascenderán a cuarenta y cuatro billones de dólares y menciona el caso concreto de una compañía con treinta y cinco mil empleados que cobrarán de promedio un bono de 375.000 dólares.
El estamento financiero anglosajón y el europeo tienen que replantearse a fondo su papel y su protagonismo en la sociedad equilibrando mejor sus responsabilidades y sus privilegios. Deben colaborar desde ya en la creación de un sistema lo más homogéneo posible que permita tomar decisiones serias con rapidez y eficacia. No es sin duda un objetivo fácil, pero se ha convertido en algo tan estrictamente necesario que habrá que superar todas las resistencias habituales. No se trata solo, ni fundamentalmente, de establecer regulaciones más estrictas, sino de refinar los sentimientos tradicionales de responsabilidad y de autocontrol que se han ido desvaneciendo en los últimos tiempos. Ello es lo que ha permitido que se saltaran todos los límites de prudencia y sensatez hasta generar una especie de borrachera económica en la que las exigencias éticas —aun las menos exigentes— se anegaron y la codicia y la corrupción campearon a sus anchas. No puede repetirse este triste espectáculo. Nunca más.
No podemos permitirnos desaprovechar íntegramente esta crisis tan dura y tan dramática para el mundo entero. Además de crear un clima de moralidad pública y privada radicalmente distinto, habrá que echarles grandeza a los grandes problemas. Construir una relación atlántica sólida y fértil es uno de esos problemas.
(Artículo de Antonio Garrigues Walker, publicado en "ABC" el 9 de enero de 2011)
En esta nueva época —aun cuando estén aumentando las formas y los grados de interdependencia— el liderazgo básico seguirá perteneciendo a los Estados Unidos. Las teorías sobre el declive y debilitamiento del poder americano tienden a la exageración. Es cierto que la situación actual de ese país no es especialmente brillante y que la presidencia de Barack Obama ha perdido parte de la fuerza y el impulso con los que nació. Es especialmente preocupante la polarización de la vida política, muy superior a la de cualquier otro tiempo, y la radicalización desmesurada de los grupos conservadores. Pero el liderazgo de los EE.UU. seguirá siendo decisivo, entre otras cosas porque, objetivamente, es el único posible. En términos de poder económico, poder militar —un poder siempre clave—, poder tecnológico y poder cultural, la superioridad de ese país es abrumadora. La única otra opción válida sería una Europa fuertemente unida, militar, política y económicamente, pero en estos momentos esa posibilidad es pura utopía. China no es tampoco, ni lo será en mucho tiempo, una opción realista, en cuanto a capacidad para asumir responsabilidades globales. Tiene que dedicar todos sus esfuerzos a ejercer un liderazgo interno que como consecuencia de un crecimiento excesivamente rápido se va a hacer cada vez más complejo y más difícil, incluso en términos de estabilidad social y política.
Siendo así las cosas, los temas que más deben ocuparnos y preocuparnos, de esta pax americana, son, desde una perspectiva europea, los siguientes:
El desprestigio de Europa está creciendo en los Estados Unidos de forma alarmante en todos los círculos empresariales y financieros. La agenda del Pacífico es para los americanos mucho más importante que la europea. Los medios de comunicación se dedican de manera constante a enfatizar y magnificar nuestros problemas y nuestras incapacidades en el proceso de una unidad efectiva y llegan a poner en duda la viabilidad del euro. Recuerdan con ironía los escritos de hace pocos años de Rifkind, Reid, Leonard y otros pensadores sobre la alta probabilidad que se le ofrecía a Europa para dirigir el mundo en el siglo XXI y concuerdan con muchos ensayos actuales en donde se asegura la decadencia irreversible e incluso la irrelevancia global de nuestro bello, culto y viejo continente, reiterando sin cesar la frase de Kissinger de que «nadie conoce el teléfono de Europa». Nuestra imagen es cada vez más negativa.
Europa debe reaccionar. Tenemos que dedicar más esfuerzo, más imaginación y más voluntad a mejorar y revitalizar la relación atlántica convirtiéndola en un objetivo prioritario. Podemos hacerlo. Podemos colaborar en política exterior con menos reservas. Podemos refinar la diplomacia parlamentaria. Podemos ampliar sin límite el diálogo tecnológico y el cultural. Podemos generar un nuevo clima de credibilidad y confianza. Podemos aportar al liderazgo americano la experiencia, la calidad y el buen sentido que a veces le falta. Hay que ponerse a ello. Todo menos quedar aislados —con nuestro orgullo y nuestras tradiciones a cuestas— sin estrategias ni objetivos, inundados de burocracia, de ideas obsoletas, de rigideces absurdas y, en general, de irrealismo puro y duro.
El diálogo en el mundo financiero es quizás el más delicado y el más peligroso. En ese mundo la primera obligación europea es la de entender y asumir que el mundo anglosajón tiene todas las de ganar. Cuenta a su favor con los dos mercados de capitales básicos, la City y Wall Street, con todas las agencias de calificación cuyo poder nadie controla, con la única prensa económica realmente influyente, con el inglés como «lingua franca», con el predominio de su sistema legal y con otras ventajas directas e indirectas. Su capacidad de acción y reacción es enormemente superior a la europea y a la de cualquier otro país, y además son conscientes de que no pueden perderla ni limitarla en forma alguna.
Lo preocupante de esta situación radica en que el mundo financiero anglosajón, que ha sido el culpable fundamental de la crisis, no parece dispuesto ni a aceptar su responsabilidad ni a modificar sustancialmente las conductas ni las prácticas que condujeron a esa crisis. William Cohan —que conoce bien ese mundo— lo resume así en un artículo reciente en el «Wall Street Journal»: «No puedo comprender cómo los banqueros y ejecutivos de Wall Street ganan tanto dinero año tras año por llevar a cabo tareas que raramente requieren innovación, que no les exigen arriesgar su propio capital y que tienen el deplorable hábito de hundir nuestra economía de forma periódica». Añade además que en este año los bonos que pagará Wall Street ascenderán a cuarenta y cuatro billones de dólares y menciona el caso concreto de una compañía con treinta y cinco mil empleados que cobrarán de promedio un bono de 375.000 dólares.
El estamento financiero anglosajón y el europeo tienen que replantearse a fondo su papel y su protagonismo en la sociedad equilibrando mejor sus responsabilidades y sus privilegios. Deben colaborar desde ya en la creación de un sistema lo más homogéneo posible que permita tomar decisiones serias con rapidez y eficacia. No es sin duda un objetivo fácil, pero se ha convertido en algo tan estrictamente necesario que habrá que superar todas las resistencias habituales. No se trata solo, ni fundamentalmente, de establecer regulaciones más estrictas, sino de refinar los sentimientos tradicionales de responsabilidad y de autocontrol que se han ido desvaneciendo en los últimos tiempos. Ello es lo que ha permitido que se saltaran todos los límites de prudencia y sensatez hasta generar una especie de borrachera económica en la que las exigencias éticas —aun las menos exigentes— se anegaron y la codicia y la corrupción campearon a sus anchas. No puede repetirse este triste espectáculo. Nunca más.
No podemos permitirnos desaprovechar íntegramente esta crisis tan dura y tan dramática para el mundo entero. Además de crear un clima de moralidad pública y privada radicalmente distinto, habrá que echarles grandeza a los grandes problemas. Construir una relación atlántica sólida y fértil es uno de esos problemas.
(Artículo de Antonio Garrigues Walker, publicado en "ABC" el 9 de enero de 2011)
GRAN METÁFORA
Cualquiera con un mínimo de sensibilidad intelectual, incluso estética, no puede dejar de sentir un sobresalto cada vez que pasa zapeando por donde estuvo en su día CNN+ y se encuentra con lo que ahora ocupa su lugar. Este malestar seguramente deriva del hecho de que sabemos que aquí se ha producido algo más que un mero intercambio de canales. Estamos ante un caso de libro de la fagocitación de una cadena de información seria y de rigor por parte de una de las manifestaciones más burdas de la novedosa "cultura popular". Es difícil encontrar un ejemplo tan gráfico de la lucha darwinista por las audiencias bajo el signo de la nueva sociedad de masas. Lo que hemos perdido y lo que lo ha sustituido se ha convertido, de golpe, en una metáfora extraordinaria de lo que de una forma más pausada ha venido pasando en nuestro país -y no sólo- a lo largo de los últimos años: la progresiva e implacable banalización del espacio público.
El problema es que cuando estos escasos oasis mediáticos se secan, como acaba de ocurrir con CNN+, ya nada o casi nada puede impedir la propagación del desierto. Con la digna excepción de algunos medios públicos, si consiguen sobrevivir. Como muestra la oferta que encontramos en la multiplicidad de canales de TDT, la nueva pluralidad televisiva no ha aumentado un ápice el acceso a algún programa que fomente el desarrollo de una cultura pública crítica y exigente. Como en su día ocurriera en Italia, este proceso de gradual banalización se ha ido implantando de forma silenciosa y en nombre de valores tan dignos como el entretenimiento y la diversión. Poco a poco, sin embargo, se ha logrado laminar las fuentes que mantenían viva lo poco que quedaba de la cultura política tradicional, casi de la cultura a secas. En una deliciosa ironía del destino, y por seguir en ese mismo país, el empresario que se encargó de empujar a los márgenes mediáticos a quien no participara de su filosofía acabó de primer ministro, e incluso se permitió gobernar como un entertainer, con velinas incluidas.
El resultado, lo sabemos también por Italia, es la progresiva infantilización y despolitización de la sociedad. Es una sociedad de la distracción, en su doble sentido, el de esparcimiento, y el de la falta de atención, sobre todo hacia lo que debiera importarnos como ciudadanos. Lo público, nuestro mundo común, ya no gira predominantemente en torno a la discusión de las cuestiones políticas, sino hacia personajes populares que exhiben impúdicamente su vida privada. El escenario público se llena de trivialidades; se fomentan los tópicos y todo lo que alimenta el morbo. Lo malo es que, por el camino, estas lógicas del espacio público televisivo acaban colonizando al final a la discusión política misma. Lo importante es captar la atención de estos ciudadanos distraídos, aunque para ello haya que ir a La Noria. Es el signo de los tiempos.
Se dirá, y no es un argumento baladí, que esto es lo que la gente quiere ver, y que quiénes somos nosotros, sus críticos elitistas, para imponer nada. Ahora que tanto se habla de los mercados, esta sería otra de sus manifestaciones: el ajuste perfecto entre oferta y demanda televisiva. Lo malo, como ya observaría Tocqueville cuando se refería a la "tiranía de la mayoría", es que esta siempre tiene la tendencia a arrogarse la razón, a presentarse como el poder moral supremo. Y la consecuencia es la presión hacia la conformidad, con las elecciones de los muchos, la anulación del juicio individual diferente, la homogeneización de los gustos y la imposibilidad de imaginar algo distinto de lo dado, de lo que se nos ofrece como normal.
Tampoco cabe confiar demasiado en el sistema educativo como factor de resistencia y como esperanza en un cambio de tendencia. Entre otras cosas porque hoy los valores, el conocimiento y la visión general de la realidad nos los transmiten sobre todo los medios de comunicación. El papel de la educación sigue siendo central, pero no debe ser nada fácil para los educadores competir con un mundo en el que aquello que enseñan a sus alumnos y se supone importante apenas tiene después algún reflejo en el espacio público más amplio. Ocurre más bien al revés: aquello de lo que allí se empapan, de lo que allí consumen, condiciona después su rendimiento escolar. La distracción acaba predominando también aquí sobre el esfuerzo, el esfuerzo de pensar. Y la creación de individuos autónomos y críticos con capacidad para resistirse a las pulsiones de la masa se convierte en un recurso más escaso cada vez.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 7 de enero de 2011)
El problema es que cuando estos escasos oasis mediáticos se secan, como acaba de ocurrir con CNN+, ya nada o casi nada puede impedir la propagación del desierto. Con la digna excepción de algunos medios públicos, si consiguen sobrevivir. Como muestra la oferta que encontramos en la multiplicidad de canales de TDT, la nueva pluralidad televisiva no ha aumentado un ápice el acceso a algún programa que fomente el desarrollo de una cultura pública crítica y exigente. Como en su día ocurriera en Italia, este proceso de gradual banalización se ha ido implantando de forma silenciosa y en nombre de valores tan dignos como el entretenimiento y la diversión. Poco a poco, sin embargo, se ha logrado laminar las fuentes que mantenían viva lo poco que quedaba de la cultura política tradicional, casi de la cultura a secas. En una deliciosa ironía del destino, y por seguir en ese mismo país, el empresario que se encargó de empujar a los márgenes mediáticos a quien no participara de su filosofía acabó de primer ministro, e incluso se permitió gobernar como un entertainer, con velinas incluidas.
El resultado, lo sabemos también por Italia, es la progresiva infantilización y despolitización de la sociedad. Es una sociedad de la distracción, en su doble sentido, el de esparcimiento, y el de la falta de atención, sobre todo hacia lo que debiera importarnos como ciudadanos. Lo público, nuestro mundo común, ya no gira predominantemente en torno a la discusión de las cuestiones políticas, sino hacia personajes populares que exhiben impúdicamente su vida privada. El escenario público se llena de trivialidades; se fomentan los tópicos y todo lo que alimenta el morbo. Lo malo es que, por el camino, estas lógicas del espacio público televisivo acaban colonizando al final a la discusión política misma. Lo importante es captar la atención de estos ciudadanos distraídos, aunque para ello haya que ir a La Noria. Es el signo de los tiempos.
Se dirá, y no es un argumento baladí, que esto es lo que la gente quiere ver, y que quiénes somos nosotros, sus críticos elitistas, para imponer nada. Ahora que tanto se habla de los mercados, esta sería otra de sus manifestaciones: el ajuste perfecto entre oferta y demanda televisiva. Lo malo, como ya observaría Tocqueville cuando se refería a la "tiranía de la mayoría", es que esta siempre tiene la tendencia a arrogarse la razón, a presentarse como el poder moral supremo. Y la consecuencia es la presión hacia la conformidad, con las elecciones de los muchos, la anulación del juicio individual diferente, la homogeneización de los gustos y la imposibilidad de imaginar algo distinto de lo dado, de lo que se nos ofrece como normal.
Tampoco cabe confiar demasiado en el sistema educativo como factor de resistencia y como esperanza en un cambio de tendencia. Entre otras cosas porque hoy los valores, el conocimiento y la visión general de la realidad nos los transmiten sobre todo los medios de comunicación. El papel de la educación sigue siendo central, pero no debe ser nada fácil para los educadores competir con un mundo en el que aquello que enseñan a sus alumnos y se supone importante apenas tiene después algún reflejo en el espacio público más amplio. Ocurre más bien al revés: aquello de lo que allí se empapan, de lo que allí consumen, condiciona después su rendimiento escolar. La distracción acaba predominando también aquí sobre el esfuerzo, el esfuerzo de pensar. Y la creación de individuos autónomos y críticos con capacidad para resistirse a las pulsiones de la masa se convierte en un recurso más escaso cada vez.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 7 de enero de 2011)
LECTURAS EN POSITIVO.
Tras leer la prensa, ver las noticias por televisión o escuchar la radio, a menudo nos quedamos desolados: “¡Qué mal va todo, hasta dónde iremos a parar, esto es un desastre!”. Se trata de una sensación extendida y comprensible aunque, probablemente, equivocada. Si contemplamos la realidad de hoy desde una perspectiva histórica y pensada a nivel global, a pesar de que son muchas las cosas que van mal, hay más motivos para el optimismo que para el pesimismo, aunque no siempre sepamos reflejarlos y valorarlos debidamente en los medios de comunicación.
Es muy ingenioso decir que el “optimista es un pesimista desinformado” o, lo que es lo mismo, que “el pesimista es un optimista bien informado”. También sirve muchas veces como argumento sostener que ante una botella de vino a medio beber el optimista la ve medio llena y el pesimista medio vacía. “Todo es según el color del cristal con que se mira”, filosofaba melancólico el poeta Campoamor intentando relativizar la verdad y la mentira.
Todo ello nos plantea un dilema: el pesimismo y el optimismo ¿son una sensación que depende de nuestro temperamento o estado de ánimo?; ¿o bien están fundados en las noticias y opiniones que nos suministran los medios de comunicación, los cuales saben que las positivas no despiertan interés y, en cambio, las negativas, más morbosas, tienen un gran atractivo? Por una razón u otra, la sensación es que todo va mal y que, en el futuro, irá a peor. Una frase muy socorrida: ¡qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos!
Ahora bien, si pensamos con serenidad y rigor, basta echar un poco la vista atrás para llegar a la conclusión de que, en general, estamos mucho mejor que hace cincuenta o cien años. No hay motivos, pues, para el pesimismo porque tampoco hay motivos para creer que iremos a peor si nos mostramos razonablemente críticos con el presente para intentar remediar los males de hoy. De esta manera, el mundo que dejaremos a nuestros hijos será bastante mejor que el que heredamos de nuestros padres.
Así pues, lo que quizás deberíamos hacer es sopesar bien las noticias que nos llegan y no ver sólo el lado negativo de la realidad. Para ello les recomiendo consultar la web En positivo (enpositivo.com), que se publica desde hace dos años y está dirigida por el experto en comunicación Jorge Dobner. Su filosofía pretende contrarrestar esta visión negativa dando sólo noticias y comentarios positivos recogidos de publicaciones de todo el mundo, además de la opinión propia. Como dice su director, “se pretende hacer una lectura diferente de la actualidad al seleccionar noticias, ideas, proyectos y actitudes que nos permitan otra forma de ver el mundo”. La primera sorpresa al leer esta web es que son muchas las noticias positivas; la segunda, que en la mayoría de los casos ya las conocíamos, aunque vagamente, sin reparar bien en ellas ni valorarlas como es debido.
No crean, sin embargo, que dicha publicación digital muestra un panorama angelical del mundo; bien al contrario, la visión es francamente crítica aunque está confeccionada de tal modo que resulta abierta a la confianza en el futuro precisamente por las ocasiones y posibilidades que ofrece el presente. Por ello el editor destaca que se trata de “otra forma de ver el mundo”, una forma que, desde luego, no se basa en una ideología cerrada y rígida que predetermine este futuro, sino de una reflexión abierta y plural para que nos conduzca hacia una nueva forma de pensar y de actuar, hacia cambios culturales que incidan en la economía y la política, así como, a su vez, también hacia cambios económicos y políticos que transformen nuestra cultura, nuestras formas de vida y nuestros valores.
Esta filosofía puede comprobarse en el editorial del número de esta semana, que analiza el año que ha terminado: “Fue un año difícil, no hay duda. La crisis económica continúa, el tema del desempleo sigue generando angustia y preocupación, los desastres naturales siguen indicando la creciente crisis climática y los líderes políticos siguen sin enfrentarse a los auténticos responsables del descalabro económico”. Pero a continuación se seleccionan diez noticias positivas y diez personajes que están contribuyendo a mejorar el mundo.
Entre las primeras encontramos las siguientes: el despegue económico de los países emergentes –en especial Brasil– que ofrecen la oportunidad de que cientos de millones de personas estén saliendo de la pobreza; el rescate de los mineros chilenos, que han aportado confianza en la solidaridad humana; el primer paso hacia la creación de vida artificial debido a la creación de la primera célula controlada por un genoma sintético; el crecimiento de las redes sociales; los avances en el abaratamiento de los automóviles eléctricos, o el empleo del dinero con finalidades no especulativas mediante un nuevo sistema bancario. En cuanto a los personajes, se cita, entre otros, a Lula, Marc Zuckerberg, Vargas Llosa, Garzón, Obama, Aung San Suu Kyi o Rafa Nadal.
Leamos la prensa, veamos las noticias por televisión, escuchemos la radio. Pero también echemos un vistazo a EnPositivo para entender mejor el mundo en que vivimos y sus posibilidades de mejorarlo.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 6 de enero de 2011)
Es muy ingenioso decir que el “optimista es un pesimista desinformado” o, lo que es lo mismo, que “el pesimista es un optimista bien informado”. También sirve muchas veces como argumento sostener que ante una botella de vino a medio beber el optimista la ve medio llena y el pesimista medio vacía. “Todo es según el color del cristal con que se mira”, filosofaba melancólico el poeta Campoamor intentando relativizar la verdad y la mentira.
Todo ello nos plantea un dilema: el pesimismo y el optimismo ¿son una sensación que depende de nuestro temperamento o estado de ánimo?; ¿o bien están fundados en las noticias y opiniones que nos suministran los medios de comunicación, los cuales saben que las positivas no despiertan interés y, en cambio, las negativas, más morbosas, tienen un gran atractivo? Por una razón u otra, la sensación es que todo va mal y que, en el futuro, irá a peor. Una frase muy socorrida: ¡qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos!
Ahora bien, si pensamos con serenidad y rigor, basta echar un poco la vista atrás para llegar a la conclusión de que, en general, estamos mucho mejor que hace cincuenta o cien años. No hay motivos, pues, para el pesimismo porque tampoco hay motivos para creer que iremos a peor si nos mostramos razonablemente críticos con el presente para intentar remediar los males de hoy. De esta manera, el mundo que dejaremos a nuestros hijos será bastante mejor que el que heredamos de nuestros padres.
Así pues, lo que quizás deberíamos hacer es sopesar bien las noticias que nos llegan y no ver sólo el lado negativo de la realidad. Para ello les recomiendo consultar la web En positivo (enpositivo.com), que se publica desde hace dos años y está dirigida por el experto en comunicación Jorge Dobner. Su filosofía pretende contrarrestar esta visión negativa dando sólo noticias y comentarios positivos recogidos de publicaciones de todo el mundo, además de la opinión propia. Como dice su director, “se pretende hacer una lectura diferente de la actualidad al seleccionar noticias, ideas, proyectos y actitudes que nos permitan otra forma de ver el mundo”. La primera sorpresa al leer esta web es que son muchas las noticias positivas; la segunda, que en la mayoría de los casos ya las conocíamos, aunque vagamente, sin reparar bien en ellas ni valorarlas como es debido.
No crean, sin embargo, que dicha publicación digital muestra un panorama angelical del mundo; bien al contrario, la visión es francamente crítica aunque está confeccionada de tal modo que resulta abierta a la confianza en el futuro precisamente por las ocasiones y posibilidades que ofrece el presente. Por ello el editor destaca que se trata de “otra forma de ver el mundo”, una forma que, desde luego, no se basa en una ideología cerrada y rígida que predetermine este futuro, sino de una reflexión abierta y plural para que nos conduzca hacia una nueva forma de pensar y de actuar, hacia cambios culturales que incidan en la economía y la política, así como, a su vez, también hacia cambios económicos y políticos que transformen nuestra cultura, nuestras formas de vida y nuestros valores.
Esta filosofía puede comprobarse en el editorial del número de esta semana, que analiza el año que ha terminado: “Fue un año difícil, no hay duda. La crisis económica continúa, el tema del desempleo sigue generando angustia y preocupación, los desastres naturales siguen indicando la creciente crisis climática y los líderes políticos siguen sin enfrentarse a los auténticos responsables del descalabro económico”. Pero a continuación se seleccionan diez noticias positivas y diez personajes que están contribuyendo a mejorar el mundo.
Entre las primeras encontramos las siguientes: el despegue económico de los países emergentes –en especial Brasil– que ofrecen la oportunidad de que cientos de millones de personas estén saliendo de la pobreza; el rescate de los mineros chilenos, que han aportado confianza en la solidaridad humana; el primer paso hacia la creación de vida artificial debido a la creación de la primera célula controlada por un genoma sintético; el crecimiento de las redes sociales; los avances en el abaratamiento de los automóviles eléctricos, o el empleo del dinero con finalidades no especulativas mediante un nuevo sistema bancario. En cuanto a los personajes, se cita, entre otros, a Lula, Marc Zuckerberg, Vargas Llosa, Garzón, Obama, Aung San Suu Kyi o Rafa Nadal.
Leamos la prensa, veamos las noticias por televisión, escuchemos la radio. Pero también echemos un vistazo a EnPositivo para entender mejor el mundo en que vivimos y sus posibilidades de mejorarlo.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 6 de enero de 2011)
EL RESPETO A LA LEY.
EXISTE una creencia general que apostilla que en el universo nórdico, anglosajón y centro europeo la ley tiene legitimidad social y es básicamente respetada, existiendo un consenso básico de que su cumplimiento es esencial para el buen funcionamiento de la sociedad.
En esos países, el hemisférico de lo público tiene el respeto de la mayoría de los ciudadanos. Las tradiciones democráticas, una cierta cercanía de la política y las instituciones y el sentido de la responsabilidad colectiva hace que la ley se cumpla y se condene socialmente a quienes hacen trampas. Quien incumple no sólo se ve acosado por la sanción judicial o legal sino por el juicio ético de sus conciudadanos.
España tiene sangre latina en sus venas sociales. El viejo dicho de "hecha la ley, hecha la trampa" resume la tendencia al ocultamiento en el incumplimiento de la ley que se evitará salvo cuando el miedo a la sanción sea una coacción razonable. La letra con sangre entra es oro adagio colectivo que indica que sólo la amenaza hace que se cumpla con la obligación.
Ahora ha entrado en vigor la nueva ley que prohibe fumar en todos los lugares cerrados y públicos. Solo quedan los reductos de los espacios abiertos y la propia casa para poder seguir siendo fumador. Y la ley, que podrá no gustar a algunos fumadores, tiene un fundamento científico-médico y una utilidad social indiscutible. No sólo protege a los no fumadores de los efectos nocivos del tabaco sino que facilitará, aún cuando haya un elemento coercitivo en la norma, que algunas personas que tienen deseos de dejar de fumar y no se siente capaces lo logren.
Por otra parte el tabaco tiene una repercusión importante en el gasto sanitario por las enfermedades que producen. Y si bien es cierto que tanto el tabaco como el alcohol tienen una dosis importante de tasas e impuestos en su precio, pero no se puede invocar el principio de la compensación para tener derecho a fumar en los lugares ahora prohibidos.
Vamos a asistir a un test interesante de disciplina social y no sería mala idea aprovechar este pulso sobre el cumplimiento de la ley para empezar a aceptar algunas formas de entender la vida anglosajonas y nórdicas para mejorar el rendimiento de la sociedad.
(Artículo de Carlos Carnicero, publicado en "Diario del AltoAragón" el 5 de enero de 2011)
En esos países, el hemisférico de lo público tiene el respeto de la mayoría de los ciudadanos. Las tradiciones democráticas, una cierta cercanía de la política y las instituciones y el sentido de la responsabilidad colectiva hace que la ley se cumpla y se condene socialmente a quienes hacen trampas. Quien incumple no sólo se ve acosado por la sanción judicial o legal sino por el juicio ético de sus conciudadanos.
España tiene sangre latina en sus venas sociales. El viejo dicho de "hecha la ley, hecha la trampa" resume la tendencia al ocultamiento en el incumplimiento de la ley que se evitará salvo cuando el miedo a la sanción sea una coacción razonable. La letra con sangre entra es oro adagio colectivo que indica que sólo la amenaza hace que se cumpla con la obligación.
Ahora ha entrado en vigor la nueva ley que prohibe fumar en todos los lugares cerrados y públicos. Solo quedan los reductos de los espacios abiertos y la propia casa para poder seguir siendo fumador. Y la ley, que podrá no gustar a algunos fumadores, tiene un fundamento científico-médico y una utilidad social indiscutible. No sólo protege a los no fumadores de los efectos nocivos del tabaco sino que facilitará, aún cuando haya un elemento coercitivo en la norma, que algunas personas que tienen deseos de dejar de fumar y no se siente capaces lo logren.
Por otra parte el tabaco tiene una repercusión importante en el gasto sanitario por las enfermedades que producen. Y si bien es cierto que tanto el tabaco como el alcohol tienen una dosis importante de tasas e impuestos en su precio, pero no se puede invocar el principio de la compensación para tener derecho a fumar en los lugares ahora prohibidos.
Vamos a asistir a un test interesante de disciplina social y no sería mala idea aprovechar este pulso sobre el cumplimiento de la ley para empezar a aceptar algunas formas de entender la vida anglosajonas y nórdicas para mejorar el rendimiento de la sociedad.
(Artículo de Carlos Carnicero, publicado en "Diario del AltoAragón" el 5 de enero de 2011)
EL OFICIO DE FISCAL.
La Constitución establece que “el Ministerio Fiscal (…) tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, (…) así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social”. Sobre esta institución y sobre el Poder Judicial, ámbito en el que el fiscal realiza sus funciones, se ha publicado el libro de José María Mena, De oficio Fiscal (Ariel, 2010).
Su autor, ya jubilado, ingresó en la carrera fiscal en 1964, y una vez restaurada la democracia fue fiscal antidroga en Barcelona y después fiscal jefe de Cataluña. No se trata de un libro de memorias, aunque algo de ello haya, sino de una reflexión viva sobre el oficio de fiscal y el de juez. Es el planteamiento sobrio, pedagógico, discreto e irónico, de un servidor público, antifranquista comprometido con los principios de libertad e igualdad, que siempre serán la base del Estado democrático.
Ser un probo funcionario y defensor de las libertades en el franquismo no era fácil, era ir contracorriente. Perseguir judicialmente a autores de un fraude inmobiliario a familias humildes en el ambiente caciquil de la Fiscalía de Tenerife o intentar hacer lo propio contra los torturadores de la Brigada Político Social en Barcelona, no podía concluir con la detención y procesamiento de los delincuentes, sino con el traslado forzoso de destino de los fiscales osados por intentarlo, como así le ocurrió al autor y a su colega de oficio, Carlos Jiménez Villarejo.
En un contexto en el que, por lo general, la adhesión de fiscales y jueces a la dictadura -como él subraya- no era ideológica sino sociológica. Se manifestaba en la ostentación del poder o, simplemente, en la comodidad de no obstruirlo. La cultura del servicio público en la Administración de justicia devenía una pura quimera. La distancia social era lo que entonces caracterizaba a jueces y fiscales, reflejada en la arrogancia institucional con la que actuaban, adornados con la liturgia, el léxico y la estética que exhibían. No está falto de razón el autor cuando afirma que, en lo esencial, aquella distancia no ha cambiado cualitativamente. Y quizás, no ha de ser cuestión ajena a ello el hecho de que los jueces y fiscales son muy conscientes del poder del que disponen sobre la libertad y la hacienda del ciudadano, mientras que no es seguro que la mayoría también lo sea de su pertenencia al servicio público de la justicia, a través de un poder del Estado como es el judicial. Aunque no ha de ser extraño que para un sector de ellos, la concepción de servicio público atribuida a la justicia les suene a anatema.
De las muchas cuestiones de relieve que el libro aborda, destaca la relativa a la debida neutralidad del ministerio fiscal, sobre todo ante la opinión que le imputa no ser más que una correa de transmisión del Gobierno de turno.Como es sabido, la Constitución establece que el ministerio fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Asimismo, prescribe que el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial. La propuesta por el Gobierno y la dependencia jerárquica en su funcionamiento han sido razones argüidas para dudar de su imparcialidad.
Pero las cosas no son tan simples. Sobre todo tras la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por la Ley 3/2007, que garantiza más la imparcialidad de la institución respecto de otros poderes públicos. Así, por ejemplo, permite que el Gobierno interese del fiscal general que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes para la defensa del interés público, que no se ha de confundir con el interés político.
Pero ese impulso del Gobierno queda sometido al filtro de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, que en su condición de órgano técnico-jurídico de la institución deberá resolver sobre la procedencia de las actuaciones interesadas, y su opinio iuris expresada de forma razonada al Gobierno deberá ser siempre oída por el fiscal general.
Un segundo filtro frente a la presión política es la preceptiva comparecencia del candidato a fiscal general ante el Congreso de los Diputados, para la valoración de sus méritos e idoneidad. Ciertamente, en esta fase no caben excluir criterios de armonía política con la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, pero no hay que olvidar que la reforma legislativa establece unas causas objetivas de cese del fiscal general e impone una duración del cargo de cuatro años improrrogables, lo cual son buenos argumentos a favor de su inamovilidad frente a la coyuntura y la dinámica política.
Otro tema recurrente es el relativo al papel del fiscal en la instrucción judicial. En la actualidad, esta sigue correspondiendo al juez. La actuación del fiscal es previa a la del juez, pero cuando el primero conozca que el juez está actuando sobre los mismos hechos, el fiscal debe suspender sus pesquisas y remitirle al juez todo lo actuado. Por eso se dice que la actuación judicial es preferente y excluyente. La cuestión es si debería seguir siendo así, sobre todo habida cuenta de la sobrecarga de asuntos que recaen sobre los juzgados y el tótum revolútum que viene a ser el proceso penal en España, especialmente propicio para que las defensas interfieran y perturben la eficacia de la investigación.
El Derecho comparado más próximo (Alemania, Italia, Portugal y, en parte, Francia) ofrece la solución de atribuir la instrucción y la acusación al fiscal, dejando al juez como árbitro de la instrucción, a fin de garantizar los derechos de las partes vinculados a la tutela judicial. Pero para ello, y en la línea de la reforma legal de 2007, es preciso apuntalar al máximo la imparcialidad de los fiscales, que deshaga el sambenito de que son unos mandados de sus jefes.
Pero ello no es suficiente; además son necesarios nuevos instrumentos orgánicos y procesales y una infraestructura personal de apoyo a los fiscales, con subalternos, policías y peritos, de los que hoy no está sobrada la institución. Lo que lleva a nuestro autor a considerar que, con los actuales mimbres, no es posible atribuir la instrucción a los fiscales. En todo caso, la necesidad de más y mejores medios materiales y personales es hoy perentoria para que las fiscalías especializadas existentes de anticorrupción, antidroga o medio ambiente cumplan con eficacia su función acusadora y dispongan de apoyo pericial imprescindible. Porque el fiscal, al igual que el juez, debe saber derecho, pero no tiene por qué saber economía o medicina.
De esa forma será más fácil perseguir -en expresión del autor- no solo la criminalidad de metralleta, sino también la de moqueta, es decir, la delincuencia económica tan presente en los últimos tiempos, igual de lesiva para el interés público como lo pueda ser quien empuña un arma. Por esta y otras muchas razones, el libro del fiscal y profesor Mena habría de ser de lectura recomendada para los estudios del grado de Derecho.
(Artículo de Marc Carrillo, publicado en "El País" el 3 de enero de 2011)
Su autor, ya jubilado, ingresó en la carrera fiscal en 1964, y una vez restaurada la democracia fue fiscal antidroga en Barcelona y después fiscal jefe de Cataluña. No se trata de un libro de memorias, aunque algo de ello haya, sino de una reflexión viva sobre el oficio de fiscal y el de juez. Es el planteamiento sobrio, pedagógico, discreto e irónico, de un servidor público, antifranquista comprometido con los principios de libertad e igualdad, que siempre serán la base del Estado democrático.
Ser un probo funcionario y defensor de las libertades en el franquismo no era fácil, era ir contracorriente. Perseguir judicialmente a autores de un fraude inmobiliario a familias humildes en el ambiente caciquil de la Fiscalía de Tenerife o intentar hacer lo propio contra los torturadores de la Brigada Político Social en Barcelona, no podía concluir con la detención y procesamiento de los delincuentes, sino con el traslado forzoso de destino de los fiscales osados por intentarlo, como así le ocurrió al autor y a su colega de oficio, Carlos Jiménez Villarejo.
En un contexto en el que, por lo general, la adhesión de fiscales y jueces a la dictadura -como él subraya- no era ideológica sino sociológica. Se manifestaba en la ostentación del poder o, simplemente, en la comodidad de no obstruirlo. La cultura del servicio público en la Administración de justicia devenía una pura quimera. La distancia social era lo que entonces caracterizaba a jueces y fiscales, reflejada en la arrogancia institucional con la que actuaban, adornados con la liturgia, el léxico y la estética que exhibían. No está falto de razón el autor cuando afirma que, en lo esencial, aquella distancia no ha cambiado cualitativamente. Y quizás, no ha de ser cuestión ajena a ello el hecho de que los jueces y fiscales son muy conscientes del poder del que disponen sobre la libertad y la hacienda del ciudadano, mientras que no es seguro que la mayoría también lo sea de su pertenencia al servicio público de la justicia, a través de un poder del Estado como es el judicial. Aunque no ha de ser extraño que para un sector de ellos, la concepción de servicio público atribuida a la justicia les suene a anatema.
De las muchas cuestiones de relieve que el libro aborda, destaca la relativa a la debida neutralidad del ministerio fiscal, sobre todo ante la opinión que le imputa no ser más que una correa de transmisión del Gobierno de turno.Como es sabido, la Constitución establece que el ministerio fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Asimismo, prescribe que el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial. La propuesta por el Gobierno y la dependencia jerárquica en su funcionamiento han sido razones argüidas para dudar de su imparcialidad.
Pero las cosas no son tan simples. Sobre todo tras la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por la Ley 3/2007, que garantiza más la imparcialidad de la institución respecto de otros poderes públicos. Así, por ejemplo, permite que el Gobierno interese del fiscal general que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes para la defensa del interés público, que no se ha de confundir con el interés político.
Pero ese impulso del Gobierno queda sometido al filtro de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, que en su condición de órgano técnico-jurídico de la institución deberá resolver sobre la procedencia de las actuaciones interesadas, y su opinio iuris expresada de forma razonada al Gobierno deberá ser siempre oída por el fiscal general.
Un segundo filtro frente a la presión política es la preceptiva comparecencia del candidato a fiscal general ante el Congreso de los Diputados, para la valoración de sus méritos e idoneidad. Ciertamente, en esta fase no caben excluir criterios de armonía política con la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, pero no hay que olvidar que la reforma legislativa establece unas causas objetivas de cese del fiscal general e impone una duración del cargo de cuatro años improrrogables, lo cual son buenos argumentos a favor de su inamovilidad frente a la coyuntura y la dinámica política.
Otro tema recurrente es el relativo al papel del fiscal en la instrucción judicial. En la actualidad, esta sigue correspondiendo al juez. La actuación del fiscal es previa a la del juez, pero cuando el primero conozca que el juez está actuando sobre los mismos hechos, el fiscal debe suspender sus pesquisas y remitirle al juez todo lo actuado. Por eso se dice que la actuación judicial es preferente y excluyente. La cuestión es si debería seguir siendo así, sobre todo habida cuenta de la sobrecarga de asuntos que recaen sobre los juzgados y el tótum revolútum que viene a ser el proceso penal en España, especialmente propicio para que las defensas interfieran y perturben la eficacia de la investigación.
El Derecho comparado más próximo (Alemania, Italia, Portugal y, en parte, Francia) ofrece la solución de atribuir la instrucción y la acusación al fiscal, dejando al juez como árbitro de la instrucción, a fin de garantizar los derechos de las partes vinculados a la tutela judicial. Pero para ello, y en la línea de la reforma legal de 2007, es preciso apuntalar al máximo la imparcialidad de los fiscales, que deshaga el sambenito de que son unos mandados de sus jefes.
Pero ello no es suficiente; además son necesarios nuevos instrumentos orgánicos y procesales y una infraestructura personal de apoyo a los fiscales, con subalternos, policías y peritos, de los que hoy no está sobrada la institución. Lo que lleva a nuestro autor a considerar que, con los actuales mimbres, no es posible atribuir la instrucción a los fiscales. En todo caso, la necesidad de más y mejores medios materiales y personales es hoy perentoria para que las fiscalías especializadas existentes de anticorrupción, antidroga o medio ambiente cumplan con eficacia su función acusadora y dispongan de apoyo pericial imprescindible. Porque el fiscal, al igual que el juez, debe saber derecho, pero no tiene por qué saber economía o medicina.
De esa forma será más fácil perseguir -en expresión del autor- no solo la criminalidad de metralleta, sino también la de moqueta, es decir, la delincuencia económica tan presente en los últimos tiempos, igual de lesiva para el interés público como lo pueda ser quien empuña un arma. Por esta y otras muchas razones, el libro del fiscal y profesor Mena habría de ser de lectura recomendada para los estudios del grado de Derecho.
(Artículo de Marc Carrillo, publicado en "El País" el 3 de enero de 2011)
TOMMASO PADOA-SCHIOPPA, UN SERVIDOR PÚBLICO.
Tommaso Padoa-Schioppa ha sido el servidor público nacional e internacional por antonomasia. Toda su vida al servicio de Italia, de Europa y del mundo. En un momento en el que existe un deterioro, a menudo injustificado, de la imagen y del empeño de los servidores públicos, el fallecimiento de Tommaso y su ejemplo me incitan una vez más a defender a todas las personas que optan por el desempeño de puestos en el servicio público porque creen en el bien común, en el interés general y en la importancia de la eficiencia de los servicios públicos para conseguir que un país sea moderno y pueda funcionar y prosperar. Una Administración pública con funcionarios de nivel y de calidad elevados es indispensable para el éxito de cualquier Estado y más aún en un mundo globalizado.
Se graduó en Economía por la Bocconi de Milan y en Ciencias por el MIT. Entró en la Banca de Italia en 1968 y llegó a ser subdirector general. Fue director general de asuntos económicos y financieros de la Comisión Europea desde 1979 hasta 1983 y más adelante fue el secretario del Comité Delors para el estudio de la Unión Económica y Monetaria y puede decirse que ambos fueron los arquitectos intelectuales de este enorme paso en la integración europea que ahora sufre tantos ataques por parte de los mercados, pero que a pesar de ello sobrevivirá.
Ha sido miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo tanto con Duisenberg como con Trichet, con el que le unía una gran amistad. Además, fue ministro de Economía con Romano Prodi, presidente de la comisión del mercado de valores de Italia (CONSOB) y de la organización mundial de dichas comisiones (IOSCO). Ha sido miembro del Group of Thirty desde 1979 y del CEPR, presidente del Comité de Basilea de supervisión bancaria y del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos del FMI.
Hace solo unas semanas pasamos juntos cuatro días en Nueva York en la reunión de invierno del G-30 en la FED y posteriormente en la del grupo Airlie o IMS, del que él era uno de sus tres promotores, junto con Michel Camdessus y Alexandre Lamfalussy, grupo que está intentando redactar una propuesta de reforma del sistema monetario internacional para que sea estudiada por el G-20. Al menos tuve la suerte de poder cenar con él antes que falleciera repentinamente el 18 de diciembre.
Tommaso mostraba un aspecto cariñoso, con un humor agudo, nunca perdía su compostura y poseía una inteligencia fuera de lo común, era ameno en su conversación pero profundo en sus análisis y poseía una amplia cultura histórica, literaria y musical. Europa y el mundo pierden un activo precioso dispuesto siempre a ayudar.
(Artículo de Guillermo de la Dehesa, publicado en "El País" el 2 de enero de 2011)
Se graduó en Economía por la Bocconi de Milan y en Ciencias por el MIT. Entró en la Banca de Italia en 1968 y llegó a ser subdirector general. Fue director general de asuntos económicos y financieros de la Comisión Europea desde 1979 hasta 1983 y más adelante fue el secretario del Comité Delors para el estudio de la Unión Económica y Monetaria y puede decirse que ambos fueron los arquitectos intelectuales de este enorme paso en la integración europea que ahora sufre tantos ataques por parte de los mercados, pero que a pesar de ello sobrevivirá.
Ha sido miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo tanto con Duisenberg como con Trichet, con el que le unía una gran amistad. Además, fue ministro de Economía con Romano Prodi, presidente de la comisión del mercado de valores de Italia (CONSOB) y de la organización mundial de dichas comisiones (IOSCO). Ha sido miembro del Group of Thirty desde 1979 y del CEPR, presidente del Comité de Basilea de supervisión bancaria y del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos del FMI.
Hace solo unas semanas pasamos juntos cuatro días en Nueva York en la reunión de invierno del G-30 en la FED y posteriormente en la del grupo Airlie o IMS, del que él era uno de sus tres promotores, junto con Michel Camdessus y Alexandre Lamfalussy, grupo que está intentando redactar una propuesta de reforma del sistema monetario internacional para que sea estudiada por el G-20. Al menos tuve la suerte de poder cenar con él antes que falleciera repentinamente el 18 de diciembre.
Tommaso mostraba un aspecto cariñoso, con un humor agudo, nunca perdía su compostura y poseía una inteligencia fuera de lo común, era ameno en su conversación pero profundo en sus análisis y poseía una amplia cultura histórica, literaria y musical. Europa y el mundo pierden un activo precioso dispuesto siempre a ayudar.
(Artículo de Guillermo de la Dehesa, publicado en "El País" el 2 de enero de 2011)
AUDITORES, ¿COMPETITIVOS E INDEPENDIENTES?
El pasado 30 de junio se modificó la Ley de Auditoría de Cuentas, vigente desde 1988. La reforma es relevante pero ha dejado pendientes dos cuestiones esenciales: la concentración de poder y la independencia de los auditores.
Conviene recordar, en primer lugar, que los 22 años de vigencia de la Ley 19/1988 han probado la importancia y eficacia de esta norma al servicio de uno de los principios rectores, y constitucionales, de nuestro sistema económico: la libertad de empresa. Porque nuestras economías se asientan en esa doble libertad económica donde, por un lado, los agentes económicos son libres para iniciar cualquier actividad económica lícita, y por otro lado, una vez en el mercado han de respetar la libre concurrencia. Sin embargo, ese mercado libre y competitivo, difícilmente puede sobrevivir si no va acompañado de la transparencia informativa de las empresas, salvando la confidencialidad del know how del negocio. De ahí la necesidad de regular minuciosamente tres cuestiones esenciales: qué datos se deben publicar, cómo se prueba la veracidad y cuáles son las consecuencias del incumplimiento.
El ordenamiento español, siguiendo criterios aceptados internacionalmente y aplicando las directrices comunitarias, contiene un conjunto de disposiciones bajo la denominada legislación contable, en base a la cual los empresarios elaboran los datos contables, que ofrecen la imagen económica, patrimonial y financiera de sus empresas. Mas no todos los datos son públicos. Para salvaguardar la confidencialidad ("la contabilidad de los empresarios es secreta" proclama el artículo 32 del Código de Comercio), la ley exige publicar, mediante el depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, únicamente las cuentas anuales; esto es, la memoria, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Con esos documentos, redactados o formulados por los administradores y aprobados por la junta de socios, tanto los propios socios, como los trabajadores, los acreedores, la Administración pública y en general los terceros, competidores o no, pueden conocer la situación del sujeto económico que opera en el mercado. A través de las cuentas se desvela la situación económica, patrimonial y financiera, se conocen los flujos y los cambios en el patrimonio, pero no se desvela cómo se han obtenido esos resultados, prósperos o adversos, del negocio.
Sin embargo, el sistema sería insatisfactorio si se confiara exclusivamente al propio empresario la elaboración, aprobación y fiscalización de sus datos contables, pues suscitaría el problema de la credibilidad, máxime en un mercado competitivo. Por tanto, un sistema de control, re-visión o auditoría resulta esencial, precisamente para garantizar que esa deseada transparencia informativa sea creíble por veraz.
Llegados a este punto, existen diversas técnicas al servicio de esa finalidad revisora, imponiéndose finalmente el de la auditoría externa, consistente en confiar a profesionales cualificados, ajenos e independientes, la valoración de la contabilidad, emitiendo opinión sobre la conformidad con los principios contables. El auditor no rehace la contabilidad, se limita a detectar, a través de técnicas universalmente probadas, que los datos contables responden a la realidad y se expresan con claridad suficiente. En definitiva, su informe, técnico e independiente, es garantía de fiabilidad de las cuentas publicadas por el empresario.
Publicadas las cuentas y revisadas por el auditor, el sistema resultaría incompleto si la inobservancia de las normas no llevara aparejada una sanción. Por eso la ley tipifica una serie de infracciones y sanciones, y distingue las referidas al empresario y las previstas para el propio auditor que incumple sus obligaciones. Pero más allá de las sanciones legales, las salvedades contenidas en el informe de auditoría constituyen la sanción más temida por el empresario, pues son un adelanto de la reprobación social y del mercado a su gestión contable. De ahí que, frecuentemente, la revisión contable permite corregir deficiencias, aclarar partidas, suplir lagunas y hasta rectificar errores, de suerte que las cuentas finalmente aprobadas y depositadas queden limpias de salvedades.
Llegados a este punto, es fácil comprender que el corazón de la disciplina contable descanse en la función revisora. Y más exactamente en la competencia e independencia de sus protagonistas: los auditores, únicos árbitros del sistema. Pero ¿son verdaderamente independientes? ¿Quién les nombra, quién les paga y quién juzga su labor revisora? ¿Y actúan en régimen de libre competencia? Contestando esas preguntas, la experiencia ha mostrado las graves fallas del sistema: la empresa auditada nombra y paga a la empresa auditora. Más delicado todavía: son los administradores los que contratan y pagan, por cuenta de la empresa, siendo ellos mismos los que formulan las cuentas objeto de la auditoría. Y en el sistema español, la cuestión deviene crítica, pues al no existir una Administración dual (en contraste con los ordenamientos alemán y francés que reparten las competencias entre el consejo y el órgano de vigilancia, o el italiano que encomienda el control de la legalidad a un colegio sindical), el poder se concentra en los administradores, reflejo directo de la misma mayoría que controla y aprueba las cuentas en la junta de accionistas.
O sea, la necesaria división de poderes se diluye, haciendo más necesario que el órgano de fiscalización sea no solo externo o ajeno al entramado societario, sino verdaderamente imparcial e independiente. ¡Imagínese un sistema judicial donde los jueces son contratados y pagados por el justiciable! Por otra parte, en referencia a la libre concurrencia, es sabido que cuatro empresas de auditoría (Deloitte, Ernst & Young, KPMG y Pricewaterhouse) se reparten el 90% del mercado de la auditoría de las grandes empresas españolas y europeas.
Ante esa situación fáctica cabe preguntarse: ¿Qué hacer para que el control de la veracidad contable esté en manos de expertos verdaderamente imparciales y competitivos?
La doctrina científica ha elaborado varios criterios para reformar el sistema vigente. Entre otros, los siguientes. Auditores funcionarios pagados directamente por el Estado, e indirectamente por el empresario mediante un arancel o sistema tarifario. Nombramiento del auditor por un funcionario, llámese juez, registrador mercantil o autoridad garante del mercado, evitando así que sea designado por el empresario auditado. Limitación anual del mandato. Rotación obligatoria, prohibiendo la repetición con un mínimo de cinco, siete o diez años. Separación de las funciones de asesoría, contabilidad, auditoría y control de legalidad, declarándolas incompatibles. Agravación de la responsabilidad de los auditores. Fraccionar la concentración oligopolística, fomentando el consorcio de las pequeñas y medianas empresas de auditoría. Y desde luego sometiendo a auditoría pública a las propias empresas de auditoría.
Afortunadamente, de alguna de estas propuestas se acaba de hacer eco el Libro Verde para la reforma del mercado de auditoría europeo, anunciando así tiempos de reforma.
Pero más importante que las necesarias mejoras técnicas, lo relevante es el código ético. Comprender que el auditor se debe a su profesión, a sus conocimientos, y no a quien le nombra. Es un colaborador del empresario, pero imparcial e independiente; es decir, está al servicio de la función revisora, capaz de garantizar la fiabilidad de los datos contables para que el mercado pueda ser verdaderamente libre, leal y competitivo. Su trabajo es por encargo de uno, pero a favor y en beneficio de todos, de ahí que la solución pase por cuidar e insistir en los valores éticos de la profesión.
(Artículo de Ignacio Arroyo, publicado en "El País" el 31 de diciembre de 2010)
Conviene recordar, en primer lugar, que los 22 años de vigencia de la Ley 19/1988 han probado la importancia y eficacia de esta norma al servicio de uno de los principios rectores, y constitucionales, de nuestro sistema económico: la libertad de empresa. Porque nuestras economías se asientan en esa doble libertad económica donde, por un lado, los agentes económicos son libres para iniciar cualquier actividad económica lícita, y por otro lado, una vez en el mercado han de respetar la libre concurrencia. Sin embargo, ese mercado libre y competitivo, difícilmente puede sobrevivir si no va acompañado de la transparencia informativa de las empresas, salvando la confidencialidad del know how del negocio. De ahí la necesidad de regular minuciosamente tres cuestiones esenciales: qué datos se deben publicar, cómo se prueba la veracidad y cuáles son las consecuencias del incumplimiento.
El ordenamiento español, siguiendo criterios aceptados internacionalmente y aplicando las directrices comunitarias, contiene un conjunto de disposiciones bajo la denominada legislación contable, en base a la cual los empresarios elaboran los datos contables, que ofrecen la imagen económica, patrimonial y financiera de sus empresas. Mas no todos los datos son públicos. Para salvaguardar la confidencialidad ("la contabilidad de los empresarios es secreta" proclama el artículo 32 del Código de Comercio), la ley exige publicar, mediante el depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, únicamente las cuentas anuales; esto es, la memoria, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Con esos documentos, redactados o formulados por los administradores y aprobados por la junta de socios, tanto los propios socios, como los trabajadores, los acreedores, la Administración pública y en general los terceros, competidores o no, pueden conocer la situación del sujeto económico que opera en el mercado. A través de las cuentas se desvela la situación económica, patrimonial y financiera, se conocen los flujos y los cambios en el patrimonio, pero no se desvela cómo se han obtenido esos resultados, prósperos o adversos, del negocio.
Sin embargo, el sistema sería insatisfactorio si se confiara exclusivamente al propio empresario la elaboración, aprobación y fiscalización de sus datos contables, pues suscitaría el problema de la credibilidad, máxime en un mercado competitivo. Por tanto, un sistema de control, re-visión o auditoría resulta esencial, precisamente para garantizar que esa deseada transparencia informativa sea creíble por veraz.
Llegados a este punto, existen diversas técnicas al servicio de esa finalidad revisora, imponiéndose finalmente el de la auditoría externa, consistente en confiar a profesionales cualificados, ajenos e independientes, la valoración de la contabilidad, emitiendo opinión sobre la conformidad con los principios contables. El auditor no rehace la contabilidad, se limita a detectar, a través de técnicas universalmente probadas, que los datos contables responden a la realidad y se expresan con claridad suficiente. En definitiva, su informe, técnico e independiente, es garantía de fiabilidad de las cuentas publicadas por el empresario.
Publicadas las cuentas y revisadas por el auditor, el sistema resultaría incompleto si la inobservancia de las normas no llevara aparejada una sanción. Por eso la ley tipifica una serie de infracciones y sanciones, y distingue las referidas al empresario y las previstas para el propio auditor que incumple sus obligaciones. Pero más allá de las sanciones legales, las salvedades contenidas en el informe de auditoría constituyen la sanción más temida por el empresario, pues son un adelanto de la reprobación social y del mercado a su gestión contable. De ahí que, frecuentemente, la revisión contable permite corregir deficiencias, aclarar partidas, suplir lagunas y hasta rectificar errores, de suerte que las cuentas finalmente aprobadas y depositadas queden limpias de salvedades.
Llegados a este punto, es fácil comprender que el corazón de la disciplina contable descanse en la función revisora. Y más exactamente en la competencia e independencia de sus protagonistas: los auditores, únicos árbitros del sistema. Pero ¿son verdaderamente independientes? ¿Quién les nombra, quién les paga y quién juzga su labor revisora? ¿Y actúan en régimen de libre competencia? Contestando esas preguntas, la experiencia ha mostrado las graves fallas del sistema: la empresa auditada nombra y paga a la empresa auditora. Más delicado todavía: son los administradores los que contratan y pagan, por cuenta de la empresa, siendo ellos mismos los que formulan las cuentas objeto de la auditoría. Y en el sistema español, la cuestión deviene crítica, pues al no existir una Administración dual (en contraste con los ordenamientos alemán y francés que reparten las competencias entre el consejo y el órgano de vigilancia, o el italiano que encomienda el control de la legalidad a un colegio sindical), el poder se concentra en los administradores, reflejo directo de la misma mayoría que controla y aprueba las cuentas en la junta de accionistas.
O sea, la necesaria división de poderes se diluye, haciendo más necesario que el órgano de fiscalización sea no solo externo o ajeno al entramado societario, sino verdaderamente imparcial e independiente. ¡Imagínese un sistema judicial donde los jueces son contratados y pagados por el justiciable! Por otra parte, en referencia a la libre concurrencia, es sabido que cuatro empresas de auditoría (Deloitte, Ernst & Young, KPMG y Pricewaterhouse) se reparten el 90% del mercado de la auditoría de las grandes empresas españolas y europeas.
Ante esa situación fáctica cabe preguntarse: ¿Qué hacer para que el control de la veracidad contable esté en manos de expertos verdaderamente imparciales y competitivos?
La doctrina científica ha elaborado varios criterios para reformar el sistema vigente. Entre otros, los siguientes. Auditores funcionarios pagados directamente por el Estado, e indirectamente por el empresario mediante un arancel o sistema tarifario. Nombramiento del auditor por un funcionario, llámese juez, registrador mercantil o autoridad garante del mercado, evitando así que sea designado por el empresario auditado. Limitación anual del mandato. Rotación obligatoria, prohibiendo la repetición con un mínimo de cinco, siete o diez años. Separación de las funciones de asesoría, contabilidad, auditoría y control de legalidad, declarándolas incompatibles. Agravación de la responsabilidad de los auditores. Fraccionar la concentración oligopolística, fomentando el consorcio de las pequeñas y medianas empresas de auditoría. Y desde luego sometiendo a auditoría pública a las propias empresas de auditoría.
Afortunadamente, de alguna de estas propuestas se acaba de hacer eco el Libro Verde para la reforma del mercado de auditoría europeo, anunciando así tiempos de reforma.
Pero más importante que las necesarias mejoras técnicas, lo relevante es el código ético. Comprender que el auditor se debe a su profesión, a sus conocimientos, y no a quien le nombra. Es un colaborador del empresario, pero imparcial e independiente; es decir, está al servicio de la función revisora, capaz de garantizar la fiabilidad de los datos contables para que el mercado pueda ser verdaderamente libre, leal y competitivo. Su trabajo es por encargo de uno, pero a favor y en beneficio de todos, de ahí que la solución pase por cuidar e insistir en los valores éticos de la profesión.
(Artículo de Ignacio Arroyo, publicado en "El País" el 31 de diciembre de 2010)
25 AÑOS CON EL ALTO ARAGON.
PARA quienes trabajamos en este periódico el de ayer fue un día especial, porque celebramos, con tres meses de prórroga, el veinticinco aniversario de la implantación de la cabecera de DIARIO DEL ALTOARAGÓN. Fue una declaración de intenciones que pretendía la identificación y el compromiso del diario con esta provincia y sus gentes.
Un territorio amplio y diverso, de escasa y repartida población, que cuenta con elementos comunes y vertebradores a los que nos queríamos unir como un medio más en un afán de trabajar, servir e informar, con seriedad y rigor, a todos los ciudadanos, al margen de ideologías, edades o zonas geográficas.
Pretendíamos convertirnos en el periódico de todos los altoaragoneses, en el que nuestros lectores encontraran información, entretenimiento y servicio desde la proximidad, la complicidad y el conocimiento que supone provenir de un mismo colectivo, con una historia, unas preocupaciones y unos intereses comunes.
Desde esa perspectiva, hemos procurado realizar nuestro trabajo con seriedad y rigor y trasladar a las páginas de DIARIO DEL ALTOARAGÓN todo cuanto creemos que es de interés informativo, sobre todo aquello que ocurre en nuestro alrededor. De esta forma, hemos crecido juntos con nuestros lectores en este primer cuarto de siglo, de tal manera que el incremento de páginas, secciones y contenidos ha tenido un reflejo en el aumento de altoaragoneses que nos han respaldado en nuestro quehacer profesional. Éste ha sido para todos cuantos trabajamos en esta casa el resultado más gratificante, el respaldo creciente de los altoaragoneses; un aliento que también notamos en estos tiempos difíciles, de crisis económica y de cambios y transformaciones en el mundo de la prensa y los medios informativos en general, en la que su proximidad e implicación se ha convertido en nuestra mayor fortaleza y garantía de futuro.
(Editorial de "Diario del AltoAragón", publicado el 31 de diciembre de 2010)
Un territorio amplio y diverso, de escasa y repartida población, que cuenta con elementos comunes y vertebradores a los que nos queríamos unir como un medio más en un afán de trabajar, servir e informar, con seriedad y rigor, a todos los ciudadanos, al margen de ideologías, edades o zonas geográficas.
Pretendíamos convertirnos en el periódico de todos los altoaragoneses, en el que nuestros lectores encontraran información, entretenimiento y servicio desde la proximidad, la complicidad y el conocimiento que supone provenir de un mismo colectivo, con una historia, unas preocupaciones y unos intereses comunes.
Desde esa perspectiva, hemos procurado realizar nuestro trabajo con seriedad y rigor y trasladar a las páginas de DIARIO DEL ALTOARAGÓN todo cuanto creemos que es de interés informativo, sobre todo aquello que ocurre en nuestro alrededor. De esta forma, hemos crecido juntos con nuestros lectores en este primer cuarto de siglo, de tal manera que el incremento de páginas, secciones y contenidos ha tenido un reflejo en el aumento de altoaragoneses que nos han respaldado en nuestro quehacer profesional. Éste ha sido para todos cuantos trabajamos en esta casa el resultado más gratificante, el respaldo creciente de los altoaragoneses; un aliento que también notamos en estos tiempos difíciles, de crisis económica y de cambios y transformaciones en el mundo de la prensa y los medios informativos en general, en la que su proximidad e implicación se ha convertido en nuestra mayor fortaleza y garantía de futuro.
(Editorial de "Diario del AltoAragón", publicado el 31 de diciembre de 2010)
ESTUDIAR SIN ESFUERZO, UN OBJETIVO IMPOSIBLE.
Algo necesita cambiar con urgencia en la enseñanza. Muchos universitarios, involucrados apenas desde septiembre en una reforma de gran calado con la adaptación al "espacio de estudio europeo", denuncian que el sistema es un fraude: todo va peor. Los resultados del informe PISA, que evalúa a setenta países por lo que saben sus estudiantes, dejan a España en evidencia. Aunque cada cual se agarra a resaltar el dato que más le favorece, lo cierto es que nuestro sistema educativo no progresa y otros, como los asiáticos, con escasez de medios, nos adelantan. Estamos pagando las consecuencias de lo que durante estos años se sembró en las aulas. Estudiar sin esfuerzo es un objetivo imposible.
La reforma de Bolonia es a la universidad lo que el euro a la economía: un mecanismo para unificar valores. Compartir moneda no garantiza disfrutar de idénticas condiciones de crecimiento o prosperidad, la diferencia bien se comprende al mirar a España y Alemania. De igual modo, que un título español sea válido en Francia o Italia, y viceversa, indica que los respectivos gobiernos han pactado una homologación de materias, pero nada más. La universidad puede ser igual de mala, o peor que antes. El hecho de asimilarla formalmente a otros países no garantiza su excelencia.
Cierto que ha transcurrido poco tiempo, apenas cuatro meses, y cierto que cualquier cambio, más en el inmovilista ámbito educativo, avanza con pereza, pero la frustración y la confusión empiezan a predominar sobre las expectativas positivas que despertó Bolonia. Si en muchas universidades la gestación ya alimentó dudas, con cada facultad y cada departamento peleando con uñas y dientes por su statu quo, ahora aumenta la certeza de que vamos por un camino equivocado. Algunos estudiantes son los primeros en denunciar la ficción. Nada es como se les anunció. Los profesores, por su parte, han notado una asfixiante acumulación de las labores burocráticas que solo redundan en perjuicio del alumno.
En una Europa unida, Bolonia era inevitable e irreversible. Hablar mucho de lo accesorio, el método, y nada de lo sustancial, los rendimientos, es desvirtuar el problema. La desoladora evidencia es que el modelo de enseñanza español, desde la base hasta la altura, se ha instalado desde hace décadas en la mediocridad. Lo corroboran año tras año las pruebas internacionales que evalúan el conocimiento de los estudiantes.
Las deficiencias no se corrigen simplemente por rebautizar como "grado" las carreras o "materia curricular" las áreas de conocimiento. Dejen de dar vueltas a la noria con tanta filosofía edulcorada y llamen a las cosas por su nombre. Una buena educación sólo depende de la capacidad de los docentes y del esfuerzo de los alumnos. Hace tiempo que ambos principios están perdidos para la causa de la enseñanza en España, reino de la comodidad. No hay exigencia, de ahí arrancan los males.
Los profesores marcan la diferencia, no los textos, ni los libros, ni los centros, ni los programas. Eso enseñan la investigación y la experiencia. Los países que obtienen los mejores resultados educativos, como Finlandia, son los que miman a sus maestros. España deprecia hasta socialmente su papel, socava su autoridad y niega el estímulo a quien brilla en la tarima.
Sólo hay un secreto para que los adolescentes de Corea del Sur hayan obtenido el primer puesto en los exámenes de PISA: estudian más de diez horas diarias. Tienen culturalmente arraigado que es la única forma de vencer la pobreza. Entre eso y convertir el colegio en una fiesta vacua hay un término medio. No se puede progresar sin estudiar, y el sistema español, por sus obsesiones igualitarias, predica lo contrario. El desolador resultado: los escolares no comprenden lo que leen y ante cualquier problema de pequeñísima complejidad, se atascan.
Para que no haya excusas, conviene también romper mitos. No hay relación entre nivel económico y nivel educativo. País rico y buena educación y país pobre y mala educación son asociaciones pasadas de moda: esa es la razón de que Estonia supere con claridad a España. Por lo mismo, más recursos no garantizan mejor educación: los chinos, con clases masificadas y sin ordenadores atesoran un conocimiento matemático superior al de cualquier alumno occidental.
Replantearse el sistema educativo español, y no sólo encajar la universidad en el contexto europeo, parece una tarea indispensable en este momento. No es cuestión de dinero, sino de claridad de ideas. Con reformas baratas pero valientes se puede hace un uso más eficiente de los recursos. Unos óptimos resultados en la enseñanza son garantía de desarrollo económico. Los países con niveles escolares deficientes tienen bajos índices de productividad y competitividad. Si se superpone la clasificación de prosperidad a los resultados PISA hay un calco: los estudiantes destacados pertenecen a las naciones que más prosperan. Crecimiento y conocimiento viajan unidos.
Al flamante Nobel de Literatura, Vargas Llosa, lo que más le sorprendió de su reciente estancia en Estocolmo fue la visita a una escuela de Rinkeby. Tiene alumnos de 19 países que hablan tres idiomas, el propio, el sueco y el inglés, y varios figuran en el palmarés de logros académicos. La UE premió al centro por su éxito en la prevención de la delincuencia. Y es que el barrio era hace poco uno de los más peligrosos y sucios de la capital de Suecia. Ahora está cambiando por el tirón de su escuela. Querer es poder. El milagro fue obra personal de un profesor, que se implicó sin más medios que su talento y su perseverancia.
La educación transforma personas, pero también sociedades. Una catapulta para salir ahora de la crisis es reformar todo el sistema educativo, desde el parvulario al aula magna. Cuando las universidades fichen a los mejores científicos del mundo igual que los clubes de fútbol traen a los astros más destacados, algo habrá cambiado en serio en la enseñanza española.
(Editorial de "El Faro de Vigo", publicado el 30 de diciembre de 2010)
La reforma de Bolonia es a la universidad lo que el euro a la economía: un mecanismo para unificar valores. Compartir moneda no garantiza disfrutar de idénticas condiciones de crecimiento o prosperidad, la diferencia bien se comprende al mirar a España y Alemania. De igual modo, que un título español sea válido en Francia o Italia, y viceversa, indica que los respectivos gobiernos han pactado una homologación de materias, pero nada más. La universidad puede ser igual de mala, o peor que antes. El hecho de asimilarla formalmente a otros países no garantiza su excelencia.
Cierto que ha transcurrido poco tiempo, apenas cuatro meses, y cierto que cualquier cambio, más en el inmovilista ámbito educativo, avanza con pereza, pero la frustración y la confusión empiezan a predominar sobre las expectativas positivas que despertó Bolonia. Si en muchas universidades la gestación ya alimentó dudas, con cada facultad y cada departamento peleando con uñas y dientes por su statu quo, ahora aumenta la certeza de que vamos por un camino equivocado. Algunos estudiantes son los primeros en denunciar la ficción. Nada es como se les anunció. Los profesores, por su parte, han notado una asfixiante acumulación de las labores burocráticas que solo redundan en perjuicio del alumno.
En una Europa unida, Bolonia era inevitable e irreversible. Hablar mucho de lo accesorio, el método, y nada de lo sustancial, los rendimientos, es desvirtuar el problema. La desoladora evidencia es que el modelo de enseñanza español, desde la base hasta la altura, se ha instalado desde hace décadas en la mediocridad. Lo corroboran año tras año las pruebas internacionales que evalúan el conocimiento de los estudiantes.
Las deficiencias no se corrigen simplemente por rebautizar como "grado" las carreras o "materia curricular" las áreas de conocimiento. Dejen de dar vueltas a la noria con tanta filosofía edulcorada y llamen a las cosas por su nombre. Una buena educación sólo depende de la capacidad de los docentes y del esfuerzo de los alumnos. Hace tiempo que ambos principios están perdidos para la causa de la enseñanza en España, reino de la comodidad. No hay exigencia, de ahí arrancan los males.
Los profesores marcan la diferencia, no los textos, ni los libros, ni los centros, ni los programas. Eso enseñan la investigación y la experiencia. Los países que obtienen los mejores resultados educativos, como Finlandia, son los que miman a sus maestros. España deprecia hasta socialmente su papel, socava su autoridad y niega el estímulo a quien brilla en la tarima.
Sólo hay un secreto para que los adolescentes de Corea del Sur hayan obtenido el primer puesto en los exámenes de PISA: estudian más de diez horas diarias. Tienen culturalmente arraigado que es la única forma de vencer la pobreza. Entre eso y convertir el colegio en una fiesta vacua hay un término medio. No se puede progresar sin estudiar, y el sistema español, por sus obsesiones igualitarias, predica lo contrario. El desolador resultado: los escolares no comprenden lo que leen y ante cualquier problema de pequeñísima complejidad, se atascan.
Para que no haya excusas, conviene también romper mitos. No hay relación entre nivel económico y nivel educativo. País rico y buena educación y país pobre y mala educación son asociaciones pasadas de moda: esa es la razón de que Estonia supere con claridad a España. Por lo mismo, más recursos no garantizan mejor educación: los chinos, con clases masificadas y sin ordenadores atesoran un conocimiento matemático superior al de cualquier alumno occidental.
Replantearse el sistema educativo español, y no sólo encajar la universidad en el contexto europeo, parece una tarea indispensable en este momento. No es cuestión de dinero, sino de claridad de ideas. Con reformas baratas pero valientes se puede hace un uso más eficiente de los recursos. Unos óptimos resultados en la enseñanza son garantía de desarrollo económico. Los países con niveles escolares deficientes tienen bajos índices de productividad y competitividad. Si se superpone la clasificación de prosperidad a los resultados PISA hay un calco: los estudiantes destacados pertenecen a las naciones que más prosperan. Crecimiento y conocimiento viajan unidos.
Al flamante Nobel de Literatura, Vargas Llosa, lo que más le sorprendió de su reciente estancia en Estocolmo fue la visita a una escuela de Rinkeby. Tiene alumnos de 19 países que hablan tres idiomas, el propio, el sueco y el inglés, y varios figuran en el palmarés de logros académicos. La UE premió al centro por su éxito en la prevención de la delincuencia. Y es que el barrio era hace poco uno de los más peligrosos y sucios de la capital de Suecia. Ahora está cambiando por el tirón de su escuela. Querer es poder. El milagro fue obra personal de un profesor, que se implicó sin más medios que su talento y su perseverancia.
La educación transforma personas, pero también sociedades. Una catapulta para salir ahora de la crisis es reformar todo el sistema educativo, desde el parvulario al aula magna. Cuando las universidades fichen a los mejores científicos del mundo igual que los clubes de fútbol traen a los astros más destacados, algo habrá cambiado en serio en la enseñanza española.
(Editorial de "El Faro de Vigo", publicado el 30 de diciembre de 2010)
TRÁNSFUGAS SIN CONTROL.
A la desesperación y a la angustia que provoca la crisis económica se añaden, como un tributo más que los ciudadanos deben soportar, comportamientos de los partidos políticos que se quedan muy por debajo de los niveles mínimos de calidad exigibles a la vida democrática. La frivolidad y la indolencia con que abordan el problema del transfuguismo, que estimula el fraude al elector y es causa de muchos casos de corrupción política, es uno de esos comportamientos. Otro, especialmente referido al momento actual, son las prácticas de filibusterismo institucional con que se busca someter el funcionamiento de las instituciones a los intereses partidistas y cuyo último episodio es el riesgo de un nuevo bloqueo del Tribunal Constitucional por el empeño del PP en proponer para magistrado a un candidato carente de la experiencia y de la cualificación jurídica exigidas para el cargo.
En momentos de agobio económico y psicológico no estaría de más que los partidos políticos se esforzaran en dar ejemplo, no cayendo en formas extremas de demagogia y populismo rayanas en el cinismo y que avergüenzan y ofenden a los ciudadanos. Habría sido ejemplar que en la reciente reunión del Pacto Antitransfuguismo los partidos se hubieran comprometido a desechar en las próximas elecciones municipales a candidatos tránsfugas o que deben su cargo a votos de esa índole, se trate del actual alcalde de Benidorm, en lo que se refiere al PSOE, o de los de Denia (Alicante), Puerto de Santa María (Cádiz) o Águilas (Murcia), en lo referente al PP.
Pretender que el caso de Benidorm sea especial y deba tener un tratamiento único da pie a que, como reacción, el PSOE plantee que tan denunciables son los casos de transfuguismo que benefician al PP. El resultado ha sido que los tránsfugas tendrán barra libre en las próximas elecciones, contribuyendo a degradar más la vida política. El PSOE todavía está a tiempo de parar la candidatura del alcalde de Benidorm, lo que daría a su discurso político un sello de autenticidad y de vigor democráticos que no pasaría inadvertido a muchos electores. El caso de Benidorm no es especial ni único, pero está cargado de simbolismo (el ex dirigente popular Eduardo Zaplana llegó a su alcaldía por el voto de una tránsfuga socialista a comienzos de los noventa). Y que el PP se muestre ciego y sordo ante sus muchos episodios de transfuguismo no es el mejor ejemplo a seguir.
(Editorial de "El País", publicado el 30 de diciembre de 2010)
En momentos de agobio económico y psicológico no estaría de más que los partidos políticos se esforzaran en dar ejemplo, no cayendo en formas extremas de demagogia y populismo rayanas en el cinismo y que avergüenzan y ofenden a los ciudadanos. Habría sido ejemplar que en la reciente reunión del Pacto Antitransfuguismo los partidos se hubieran comprometido a desechar en las próximas elecciones municipales a candidatos tránsfugas o que deben su cargo a votos de esa índole, se trate del actual alcalde de Benidorm, en lo que se refiere al PSOE, o de los de Denia (Alicante), Puerto de Santa María (Cádiz) o Águilas (Murcia), en lo referente al PP.
Pretender que el caso de Benidorm sea especial y deba tener un tratamiento único da pie a que, como reacción, el PSOE plantee que tan denunciables son los casos de transfuguismo que benefician al PP. El resultado ha sido que los tránsfugas tendrán barra libre en las próximas elecciones, contribuyendo a degradar más la vida política. El PSOE todavía está a tiempo de parar la candidatura del alcalde de Benidorm, lo que daría a su discurso político un sello de autenticidad y de vigor democráticos que no pasaría inadvertido a muchos electores. El caso de Benidorm no es especial ni único, pero está cargado de simbolismo (el ex dirigente popular Eduardo Zaplana llegó a su alcaldía por el voto de una tránsfuga socialista a comienzos de los noventa). Y que el PP se muestre ciego y sordo ante sus muchos episodios de transfuguismo no es el mejor ejemplo a seguir.
(Editorial de "El País", publicado el 30 de diciembre de 2010)
UNIVERSALIZAR LA EXCELENCIA.
En un reciente congreso celebrado en la Universidad de Évora debatían los participantes sobre un asunto crucial para la educación. Dos modelos educativos parecían enfrentarse, el que pretende promover la excelencia, y el que se esfuerza ante todo por no generar excluidos. Parecían en principio dos modelos contrapuestos, sin capacidad de síntesis, esas angustiosas disyuntivas que se convierten en dilemas: o lo uno o lo otro.
Afortunadamente, la vida humana no se teje con dilemas, sino con problemas, con esos asuntos complicados ante los que urge potenciar la capacidad creativa para no llegar nunca a esas "elecciones crueles", que siempre dejan por el camino personas dañadas. Por eso la fórmula en este caso consistiría -creo yo- en intentar una síntesis de los dos lados del problema, en universalizar la excelencia, pero siempre que precisemos qué es eso de la excelencia y por qué merece la pena aspirar a ella tanto en la educación como en la vida corriente. No sea cosa que estemos bregando por alguna lista de indicadores, pergeñada por un conjunto de burócratas, que miden aspectos irrelevantes, aspectos sin relieve para la vida humana, a los que, por si faltara poco, se bautiza con el nombre de "calidad".
En realidad, el término "excelencia", al menos en la cultura occidental, nace en la Grecia de los poemas homéricos. Recurrir a la Ilíada o la Odisea es sumamente aconsejable para descubrir cómo el excelente, el virtuoso, destaca por practicar una habilidad por encima de la media. Aquiles es "el de los pies ligeros", el triunfador en cualquier competición pedestre, Príamo, el príncipe, es excelente en prudencia, Héctor, el comandante del ejército troyano, es excelente en valor, como Andrómaca lo es en amor conyugal y materno, Penélope, en fidelidad, y así los restantes protagonistas de aquellos poemas épicos que fueron el origen de nuestra cultura, al menos en parte, porque la otra parte fue Jerusalén.
Pero el excelente no lo es solo para sí mismo, su virtud es fecunda para la comunidad a la que pertenece, crea en ella vínculos de solidaridad que le permiten sobrevivir frente a las demás ciudades. Por eso despierta la admiración de los que le rodean, por eso se gana a pulso la inmortalidad en la memoria agradecida de los suyos.
Al hilo del tiempo esa tradición de las virtudes se urbaniza, se traslada a comunidades, como la ateniense, que deben organizar su vida política para vivir bien. Para lograrlo es indispensable contar con ciudadanos excelentes, no solo con unos pocos héroes que sobresalen por una buena cualidad, sino con ciudadanos curtidos en virtudes como la justicia, la prudencia, la magnanimidad, la generosidad o el valor cívico. Ante la pregunta "excelencia, ¿para qué?" habría una respuesta clara: para conquistar personalmente una vida feliz, para construir juntos una sociedad justa, necesitada de buenos ciudadanos y de buenos gobernantes.
A fines del siglo pasado surge de nuevo con fuerza la idea de excelencia al menos en tres ámbitos. En el mundo empresarial el libro de Peters y Waterman En busca de la excelencia invita a los directivos a tratar de alcanzarla siguiendo principios con los que otras empresas habían cosechado éxitos. En el mundo de las profesiones se entiende con buen acuerdo que el profesional vocacionado, el que desea ofrecer a la sociedad el bien que su profesión debe darle, aspira a la excelencia sin la que mal podrá lograrlo. Y también en el ámbito educativo florece de nuevo el discurso de la excelencia, al que es preciso dar un contenido muy claro para no confundirla ni con las supuestas medidas de calidad, un tema que queda para otro día porque requiere un tratamiento monográfico, ni con la idea de una competición desenfrenada en la escuela, en la que los fuertes derroten a los débiles. Conviene recordar que en la brega por la vida no sobreviven los más fuertes, sino los que han entendido el mensaje del apoyo mutuo, los que saben cooperar y por eso les importa ser excelentes.
La excelencia, claro está, tiene un significado comparativo, siempre se es excelente en relación con algo. Pero así como en las comunidades homéricas importaba situarse por encima de la media, el secreto del éxito en sociedades democráticas consiste en competir consigo mismo, en no conformarse, en tratar de sacar día a día lo mejor de las propias capacidades, lo cual requiere esfuerzo, que es un componente ineludible de cualquier proyecto vital. Y en hacerlo, no solo en provecho propio, sino también de aquellos con los que se hace la vida, aquellos con los que y de los que se vive. En esto sigue valiendo la lección de Troya.
A fin de cuentas, no se construye una sociedad justa con ciudadanos mediocres, ni es la opción por la mediocridad el mejor consejo que puede darse para llevar adelante una vida digna de ser vivida. Confundir "democracia" con "mediocridad" es el mejor camino para asegurar el rotundo fracaso de cualquier sociedad que se pretenda democrática. Por eso una educación alérgica a la exclusión no debe multiplicar el número de mediocres, sino universalizar la excelencia.
(Artículo de Adela Cortina, publicado en "El País" el 29 de diciembre de 2010)
Afortunadamente, la vida humana no se teje con dilemas, sino con problemas, con esos asuntos complicados ante los que urge potenciar la capacidad creativa para no llegar nunca a esas "elecciones crueles", que siempre dejan por el camino personas dañadas. Por eso la fórmula en este caso consistiría -creo yo- en intentar una síntesis de los dos lados del problema, en universalizar la excelencia, pero siempre que precisemos qué es eso de la excelencia y por qué merece la pena aspirar a ella tanto en la educación como en la vida corriente. No sea cosa que estemos bregando por alguna lista de indicadores, pergeñada por un conjunto de burócratas, que miden aspectos irrelevantes, aspectos sin relieve para la vida humana, a los que, por si faltara poco, se bautiza con el nombre de "calidad".
En realidad, el término "excelencia", al menos en la cultura occidental, nace en la Grecia de los poemas homéricos. Recurrir a la Ilíada o la Odisea es sumamente aconsejable para descubrir cómo el excelente, el virtuoso, destaca por practicar una habilidad por encima de la media. Aquiles es "el de los pies ligeros", el triunfador en cualquier competición pedestre, Príamo, el príncipe, es excelente en prudencia, Héctor, el comandante del ejército troyano, es excelente en valor, como Andrómaca lo es en amor conyugal y materno, Penélope, en fidelidad, y así los restantes protagonistas de aquellos poemas épicos que fueron el origen de nuestra cultura, al menos en parte, porque la otra parte fue Jerusalén.
Pero el excelente no lo es solo para sí mismo, su virtud es fecunda para la comunidad a la que pertenece, crea en ella vínculos de solidaridad que le permiten sobrevivir frente a las demás ciudades. Por eso despierta la admiración de los que le rodean, por eso se gana a pulso la inmortalidad en la memoria agradecida de los suyos.
Al hilo del tiempo esa tradición de las virtudes se urbaniza, se traslada a comunidades, como la ateniense, que deben organizar su vida política para vivir bien. Para lograrlo es indispensable contar con ciudadanos excelentes, no solo con unos pocos héroes que sobresalen por una buena cualidad, sino con ciudadanos curtidos en virtudes como la justicia, la prudencia, la magnanimidad, la generosidad o el valor cívico. Ante la pregunta "excelencia, ¿para qué?" habría una respuesta clara: para conquistar personalmente una vida feliz, para construir juntos una sociedad justa, necesitada de buenos ciudadanos y de buenos gobernantes.
A fines del siglo pasado surge de nuevo con fuerza la idea de excelencia al menos en tres ámbitos. En el mundo empresarial el libro de Peters y Waterman En busca de la excelencia invita a los directivos a tratar de alcanzarla siguiendo principios con los que otras empresas habían cosechado éxitos. En el mundo de las profesiones se entiende con buen acuerdo que el profesional vocacionado, el que desea ofrecer a la sociedad el bien que su profesión debe darle, aspira a la excelencia sin la que mal podrá lograrlo. Y también en el ámbito educativo florece de nuevo el discurso de la excelencia, al que es preciso dar un contenido muy claro para no confundirla ni con las supuestas medidas de calidad, un tema que queda para otro día porque requiere un tratamiento monográfico, ni con la idea de una competición desenfrenada en la escuela, en la que los fuertes derroten a los débiles. Conviene recordar que en la brega por la vida no sobreviven los más fuertes, sino los que han entendido el mensaje del apoyo mutuo, los que saben cooperar y por eso les importa ser excelentes.
La excelencia, claro está, tiene un significado comparativo, siempre se es excelente en relación con algo. Pero así como en las comunidades homéricas importaba situarse por encima de la media, el secreto del éxito en sociedades democráticas consiste en competir consigo mismo, en no conformarse, en tratar de sacar día a día lo mejor de las propias capacidades, lo cual requiere esfuerzo, que es un componente ineludible de cualquier proyecto vital. Y en hacerlo, no solo en provecho propio, sino también de aquellos con los que se hace la vida, aquellos con los que y de los que se vive. En esto sigue valiendo la lección de Troya.
A fin de cuentas, no se construye una sociedad justa con ciudadanos mediocres, ni es la opción por la mediocridad el mejor consejo que puede darse para llevar adelante una vida digna de ser vivida. Confundir "democracia" con "mediocridad" es el mejor camino para asegurar el rotundo fracaso de cualquier sociedad que se pretenda democrática. Por eso una educación alérgica a la exclusión no debe multiplicar el número de mediocres, sino universalizar la excelencia.
(Artículo de Adela Cortina, publicado en "El País" el 29 de diciembre de 2010)
LLAMADA A LA RESPONSABILIDAD.
UN año más, Su Majestad el Rey ha logrado expresar en el tradicional mensaje de Nochebuena las preocupaciones e inquietudes de los ciudadanos. Don Juan Carlos cumple de forma ejemplar las funciones que le atribuye la Constitución y goza de la legitimidad derivada no solo de la historia y la legalidad vigente, sino también del respeto que inspira una autoridad ejercida con discreción y mesura. Por eso, su apelación a la unidad, la responsabilidad y la solidaridad resulta particularmente oportuna en este año «difícil y complejo». Siempre atento a las realidades humanas que se sitúan en un plano más profundo que los datos macroeconómicos, el Rey mencionó de forma expresa a los distintos sectores que han asumido «grandes sacrificios y esfuerzos». Pero, por encima de todo, tuvo palabras de aliento para los parados, una «prioridad insoslayable», y para los desvelos diarios de millones de familias que sufren las consecuencias de una auténtica emergencia económica.
El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Por eso, es especialmente relevante su llamada a reforzar los valores morales que sustentan la confianza en España y en cada uno de los españoles. Conviene tener muy presentes su rechazo a las actitudes de indiferencia o egoísmo y la referencia a la práctica del rigor, el sacrificio y la honradez. Frente a la tentación del desánimo, el Rey de todos los españoles recuerda que somos una gran nación, que ha demostrado que es capaz de alcanzar éxitos al máximo nivel, con una mención especial para los triunfos de nuestro deporte durante 2010. No por ser habituales dejan de ser significativos el recuerdo afectuoso a las víctimas del terrorismo y a los miembros de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad, en particular a los que desempeñan con brillantez misiones en el exterior. La sintonía de la Corona con las inquietudes genuinas de los ciudadanos es fiel reflejo de esa cercanía afectiva que simboliza las mejores cualidades del Monarca. Como es natural, el mensaje no contiene ninguna referencia a los debates coyunturales de la política diaria. Sin embargo, los dirigentes de todos los partidos deben reflexionar sobre esta llamada a la responsabilidad ante una crisis que sin duda es de alcance universal, pero que ofrece entre nosotros características singulares que obligan a un esfuerzo más intenso.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 26 de noviembre de 2010)
El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Por eso, es especialmente relevante su llamada a reforzar los valores morales que sustentan la confianza en España y en cada uno de los españoles. Conviene tener muy presentes su rechazo a las actitudes de indiferencia o egoísmo y la referencia a la práctica del rigor, el sacrificio y la honradez. Frente a la tentación del desánimo, el Rey de todos los españoles recuerda que somos una gran nación, que ha demostrado que es capaz de alcanzar éxitos al máximo nivel, con una mención especial para los triunfos de nuestro deporte durante 2010. No por ser habituales dejan de ser significativos el recuerdo afectuoso a las víctimas del terrorismo y a los miembros de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad, en particular a los que desempeñan con brillantez misiones en el exterior. La sintonía de la Corona con las inquietudes genuinas de los ciudadanos es fiel reflejo de esa cercanía afectiva que simboliza las mejores cualidades del Monarca. Como es natural, el mensaje no contiene ninguna referencia a los debates coyunturales de la política diaria. Sin embargo, los dirigentes de todos los partidos deben reflexionar sobre esta llamada a la responsabilidad ante una crisis que sin duda es de alcance universal, pero que ofrece entre nosotros características singulares que obligan a un esfuerzo más intenso.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 26 de noviembre de 2010)
HAITI NECESITA UN ESTADO.
Salvo a Forges, que lo recuerda a diario en sus viñetas, Haití se nos ha ido borrando de la memoria, y ni las epidemias de cólera, ni los fraudes electorales impiden que la amnesia progrese adecuadamente. Lo peor no es el olvido de los ciudadanos, cuyas cuitas particulares tienen tendencia a fagocitar las catástrofes ajenas y a los que no se puede tener todo el día dentro de un telemaratón solidario, sino el encogimiento de hombros de una comunidad internacional que prometió cerca de 8.000 millones de euros para la reconstrucción del país y que, como suele ser habitual, ha empezado a llamarse a andana.
Una manera de contemplar Haití es la de la Comisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL) en su último informe de 2010, tras cuya lectura dan ganas de emigrar a Puerto Príncipe: “El déficit público fue del 2,9% del PIB (…) y la inflación acumulada en 12 meses a septiembre fue del 4,7%. El incremento moderado de las exportaciones (3,2%) y el fuerte incremento de las importaciones (33%) ensancharon considerablemente (48%) el déficit comercial (a un monto equivalente al 43% del PIB). Sin embargo, las transferencias corrientes por concepto de remesas y donaciones (3.178 millones de dólares) permitieron alcanzar un superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (equivalente al 4,3% del PIB)”.
Y otra es la que muestra Paul Farmer, el asistente personal de Clinton para Haití, en un artículo publicado en la edición española de diciembre de Foreign Police, espléndida revista a la que lamentablemente han dado matarile. Opina Farmer que no se puede reconstruir el país sin dar empleo a sus habitantes –sólo lo han conseguido 116.000 personas mientras el 98% de los escombros del terremoto siguen sin ser retirados- y con 1,3 millones de sus habitantes viviendo en tiendas de campaña y sin ningún aliciente para regresar a sus hogares.
Reconstruir Haití no consiste en instalar miles de letrinas y potabilizadoras portátiles. Requiere inversiones en vivienda, educación y sanidad, administradas por un Gobierno que, corrupto y todo, ha de disponer de recursos para organizar un sector público del que han de cobrar maestros, médicos, policías y hasta barrenderos. O se levanta un Estado o, sin pretenderlo, las ONG tendrán una república a orillas del mar Caribe.
(Artículo de Juan Carlos Escudier, publicado en "Público" el 26 de diciembre de 2010)
Una manera de contemplar Haití es la de la Comisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL) en su último informe de 2010, tras cuya lectura dan ganas de emigrar a Puerto Príncipe: “El déficit público fue del 2,9% del PIB (…) y la inflación acumulada en 12 meses a septiembre fue del 4,7%. El incremento moderado de las exportaciones (3,2%) y el fuerte incremento de las importaciones (33%) ensancharon considerablemente (48%) el déficit comercial (a un monto equivalente al 43% del PIB). Sin embargo, las transferencias corrientes por concepto de remesas y donaciones (3.178 millones de dólares) permitieron alcanzar un superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (equivalente al 4,3% del PIB)”.
Y otra es la que muestra Paul Farmer, el asistente personal de Clinton para Haití, en un artículo publicado en la edición española de diciembre de Foreign Police, espléndida revista a la que lamentablemente han dado matarile. Opina Farmer que no se puede reconstruir el país sin dar empleo a sus habitantes –sólo lo han conseguido 116.000 personas mientras el 98% de los escombros del terremoto siguen sin ser retirados- y con 1,3 millones de sus habitantes viviendo en tiendas de campaña y sin ningún aliciente para regresar a sus hogares.
Reconstruir Haití no consiste en instalar miles de letrinas y potabilizadoras portátiles. Requiere inversiones en vivienda, educación y sanidad, administradas por un Gobierno que, corrupto y todo, ha de disponer de recursos para organizar un sector público del que han de cobrar maestros, médicos, policías y hasta barrenderos. O se levanta un Estado o, sin pretenderlo, las ONG tendrán una república a orillas del mar Caribe.
(Artículo de Juan Carlos Escudier, publicado en "Público" el 26 de diciembre de 2010)
¿LA MALDICIÓN DEL TRABAJO?
La asociación del trabajo con lo penoso, lo vitando, el castigo penal, cuando se habla de trabajos forzosos, e incluso el “pecado original”, aquello de “ganarás el pan con el sudor de tu frente”, viene de lejos y está muy enquistada en la mente humana. Socialmente, el trabajo parece cosa de idiotas, de negros, de chinos, y la holganza, en cambio, de listos, de avispados, de bendecidos por una suerte que se tienta incluso más allá de las disponibilidades económicas razonables para invertir en juegos y loterías con la idea peregrina de resolver de un plumazo el problema de la vida y poder darle esquinazo a las obligaciones laborales.
Si pudiéramos contemplar desde una atalaya un día de nuestra vida, veríamos un continuo deambular de individuos que van y vienen, que desaparecen durante horas en pozos y agujeros, que se encierran en reducidos despachos y que riegan los campos con su sudor. El trabajo parece la maldición de un geniecillo que juega sádica y caprichosamente con los hombres. Nada tiene de particular que la inmensa mayoría de los seres humanos desee ardientemente, de lunes a jueves, que llegue el prolongado asueto del fin de semana y, durante once meses, que lleguen las vacaciones libertadoras.
Sin embargo, el trabajo es consubstancial al hombre, al margen de maldiciones divinas y de condenas terrenales. Cuando falta, como en el caso de los parados y de las personas pasivas con sus capacidades laborales intactas, lo que realmente resulta una auténtica maldición y una condena severa es verse imposibilitado para ganarse honestamente la vida y, quizá más todavía, para sentirse útil a la sociedad.
Bien analizado, el trabajo, lejos de ser una maldición o condena, es la condición más esplendorosa del hombre, ya que es la fuente de donde no solo mana su vida sino de la que se nutre su personalidad y autoestima. Con el trabajo no solo nos ganamos la vida sino que le damos contenido.
Ambos aspectos son o deberían ser inseparables. Solo el trabajador se gana honestamente la vida. El parásito, lejos de ser un listillo, es un aprovechado que lleva una vida carente de sentido y de contenido, insecto que se alimenta de la sangre de quienes le rodean. Si digno y laudable es ganarse la vida con el sudor de la frente, metáfora que únicamente indica que trabajar es laborioso, no lo es menos llenar de contenido humano esa misma vida mediante la contribución que el trabajador hace a la sociedad.
De ahí que, para conseguir plenamente los fines del trabajo, no baste trabajar sino trabajar bien. La ganancia de la propia vida ha de salir de la productividad real del trabajo propio, productividad que, en última instancia, contribuye a la marcha general de la sociedad.
Fallan los cimientos de la sociedad que condena a muchos de sus ciudadanos al paro, a la inactividad laboral, pues es misión suya crear las condiciones necesarias para que todo ciudadano pueda trabajar y ganarse dignamente la vida. Cómo hacerlo es la madre del cordero, pues en ese terreno la responsabilidad recae enteramente sobre la Administración, los Sindicatos y los Empresarios. Cierto que todas ellas son entidades cuyos gestores son libres, pero no lo es menos que sus responsables tienen obligaciones muy concretas.
La Administración, como árbitro y reguladora, tiene la responsabilidad de crear el marco en el que sea posible el juego de la vida. Los Sindicatos y los Empresarios, como polos de intereses contrapuestos, necesarios para el equilibrio social, o como contrapeso para el fiel de la balanza de la vida, tienen la obligación de equilibrar los procedimientos para que todos, en vez de resultar perjudicados por la confrontación inevitable, salgan de ella fortalecidos y beneficiados. Sin los Empresarios, a la larga no hay iniciativa que valga; sin los Sindicatos, la cosa termina a ciencia cierta en depredación y rapiña. Por difícil que sea y mal que les pese, para que un país funcione ambas organizaciones tienen que encontrar un punto de equilibrio: que la una no explote a la otra y que la otra no arruine a la una. Para ello, creo yo, se han inventado los convenios.
Ahora bien, decir convenio no significa nada si no se tiene en cuenta su forma y su contenido. Esa es la gran cuestión. Su forma debe ser la de un pacto fiable. Su contenido, el resultado de una negociación equilibrada. Ante esta perspectiva, cabe preguntarse si el mundo del trabajo es homogéneo, es decir, si responde a las mismas pautas y sigue los mismos desarrollos o, en otras palabras, si la productividad, fundamento de toda acción económica, puede ser reglada al milímetro. En la medida en que la respuesta sea negativa, se impone la necesidad de flexibilizar el contenido de los convenios, pues cada uno debería adaptarse a las realidades concretas de la empresa que regula su política laboral: la fijación de las horas de trabajo de cada operario; la duración de los contratos; la cuantificación de las retribuciones y las incidencias de la finalización del contrato laboral, del despido o, incluso, de la crisis y de la quiebra. Sé que hacerlo así resultaría muy complejo y difícil y, por tanto, muy laborioso, pero los convenios se ajustarían entonces a la realidad y facilitarían que todo el que tenga una idea productiva pueda ponerla en marcha sin arriesgar su patrimonio y que todo el que quiera trabajar pudiera hacerlo, pues no faltarían iniciativas. ¿Podríamos acaso pensar en que, de hacer un convenio para regular el procedimiento sanitario en lo que tiene de curativo o de paliativo, se delimitaran las enfermedades y se prescribieran de antemano los tratamientos a seguir? Sería de locos, pues, cada ser humano es único y cada enfermedad exige un complejo procedimiento de análisis y estudios para emitir, primero, un diagnóstico seguro a fin de poder aplicarle, después, el tratamiento más conveniente, sea farmacológico o quirúrgico.
En otro orden de cosas, en todos los estamentos en los que el Estado interviene con dinero público, sea como gasto sea como subvención, a los implicados y beneficiados debería exigírseles una contraprestación proporcional mediante su trabajo. Por no citar más que dos colectivos, los parados mientras cobran prestaciones y los presos durante todo el tiempo que estén recluidos deberían contribuir trabajando para la sociedad en la medida de los gastos que su situación origina al Estado.
(Artículo de Ramón Hernández, publicado en "La Voz de Asturias" el 24 de noviembre de 2010)
Si pudiéramos contemplar desde una atalaya un día de nuestra vida, veríamos un continuo deambular de individuos que van y vienen, que desaparecen durante horas en pozos y agujeros, que se encierran en reducidos despachos y que riegan los campos con su sudor. El trabajo parece la maldición de un geniecillo que juega sádica y caprichosamente con los hombres. Nada tiene de particular que la inmensa mayoría de los seres humanos desee ardientemente, de lunes a jueves, que llegue el prolongado asueto del fin de semana y, durante once meses, que lleguen las vacaciones libertadoras.
Sin embargo, el trabajo es consubstancial al hombre, al margen de maldiciones divinas y de condenas terrenales. Cuando falta, como en el caso de los parados y de las personas pasivas con sus capacidades laborales intactas, lo que realmente resulta una auténtica maldición y una condena severa es verse imposibilitado para ganarse honestamente la vida y, quizá más todavía, para sentirse útil a la sociedad.
Bien analizado, el trabajo, lejos de ser una maldición o condena, es la condición más esplendorosa del hombre, ya que es la fuente de donde no solo mana su vida sino de la que se nutre su personalidad y autoestima. Con el trabajo no solo nos ganamos la vida sino que le damos contenido.
Ambos aspectos son o deberían ser inseparables. Solo el trabajador se gana honestamente la vida. El parásito, lejos de ser un listillo, es un aprovechado que lleva una vida carente de sentido y de contenido, insecto que se alimenta de la sangre de quienes le rodean. Si digno y laudable es ganarse la vida con el sudor de la frente, metáfora que únicamente indica que trabajar es laborioso, no lo es menos llenar de contenido humano esa misma vida mediante la contribución que el trabajador hace a la sociedad.
De ahí que, para conseguir plenamente los fines del trabajo, no baste trabajar sino trabajar bien. La ganancia de la propia vida ha de salir de la productividad real del trabajo propio, productividad que, en última instancia, contribuye a la marcha general de la sociedad.
Fallan los cimientos de la sociedad que condena a muchos de sus ciudadanos al paro, a la inactividad laboral, pues es misión suya crear las condiciones necesarias para que todo ciudadano pueda trabajar y ganarse dignamente la vida. Cómo hacerlo es la madre del cordero, pues en ese terreno la responsabilidad recae enteramente sobre la Administración, los Sindicatos y los Empresarios. Cierto que todas ellas son entidades cuyos gestores son libres, pero no lo es menos que sus responsables tienen obligaciones muy concretas.
La Administración, como árbitro y reguladora, tiene la responsabilidad de crear el marco en el que sea posible el juego de la vida. Los Sindicatos y los Empresarios, como polos de intereses contrapuestos, necesarios para el equilibrio social, o como contrapeso para el fiel de la balanza de la vida, tienen la obligación de equilibrar los procedimientos para que todos, en vez de resultar perjudicados por la confrontación inevitable, salgan de ella fortalecidos y beneficiados. Sin los Empresarios, a la larga no hay iniciativa que valga; sin los Sindicatos, la cosa termina a ciencia cierta en depredación y rapiña. Por difícil que sea y mal que les pese, para que un país funcione ambas organizaciones tienen que encontrar un punto de equilibrio: que la una no explote a la otra y que la otra no arruine a la una. Para ello, creo yo, se han inventado los convenios.
Ahora bien, decir convenio no significa nada si no se tiene en cuenta su forma y su contenido. Esa es la gran cuestión. Su forma debe ser la de un pacto fiable. Su contenido, el resultado de una negociación equilibrada. Ante esta perspectiva, cabe preguntarse si el mundo del trabajo es homogéneo, es decir, si responde a las mismas pautas y sigue los mismos desarrollos o, en otras palabras, si la productividad, fundamento de toda acción económica, puede ser reglada al milímetro. En la medida en que la respuesta sea negativa, se impone la necesidad de flexibilizar el contenido de los convenios, pues cada uno debería adaptarse a las realidades concretas de la empresa que regula su política laboral: la fijación de las horas de trabajo de cada operario; la duración de los contratos; la cuantificación de las retribuciones y las incidencias de la finalización del contrato laboral, del despido o, incluso, de la crisis y de la quiebra. Sé que hacerlo así resultaría muy complejo y difícil y, por tanto, muy laborioso, pero los convenios se ajustarían entonces a la realidad y facilitarían que todo el que tenga una idea productiva pueda ponerla en marcha sin arriesgar su patrimonio y que todo el que quiera trabajar pudiera hacerlo, pues no faltarían iniciativas. ¿Podríamos acaso pensar en que, de hacer un convenio para regular el procedimiento sanitario en lo que tiene de curativo o de paliativo, se delimitaran las enfermedades y se prescribieran de antemano los tratamientos a seguir? Sería de locos, pues, cada ser humano es único y cada enfermedad exige un complejo procedimiento de análisis y estudios para emitir, primero, un diagnóstico seguro a fin de poder aplicarle, después, el tratamiento más conveniente, sea farmacológico o quirúrgico.
En otro orden de cosas, en todos los estamentos en los que el Estado interviene con dinero público, sea como gasto sea como subvención, a los implicados y beneficiados debería exigírseles una contraprestación proporcional mediante su trabajo. Por no citar más que dos colectivos, los parados mientras cobran prestaciones y los presos durante todo el tiempo que estén recluidos deberían contribuir trabajando para la sociedad en la medida de los gastos que su situación origina al Estado.
(Artículo de Ramón Hernández, publicado en "La Voz de Asturias" el 24 de noviembre de 2010)
CORPORATIVA Y NO DEMOCRÁTICA.
Los presidentes de los consejos sociales de las universidades públicas catalanas han elaborado una propuesta de cambio en el gobierno de las universidades. Esta propuesta no es ajena al ya largo conflicto entre Joaquín Coello, presidente del consejo social de la Universitat de Barcelona, y Dídac Ramírez, su rector. En los últimos días, este conflicto se ha agudizado: el claustro de dicha universidad ha resuelto pedir al Govern que destituya a Coello, el cual se ha tomado en serio su cargo y ha ejercido las competencias que le corresponden. En todo caso, tanto el conflicto como la propuesta han resultado oportunos ya que han puesto sobre el tapete un debate pendiente desde hace 30 años: ¿quién debe gobernar una universidad pública?
A finales del franquismo y en los inicios de la democracia se encontraron dos palabras mágicas, dos términos que nadie puede poner en duda, para contestar a esta pregunta: autonomía y democracia. La universidad debía ser autónoma y democrática. Y, en consecuencia, los cargos universitarios debían ser elegidos por los propios universitarios, entendiendo por tales todos aquellos que allí estudiaban y trabajaban, es decir, profesores, estudiantes y personal administrativo. A este heterogéneo conjunto humano, con intereses y perfiles profesionales tan dispares, se le ha denominado con otro nombre por encima de toda sospecha: “comunidad universitaria”. El claustro, presidido por el rector, es el órgano de máximo nivel jerárquico, representativo de esta tan curiosa como irreal comunidad. En realidad, en nombre de la autonomía y de la democracia, el sistema de gobierno universitario es la perversión de ambos conceptos. Veamos.
La autonomía universitaria no es política –como, por ejemplo, la de las comunidades autónomas–, sino funcional. Las competencias de autogobierno que la universidad tiene en virtud de su autonomía están sólo justificadas con el fin de garantizar la libertad académica, es decir, la libertad de enseñanza y de investigación, derechos fundamentales reconocidos en los artículos 20 y 27 de la Constitución. En consecuencia, la universidad es autónoma de forma limitada, sólo “en función” de la garantía de estas libertades. No es autónoma, por tanto, para tomar decisiones en todas las demás materias, aunque le afecten.
En eso último, las universidades están, o deberían estar, sometidas a los poderes públicos competentes –el Estado y las comunidades autónomas– por tres razones. Primera, porque estos poderes públicos representan al conjunto de la sociedad, la cual está interesada en tener buenos especialistas en los distintos saberes y profesiones y, por tanto, en que funcionen bien los centros en que estos se forman. Segunda, porque la universidad está financiada en un 80% con fondos públicos, es decir, con el dinero de todos los contribuyentes, el cual debe ser administrado por el Estado y las comunidades autónomas, a cuyas autoridades los ciudadanos pueden exigirles responsabilidad mediante los distintosmecanismos políticos de control, control que no es posible exigir a las autoridades universitarias, sólo responsables ante la “comunidad universitaria”.
Tercera, porque las materias que son de interés general deben estar dirigidas por los representantes de este interés general, por los poderes públicos cuya legitimidad proviene de los ciudadanos. Si no fuera así, algo que es de naturaleza pública estaría gobernado por representantes de intereses particulares que, lógicamente, atenderían a estos sin tener en cuenta los generales. No sería, pues, una democracia, sino un sistema corporativo. La llamada democracia universitaria es, pues, un sistema de gobierno corporativo, muy distinto de un sistema democrático y exactamente una de sus más frecuentes perversiones.
Por último, hay una cuarta razón, de naturaleza práctica. Dejar la gestión de la universidad a los profesores universitarios conduce a la ineficacia ya que, por lo general, no están preparados para este tipo de tareas y, en determinados casos, son especialmente ineptos para desempeñarlas. Yo mismo sería un ejemplo de esto último y en algunos momentos de mi vida universitaria he tenido que ocupar, contra mi voluntad pero en solidaridad con mis compañeros, algún cargo académico.
La semana pasada los periódicos informaban de que, a pesar de su grave deuda financiera, en las universidades catalanas se habían aprobado 80 nuevos másters, alcanzando una cifra global de 564 en las universidades públicas, 253 más que cuatro años atrás. Una cifra que todos consideran excesiva, resultado de las presiones del profesorado, a criterios de planificación racional. El mismo José Juan Moreso, rector de la Pompeu Fabra, ha hablado de que tan elevada cifra responde a los “intereses de los profesores”. Estamos, pues, malgastando talento y dinero, engañando a los estudiantes y a la sociedad, porque la universidad es corporativa y no democrática. Los términos de la propuesta de los presidentes de los consejos sociales no sé si son acertados. Pero poner en cuestión el sistema de gobierno universitario es una de las claves para mejorar las universidades públicas.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 23 de diciembre de 2010)
A finales del franquismo y en los inicios de la democracia se encontraron dos palabras mágicas, dos términos que nadie puede poner en duda, para contestar a esta pregunta: autonomía y democracia. La universidad debía ser autónoma y democrática. Y, en consecuencia, los cargos universitarios debían ser elegidos por los propios universitarios, entendiendo por tales todos aquellos que allí estudiaban y trabajaban, es decir, profesores, estudiantes y personal administrativo. A este heterogéneo conjunto humano, con intereses y perfiles profesionales tan dispares, se le ha denominado con otro nombre por encima de toda sospecha: “comunidad universitaria”. El claustro, presidido por el rector, es el órgano de máximo nivel jerárquico, representativo de esta tan curiosa como irreal comunidad. En realidad, en nombre de la autonomía y de la democracia, el sistema de gobierno universitario es la perversión de ambos conceptos. Veamos.
La autonomía universitaria no es política –como, por ejemplo, la de las comunidades autónomas–, sino funcional. Las competencias de autogobierno que la universidad tiene en virtud de su autonomía están sólo justificadas con el fin de garantizar la libertad académica, es decir, la libertad de enseñanza y de investigación, derechos fundamentales reconocidos en los artículos 20 y 27 de la Constitución. En consecuencia, la universidad es autónoma de forma limitada, sólo “en función” de la garantía de estas libertades. No es autónoma, por tanto, para tomar decisiones en todas las demás materias, aunque le afecten.
En eso último, las universidades están, o deberían estar, sometidas a los poderes públicos competentes –el Estado y las comunidades autónomas– por tres razones. Primera, porque estos poderes públicos representan al conjunto de la sociedad, la cual está interesada en tener buenos especialistas en los distintos saberes y profesiones y, por tanto, en que funcionen bien los centros en que estos se forman. Segunda, porque la universidad está financiada en un 80% con fondos públicos, es decir, con el dinero de todos los contribuyentes, el cual debe ser administrado por el Estado y las comunidades autónomas, a cuyas autoridades los ciudadanos pueden exigirles responsabilidad mediante los distintosmecanismos políticos de control, control que no es posible exigir a las autoridades universitarias, sólo responsables ante la “comunidad universitaria”.
Tercera, porque las materias que son de interés general deben estar dirigidas por los representantes de este interés general, por los poderes públicos cuya legitimidad proviene de los ciudadanos. Si no fuera así, algo que es de naturaleza pública estaría gobernado por representantes de intereses particulares que, lógicamente, atenderían a estos sin tener en cuenta los generales. No sería, pues, una democracia, sino un sistema corporativo. La llamada democracia universitaria es, pues, un sistema de gobierno corporativo, muy distinto de un sistema democrático y exactamente una de sus más frecuentes perversiones.
Por último, hay una cuarta razón, de naturaleza práctica. Dejar la gestión de la universidad a los profesores universitarios conduce a la ineficacia ya que, por lo general, no están preparados para este tipo de tareas y, en determinados casos, son especialmente ineptos para desempeñarlas. Yo mismo sería un ejemplo de esto último y en algunos momentos de mi vida universitaria he tenido que ocupar, contra mi voluntad pero en solidaridad con mis compañeros, algún cargo académico.
La semana pasada los periódicos informaban de que, a pesar de su grave deuda financiera, en las universidades catalanas se habían aprobado 80 nuevos másters, alcanzando una cifra global de 564 en las universidades públicas, 253 más que cuatro años atrás. Una cifra que todos consideran excesiva, resultado de las presiones del profesorado, a criterios de planificación racional. El mismo José Juan Moreso, rector de la Pompeu Fabra, ha hablado de que tan elevada cifra responde a los “intereses de los profesores”. Estamos, pues, malgastando talento y dinero, engañando a los estudiantes y a la sociedad, porque la universidad es corporativa y no democrática. Los términos de la propuesta de los presidentes de los consejos sociales no sé si son acertados. Pero poner en cuestión el sistema de gobierno universitario es una de las claves para mejorar las universidades públicas.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 23 de diciembre de 2010)
LOS NÚMEROS DE LAS AUTONOMÍAS.
La vicepresidenta Elena Salgado presentó los datos económicos de las comunidades autónomas. Y no están mal. Por lo menos, no están tan mal como supone la agencia Moody's, dispuesta a rebajar otra vez la calificación de España, precisamente por el déficit de las autonomías. Solo dos regiones, Murcia y Castilla-La Mancha, no se pueden endeudar más. Galicia está en una posición más que razonable. Y las comunidades que los independentistas llaman «Països cataláns» (Cataluña, Valencia e Islas Baleares) están casi en el límite.
Pero creo, al mismo tiempo, que la señora Salgado cree que con esas bondadosas cuentas se cierra la polémica sobre el gasto autonómico. No, ministra; no se cierra. Una cosa es la contabilidad, y otra la sensación, seguramente injusta, de que el sistema autonómico resulta caro para un país como España. «Insostenible», se empieza a leer en bastantes columnas de diarios y declaraciones. Es un debate que está en la sociedad, que suscita muchos estudios de viabilidad del sistema y que mueve cantidad de demagogia. En un asunto tan delicado, de peligrosa demagogia.
Me parece, por tanto, que hay que distinguir tres ámbitos de la misma realidad: el contable, el sospechado por el ciudadano y el escenario de posibles recortes. Sobre la realidad contable, no hay nada que decir: es la presentada ayer, y no urgen correcciones. La realidad sospechada en fruto de campañas de origen jacobino que pretenden presentar a las autonomías como un lugar de ostentación, de falta de control y de gastos innecesarios. Se critica, por ejemplo, que haya 17 defensores del pueblo, demasiadas consejerías con todo su aparato y excesivo boato de poder. Es escandaloso el número de televisiones, incluso en regiones uniprovinciales y sin idioma propio. Y se entiende que hay demasiados organismos públicos en todas. En todas esas críticas hay un fondo de razón y son las que justifican que se hable de dispendio.
Pero no nos confundamos a la hora de plantear ahorros colectivos. El grave problema de fondo no es solo ese. El grave problema es que se duplican y se triplican las Administraciones. No hay dispendio en los servicios que prestan las comunidades, a las que corresponde atender al ciudadano en materias como la Sanidad o la Educación. Ahí no se puede recortar un euro más. El dispendio está en el reparto de poder, con una Administración central que no prescinde de sus tentáculos y unas Administraciones autonómicas que inundan ámbitos que corresponden a las provincias y a los municipios. Conviene tenerlo claro, porque hay mucha opinión publicada que aprovecha los miedos impuestos por Moody's para hacer valer su tentación centralista. Y esa opinión está básicamente en Madrid.
(Artículo de Fernando Ónega, publicado en "La Voz de Galicia" el 21 de diciembre de 2010)
Pero creo, al mismo tiempo, que la señora Salgado cree que con esas bondadosas cuentas se cierra la polémica sobre el gasto autonómico. No, ministra; no se cierra. Una cosa es la contabilidad, y otra la sensación, seguramente injusta, de que el sistema autonómico resulta caro para un país como España. «Insostenible», se empieza a leer en bastantes columnas de diarios y declaraciones. Es un debate que está en la sociedad, que suscita muchos estudios de viabilidad del sistema y que mueve cantidad de demagogia. En un asunto tan delicado, de peligrosa demagogia.
Me parece, por tanto, que hay que distinguir tres ámbitos de la misma realidad: el contable, el sospechado por el ciudadano y el escenario de posibles recortes. Sobre la realidad contable, no hay nada que decir: es la presentada ayer, y no urgen correcciones. La realidad sospechada en fruto de campañas de origen jacobino que pretenden presentar a las autonomías como un lugar de ostentación, de falta de control y de gastos innecesarios. Se critica, por ejemplo, que haya 17 defensores del pueblo, demasiadas consejerías con todo su aparato y excesivo boato de poder. Es escandaloso el número de televisiones, incluso en regiones uniprovinciales y sin idioma propio. Y se entiende que hay demasiados organismos públicos en todas. En todas esas críticas hay un fondo de razón y son las que justifican que se hable de dispendio.
Pero no nos confundamos a la hora de plantear ahorros colectivos. El grave problema de fondo no es solo ese. El grave problema es que se duplican y se triplican las Administraciones. No hay dispendio en los servicios que prestan las comunidades, a las que corresponde atender al ciudadano en materias como la Sanidad o la Educación. Ahí no se puede recortar un euro más. El dispendio está en el reparto de poder, con una Administración central que no prescinde de sus tentáculos y unas Administraciones autonómicas que inundan ámbitos que corresponden a las provincias y a los municipios. Conviene tenerlo claro, porque hay mucha opinión publicada que aprovecha los miedos impuestos por Moody's para hacer valer su tentación centralista. Y esa opinión está básicamente en Madrid.
(Artículo de Fernando Ónega, publicado en "La Voz de Galicia" el 21 de diciembre de 2010)
LA ECONOMÍA SUMERGIDA, UNA LACRA INSOPORTABLE.
El veinte por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español, 205.000 millones de euros, escapa al control del fisco porque se mueve en dinero negro en la llamada economía sumergida. No hay país occidental desarrollado en el que el fraude adquiera una proporción semejante. La cantidad es escandalosa. Piénsese que España recaudó el año pasado, sumando el importe de todos los tributos devengados, el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades y los gravámenes especiales al alcohol y al tabaco, 150.160 millones de euros. El cierre de este ejercicio, con certeza, aún presentará peor balance. En tiempo de crisis, además de luchar contra el déficit, la deuda, el paro y el estancamiento también hay que mentalizar al contribuyente.
Si la economía española ya tenía serias dificultades para mantenerse a flote, la interminable recesión ha acabado por sumergirla del todo, en el sentido literal y metafórico del término: porque no es capaz de levantar cabeza y porque ha multiplicado la actividad "en negro" hasta extremos insospechados. En la albañilería, en las reparaciones del automóvil, en el hogar, proliferan los chollistas como nunca. Y también los defraudadores. ¿A quién en los últimos meses no le han ofrecido pagar una factura sin IVA o con menos del que a la operación corresponde?
Cuando en enero el entonces ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, afirmó que la "caja b" nacional mueve una cantidad entre el 16% y el 20% del PIB oficial, hasta un hombre tan discreto como José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, discrepó: "es excesivamente osado". Los estudios posteriores de distintos gabinetes, españoles y extranjeros, el último esta semana, no sólo dan la razón a Corbacho sino que sitúan el monto del fraude en el umbral máximo de la franja.
Tratándose de actuaciones de naturaleza ilícita es complicado establecer con certeza su cuantía. Pero los indicios alarman. Hay un millón de trabajadores que aseguran estar ocupados, según la Encuesta de Población Activa, y no aparecen registrados en la Seguridad Social. La acentuada caída en la recaudación de impuestos, hasta del 30%, no guarda proporción con la merma de la actividad o del consumo. Cada vez más trabajadores precarios aceptan mantener su puesto aunque el empleador no cotice por ellos, especialmente entre el colectivo inmigrante, uno de los más castigados por el paro y cuyos integrantes no retornan porque siguen flotando en ese limbo. España es el país europeo en donde más billetes de 500 euros circulan. Pocos los ven, pero suponen el 70% del dinero que se mueve en efectivo, otra pista irrefutable de conductas opacas.
A ver quién explica el sorprendente reparto de nutrientes del tesoro público sin recurrir a una gigantesca y arraigada bolsa de fraude. Nadie en sus cabales se puede creer que empresarios, autónomos y profesionales liberales tributen a Hacienda por unos ingresos de 873 euros de media al mes cuando trabajadores y jubilados declaran un sueldo de 1.600 euros. Los asalariados, que no tienen escapatoria, y unas pocas sociedades, las mayores, aportan el 70% de los recursos al Estado. Eso ocurre hoy, aquí.
Los técnicos de Hacienda consideran factible, con una estrategia adecuada, aflorar 90.000 millones de euros "negros" y recaudar, vía impuestos, otros 21.000 millones. Sólo eso bastaría para eludir con holgura la bajada de salario a los funcionarios, la congelación de pensiones, la supresión del cheque-bebé y el recorte de inversiones en Fomento, las medidas más impopulares del ajuste. Ahora la economía sumergida va a ser sometida estrictamente a persecución policial: una unidad especial, dependiente del todopoderoso Rubalcaba, colocará a agentes del orden junto a los inspectores laborales y fiscales.
En esta batalla casi más importante que la coacción es la concienciación. Tan fructífera como la persecución resulta la pedagogía. Cada vez que este asunto se aborda en España choca con una barrera cultural. Existe aversión a rendir cuentas al fisco. El país del Lazarillo admira al escamoteador y toma al cumplidor por pardillo. Dictan los sondeos que cada vez más contribuyentes justifican el fraude, especialmente en periodos de recesión. La proliferación de políticos manirrotos no cuela como excusa del desapego y del desentendimiento.
Cualquier sociedad moderna debe asumir lo imprescindible de una fiscalidad justa y soportable. No se trata de pagar más, sino de pagar todos, con un sistema sencillo pero universal. A más cotizantes, menos esfuerzo de cada uno. Como las crisis sirven para reinventarse, hay que romper viejos atavismos educando a la ciudadanía en la importancia y necesidad de pagar impuestos. Los países que siguieron a Lutero y a Calvino llevan la delantera. El protestantismo infundió ascetismo, trabajo y ahorro como vías para llegar a Dios. Lo advirtió Max Weber en sus ensayos sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo: esas reformas religiosas enseñaron que no hay que luchar contra el lucro racional sino contra el uso irracional de la riqueza; no hay que gastar inútilmente, sino invertir en fines productivos.
Cuando el general Marshall, secretario de estado de EE. UU., ofreció a Alemania subvenciones con las que alimentar, vestir y calzar a un país arrasado tras la guerra, el presidente Adenauer le replicó categórico: "para eso no me mande un céntimo. Para industrias, carreteras y centrales eléctricas, lo que quiera". Un poco de esta claridad y determinación necesita importar España, un poco de ese calvinismo social que coloca la honradez como valor supremo, para sobreponerse a tanto desconcierto.
(Editorial de "Diario de Mallorca", publicado el 19 de diciembre de 2010)
Si la economía española ya tenía serias dificultades para mantenerse a flote, la interminable recesión ha acabado por sumergirla del todo, en el sentido literal y metafórico del término: porque no es capaz de levantar cabeza y porque ha multiplicado la actividad "en negro" hasta extremos insospechados. En la albañilería, en las reparaciones del automóvil, en el hogar, proliferan los chollistas como nunca. Y también los defraudadores. ¿A quién en los últimos meses no le han ofrecido pagar una factura sin IVA o con menos del que a la operación corresponde?
Cuando en enero el entonces ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, afirmó que la "caja b" nacional mueve una cantidad entre el 16% y el 20% del PIB oficial, hasta un hombre tan discreto como José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, discrepó: "es excesivamente osado". Los estudios posteriores de distintos gabinetes, españoles y extranjeros, el último esta semana, no sólo dan la razón a Corbacho sino que sitúan el monto del fraude en el umbral máximo de la franja.
Tratándose de actuaciones de naturaleza ilícita es complicado establecer con certeza su cuantía. Pero los indicios alarman. Hay un millón de trabajadores que aseguran estar ocupados, según la Encuesta de Población Activa, y no aparecen registrados en la Seguridad Social. La acentuada caída en la recaudación de impuestos, hasta del 30%, no guarda proporción con la merma de la actividad o del consumo. Cada vez más trabajadores precarios aceptan mantener su puesto aunque el empleador no cotice por ellos, especialmente entre el colectivo inmigrante, uno de los más castigados por el paro y cuyos integrantes no retornan porque siguen flotando en ese limbo. España es el país europeo en donde más billetes de 500 euros circulan. Pocos los ven, pero suponen el 70% del dinero que se mueve en efectivo, otra pista irrefutable de conductas opacas.
A ver quién explica el sorprendente reparto de nutrientes del tesoro público sin recurrir a una gigantesca y arraigada bolsa de fraude. Nadie en sus cabales se puede creer que empresarios, autónomos y profesionales liberales tributen a Hacienda por unos ingresos de 873 euros de media al mes cuando trabajadores y jubilados declaran un sueldo de 1.600 euros. Los asalariados, que no tienen escapatoria, y unas pocas sociedades, las mayores, aportan el 70% de los recursos al Estado. Eso ocurre hoy, aquí.
Los técnicos de Hacienda consideran factible, con una estrategia adecuada, aflorar 90.000 millones de euros "negros" y recaudar, vía impuestos, otros 21.000 millones. Sólo eso bastaría para eludir con holgura la bajada de salario a los funcionarios, la congelación de pensiones, la supresión del cheque-bebé y el recorte de inversiones en Fomento, las medidas más impopulares del ajuste. Ahora la economía sumergida va a ser sometida estrictamente a persecución policial: una unidad especial, dependiente del todopoderoso Rubalcaba, colocará a agentes del orden junto a los inspectores laborales y fiscales.
En esta batalla casi más importante que la coacción es la concienciación. Tan fructífera como la persecución resulta la pedagogía. Cada vez que este asunto se aborda en España choca con una barrera cultural. Existe aversión a rendir cuentas al fisco. El país del Lazarillo admira al escamoteador y toma al cumplidor por pardillo. Dictan los sondeos que cada vez más contribuyentes justifican el fraude, especialmente en periodos de recesión. La proliferación de políticos manirrotos no cuela como excusa del desapego y del desentendimiento.
Cualquier sociedad moderna debe asumir lo imprescindible de una fiscalidad justa y soportable. No se trata de pagar más, sino de pagar todos, con un sistema sencillo pero universal. A más cotizantes, menos esfuerzo de cada uno. Como las crisis sirven para reinventarse, hay que romper viejos atavismos educando a la ciudadanía en la importancia y necesidad de pagar impuestos. Los países que siguieron a Lutero y a Calvino llevan la delantera. El protestantismo infundió ascetismo, trabajo y ahorro como vías para llegar a Dios. Lo advirtió Max Weber en sus ensayos sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo: esas reformas religiosas enseñaron que no hay que luchar contra el lucro racional sino contra el uso irracional de la riqueza; no hay que gastar inútilmente, sino invertir en fines productivos.
Cuando el general Marshall, secretario de estado de EE. UU., ofreció a Alemania subvenciones con las que alimentar, vestir y calzar a un país arrasado tras la guerra, el presidente Adenauer le replicó categórico: "para eso no me mande un céntimo. Para industrias, carreteras y centrales eléctricas, lo que quiera". Un poco de esta claridad y determinación necesita importar España, un poco de ese calvinismo social que coloca la honradez como valor supremo, para sobreponerse a tanto desconcierto.
(Editorial de "Diario de Mallorca", publicado el 19 de diciembre de 2010)
LA CLASE POLÍTICA.
Muchos españoles se cuestionan hoy si se puede creer en los políticos. A pesar de los motivos que los obligan a ello, comparto enteramente la idea general de que la política es, en sí misma, la ocupación más noble que le puede tocar en suerte a un ser humano, pues no cabe nobleza mayor que la de dedicarse al servicio de sus semejantes.
Dicho lo anterior sin ambages ni circunloquios, no me queda más remedio que reconocer que, debido a las muchas posibilidades para el medro personal o económico que ofrece a quien se entrega a ella, la política se convierte en un imán para oportunistas y arribistas con las miras puestas exclusivamente en sí mismos. Su objetivo no es la nobleza de servir eficazmente al ciudadano sino la ruindad de explotarlo sirviéndose de él. Bajo esta perspectiva, la política se muestra como un lodazal, un albañal atiborrado de suciedad, cuya mierda alimenta una pingüe rentabilidad que se asienta sobre una aguda miseria moral. Se cumple aquí a la perfección lo de corruptio optimi, pessima , o sea, que lo óptimo corrompido degenera en náusea.
¿Por qué tantos españoles con un cierto grado de conciencia crítica recelan de sus políticos? A poco que uno se adentre en el mundo de la política, sea por mera curiosidad o por estar algo informado de lo que ocurre, se topa con que en él anida un buen ramillete de incongruencias. Se vote por unos o por otros, lo cierto es que quien vota no delega en sus representantes el poder que como a ciudadano le corresponde para que ellos se peleen entre sí todo el tiempo, como si estuvieran en una odiosa campaña electoral permanente. El ciudadano no vota a los políticos para que, cultivando su ingenio y afilando su ironía, pronuncien hirientes frases que se claven como dardos en la piel de sus oponentes, sino para que, como gobierno o como oposición, contribuyan, cada uno con su papel, a la mejor y más adecuada gobernación de la nación, de la autonomía o del municipio. No hay por qué esperar de los políticos que sean grandes genios literarios ni brillantes oradores, sino buenos y austeros administradores de la cosa pública.
Lamentablemente, es un dolor contemplar la clase política española actual, enzarzada en mil peleas intestinas, emperrada en demostrar que sus oponentes son peores que ellos, mientras se suceden por doquier las corruptelas, los latrocinios y el desvío de fondos públicos.
Habida cuenta de lo que está ocurriendo, no es de extrañar que muchos españoles piensen que los políticos, en vez de ser la solución de los muchos problemas que arrostran, económicos u otros, son parte de un problema que se agiganta cada día por su indolencia y su desorientación. A tan triste constatación viene a sumarse una escandalosa corrupción generalizada que, además de mermar los fondos públicos, descorazona y hastía a los ciudadanos normales.
Pero, por mucho que nos pese, la solución de la aguda crisis que padecemos ha de venir forzosamente de los políticos que tenemos. Si fuera de otro modo, lo lamentaríamos seriamente porque, en tal supuesto, siempre sería peor el remedio que la enfermedad. A fuerza de mover el voto en las elecciones o de optar por el voto en blanco o por la abstención, como única forma de mostrar el desencanto o de manifestar el profundo malestar que la política les produce, los ciudadanos no debemos desesperar de ir logrando, aunque sea poco a poco, un cambio radical de la actitud de nuestros políticos a fin de que sean realmente parte de la solución que necesitamos y no del problema que padecemos, único cometido para el que son elegidos. Para lograrlo es de todo punto necesario que los políticos renuncien a la mentalidad de dominio y a la pleitesía que exigen los poderosos, a fin de centrarse y fajarse en el servicio al pueblo.
La conciencia profesional de servidores del pueblo les exige prepararse a fondo para las tareas a que se comprometen y acomodarse ejemplarmente a las situaciones que atraviesen los ciudadanos. Así, si un hombre de conciencia se decanta por la política y llega a ejercer responsabilidades en la marcha general de la nación, seguro que no puede dormir a gusto por las noches y puede que hasta no se atreva a cenar sabiendo que muchos de los innumerables parados que hay en España tampoco podrán hacerlo. En las circunstancias en que vivimos no me cabe en la cabeza que un político de conciencia pueda llevarse a su casa, pongamos por caso, más de diez mil euros cada mes, ocupar las suites más lujosas de los hoteles, atiborrarse de manjares y degustar los mejores vinos en los restaurantes de moda a cuenta de un erario público que, a fuerza de ser sistemáticamente esquilmado, no da ni siquiera para quitarles el hambre a muchos españoles desesperados.
Los políticos españoles tienen, pues, un serio problema de credibilidad. Sus inquietudes y zozobras del momento no les vienen de que les falte dinero para vivir y comportarse como auténticos ricachones, prebendas que parece que van incluidas en sus salarios, sino de que los españoles confían cada vez menos en ellos a causa precisamente de esos mismos comportamientos y de sus trifulcas permanentes. Ahora bien, sabemos que la confianza de los ciudadanos en sus políticos no es ilimitada, sobre todo cuando el estómago les duele de hambre y el horizonte vital se les nubla hasta ennegrecerse.
Es una gran desgracia para los ciudadanos españoles que sus políticos se hayan constituido en casta y se hayan blindado con privilegios de escándalo, máxime en la situación de necesidad que padecen. Cualquier medida de ahorro que pongan en marcha para recabar el apoyo popular ha de comenzar por una reducción drástica de sus propios emolumentos y un recorte a degüello de sus gastos de representación.
Sería injusto si no dejara aquí constancia de que hay muchos políticos que saben muy bien lo que se traen entre manos, políticos profesionales, trabajadores e incluso austeros. Son ellos, sin duda, los que, con la fuerza de la levadura que debe ser su conducta, tienen que transformar la masa informe de los compañeros que los rodean y ponerlos al orden. Ellos son la esperanza que nos queda a los españoles de a pie para salir de la aguda crisis presente por la única puerta que cabe hacerlo con dignidad y acierto.
(Artículo de Ramón Hernández, publicado en "La Voz de Asturias" el 17 de diciembre de 2010)
WHERE HAVE ALL THE FLOWERS GONE?
El azar, habitualmente disonante, ha querido que el hundimiento electoral socialista coincidiera con la aparición de un libro excepcional escrito por Isidre Molas, presidente del PSC. El meu temps de presó (1962-1963), publicado por Edicions 62. No tema el lector: no se trata del típico libro elegíaco que evoca con nostalgia las hazañas del autor exigiendo aplauso o reparación. No se trata tampoco de una reivindicación del antifranquismo de la izquierda no comunista. Ni de un testamentario libro de un abuelo explicando a los nietos sus aventuras en los años de plomo. No, el libro de Isidre Molas no tiene pretensión hagiográfica, propagandística o militante.
Si este libro puede calificarse de grande es debido, en primer lugar, al talento expresivo de su autor, pero muy especialmente a su altura de miras. A su incapacidad para el panfleto ideológico, el autobombo personal o la historia autocomplaciente. Partiendo de su experiencia personal como preso político, Molas reflexiona con extraordinaria honradez intelectual, con irónica distancia narrativa y con envidiable pluma literaria, sobre nuestro pasado reciente: sobre el franquismo y el antifranquismo. Sin temor a la exageración, puede afirmarse que Molas escribe a la manera de Montaigne. Encerrado en su caserío del Périgord, Michel de Montaigne, partiendo de su vida, articula una visión no académica ni orgánica, pero completísima de la naturaleza humana. Pues bien: todo lo que cuenta Isidre Molas guarda relación con su experiencia en aquel año de joven izquierdista detenido, encarcelado y juzgado por el régimen del general Franco, pero va mucho más allá de su persona y de sus circunstancias: su mirada, siendo con frecuencia íntima, incluso lírica, personalísima, se convierte en una interesante aproximación a algunos temas característicos de la condición humana.
Apuntemos algunos de estos temas. El compromiso del individuo con la sociedad (no ajeno, por cierto, a la trivialidad de un año en el que Molas estudió menos de lo conveniente). La dureza y las dudas que suscita el compromiso (visibles en la derivada familiar de la detención; o en la consciencia de que su sufrimiento es relativo en comparación con la miseria de los que sufren la crisis). La vivencia kafkiana del individuo confrontado a un insondable castillo (el momento de la detención, las celdas de castigo, los interrogatorios de los siniestros hermanos Creix). Las contradicciones y claroscuros del compromiso político (visibles en las frecuentes rupturas internas de unos grupos políticos que conformaron la prehistoria de izquierda no comunista, catalana y española: FOC, FLP, NEU, ADF, MSC; con sus ramificaciones católicas: HOAC, Mounier). El fanatismo ideológico (visible la absoluta incapacidad de empatía que manifestaban los presos etarras). El envilecimiento moral de los servidores de la tiranía y el embrutecimiento consiguiente de la vida pública de aquellos años.
Sirvan estos hilos temáticos, espigados entre los que el libro propone, para dar cuenta de la sutilidad de las miradas de Molas. Miradas en forma de gaudiniano trencadís. En el libro está, por un lado, la mirada del riguroso politólogo describiendo los hilos ideológicos y orgánicos de la izquierda no comunista. La del documentado historiador que explica la vida doméstica en las cárceles franquistas (Modelo, Carabanchel y Soria) o reporta objetivamente los discursos y actitudes de los diversos grupos de presos políticos. La mirada del narrador literario que explica con precisión y amenidad anécdotas de cárcel (la radio oculta en una lata de sardinas, un festín de arenques, el regalo de una nevada o de un claro de luna, la vivencia soñolienta del consejo de guerra recién salido de la celda de castigo). La mirada del retratista que, al estilo de Pla, describe a sus compañeros de cárcel (sensacionales los de José I. Urenda y Damià Escuder).
Suya es también la mirada del poeta influido por Salvat-Papasseit. Y la mirada del hijo y el hermano. Y la del socialista que considera imprescindible el combate por la igualdad, pero que desde el primer día supo que socialismo es libertad. Y la del catalanista que funda su compromiso en la cultura. Y la del moralista que reflexiona sobre el sentido de lo que hizo, que no consigue odiar, que no puede olvidar la cicatriz, y que se extraña ante la incapacidad de los franquistas y de sus descendientes para pedir perdón.
Leí este libro justo antes de la hecatombe del PSC. ¿Aquel enorme esfuerzo humano, aquel formidable bagaje cultural, ha sido hoy reducido a cenizas? ¿La historia, indiferente y glacial, abandona ahora el bagaje socialista como años atrás el comunista? ¿O son errores humanos, reparables, los que han llevado aquella bella historia hasta el puerto del abandono?
(Artículo de Antonio Puigverd, publicado en "La Vanguardia" el 13 de diciembre de 2010)
Si este libro puede calificarse de grande es debido, en primer lugar, al talento expresivo de su autor, pero muy especialmente a su altura de miras. A su incapacidad para el panfleto ideológico, el autobombo personal o la historia autocomplaciente. Partiendo de su experiencia personal como preso político, Molas reflexiona con extraordinaria honradez intelectual, con irónica distancia narrativa y con envidiable pluma literaria, sobre nuestro pasado reciente: sobre el franquismo y el antifranquismo. Sin temor a la exageración, puede afirmarse que Molas escribe a la manera de Montaigne. Encerrado en su caserío del Périgord, Michel de Montaigne, partiendo de su vida, articula una visión no académica ni orgánica, pero completísima de la naturaleza humana. Pues bien: todo lo que cuenta Isidre Molas guarda relación con su experiencia en aquel año de joven izquierdista detenido, encarcelado y juzgado por el régimen del general Franco, pero va mucho más allá de su persona y de sus circunstancias: su mirada, siendo con frecuencia íntima, incluso lírica, personalísima, se convierte en una interesante aproximación a algunos temas característicos de la condición humana.
Apuntemos algunos de estos temas. El compromiso del individuo con la sociedad (no ajeno, por cierto, a la trivialidad de un año en el que Molas estudió menos de lo conveniente). La dureza y las dudas que suscita el compromiso (visibles en la derivada familiar de la detención; o en la consciencia de que su sufrimiento es relativo en comparación con la miseria de los que sufren la crisis). La vivencia kafkiana del individuo confrontado a un insondable castillo (el momento de la detención, las celdas de castigo, los interrogatorios de los siniestros hermanos Creix). Las contradicciones y claroscuros del compromiso político (visibles en las frecuentes rupturas internas de unos grupos políticos que conformaron la prehistoria de izquierda no comunista, catalana y española: FOC, FLP, NEU, ADF, MSC; con sus ramificaciones católicas: HOAC, Mounier). El fanatismo ideológico (visible la absoluta incapacidad de empatía que manifestaban los presos etarras). El envilecimiento moral de los servidores de la tiranía y el embrutecimiento consiguiente de la vida pública de aquellos años.
Sirvan estos hilos temáticos, espigados entre los que el libro propone, para dar cuenta de la sutilidad de las miradas de Molas. Miradas en forma de gaudiniano trencadís. En el libro está, por un lado, la mirada del riguroso politólogo describiendo los hilos ideológicos y orgánicos de la izquierda no comunista. La del documentado historiador que explica la vida doméstica en las cárceles franquistas (Modelo, Carabanchel y Soria) o reporta objetivamente los discursos y actitudes de los diversos grupos de presos políticos. La mirada del narrador literario que explica con precisión y amenidad anécdotas de cárcel (la radio oculta en una lata de sardinas, un festín de arenques, el regalo de una nevada o de un claro de luna, la vivencia soñolienta del consejo de guerra recién salido de la celda de castigo). La mirada del retratista que, al estilo de Pla, describe a sus compañeros de cárcel (sensacionales los de José I. Urenda y Damià Escuder).
Suya es también la mirada del poeta influido por Salvat-Papasseit. Y la mirada del hijo y el hermano. Y la del socialista que considera imprescindible el combate por la igualdad, pero que desde el primer día supo que socialismo es libertad. Y la del catalanista que funda su compromiso en la cultura. Y la del moralista que reflexiona sobre el sentido de lo que hizo, que no consigue odiar, que no puede olvidar la cicatriz, y que se extraña ante la incapacidad de los franquistas y de sus descendientes para pedir perdón.
Leí este libro justo antes de la hecatombe del PSC. ¿Aquel enorme esfuerzo humano, aquel formidable bagaje cultural, ha sido hoy reducido a cenizas? ¿La historia, indiferente y glacial, abandona ahora el bagaje socialista como años atrás el comunista? ¿O son errores humanos, reparables, los que han llevado aquella bella historia hasta el puerto del abandono?
(Artículo de Antonio Puigverd, publicado en "La Vanguardia" el 13 de diciembre de 2010)
REPENSAR EL ESTADO AUTONÓMICO, RECONSTRUIR EL SISTEMA EDUCATIVO.
En la crisis empezamos por ver la paja en el ojo ajeno y no advertimos la viga en el propio. El primer impulso ante la tormenta fue aquella pomposa alianza para refundar el capitalismo de la que ya nadie se acuerda. Pero muchos de los males están cada vez más cerca. Antes de objetivos tan etéreos e inconcretos hay que limpiar la casa propia. Lo que la recesión enseña es que necesitamos gastar menos, invertir de otra manera y producir más y de forma más competitiva para seguir manteniendo el mismo estado de cosas. No hacen falta respuestas alocadas e inmediatas a cada situación de tensión o de dificultad extrema sino un plan de cambios más profundos que propicien un crecimiento sano y sostenido. Repensar las autonomías o reconstruir la educación, por ejemplo, es una urgencia.
La explicación más clara y apabullante de la crisis la ofreció recientemente el economista y profesor en Pensilvania Jesús Fernández-Villaverde. La administración y los ciudadanos necesitan en 2011 para funcionar 50.000 millones de euros por encima de lo que van a producir. Es decir, precisan que alguien les preste 570.000 euros cada cinco minutos a lo largo de todo el año sin poseer bienes con que respaldarlos. La enfermedad hasta resultaría llevadera de no ser porque España ya debe otros 915.000 millones netos (una vez restada a la deuda total el valor de los activos españoles) de créditos anteriores.
¿Usted confiaría en una familia en situación semejante? Depende de sus integrantes. De si son laboriosos o improductivos, austeros o derrochadores. De si tienen ganas de esforzarse o sólo de llorar al pariente millonario. En cualquier caso, alguien así de asfixiado debe obtener muchos ingresos, crecer económicamente, para sostener tan ingente losa. Pues eso le pasa a España.
Los ciudadanos merecen franqueza. La situación es límite. Los que conocen las interioridades de la banca o del Tesoro público lo atestiguan. Hasta reputados socialistas empiezan a sincerarse en sus críticas a la política inconsistente del Gobierno del que formaron parte. Jordi Sevilla, ex ministro de Zapatero, escribió estos días: "El problema sigue estando en la gran distancia existente entre la magnitud de las transformaciones necesarias y la escasa ambición reformista de un Gobierno cuyo diseño de país competitivo cuesta entrever entre tanta medida burocrática". Y José Bono, presidente del Congreso y también exministro de Zapatero, va de frente: "Un país no puede vivir por encima de sus posibilidades. El sistema autonómico ha sido útil, pero deberíamos corregir servidumbres. Hemos reproducido miméticamente el estado en cada comunidad con duplicidades: 17 defensores del pueblo, 17 consejos económicos y sociales, 17 tribunales de cuentas, 17.000 televisiones...".
Excelentes principios y excelente momento para soltar, con audacia y valentía, pesadas e inútiles cargas que nos impiden ser competitivos y lastran el indispensable despegue económico. Desinstalemos el mundo irreal en el que estuvimos nadando. Las autonomías son un preciado bien, un acierto irreversible, pero sin responsabilidad ni límites han degenerado como un hijo consentido. Es irracional que existan 17 sanidades con un gasto que casi se ha multiplicado por 17. Es ilógico tener 17 mercados, con leyes dispares y no precisamente decorativas: inciden en la eficiencia y los costes de las empresas en cada territorio.
El País Vasco y Cataluña gozan de una financiación privilegiada, muchísimo mejor que la de otras comunidades. Las autonomías gastan más que nadie, son más opacas que nadie y resultan insaciables en lo tocante a funcionarios. No rinden cuentas, juegan al escondite y a la trampa. Recortan euros a regañadientes y ni siquiera merecen fiabilidad cuando lo hacen.
La mediocridad acampa en la enseñanza. El reciente informe PISA, examen comparado de los alumnos de todo el mundo, evidencia que España hace poco por alcanzar la excelencia. Encima, en la foto estatal Balears está en la cola. Dicen que tenemos el mejor sistema educativo de la historia, pero estamos lejos de la vanguardia: tenemos 33 países por delante. Aseguran que estas pruebas son un instrumento para la reforma de las políticas educativas, pero nada cambia desde que empezaron a divulgarse.
En la disposición a ayudar al estudiante con independencia de su procedencia familiar, la equidad, es en lo único que alcanzamos a los mejores. Lo cual, aunque insuficiente, está muy bien pero desnuda la única obsesión del sistema: acoger a todos por igual antes que catapultar a los más capaces. Una maravillosa lección nos brindan potencias asiáticas emergentes, como Corea del Sur, Singapur y China. Han transformado su educación y ahora copan los lugares de privilegio, desbancando a la mítica Finlandia. No es casual que sean también las economías que más avanzan, probando que un nexo directísimo une conocimiento con crecimiento.Los partidos sólo se ocupan de sus cálculos electorales. Que aparquen el sectarismo y, como en las grandes ocasiones, prevalezca la sensatez y el raciocinio. Lo lógico sería que intentaran un gran consenso que pudiera ser gestionado por ministros de cualquier color.
Ante una gotera es temerario pasmarse discutiendo quién la arregla, si el seguro o el vecino de al lado. Hay que taparla de inmediato o el techo se desploma. El desmadre autonómico, la educación, son dos gigantescas filtraciones –no las únicas, quizá las más graves– en nuestro tejado. Su reparación no depende de los ataques al euro ni de lo que haga Alemania. Frente a la Gran Recesión, un plan radical de choque. Nuestro, pactado y cuanto antes. No tenemos alternativa. Nos lo acaba de advertir con toda crudeza el Nobel Paul Krugman: España debería salir del euro y devaluar su moneda, pero como seguramente no lo va a hacer nos esperan años de caídas de precios y de salarios para intentar la recuperación. Hemos pasado de administrar el despilfarro a vernos obligados a administrar inteligentemente la escasez. Y eso nos exige ser muy selectivos. Es un mensaje duro, pero cualquier otro es sencillamente, mentira.
(Editorial de "Diario de Mallorca", publicado el 12 de diciembre de 2010)
La explicación más clara y apabullante de la crisis la ofreció recientemente el economista y profesor en Pensilvania Jesús Fernández-Villaverde. La administración y los ciudadanos necesitan en 2011 para funcionar 50.000 millones de euros por encima de lo que van a producir. Es decir, precisan que alguien les preste 570.000 euros cada cinco minutos a lo largo de todo el año sin poseer bienes con que respaldarlos. La enfermedad hasta resultaría llevadera de no ser porque España ya debe otros 915.000 millones netos (una vez restada a la deuda total el valor de los activos españoles) de créditos anteriores.
¿Usted confiaría en una familia en situación semejante? Depende de sus integrantes. De si son laboriosos o improductivos, austeros o derrochadores. De si tienen ganas de esforzarse o sólo de llorar al pariente millonario. En cualquier caso, alguien así de asfixiado debe obtener muchos ingresos, crecer económicamente, para sostener tan ingente losa. Pues eso le pasa a España.
Los ciudadanos merecen franqueza. La situación es límite. Los que conocen las interioridades de la banca o del Tesoro público lo atestiguan. Hasta reputados socialistas empiezan a sincerarse en sus críticas a la política inconsistente del Gobierno del que formaron parte. Jordi Sevilla, ex ministro de Zapatero, escribió estos días: "El problema sigue estando en la gran distancia existente entre la magnitud de las transformaciones necesarias y la escasa ambición reformista de un Gobierno cuyo diseño de país competitivo cuesta entrever entre tanta medida burocrática". Y José Bono, presidente del Congreso y también exministro de Zapatero, va de frente: "Un país no puede vivir por encima de sus posibilidades. El sistema autonómico ha sido útil, pero deberíamos corregir servidumbres. Hemos reproducido miméticamente el estado en cada comunidad con duplicidades: 17 defensores del pueblo, 17 consejos económicos y sociales, 17 tribunales de cuentas, 17.000 televisiones...".
Excelentes principios y excelente momento para soltar, con audacia y valentía, pesadas e inútiles cargas que nos impiden ser competitivos y lastran el indispensable despegue económico. Desinstalemos el mundo irreal en el que estuvimos nadando. Las autonomías son un preciado bien, un acierto irreversible, pero sin responsabilidad ni límites han degenerado como un hijo consentido. Es irracional que existan 17 sanidades con un gasto que casi se ha multiplicado por 17. Es ilógico tener 17 mercados, con leyes dispares y no precisamente decorativas: inciden en la eficiencia y los costes de las empresas en cada territorio.
El País Vasco y Cataluña gozan de una financiación privilegiada, muchísimo mejor que la de otras comunidades. Las autonomías gastan más que nadie, son más opacas que nadie y resultan insaciables en lo tocante a funcionarios. No rinden cuentas, juegan al escondite y a la trampa. Recortan euros a regañadientes y ni siquiera merecen fiabilidad cuando lo hacen.
La mediocridad acampa en la enseñanza. El reciente informe PISA, examen comparado de los alumnos de todo el mundo, evidencia que España hace poco por alcanzar la excelencia. Encima, en la foto estatal Balears está en la cola. Dicen que tenemos el mejor sistema educativo de la historia, pero estamos lejos de la vanguardia: tenemos 33 países por delante. Aseguran que estas pruebas son un instrumento para la reforma de las políticas educativas, pero nada cambia desde que empezaron a divulgarse.
En la disposición a ayudar al estudiante con independencia de su procedencia familiar, la equidad, es en lo único que alcanzamos a los mejores. Lo cual, aunque insuficiente, está muy bien pero desnuda la única obsesión del sistema: acoger a todos por igual antes que catapultar a los más capaces. Una maravillosa lección nos brindan potencias asiáticas emergentes, como Corea del Sur, Singapur y China. Han transformado su educación y ahora copan los lugares de privilegio, desbancando a la mítica Finlandia. No es casual que sean también las economías que más avanzan, probando que un nexo directísimo une conocimiento con crecimiento.Los partidos sólo se ocupan de sus cálculos electorales. Que aparquen el sectarismo y, como en las grandes ocasiones, prevalezca la sensatez y el raciocinio. Lo lógico sería que intentaran un gran consenso que pudiera ser gestionado por ministros de cualquier color.
Ante una gotera es temerario pasmarse discutiendo quién la arregla, si el seguro o el vecino de al lado. Hay que taparla de inmediato o el techo se desploma. El desmadre autonómico, la educación, son dos gigantescas filtraciones –no las únicas, quizá las más graves– en nuestro tejado. Su reparación no depende de los ataques al euro ni de lo que haga Alemania. Frente a la Gran Recesión, un plan radical de choque. Nuestro, pactado y cuanto antes. No tenemos alternativa. Nos lo acaba de advertir con toda crudeza el Nobel Paul Krugman: España debería salir del euro y devaluar su moneda, pero como seguramente no lo va a hacer nos esperan años de caídas de precios y de salarios para intentar la recuperación. Hemos pasado de administrar el despilfarro a vernos obligados a administrar inteligentemente la escasez. Y eso nos exige ser muy selectivos. Es un mensaje duro, pero cualquier otro es sencillamente, mentira.
(Editorial de "Diario de Mallorca", publicado el 12 de diciembre de 2010)
UN NUEVO IMPULSO ÉTICO Y JURÍDICO.
Las sucesivas actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y, en especial, la que acaba de conocerse por la opinión pública en torno a la Operación Galgo, obligan a una reflexión de conjunto sobre la proyección que las mismas tienen sobre nuestro deporte.
En primer lugar, es necesario reconocer que estaba acertada la sociedad española cuando avaló, prácticamente por unanimidad, la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, que incluía en el ámbito penal de los delitos contra la salud pública el del dopaje en el deporte. Esta inclusión permite afirmar hoy que conductas como las conocidas, cuando sean probadas, pueden ser castigadas penalmente. El hecho de la propia existencia de actuaciones policiales y penales sobre el tema demuestra que el sistema funciona y responde a una necesidad real.
A partir de aquí lo que no cabe negar, a estas alturas, es que la política emprendida en la lucha contra el dopaje exige de nuevos impulsos en lo jurídico y en lo ético para evitar que se instale en la opinión pública, especialmente en la internacional, la idea de que los resultados del deporte español no puede disociarse de los problemas de dopaje.
El éxito deportivo español es, por el contrario, la consecuencia de políticas acertadas de tratamiento del alto nivel y se debe a un importante esfuerzo público y privado en el deporte y al esfuerzo de muchos deportistas que no pueden verse en entredicho por la existencia de conductas erradas.
No cabe negar, sin embargo, la necesidad de un nuevo impulso jurídico y político. Es preciso avanzar en la política de control de medicamentos, de sustancias prohibidas, de productos alimenticios o veterinarios, de trazabilidad de productos y, en general, de estrechamiento de un marco de comercialización y uso que puede llegar a considerarse demasiado laxo. Los efectos de esta política son dobles porque, por un lado, afectan a la propia capacidad de utilización y, por otro, deberían ser un instrumento eficaz para coadyuvar en la labor de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. En esta labor es preciso el concurso de todos los poderes públicos, de los agentes privados y de las Corporaciones Profesionales. Sin ese esfuerzo colectivo la labor no será fructífera.
En segundo lugar, es preciso realzar los elementos éticos de la práctica deportiva que pueden haberse difuminado por los aspectos económicos, comerciales o de relevancia social. Es preciso reconquistar una conciencia colectiva de apoyo a los deportistas y al deporte limpio y de castigo y reproche social para los que no compiten con estas reglas. Nada de esto puede conseguirse sin un auténtico compromiso de los deportistas, sin su conciencia, colaboración y seguridad de que solo lo que realmente se obtiene con limpieza tiene valor. Todo lo que se ha hecho hasta aquí, que es mucho, debe incrementarse con la ayuda y la colaboración de todos.
El deporte español es algo más que la sucesión de resultados adversos en el plano analítico. El deporte español necesita sobreponerse a esta percepción social con nuevas iniciativas, con nuevos y renovados compromisos, con más complicidad de los agentes organizadores del deporte en la formulación de una conciencia colectiva que no admita la duda ni acepte los atajos.
Este relanzamiento y la seguridad de que los ilícitos se reprimen adecuadamente, en sus respectivos ámbitos, son los elementos en los que basar un futuro que, de nuevo, hay que conquistar.
(Artículo de Alberto Palomar Olmeda, publicado en "El País" el 12 de diciembre de 2010)
En primer lugar, es necesario reconocer que estaba acertada la sociedad española cuando avaló, prácticamente por unanimidad, la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, que incluía en el ámbito penal de los delitos contra la salud pública el del dopaje en el deporte. Esta inclusión permite afirmar hoy que conductas como las conocidas, cuando sean probadas, pueden ser castigadas penalmente. El hecho de la propia existencia de actuaciones policiales y penales sobre el tema demuestra que el sistema funciona y responde a una necesidad real.
A partir de aquí lo que no cabe negar, a estas alturas, es que la política emprendida en la lucha contra el dopaje exige de nuevos impulsos en lo jurídico y en lo ético para evitar que se instale en la opinión pública, especialmente en la internacional, la idea de que los resultados del deporte español no puede disociarse de los problemas de dopaje.
El éxito deportivo español es, por el contrario, la consecuencia de políticas acertadas de tratamiento del alto nivel y se debe a un importante esfuerzo público y privado en el deporte y al esfuerzo de muchos deportistas que no pueden verse en entredicho por la existencia de conductas erradas.
No cabe negar, sin embargo, la necesidad de un nuevo impulso jurídico y político. Es preciso avanzar en la política de control de medicamentos, de sustancias prohibidas, de productos alimenticios o veterinarios, de trazabilidad de productos y, en general, de estrechamiento de un marco de comercialización y uso que puede llegar a considerarse demasiado laxo. Los efectos de esta política son dobles porque, por un lado, afectan a la propia capacidad de utilización y, por otro, deberían ser un instrumento eficaz para coadyuvar en la labor de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. En esta labor es preciso el concurso de todos los poderes públicos, de los agentes privados y de las Corporaciones Profesionales. Sin ese esfuerzo colectivo la labor no será fructífera.
En segundo lugar, es preciso realzar los elementos éticos de la práctica deportiva que pueden haberse difuminado por los aspectos económicos, comerciales o de relevancia social. Es preciso reconquistar una conciencia colectiva de apoyo a los deportistas y al deporte limpio y de castigo y reproche social para los que no compiten con estas reglas. Nada de esto puede conseguirse sin un auténtico compromiso de los deportistas, sin su conciencia, colaboración y seguridad de que solo lo que realmente se obtiene con limpieza tiene valor. Todo lo que se ha hecho hasta aquí, que es mucho, debe incrementarse con la ayuda y la colaboración de todos.
El deporte español es algo más que la sucesión de resultados adversos en el plano analítico. El deporte español necesita sobreponerse a esta percepción social con nuevas iniciativas, con nuevos y renovados compromisos, con más complicidad de los agentes organizadores del deporte en la formulación de una conciencia colectiva que no admita la duda ni acepte los atajos.
Este relanzamiento y la seguridad de que los ilícitos se reprimen adecuadamente, en sus respectivos ámbitos, son los elementos en los que basar un futuro que, de nuevo, hay que conquistar.
(Artículo de Alberto Palomar Olmeda, publicado en "El País" el 12 de diciembre de 2010)
DEDICADO A LIU XIAOBO.
Dijo el Maestro: “La Virtud Superior le es más necesaria al pueblo que el agua y el fuego. He visto a hombres que perecían por entrar en el agua o el fuego, pero nunca he visto a nadie perecer por entrar en la Vía de la Virtud”.
También dijo: “El Hombre superior es fiel, pero no sigue a ciegas”. Y en otra ocasión: “Aunque tengas el conocimiento para alcanzarlo, si tu virtud es insuficiente, lo que obtengas lo pierdes. Si tienes el conocimiento para alcanzarlo y la virtud suficiente para mantenerlo, pero no manifiestas la dignidad correspondiente, el pueblo no lo respetará”.Podemos añadir que dijo: “El ejercicio de la virtud está incluso por delante del Maestro”. Y además: “Estudiar sin reflexionar es una ocupación vana; reflexionar sin estudiar es un gran peligro”. Y la mejor de todas: “El Duque Ai preguntó al Maestro: ‘¿Qué hay que hacer para conseguir el apoyo del Pueblo’?; El Maestro respondió: ‘Elevad a los cargos del Gobierno a los rectos y relegad a los torcidos, y el pueblo llano os apoyará; elevad a los torcidos y relegad a los rectos, y el pueblo llano no os apoyará”. El Maestro se llama Confucio, y como escribe Jerónimo Sahagún en su brillante traducción y edición de Las Analectas: enseñanzas, orientaciones y consejos (J. J. de Olañeta editor, Palma de Mallorca, 2003): “Confucio, en una palabra, muestra la actitud de estar alerta que permitirá no dejarse engañar espiritualmente, o no dejar que nos engañemos a nosotros mismos con suplantaciones de principios ni simulacros de cualidades…”.
Las autoridades chinas han optado deliberadamente por hacer todo lo contrario de lo que recomienda Confucio, inventándose sobre la marcha un “premio Nobel paralelo” llamado Premio Confucio. Con ello han ofendido no sólo a la memoria de Confucio (que es un activo intelectual de toda la humanidad, no sólo de los chinos), sino que ofenden la inteligencia de todo el mundo, hasta la suya propia. Es cierto que los premios Nobel de la Paz son a veces polémicos (Kissinger, Sadat y Beguin, etc.), pero en ocasiones aciertan de lleno y justifican con creces su objetivo, desde Mandela a Aung San Suu Ky, pero estos días sobre todo al dárselo a Liu Xiaobo, paradigma del espíritu de Tien An Men. Pasarán los años y los actuales dirigentes chinos (por no mencionar al supuesto jurado del Premio Confucio) irán al desván de la Historia. Pero Liu Xaobo nos redime a todos.
(Artículo de Pere Vilanova, publicado en "Público" el 11 de diciembre de 2010)
También dijo: “El Hombre superior es fiel, pero no sigue a ciegas”. Y en otra ocasión: “Aunque tengas el conocimiento para alcanzarlo, si tu virtud es insuficiente, lo que obtengas lo pierdes. Si tienes el conocimiento para alcanzarlo y la virtud suficiente para mantenerlo, pero no manifiestas la dignidad correspondiente, el pueblo no lo respetará”.Podemos añadir que dijo: “El ejercicio de la virtud está incluso por delante del Maestro”. Y además: “Estudiar sin reflexionar es una ocupación vana; reflexionar sin estudiar es un gran peligro”. Y la mejor de todas: “El Duque Ai preguntó al Maestro: ‘¿Qué hay que hacer para conseguir el apoyo del Pueblo’?; El Maestro respondió: ‘Elevad a los cargos del Gobierno a los rectos y relegad a los torcidos, y el pueblo llano os apoyará; elevad a los torcidos y relegad a los rectos, y el pueblo llano no os apoyará”. El Maestro se llama Confucio, y como escribe Jerónimo Sahagún en su brillante traducción y edición de Las Analectas: enseñanzas, orientaciones y consejos (J. J. de Olañeta editor, Palma de Mallorca, 2003): “Confucio, en una palabra, muestra la actitud de estar alerta que permitirá no dejarse engañar espiritualmente, o no dejar que nos engañemos a nosotros mismos con suplantaciones de principios ni simulacros de cualidades…”.
Las autoridades chinas han optado deliberadamente por hacer todo lo contrario de lo que recomienda Confucio, inventándose sobre la marcha un “premio Nobel paralelo” llamado Premio Confucio. Con ello han ofendido no sólo a la memoria de Confucio (que es un activo intelectual de toda la humanidad, no sólo de los chinos), sino que ofenden la inteligencia de todo el mundo, hasta la suya propia. Es cierto que los premios Nobel de la Paz son a veces polémicos (Kissinger, Sadat y Beguin, etc.), pero en ocasiones aciertan de lleno y justifican con creces su objetivo, desde Mandela a Aung San Suu Ky, pero estos días sobre todo al dárselo a Liu Xiaobo, paradigma del espíritu de Tien An Men. Pasarán los años y los actuales dirigentes chinos (por no mencionar al supuesto jurado del Premio Confucio) irán al desván de la Historia. Pero Liu Xaobo nos redime a todos.
(Artículo de Pere Vilanova, publicado en "Público" el 11 de diciembre de 2010)
DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS: MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU.
Los derechos humanos son la base sobre la que se sustentan la libertad, la paz, el desarrollo y la justicia, y constituyen uno de los pilares de la labor de las Naciones Unidas en todo el mundo.
Las leyes de protección y promoción de los derechos humanos son indispensables, pero, con frecuencia, el progreso depende de las personas: mujeres y hombres valientes que luchan por proteger sus derechos y los derechos de los demás y se empeñan en hacer de los derechos una realidad en la vida de las personas.
Este año, dedicamos la celebración del Día de los Derechos Humanos a los defensores de estos derechos.
Se trata de un grupo muy variado de personas. Algunas pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, otras son periodistas o incluso ciudadanos particulares que se deciden a actuar tras presenciar abusos que los afectan directamente.
A todas ellas, sin embargo, las une el compromiso de denunciar los abusos, proteger a los más vulnerables y poner fin a la impunidad. Estas personas tienen el coraje de levantar su voz contra las injusticias, hoy en día incluso por Twitter, en nombre de la libertad y la dignidad humana.
Los defensores de los derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la discriminación. Investigan las violaciones y ayudan a las víctimas a obtener justicia y apoyo.
Con demasiada frecuencia, su trabajo los coloca en una situación sumamente arriesgada.
Muchos defensores de los derechos humanos sufren acoso, pierden su trabajo o son injustamente encarcelados. En muchos países, son agredidos, torturados e incluso asesinados.
Sus familiares y amigos también son objeto de acoso e intimidación.
Las mujeres defensoras de los derechos humanos corren riesgos adicionales, y por lo tanto necesitan más apoyo.
Este Día de los Derechos Humanos representa una ocasión para rendir homenaje al coraje y los logros de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, y para comprometernos a hacer más por proteger su labor.
Los Estados son los principales responsables de proteger a los defensores de los derechos humanos. Pido a todos los Estados que garanticen la libertad de expresión y de reunión que hace posible que estas personas desempeñen su labor.
Cuando la vida de un defensor de los derechos humanos corre peligro, todos debemos sentirnos menos seguros.
Cuando se hace callar a estas personas, la justicia misma queda aniquilada.
En este Día de los Derechos Humanos, hallemos inspiración en quienes luchan por hacer un mundo más justo y recordemos que todos, independientemente de nuestro origen, experiencia o educación, podemos ser defensores de los derechos humanos.
Utilicemos ese poder. Seamos cada uno de nosotros un defensor de los derechos humanos.
Las leyes de protección y promoción de los derechos humanos son indispensables, pero, con frecuencia, el progreso depende de las personas: mujeres y hombres valientes que luchan por proteger sus derechos y los derechos de los demás y se empeñan en hacer de los derechos una realidad en la vida de las personas.
Este año, dedicamos la celebración del Día de los Derechos Humanos a los defensores de estos derechos.
Se trata de un grupo muy variado de personas. Algunas pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, otras son periodistas o incluso ciudadanos particulares que se deciden a actuar tras presenciar abusos que los afectan directamente.
A todas ellas, sin embargo, las une el compromiso de denunciar los abusos, proteger a los más vulnerables y poner fin a la impunidad. Estas personas tienen el coraje de levantar su voz contra las injusticias, hoy en día incluso por Twitter, en nombre de la libertad y la dignidad humana.
Los defensores de los derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la discriminación. Investigan las violaciones y ayudan a las víctimas a obtener justicia y apoyo.
Con demasiada frecuencia, su trabajo los coloca en una situación sumamente arriesgada.
Muchos defensores de los derechos humanos sufren acoso, pierden su trabajo o son injustamente encarcelados. En muchos países, son agredidos, torturados e incluso asesinados.
Sus familiares y amigos también son objeto de acoso e intimidación.
Las mujeres defensoras de los derechos humanos corren riesgos adicionales, y por lo tanto necesitan más apoyo.
Este Día de los Derechos Humanos representa una ocasión para rendir homenaje al coraje y los logros de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, y para comprometernos a hacer más por proteger su labor.
Los Estados son los principales responsables de proteger a los defensores de los derechos humanos. Pido a todos los Estados que garanticen la libertad de expresión y de reunión que hace posible que estas personas desempeñen su labor.
Cuando la vida de un defensor de los derechos humanos corre peligro, todos debemos sentirnos menos seguros.
Cuando se hace callar a estas personas, la justicia misma queda aniquilada.
En este Día de los Derechos Humanos, hallemos inspiración en quienes luchan por hacer un mundo más justo y recordemos que todos, independientemente de nuestro origen, experiencia o educación, podemos ser defensores de los derechos humanos.
Utilicemos ese poder. Seamos cada uno de nosotros un defensor de los derechos humanos.
9 DE DICIEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN: MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU.
La corrupción es una amenaza para el desarrollo, la democracia y la estabilidad. Distorsiona los mercados, frena el crecimiento económico y desalienta la inversión extranjera. Erosiona los servicios públicos y la confianza en los funcionarios. Da pábulo al deterioro del medio ambiente y pone en peligro la salud pública al permitir el vertido ilegal de residuos peligrosos y la producción y distribución de falsos medicamentos.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ha ayudado al sector público a avanzar en la adopción de medidas disuasorias para que no se cometan delitos de esa índole. El pasado año, los Estados partes en la Convención, que suman ya 148, establecieron un mecanismo de examen entre pares para identificar lagunas en las leyes y las prácticas nacionales de lucha contra la corrupción, logro importantísimo que puede ayudar a los gobiernos a poner coto al soborno y a la malversación de fondos públicos.
También es esencial la contribución del sector privado. La corrupción es un cargo oculto añadido a los gastos generales que hace subir los precios y merma la calidad sin beneficio alguno ni para los productores ni para los consumidores. Prevenir la corrupción es ventajoso incluso desde el punto de vista económico, pues son cada vez más los inversores que toman sus decisiones no solo en función de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza, sino también en función de la ética en el desempeño.
Hago un llamamiento a los líderes empresariales de todo el mundo para que denuncien la corrupción y hagan valer sus palabras con prohibiciones estrictas contra la misma. Deben adoptar políticas contra la corrupción en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas e implantar los controles necesarios para fortalecer la integridad y la transparencia. También insto a las empresas a cooperar más estrechamente con las Naciones Unidas a este respecto. En particular, deben considerar la posibilidad de sumarse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la mayor iniciativa mundial de sostenibilidad empresarial, que proporciona a los participantes instrumentos para combatir todas las formas de corrupción, sin olvidar la extorsión y el soborno.
Lo que encarecemos a los sectores público y privado, también debemos practicarlo nosotros en las Naciones Unidas. Una cultura institucional basada en la ética es uno de los mejores antídotos contra la corrupción. La Oficina de Ética de las Naciones Unidas promueve la rendición de cuentas, la integridad y la transparencia en el marco de una normativa muy explícita que protege de represalias al personal que denuncie faltas de conducta o participe en auditorías e investigaciones que pueden sacar a la luz comportamientos corruptos.
Las Naciones Unidas también se esfuerzan por combatir la corrupción en sus actividades, concretamente en la contratación, con mecanismos para asegurar la rendición de cuentas a nivel individual, la colaboración con las instancias encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y la investigación de todos los posibles casos de corrupción que puedan surgir. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas ha convocado a organizaciones de todo el mundo a una conferencia que se celebrará los días 8 y 9 de diciembre en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York al objeto de potenciar el papel de las investigaciones internas en la lucha contra la corrupción.
En este Día Internacional contra la Corrupción, todos debemos poner de nuestra parte para fomentar prácticas éticas, salvaguardar la confianza y asegurar que no se produzca ninguna desviación de los valiosos recursos que necesitamos para llevar a cabo nuestra labor conjunta en pro del desarrollo y de la paz.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ha ayudado al sector público a avanzar en la adopción de medidas disuasorias para que no se cometan delitos de esa índole. El pasado año, los Estados partes en la Convención, que suman ya 148, establecieron un mecanismo de examen entre pares para identificar lagunas en las leyes y las prácticas nacionales de lucha contra la corrupción, logro importantísimo que puede ayudar a los gobiernos a poner coto al soborno y a la malversación de fondos públicos.
También es esencial la contribución del sector privado. La corrupción es un cargo oculto añadido a los gastos generales que hace subir los precios y merma la calidad sin beneficio alguno ni para los productores ni para los consumidores. Prevenir la corrupción es ventajoso incluso desde el punto de vista económico, pues son cada vez más los inversores que toman sus decisiones no solo en función de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza, sino también en función de la ética en el desempeño.
Hago un llamamiento a los líderes empresariales de todo el mundo para que denuncien la corrupción y hagan valer sus palabras con prohibiciones estrictas contra la misma. Deben adoptar políticas contra la corrupción en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas e implantar los controles necesarios para fortalecer la integridad y la transparencia. También insto a las empresas a cooperar más estrechamente con las Naciones Unidas a este respecto. En particular, deben considerar la posibilidad de sumarse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la mayor iniciativa mundial de sostenibilidad empresarial, que proporciona a los participantes instrumentos para combatir todas las formas de corrupción, sin olvidar la extorsión y el soborno.
Lo que encarecemos a los sectores público y privado, también debemos practicarlo nosotros en las Naciones Unidas. Una cultura institucional basada en la ética es uno de los mejores antídotos contra la corrupción. La Oficina de Ética de las Naciones Unidas promueve la rendición de cuentas, la integridad y la transparencia en el marco de una normativa muy explícita que protege de represalias al personal que denuncie faltas de conducta o participe en auditorías e investigaciones que pueden sacar a la luz comportamientos corruptos.
Las Naciones Unidas también se esfuerzan por combatir la corrupción en sus actividades, concretamente en la contratación, con mecanismos para asegurar la rendición de cuentas a nivel individual, la colaboración con las instancias encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y la investigación de todos los posibles casos de corrupción que puedan surgir. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas ha convocado a organizaciones de todo el mundo a una conferencia que se celebrará los días 8 y 9 de diciembre en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York al objeto de potenciar el papel de las investigaciones internas en la lucha contra la corrupción.
En este Día Internacional contra la Corrupción, todos debemos poner de nuestra parte para fomentar prácticas éticas, salvaguardar la confianza y asegurar que no se produzca ninguna desviación de los valiosos recursos que necesitamos para llevar a cabo nuestra labor conjunta en pro del desarrollo y de la paz.
LAS SOMBRAS DE UN ANIVERSARIO.
El 32º aniversario de la Constitución ha carecido de la temperatura emocional que su conmemoración merece. Tal vez los años transcurridos difuminen su éxito histórico como instrumento para proteger los derechos y libertades ciudadanos, garantizar la alternancia pacífica en el poder y construir un sistema democrático. O quizás también cuente que la norma fundamental no haya sido reformada en sus partes anacrónicas o deficientes ni tampoco dé cabida a realidades posteriores a 1978, como el ingreso de España en la Unión Europea o el desarrollo del Estado de las Autonomías. Durante tres décadas la Constitución ha sido enmendada una sola vez para adecuar su artículo 13.2 al mandato del Tratado de Maastricht de 1992. O bien a las Cortes Constituyentes se les fue la mano al fijar los requisitos exigidos para la reforma, o bien los dos grandes partidos de ámbito estatal -únicos capaces de reunir el quórum parlamentario para llevarla a cabo- han incumplido por omisión su deber de guardar y hacer guardar la Constitución.
La protección dispensada a la herencia legada por el poder constituyente trata de impedir su apresurada dilapidación por los poderes constituidos mediante los estrictos mecanismos procesales de revisión constitucional. En cualquier caso, el amplísimo consenso alcanzado en 1978 para aprobar la norma fundamental no parece repetible a la hora de modificarla. De las dos variantes previstas por el texto constitucional, la revisión (artículo 168) afecta a los basamentos del ordenamiento político, los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos y la Corona; su itinerario es un auténtico viacrucis: aprobación de la iniciativa por los dos tercios del Congreso y del Senado, posterior disolución de las Cortes, ratificación de la propuesta y posterior sanción del nuevo texto por las Cámaras recién elegidas con el mismo quórum, preceptivo referéndum de ratificación. Y aunque la variante aplicable al resto de la Constitución -la reforma (artículo 167)- resulte menos abrupta, la cuesta a escalar es también muy empinada: aprobación por los tres quintos de cada Cámara y un referéndum facultativo de ratificación si lo pidiera una décima parte de los senadores o de los congresistas.
Durante su mandato presidencial (1996- 2004), Aznar puso pies en pared en defensa de la intangibilidad hasta la última coma del texto de 1978. Tras la victoria de Zapatero, la propuesta socialista de reforma constitucional para convertir el Senado en una verdadera "Cámara de representación territorial", suprimir la preferencia de varón en la sucesión al trono, incluir la denominación de las comunidades autónomas y establecer la forma de recepción del proceso de construcción europea fue tajantemente rechazada por el PP de Rajoy con un sonoro portazo.
Pero el diablo arrojado por la puerta siempre termina regresando por la ventana: aunque la Constitución no sea reformada de manera expresa mediante los procedimientos establecidos en su texto, se están registrando intentos para hacerlo de forma implícita a través de una interpretación falseadora del significado de sus contenidos. Así ocurrió con el nuevo Estatuto de Cataluña de 2006, aprobado por una coalición de socialistas y nacionalistas; una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado junio expulsó del ordenamiento jurídico 14 preceptos del texto estatutario y reinterpretó en sentido constitucional la letra de otras varias decenas -llevados o no al fallo- con el objetivo conciliador de no tener que anularlos de forma explícita.
Todavía más preocupante es que socialistas y populares hayan resuelto de común acuerdo hacer decir a la norma fundamental lo que su articulado no afirma, bloqueando al tiempo la posibilidad de interponer ante el Constitucional unos recursos reservados de hecho a sus grupos parlamentarios a causa de su elevada representación en las Cámaras. La ley aprobada por PSOE y PP hace unas semanas falsea la lectura literal del artículo 159.3 al reducir la duración del mandato de nueve años de los jueces constitucionales mediante el procedimiento de restarle los retrasos producidos en su designación por culpa de alguno de los dos partidos. (Para mayor escarnio, el PP fue el responsable de la demora en la renovación de los cuatro magistrados correspondientes al Senado que se halla en el trasfondo de esa ley inconstitucional). Si esta interpretación fraudulenta de la norma fundamental maquinada para eludir su reforma fuese convertida en conducta habitual de socialistas y populares, la Constitución terminaría siendo un juguete roto abandonado en la cuneta a la espera de un digno entierro.
(Artículo de Javier Pradera, publicado en "El País" el 8 de diciembre de 2010)
La protección dispensada a la herencia legada por el poder constituyente trata de impedir su apresurada dilapidación por los poderes constituidos mediante los estrictos mecanismos procesales de revisión constitucional. En cualquier caso, el amplísimo consenso alcanzado en 1978 para aprobar la norma fundamental no parece repetible a la hora de modificarla. De las dos variantes previstas por el texto constitucional, la revisión (artículo 168) afecta a los basamentos del ordenamiento político, los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos y la Corona; su itinerario es un auténtico viacrucis: aprobación de la iniciativa por los dos tercios del Congreso y del Senado, posterior disolución de las Cortes, ratificación de la propuesta y posterior sanción del nuevo texto por las Cámaras recién elegidas con el mismo quórum, preceptivo referéndum de ratificación. Y aunque la variante aplicable al resto de la Constitución -la reforma (artículo 167)- resulte menos abrupta, la cuesta a escalar es también muy empinada: aprobación por los tres quintos de cada Cámara y un referéndum facultativo de ratificación si lo pidiera una décima parte de los senadores o de los congresistas.
Durante su mandato presidencial (1996- 2004), Aznar puso pies en pared en defensa de la intangibilidad hasta la última coma del texto de 1978. Tras la victoria de Zapatero, la propuesta socialista de reforma constitucional para convertir el Senado en una verdadera "Cámara de representación territorial", suprimir la preferencia de varón en la sucesión al trono, incluir la denominación de las comunidades autónomas y establecer la forma de recepción del proceso de construcción europea fue tajantemente rechazada por el PP de Rajoy con un sonoro portazo.
Pero el diablo arrojado por la puerta siempre termina regresando por la ventana: aunque la Constitución no sea reformada de manera expresa mediante los procedimientos establecidos en su texto, se están registrando intentos para hacerlo de forma implícita a través de una interpretación falseadora del significado de sus contenidos. Así ocurrió con el nuevo Estatuto de Cataluña de 2006, aprobado por una coalición de socialistas y nacionalistas; una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado junio expulsó del ordenamiento jurídico 14 preceptos del texto estatutario y reinterpretó en sentido constitucional la letra de otras varias decenas -llevados o no al fallo- con el objetivo conciliador de no tener que anularlos de forma explícita.
Todavía más preocupante es que socialistas y populares hayan resuelto de común acuerdo hacer decir a la norma fundamental lo que su articulado no afirma, bloqueando al tiempo la posibilidad de interponer ante el Constitucional unos recursos reservados de hecho a sus grupos parlamentarios a causa de su elevada representación en las Cámaras. La ley aprobada por PSOE y PP hace unas semanas falsea la lectura literal del artículo 159.3 al reducir la duración del mandato de nueve años de los jueces constitucionales mediante el procedimiento de restarle los retrasos producidos en su designación por culpa de alguno de los dos partidos. (Para mayor escarnio, el PP fue el responsable de la demora en la renovación de los cuatro magistrados correspondientes al Senado que se halla en el trasfondo de esa ley inconstitucional). Si esta interpretación fraudulenta de la norma fundamental maquinada para eludir su reforma fuese convertida en conducta habitual de socialistas y populares, la Constitución terminaría siendo un juguete roto abandonado en la cuneta a la espera de un digno entierro.
(Artículo de Javier Pradera, publicado en "El País" el 8 de diciembre de 2010)
EL 6 DE DICIEMBRE.
El Día de la Constitución, salvo cuando coincide un aniversario "redondo", parece haberse convertido en una fiesta sin más, ocasión para un largo puente. Los agobios económicos y, este año, sucesos como el plante de los controladores, contribuyen a dejar el significado del 6 de diciembre en un segundo plano. Y, sin embargo, este día histórico merece ser también momento de reflexión.
Aunque en los últimos años se han dejado oir opiniones y propuestas políticas que intentan restar vigor y vigencia a la Constitución de 1978, lo cierto es que sigue siendo la columna vertebral de la más larga etapa democrática que ha conocido España, que la inmensa mayoría de los ciudadanos se adhieren a sus principios y estiman su amparo y que continúa, a pesar de algunas erosiones que se le han infligido, cumpliendo su misión histórica de garantizar la convivencia, la libertad y la igualdad de todos los españoles. La identificación cotidiana de la ciudadanía con el régimen de 1978 y el profundo enraizamiento alcanzado por la Constitución restan quizá relevancia a la celebración del 6 de diciembre, que se inscribe sin énfasis en la normalidad. Pero la Constitución muestra cotidianamente su fortaleza. Basta para confirmarlo con tratar de imaginar cómo hubiera transcurrido España por unas circunstancias económicas tan adversas como las actuales sin contar con ese consenso de fondo generosamente instaurado hace treinta y dos años y que -sin que falten controversias, lógicas en democracia- continúa activo. Lo que no excluye que convenga, en el momento oportuno, plantear reformas, siempre que se haga manteniendo el espíritu de concordia del que nació el texto constitucional.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 6 de diciembre de 2010)
Aunque en los últimos años se han dejado oir opiniones y propuestas políticas que intentan restar vigor y vigencia a la Constitución de 1978, lo cierto es que sigue siendo la columna vertebral de la más larga etapa democrática que ha conocido España, que la inmensa mayoría de los ciudadanos se adhieren a sus principios y estiman su amparo y que continúa, a pesar de algunas erosiones que se le han infligido, cumpliendo su misión histórica de garantizar la convivencia, la libertad y la igualdad de todos los españoles. La identificación cotidiana de la ciudadanía con el régimen de 1978 y el profundo enraizamiento alcanzado por la Constitución restan quizá relevancia a la celebración del 6 de diciembre, que se inscribe sin énfasis en la normalidad. Pero la Constitución muestra cotidianamente su fortaleza. Basta para confirmarlo con tratar de imaginar cómo hubiera transcurrido España por unas circunstancias económicas tan adversas como las actuales sin contar con ese consenso de fondo generosamente instaurado hace treinta y dos años y que -sin que falten controversias, lógicas en democracia- continúa activo. Lo que no excluye que convenga, en el momento oportuno, plantear reformas, siempre que se haga manteniendo el espíritu de concordia del que nació el texto constitucional.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 6 de diciembre de 2010)
INDIGNIDAD EN UN PAIS EN CRISIS.
Aún no está claro si hubo o no consignas disolventes que generaron el viernes la huida masiva de los controladores de sus puestos de trabajo, en una señaladísima fecha de comienzo del puente festivo más largo del año, en que los aeropuertos estaban repletos de gente que había logrado sortear la crisis y proporcionarse unos días de evasión y descanso. De cualquier modo, aquella arrebatada ausencia, respuesta inefable a una decisión gubernamental que consolidaba la nueva normativa que entró en vigor en abril y que imponía al colectivo unas condiciones de trabajo realistas, admite pocas dudas a la hora de una valoración: revela una extraordinaria bajeza moral, una total ignorancia de los intereses generales a que una profesión tan específica debe servir, un indignante egoísmo que ha terminado de romper cualquier atisbo de comprensión que la opinión pública pudiese aún alentar hacia estos profesionales que, tras descubrir que su capacidad de presión era casi infinita, han intentado conseguir la luna. Y ello, con una precisión: si fuera cierto que la zozobra profesional de los últimos meses ha mermado la resistencia física de estas personas, habría que llegar de inmediato a la conclusión de que no fue eficaz el proceso de selección que les permitió la habilitación profesional: para ejercer de controlador hacen falta unos nervios templados y un gran equilibrio personal.Es muy probable que a última hora el asunto se les haya ido de las manos a los sindicalistas de USCA; la cara de perplejidad y la aparentemente sincera consternación de algunos de ellos sugiere que el monstruo se ha hecho mayor y se ha emancipado fuera de todo control. Pero estos matices psicológicos no tienen importancia a estas alturas: una vez consumado el último desmán, desenlace brutal del sinvivir en que estos individuos nos han mantenido a todos durante años, el problema ya no tiene solución. Y como todo está ya inventado, habrá que apelar probablemente al precedente norteamericano: el 3 de agosto de 1981, más de 13.000 controladores de los Estados Unidos, de un total de 17.500, se pusieron en huelga para reclamar una subida de sueldo, mejoras técnicas en las torres, jornadas laborales más cortas y acordes al estrés de la profesión y el derecho a una pensión completa tras veinte años de trabajo. El presidente Reagan, que había tomado posesión del cargo apenas siete meses antes y convalecía de un intento de asesinato, les dio 48 horas para volver a sus puestos. No lo hicieron, así que Reagan despidió, sin pestañear, a 11.000 de ellos.
Es evidente que éste es un Estado de Derecho, en el que no cabe la menor arbitrariedad por parte del Estado, que en este caso es el empleador de los controladores. Sin embargo, es claro que la legalidad vigente ofrece mecanismos más que suficientes para reprimir un desmán que lesiona gravemente a la sociedad. La militarización ha sido un paso, cuyo siguiente escalón es la declaración del ´estado de alarma´. De cualquier modo, no es razonable imaginar que, cuando cese el desorden y los controladores se apresten a regresar al redil, puedan ser recibidos con los brazos abiertos: tras las medidas ya adoptadas por Fomento a lo largo del año, hay que proseguir en la implementación de un cambio radical de modelo. La ya decidida privatización de la gestión de los principales aeropuertos abre paso a un sistema también privado de control, en el que concurran diferentes empresas capaces de competir entre sí, poniéndose fin al destructivo monopolio actual del colectivo que ha perdido los nervios y el sentido de la orientación.
Es muy legítimo el debate sobre las responsabilidades políticas que se derivan de lo ocurrido. A fin de cuentas, el sistema de control aéreo civil depende del Ministerio de Fomento, y este Departamento habrá de asumir el desgaste producido por estos desastrosos incidentes. Lo cierto es que el ministro José Blanco ha sido el primero que ha plantado cara a los intolerables privilegios del colectivo y quien ha inspirado la nueva normativa, más racional y ajustada al contexto europeo, que los afectados no han querido aceptar. Es posible que esta puesta en vereda de los controladores se hubiese podido hacer mejor, como lo es asimismo que hubiera podido preverse y/o aplazarse este destructivo desenlace pero, aunque el debate político es tan inevitable como saludable, no debemos equivocar el objetivo: el absceso maligno del control aéreo debía ser saneado antes o después, y ese daño psicológico y material que se está causando al país, a un país todavía anonadado por la crisis y asustado por la envergadura del desempleo, sólo tiene unos verdaderos padres, que merecen hoy la reprobación general.
(Artículo de Antonio Papell, publicado en "Diario de Mallorca" el 5 de diciembre de 2010)
Es evidente que éste es un Estado de Derecho, en el que no cabe la menor arbitrariedad por parte del Estado, que en este caso es el empleador de los controladores. Sin embargo, es claro que la legalidad vigente ofrece mecanismos más que suficientes para reprimir un desmán que lesiona gravemente a la sociedad. La militarización ha sido un paso, cuyo siguiente escalón es la declaración del ´estado de alarma´. De cualquier modo, no es razonable imaginar que, cuando cese el desorden y los controladores se apresten a regresar al redil, puedan ser recibidos con los brazos abiertos: tras las medidas ya adoptadas por Fomento a lo largo del año, hay que proseguir en la implementación de un cambio radical de modelo. La ya decidida privatización de la gestión de los principales aeropuertos abre paso a un sistema también privado de control, en el que concurran diferentes empresas capaces de competir entre sí, poniéndose fin al destructivo monopolio actual del colectivo que ha perdido los nervios y el sentido de la orientación.
Es muy legítimo el debate sobre las responsabilidades políticas que se derivan de lo ocurrido. A fin de cuentas, el sistema de control aéreo civil depende del Ministerio de Fomento, y este Departamento habrá de asumir el desgaste producido por estos desastrosos incidentes. Lo cierto es que el ministro José Blanco ha sido el primero que ha plantado cara a los intolerables privilegios del colectivo y quien ha inspirado la nueva normativa, más racional y ajustada al contexto europeo, que los afectados no han querido aceptar. Es posible que esta puesta en vereda de los controladores se hubiese podido hacer mejor, como lo es asimismo que hubiera podido preverse y/o aplazarse este destructivo desenlace pero, aunque el debate político es tan inevitable como saludable, no debemos equivocar el objetivo: el absceso maligno del control aéreo debía ser saneado antes o después, y ese daño psicológico y material que se está causando al país, a un país todavía anonadado por la crisis y asustado por la envergadura del desempleo, sólo tiene unos verdaderos padres, que merecen hoy la reprobación general.
(Artículo de Antonio Papell, publicado en "Diario de Mallorca" el 5 de diciembre de 2010)
LA ÉTICA DE LA IRRESPONSABILIDAD.
Las épocas de crisis facilitan que se escenifique la famosa distinción de Weber entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Muchos políticos, en nombre de los intereses inmediatos, toman decisiones contrarias a sus principios o a la dignidad de sus países. Se sacrifican los valores, en la conciencia de la repercusión negativa que puede tener la defensa de una idea justa. Hasta aquí las explicaciones ofrecidas. Pero creo que es hora de aportar una perspectiva más. Para entender del todo la situación política, habría que añadir un breve examen de la ética de la irresponsabilidad. Cuando la llamada responsabilidad se convierte en una sentencia de muerte del mundo que uno quiere defender, las pretendidas actuaciones sensatas son un disfraz de la irresponsabilidad. Tenemos derecho a sospechar que estamos en manos de unos insensatos.
El deterioro ecológico mundial, justificado por sistema en nombre del realismo económico inmediato, es un ejercicio de pura insensatez. El pragmatismo nos lleva a la ruina. Lo mismo ocurre con las estrategias políticas dominantes. Fijémonos en España. El PP quiere, como es lógico, ganar las elecciones. Desgasta a su adversario y derrocha cinismo en su oposición dolorida ante cualquier recorte de carácter social. Pero no me refiero a este tipo de irresponsabilidades, ya que por desgracia estamos acostumbrados a las promesas incumplidas. La verdad es que resulta poco peligroso que el PP critique con descaro las medidas neoliberales tomadas por el Gobierno socialista. Una vez alcanzado el poder, no sentirá vergüenza alguna al desdecirse y multiplicará los recortes que ahora denuncia. Esta farsa demagógica, además, sería imposible si el Gobierno no le hubiese arrebatado el ámbito de la política neoliberal y si la ley electoral no santificase el bipartidismo o el bipartito.
Pero hay otras cuestiones de más calado, como las estrategias con las que el PP pone en duda su propia idea de comunidad. Para crearle problemas al PSOE, lleva años provocando operaciones de desgaste con el telón de fondo de la identidad catalana. No ha dudado en forzar contradicciones de tipo jurídico, lingüístico, migratorio o económico. El resultado directo ha sido una vertiginosa potenciación del sentimiento independentista catalán. Que el PP ponga en peligro su idea de España, a cambio de ganar unos pocos diputados y de crearle problemas al PSOE, es un dislate asombroso. Ocurre lo mismo ahora con sus alarmas económicas. La derecha hace gala de nacionalismo español, pero alimenta, con una pulsión electoralista desmedida, las desconfianzas en su patria y se convierte en el primer aliado de los especuladores que quieren atentar contra la soberanía nacional. Estar dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su propia idea de comunidad, para vencer en unas elecciones, es en verdad irresponsable. No sé qué país va a gobernar el PP cuando gane.La ética de la irresponsabilidad ha marcado también el comportamiento de los partidos socialistas europeos. Aunque se nos obligue a admitir que las medidas neoliberales adoptadas son un acto de responsabilidad, resulta muy irresponsable que no se haya convocado de inmediato una mesa socialista europea para buscar respuesta al asalto que los mercados financieros protagonizan contra la política, el Estado del bienestar y la democracia. Es irresponsable aceptar la presión de un capitalismo feroz, dispuesto a acabar con la soberanía cívica y los amparos de la democracia social, sin buscar una alternativa. Cuando la intemperie de los mercados dinamita cualquier ilusión de comunidad justa, no debe olvidarse que la democracia está legitimada para prohibir conjuras en su contra, ya la haga un grupo terrorista, una banda de extrema derecha o una pandilla de banqueros especuladores.
Por eso es también irresponsable repetir sin cautela que los políticos han perdido el poder. No es verdad. Podrían hacer mucho más de lo que hacen. El Estado sigue siendo tan importante que los especuladores necesitan apoderarse de él. Estamos asistiendo a lo que Todorov ha calificado de forma paradójica como un ultraliberalismo de Estado en su libro La experiencia totalitaria (Galaxia Gutenberg, 2010). Una política que liquida la política sólo puede entenderse como un acto de dejación de responsabilidades democráticas, como un ejercicio de irresponsabilidad.
(Artículo de Luis García Montero, publicado en "Público" el 5 de diciembre de 2010)
El deterioro ecológico mundial, justificado por sistema en nombre del realismo económico inmediato, es un ejercicio de pura insensatez. El pragmatismo nos lleva a la ruina. Lo mismo ocurre con las estrategias políticas dominantes. Fijémonos en España. El PP quiere, como es lógico, ganar las elecciones. Desgasta a su adversario y derrocha cinismo en su oposición dolorida ante cualquier recorte de carácter social. Pero no me refiero a este tipo de irresponsabilidades, ya que por desgracia estamos acostumbrados a las promesas incumplidas. La verdad es que resulta poco peligroso que el PP critique con descaro las medidas neoliberales tomadas por el Gobierno socialista. Una vez alcanzado el poder, no sentirá vergüenza alguna al desdecirse y multiplicará los recortes que ahora denuncia. Esta farsa demagógica, además, sería imposible si el Gobierno no le hubiese arrebatado el ámbito de la política neoliberal y si la ley electoral no santificase el bipartidismo o el bipartito.
Pero hay otras cuestiones de más calado, como las estrategias con las que el PP pone en duda su propia idea de comunidad. Para crearle problemas al PSOE, lleva años provocando operaciones de desgaste con el telón de fondo de la identidad catalana. No ha dudado en forzar contradicciones de tipo jurídico, lingüístico, migratorio o económico. El resultado directo ha sido una vertiginosa potenciación del sentimiento independentista catalán. Que el PP ponga en peligro su idea de España, a cambio de ganar unos pocos diputados y de crearle problemas al PSOE, es un dislate asombroso. Ocurre lo mismo ahora con sus alarmas económicas. La derecha hace gala de nacionalismo español, pero alimenta, con una pulsión electoralista desmedida, las desconfianzas en su patria y se convierte en el primer aliado de los especuladores que quieren atentar contra la soberanía nacional. Estar dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su propia idea de comunidad, para vencer en unas elecciones, es en verdad irresponsable. No sé qué país va a gobernar el PP cuando gane.La ética de la irresponsabilidad ha marcado también el comportamiento de los partidos socialistas europeos. Aunque se nos obligue a admitir que las medidas neoliberales adoptadas son un acto de responsabilidad, resulta muy irresponsable que no se haya convocado de inmediato una mesa socialista europea para buscar respuesta al asalto que los mercados financieros protagonizan contra la política, el Estado del bienestar y la democracia. Es irresponsable aceptar la presión de un capitalismo feroz, dispuesto a acabar con la soberanía cívica y los amparos de la democracia social, sin buscar una alternativa. Cuando la intemperie de los mercados dinamita cualquier ilusión de comunidad justa, no debe olvidarse que la democracia está legitimada para prohibir conjuras en su contra, ya la haga un grupo terrorista, una banda de extrema derecha o una pandilla de banqueros especuladores.
Por eso es también irresponsable repetir sin cautela que los políticos han perdido el poder. No es verdad. Podrían hacer mucho más de lo que hacen. El Estado sigue siendo tan importante que los especuladores necesitan apoderarse de él. Estamos asistiendo a lo que Todorov ha calificado de forma paradójica como un ultraliberalismo de Estado en su libro La experiencia totalitaria (Galaxia Gutenberg, 2010). Una política que liquida la política sólo puede entenderse como un acto de dejación de responsabilidades democráticas, como un ejercicio de irresponsabilidad.
(Artículo de Luis García Montero, publicado en "Público" el 5 de diciembre de 2010)
EL CONTROL DE LAS CUENTAS.
El control rápido y externo de las cuentas públicas es una garantía de claridad y eficacia. En Aragón, las cuentas son supervisadas por los interventores de las diferentes instituciones, pero el Tribunal de Cuentas publica sus informes con cinco años de retraso, a la espera de que funcione la Cámara autonómica. La apertura de diligencias de la Fiscalía del Tribunal ante posibles irregularidades contables y penales en 2004-2005 suscita preocupación y subraya la necesidad de mejorar, cuando menos, el control del gasto y la transparencia.
La misión de los órganos fiscalizadores de las cuentas públicas no solo tiene como objetivo conocer lo que gasta la Administración, sino que el dinero se ha utilizado cómo y dónde se debe. Aunque las cuentas se fiscalizan en cada institución, la mayoría de las comunidades autónomas disponen desde hace años de sus propios Tribunales de Cuentas. En Aragón, se creó por ley en 2001, pero no se ha constituido formalmente hasta este año y todavía no funciona. El retraso del Tribunal de Cuentas estatal en publicar sus informes diluye la fuerza de sus recomendaciones, que ni siquiera son atendidas en su integridad por el Gobierno de Aragón. Pero este retraso no resta gravedad al hecho de que la Fiscalía del Tribunal haya dedicido abrir diligencias por si 26 contratos de la DGA pudieron constituir infracción penal. Es la primera vez que esto sucede. Y, mientras los trámites siguen su curso, es obligado que el Gobierno de Aragón ofrezca las explicaciones pertinentes y, en su caso, depure responsabilidades. La falta de transparencia y de control son incompatibles con la calidad democrática.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 3 de diciembre de 2010)
La misión de los órganos fiscalizadores de las cuentas públicas no solo tiene como objetivo conocer lo que gasta la Administración, sino que el dinero se ha utilizado cómo y dónde se debe. Aunque las cuentas se fiscalizan en cada institución, la mayoría de las comunidades autónomas disponen desde hace años de sus propios Tribunales de Cuentas. En Aragón, se creó por ley en 2001, pero no se ha constituido formalmente hasta este año y todavía no funciona. El retraso del Tribunal de Cuentas estatal en publicar sus informes diluye la fuerza de sus recomendaciones, que ni siquiera son atendidas en su integridad por el Gobierno de Aragón. Pero este retraso no resta gravedad al hecho de que la Fiscalía del Tribunal haya dedicido abrir diligencias por si 26 contratos de la DGA pudieron constituir infracción penal. Es la primera vez que esto sucede. Y, mientras los trámites siguen su curso, es obligado que el Gobierno de Aragón ofrezca las explicaciones pertinentes y, en su caso, depure responsabilidades. La falta de transparencia y de control son incompatibles con la calidad democrática.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 3 de diciembre de 2010)
TRANSPARENCIA ARAGONESA.
La organización no gubernamental Transparencia Internacional sitúa el índice de transparencia de la Comunidad Autónoma aragonesa en 70 puntos sobre 100 (1,5 puntos por debajo de la media nacional). En temas económico-financieros y en contrataciones de servicios y suministros, la puntuación baja llamativamente hasta un 41,2 y un 62,5, respectivamente. Traigo lo anterior a colación de los informes del Tribunal de Cuentas sobre los ejercicios contables de la DGA en los años 2004 y 2005, porque la ausencia de información suficiente (los grupos de oposición en las Cortes no han dejado de quejarse de ello) casi siempre guarda relación directa con una gestión política poco adecuada. Debería preocupar a los responsables del Gobierno aragonés que el mencionado Tribunal (un organismo que sólo acostrumbra a dar algún que otro tirón de orejas a las instituciones que audita, siempre con carácter retroactivo y sin efectos políticos dignos de mención) haya detectado posibles "infracciones penales" en un buen puñado de contratos. Ignoro en qué terminarán las investigaciones de la Fiscalía, pero se nos deben unas cuantas explicaciones.
(Artículo de Jesús F. Frago, publicado en "Heraldo de Aragón" el 2 de diciembre de 2010)
(Artículo de Jesús F. Frago, publicado en "Heraldo de Aragón" el 2 de diciembre de 2010)
DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Uno de los inevitables efectos colaterales de las crisis es la caza y captura de chivos expiatorios, y uno de los favoritos del imaginario popular y las élites políticas y económicas es el funcionariado. La cascada de tópicos es bien conocida, desde la caracterización de España como 'país de funcionarios' hasta la caricatura de estos como burócratas improductivos amparados en el carácter vitalicio de sus puestos.
Lamentablemente, son pocos los que se atreven a oponer los hechos a los estereotipos y, más triste aún, entre ellos no se cuentan los responsables políticos, o sea, sus jefes. Porque no es cierto que España sea un país funcionarial. El porcentaje de asalariados que trabajan en el sector público es el 13%, por debajo del 14,8% de la OCDE ¡y del 14,1% de EE UU! Tampoco es cierto que todos los empleados públicos tengan un puesto 'fijo'. El 25,1% son temporales, una cifra similar al 25,4% global de asalariados temporales, el doble que la media europea. Como tampoco lo es que sean 'burócratas'. La gran mayoría son policías, enfermeros, médicos, bomberos, militares o profesores (de hecho, el colectivo más numeroso trabaja en uno de los servicios públicos de salud mejores del mundo). Hay también, claro, administrativos, pero todavía estoy esperando que alguien aporte evidencia alguna de que la proporción de empleados dedicados a las imprescindibles labores de gestión sea mayor en el sector público (especialmente en relación con el presupuesto y los asuntos gestionados) que en bancos, empresas eléctricas o compañías telefónicas; o de que su productividad sea menor que la de sus colegas de otros países.
Pero, desde un punto de vista político, lo preocupante de estos lugares comunes no es la demonización de los empleados públicos, sino la de la función pública misma. Es muy reveladora la tendencia a ensañarse precisamente con los funcionarios de carrera, es decir, con los que han obtenido un puesto de trabajo superando un concurso-oposición (y a menudo varios), que cobran salarios estrictamente fijados según la cualificación de su función (normalmente muy por debajo de la que correspondería en el sector privado) y que, en efecto, son inamovibles salvo por medio del oportuno expediente disciplinario (o sentencia judicial).
Esta descalificación del funcionario de carrera apunta precisamente a la yugular de uno de los rasgos esenciales del Estado democrático moderno: una función pública profesional e independiente del partido gobernante, cuyos trabajadores (y aspirantes a serlo) estén protegidos de la arbitrariedad clientelista de los gobernantes de turno. Y, además, es una cortina de humo que oculta el verdadero problema, que es más bien el contrario: el hecho de que, de las personas que trabajan en el sector público, cada vez somos menos (y digo 'somos' porque soy funcionario, y a mucha honra) los que realizamos tareas acordes con la cualificación que se nos exigió acreditar en un concurso-oposición. Y cada vez más los de libre designación o los directivos y empleados de fundaciones, empresas o 'entes' públicos, semipúblicos o que no se sabe muy bien ni qué son. O sea, los que ni han sido seleccionados por los procedimientos establecidos por la Constitución ni tienen sus salarios (¡y gastos!) sujetos a las limitaciones de los que sí lo han sido. Y eso sí que es un problema a la vez político, por lo que supone de degradación de la democracia, y económico, por el despilfarro que genera.
Tocan vacas flacas, y por lo tanto recortes en el gasto público. Bienvenidos sean, pero no nos dejemos engañar sobre dónde está realmente el despilfarro del dinero de los contribuyentes. Porque si nos dejamos engañar lo pagaremos con menos y peores servicios públicos… y con el mismo o más despilfarro.
Nunca está de más releer el inmortal artículo de Larra «Vuelva usted mañana». Pero no es menos recomendable la lectura de 'Miau', la novela en la que Pérez Galdós retrata una de las peores lacras de la España del XIX, que algunos ahora nos venden como modelo para la del XXI.
(Artículo de Manuel Hernández Iglesias, publicado en "La Verdad" el 1 de diciembre de 2010)
TRIBUNAL DE CUENTAS
La prueba del algodón no falla: se puede poner toda la formidable maquinaria propagandística al servicio de doblegar la realidad o incluso a ocultarla, que mientras existan ciudadanos como D. Manuel Muñoz, presidente del Tribunal de Cuentas, capaz de firmar el informe anual de los ejercicios 2004-2005 de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Verdad tiene posibilidades de prevalecer.
El Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador del Estado, ha entregado este verano el informe de los últimos ejercicios escrutados: 2004 y 2005; aunque van con retraso, actúan de forma profesional, independiente, contundente y, vistos los resultados, con sentencias demoledoras. Son 265 páginas que no tienen desperdicio, deberían ser de obligado conocimiento para cualquier ciudadano, no digamos si es político, en la asignatura de educación para la ciudadanía, y si no entero, al menos las siete páginas del resumen y las dos de recomendaciones.
Su lectura se puede empezar por donde se quiera, de tirón o a trompicones, las “perlas” que contiene el informe son de vergüenza ajena. El primer párrafo de la primera conclusión promete: “Las cuentas Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005 fueron rendidas a este tribunal fuera de plazo previsto […]”; empieza sacándonos los colores, pero es suave con lo que aparece a continuación:”El presupuesto de gastos por programas no contiene objetivos e indicadores definidos suficientemente explícitos. Esta circunstancia, unida a la carencia de contabilidad analítica, dificulta el conocimiento y análisis objetivo del coste y rendimiento de los servicios públicos”, vamos, que no hay manera de saber su eficacia o dónde va nuestro dinero porque hay un descontrol de aúpa.
La indignación llega cuando analiza las subvenciones:”Con respecto a las subvenciones no nominativas concedidas sin convocatoria previa, no se acreditan las razones que justifican la concesión directa de las ayudas ni puede deducirse del objeto de las mismas la imposibilidad de someterlas a procedimientos de concurrencia”. Sigue con la fiscalidad de la contratación administrativa:”Las bajas económicas ofertadas fueron deficientemente valoradas en las adjudicaciones por concurso, con el consiguiente encarecimiento de los precios de estos contratos, […] Por otra parte, algunos criterios de adjudicación fueron insuficiente precisados en los pliegos, lo que no es conforme con los principios de publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública”. “En las ejecuciones examinadas de los contratos de obras, se produjeron significativas demoras y ampliaciones de los plazos de ejecución no justificados adecuadamente, que son particularmente relevantes porque a las adjudicaciones de dichos contratos recayeron en licitadores que habían ofertado reducciones de los plazos”. Sin comentarios.
Llegamos al escándalo cuando se analizan los Organismos Autónomos, los Entes Públicos, las Empresas Públicas, Fundaciones y Consorcios; todas las conclusiones de estos apartados tienen en común que las cuentas entregadas: “no recoge la totalidad de la información exigida”, “no representan con fidelidad su situación financiera” y lo que no es de recibo “[…] los estados presupuestarios y financieros que elaboran, presentan y rinden […] adolecen del debido rigor dado los errores y debilidades que presentan, lo que afecta a la transparencia y eficacia que debe estar presente y es exigible a todo sector público”. Una detrás de otra desgrana hasta 38 irregularidades en una lista en la que impera el caos, la ocultación, el desconocimiento y en donde se reconoce que no ha podido determinar cuántos Entes Públicos existen y mucho menos cuanto personal tienen.
Finaliza el informe con once recomendaciones, no sin antes advertir de antemano que “se ha podido constatar que de la nueve recomendaciones recogidas en el anterior informe de 2003 ninguna de ellas ha podido ser aplicada por la CA, al menos en su totalidad, […]” El último párrafo de la última recomendación, antes de la rúbrica, no tiene desperdicio: “En los pliegos de cláusulas administrativas, deberían especificarse con precisión los métodos o formas de asignación de los puntos correspondientes a los diferentes criterios de adjudicación de forma que todos las empresas interesadas en las licitaciones puedan conocerlos para preparar oferta en coherencia con sus posibilidades y con los requerimientos y necesidades especificas de la Administración contratante”.
En resumidas cuentas, necesitamos más control, transparencia y unos gestores que se lo tomen en serio, no miren para otro lado o no nos tomen el pelo. Si algún ciudadano quiere saber una de las claves de porqué estamos en esta situación económica o qué lodos trajeron estos barros, no se pierdan la lectura del informe 867 del Tribunal de Cuentas; el Señor Iglesias seguro que lo ha hecho,… ¿o no?
(Artículo de Rafael López Insausti, publicado en "Heraldo de Aragón" el 23 de noviembre de 2010)
El Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador del Estado, ha entregado este verano el informe de los últimos ejercicios escrutados: 2004 y 2005; aunque van con retraso, actúan de forma profesional, independiente, contundente y, vistos los resultados, con sentencias demoledoras. Son 265 páginas que no tienen desperdicio, deberían ser de obligado conocimiento para cualquier ciudadano, no digamos si es político, en la asignatura de educación para la ciudadanía, y si no entero, al menos las siete páginas del resumen y las dos de recomendaciones.
Su lectura se puede empezar por donde se quiera, de tirón o a trompicones, las “perlas” que contiene el informe son de vergüenza ajena. El primer párrafo de la primera conclusión promete: “Las cuentas Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005 fueron rendidas a este tribunal fuera de plazo previsto […]”; empieza sacándonos los colores, pero es suave con lo que aparece a continuación:”El presupuesto de gastos por programas no contiene objetivos e indicadores definidos suficientemente explícitos. Esta circunstancia, unida a la carencia de contabilidad analítica, dificulta el conocimiento y análisis objetivo del coste y rendimiento de los servicios públicos”, vamos, que no hay manera de saber su eficacia o dónde va nuestro dinero porque hay un descontrol de aúpa.
La indignación llega cuando analiza las subvenciones:”Con respecto a las subvenciones no nominativas concedidas sin convocatoria previa, no se acreditan las razones que justifican la concesión directa de las ayudas ni puede deducirse del objeto de las mismas la imposibilidad de someterlas a procedimientos de concurrencia”. Sigue con la fiscalidad de la contratación administrativa:”Las bajas económicas ofertadas fueron deficientemente valoradas en las adjudicaciones por concurso, con el consiguiente encarecimiento de los precios de estos contratos, […] Por otra parte, algunos criterios de adjudicación fueron insuficiente precisados en los pliegos, lo que no es conforme con los principios de publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública”. “En las ejecuciones examinadas de los contratos de obras, se produjeron significativas demoras y ampliaciones de los plazos de ejecución no justificados adecuadamente, que son particularmente relevantes porque a las adjudicaciones de dichos contratos recayeron en licitadores que habían ofertado reducciones de los plazos”. Sin comentarios.
Llegamos al escándalo cuando se analizan los Organismos Autónomos, los Entes Públicos, las Empresas Públicas, Fundaciones y Consorcios; todas las conclusiones de estos apartados tienen en común que las cuentas entregadas: “no recoge la totalidad de la información exigida”, “no representan con fidelidad su situación financiera” y lo que no es de recibo “[…] los estados presupuestarios y financieros que elaboran, presentan y rinden […] adolecen del debido rigor dado los errores y debilidades que presentan, lo que afecta a la transparencia y eficacia que debe estar presente y es exigible a todo sector público”. Una detrás de otra desgrana hasta 38 irregularidades en una lista en la que impera el caos, la ocultación, el desconocimiento y en donde se reconoce que no ha podido determinar cuántos Entes Públicos existen y mucho menos cuanto personal tienen.
Finaliza el informe con once recomendaciones, no sin antes advertir de antemano que “se ha podido constatar que de la nueve recomendaciones recogidas en el anterior informe de 2003 ninguna de ellas ha podido ser aplicada por la CA, al menos en su totalidad, […]” El último párrafo de la última recomendación, antes de la rúbrica, no tiene desperdicio: “En los pliegos de cláusulas administrativas, deberían especificarse con precisión los métodos o formas de asignación de los puntos correspondientes a los diferentes criterios de adjudicación de forma que todos las empresas interesadas en las licitaciones puedan conocerlos para preparar oferta en coherencia con sus posibilidades y con los requerimientos y necesidades especificas de la Administración contratante”.
En resumidas cuentas, necesitamos más control, transparencia y unos gestores que se lo tomen en serio, no miren para otro lado o no nos tomen el pelo. Si algún ciudadano quiere saber una de las claves de porqué estamos en esta situación económica o qué lodos trajeron estos barros, no se pierdan la lectura del informe 867 del Tribunal de Cuentas; el Señor Iglesias seguro que lo ha hecho,… ¿o no?
(Artículo de Rafael López Insausti, publicado en "Heraldo de Aragón" el 23 de noviembre de 2010)
PARTIDOS.
Leon Blum, el primer ministro francés que introdujo la semana laboral de 40 horas y las vacaciones pagadas, solía decir que "no son los partidos los que hacen los gobiernos, sino los gobiernos los que hacen los partidos". Lo pagó caro. Blum fue detenido por el régimen colaboracionista de Pétain y entregado a los nazis, que le internaron en los campos de concentración de Buchenwald y Dachau.
Paul Whiteley, profesor de la Universidad de Essex (Reino Unido), ha realizado una investigación en 36 países en la que, entre otras cosas, pone de manifiesto que existe una estrecha correlación entre una amplia militancia política y una buena administración pública. Pero ¿es la baja militancia partidista la que provoca la mala administración pública o sucede más bien al revés? Las estadísticas son tozudas. En Europa ha descendido en los últimos años el número de afiliados a los partidos políticos. Un caso significativo es el de Holanda, donde, entre 1978 y el 2008, la militancia ha descendido de 450.000 a 300.000. Este descenso no sólo se ha traducido en un debilitamiento de la sociedad civil, sino también en una más baja participación electoral. Y Gran Bretaña no es, en este sentido, una isla. Según The Economist, los tres grandes partidos británicos apenas suman ahora una militancia de medio millón de ciudadanos. En la década de 1950, cuando la población británica era mucho menor, los tres partidos reunían más de cuatro millones de militantes.
Los descensos de militancia y de participación electoral tienen diversas explicaciones, desde la ampliación de la clase media y la difuminación de las líneas tribales, al menos en algunos casos, hasta la reducción de las diferencias ideológicas entre los distintos partidos, lo que favorece la fragmentación y la aparición de terceros que pretenden pescar en aguas revueltas. Pero debe haber algo más que explique la desafección.
Hay un posible paralelismo entre los partidos y los clubs de fútbol. Si no hubiera partidos políticos, no habría democracia representativa. Eso es evidente. Y sin clubs, los partidos de fútbol serían, por ejemplo, entre solteros y casados, esto es, el equivalente al asambleísmo. Pero hay algo más: el problema de la financiación. Entre los grandes clubs ya no quedan, como pasa entre los grandes partidos, aquellos que se financian sólo con las cuotas de los socios, que en el fútbol hacen las veces de militantes. Pero el ciudadano no acaba de entender que en política se dé el equivalente de lo que en el fútbol conocemos por ingresos atípicos.
(Artículo de Xavier Batalla, publicado en "La Vanguardia" el 28 de noviembre de 2010)
Paul Whiteley, profesor de la Universidad de Essex (Reino Unido), ha realizado una investigación en 36 países en la que, entre otras cosas, pone de manifiesto que existe una estrecha correlación entre una amplia militancia política y una buena administración pública. Pero ¿es la baja militancia partidista la que provoca la mala administración pública o sucede más bien al revés? Las estadísticas son tozudas. En Europa ha descendido en los últimos años el número de afiliados a los partidos políticos. Un caso significativo es el de Holanda, donde, entre 1978 y el 2008, la militancia ha descendido de 450.000 a 300.000. Este descenso no sólo se ha traducido en un debilitamiento de la sociedad civil, sino también en una más baja participación electoral. Y Gran Bretaña no es, en este sentido, una isla. Según The Economist, los tres grandes partidos británicos apenas suman ahora una militancia de medio millón de ciudadanos. En la década de 1950, cuando la población británica era mucho menor, los tres partidos reunían más de cuatro millones de militantes.
Los descensos de militancia y de participación electoral tienen diversas explicaciones, desde la ampliación de la clase media y la difuminación de las líneas tribales, al menos en algunos casos, hasta la reducción de las diferencias ideológicas entre los distintos partidos, lo que favorece la fragmentación y la aparición de terceros que pretenden pescar en aguas revueltas. Pero debe haber algo más que explique la desafección.
Hay un posible paralelismo entre los partidos y los clubs de fútbol. Si no hubiera partidos políticos, no habría democracia representativa. Eso es evidente. Y sin clubs, los partidos de fútbol serían, por ejemplo, entre solteros y casados, esto es, el equivalente al asambleísmo. Pero hay algo más: el problema de la financiación. Entre los grandes clubs ya no quedan, como pasa entre los grandes partidos, aquellos que se financian sólo con las cuotas de los socios, que en el fútbol hacen las veces de militantes. Pero el ciudadano no acaba de entender que en política se dé el equivalente de lo que en el fútbol conocemos por ingresos atípicos.
(Artículo de Xavier Batalla, publicado en "La Vanguardia" el 28 de noviembre de 2010)
MALOS TIEMPOS PARA LOS FUNCIONARIOS.
“Hay como mínimo 150.000 funcionarios que no tienen trabajo que hacer. Si hay que hacer un ERE, se hace y no pasa nada.” -Joan Rosell, presidente de la patronal catalana-.
Como quien no quiere la cosa se va cerrando el cerco en torno a los funcionarios: de los chistes de siempre hemos pasado a señalarlos como privilegiados en época de crisis, y después a sugerir medidas contra ellos. De ahí a meterles mano sólo queda un paso, y parece cuestión de tiempo.
No hay semana que no salga un dirigente patronal, empresario, político o tertuliano proponiendo cambios radicales en la función pública: equipararlos con el sector privado, que se les pueda despedir, que sus salarios dependan de la productividad, o directamente echar a miles. Pero además, los funcionarios están sufriendo guillotina en los planes de ajuste europeos, con recortes salariales en Grecia, Portugal o España, y despidos en Reino Unido e Irlanda.
Los trabajadores públicos (es decir, de nuestros servicios públicos) ven que el río suena cada vez más. Porque además se temen que muy pocos ciudadanos moverían un dedo para defenderlos, ya que en tiempo de dificultades laborales prende fácilmente el resentimiento hacia quienes son presentados una y otra vez como privilegiados e improductivos.
De manera que los funcionarios sólo se tienen a sí mismos para defenderse, su fuerza como colectivo. Y hasta esa fuerza se está resintiendo. Vean lo de Andalucía, donde los trabajadores y sus representantes sindicales viven duros enfrentamientos entre partidarios y detractores de la reordenación de la administración que el gobierno andaluz ha aprobado.
Los favorables al cambio hablan de modernización y austeridad. Los que se manifiestan en contra denuncian que abre la puerta al enchufismo, la privatización y la pérdida de derechos. Sin entrar a fondo, en un primer vistazo no me gusta la idea de fragmentar la administración en agencias, pero además estoy ya escarmentado y cada vez que oigo a un gobernante hablar de “modernización” se me eriza el espinazo.
A la espera de ver en qué queda todo, hay algo que ya han conseguido: romper el bloque, dividir a los trabajadores, enfrentar a los sindicatos. Y a la vista de los vientos que soplan, esa ruptura es casi peor que cualquier reforma.
(Artículo de Isaac Rosa, publicado en "Público" el 26 de noviembre de 2010)
Como quien no quiere la cosa se va cerrando el cerco en torno a los funcionarios: de los chistes de siempre hemos pasado a señalarlos como privilegiados en época de crisis, y después a sugerir medidas contra ellos. De ahí a meterles mano sólo queda un paso, y parece cuestión de tiempo.
No hay semana que no salga un dirigente patronal, empresario, político o tertuliano proponiendo cambios radicales en la función pública: equipararlos con el sector privado, que se les pueda despedir, que sus salarios dependan de la productividad, o directamente echar a miles. Pero además, los funcionarios están sufriendo guillotina en los planes de ajuste europeos, con recortes salariales en Grecia, Portugal o España, y despidos en Reino Unido e Irlanda.
Los trabajadores públicos (es decir, de nuestros servicios públicos) ven que el río suena cada vez más. Porque además se temen que muy pocos ciudadanos moverían un dedo para defenderlos, ya que en tiempo de dificultades laborales prende fácilmente el resentimiento hacia quienes son presentados una y otra vez como privilegiados e improductivos.
De manera que los funcionarios sólo se tienen a sí mismos para defenderse, su fuerza como colectivo. Y hasta esa fuerza se está resintiendo. Vean lo de Andalucía, donde los trabajadores y sus representantes sindicales viven duros enfrentamientos entre partidarios y detractores de la reordenación de la administración que el gobierno andaluz ha aprobado.
Los favorables al cambio hablan de modernización y austeridad. Los que se manifiestan en contra denuncian que abre la puerta al enchufismo, la privatización y la pérdida de derechos. Sin entrar a fondo, en un primer vistazo no me gusta la idea de fragmentar la administración en agencias, pero además estoy ya escarmentado y cada vez que oigo a un gobernante hablar de “modernización” se me eriza el espinazo.
A la espera de ver en qué queda todo, hay algo que ya han conseguido: romper el bloque, dividir a los trabajadores, enfrentar a los sindicatos. Y a la vista de los vientos que soplan, esa ruptura es casi peor que cualquier reforma.
(Artículo de Isaac Rosa, publicado en "Público" el 26 de noviembre de 2010)
PEOR IMPOSIBLE.
La mejor noticia de la campaña electoral catalana es que está a punto de terminar. Acabará así un tiempo de frivolidad, improvisación y falsas expectativas. Justifico estos términos tan contundentes para no incurrir en lo que critico. La frivolidad la han aportado los contenidos de vídeos –ofensivos unos, chabacanos otros– que han acreditado el sospechado amateurismo en el marketing electoral de los partidos. Ni una sola versión audiovisual electoral se salva del naufragio: sea la orgásmica socialista, sea la seudopornográfica de Nebrera, sea la de la tosca historia de la España del latrocinio de CiU o sea el videojuego del PPC que virtualmente liquidaba independentistas e inmigrantes. La falta de respeto a la inteligencia del elector ha alcanzado niveles de auténtica grosería.
La improvisación la ha protagonizado con mucho mérito el PSC y el todavía president Montilla. Primero, cuando hace unos días –carente el discurso y el lugar de solemnidad y atrezo–lanzó el anuncio de que no volverá a presentarse. Un mensaje que se veía elaborado sobre la marcha pero con pretensiones de impactar. No alteró los pulsos a nadie. Segundo, cuando el mismo Montilla desafió a Mas a celebrar un debate cara a cara teniendo la obligación de saber que no era ya normativamente posible. Las juntas electorales –la de Barcelona y la Central, unánimes sus miembros– han puesto en evidencia una propuesta oportunista. Las falsas expectativas las ha suscitado Mas al insistir en que la piedra angular de su gestión futura será conseguir para Catalunya un concierto económico. Él sabe –y no volvamos a repetir la triste historia de la frustración del Estatut– que para lograr el sistema de financiación del que disfrutan ahora el País Vasco y Navarra, hace falta una habilitación constitucional y estatutaria que no existe. De tal manera que el planteamiento de CiU en este punto es voluntarista. Es legítimo aspirar al concierto económico. Pero a condición de que se describa cuál es el camino para alcanzarlo: reformar la Constitución. Después, es preciso incrustar esa aspiración en la realidad económica y social del conjunto de España, que atraviesa por una situación crítica.
Frivolidad, improvisación y falsas expectativas en una campaña pedestre enfrentan al electorado a un dilema: votar o no hacerlo. Y en el primer caso, mantener la fidelidad de voto o cambiar su opción. Con las referencias del debate ofrecidas por los partidos –se llene o no el Palau con el PSC y con CiU–, es más fácil caer en una perplejidad paralizante que en la proactividad participativa.
(Artículo de José Antonio Zarzalejos, publicado en "La Vanguardia" el 25 de noviembre de 2010)
ESPECTADORES O VOTANTES.
En esta sociedad del mínimo esfuerzo en la que estamos, una imagen vale no sólo más que mil palabras sino incluso más que mil ideas. Desde hace ya muchos meses, los sondeos señalan que en estas elecciones la abstención electoral será muy alta, hasta podría rebasar el cincuenta por ciento, como en el referéndum del Estatut. Descontentos con este récord, muchos partidos están haciendo auténticos esfuerzos para que la abstención aumente. ¿Cómo? Mediante imágenes, mil imágenes infames que no valen una sola idea. A eso hemos llegado.
Pero hemos llegado ahí, al desencanto y a la desafección, no por casualidad. El Partido Unificado de Catalunya (PUC), formado por CiU, PSC, ERC e ICV, que es quien nos gobierna, tiene dos alas: una que tiene una idea y otra que ninguna. La primera está formada por ERC e ICV, dos pequeños partidos. Lo tienen fácil, es una idea sencilla y sin matices: para unos, la independencia; para otros, siempre más a la izquierda. Como lo primero no está a la vista y lo segundo no se sabe muy bien lo que es, ahí pueden mantenerse, sin pestañear y con comodidad, durante años.
El problema lo tienen los grandes partidos: CiU y el PSC se han quedado sin ideas, ni siquiera una. Como CiU sólo habla de independencia cuando la cita electoral está lejana, ahora se ha inventado lo del concierto económico a la vasca. No se lo creen ni ellos, porque además es imposible.
El PSC, por su parte, vació su programa al emprender la loca carrera del Estatut que acabó con el president Montilla escapando de una manifestación que él mismo había convocado. Ahora dicen que "no son ni de derechas ni independentistas". ¡Gran noticia!: si la firmara un periodista, el director lo despediría por tonto.
Sin ideas. El ciudadano, desconcertado, sólo pensando en Messi. Habrá más catalanes que presenciarán por televisión el Barça-Madrid que votantes el día anterior.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "LaVanguardia" el 24 de noviembre de 2010)
LA PRODUCTIVIDAD DE LOS FUNCIONARIOS.
La intención del Gobierno, anunciada por el vicepresidente Chaves, de estudiar la vinculación de los sueldos de los funcionarios a la productividad ha producido un cierto revuelo. Algo curioso si se piensa que, como reconocía después el ministro Jáuregui, se trata de una modalidad de retribución contemplada por la legislación funcionarial desde hace más de 25 años. Parece que quiere el Gobierno mejorar su aplicación, y hará bien en intentarlo porque, a lo largo de estos años, su puesta en práctica ha derivado casi siempre hacia la consolidación como salario fijo ("café para todos"), perdiendo así cualquier carácter de estímulo para mejorar.
El anuncio ha suscitado la perplejidad de algunos, a quienes la vinculación de funcionarios y productividad les suena, de entrada, a oxímoron. Se equivocan. La mayoría de los servidores públicos son, individualmente considerados, personas competentes y esforzadas. El problema surge cuando contemplamos el empleo público en forma agregada. Algunos datos: la factura salarial del sector público relacionada con el PIB está por encima de la media de la OCDE y supera a la de países como Reino Unido, Francia, Holanda y Alemania. Los salarios han crecido, entre 2000 y 2008, por encima del promedio. La compensación por empleado público en relación con la renta per cápita es, también, relativamente más alta. Por el contrario, el total de horas trabajadas es el más bajo de la Unión Europea, situándose en 300 horas anuales menos que en Alemania o Reino Unido.
Este deterioro obedece, sobre todo, a unas relaciones laborales desequilibradas. Podemos decirlo así: en los últimos diez años, los ciudadanos españoles no hemos tenido patronales públicas capacitadas y dispuestas a defender nuestros intereses en la negociación colectiva con los sindicatos de funcionarios. El amateurismo de los políticos y su aversión al conflicto han caracterizado habitualmente estas negociaciones, del lado patronal. Enfrente, cuadros sindicales altamente profesionalizados han ejercido todo el instrumental de presión a su alcance. Reequilibrar este marco de relaciones es la primera prioridad si se quiere recuperar al menos una parte de la productividad perdida.
Ahora bien, este reequilibrio sería solo un primer paso. Haría falta, sobre todo, implantar en las organizaciones públicas una adecuada gestión de recursos humanos, de la que debería formar parte la evaluación del trabajo desarrollado. Hoy por hoy, la evaluación es algo ajeno a la mayor parte del empleo público. Y no hay motivo para que el trabajo de los funcionarios no sea evaluado. ¿No sería lógico evaluar a los docentes, entre otras cosas, por los resultados académicos obtenidos por sus alumnos? ¿No deberíamos evaluar a quienes ejecutan políticas activas de empleo en función del éxito de su trabajo de mediación laboral? La evaluación es, en el sector público como en el privado, imprescindible para aprender, para orientar, para mejorar el rendimiento y también para pagar, cuando resulte conveniente, un incentivo variable. Pretender hacer lo último sin lo primero es poner el carro delante de los bueyes.
Introducir la cultura y la práctica de la evaluación en el empleo público es una tarea tan exigente como imprescindible. Obliga, sobre todo, a una decidida inversión en management, déficit endémico de las organizaciones públicas. La crisis pone de manifiesto que las Administraciones Públicas españolas necesitan con urgencia un verdadero "choque de gestión". Hacen falta reformas capaces de poner fin a las holguras autocomplacientes del periodo anterior, de introducir la conciencia de coste, de orientar el servicio público a la producción de resultados, de impulsar la medición y mejora de la eficiencia, de incrementar la transparencia y la rendición de cuentas.
Y como no hay management sin managers, para todo lo anterior resulta imprescindible profesionalizar la dirección pública. Todavía un segmento excesivamente amplio de la dirección, especialmente en los niveles autonómico y local, se halla a disposición de los partidos. Miles de cargos directivos son ocupados por operadores políticos sin procesos que acrediten de algún modo la cualificación necesaria. Crear una dirección pública profesional, alejada por igual de la petrificación burocrática y la colonización partidista, es urgente y necesario. ¿O hemos de resignarnos a seguir viendo cambiar a los gerentes de hospital cuando cambia el color político del Gobierno?
(Artículo de Francisco Longo, publicado en "El País" el 21 de noviembre de 2010)
El anuncio ha suscitado la perplejidad de algunos, a quienes la vinculación de funcionarios y productividad les suena, de entrada, a oxímoron. Se equivocan. La mayoría de los servidores públicos son, individualmente considerados, personas competentes y esforzadas. El problema surge cuando contemplamos el empleo público en forma agregada. Algunos datos: la factura salarial del sector público relacionada con el PIB está por encima de la media de la OCDE y supera a la de países como Reino Unido, Francia, Holanda y Alemania. Los salarios han crecido, entre 2000 y 2008, por encima del promedio. La compensación por empleado público en relación con la renta per cápita es, también, relativamente más alta. Por el contrario, el total de horas trabajadas es el más bajo de la Unión Europea, situándose en 300 horas anuales menos que en Alemania o Reino Unido.
Este deterioro obedece, sobre todo, a unas relaciones laborales desequilibradas. Podemos decirlo así: en los últimos diez años, los ciudadanos españoles no hemos tenido patronales públicas capacitadas y dispuestas a defender nuestros intereses en la negociación colectiva con los sindicatos de funcionarios. El amateurismo de los políticos y su aversión al conflicto han caracterizado habitualmente estas negociaciones, del lado patronal. Enfrente, cuadros sindicales altamente profesionalizados han ejercido todo el instrumental de presión a su alcance. Reequilibrar este marco de relaciones es la primera prioridad si se quiere recuperar al menos una parte de la productividad perdida.
Ahora bien, este reequilibrio sería solo un primer paso. Haría falta, sobre todo, implantar en las organizaciones públicas una adecuada gestión de recursos humanos, de la que debería formar parte la evaluación del trabajo desarrollado. Hoy por hoy, la evaluación es algo ajeno a la mayor parte del empleo público. Y no hay motivo para que el trabajo de los funcionarios no sea evaluado. ¿No sería lógico evaluar a los docentes, entre otras cosas, por los resultados académicos obtenidos por sus alumnos? ¿No deberíamos evaluar a quienes ejecutan políticas activas de empleo en función del éxito de su trabajo de mediación laboral? La evaluación es, en el sector público como en el privado, imprescindible para aprender, para orientar, para mejorar el rendimiento y también para pagar, cuando resulte conveniente, un incentivo variable. Pretender hacer lo último sin lo primero es poner el carro delante de los bueyes.
Introducir la cultura y la práctica de la evaluación en el empleo público es una tarea tan exigente como imprescindible. Obliga, sobre todo, a una decidida inversión en management, déficit endémico de las organizaciones públicas. La crisis pone de manifiesto que las Administraciones Públicas españolas necesitan con urgencia un verdadero "choque de gestión". Hacen falta reformas capaces de poner fin a las holguras autocomplacientes del periodo anterior, de introducir la conciencia de coste, de orientar el servicio público a la producción de resultados, de impulsar la medición y mejora de la eficiencia, de incrementar la transparencia y la rendición de cuentas.
Y como no hay management sin managers, para todo lo anterior resulta imprescindible profesionalizar la dirección pública. Todavía un segmento excesivamente amplio de la dirección, especialmente en los niveles autonómico y local, se halla a disposición de los partidos. Miles de cargos directivos son ocupados por operadores políticos sin procesos que acrediten de algún modo la cualificación necesaria. Crear una dirección pública profesional, alejada por igual de la petrificación burocrática y la colonización partidista, es urgente y necesario. ¿O hemos de resignarnos a seguir viendo cambiar a los gerentes de hospital cuando cambia el color político del Gobierno?
(Artículo de Francisco Longo, publicado en "El País" el 21 de noviembre de 2010)
FUNCIONARIOS.
SI hablamos de funcionarios, en seguida nos acordamos de los personajes de las películas de Berlanga que intentaban echar una solicitud para un empleo, y cuando al fin lograban que alguien les atendiera al otro lado de la ventanilla, sólo obtenían una agria negativa por parte de un empleado que ni siquiera se dignaba asomar la cabeza ("Pero hombre de Dios, ¿no ve usted que le falta la fe de vida?"). En España es normal que se tenga un cierto desprecio por los funcionarios, a los que asociamos con la desidia o el malhumor o el escaso celo profesional, pero olvidamos que la existencia de los funcionarios es la única garantía para el buen funcionamiento de un Estado de derecho. Sin un cuerpo de profesionales de la Administración que no dependan de nadie para ganarse el sueldo -ni de partidos ni de empresas ni de particulares-, es imposible velar por el bien público y por el cumplimiento de las leyes en igualdad de condiciones para todos. Es tan sencillo como eso. Y tan complejo como eso.
La existencia de un cuerpo de funcionarios bien cualificados y que han sido seleccionados con criterios de mérito y de imparcialidad es una de las grandes conquistas del Estado moderno. El buen funcionamiento de una democracia no es posible sin los funcionarios de carrera, por la sencilla razón de que son los únicos que pueden garantizar la limpieza de los procesos electorales y la buena gestión de los organismos públicos. El sueño de todos los déspotas -pasados y presentes y futuros- es poder elegir a los funcionarios con criterios caprichosos -es decir partidistas-, para tener así una Administración obediente que se doblegue siempre a sus intereses. Y ésa sería la peor pesadilla para los ciudadanos que pagan impuestos y que desean unos servicios públicos bien gestionados y atendidos.
Por eso causa tanta alarma -o al menos a mí me la causa- que la Junta de Andalucía haya aprobado un decreto por el que se puede hacer funcionario de carrera a unas 20.000 personas que no han pasado por ningún proceso selectivo. Sé, por desgracia, que lo que aquí pretende hacer el PSOE es lo mismo que el PP ha hecho o pretende hacer en las comunidades donde gobierna, pero eso no es una excusa, sino una muestra más de la gravedad de la iniciativa. No sé si los promotores de este decreto se dan cuenta de que están dinamitando los fundamentos del Estado. Y tampoco sé si se dan cuenta de que no puede existir el Estado del bienestar si antes no existe un cuerpo de funcionarios seleccionado con criterios de independencia, mérito y cualificación profesional. Si este decreto se lleva a término, estaremos volviendo a los terribles tiempos de la España negra de Berlanga. A lo mejor nos lo merecemos, pero no deja de ser una pésima noticia.
(Artículo de Eduardo Jordá, publicado en "Diario de Sevilla" el 17 de noviembre de 2010)
La existencia de un cuerpo de funcionarios bien cualificados y que han sido seleccionados con criterios de mérito y de imparcialidad es una de las grandes conquistas del Estado moderno. El buen funcionamiento de una democracia no es posible sin los funcionarios de carrera, por la sencilla razón de que son los únicos que pueden garantizar la limpieza de los procesos electorales y la buena gestión de los organismos públicos. El sueño de todos los déspotas -pasados y presentes y futuros- es poder elegir a los funcionarios con criterios caprichosos -es decir partidistas-, para tener así una Administración obediente que se doblegue siempre a sus intereses. Y ésa sería la peor pesadilla para los ciudadanos que pagan impuestos y que desean unos servicios públicos bien gestionados y atendidos.
Por eso causa tanta alarma -o al menos a mí me la causa- que la Junta de Andalucía haya aprobado un decreto por el que se puede hacer funcionario de carrera a unas 20.000 personas que no han pasado por ningún proceso selectivo. Sé, por desgracia, que lo que aquí pretende hacer el PSOE es lo mismo que el PP ha hecho o pretende hacer en las comunidades donde gobierna, pero eso no es una excusa, sino una muestra más de la gravedad de la iniciativa. No sé si los promotores de este decreto se dan cuenta de que están dinamitando los fundamentos del Estado. Y tampoco sé si se dan cuenta de que no puede existir el Estado del bienestar si antes no existe un cuerpo de funcionarios seleccionado con criterios de independencia, mérito y cualificación profesional. Si este decreto se lleva a término, estaremos volviendo a los terribles tiempos de la España negra de Berlanga. A lo mejor nos lo merecemos, pero no deja de ser una pésima noticia.
(Artículo de Eduardo Jordá, publicado en "Diario de Sevilla" el 17 de noviembre de 2010)
EN BOCA CERRADA.
Para ocupar espacios públicos de opinión como este, uno tiene que apoyarse en varios supuestos básicos. Que de ciertas áreas de la realidad solo cabe opinión, es decir, conocimiento capaz de persuasión y no de demostración rigurosa. Que lo opinable tiene que ver en especial con la acción o conducta humana, lo mismo individual que colectiva, y se encuadra así en el territorio de la ética y la política. Que las opiniones, y gracias a las emociones que suscitan, orientan el comportamiento humano en un sentido o en otro. Que ya solo por eso nos incumbe el deber de depurar nuestros prejuicios y apuntalar argumentalmente nuestras opiniones. Pero que no todas las opiniones son de igual valor y el sujeto cree que algunas de las suyas serían más valiosas que otras vigentes y por eso se decide a exponerlas al público. Y a dar este último paso le mueve asimismo la confianza de que sabrá escribirlas con cierta eficacia y, para qué ocultarlo, también la necesidad del aplauso ajeno.
Son legión los que se han prestado al "nacionalismo obligatorio"
Lo extraño es que entre nosotros tantas personas a quienes les sobra el saber preciso para enriquecer la opinión pública desdeñen esta tarea. O bien consideran que entrar en este terreno rebajaría enseguida la altura de sus ideas, forzadas a acomodarse al lector ordinario, o que sus reflexiones nada iban a alterar la conciencia de sus conciudadanos. O bien dan por sentado que conviene evitar los juicios en tribunas públicas para librarse de los diversos riesgos que ello podría acarrear (y entre esos riesgos, el de que "los suyos de toda la vida" comiencen a mirarles con recelo...). Lo cierto es que se contentan con cultivar para sí o entre muy pocos un saber que por su naturaleza es para muchos. Se limitan a contemplar su objeto de estudio desde todos los ángulos, menos desde ese en el que ese objeto muestra el sufrimiento que produce y demanda entonces una acción justa. Así llegan bastantes a tomar por teoría pura lo que es un conocimiento de y para la práctica o la acción. Aristóteles ya nos enseñó que en ética "no investigamos para saber qué es la virtud, sino para hacernos buenos".
Pues bien, déjenme indicarles qué clase de académicos y qué tipo de problemas públicos -entre tantos posibles- echo más en falta en la arena pública de la opinión. Para empezar por uno mismo y sus colegas, mal se comprende que los estudiosos de la democracia dejemos pasar como si tal cosa las palabras que los últimos Sumos Pontífices o las autoridades eclesiásticas de nuestro país suelen dedicar a esta forma de gobierno. En este asunto uno duda si tales palabras encierran una penosa confusión sobre su naturaleza o una dosis notable de cinismo interesado. Siempre desde la convicción de ser los depositarios de esa Verdad que ilumina incluso las instituciones públicas, las recientes encíclicas papales reprochan a la democracia que en ella la verdad sea dictada por la mayoría o varíe según los diversos equilibrios políticos. ¿No habrá que disipar cuanto antes tamaño disparate entre los católicos de este país que acogen esa enseñanza?
Cambiemos de tercio. Salvo los mismos pedagogos y titulados afines, me parece que no hay gremio asociado a la enseñanza en cualquiera de sus escalones que no acumule muy serios reparos contra el despotismo (tan poco ilustrado) de la pedagogía instalada entre nosotros durante los últimos 30 años. A decir verdad, no conozco a nadie que no comparta las críticas de sus dictámenes o, entre sus partidarios, a alguien que sea al menos capaz de replicar estas críticas con cierto fundamento. Y, sin embargo, estos juicios denegatorios por regla general eluden el pronunciamiento público y con él un debate que podría aclarar las cosas. De manera que prosigue boyante el blablablá didáctico, la jerga curricular, la pedantería de las "habilidades" y demás técnicas del vacío. Hace ya algún tiempo que esa marea alcanzó también a la Universidad a la hora de dictar métodos, evaluar méritos y medir rendimientos. Aliada con el proceso de Bolonia, pronto se harán notar aquí sus estragos.
Ítem más. Son legión los historiadores, sociólogos, filólogos o antropólogos locales que se han prestado a lo largo de todo este tiempo de nacionalismo obligatorio a recuperar las señas de identidad de sus respectivas regiones o directamente a su construcción nacional. Han fingido hacer ciencia cuando hacían política, y una política injustificable. De la historia han deducido presuntos derechos históricos, lo mismo que de la toponimia de su tierra han derivado políticas lingüísticas o del folclore en extinción derechos culturales. Pero ahí están también -unos más, otros menos- los que han consentido esos desafueros, pese a disponer de razones para ponerlos en la picota. Conozco a historiadores sabedores de falsas historias que, al no ser desmentidas, han acabado consagrando hitos nacionalistas creídos a pies juntillas; a sociólogos que se avergüenzan de la calidad de tantos sondeos cuyos increíbles resultados sustentan incuestionables derechos lingüísticos..., pero que tampoco chistan. Temen que su carrera profesional y hasta su sosiego personal saldrían malparados en cuanto asomaran la nariz fuera de sus clases universitarias.
Aún está caliente la sentencia sobre el Estatut catalán como para olvidarnos de que antes y después abundaron los comentarios despectivos y hasta amenazantes. Uno de los argumentos más voceados ha sido el de que el Tribunal Constitucional no debía recortar lo más mínimo de un proyecto de reforma estatutaria que había recibido los debidos plácets democráticos. Fue entonces cuando se notó la ausencia de filósofos jurídicos y constitucionalistas, siquiera de los contrarios a aquel argumento, que hubieran enseñado lo que el ciudadano común y políticos no tan comunes seguramente ignoran. En pocas palabras, que como la mera regla de la mayoría puede adoptar decisiones enfrentadas a los principios constitucionales de libertad e igualdad ciudadanas, una revisión judicial del máximo rango se encargará de reponer esos derechos conculcados. Como en tantos otros países, los redactores de nuestra Constitución establecieron que una institución minoritaria podría prevalecer sobre algunas decisiones mayoritarias..., justamente para asegurar entre nosotros la pervivencia del orden democrático. No consta que Cataluña quedara exenta de este cuidado constitucional.
Pero habrá que poner por ahora punto final. No se extrañen si incluyo en esta lista a los fonólogos, esos especialistas en los sonidos y entonación de nuestra lengua común. Lo entenderán a poco que reparen en el tono que han impuesto durante las tres últimas décadas los locutores sin rostro de las noticias en TV (pero también las azafatas de los vuelos e innumerables telefonistas) y lo comparen con el que todos empleamos en la vida diaria. Ha nacido una nueva entonación del español, exclusiva de aquellos profesionales, y nadie parece incomodarse por ello. Le dediqué un artículo en este mismo lugar en 1988 (Darse tono) que no tuvo más eco que el silencio. Que los signos de puntuación -con los ritmos y pausas que marcan- confieren su sentido a lo relatado, que no cabe improvisar altibajos musicales a voluntad y en cualquier lugar de la frase leída, todo ello se ha vuelto normas arcaicas. Mientras los demás hablamos, ellos "locutan", que es un modo de mostrarnos que están por encima del hablante ordinario. Y, puesto que tan horrísono sonsonete no ha podido pasar desapercibido a los oídos de fonólogos o académicos de la Lengua, ¿cómo es que alguno de ellos no levanta su autorizada voz para acabar con esas otras voces que desentonan?
Y así sucesivamente.
(Artículo de Aurelio Arteta, publicado en "El País" el 17 de noviembre de 2010)
Son legión los que se han prestado al "nacionalismo obligatorio"
Lo extraño es que entre nosotros tantas personas a quienes les sobra el saber preciso para enriquecer la opinión pública desdeñen esta tarea. O bien consideran que entrar en este terreno rebajaría enseguida la altura de sus ideas, forzadas a acomodarse al lector ordinario, o que sus reflexiones nada iban a alterar la conciencia de sus conciudadanos. O bien dan por sentado que conviene evitar los juicios en tribunas públicas para librarse de los diversos riesgos que ello podría acarrear (y entre esos riesgos, el de que "los suyos de toda la vida" comiencen a mirarles con recelo...). Lo cierto es que se contentan con cultivar para sí o entre muy pocos un saber que por su naturaleza es para muchos. Se limitan a contemplar su objeto de estudio desde todos los ángulos, menos desde ese en el que ese objeto muestra el sufrimiento que produce y demanda entonces una acción justa. Así llegan bastantes a tomar por teoría pura lo que es un conocimiento de y para la práctica o la acción. Aristóteles ya nos enseñó que en ética "no investigamos para saber qué es la virtud, sino para hacernos buenos".
Pues bien, déjenme indicarles qué clase de académicos y qué tipo de problemas públicos -entre tantos posibles- echo más en falta en la arena pública de la opinión. Para empezar por uno mismo y sus colegas, mal se comprende que los estudiosos de la democracia dejemos pasar como si tal cosa las palabras que los últimos Sumos Pontífices o las autoridades eclesiásticas de nuestro país suelen dedicar a esta forma de gobierno. En este asunto uno duda si tales palabras encierran una penosa confusión sobre su naturaleza o una dosis notable de cinismo interesado. Siempre desde la convicción de ser los depositarios de esa Verdad que ilumina incluso las instituciones públicas, las recientes encíclicas papales reprochan a la democracia que en ella la verdad sea dictada por la mayoría o varíe según los diversos equilibrios políticos. ¿No habrá que disipar cuanto antes tamaño disparate entre los católicos de este país que acogen esa enseñanza?
Cambiemos de tercio. Salvo los mismos pedagogos y titulados afines, me parece que no hay gremio asociado a la enseñanza en cualquiera de sus escalones que no acumule muy serios reparos contra el despotismo (tan poco ilustrado) de la pedagogía instalada entre nosotros durante los últimos 30 años. A decir verdad, no conozco a nadie que no comparta las críticas de sus dictámenes o, entre sus partidarios, a alguien que sea al menos capaz de replicar estas críticas con cierto fundamento. Y, sin embargo, estos juicios denegatorios por regla general eluden el pronunciamiento público y con él un debate que podría aclarar las cosas. De manera que prosigue boyante el blablablá didáctico, la jerga curricular, la pedantería de las "habilidades" y demás técnicas del vacío. Hace ya algún tiempo que esa marea alcanzó también a la Universidad a la hora de dictar métodos, evaluar méritos y medir rendimientos. Aliada con el proceso de Bolonia, pronto se harán notar aquí sus estragos.
Ítem más. Son legión los historiadores, sociólogos, filólogos o antropólogos locales que se han prestado a lo largo de todo este tiempo de nacionalismo obligatorio a recuperar las señas de identidad de sus respectivas regiones o directamente a su construcción nacional. Han fingido hacer ciencia cuando hacían política, y una política injustificable. De la historia han deducido presuntos derechos históricos, lo mismo que de la toponimia de su tierra han derivado políticas lingüísticas o del folclore en extinción derechos culturales. Pero ahí están también -unos más, otros menos- los que han consentido esos desafueros, pese a disponer de razones para ponerlos en la picota. Conozco a historiadores sabedores de falsas historias que, al no ser desmentidas, han acabado consagrando hitos nacionalistas creídos a pies juntillas; a sociólogos que se avergüenzan de la calidad de tantos sondeos cuyos increíbles resultados sustentan incuestionables derechos lingüísticos..., pero que tampoco chistan. Temen que su carrera profesional y hasta su sosiego personal saldrían malparados en cuanto asomaran la nariz fuera de sus clases universitarias.
Aún está caliente la sentencia sobre el Estatut catalán como para olvidarnos de que antes y después abundaron los comentarios despectivos y hasta amenazantes. Uno de los argumentos más voceados ha sido el de que el Tribunal Constitucional no debía recortar lo más mínimo de un proyecto de reforma estatutaria que había recibido los debidos plácets democráticos. Fue entonces cuando se notó la ausencia de filósofos jurídicos y constitucionalistas, siquiera de los contrarios a aquel argumento, que hubieran enseñado lo que el ciudadano común y políticos no tan comunes seguramente ignoran. En pocas palabras, que como la mera regla de la mayoría puede adoptar decisiones enfrentadas a los principios constitucionales de libertad e igualdad ciudadanas, una revisión judicial del máximo rango se encargará de reponer esos derechos conculcados. Como en tantos otros países, los redactores de nuestra Constitución establecieron que una institución minoritaria podría prevalecer sobre algunas decisiones mayoritarias..., justamente para asegurar entre nosotros la pervivencia del orden democrático. No consta que Cataluña quedara exenta de este cuidado constitucional.
Pero habrá que poner por ahora punto final. No se extrañen si incluyo en esta lista a los fonólogos, esos especialistas en los sonidos y entonación de nuestra lengua común. Lo entenderán a poco que reparen en el tono que han impuesto durante las tres últimas décadas los locutores sin rostro de las noticias en TV (pero también las azafatas de los vuelos e innumerables telefonistas) y lo comparen con el que todos empleamos en la vida diaria. Ha nacido una nueva entonación del español, exclusiva de aquellos profesionales, y nadie parece incomodarse por ello. Le dediqué un artículo en este mismo lugar en 1988 (Darse tono) que no tuvo más eco que el silencio. Que los signos de puntuación -con los ritmos y pausas que marcan- confieren su sentido a lo relatado, que no cabe improvisar altibajos musicales a voluntad y en cualquier lugar de la frase leída, todo ello se ha vuelto normas arcaicas. Mientras los demás hablamos, ellos "locutan", que es un modo de mostrarnos que están por encima del hablante ordinario. Y, puesto que tan horrísono sonsonete no ha podido pasar desapercibido a los oídos de fonólogos o académicos de la Lengua, ¿cómo es que alguno de ellos no levanta su autorizada voz para acabar con esas otras voces que desentonan?
Y así sucesivamente.
(Artículo de Aurelio Arteta, publicado en "El País" el 17 de noviembre de 2010)
ELOGIO DE LA TOLERANCIA.
Alarmados por el crecimiento de la intolerancia y sus manifestaciones de racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia y otras expresiones de odio y discriminación, diferentes organismos internacionales decidieron pasar a la acción. La ONU proclamó en 1995 el Año Mundial por la Tolerancia, y la UNESCO aprobó una Declaración e instituyó el 16 de noviembre, aniversario de su constitución, como Día Mundial por la Tolerancia. Momentos de movilización general que no continuaron y no se tradujeron en instrumentos políticos y legislativos. En esa Declaración, los jefes de Estado y de Gobierno apostaron por defender el principio de la tolerancia como un valor esencial de la convivencia democrática, reclamando que no se confunda con la noción de permisividad y precisando: “La tolerancia es el respeto, la aceptación y el aprecio de la riqueza infinita de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. Fomentan la tolerancia el conocimiento, la apertura de ideas, la comunicación y la libertad de conciencia. La tolerancia es la armonía en la diferencia y no sólo es un deber moral, sino una exigencia política y jurídica”.
La Academia Universal de la Cultura constató el peligroso avance internacional de la intolerancia, ya sea racial, religiosa, sexista o cultural, su penetración y su papel estimulador del odio. En su Forum Internacional analizó a fondo el problema y su dramática expresión en Europa, marcada históricamente por una idea de “intolerancia institucionalizada que explica los campos de concentración, los hornos crematorios, el suplicio del garrote, los osarios, las deportaciones, los gulags y el confinamiento”. La historia nos proporciona un sinnúmero de ejemplos. “La intolerancia individual y colectiva se conjugaron para dar origen a la Inquisición, las guerras de religión, genocidios, purgas totalitarias, fascismo, integrismo, etc.”, afirma la Academia.
Elie Wiesel, superviviente de Auschwitz y premio Nobel de la Paz, en su texto introductorio del Forum, afirma que la intolerancia “no es solamente el vil instrumento del enemigo, sino que ella es el enemigo mismo”. Sostiene que es la antesala del odio y la violencia e insiste en que tanto la intolerancia como el fascismo conducen inevitablemente a la humillación del prójimo y, con ello, a la negación del ser humano y sus posibilidades de desarrollo. Las manifestaciones de intolerancia consagran como valor común, no a la persona con sus propias y diversas identidades, sino a la propia identidad enfrentada a la de los demás a quienes no acepta y niega respeto y aprecio. Es el denominador común y se presenta vinculada a expresiones de odio racial, nacional, sexual, religioso u otros comportamientos que discriminan o agreden a grupos o personas por el hecho de ser, pensar o actuar de modo diferente. Cuando la intolerancia se transforma en un hecho colectivo o institucionalizado, socava la convivencia y los principios democráticos y supone una amenaza para la paz mundial.
Pero, ¿cómo se puede combatir la intolerancia? Sabemos cómo enfrentar el fascismo, porque constituye un sistema, una estructura, una voluntad de poder: hay que desenmascararlo, rechazarlo, repudiarlo, excluirlo de las sociedades democráticas. Sin embargo, como afirma la Academia, con la intolerancia es más complicado por ser sutil, por ser una disposición común que anida potencialmente en nosotros y porque es difícil de identificar y detectar sus rasgos. La alimenta el prejuicio, del que decía Einstein: “Es más difícil neutralizarlo que dividir un átomo”. Pero lo grave, como señala la Academia, es su ductilidad, porque la intolerancia no forma parte de un sistema, de una religión, ni de una ideología, sino de la propia condición humana. Está presente en cada uno de nosotros, penetrando con una profundidad mayor que cualquier ideología, encontrándose en el origen mismo de fenómenos de índole distinta.
La actual crisis económica esta posibilitando la difusión de prejuicios y tópicos de quienes alimentan la xenofobia. Se difunden discursos muy peligrosos de intolerancia en campañas electorales, que dañan la convivencia democrática, la cohesión social y la integración intercultural. Muchas de esas infamias se propagan abiertamente en Internet. Además, se celebran conciertos racistas, manifestaciones con expresiones y gritos abiertamente xenófobos, campañas de propaganda que violan la dignidad y derechos de inmigrantes, de minorías y del conjunto de la sociedad. Vemos también, sorprendidos, ataques a sedes de partidos de izquierda, asociaciones culturales y organizaciones sociales. A todo ello hay que añadir agresiones a personas, que en algún caso han provocado la muerte del atacado.
La Ley de Igualdad de Trato, compromiso del Gobierno español, constituye una oportunidad para responder de manera integral a la discriminación y al odio, siempre y cuando se recojan medidas concretas de apoyo a las víctimas, se creen Fiscalías de Delitos de Odio y Discriminación en todas las comunidades autónomas y se promueva una reforma del Código Penal que sancione la incitación y no permita espacio alguno de impunidad. Ello nos colocaría bajo los mandatos internacionales relativos a la lucha eficaz contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.
(Artículo de Esteban Ibarra, publicado en "Público" el 16 de noviembre de 2010)
La Academia Universal de la Cultura constató el peligroso avance internacional de la intolerancia, ya sea racial, religiosa, sexista o cultural, su penetración y su papel estimulador del odio. En su Forum Internacional analizó a fondo el problema y su dramática expresión en Europa, marcada históricamente por una idea de “intolerancia institucionalizada que explica los campos de concentración, los hornos crematorios, el suplicio del garrote, los osarios, las deportaciones, los gulags y el confinamiento”. La historia nos proporciona un sinnúmero de ejemplos. “La intolerancia individual y colectiva se conjugaron para dar origen a la Inquisición, las guerras de religión, genocidios, purgas totalitarias, fascismo, integrismo, etc.”, afirma la Academia.
Elie Wiesel, superviviente de Auschwitz y premio Nobel de la Paz, en su texto introductorio del Forum, afirma que la intolerancia “no es solamente el vil instrumento del enemigo, sino que ella es el enemigo mismo”. Sostiene que es la antesala del odio y la violencia e insiste en que tanto la intolerancia como el fascismo conducen inevitablemente a la humillación del prójimo y, con ello, a la negación del ser humano y sus posibilidades de desarrollo. Las manifestaciones de intolerancia consagran como valor común, no a la persona con sus propias y diversas identidades, sino a la propia identidad enfrentada a la de los demás a quienes no acepta y niega respeto y aprecio. Es el denominador común y se presenta vinculada a expresiones de odio racial, nacional, sexual, religioso u otros comportamientos que discriminan o agreden a grupos o personas por el hecho de ser, pensar o actuar de modo diferente. Cuando la intolerancia se transforma en un hecho colectivo o institucionalizado, socava la convivencia y los principios democráticos y supone una amenaza para la paz mundial.
Pero, ¿cómo se puede combatir la intolerancia? Sabemos cómo enfrentar el fascismo, porque constituye un sistema, una estructura, una voluntad de poder: hay que desenmascararlo, rechazarlo, repudiarlo, excluirlo de las sociedades democráticas. Sin embargo, como afirma la Academia, con la intolerancia es más complicado por ser sutil, por ser una disposición común que anida potencialmente en nosotros y porque es difícil de identificar y detectar sus rasgos. La alimenta el prejuicio, del que decía Einstein: “Es más difícil neutralizarlo que dividir un átomo”. Pero lo grave, como señala la Academia, es su ductilidad, porque la intolerancia no forma parte de un sistema, de una religión, ni de una ideología, sino de la propia condición humana. Está presente en cada uno de nosotros, penetrando con una profundidad mayor que cualquier ideología, encontrándose en el origen mismo de fenómenos de índole distinta.
La actual crisis económica esta posibilitando la difusión de prejuicios y tópicos de quienes alimentan la xenofobia. Se difunden discursos muy peligrosos de intolerancia en campañas electorales, que dañan la convivencia democrática, la cohesión social y la integración intercultural. Muchas de esas infamias se propagan abiertamente en Internet. Además, se celebran conciertos racistas, manifestaciones con expresiones y gritos abiertamente xenófobos, campañas de propaganda que violan la dignidad y derechos de inmigrantes, de minorías y del conjunto de la sociedad. Vemos también, sorprendidos, ataques a sedes de partidos de izquierda, asociaciones culturales y organizaciones sociales. A todo ello hay que añadir agresiones a personas, que en algún caso han provocado la muerte del atacado.
La Ley de Igualdad de Trato, compromiso del Gobierno español, constituye una oportunidad para responder de manera integral a la discriminación y al odio, siempre y cuando se recojan medidas concretas de apoyo a las víctimas, se creen Fiscalías de Delitos de Odio y Discriminación en todas las comunidades autónomas y se promueva una reforma del Código Penal que sancione la incitación y no permita espacio alguno de impunidad. Ello nos colocaría bajo los mandatos internacionales relativos a la lucha eficaz contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.
(Artículo de Esteban Ibarra, publicado en "Público" el 16 de noviembre de 2010)
LOS FUNCIONARIOS ANDALUCES DICEN BASTA.
Frente a la obstinación de la Junta de Andalucía en su propósito de reordenar la plantilla administrativa integrando en ella precipitadamente y sin oposiciones a los hasta ahora trabajadores externos, los funcionarios se echaron ayer a la calle para reclamar justicia y que se les reconozcan los derechos diferenciales a los que son acreedores por el hecho de haber culminado unos estudios y haber ganado unas plazas en buena lid con otros ciudadanos que reunían idénticos requisitos académicos. Desde que el Gobierno del señor Griñán aprobara la medida, en plena época de vacaciones estivales, las protestas se han sucedido con asiduidad, de manera que ya las comparecencias públicas del presidente o de la consejera de Economía se asocian automáticamente a la exteriorización de un malestar lógico al que sin embargo los dirigentes políticos andaluces hacen oídos sordos, arropados como están por los dos sindicatos afines.
La masiva manifestación de ayer en Sevilla es una rotunda protesta para exigir algo tan elemental como que se respete el reconocimiento de un nivel superior para los funcionarios, evitando así que el mantenimiento del empleo actual en el sector público andaluz se traduzca en daños perjudiciales para ellos. Utilizar como coartada el futuro laboral de esos 25.000 trabajadores contratados discrecionalmente no justifica en absoluto la degradación de hecho que supone para los titulados de carrera su equiparación con los primeros. Tal comportamiento no es sino demagogia igualitaria, así como un descarado intento de fidelizar el voto de unas familias convertidas además en altavoces de la propaganda oficial.
La irritación de los funcionarios es más que comprensible si se tiene en cuenta que llueve sobre mojado. La conversión en fijos de esos empleos en su mayoría procedentes de empresas públicas sin control parlamentario se produce a continuación de la reducción de sueldo impuesta para todos los trabajadores públicos de España. Se golpea así dos veces a un personal crucial para que los servicios públicos andaluces funcionen con eficacia en beneficio de todos los usuarios. ¿Qué ejemplo se da a los jóvenes que se preparan para concurrir en unas oposiciones regionales? ¿Qué estímulo les va a llegar a quienes se esfuerzan por ser mejores profesionales? Está claro: El PSOE prefiere estómagos agradecidos a funcionarios independientes que no le deben nada porque su puesto de trabajo lo tienen por méritos propios. Esto último configura una mentalidad crítica, que es lo que el Gobierno andaluz parece rechazar como un fantasma.
(Ediorial del diario "ABC", publicado el 14 de noviembre de 2010)
FUNCIONARIOS EN REBELDÍA.
LA guerra en la función pública andaluza no cesa. Miles de empleados públicos de toda la comunidad autónoma participaron ayer en la manifestación que recorrió el centro de Sevilla, una más en la escalada de movilizaciones registrada desde el inicio del curso político. Los sindicatos que se oponen al decreto de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía (CSIF, Ustea y Safja) no han dejado de organizar protestas, que han afectado a algunos actos y viajes oficiales, además de presentar recursos contra la polémica norma, así como contra el pacto del Gobierno autonómico con las centrales sindicales CCOO y UGT, que han retocado el texto original sin terminar de satisfacer las demandas de las otras organizaciones. A estas alturas es evidente que la Junta tiene un grave problema con esta reforma, que se anunció como un instrumento para simplificar la Administración, fusionando empresas públicas y podando parcialmente el frondoso árbol de empresas, consorcios, fundaciones y otros organismos creados en los últimos años no siempre con móviles racionales. El motivo fundamental de la protesta de los funcionarios es la integración en el nuevo organigrama de unos veinte mil empleados no funcionarios, interinos y contratados, de la que se sospecha puede afectar a las condiciones de trabajo del funcionariado e introducir en la Administración criterios de promoción que no se deriven del mérito y la capacidad, sino de condicionamientos políticos. Por otra parte, las organizaciones convocantes de la movilización funcionarial esgrimen que la negociación de todo lo que se refiere al empleo público ha de seguir los cauces legales establecidos y otorgar el protagonismo debido a los sindicatos del sector, los más representativos en el seno de la función pública andaluza, en tanto que la Junta ha optado por pactar los cambios en el decreto con los sindicatos mayoritarios en el conjunto de la economía andaluza (CCOO y UGT), pero minoritarios en la Administración general de la Junta. Por el fuero y por el huevo, el decreto de reordenación del sector público está herido de muerte y ni siquiera la reciente destitución del secretario general que lo impulsó será suficiente para terminar con una insólita rebelión de funcionarios, un gremio tradicionalmente poco propenso a la protesta y el enfrentamiento con el poder. Esta situación no puede prolongarse mucho tiempo.
(Editorial de "Diario de Sevilla", publicado el 14 de noviembre de 2010)
(Editorial de "Diario de Sevilla", publicado el 14 de noviembre de 2010)
¿FUNCIONA LA DEMOCRACIA EN AUTOMÁTICO?
Si hay una conclusión que suscita inicialmente el excelente estudio colectivo de Vargas-Machuca, Pérez Yruela y otros (Calidad de la democracia en España. Una auditoría ciudadana, Ariel, 2010) es la de que la democracia como sistema político de gobierno funciona en España casi automáticamente. Por una razón muy sencilla, porque la auditoría que han hecho de la calidad de la democracia en nuestro país concluye que el sistema democrático y su capacidad de producir decisiones eficaces merece una puntuación muy superior a la que acredita la sociedad civil que utiliza ese sistema. Leído en bruto, ello confirmaría la descripción que hace ya bastantes años presentó Joseph Alois Schumpeter de la democracia como un sistema que funciona razonablemente bien sobre la apatía y desinterés, siempre que los ciudadanos cumplan con su mínimo papel en la función, que es la de optar periódicamente entre las diversas élites políticas. La democracia sería el sistema de gobierno que permite a los ciudadanos desinteresarse de la política sin correr riesgos.
En efecto, la legitimidad de la democracia entre nosotros es relativamente alta (6,48), como lo es su capacidad para producir decisiones razonablemente bien aceptadas (5,10); por el contrario, la sociedad civil que soporta a ese sistema merece tan solo una nota de 4,17 y constituye la dimensión de peor calidad democrática de todas las tomadas en consideración. Y, añadimos, peor aún sería excluyendo de valoración algunos indicadores concretos que dudosamente pueden ser considerados válidos. En concreto, el indicador del "nivel de información política" de la ciudadanía, que es de los que le "suben nota" (7,97), está deducido directamente del nivel de "consumo televisivo" de la sociedad, lo cual entraña una inferencia más que atrevida. Cuando según la Encuesta Social Europea el nivel de interés por la política entre los españoles es bajísimo (el 3,77, el peor de Europa), resulta incongruente suponer que su nivel de información política sería altísimo. Máxime cuando esa misma "encuesta" nos dice que la incompetencia política de la sociedad española es espectacularmente alta (21,58, la más elevada de Europa). Si eliminamos este indicador, así como el de "influencia de los medios de comunicación para controlar al Gobierno" -que también "sube nota" (6,08) pero que es difícil admitir que tenga relación alguna con la calidad ciudadana en sí misma-, nos quedaría una pésima nota final para la sociedad de ciudadanos de 3,07.
Valorada desde un modelo normativo de democracia, la española resulta ser una sociedad extraña. En efecto, es la que se autoubica más a la izquierda de todas las del continente, y también es una de las que más reclama de su Gobierno un intervencionismo fuerte para corregir la desigualdad social (un 80% de los españoles lo creen necesario, mientras que en Reino Unido -con un peor nivel de desigualdad según índice Gini- solo lo cree el 58%). De esta combinación debería resultar una sociedad muy reformista y activa respecto a su sistema político, pero lo que aparece es todo lo contrario: una sociedad con el índice europeo más bajo de interés por la política, muy incompetente para comprenderla, con unos niveles de asociacionismo ciudadano y de capacidad crítica para con las decisiones públicas ínfimos. Pero, colmo de incongruencia, es también una de las sociedades europeas más satisfechas con su democracia (5,82, más que la francesa o británica, igual que la alemana) y una de las más "felices" del continente en general (7,69, nota solo superada por los países nórdicos).
Una interpretación plausible de estos datos contradictorios es el "cinismo democrático": la sociedad asume una actitud de consumidora política y se ahorra los costes de la implicación. El sistema, a su vez, estaría funcionando de una manera aceptable a pesar de (o gracias a) la absoluta carencia de "virtud ciudadana" en la población.
La cuestión no es tan sencilla, sin embargo, como pone de relieve el dato que actúa a modo de bisagra para explicar por qué una sociedad de ideas acusadamente reformistas se abstiene sin embargo de interesarse en la política: que no es otro que el convencimiento difuso de que los ciudadanos carecen de influencia sobre los Gobiernos y sobre los partidos: solo el 12% de los españoles creen que los ciudadanos tienen influencia y control sobre los políticos, contra un 64% que opina que esa capacidad es nula o muy escasa. De esta forma, el comportamiento absentista no es una extraña anomalía, sino una respuesta racional a una percepción de autoinsignificancia política: ¿para qué implicarse si no sirve de nada?
Esta explicación es congruente con los resultados que obtienen en esta auditoría los indicadores de los mecanismos de control político de que disponen los ciudadanos y, en general, los que valoran la representación política por partidos y cargos electos. Sus notas son también bajísimas, porque los ciudadanos perciben a sus representantes como muy lejanos e insensibles a sus problemas, y les pagan con un alto grado de rechazo del funcionamiento de los partidos y de desafecto y desconfianza en los propios políticos.
Todo es congruente, sí, pero como pescadilla que se muerde la cola: los ciudadanos no se implican porque no creen que sirva de nada, y el funcionamiento defectuoso de la representación y responsabilidad no hace sino confirmarles en esa opinión. Un círculo vicioso en el que las instituciones de la representación y la sociedad civil refuerzan mutuamente el lado negativo de su papel como actores relevantes del sistema político en una retroalimentación constante. Pero es también, lo subrayan los autores, una mezcla peligrosa para la salud del sistema a medio plazo: el desafecto ciudadano es el que permite a los partidos políticos adoptar comportamientos cada vez más autistas, irresponsables y sectarios. Ni siquiera la corrupción directa tiene costes electorales o de contestación apreciables. Pero un tipo de comportamientos así no puede dejar de afectar finalmente al rendimiento de las instituciones políticas.
Aunque sea desde una órbita de pensamiento aparentemente muy lejana, otro reciente libro incide en los costes del desafecto. Aurelio Arteta ha reconstruido desde la teoría ética ese papel de "espectador indiferente" (¿tolerante?) que adopta tan fácilmente el ciudadano actual ante el mal social que tiene lugar en su derredor (Mal consentido, Alianza, 2010). El trasfondo social de esa indagación es el País Vasco de estos últimos 30 años, un país rebosante de espectadores desimplicados o pasivamente consintientes de un sufrimiento humano público e injusto. Pues bien, aunque las causas y mecanismos que llevan al ciudadano a convertirse en espectador sean muy complejos (y Aurelio Arteta los reconstruye con perspicacia), no puede excluirse que la generalizada desimplicación del ciudadano español por lo político haya jugado también su papel para producir ese desalentador resultado.
Hay más: tampoco está tan claro que la auditoría de calidad del sistema democrático ofrezca unos resultados muy superiores a los de la propia sociedad civil, por lo menos si se matizan algunos indicadores. En efecto, algunos han subido mucho la nota final de la democracia patria, pero no son de valor significativo. El indicador de "legitimidad difusa" de la democracia como sistema de gobierno (8,63) demuestra sí que la ciudadanía no tiene otro horizonte mental que la democracia, pero que nada dice sobre la calidad de esta. Y a los indicadores de imparcialidad, burocratización efectiva, selección, etcétera de la Administración pública, que sacan nota alta, les pasa lo mismo; porque si bien una estatalidad estable y una burocracia adecuada son condiciones de la democracia, no son rasgos característicos de ella ni indicadores significativos de su calidad como tal. Pero si eliminamos estos indicadores de nota alta y nos reducimos a los estrictamente referentes a la calidad del Estado de derecho y al funcionamiento de las instituciones propiamente democráticas, tendríamos también aquí bastante pobre calidad.
Con lo que, al final, una sociedad civil sin músculo democrático habría producido, a través de unas élites representativas caracterizadas por sus bajas atención y responsabilidad, unos rendimientos institucionales muy pobres.
(Artículo de José María Ruiz Soroa, publicado en "El País" el 13 de noviembre de 2010)
En efecto, la legitimidad de la democracia entre nosotros es relativamente alta (6,48), como lo es su capacidad para producir decisiones razonablemente bien aceptadas (5,10); por el contrario, la sociedad civil que soporta a ese sistema merece tan solo una nota de 4,17 y constituye la dimensión de peor calidad democrática de todas las tomadas en consideración. Y, añadimos, peor aún sería excluyendo de valoración algunos indicadores concretos que dudosamente pueden ser considerados válidos. En concreto, el indicador del "nivel de información política" de la ciudadanía, que es de los que le "suben nota" (7,97), está deducido directamente del nivel de "consumo televisivo" de la sociedad, lo cual entraña una inferencia más que atrevida. Cuando según la Encuesta Social Europea el nivel de interés por la política entre los españoles es bajísimo (el 3,77, el peor de Europa), resulta incongruente suponer que su nivel de información política sería altísimo. Máxime cuando esa misma "encuesta" nos dice que la incompetencia política de la sociedad española es espectacularmente alta (21,58, la más elevada de Europa). Si eliminamos este indicador, así como el de "influencia de los medios de comunicación para controlar al Gobierno" -que también "sube nota" (6,08) pero que es difícil admitir que tenga relación alguna con la calidad ciudadana en sí misma-, nos quedaría una pésima nota final para la sociedad de ciudadanos de 3,07.
Valorada desde un modelo normativo de democracia, la española resulta ser una sociedad extraña. En efecto, es la que se autoubica más a la izquierda de todas las del continente, y también es una de las que más reclama de su Gobierno un intervencionismo fuerte para corregir la desigualdad social (un 80% de los españoles lo creen necesario, mientras que en Reino Unido -con un peor nivel de desigualdad según índice Gini- solo lo cree el 58%). De esta combinación debería resultar una sociedad muy reformista y activa respecto a su sistema político, pero lo que aparece es todo lo contrario: una sociedad con el índice europeo más bajo de interés por la política, muy incompetente para comprenderla, con unos niveles de asociacionismo ciudadano y de capacidad crítica para con las decisiones públicas ínfimos. Pero, colmo de incongruencia, es también una de las sociedades europeas más satisfechas con su democracia (5,82, más que la francesa o británica, igual que la alemana) y una de las más "felices" del continente en general (7,69, nota solo superada por los países nórdicos).
Una interpretación plausible de estos datos contradictorios es el "cinismo democrático": la sociedad asume una actitud de consumidora política y se ahorra los costes de la implicación. El sistema, a su vez, estaría funcionando de una manera aceptable a pesar de (o gracias a) la absoluta carencia de "virtud ciudadana" en la población.
La cuestión no es tan sencilla, sin embargo, como pone de relieve el dato que actúa a modo de bisagra para explicar por qué una sociedad de ideas acusadamente reformistas se abstiene sin embargo de interesarse en la política: que no es otro que el convencimiento difuso de que los ciudadanos carecen de influencia sobre los Gobiernos y sobre los partidos: solo el 12% de los españoles creen que los ciudadanos tienen influencia y control sobre los políticos, contra un 64% que opina que esa capacidad es nula o muy escasa. De esta forma, el comportamiento absentista no es una extraña anomalía, sino una respuesta racional a una percepción de autoinsignificancia política: ¿para qué implicarse si no sirve de nada?
Esta explicación es congruente con los resultados que obtienen en esta auditoría los indicadores de los mecanismos de control político de que disponen los ciudadanos y, en general, los que valoran la representación política por partidos y cargos electos. Sus notas son también bajísimas, porque los ciudadanos perciben a sus representantes como muy lejanos e insensibles a sus problemas, y les pagan con un alto grado de rechazo del funcionamiento de los partidos y de desafecto y desconfianza en los propios políticos.
Todo es congruente, sí, pero como pescadilla que se muerde la cola: los ciudadanos no se implican porque no creen que sirva de nada, y el funcionamiento defectuoso de la representación y responsabilidad no hace sino confirmarles en esa opinión. Un círculo vicioso en el que las instituciones de la representación y la sociedad civil refuerzan mutuamente el lado negativo de su papel como actores relevantes del sistema político en una retroalimentación constante. Pero es también, lo subrayan los autores, una mezcla peligrosa para la salud del sistema a medio plazo: el desafecto ciudadano es el que permite a los partidos políticos adoptar comportamientos cada vez más autistas, irresponsables y sectarios. Ni siquiera la corrupción directa tiene costes electorales o de contestación apreciables. Pero un tipo de comportamientos así no puede dejar de afectar finalmente al rendimiento de las instituciones políticas.
Aunque sea desde una órbita de pensamiento aparentemente muy lejana, otro reciente libro incide en los costes del desafecto. Aurelio Arteta ha reconstruido desde la teoría ética ese papel de "espectador indiferente" (¿tolerante?) que adopta tan fácilmente el ciudadano actual ante el mal social que tiene lugar en su derredor (Mal consentido, Alianza, 2010). El trasfondo social de esa indagación es el País Vasco de estos últimos 30 años, un país rebosante de espectadores desimplicados o pasivamente consintientes de un sufrimiento humano público e injusto. Pues bien, aunque las causas y mecanismos que llevan al ciudadano a convertirse en espectador sean muy complejos (y Aurelio Arteta los reconstruye con perspicacia), no puede excluirse que la generalizada desimplicación del ciudadano español por lo político haya jugado también su papel para producir ese desalentador resultado.
Hay más: tampoco está tan claro que la auditoría de calidad del sistema democrático ofrezca unos resultados muy superiores a los de la propia sociedad civil, por lo menos si se matizan algunos indicadores. En efecto, algunos han subido mucho la nota final de la democracia patria, pero no son de valor significativo. El indicador de "legitimidad difusa" de la democracia como sistema de gobierno (8,63) demuestra sí que la ciudadanía no tiene otro horizonte mental que la democracia, pero que nada dice sobre la calidad de esta. Y a los indicadores de imparcialidad, burocratización efectiva, selección, etcétera de la Administración pública, que sacan nota alta, les pasa lo mismo; porque si bien una estatalidad estable y una burocracia adecuada son condiciones de la democracia, no son rasgos característicos de ella ni indicadores significativos de su calidad como tal. Pero si eliminamos estos indicadores de nota alta y nos reducimos a los estrictamente referentes a la calidad del Estado de derecho y al funcionamiento de las instituciones propiamente democráticas, tendríamos también aquí bastante pobre calidad.
Con lo que, al final, una sociedad civil sin músculo democrático habría producido, a través de unas élites representativas caracterizadas por sus bajas atención y responsabilidad, unos rendimientos institucionales muy pobres.
(Artículo de José María Ruiz Soroa, publicado en "El País" el 13 de noviembre de 2010)
CUANDO LOS VOTANTES SOMOS ADULTOS.
Dentro de dos días dará comienzo la campaña de las elecciones catalanas que se celebrarán el 28 de noviembre. Lo hace después de meses de larga, cansina y tramposa precampaña, repleta de cortinas de humo, falsas promesas de juego limpio y, sobre todo, mucha propaganda pensada, al parecer, por algún estratega convencido de que la ciudadanía está repleta de analfabetos. Y lo hace tras dos legislaturas de tripartito que, valoraciones de parte al margen, no han logrado asentar una gobernabilidad estable y cohesionada, como reconocen incluso sus máximos artífices y como certifica de manera unánime la sociedad catalana.
Ante la recta final, los catalanes tenemos la ocasión de dejar de quejarnos y pasar a la acción. Votar no es la única manera de participar en democracia, pero todas las demás formas de implicación cívica cojean cuando renunciamos a las urnas, aunque sean valiosas y necesarias para vivificar el sistema. El clima en el que se nos solicita el voto es el de un gran malestar que tiene cuatro caras: la de la crisis económica y el paro, la de la desafección provocada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, la del cansancio ante un Govern bloqueado por las luchas internas, y la del desánimo surgido a raíz de situaciones anómalas como el caso Millet. Este malestar viene recubierto de un material altamente inflamable: la desconfianza. No es sólo el tripartito quien fabrica desconfianza, es toda la clase política en conjunto, lo cual no exime de responsabilidad a los que gobiernan pero la diluye dentro de un extravío general. Ello explica la irrupción en el mercado electoral de toda suerte de nuevas ofertas, algunas de un acusado perfil populista. Es comprensible que, ante lo que parece pasividad o falta de reflejos de los grandes partidos, nuevas siglas busquen una oportunidad, incluso a costa de reducir la complejidad de los grandes retos colectivos mediante programas monotemáticos.
El gran historiador inglés Tony Judt, fallecido el pasado verano, escribió lo siguiente en su última obra: "El pasado no fue tan bueno ni tan malo como pensamos: fue diferente. Si nos consolamos con cuentos nostálgicos, nunca afrontaremos los problemas que nos plantea el presente. Pasará lo mismo si suponemos ingenuamente que nuestro mundo es mejor en todo. El pasado es verdaderamente otro país y no podemos regresar a él". Retengamos este análisis, pues encierra una de las claves principales de la falta de imaginación que lastra a nuestros políticos. Lo que interpretamos como desierto de ideas para gestionar el interés general no es más que incapacidad para abandonar esquemas obsoletos que ya no explican los cambios que afectan a nuestras vidas. ¿Miedo al vacío llenado con lugares comunes? ¿Necesidad de aparentar un control sobre la realidad que no se tiene? ¿Incapacidad para admitir que hemos sido superados por la realidad y que debemos volver a pensar premisas intocables? Un poco de todo. Ojalá el futuro presidente de la Generalitat sea capaz de decir, de vez en cuando, que no tiene respuestas. Y ojalá, una vez manifestado esto, acierte a formular preguntas nuevas.
No espero mucho de la campaña que nos conducirá hasta el 28 de noviembre. Los votantes somos adultos, pero no se nos trata como tales. Me temo que esos cuentos nostálgicos que cita Judt dominarán la mayoría de los discursos y los reducirán a una confrontación binaria en la que intentar matizar será más que complicado. ¿Cómo puede hablarse seriamente de políticas de educación, sanidad, inmigración o pensiones sin admitir que el futuro ha estallado en nuestras manos? La velocidad de los cambios es tan acelerada que cualquier proyecto político que aspire a un poco de credibilidad debe empezar por explicar la distancia entre el mundo que imaginamos hace veinte años y el mundo que vivimos y tratamos de comprender. A menudo, nuestros dirigentes políticos (y también los económicos y sociales) están sujetos a unas previsiones que son pura e inservible arqueología, con lo cual dejan de lado el análisis de las prioridades que ahora nos importan. Les lleva a ello el miedo al riesgo y la necesidad de construir un relato fácil en el que colgar sus propuestas, pero nadie les recuerda que las únicas historias que ilusionan son las que tienen final abierto. A la postre, sus decisiones estratégicas quedan siempre postergadas. No saben que el horizonte es una raya que nunca tocaremos. La crisis económica no ha hecho más que dar a este proceso un perfil más dramático.
Los catalanes tenemos problemas comunes al resto de las sociedades europeas. Y tenemos nuestro particular embrollo de orden territorial, identitario, constitucional, llámenlo como prefieran. Ambas dimensiones van juntas, no pueden separarse aunque algunos digan que debe hacerse, obviando que las políticas concretas son siempre resultado de un intento de síntesis que, en el caso de Catalunya, no puede sustraerse a eso que, a lo largo del siglo XX, se denominó "el problema catalán". Un fenómeno que –Madrid lo sabe– hoy se inscribe dentro de la revisión del concepto de soberanía y su relación con el reforzamiento del poder de la Unión Europea. Todas las políticas que se desarrollen aquí se verán atravesadas por esta dialéctica, quiérase o no, y por una nueva mentalidad en sectores amplios de la sociedad catalana. Así las cosas, sin apenas recursos en la caja, el próximo Govern deberá trabajar duro para fabricar confianza a la vez que estudia, serenamente, caminos futuros de mayor libertad para decidir desde aquí lo que sólo aquí nos incumbe. No veo otra manera de transformar el actual malestar en una cierta, modesta y razonable ilusión cívica.
(Artículo de Francesc-Marc Álvaro, publicado en "La Vanguardia" el 10 de noviembre de 2010)
OTRAS FORMAS DE CENSURA.
Pasado mañana se cumplen 200 años desde que entró en vigor el decreto que establecía la libertad de imprenta por primera vez en nuestro país. Se trata de un acontecimiento fundamental en la historia de nuestro país que no debería pasar inadvertido, más aún cuando, a pesar del tiempo transcurrido, la libertad de prensa - que no es más que una manifestación de la de expresión- no sólo no está consolidada sino que, en algunos casos, se encuentra seriamente amenazada.
El lector se equivocaría profundamente si considera que esa libertad sólo está en peligro en países en vías de desarrollo o en regímenes dictatoriales. Hace quince días, la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer el informe anual en el que repasa la salud de este derecho en 178 países. España figura en el puesto 39. Ha progresado respecto al año anterior, en el que ocupaba el 44. Según la organización profesional, se ve “con prudente alivio la disminución del activismo de ETA contra la prensa”, lo que permite una leve mejoría de nuestro país en el ranking mundial, que lideran los países del norte de Europa.
El informe se refiere a flagrantes atentados contra la libertad de prensa. Pero el riesgo real está en los más sutiles. Todos los países democráticos garantizan por ley el derecho a la información. Pero son los mismos Estados los que se esfuerzan en controlar los datos, en manejarlos a su antojo, en pretender decidir, al fin, lo que se debe y lo que no se debe contar. Y no sólo los gobiernos. También los medios de comunicación, que reclaman para sí el uso y disfrute - algunos casi en exclusividad- de la libertad de expresión y, sin embargo, son incapaces de garantizar ante su audiencia la necesaria independencia y pluralidad informativas. Ellos, mejor que nadie, saben cómo maquillar los hechos para dar apariencia de objetividad. Conocen perfectamente la puesta en escena de las noticias para que parezcan fiel reflejo de la realidad. Es la censura encubierta.
Silencio informativo Cuando afirmamos que en España no existe censura estamos mintiendo; y cuando se hace desde los poderes públicos o los medios de comunicación la mentira es alevosa. El profesor Xosé Soengas establece 21 formas distintas de ocultación (Herrero, Julio César (ed.) Manual de Teoría de la Información y de la Comunicación). Solamente la denominada “necesaria” -es decir, aquélla que permite salvaguardar la seguridad del Estado (siempre que sea una razón y no una excusa) o contribuya a la protección de los menores- está justificada.
Hoy, salvo el secuestro de publicaciones o grabaciones previsto en la Constitución para evitar la comisión de un delito, la Carta Magna establece el derecho a la información sin censura previa. Sin embargo, cada día se silencian acontecimientos periodísticamente relevantes por motivos ideológicos y/o económicos con el objeto de favorecer determinados intereses o perjudicar otros. En muchos casos, los medios ni siquiera tienen que ejercer esa censura sobre los contenidos porque los propios periodistas evitan plantearlos (autocensura), sabedores de que apenas tendrán recorrido porque violentan de alguna manera la línea editorial del medio para el que trabajan.
Los liberales de principios del siglo XIX consideraron que con la libertad de imprenta se facilitaría el necesario control al gobierno por parte de la prensa. Desde entonces, los mecanismos censorios se han ido refinando, adaptándose a unos tiempos en los que está mal visto prohibir que algo se sepa y en los que, además del fondo, resulta indispensable cuidar las formas. Los trabajadores de la información saben muy bien cómo hacerlo.
Los constituyentes de Cádiz rompieron las barreras que impedían el desarrollo de la profesión en libertad, pero 200 años después son los propios medios los que las vuelven a edificar piedra a piedra. Pero, claro, no es lo mismo. Parece que la censura impuesta por los poderes públicos es detestable porque viene de fuera; pero la que se imponen los propios medios no, porque se someten libremente a ella.
Impuesta o asumida, los perjudicados son siempre los ciudadanos, depositarios del derecho a la información y de la libertad de expresión. Ellos son quienes delegan en los periodistas el ejercicio de ese derecho y ni Estado ni las empresas de comunicación tienen potestad alguna para arrebatárselo. (Quizá esta última frase suene un tanto revolucionaria o reivindicativa. Quiero imaginar que es como la dirían los liberales. Los de 1810, claro está).
(Artículo de Julio César Herrero, publicado en "La Voz de Asturias" el 8 de noviembre de 2010).
POR UN ESTADO EFICIENTE.
POLÍTICOS, banqueros, empresarios, expertos… Incluso se apuntan algunos intelectuales, dispuestos por una vez a contemplar la realidad lejos de la (falsa) torre de marfil. ABC contribuye al debate bajo el epígrafe muy expresivo de «regeneración». La crisis obliga a un ejercicio de responsabilidad. No hay margen para el error. Importan poco las maniobras partidistas o los espasmos sindicales. De hecho, más allá de las fronteras, carecen también de relevancia las anacrónicas barricadas parisinas o las civilizadas protestas londinenses. Bienestar en peligro, final de los treinta años «gloriosos» y de otros treinta de prórroga confusa. Estalló la famosa crisis fiscal del Estado y llegó la hora de revisar esa factura que todos pagamos en nombre de los derechos sociales. Ni siquiera importa quién tiene la culpa. Allá cada cual con su ideología sobre la maldad intrínseca de los mercados o la ineficacia constitutiva de las burocracias públicas. Recuerden que ahora no sólo está en juego el futuro de nuestros hijos, sino también el nuestro. Para un historiador de las ideas, es acaso una llamada hobbesiana a superar el estado de naturaleza frente al imaginario paraíso rousseauniano. ¿Soluciones? Ninguna milagrosa y todas discutibles. Como siempre, lo peor es la demagogia y la visión a corto plazo al servicio del interés particular. El único futuro posible se llama Estado eficiente, una combinación razonable entre eficacia y austeridad. Ya sabemos por qué. Veamos ahora cómo y cuándo.
Se suceden las llamadas de alerta. El líder de la oposición habla de una «madeja administrativa» que ahoga la energía de nuestra sociedad civil. El gobernador del Banco de España denuncia la situación insostenible de las finanzas autonómicas y locales. El principal banquero español advierte sobre los riesgos del localismo territorial para la imprescindible unidad de mercado. En tiempos de bonanza, la hipertrofia organizativa es un lastre para las administraciones públicas. Ahora, en plena situación de emergencia, resulta sencillamente insostenible. David Cameron, al frente de la coalición británica, presenta el asunto como una operación aritmética contra la «locura» fiscal. Es el mayor recorte desde la posguerra, tal vez el anuncio de un nuevo modelo de Estado más allá del liberalismo y del socialismo. Los gobernantes franceses bastante tienen con mantener el orden ante los disturbios callejeros. Pero, como bien sabe Nicolas Sarkozy, la clave está en Economía y no en Interior. Se nota que no es Rodríguez Zapatero… A su vez, el Ejecutivo de Angela Merkel habla sin rodeos: «No podemos gastar lo que no tenemos». Sería lógico —aquí y ahora— tomar nota de la experiencia ajena. Pierdan ustedes toda esperanza. La agenda que conviene al PSOE otorga prioridad a problemas ficticios con la única finalidad de tender trampas al PP para recortar una ventaja muy estimable en las encuestas.
Así pues, hay que diseñar una estructura racional para el sector público, mejorar la productividad, simplificar una normativa asfixiante y orientar el gasto hacia los ámbitos que ofrezcan rendimientos razonables y no se consuman en nóminas y subvenciones. Sobran aquí y allá organismos sin competencias. Otras veces, en cambio, se superponen dos o tres instituciones públicas para prestar —mejor o peor— el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia, porque las fuerzas se agotan en absurdos recelos competenciales ante la perplejidad (a veces, la justa indignación) de muchos ciudadanos. Diseñar un Estado mejor exige contar con políticos sensatos y con profesionales competentes. Ante todo, conviene identificar esos organismos inútiles que gestionan una «nada administrativa», como diría el personaje de Julien Gracq en «El mar de las Sirtes». ¿Nadie se acuerda de la célebre «navaja» de Ockham? Esas entidades ficticias son un nicho de prebendas partidistas cuya única función es colocar a los afines y fabricar gestos para la galería al servicio del jefe. En cambio, hay que salir al paso de cierta opinión poco fundada que dirige sus dardos contra la función pública en general. Muchos miles de funcionarios han ganado unas oposiciones que ponen a prueba su mérito y capacidad. Cumplen dignamente con la tarea nada sencilla que la Constitución atribuye a las administraciones públicas: servir con objetividad a los intereses generales. Dentro de lo posible, mantienen una razonable distancia frente a las decisiones políticas coyunturales. Como es natural, habrá que evaluar su rendimiento y aplicar la ley cuando no cumplan con diligencia sus obligaciones. Sin embargo, están fuera de lugar las ocurrencias sobre despidos y otros criterios empresariales. Pura especulación, de momento… Un estatuto de independencia para el empleado público protege también al ciudadano, porque impide las purgas políticas y las eternas prácticas caciquiles. Ya que hablamos de regeneración, conviene revisar los viejos libros de historia.
Un Estado eficiente debe ser un Estado vertebrado desde el punto de vista de la cohesión territorial. El modelo autonómico ha producido algunas ventajas evidentes en ese terreno decisivo que Ortega definió con brillantez como la «redención» de las provincias. Por desgracia, no ha logrado encauzar el eterno dilema que nos plantean los nacionalismos periféricos. Pero hablamos ahora de dineros y competencias, al margen de pasiones identitarias que la sociedad global parece incapaz de controlar. Expertos reconocidos ofrecían hace poco en este periódico un diagnóstico preciso, avalado por cifras concluyentes. Les recomiendo también un documento presentado en FAES por el jurista Alberto Dorrego sobre los instrumentos jurídicos del Estado en la gestión educativa: mediante docenas de leyes, miles de decretos y no pocas sentencias, hemos generado un proceso gigantesco de traslación de competencias. Es absurdo mirar para otro lado: sus efectos sobre la calidad de la enseñanza no convencen ni poco ni mucho a las agencias internacionales. Si cambiamos de bando, IDEAS, la fundación socialista, emite mensajes análogos de vez en cuando. Al fin y al cabo, sus responsables están castigados en la retaguardia del partido…
¿Cuándo empezamos? Urgencia máxima. Volvamos al ejemplo de nuestros socios y vecinos. Se trata de racionalizar en serio el gasto público y no sólo de cuadrar las cuentas para salir del paso en el último presupuesto de la legislatura. Un exceso de gastos improductivos consume recursos limitados. El drama del paro exige una reacción contundente. El esfuerzo fiscal de las clases medias ya no da más de sí. Los españoles hemos demostrado que sabemos hacer bien las cosas, casi siempre en el último minuto. Seamos sensatos. Nos espera un largo final de trayecto para un proyecto agotado por mucho que utilice a tope el maquillaje político. Vamos a perder un año y medio en una coyuntura excepcionalmente grave. Cuando llegue el cambio… Alguna vez he citado en esta Tercera las primeras líneas de «El castillo», mi novela favorita de Franz Kafka. El maestro Juan Velarde califica ese inicio de «escalofriante». Dice así: «Cuando K. llegó, ya era tarde…».
(Artículo de Benigno Pendás, publicado en el diario "ABC" el 8 de noviembre de 2010)
Se suceden las llamadas de alerta. El líder de la oposición habla de una «madeja administrativa» que ahoga la energía de nuestra sociedad civil. El gobernador del Banco de España denuncia la situación insostenible de las finanzas autonómicas y locales. El principal banquero español advierte sobre los riesgos del localismo territorial para la imprescindible unidad de mercado. En tiempos de bonanza, la hipertrofia organizativa es un lastre para las administraciones públicas. Ahora, en plena situación de emergencia, resulta sencillamente insostenible. David Cameron, al frente de la coalición británica, presenta el asunto como una operación aritmética contra la «locura» fiscal. Es el mayor recorte desde la posguerra, tal vez el anuncio de un nuevo modelo de Estado más allá del liberalismo y del socialismo. Los gobernantes franceses bastante tienen con mantener el orden ante los disturbios callejeros. Pero, como bien sabe Nicolas Sarkozy, la clave está en Economía y no en Interior. Se nota que no es Rodríguez Zapatero… A su vez, el Ejecutivo de Angela Merkel habla sin rodeos: «No podemos gastar lo que no tenemos». Sería lógico —aquí y ahora— tomar nota de la experiencia ajena. Pierdan ustedes toda esperanza. La agenda que conviene al PSOE otorga prioridad a problemas ficticios con la única finalidad de tender trampas al PP para recortar una ventaja muy estimable en las encuestas.
Así pues, hay que diseñar una estructura racional para el sector público, mejorar la productividad, simplificar una normativa asfixiante y orientar el gasto hacia los ámbitos que ofrezcan rendimientos razonables y no se consuman en nóminas y subvenciones. Sobran aquí y allá organismos sin competencias. Otras veces, en cambio, se superponen dos o tres instituciones públicas para prestar —mejor o peor— el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia, porque las fuerzas se agotan en absurdos recelos competenciales ante la perplejidad (a veces, la justa indignación) de muchos ciudadanos. Diseñar un Estado mejor exige contar con políticos sensatos y con profesionales competentes. Ante todo, conviene identificar esos organismos inútiles que gestionan una «nada administrativa», como diría el personaje de Julien Gracq en «El mar de las Sirtes». ¿Nadie se acuerda de la célebre «navaja» de Ockham? Esas entidades ficticias son un nicho de prebendas partidistas cuya única función es colocar a los afines y fabricar gestos para la galería al servicio del jefe. En cambio, hay que salir al paso de cierta opinión poco fundada que dirige sus dardos contra la función pública en general. Muchos miles de funcionarios han ganado unas oposiciones que ponen a prueba su mérito y capacidad. Cumplen dignamente con la tarea nada sencilla que la Constitución atribuye a las administraciones públicas: servir con objetividad a los intereses generales. Dentro de lo posible, mantienen una razonable distancia frente a las decisiones políticas coyunturales. Como es natural, habrá que evaluar su rendimiento y aplicar la ley cuando no cumplan con diligencia sus obligaciones. Sin embargo, están fuera de lugar las ocurrencias sobre despidos y otros criterios empresariales. Pura especulación, de momento… Un estatuto de independencia para el empleado público protege también al ciudadano, porque impide las purgas políticas y las eternas prácticas caciquiles. Ya que hablamos de regeneración, conviene revisar los viejos libros de historia.
Un Estado eficiente debe ser un Estado vertebrado desde el punto de vista de la cohesión territorial. El modelo autonómico ha producido algunas ventajas evidentes en ese terreno decisivo que Ortega definió con brillantez como la «redención» de las provincias. Por desgracia, no ha logrado encauzar el eterno dilema que nos plantean los nacionalismos periféricos. Pero hablamos ahora de dineros y competencias, al margen de pasiones identitarias que la sociedad global parece incapaz de controlar. Expertos reconocidos ofrecían hace poco en este periódico un diagnóstico preciso, avalado por cifras concluyentes. Les recomiendo también un documento presentado en FAES por el jurista Alberto Dorrego sobre los instrumentos jurídicos del Estado en la gestión educativa: mediante docenas de leyes, miles de decretos y no pocas sentencias, hemos generado un proceso gigantesco de traslación de competencias. Es absurdo mirar para otro lado: sus efectos sobre la calidad de la enseñanza no convencen ni poco ni mucho a las agencias internacionales. Si cambiamos de bando, IDEAS, la fundación socialista, emite mensajes análogos de vez en cuando. Al fin y al cabo, sus responsables están castigados en la retaguardia del partido…
¿Cuándo empezamos? Urgencia máxima. Volvamos al ejemplo de nuestros socios y vecinos. Se trata de racionalizar en serio el gasto público y no sólo de cuadrar las cuentas para salir del paso en el último presupuesto de la legislatura. Un exceso de gastos improductivos consume recursos limitados. El drama del paro exige una reacción contundente. El esfuerzo fiscal de las clases medias ya no da más de sí. Los españoles hemos demostrado que sabemos hacer bien las cosas, casi siempre en el último minuto. Seamos sensatos. Nos espera un largo final de trayecto para un proyecto agotado por mucho que utilice a tope el maquillaje político. Vamos a perder un año y medio en una coyuntura excepcionalmente grave. Cuando llegue el cambio… Alguna vez he citado en esta Tercera las primeras líneas de «El castillo», mi novela favorita de Franz Kafka. El maestro Juan Velarde califica ese inicio de «escalofriante». Dice así: «Cuando K. llegó, ya era tarde…».
(Artículo de Benigno Pendás, publicado en el diario "ABC" el 8 de noviembre de 2010)
EN AUSENCIA DE ÉLITES, LOS CIUDADANOS.
John Adams, uno de los padres del constitucionalismo americano, opinaba que la democracia necesita del buen juicio y del sentido común de una élite educada que garantice el Estado de Derecho. Quizá porque las simples normas jurídicas, sin la responsable colaboración de los que han de interpretarlas y aplicarlas, son incapaces de garantizar por sí solas el correcto funcionamiento de una sociedad libre y democrática. El problema fundamental hoy en España es que las élites educadas han delegado la responsabilidad de esa misión en los políticos profesionales, mientras ellas se dedicaban a sus asuntos, con el agravante de que, en una partitocracia tan cerrada como la que vivimos, el sistema de selección del político profesional no garantiza que accedan a los puestos de dirección los más competentes.
En nuestro país, además, las élites no son reconocibles, en el sentido de que ni están organizadas, ni conectadas entre sí, ni existe un lugar de referencia -como antaño fue la Universidad- desde el que puedan hacer sentir su influencia, o al menos en el que estén localizables a disposición del interés público. Cuando el presidente Obama necesita reforzar su Administración sabe donde acudir: a la Facultad de Derecho de Harvard, en la que él mismo estudió, o a cualquier otra de la prestigiosa y meritocrática red universitaria estadounidense. Pero en España ningún político tiene especial interés en incorporar expertos de primer nivel ajenos a la disciplina partitocrática ni se encuentra particularmente presionado para ello, y, si por un milagro lo estuviera, tampoco le sería fácil identificarlos.
En un escenario como el descrito, el control sobre el poder público se resiente. El político, libre de cualquier atadura crítica, cede a sus compromisos internos o a sus intereses particulares, a veces en connivencia con los poderes fácticos de turno, torciendo las normas cuando lo considera conveniente. El ciudadano, o sufre ignorante tal estado de cosas o, si las conoce, como cada vez es más frecuente, las vive primero con impotencia y luego con resignación y escepticismo, lo que constituye sin duda una grave amenaza para el correcto funcionamiento del sistema democrático.
Sin embargo, frente a la retirada de las élites y a la impunidad de la política, los ciudadanos contamos hoy con un instrumento de control privilegiado: internet y las nuevas tecnologías de la información. WikiLeaks es sin duda un ejemplo relevante, pero la potencialidad de las nuevas herramientas va mucho más allá.
No se trata, al menos principalmente, de que el político y el funcionario se sientan amenazados por posibles filtraciones de información viéndose obligados así a extremar su celo, sino de que la general actividad de la Administración Pública (y por qué no, del sector privado) se desarrolle de una manera abierta y accesible a los ciudadanos a través de la Red. Fuera de puntuales excepciones, que además habría que justificar, no existe ningún inconveniente para ello y sí, por el contrario, infinidad de ventajas. La fundamental sería reivindicar para el ciudadano experto la función que tradicionalmente han cumplido las élites.
Hoy vivimos en una sociedad de expertos, sin duda desorganizada, descoordinada y excesivamente especializada, pero de expertos al fin y al cabo. Internet abre la posibilidad de organizarse para procesar, coordinar y divulgar el conocimiento especializado sobre determinados sectores públicos hasta hacerlo comprensible a la generalidad de la ciudadanía, integrada en definitiva por expertos en otras parcelas diferentes. Y cuando, como consecuencia de tal actividad, los correspondientes organismos queden sujetos a una fiscalización de semejante alcance, los incentivos de aquellos que los dirigen y gestionan tenderán a alinearse con los intereses generales de una manera automática.
Es por ello una enorme responsabilidad del Gobierno y del Parlamento tramitar una Ley de Transparencia que permita consagrar en la práctica estas posibilidades, no sólo de control -tan importante en una época en la que la corrupción política tiene cada vez mayor resonancia en nuestro país-, sino de efectiva colaboración entre la ciudadanía y el poder político. Por el contrario, en la actualidad, la transparencia se limita a la filtración interesada a la prensa de información pública (y por eso de todos los ciudadanos) convenientemente elaborada para servir mejor los intereses del gestor de turno. No es de extrañar que en los índices de transparencia nuestro país ocupe las últimas posiciones.
«¿Dónde está el poder de las leyes?», se preguntaba Demóstenes, y contestaba: «En ti, si tú las apoyas y las haces poderosas cuando alguien necesite su ayuda». Internet ofrece una posibilidad de hacerlo hasta hace poco completamente insospechada. Quizá no sea suficiente para recuperar una élite educada capaz de velar por nuestro Estado de Derecho, como pedía Adams, pero al menos fomentará que quienes han de cumplir hoy tales funciones lo hagan bajo verdadero control ciudadano, lo que, en definitiva, constituye el fundamento básico de cualquier sociedad democrática.
(Artículo de Rodrigo Tena, publicado en "El Mundo" el 4 de noviembre de 2010)
En nuestro país, además, las élites no son reconocibles, en el sentido de que ni están organizadas, ni conectadas entre sí, ni existe un lugar de referencia -como antaño fue la Universidad- desde el que puedan hacer sentir su influencia, o al menos en el que estén localizables a disposición del interés público. Cuando el presidente Obama necesita reforzar su Administración sabe donde acudir: a la Facultad de Derecho de Harvard, en la que él mismo estudió, o a cualquier otra de la prestigiosa y meritocrática red universitaria estadounidense. Pero en España ningún político tiene especial interés en incorporar expertos de primer nivel ajenos a la disciplina partitocrática ni se encuentra particularmente presionado para ello, y, si por un milagro lo estuviera, tampoco le sería fácil identificarlos.
En un escenario como el descrito, el control sobre el poder público se resiente. El político, libre de cualquier atadura crítica, cede a sus compromisos internos o a sus intereses particulares, a veces en connivencia con los poderes fácticos de turno, torciendo las normas cuando lo considera conveniente. El ciudadano, o sufre ignorante tal estado de cosas o, si las conoce, como cada vez es más frecuente, las vive primero con impotencia y luego con resignación y escepticismo, lo que constituye sin duda una grave amenaza para el correcto funcionamiento del sistema democrático.
Sin embargo, frente a la retirada de las élites y a la impunidad de la política, los ciudadanos contamos hoy con un instrumento de control privilegiado: internet y las nuevas tecnologías de la información. WikiLeaks es sin duda un ejemplo relevante, pero la potencialidad de las nuevas herramientas va mucho más allá.
No se trata, al menos principalmente, de que el político y el funcionario se sientan amenazados por posibles filtraciones de información viéndose obligados así a extremar su celo, sino de que la general actividad de la Administración Pública (y por qué no, del sector privado) se desarrolle de una manera abierta y accesible a los ciudadanos a través de la Red. Fuera de puntuales excepciones, que además habría que justificar, no existe ningún inconveniente para ello y sí, por el contrario, infinidad de ventajas. La fundamental sería reivindicar para el ciudadano experto la función que tradicionalmente han cumplido las élites.
Hoy vivimos en una sociedad de expertos, sin duda desorganizada, descoordinada y excesivamente especializada, pero de expertos al fin y al cabo. Internet abre la posibilidad de organizarse para procesar, coordinar y divulgar el conocimiento especializado sobre determinados sectores públicos hasta hacerlo comprensible a la generalidad de la ciudadanía, integrada en definitiva por expertos en otras parcelas diferentes. Y cuando, como consecuencia de tal actividad, los correspondientes organismos queden sujetos a una fiscalización de semejante alcance, los incentivos de aquellos que los dirigen y gestionan tenderán a alinearse con los intereses generales de una manera automática.
Es por ello una enorme responsabilidad del Gobierno y del Parlamento tramitar una Ley de Transparencia que permita consagrar en la práctica estas posibilidades, no sólo de control -tan importante en una época en la que la corrupción política tiene cada vez mayor resonancia en nuestro país-, sino de efectiva colaboración entre la ciudadanía y el poder político. Por el contrario, en la actualidad, la transparencia se limita a la filtración interesada a la prensa de información pública (y por eso de todos los ciudadanos) convenientemente elaborada para servir mejor los intereses del gestor de turno. No es de extrañar que en los índices de transparencia nuestro país ocupe las últimas posiciones.
«¿Dónde está el poder de las leyes?», se preguntaba Demóstenes, y contestaba: «En ti, si tú las apoyas y las haces poderosas cuando alguien necesite su ayuda». Internet ofrece una posibilidad de hacerlo hasta hace poco completamente insospechada. Quizá no sea suficiente para recuperar una élite educada capaz de velar por nuestro Estado de Derecho, como pedía Adams, pero al menos fomentará que quienes han de cumplir hoy tales funciones lo hagan bajo verdadero control ciudadano, lo que, en definitiva, constituye el fundamento básico de cualquier sociedad democrática.
(Artículo de Rodrigo Tena, publicado en "El Mundo" el 4 de noviembre de 2010)
MARCELINO, IMPRESCINDIBLE.
Hace unos días un amigo se cachondeó de mí cuando, al hilo de no sé qué tema de conversación, solté un "cuando acabamos con el franquismo". Con sonrisa burlona me corrigió: "Oye, con el franquismo acabó Franco al morirse en la cama". Algo de razón tenía mi amigo. Pero no toda. Efectivamente, Franco se murió en la cama. Pero cuando esto sucedió el franquismo ya había sido vaciado por dentro: a excepción de las decrépitas instituciones políticas de aquel régimen, la sociedad española se había transformado profundamente.
Desde un exagerado determinismo, con etiqueta marxista o liberal, se suele afirmar que las causas de estas transformaciones fueron debidas a los cambios en las estructuras económicas y sociales operados desde finales de los años cincuenta: inversiones extranjeras, crecimiento de la economía europea, turismo, remesas de divisas aportadas por los emigrantes y la apertura de nuestra economía a los mercados exteriores mediante la depreciación de la peseta. Todo ello es cierto: España pasó de ser un país agrícola a un país industrial, crecieron las ciudades en detrimento del campo y la sociedad se modernizó desde todos los puntos de vista.
Pero también es cierto que en este contexto surgieron luchas sociales y políticas y que sin las personas que las encabezaron nunca habría llegado la democracia a España. No basta con cambiar las estructuras económicas y sociales, también es importante el factor humano. Esta fue la corrección teórica de Gramsci al marxismo mecanicista. Muchos fueron los que participaron en estas luchas. Pero en porcentaje respecto al conjunto de la población fueron muy pocos, sobre todo al principio, durante los años cincuenta y sesenta. Si tuviéramos que escoger a uno, al más claro ejemplo de luchador decidido y pertinaz, quizás habría una general coincidencia en señalar a Marcelino Camacho.
Sin Marcelino –su solo nombre bastaba entonces para saber a quién te referías–, sin todos los marcelinos de aquella época, Franco hubiera muerto en la cama y la dictadura hubiera seguido indemne, al menos por algunos años. A veces los viejos luchadores pueden llegar a dudar sobre si su sacrificio fue útil. Que despejen toda duda: el ejemplo enseña más que cualquier libro. Marcelino fue el gran ejemplo de aquellos tiempos.
Mientras los conspiradores más o menos de salón, que tampoco son del todo inútiles, pasaban horas y horas discutiendo con una cerveza o un whisky en la mano, siempre Marcelino estaba en la cárcel y su esposa tejiéndole un jersey para que no pasara tanto frío. Lo sabíamos y ello nos daba mala conciencia y, a la vez, coraje para seguir adelante. Marcelino fue el gran referente moral y político de aquellos años. Entonces aprendimos aquello que dijo el poeta: algunos son necesarios y otros, como Marcelino Camacho, imprescindibles.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 30 de octubre de 2010)
LAS RAYAS ROJAS DE LA DEMOCRACIA.
LA degradación de la calidad de nuestra democracia tiene su vértice en el comportamiento de algunos políticos y algunos supuestos intelectuales que se creen que tienen barra libre para el improperio, las declaraciones machistas y las ofensas más duras a nuestras aspiraciones de Igualdad.
Los comportamientos del alcalde de Valladolid son inadmisibles y atraviesan las líneas rojas que deben estar vigente en un estado de derecho y en un país civilizado. La ofensa grosera a todas las mujeres en la descalificación realizada contra la ministra de Sanidad, Leire Pajín, no ha tenido repercusiones y le ha resultado gratis al edil que se ha limitado a decir que fueron unas declaraciones desafortunadas. Y esto sin que haya sido reprendido, desautorizado o cesado por el líder de su partido que según propias declaraciones del alcalde vallisoletano le envío, junto al alcalde de Madrid, mensajes de solidaridad. ¿Solidaridad con el ofensor? Que cosas más raras ocurren en España. Un escritor protegido de lujo de la presidenta de la Comunidad de Madrid se despacha en un libro autobiográfico con la confesión de pederastia consistente en que tuvo sexo de dos menores de edad en un viaje a Asia, y sus expresiones machistas, groseras e injuriosas son el regodeo en una conducta a todas luces delictivas de las que pudiera haber dudas si están prescritas.
Por último, el escritor y académico de la Lengua, Arturo Pérez Reverte, cuyas expresiones machistas en sus artículos de prensa, son habituales, se permite llamar "mierda" al ya ex ministro de Asuntos Exteriores porque se emocionó y lloró en su acto de despedida. Los hombres parece ser que si lloran son una mierda.
La responsabilidad social de los escritores y los políticos está de capa caída cuando individuos como estos no sufren una sanción social. Quienes debieran dar ejemplos de moderación, respeto a las leyes y educación, lo que empieza a suceder es que abundan individuos que no entienden que la democracia tiene rayas rojas que no se pueden traspasar.
(Artículo de Carlos Carnicero, publicado en "Diario del AltoAragón" el 28 de octubre de 2010)
Los comportamientos del alcalde de Valladolid son inadmisibles y atraviesan las líneas rojas que deben estar vigente en un estado de derecho y en un país civilizado. La ofensa grosera a todas las mujeres en la descalificación realizada contra la ministra de Sanidad, Leire Pajín, no ha tenido repercusiones y le ha resultado gratis al edil que se ha limitado a decir que fueron unas declaraciones desafortunadas. Y esto sin que haya sido reprendido, desautorizado o cesado por el líder de su partido que según propias declaraciones del alcalde vallisoletano le envío, junto al alcalde de Madrid, mensajes de solidaridad. ¿Solidaridad con el ofensor? Que cosas más raras ocurren en España. Un escritor protegido de lujo de la presidenta de la Comunidad de Madrid se despacha en un libro autobiográfico con la confesión de pederastia consistente en que tuvo sexo de dos menores de edad en un viaje a Asia, y sus expresiones machistas, groseras e injuriosas son el regodeo en una conducta a todas luces delictivas de las que pudiera haber dudas si están prescritas.
Por último, el escritor y académico de la Lengua, Arturo Pérez Reverte, cuyas expresiones machistas en sus artículos de prensa, son habituales, se permite llamar "mierda" al ya ex ministro de Asuntos Exteriores porque se emocionó y lloró en su acto de despedida. Los hombres parece ser que si lloran son una mierda.
La responsabilidad social de los escritores y los políticos está de capa caída cuando individuos como estos no sufren una sanción social. Quienes debieran dar ejemplos de moderación, respeto a las leyes y educación, lo que empieza a suceder es que abundan individuos que no entienden que la democracia tiene rayas rojas que no se pueden traspasar.
(Artículo de Carlos Carnicero, publicado en "Diario del AltoAragón" el 28 de octubre de 2010)
AUTONOMÍAS: VICIOS Y DISTORSIONES.
EL Instituto de Empresa Familiar ha azuzado el debate sobre los «privilegios» de los funcionarios con su propuesta de que éstos puedan ser despedidos. La idea no es nueva y su planteamiento desenfoca el problema real, que es el de la estructura administrativa de España, viciada de inflación de órganos, exceso de empresas públicas, abuso de asesores y cargos a dedo y duplicación de competencias. Ayer mismo, Mariano Rajoy, que denunció «la madeja administrativa que ahoga a la sociedad civil», y Emilio Botín, que criticó unas duplicidades que generan «ineficiencias, barreras y distorsiones», abogaron por la reducción del aparato administrativo que ABC cuestiona como parte de su reflexión sobre la necesaria regeneración de la vida pública española.
La solución a las faraónicas dimensiones de la Administración no pasa por someterla a los parámetros de la empresa privada, por la radical diferencia de objetivos y estructuras y porque habría que concretar qué ejemplos de gestión se pueden tomar como referencia, porque esa apelación se descalifica con episodios de desastrosas direcciones empresariales. Aun admitiendo la necesidad de controlar y sancionar a los funcionarios que dan por sentado que su obligación acabó cuando aprobaron la oposición, la propuesta del despido pone al funcionario en una situación de precariedad frente a los cargos políticos. El despido del funcionario vinculado a la valoración discrecional de su trabajo abre la vía al control partidista de la Administración, en niveles aún mayores que los actuales. En todo caso, no es necesario porque existen procedimientos de inspección y sanción para los funcionarios que abusan de sus condiciones laborales. Que se apliquen.
El problema de la Administración no se resuelve «privatizando» el estatuto jurídico de los funcionarios, sino atacando su hipertrofia organizativa, verdadero lastre para el desarrollo económico y una fuente patógena de corrupción y derroche. Es mucho más acertado el entramado de empresas públicas, auténticas administraciones paralelas, que son pasto de favores políticos; o el gasto en esos asesores que pululan por las dependencias oficiales; o la multiplicación por diecisiete —uno por autonomía— de muchos órganos del Estado, por ese efecto replicante que lanza a las autonomías a una continua expansión. La responsabilidad de todo esto es política y no de los funcionarios.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 27 de octubre de 2010)
LA FUNCIÓN HACE AL FUNCIONARIO.
En la década de los 70, un familiar mío, funcionario del entonces Ministerio de Información y Turismo, se llevaba a casa el trabajo que no hacía en su oficina, y por el que cobraba un sobresueldo. Se trataba de dar salida, fuera de la jornada oficial, mediante un incentivo, a los expedientes sancionadores de la hostelería que estaban a punto de prescribir… porque los mismos funcionarios no daban abasto en su jornada natural. Parecía una pura metáfora sobre el funcionamiento de la empresa pública y la privada, de los incentivos a la producción, de la seguridad en el puesto de trabajo.
El funcionario no ha tenido nunca buena prensa, a pesar de ser la columna vertebral de las naciones, el engranaje que hizo posible la administración y el mantenimiento de grandes imperios. Y sin embargo, todo el que alguna vez en su vida ha debido pasar por una ventanilla tiene una cuenta pendiente con un funcionario que consideraba que sonreír o incorporar una palabra amable a su vocabulario no estaba incluido en su sueldo. Siempre tuve dudas sobre quién odiaba más a quien, si el funcionario a su público que tanto le incordia o el público al funcionario al que tanto teme.
En la CEOE, ese lugar donde habita gente graciosa y ocurrente donde las haya, han apuntado la necesidad de que los futuros funcionarios se rijan por un régimen laboral similar al de la empresa privada (pongamos como la de Díaz Ferrán), con remuneraciones variables y posibilidad de despido. Sé que medio país vengativo estaría encantado con saldar así alguna deuda pendiente personal, pero me temo que no sería una buena idea.
Porque, como mal ejemplo, ya existe la figura de los cargos de libre designación y espléndido sueldo que con tanto desparpajo utilizan en su favor los partidos políticos en el poder para comprar voluntades y pagar favores. ¿Os imagináis al alcalde de Valladolid de jefe de personal, en un examen (oral) de morritos a sus secretarias?
(Artículo de Manolo Saco, publicado en "Público" el 27 de octubre de 2010)
El funcionario no ha tenido nunca buena prensa, a pesar de ser la columna vertebral de las naciones, el engranaje que hizo posible la administración y el mantenimiento de grandes imperios. Y sin embargo, todo el que alguna vez en su vida ha debido pasar por una ventanilla tiene una cuenta pendiente con un funcionario que consideraba que sonreír o incorporar una palabra amable a su vocabulario no estaba incluido en su sueldo. Siempre tuve dudas sobre quién odiaba más a quien, si el funcionario a su público que tanto le incordia o el público al funcionario al que tanto teme.
En la CEOE, ese lugar donde habita gente graciosa y ocurrente donde las haya, han apuntado la necesidad de que los futuros funcionarios se rijan por un régimen laboral similar al de la empresa privada (pongamos como la de Díaz Ferrán), con remuneraciones variables y posibilidad de despido. Sé que medio país vengativo estaría encantado con saldar así alguna deuda pendiente personal, pero me temo que no sería una buena idea.
Porque, como mal ejemplo, ya existe la figura de los cargos de libre designación y espléndido sueldo que con tanto desparpajo utilizan en su favor los partidos políticos en el poder para comprar voluntades y pagar favores. ¿Os imagináis al alcalde de Valladolid de jefe de personal, en un examen (oral) de morritos a sus secretarias?
(Artículo de Manolo Saco, publicado en "Público" el 27 de octubre de 2010)
INTERCAMBIO DE CROMOS Y OTROS VICIOS.
El llamado "periodismo de fuentes", aquel que se ejerce desde los gabinetes de comunicación de organismos públicos y privados, cuenta cada vez con más profesionales y tiene cada vez más influencia en la determinación de la agenda informativa, pero una parte de sus profesionales se siente incómoda con el papel que a veces ha de jugar. El periodismo de fuentes necesita repensar su función y garantizar el cumplimiento de las normas éticas del periodismo. Esa es la idea con la que se cerró el debate Gabinetes de comunicación, ¿periodistas o publicistas?, celebrado el lunes en el Colegio de Periodistas de Cataluña, del que hoy quiero hablarles porque las inquietudes allí expresadas tienen mucho que ver con la calidad de la información que ustedes, los lectores, reciben.
La necesidad de dar respuesta a las demandas informativas y hacer frente a la presión, siempre apremiante, de un número cada vez mayor de medios llevó a los responsables políticos de las instituciones públicas y a los gestores de las grandes corporaciones privadas a canalizar la información a través de gabinetes de prensa. Poco a poco, sin embargo, se ha ido imponiendo la tendencia a transformar esos gabinetes de comunicación en instrumentos de control político de la información.
Algunos periodistas de gabinete se encuentran cómodos en su papel de controladores, pero otros, como pudo verse en el citado debate, acusan el malestar que les produce encontrarse en medio de un fuego cruzado de presiones antagónicas: por un lado, la que ejercen los responsables políticos o gerenciales de la institución en la que trabajan, que exigen no solo un férreo control de la información, sino unos determinados resultados de presencia mediática; y, por el otro, la que reciben de los periodistas de los medios, cada vez más enervados por las dificultades que tienen para acceder a la información, incluida aquella que por imperativo legal deberían estar a disposición de cualquier ciudadano.
En mi artículo Políticos que no aman a los periodistas, publicado hace un año, les expliqué el malestar de los periodistas de los medios, incluidos por supuesto los de EL PAÍS, por el creciente control político de la información pública. Las relaciones entre periodistas y políticos no han mejorado. Cada vez se convocan más comparecencias de políticos que no admiten preguntas y la utilización de la información con fines partidistas, de propaganda o de mera intoxicación, de la que les hablé en el artículo Cerrojazo informativo, es cada vez más descarada.
Una de las consecuencias negativas de esa dinámica es un mayor uso -y a veces abuso- de las fuentes anónimas en las informaciones conflictivas, que son muchas. Otra, la tendencia a establecer relaciones viciadas entre los periodistas de ambos lados, lo que en jerga profesional se conoce como "intercambio de cromos".En su versión amigable, esto viene a ser algo así como: "Tú me das la exclusiva y yo le doy a la noticia una cobertura extensa y positiva", y en su versión conflictiva sería: "Puesto que te has portado mal, le daré a otro la exclusiva". Disculpen la simplicidad, pero eso es lo que, crudamente, ocurre con frecuencia. Ya les he expuesto el malestar que ello genera entre los periodistas que trabajan en los medios, pues cada vez dependen más de la información que controlan estos gabinetes, y si quieren ejercer su independencia, cada vez han de hacer un esfuerzo mayor para poder saltar por encima de las barreras de control. En el debate del Colegio de Periodistas de Cataluña se puso de manifiesto que esta dinámica tampoco satisface a muchos de los periodistas de los gabinetes de comunicación.
Puede parecerles que lo que les cuento forma parte de un debate profesional que debería dirimirse por cauces internos. Pero no es solo un debate profesional. Lo que subyace es un debate sobre la calidad de la democracia. En los foros ciudadanos a los que, a menudo, soy invitada, escucho vehementes críticas a los medios de comunicación y muchas de las cartas que recibo como Defensora del Lector no contienen quejas concretas, sino preocupación por la calidad de la información que recibe la ciudadanía. Y también por la influencia negativa que ciertas dinámicas informativas ejercen sobre la toma de decisiones políticas, como se ha puesto de relieve en el tratamiento de la gripe A o en la demanda de reformas penales tras una cobertura sensacionalista y desmesurada de ciertos sucesos. A veces quieren saber por qué diferentes periódicos dan versiones antagónicas de un mismo hecho, y se preguntan cuál de ellos miente. Y son frecuentes, asimismo, las cartas que expresan una sospecha de partidismo en el enfoque de una información.
También algunos políticos se encuentran a disgusto con la actual situación, especialmente aquellos que abogan por profundizar la democracia con mecanismos de participación deliberativa. Consideran que los medios de comunicación no contribuyen a un debate informado, sereno y constructivo. Resulta muy esclarecedor observar cómo se nos ve desde el otro lado. Recomiendo el capítulo dedicado a los medios de comunicación del libro Una agenda imperfecta (Edicions 62), en la que el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep Maria Vallès, narra su experiencia en la política activa como consejero de Justicia del Gobierno catalán presidido por Pasqual Maragall. No es una imagen reconfortante.
Explica que intentó aplicar una política de "colaborar con los medios sin rendirse", de no entregarse a la "promiscuidad superficial" entre políticos y periodistas, a los que considera atados por relaciones de falsa confraternización que a menudo esconden una profunda desconfianza mutua, pero el resultado fue decepcionante. La "sobriedad expresiva" y el trato igualitario que dispensó a los medios no fueron recompensados. Y tampoco logró cambiar la relación viciada "que genera una dependencia recíproca malsana, sobre todo para la construcción de una opinión pública bien informada".
En su exposición subyace una amarga crítica al mal uso que a veces hace el periodismo del poder que tiene y a la manipulación informativa que pueden llegar a ejercer algunos medios con fines partidistas, entre los que se incluye el desgaste político de un Gobierno. El creciente partidismo de la vida pública ha tenido su correlato en el alineamiento partidista de algunos medios de comunicación, de modo que cada vez resulta más difícil, y vapuleada, la pretensión de un periodismo independiente.
¿Cómo hemos llegado a esta situación en la que nadie parece estar satisfecho? ¿Es posible un cambio de tendencia? La esperada Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, promesa electoral del PSOE, debería poner fin a la opacidad que sitúa a España entre los países con menos transparencia informativa. Su tramitación parlamentaria, sin embargo, está paralizada.
La ley puede ayudar a cambiar algunas cosas, pero para revertir la situación se requiere además un cambio en los comportamientos. De momento, el Colegio de Periodistas de Cataluña ha elaborado un manual de buenas prácticas para los periodistas de gabinetes de comunicación. Se les recuerda que también ellos están obligados a cumplir el Código Deontológico de la Profesión Periodística, entre cuyas normas figura no dar información falsa o distorsionada. Se considera legítimo que un gabinete de prensa ofrezca la versión de la entidad, que será obviamente una versión de parte, pero ha de ser veraz.Los códigos deontológicos son útiles, porque fomentan las buenas prácticas, pero su recorrido es limitado porque la vulneración de sus normas queda impune. Por eso en algunos foros de debate comienzan a oírse voces que reclaman instrumentos más coercitivos. Desde el periodismo se considera peligrosa cualquier regulación, pues puede afectar a la libertad de información, pero si no somos capaces de autorregularnos, será inevitable que la sociedad quiera obligarnos a hacerlo.
(Artículo de Milagros Pérez Oliva, publicado en "El País" el 24 de octubre de 2010)
La necesidad de dar respuesta a las demandas informativas y hacer frente a la presión, siempre apremiante, de un número cada vez mayor de medios llevó a los responsables políticos de las instituciones públicas y a los gestores de las grandes corporaciones privadas a canalizar la información a través de gabinetes de prensa. Poco a poco, sin embargo, se ha ido imponiendo la tendencia a transformar esos gabinetes de comunicación en instrumentos de control político de la información.
Algunos periodistas de gabinete se encuentran cómodos en su papel de controladores, pero otros, como pudo verse en el citado debate, acusan el malestar que les produce encontrarse en medio de un fuego cruzado de presiones antagónicas: por un lado, la que ejercen los responsables políticos o gerenciales de la institución en la que trabajan, que exigen no solo un férreo control de la información, sino unos determinados resultados de presencia mediática; y, por el otro, la que reciben de los periodistas de los medios, cada vez más enervados por las dificultades que tienen para acceder a la información, incluida aquella que por imperativo legal deberían estar a disposición de cualquier ciudadano.
En mi artículo Políticos que no aman a los periodistas, publicado hace un año, les expliqué el malestar de los periodistas de los medios, incluidos por supuesto los de EL PAÍS, por el creciente control político de la información pública. Las relaciones entre periodistas y políticos no han mejorado. Cada vez se convocan más comparecencias de políticos que no admiten preguntas y la utilización de la información con fines partidistas, de propaganda o de mera intoxicación, de la que les hablé en el artículo Cerrojazo informativo, es cada vez más descarada.
Una de las consecuencias negativas de esa dinámica es un mayor uso -y a veces abuso- de las fuentes anónimas en las informaciones conflictivas, que son muchas. Otra, la tendencia a establecer relaciones viciadas entre los periodistas de ambos lados, lo que en jerga profesional se conoce como "intercambio de cromos".En su versión amigable, esto viene a ser algo así como: "Tú me das la exclusiva y yo le doy a la noticia una cobertura extensa y positiva", y en su versión conflictiva sería: "Puesto que te has portado mal, le daré a otro la exclusiva". Disculpen la simplicidad, pero eso es lo que, crudamente, ocurre con frecuencia. Ya les he expuesto el malestar que ello genera entre los periodistas que trabajan en los medios, pues cada vez dependen más de la información que controlan estos gabinetes, y si quieren ejercer su independencia, cada vez han de hacer un esfuerzo mayor para poder saltar por encima de las barreras de control. En el debate del Colegio de Periodistas de Cataluña se puso de manifiesto que esta dinámica tampoco satisface a muchos de los periodistas de los gabinetes de comunicación.
Puede parecerles que lo que les cuento forma parte de un debate profesional que debería dirimirse por cauces internos. Pero no es solo un debate profesional. Lo que subyace es un debate sobre la calidad de la democracia. En los foros ciudadanos a los que, a menudo, soy invitada, escucho vehementes críticas a los medios de comunicación y muchas de las cartas que recibo como Defensora del Lector no contienen quejas concretas, sino preocupación por la calidad de la información que recibe la ciudadanía. Y también por la influencia negativa que ciertas dinámicas informativas ejercen sobre la toma de decisiones políticas, como se ha puesto de relieve en el tratamiento de la gripe A o en la demanda de reformas penales tras una cobertura sensacionalista y desmesurada de ciertos sucesos. A veces quieren saber por qué diferentes periódicos dan versiones antagónicas de un mismo hecho, y se preguntan cuál de ellos miente. Y son frecuentes, asimismo, las cartas que expresan una sospecha de partidismo en el enfoque de una información.
También algunos políticos se encuentran a disgusto con la actual situación, especialmente aquellos que abogan por profundizar la democracia con mecanismos de participación deliberativa. Consideran que los medios de comunicación no contribuyen a un debate informado, sereno y constructivo. Resulta muy esclarecedor observar cómo se nos ve desde el otro lado. Recomiendo el capítulo dedicado a los medios de comunicación del libro Una agenda imperfecta (Edicions 62), en la que el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep Maria Vallès, narra su experiencia en la política activa como consejero de Justicia del Gobierno catalán presidido por Pasqual Maragall. No es una imagen reconfortante.
Explica que intentó aplicar una política de "colaborar con los medios sin rendirse", de no entregarse a la "promiscuidad superficial" entre políticos y periodistas, a los que considera atados por relaciones de falsa confraternización que a menudo esconden una profunda desconfianza mutua, pero el resultado fue decepcionante. La "sobriedad expresiva" y el trato igualitario que dispensó a los medios no fueron recompensados. Y tampoco logró cambiar la relación viciada "que genera una dependencia recíproca malsana, sobre todo para la construcción de una opinión pública bien informada".
En su exposición subyace una amarga crítica al mal uso que a veces hace el periodismo del poder que tiene y a la manipulación informativa que pueden llegar a ejercer algunos medios con fines partidistas, entre los que se incluye el desgaste político de un Gobierno. El creciente partidismo de la vida pública ha tenido su correlato en el alineamiento partidista de algunos medios de comunicación, de modo que cada vez resulta más difícil, y vapuleada, la pretensión de un periodismo independiente.
¿Cómo hemos llegado a esta situación en la que nadie parece estar satisfecho? ¿Es posible un cambio de tendencia? La esperada Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, promesa electoral del PSOE, debería poner fin a la opacidad que sitúa a España entre los países con menos transparencia informativa. Su tramitación parlamentaria, sin embargo, está paralizada.
La ley puede ayudar a cambiar algunas cosas, pero para revertir la situación se requiere además un cambio en los comportamientos. De momento, el Colegio de Periodistas de Cataluña ha elaborado un manual de buenas prácticas para los periodistas de gabinetes de comunicación. Se les recuerda que también ellos están obligados a cumplir el Código Deontológico de la Profesión Periodística, entre cuyas normas figura no dar información falsa o distorsionada. Se considera legítimo que un gabinete de prensa ofrezca la versión de la entidad, que será obviamente una versión de parte, pero ha de ser veraz.Los códigos deontológicos son útiles, porque fomentan las buenas prácticas, pero su recorrido es limitado porque la vulneración de sus normas queda impune. Por eso en algunos foros de debate comienzan a oírse voces que reclaman instrumentos más coercitivos. Desde el periodismo se considera peligrosa cualquier regulación, pues puede afectar a la libertad de información, pero si no somos capaces de autorregularnos, será inevitable que la sociedad quiera obligarnos a hacerlo.
(Artículo de Milagros Pérez Oliva, publicado en "El País" el 24 de octubre de 2010)
MISTERIOS Y MINISTERIOS.
El Ministerio de Igualdad ha desaparecido y aquí paz y después gloria. No ha durado mucho. Su titular, Bibiana Aído, seguirá llevando este asunto, pero con rango de secretaria de Estado dentro del Ministerio de Sanidad y Política Social. Lo que ayer tenía mucha importancia para Zapatero hoy tiene mucha menos. Lo que ayer se anunció a bombo y platillo hoy se diluye silenciosamente.
Siempre me han parecido un gran misterio las causas y razones que hacen que un gobierno tenga o deje de tener tal o cual departamento. La alegre aparición, eliminación o fusión de carteras ministeriales (o consejerías autonómicas) proyecta la idea de que la realidad que el político aborda puede organizarse según convenga, de la noche a la mañana. Hay algo tremendamente arbitrario en este método de amueblar un Gabinete. Así, convertir la igualdad en ministerio sonó, en su día, como una ocurrencia, igual que crear un ministerio de libertad o uno de fraternidad. ¿No habíamos quedado en que ciertas políticas sólo son eficaces si tienen un carácter auténticamente transversal? Con un Ministerio de Igualdad lo que debía ser normal y cotidiano se presentó como algo excepcional y sobreañadido.
En otros tiempos, ya lejanos, existían ministros sin cartera, que eran el súmmum de lo esotérico. Hoy, en cambio, tenemos ministerios acusadamente menguantes, como el de Ciencia e Innovación, para desesperación de los investigadores. Y ministerios cuya utilidad muchos discuten, como el de Cultura. Un gobierno es como un chicle: puede crecer o puede achicarse según las circunstancias, los recursos y los objetivos trazados. Sea como fuere, hay algo inmutable, por encima de épocas y regímenes: ser ministro de España es condición indispensable para alcanzar, tarde o temprano, la muy apreciada y versátil condición de ex ministro. Téngase en cuenta que los ex ministros oscilan siempre entre la serenidad del superviviente y la ironía del sacrificado, lo cual es motor de muchas confidencias. Los juicios más severos sobre un ministro suelen venir de sus predecesores.
Quitar y poner ministros es una de las pocas ocasiones en que el gobernante puede demostrar, sin disimulo, que el verbo mandar es tener poder directo sobre la vida de los demás. ¿Qué complejos azares conducen al ascenso o a la caída de un ministro? Todo eso queda en una bruma de sobreentendidos y medias palabras, allí donde cada uno pasa cuentas con su ego. Ciertas operaciones sólo son posibles con muchas dosis de silencio compasivo. Así las cosas, tiene mérito que la señora Aído haya aceptado lo contrario de lo habitual en una carrera política: ser premiada con un descenso. En el futuro, cuando se estudie el papel de Zapatero como gestor de recursos humanos, se escribirán tesis doctorales sobre la torpeza como forma de maquiavelismo inadvertido.
(Artículo de Francesc-Marc Álvaro, publicado en "La Vanguardia" el 22 de octubre de 2010)
Siempre me han parecido un gran misterio las causas y razones que hacen que un gobierno tenga o deje de tener tal o cual departamento. La alegre aparición, eliminación o fusión de carteras ministeriales (o consejerías autonómicas) proyecta la idea de que la realidad que el político aborda puede organizarse según convenga, de la noche a la mañana. Hay algo tremendamente arbitrario en este método de amueblar un Gabinete. Así, convertir la igualdad en ministerio sonó, en su día, como una ocurrencia, igual que crear un ministerio de libertad o uno de fraternidad. ¿No habíamos quedado en que ciertas políticas sólo son eficaces si tienen un carácter auténticamente transversal? Con un Ministerio de Igualdad lo que debía ser normal y cotidiano se presentó como algo excepcional y sobreañadido.
En otros tiempos, ya lejanos, existían ministros sin cartera, que eran el súmmum de lo esotérico. Hoy, en cambio, tenemos ministerios acusadamente menguantes, como el de Ciencia e Innovación, para desesperación de los investigadores. Y ministerios cuya utilidad muchos discuten, como el de Cultura. Un gobierno es como un chicle: puede crecer o puede achicarse según las circunstancias, los recursos y los objetivos trazados. Sea como fuere, hay algo inmutable, por encima de épocas y regímenes: ser ministro de España es condición indispensable para alcanzar, tarde o temprano, la muy apreciada y versátil condición de ex ministro. Téngase en cuenta que los ex ministros oscilan siempre entre la serenidad del superviviente y la ironía del sacrificado, lo cual es motor de muchas confidencias. Los juicios más severos sobre un ministro suelen venir de sus predecesores.
Quitar y poner ministros es una de las pocas ocasiones en que el gobernante puede demostrar, sin disimulo, que el verbo mandar es tener poder directo sobre la vida de los demás. ¿Qué complejos azares conducen al ascenso o a la caída de un ministro? Todo eso queda en una bruma de sobreentendidos y medias palabras, allí donde cada uno pasa cuentas con su ego. Ciertas operaciones sólo son posibles con muchas dosis de silencio compasivo. Así las cosas, tiene mérito que la señora Aído haya aceptado lo contrario de lo habitual en una carrera política: ser premiada con un descenso. En el futuro, cuando se estudie el papel de Zapatero como gestor de recursos humanos, se escribirán tesis doctorales sobre la torpeza como forma de maquiavelismo inadvertido.
(Artículo de Francesc-Marc Álvaro, publicado en "La Vanguardia" el 22 de octubre de 2010)
BARULLO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
El lío de ese estudio (o lo que fuese) para la Expo que se adjudicó a dedo y nunca se hizo, el encierro de los médicos de Atención Primaria, la opacidad de no pocas empresas públicas... todo esto, ¡ay!, configura un barullo indescifrable que siembra el caos en las administraciones y confunde-cabrea a los administrados. ¿Cómo puede ser? se preguntarán ustedes. Pues fácil, queridos: resulta que las susodichas administraciones, en vez de tener clara su política de personal, la organización de sus recursos y el ámbito de su actividad, han ido derivando en una especie de búscate la vida que multiplica las vías de acceso a las plantillas, crea agravios comparativos, provoca conflictos, favorece las corruptelas y, en fin, hace que distintos entes actúen sobre el mismo terreno sin que al final se sepa bien quién es responsable de qué. Les recomiendo que peguen un vistazo a la web de la Asociación para la Defensa del Función Pública de Aragón y se harán una idea aproximada del tema.
Despejar tan complejo panorama implicaría muchas cosas, desde una planificación más seria de las ofertas de empleo público hasta, por ejemplo, el pleno desarrollo de las actividades que atañen a los funcionarios de alta cualificación, pasando una justificación exacta y detallada de los trabajos (análisis, estudios, asesorías y demás) que se encargan al sector privado.
Hoy en día no hay manera de saber con precisión en qué y cómo se gasta el dinero del contribuyente. Ahí están las empresas públicas dependientes del Gobierno aragonés, con una deuda acumulada que se acerca peligrosamente a los quinientos millones. Pero algunas de ellas, además, no paran de recibir dinero a fondo perdido de la DGA o de otras instituciones y organismos. Sus contabilidades acaban siendo un misterio más hermético que el de la Santísima Trinidad.
No es raro que las intervenciones intervengan cada vez menos y que todas las esperanzas de la gente ordenada se hayan puesto en el futuro Tribunal de Cuentas de Aragón. Pero sus responsables, en vez de contentarse con los treinta empleados que se pensó al principio, han reclamado más de sesenta. ¡Toma barullo y ven por más!
(Artículo de José Luis Trasobares, publicado en "El Periódico de Aragón" el 20 de octubre de 2010)
Despejar tan complejo panorama implicaría muchas cosas, desde una planificación más seria de las ofertas de empleo público hasta, por ejemplo, el pleno desarrollo de las actividades que atañen a los funcionarios de alta cualificación, pasando una justificación exacta y detallada de los trabajos (análisis, estudios, asesorías y demás) que se encargan al sector privado.
Hoy en día no hay manera de saber con precisión en qué y cómo se gasta el dinero del contribuyente. Ahí están las empresas públicas dependientes del Gobierno aragonés, con una deuda acumulada que se acerca peligrosamente a los quinientos millones. Pero algunas de ellas, además, no paran de recibir dinero a fondo perdido de la DGA o de otras instituciones y organismos. Sus contabilidades acaban siendo un misterio más hermético que el de la Santísima Trinidad.
No es raro que las intervenciones intervengan cada vez menos y que todas las esperanzas de la gente ordenada se hayan puesto en el futuro Tribunal de Cuentas de Aragón. Pero sus responsables, en vez de contentarse con los treinta empleados que se pensó al principio, han reclamado más de sesenta. ¡Toma barullo y ven por más!
(Artículo de José Luis Trasobares, publicado en "El Periódico de Aragón" el 20 de octubre de 2010)
LA BURBUJA DEL SERVICIO PÚBLICO.
La crisis nos ha familiarizado con la burbuja inmobiliaria y la financiera. La imagen popular de la expresión describe fenómenos de enriquecimiento que acabaron por revelarse transitorios y poco sostenibles. La expansión de las burbujas creó ilusiones sobre nuestro progreso colectivo. Su explosión ha supuesto la desaparición brusca de estas ilusiones y la necesidad de poner en cuestión modelos de funcionamiento anteriores. Todo esto podríamos aplicarlo a un fenómeno del que se ha hablado bastante menos pero que no por ello resulta menos real. Es una burbuja que ha caracterizado el funcionamiento de los gobiernos y las organizaciones públicas durante los 13 años de crecimiento sostenido de nuestra economía. Podemos llamarla la burbuja del servicio público y describirla por cinco rasgos básicos:
1) Fuerte expansión de las áreas de intervención pública, acompañada de una elevación sostenida de los estándares de servicio comprometidos. Más y mejores servicios en campos cada vez más diversos.
2) Pérdida de foco. Se proveen servicios esenciales (salud, educación, sociales, infraestructuras-) junto a otros cuya prioridad es más discutible (televisiones municipales, fastos lúdicos y festivos, sectores subsidiados, financiación de clubes de fútbol-).
3) Financiación con cargo a los presupuestos públicos. Universalización y gratuidad como lógicas dominantes de distribución y acceso. Café para todos y casi siempre a coste cero.
4) Interiorización del modelo por la sociedad. Elevado nivel de presión de los grupos sociales sobre los gobiernos para la satisfacción de sus intereses y expectativas. Todos pedimos cosas a papá Estado, y este reacciona normalmente en función de lo alto que gritemos para exigirlo.
5) Despreocupación por la eficiencia. Opacidad del coste de los servicios. Holgura confortable en las estructuras y procesos de la Administración. Caída de la productividad del empleo público.
Contra lo que pudiera pensarse, esta burbuja no la ha creado la evolución del producto interior bruto (PIB). El crecimiento económico ha sido más bien el combustible que ha alimentado, durante un tiempo, un modelo de servicio público cuyas raíces se hunden en la cultura social del país. Nuestra sociedad, podríamos decir, permite al Estado (a todos los poderes públicos, centrales, autonómicos y locales) una amplísima discrecionalidad a la hora de adoptar las decisiones de gasto, a cambio de transferirle una responsabilidad genérica de atender toda necesidad, más o menos relacionada con el interés general, que consiga una presencia destacada en la esfera pública. Por su parte, los gobernantes aceptan gustosamente este papel que resalta su preponderancia social, les proporciona clientelas fieles, les exime en la práctica de rendir cuentas sobre la oportunidad de asignar recursos a tales o cuales finalidades, y les confiere el poder de construir una agenda virtualmente irrestricta.
En este marco, casi cualquier cosa es susceptible de convertirse en servicio público e incluso de ser íntegramente financiada. Bastará con que la iniciativa tenga apoyos en la coalición gobernante o que se imponga por la presión de un grupo de interés con poder suficiente. Si ambas circunstancias coinciden, entonces el proceso es imparable. Luego, una vez incorporada a la oferta, se hará cada vez más difícil el revisar la política. La inercia creada será más poderosa que los razonamientos de eficiencia o equidad que puedan aducirse. Ni que decir tiene que esta lógica no garantiza prioridad a la protección de los más vulnerables, tantas veces privados de una voz consistente.
Por otra parte, en la fase expansiva de la burbuja nadie --ni en los gobiernos ni en la sociedad-- asume como tarea propia el cálculo de los costes de oportunidad, que son los de aquello que no podremos hacer porque nos hemos gastado el dinero en otras cosas.
En las antípodas del modelo descrito, identificaba hace más de 20 años Michel Crozier el Estado moderno con un Estado modesto, dispuesto a afirmar su presencia en todos los terrenos donde es insustituible, pero sin jugar a protagonista exclusivo de la acción colectiva ni ocupar el espacio de la sociedad. Un Estado autocontenido, firme a la hora de definir sus prioridades pero también capaz de devolver a los ciudadanos, las familias y los grupos sociales la responsabilidad de conductas y decisiones que les conciernen a ellos. Un Estado austero, que, ante cada posible decisión de gasto, se pregunta por el valor público que se creará y por los costes de oportunidad en que se incurre. Un Estado responsable, decidido a conseguir la eficiencia, a garantizar la máxima productividad de sus empleados y a rendir cuentas de forma transparente por los resultados alcanzados. Hoy, la explosión de la burbuja del servicio público hace ese tipo de Estado más necesario que nunca.
(Artículo de Francisco Longo, publicado en "El Periódico de Aragón" el 19 de octubre de 2010)
1) Fuerte expansión de las áreas de intervención pública, acompañada de una elevación sostenida de los estándares de servicio comprometidos. Más y mejores servicios en campos cada vez más diversos.
2) Pérdida de foco. Se proveen servicios esenciales (salud, educación, sociales, infraestructuras-) junto a otros cuya prioridad es más discutible (televisiones municipales, fastos lúdicos y festivos, sectores subsidiados, financiación de clubes de fútbol-).
3) Financiación con cargo a los presupuestos públicos. Universalización y gratuidad como lógicas dominantes de distribución y acceso. Café para todos y casi siempre a coste cero.
4) Interiorización del modelo por la sociedad. Elevado nivel de presión de los grupos sociales sobre los gobiernos para la satisfacción de sus intereses y expectativas. Todos pedimos cosas a papá Estado, y este reacciona normalmente en función de lo alto que gritemos para exigirlo.
5) Despreocupación por la eficiencia. Opacidad del coste de los servicios. Holgura confortable en las estructuras y procesos de la Administración. Caída de la productividad del empleo público.
Contra lo que pudiera pensarse, esta burbuja no la ha creado la evolución del producto interior bruto (PIB). El crecimiento económico ha sido más bien el combustible que ha alimentado, durante un tiempo, un modelo de servicio público cuyas raíces se hunden en la cultura social del país. Nuestra sociedad, podríamos decir, permite al Estado (a todos los poderes públicos, centrales, autonómicos y locales) una amplísima discrecionalidad a la hora de adoptar las decisiones de gasto, a cambio de transferirle una responsabilidad genérica de atender toda necesidad, más o menos relacionada con el interés general, que consiga una presencia destacada en la esfera pública. Por su parte, los gobernantes aceptan gustosamente este papel que resalta su preponderancia social, les proporciona clientelas fieles, les exime en la práctica de rendir cuentas sobre la oportunidad de asignar recursos a tales o cuales finalidades, y les confiere el poder de construir una agenda virtualmente irrestricta.
En este marco, casi cualquier cosa es susceptible de convertirse en servicio público e incluso de ser íntegramente financiada. Bastará con que la iniciativa tenga apoyos en la coalición gobernante o que se imponga por la presión de un grupo de interés con poder suficiente. Si ambas circunstancias coinciden, entonces el proceso es imparable. Luego, una vez incorporada a la oferta, se hará cada vez más difícil el revisar la política. La inercia creada será más poderosa que los razonamientos de eficiencia o equidad que puedan aducirse. Ni que decir tiene que esta lógica no garantiza prioridad a la protección de los más vulnerables, tantas veces privados de una voz consistente.
Por otra parte, en la fase expansiva de la burbuja nadie --ni en los gobiernos ni en la sociedad-- asume como tarea propia el cálculo de los costes de oportunidad, que son los de aquello que no podremos hacer porque nos hemos gastado el dinero en otras cosas.
En las antípodas del modelo descrito, identificaba hace más de 20 años Michel Crozier el Estado moderno con un Estado modesto, dispuesto a afirmar su presencia en todos los terrenos donde es insustituible, pero sin jugar a protagonista exclusivo de la acción colectiva ni ocupar el espacio de la sociedad. Un Estado autocontenido, firme a la hora de definir sus prioridades pero también capaz de devolver a los ciudadanos, las familias y los grupos sociales la responsabilidad de conductas y decisiones que les conciernen a ellos. Un Estado austero, que, ante cada posible decisión de gasto, se pregunta por el valor público que se creará y por los costes de oportunidad en que se incurre. Un Estado responsable, decidido a conseguir la eficiencia, a garantizar la máxima productividad de sus empleados y a rendir cuentas de forma transparente por los resultados alcanzados. Hoy, la explosión de la burbuja del servicio público hace ese tipo de Estado más necesario que nunca.
(Artículo de Francisco Longo, publicado en "El Periódico de Aragón" el 19 de octubre de 2010)
EL MITO DEL FUNCIONARIO.
EL recorte de salarios a los funcionarios públicos tenía un mensaje implícito que daba a la opinión pública otro chivo expiatorio para la crisis. Atacando las nóminas públicas se señalaba a los funcionarios como uno de los agujeros por los que se iba el dinero del Estado. También quedaban expuestos a los tópicos habituales que los dibujan como vagos e indolentes, privilegiados con un trabajo de por vida. La cara oculta de esta publicidad subliminal contra los funcionarios está en los datos que hoy publica ABC: solo el 60 por ciento de los empleados públicos, sin contar los que están en la nómina de empresas públicas, son funcionarios de carrera por oposición. El resto está formado por personal laboral y, hasta un 13 por ciento, por cargos de confianza e interinos. Los porcentajes se invierten en la Administración Local, en la que los contratados superan el 60 por ciento.
Cuando se denuncia el exceso de gasto salarial en las administraciones públicas, no se repara en discriminar cuánto de ese gasto corresponde a funcionarios que han ingresado por oposición y cuánto a personal designado a dedo por los responsables políticos. Esto explica que, a pesar del recorte de nóminas, la masa salarial siga aumentando en este año, porque las administraciones siguen contratando personal. Para rebajar el gasto bastaría con cerrar la contratación de asesores y gabinetes, redistribuir el trabajo entre el funcionariado de carrera ya existente y reducir la interinidad. Se trata de un compromiso que deben asumir no los funcionarios, que llevan años perdiendo poder adquisitivo, sino los responsables políticos que utilizan las administraciones bajo su control como agencias de colocación. Es cierto que es necesaria una reforma de la Función Pública. Debe aumentar la eficiencia con los actuales recursos; es preciso un control de la productividad que evite abusos en la disposición de permisos y en la flexibilidad horaria; y debe haber una mayor consideración de los cargos políticos hacia el trabajo de los funcionarios, obligados muchas veces a secundar instrucciones más de partido que de servicio público.
Estos aspectos deben recibir una respuesta alejada del mito del funcionario indolente. Quienes lo utilizan olvidan que son funcionarios, entre otros, los maestros, los policías, los médicos o los bomberos, es decir, los que sostienen una sociedad desarrollada y segura. Esa respuesta necesaria debe poner el foco en las carencias reales de la función pública y renunciar a la demagogia.
(Editorial del diario "ABC", publicado el día 18 de octubre de 2010)
POLÍTICA Y MELANCOLÍA.
Adolfo Suárez acabó mal; Felipe González acabó mal; José María Aznar acabó mal. Ahora le toca a José Luis Rodríguez Zapatero. Parece como si el pueblo español, cual Saturno, necesitara devorar a sus hijos, a aquellos a los que previamente ha promovido para ser sus máximos representantes.
A pesar de que muchos de ellos fueran reivindicados después, ningún presidente del Gobierno de la reciente historia de la democracia española ha tenido un final feliz en su último mandato. Todos ellos fueron vilipendiados, insultados, descalificados. Los cambios de Gobierno no los ganó la oposición, sino que "los perdieron" sus titulares.
En parte porque previamente habían sido sujetos a una voraz campaña de desprestigio por parte de sus adversarios y con la connivencia pasiva de gran parte de sus supuestos defensores. ¿Qué pasa en nuestro país para que necesitemos cargarnos sistemáticamente el prestigio de quienquiera que dirija el Gobierno? ¿Por qué necesitamos destruir, fulminar, a quien ostenta el poder en nombre de todos? Podían y pueden criticarse, ¡claro que sí!, y echarles del Gobierno, ¡faltaría más!, pero ¿por qué con tanta visceralidad y saña?
La primera respuesta provisional a todas estas preguntas es que vivimos en un país que no ha perdido su carácter guerracivilista, que necesita liquidar al adversario, aunque sea bajo condiciones democráticas. Puede ser. Pero si ampliamos la mirada, enseguida caemos en la cuenta de que es lo mismo que está pasando en Estados Unidos con Obama, en Alemania con Merkel, en Francia con Sarkozy, y pronto ocurrirá también en Reino Unido con Cameron.
Ya no es algo exclusivo de nuestro país. En todos esos lugares, pero en particular en España, eso no significa que el líder de la oposición esté en una situación mejor. Si aquí gana Mariano Rajoy, será la entronización al poder de alguien que antes de ejercerlo ya es un muerto viviente en lo que a confianza popular se refiere; alguien cuyos méritos se miden más por el demérito previo de aquel a quien está llamado a sustituir que porque nos parezca la persona adecuada. Pero, ¿acaso hay una persona adecuada?
Preguntas, preguntas. Sigamos con las preguntas. ¿Qué está pasando en la relación entre clase política y ciudadanía para que cada vez se vaya haciendo más grande el divorcio entre unos y otros? Porque, no nos engañemos, este es el problema de fondo, la ausencia de confianza entre políticos y ciudadanos. ¿Tenemos alguna respuesta para este gran interrogante que acucia a las democracias liberales de Occidente? ¿A quién hay que imputar la responsabilidad por lo que está pasando, a los políticos o a los ciudadanos? Así formulado se nos desvanecen las respuestas posibles.
En democracia, los ciudadanos siempre tienen razón. Son los que sentencian los cambios de Gobierno y, por tanto, son inimputables. Con todo, es obvio que todos los responsables políticos no pueden estar haciéndolo mal y que, por consiguiente, hay una presunción en contra de la política y de aquellos que se dedican a ella. ¿Qué tiene la política de nuestros días que todos los que la practican salen escaldados?
Demasiadas preguntas a la búsqueda de una respuesta concluyente. No la hay. Pero la necesitamos con urgencia si queremos evitar el corolario lógico del desprestigio de lo político, la nueva marea populista.
Puede que la respuesta esté en la imagen de impotencia que proyecta la política en unos momentos en los que necesitamos liderazgo y soluciones urgentes.
También en el ensimismamiento de los políticos y en el exceso de enfrentamientos rituales entre ellos. A menos ideas, más insultos; a menor ideologización, mayor antagonismo. Estas parecen ser las máximas.
Pero no hay que perder de vista tampoco la creciente desimplicación y desresponsabilización de los ciudadanos con respecto a lo público. Ciudadanos aislados en su privatismo, que han delegado en la clase política la solución de los problemas comunes, como si estos no fueran con ellos. Luego se quejan, como niños malcriados, porque no se les provee de los servicios y prestaciones a los que se creen con un derecho casi natural.
Su deber de comprometerse lo suplen por una simple adscripción partidista primaria y sin matices, con lo cual reproducen, desde el lado del público, la misma imagen de desunión que denuncian en la política.
El resultado es una clase política enfrentada entre sí y una ciudadanía en guerra con sus representantes o sumergida en la indiferencia. Una política agonística o una política banalizada.
Esta situación, al final, más que ira lo que nos provoca es melancolía. Melancolía por el desvanecimiento de un verdadero impulso cívico y de una política más heroica.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 15 de octubre de 2010)
A pesar de que muchos de ellos fueran reivindicados después, ningún presidente del Gobierno de la reciente historia de la democracia española ha tenido un final feliz en su último mandato. Todos ellos fueron vilipendiados, insultados, descalificados. Los cambios de Gobierno no los ganó la oposición, sino que "los perdieron" sus titulares.
En parte porque previamente habían sido sujetos a una voraz campaña de desprestigio por parte de sus adversarios y con la connivencia pasiva de gran parte de sus supuestos defensores. ¿Qué pasa en nuestro país para que necesitemos cargarnos sistemáticamente el prestigio de quienquiera que dirija el Gobierno? ¿Por qué necesitamos destruir, fulminar, a quien ostenta el poder en nombre de todos? Podían y pueden criticarse, ¡claro que sí!, y echarles del Gobierno, ¡faltaría más!, pero ¿por qué con tanta visceralidad y saña?
La primera respuesta provisional a todas estas preguntas es que vivimos en un país que no ha perdido su carácter guerracivilista, que necesita liquidar al adversario, aunque sea bajo condiciones democráticas. Puede ser. Pero si ampliamos la mirada, enseguida caemos en la cuenta de que es lo mismo que está pasando en Estados Unidos con Obama, en Alemania con Merkel, en Francia con Sarkozy, y pronto ocurrirá también en Reino Unido con Cameron.
Ya no es algo exclusivo de nuestro país. En todos esos lugares, pero en particular en España, eso no significa que el líder de la oposición esté en una situación mejor. Si aquí gana Mariano Rajoy, será la entronización al poder de alguien que antes de ejercerlo ya es un muerto viviente en lo que a confianza popular se refiere; alguien cuyos méritos se miden más por el demérito previo de aquel a quien está llamado a sustituir que porque nos parezca la persona adecuada. Pero, ¿acaso hay una persona adecuada?
Preguntas, preguntas. Sigamos con las preguntas. ¿Qué está pasando en la relación entre clase política y ciudadanía para que cada vez se vaya haciendo más grande el divorcio entre unos y otros? Porque, no nos engañemos, este es el problema de fondo, la ausencia de confianza entre políticos y ciudadanos. ¿Tenemos alguna respuesta para este gran interrogante que acucia a las democracias liberales de Occidente? ¿A quién hay que imputar la responsabilidad por lo que está pasando, a los políticos o a los ciudadanos? Así formulado se nos desvanecen las respuestas posibles.
En democracia, los ciudadanos siempre tienen razón. Son los que sentencian los cambios de Gobierno y, por tanto, son inimputables. Con todo, es obvio que todos los responsables políticos no pueden estar haciéndolo mal y que, por consiguiente, hay una presunción en contra de la política y de aquellos que se dedican a ella. ¿Qué tiene la política de nuestros días que todos los que la practican salen escaldados?
Demasiadas preguntas a la búsqueda de una respuesta concluyente. No la hay. Pero la necesitamos con urgencia si queremos evitar el corolario lógico del desprestigio de lo político, la nueva marea populista.
Puede que la respuesta esté en la imagen de impotencia que proyecta la política en unos momentos en los que necesitamos liderazgo y soluciones urgentes.
También en el ensimismamiento de los políticos y en el exceso de enfrentamientos rituales entre ellos. A menos ideas, más insultos; a menor ideologización, mayor antagonismo. Estas parecen ser las máximas.
Pero no hay que perder de vista tampoco la creciente desimplicación y desresponsabilización de los ciudadanos con respecto a lo público. Ciudadanos aislados en su privatismo, que han delegado en la clase política la solución de los problemas comunes, como si estos no fueran con ellos. Luego se quejan, como niños malcriados, porque no se les provee de los servicios y prestaciones a los que se creen con un derecho casi natural.
Su deber de comprometerse lo suplen por una simple adscripción partidista primaria y sin matices, con lo cual reproducen, desde el lado del público, la misma imagen de desunión que denuncian en la política.
El resultado es una clase política enfrentada entre sí y una ciudadanía en guerra con sus representantes o sumergida en la indiferencia. Una política agonística o una política banalizada.
Esta situación, al final, más que ira lo que nos provoca es melancolía. Melancolía por el desvanecimiento de un verdadero impulso cívico y de una política más heroica.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 15 de octubre de 2010)
UNA DEMOCRACIA DE VALORES.
LOS esfuerzos colectivos que exige la superación de la crisis económica son también una oportunidad para poner a España bajo una observación crítica que detecte las carencias del sistema social y político. Sería un grave error reducir la actual situación a un período de declive puramente económico e ignorar el empobrecimiento de otras estructuras no menos necesarias para el desarrollo de la nación que la economía. Se ha llegado a un nivel de abatimiento y resignación de tal envergadura que si en lo económico no se han ahorrado calificativos como depresión, hundimiento o colapso, en lo social y político se roza la decadencia. En efecto, la crisis ha desnudado —y en parte, pero sólo en parte, las ha agravado— las debilidades de recursos esenciales para una sociedad moderna, como la justicia, la educación, el sentimiento nacional y la ética política, sin los cuales la recuperación de la actividad económica no sólo es más lenta, sino que cuando se alcance será incompleta en esas facetas.
ABC quiere invitar a sus lectores semanalmente a una reflexión sobre los principales problemas de la sociedad española, en su deseo de promover una opinión pública interesada en el debate acerca de nuestro presente y nuestro futuro. Hoy, la propuesta se centra en la necesaria regeneración de España, sin juicios dramáticos ni alternativas demagógicas, pero sin ocultar la cabeza bajo el ala ante una realidad que se impone por sí sola. Mientras la economía era boyante, los problemas estructurales quedaron velados por la euforia del consumo y del crédito. Y así no hubo verdadero compromiso para hacer frente a la crisis permanente de la Justicia, al declive de un sistema educativo sin excelencia, a la progresión de una acción política desnacionalizada en lo político y nihilista en lo moral, y a la extensión de una clase política mediocre, tanto en capacidades personales, como en altura de objetivos. Es innegable que la facilidad con que estos fallos sistémicos se han expandido se debe en buena medida a la falta de respuesta crítica en la sociedad y a la ausencia de minorías intelectuales activas. El descuido de los valores con los que se debe nutrir una democracia ha propiciado esta anemia ética que pone a España realmente ante un futuro plano, que podrá evitar si hay un compromiso colectivo por un modelo de sociedad más exigente consigo misma.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 10 de octubre de 2010)
EL DESEO HUMANO DE LIBERTAD.
Espero con todas mis fuerzas el momento en que mi país sea la tierra de la libertad de expresión; en la que las opiniones de todos los ciudadanos sean tratadas de la misma manera; en la que los valores, las ideas, las convicciones, las opiniones políticas diferentes compitan entre sí y coexistan pacíficamente; en la que las opiniones de la mayoría y de las minorías reciban idénticas garantías y en la que, muy en particular, las opiniones políticas diferentes de las de quienes ostentan el poder sean respetadas y protegidas en toda su integridad; en la que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de expresar sus opiniones políticas sin miedo y en la que nadie sea perseguido políticamente por expresar en voz alta su disidencia. Espero ser la última víctima de la interminable inquisición china y que a partir de ahora nadie más vaya nunca a la cárcel por decir lo que piensa.
La libertad de expresión es el fundamento de los derechos humanos, el origen de la condición humana y la madre de la verdad. Impedir la libertad de expresión es lo mismo que pisotear los derechos humanos, estrangular la condición humana y silenciar la verdad.
No me siento culpable por haber ejercido mi derecho constitucional a la libertad de expresión, por haber cumplido plenamente con mi responsabilidad social como ciudadano chino. Si me acusaran de eso, no tendría ninguna queja. ¡Gracias!
(Extraído del artículo "El deseo humano de libertad", de Liu Xiaobo, publicado en "El Mundo" el 9 de octubre de 2010)
La libertad de expresión es el fundamento de los derechos humanos, el origen de la condición humana y la madre de la verdad. Impedir la libertad de expresión es lo mismo que pisotear los derechos humanos, estrangular la condición humana y silenciar la verdad.
No me siento culpable por haber ejercido mi derecho constitucional a la libertad de expresión, por haber cumplido plenamente con mi responsabilidad social como ciudadano chino. Si me acusaran de eso, no tendría ninguna queja. ¡Gracias!
(Extraído del artículo "El deseo humano de libertad", de Liu Xiaobo, publicado en "El Mundo" el 9 de octubre de 2010)
UN NOBEL QUE ENFURECE A PEKÍN.
Acostumbradas a que todo el mundo les abra las puertas sin hacer preguntas sobre los derechos humanos, las autoridades chinas han reaccionado a la concesión del Premio Nobel de la Paz al disidente Liu Xiaobo con extrema dureza e indignación en términos generales y con amenazas particulares a Noruega, país donde se otorga el reconocimiento. Resulta intolerable, por otra parte, que Pekín califique de criminal a quien está pagando con 11 años de cárcel su lucha pacífica a favor de un sistema democrático con separación de poderes, un sistema judicial independiente, y libertad de asociación, religión y expresión.
RECONOCIMIENTO A LA DISIDENCIA
Esta reacción furiosa indica claramente el acierto de la decisión del comité Nobel, aunque su repercusión en China será escasa pese a ser un importantísimo reconocimiento a los miles de disidentes que luchan por los derechos humanos en aquel enorme país. Simultáneamente al anuncio del premio, las autoridades bloquearon las señales de las grandes cadenas internacionales de televisión. La absoluta rigidez de los controles sobre internet y la telefonía móvil tampoco permite que la noticia alcance la difusión que merece. Asimismo, el premio a Liu alentará el nacionalismo de una China que considerará el galardón como una humillación por parte de Occidente.
En estas circunstancias, donde el premio debería tener consecuencias a favor de la lucha por los derechos humanos que Liu representa es en las relaciones de Pekín con sus socios comerciales. Estos socios son, ahora, los únicos que pueden influir sobre la segunda economía mundial. Si, como reconoce en su motivación el comité Nobel, el nuevo estatus de China en el mundo debe ir acompañado de mayor responsabilidad, son sus socios internacionales quienes deben recordárselo.
APOYO DE LOS LÍDERES
Estamos asistiendo a un desfile de declaraciones, desde Obama hasta Durao Barroso, felicitándose por la concesión del Nobel de la paz a Liu y a la lucha por la democratización de China. Pero estos mismos dirigentes son los que callan o hablan con la boca pequeña cuando se entrevistan con la nomenclatura comunista. Liu y quienes como él luchan por los derechos humanos en China merecen el apoyo activo de los líderes de los países democráticos.
(Editorial de "El Periódico de Aragón", publicado el 9 de octubre de 2010)
RECONOCIMIENTO A LA DISIDENCIA
Esta reacción furiosa indica claramente el acierto de la decisión del comité Nobel, aunque su repercusión en China será escasa pese a ser un importantísimo reconocimiento a los miles de disidentes que luchan por los derechos humanos en aquel enorme país. Simultáneamente al anuncio del premio, las autoridades bloquearon las señales de las grandes cadenas internacionales de televisión. La absoluta rigidez de los controles sobre internet y la telefonía móvil tampoco permite que la noticia alcance la difusión que merece. Asimismo, el premio a Liu alentará el nacionalismo de una China que considerará el galardón como una humillación por parte de Occidente.
En estas circunstancias, donde el premio debería tener consecuencias a favor de la lucha por los derechos humanos que Liu representa es en las relaciones de Pekín con sus socios comerciales. Estos socios son, ahora, los únicos que pueden influir sobre la segunda economía mundial. Si, como reconoce en su motivación el comité Nobel, el nuevo estatus de China en el mundo debe ir acompañado de mayor responsabilidad, son sus socios internacionales quienes deben recordárselo.
APOYO DE LOS LÍDERES
Estamos asistiendo a un desfile de declaraciones, desde Obama hasta Durao Barroso, felicitándose por la concesión del Nobel de la paz a Liu y a la lucha por la democratización de China. Pero estos mismos dirigentes son los que callan o hablan con la boca pequeña cuando se entrevistan con la nomenclatura comunista. Liu y quienes como él luchan por los derechos humanos en China merecen el apoyo activo de los líderes de los países democráticos.
(Editorial de "El Periódico de Aragón", publicado el 9 de octubre de 2010)
MARIO, AL FIN.
En la obra de Mario Vargas Llosa se tratan todos los asuntos que atañen a la condición humana y, para abordarlos y ahondar en sus misterios, ha cultivado todos los registros de la literatura. Ha narrado situaciones trágicas y disparatadas, ha recreado los paisajes de su país pero también el ruido de las metrópolis del siglo XX, se ha hecho acompañar por personajes cargados de vida y de contradicciones, ha explorado los recovecos del poder y las alcantarillas del alma. Junto a sus obras de ficción, irrumpe con fuerza la voz del ciudadano que se pronuncia a propósito de los problemas de su tiempo y se compromete con sus ideas de manera apasionada. Crítico con las situaciones de injusticia y con muchas políticas de los más diversos Gobiernos, muchas veces incómodo, siempre curioso por cuanto sucede en todas partes. En su afán por estar allí donde ocurren las cosas, ha cultivado el periodismo y no ha abandonado nunca la escritura inmediata que cabalga a lomos de la actualidad.
El secreto para llevar adelante desafíos tan distintos está en su prosa transparente, rigurosa, cargada de destellos poéticos dentro de su estricta sobriedad. Novelas, teatro, ensayos: el español que ha cultivado Vargas Llosa ha contribuido a iluminar las zonas oscuras, tanto las que tienen que ver con lo personal como las que se proyectan en el mundo, y lo ha hecho con un lenguaje de una gran elegancia y repleto de recursos y de un vasto y riquísimo vocabulario.
Por todo eso se merecía hace ya años el Nobel de Literatura, y por eso hay que celebrar que la Academia Sueca levantara esa especie de veto ideológico que le impidió habérselo concedido hace tiempo. El premio sirve también para reconocer el peso del español en el nuevo mundo globalizado y su extraordinario empuje. Vargas Llosa es uno de sus mejores embajadores.
Desde hace ya años, la Academia Sueca que concede el Nobel parece premiar, además de a un escritor, a la causa que considera que defiende, o que representa. Por eso a veces, cuando se concede, no se habla tanto de literatura como de los conflictos que el mundo padece. Los valores que ha defendido la Academia han tenido, además, casi siempre que ver con las luchas de las minorías, la valentía de quienes se enfrentan al poder, el coraje de los que construyen sus obras en ambientes adversos. Seguramente por eso, se le negó injustamente a Jorge Luis Borges. A sus supuestas simpatías con la dictadura militar de Videla se debe el ninguneo. Vargas Llosa, que escapa a toda catalogación y no ha escondido sus ideas liberales y sus críticas a las mitomanías izquierdistas, también parecía condenado a no recibirlo nunca.
La Academia ha encontrado por fin la manera de aunar la grandeza de su literatura con las causas que tanto aprecia, al sostener en el fallo que se lo concede "por su cartografía de las estructuras del poder y sus mordaces imágenes sobre la resistencia, la revuelta y la derrota individual". Con el premio a Vargas Llosa, el español confirma su riqueza y su potencial para seguir alimentando la gran literatura universal.
(Editorial de "El País", publicado el 8 de octubre de 2010)
El secreto para llevar adelante desafíos tan distintos está en su prosa transparente, rigurosa, cargada de destellos poéticos dentro de su estricta sobriedad. Novelas, teatro, ensayos: el español que ha cultivado Vargas Llosa ha contribuido a iluminar las zonas oscuras, tanto las que tienen que ver con lo personal como las que se proyectan en el mundo, y lo ha hecho con un lenguaje de una gran elegancia y repleto de recursos y de un vasto y riquísimo vocabulario.
Por todo eso se merecía hace ya años el Nobel de Literatura, y por eso hay que celebrar que la Academia Sueca levantara esa especie de veto ideológico que le impidió habérselo concedido hace tiempo. El premio sirve también para reconocer el peso del español en el nuevo mundo globalizado y su extraordinario empuje. Vargas Llosa es uno de sus mejores embajadores.
Desde hace ya años, la Academia Sueca que concede el Nobel parece premiar, además de a un escritor, a la causa que considera que defiende, o que representa. Por eso a veces, cuando se concede, no se habla tanto de literatura como de los conflictos que el mundo padece. Los valores que ha defendido la Academia han tenido, además, casi siempre que ver con las luchas de las minorías, la valentía de quienes se enfrentan al poder, el coraje de los que construyen sus obras en ambientes adversos. Seguramente por eso, se le negó injustamente a Jorge Luis Borges. A sus supuestas simpatías con la dictadura militar de Videla se debe el ninguneo. Vargas Llosa, que escapa a toda catalogación y no ha escondido sus ideas liberales y sus críticas a las mitomanías izquierdistas, también parecía condenado a no recibirlo nunca.
La Academia ha encontrado por fin la manera de aunar la grandeza de su literatura con las causas que tanto aprecia, al sostener en el fallo que se lo concede "por su cartografía de las estructuras del poder y sus mordaces imágenes sobre la resistencia, la revuelta y la derrota individual". Con el premio a Vargas Llosa, el español confirma su riqueza y su potencial para seguir alimentando la gran literatura universal.
(Editorial de "El País", publicado el 8 de octubre de 2010)
LA VOZ DEL SENTIDO COMÚN.
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha vuelto a irrumpir en el discurso económico con sus observaciones de sentido común en la Comisión de Presupuestos del Congreso. Las opiniones de MAFO se han cargado de prestigio toda vez que durante toda la crisis económica ha ido demandando con anticipación las medidas terapéuticas que el Gobierno ha tenido que implementar, muy especialmente las reformas estructurales pendientes. En definitiva, ha sido quien ha marcado el camino inexorable que finalmente hemos tenido que seguir presionados por los mercados y por la propia Unión Europea.
La última intervención de MAFO ha incidido en varias cuestiones de gran relevancia. Una de ellas se ha referido a la contención del déficit: el objetivo del 6% para el 2011 es "sagrado" porque los mercados de deuda soberana permanecen vigilantes y nosotros "debemos mantener la credibilidad ganada". De ahí que, como los presupuestos para el año próximo se han calculado con una previsión de crecimiento sumamente optimista del 1,3% cuando el consenso de los analistas presagia no más del 0,6%, ha recomendado al Gobierno tener preparado un "plan B" que ponga en marcha unos correctores automáticos en cuanto se perciba la menor desviación entre lo previsto y la realidad. Efectivamente, el riesgo existe, y es preciso afrontarlo. Máxime cuando el Gobierno se sentirá presionado por la impopularidad que emana de la austeridad en un período jalonado de elecciones que concluye con la prueba decisiva de las generales del 2012.
Otra cuestión abordada por MAFO tiene una enjundia ´estructural´: no todas las comunidades autónomas están respondiendo debidamente a la necesidad de reducir el déficit. Y puesto que las autonomías controlan ya casi dos tercios del gasto público, es claro que sin su contribución difícilmente podremos cumplir las exigencias de consolidación fiscal. MAFO ha aprovechado la ocasión para deslizar críticas tanto a la ´soberanía fiscal´ de las CCAA, que es evidentemente relativa puesto que condiciona al conjunto, y a la escasa transparencia de sus cuentas. Y ha insinuado asimismo la conveniencia de limitar por ley el gasto de las regiones. Los datos avalan la crítica y el consiguiente temor: el crecimiento de la deuda de las autonomías volvió a aumentar en el segundo trimestre un 10% hasta 104.083 millones de euros, en tanto el de las corporaciones locales lo hizo un 14,8% hasta 36.413 millones. A todas luces, es necesaria una armonización del sistema autonómico en el terreno fiscal que imponga límites al gasto y permita elaborar una única política económica en el conjunto del Estado.
Finalmente, MAFO ha hecho una constatación desoladora, que debería provocar reacciones: infortunadamente, el primer tramo de la recuperación económica no creará empleo porque España no ha hecho lo necesario para ganar competitividad. Como es conocido, nuestro país no ha generado históricamente empleo hasta alcanzar tasas de crecimiento superiores al 2% del PIB. Es impensable alcanzar a corto plazo este ritmo ya que la política fiscal es restrictiva y la inversión ha sido drásticamente recortada. En consecuencia, sólo se conseguirá crecer en estas condiciones si se produce un incremento de productividad real mediante profundas reformas estructurales, muchas de las cuales, de momento, sólo están tímidamente apuntadas.
(Artículo de Antonio Papell, publicado en "Diario de Mallorca" el 7 de octubre de 2010)
La última intervención de MAFO ha incidido en varias cuestiones de gran relevancia. Una de ellas se ha referido a la contención del déficit: el objetivo del 6% para el 2011 es "sagrado" porque los mercados de deuda soberana permanecen vigilantes y nosotros "debemos mantener la credibilidad ganada". De ahí que, como los presupuestos para el año próximo se han calculado con una previsión de crecimiento sumamente optimista del 1,3% cuando el consenso de los analistas presagia no más del 0,6%, ha recomendado al Gobierno tener preparado un "plan B" que ponga en marcha unos correctores automáticos en cuanto se perciba la menor desviación entre lo previsto y la realidad. Efectivamente, el riesgo existe, y es preciso afrontarlo. Máxime cuando el Gobierno se sentirá presionado por la impopularidad que emana de la austeridad en un período jalonado de elecciones que concluye con la prueba decisiva de las generales del 2012.
Otra cuestión abordada por MAFO tiene una enjundia ´estructural´: no todas las comunidades autónomas están respondiendo debidamente a la necesidad de reducir el déficit. Y puesto que las autonomías controlan ya casi dos tercios del gasto público, es claro que sin su contribución difícilmente podremos cumplir las exigencias de consolidación fiscal. MAFO ha aprovechado la ocasión para deslizar críticas tanto a la ´soberanía fiscal´ de las CCAA, que es evidentemente relativa puesto que condiciona al conjunto, y a la escasa transparencia de sus cuentas. Y ha insinuado asimismo la conveniencia de limitar por ley el gasto de las regiones. Los datos avalan la crítica y el consiguiente temor: el crecimiento de la deuda de las autonomías volvió a aumentar en el segundo trimestre un 10% hasta 104.083 millones de euros, en tanto el de las corporaciones locales lo hizo un 14,8% hasta 36.413 millones. A todas luces, es necesaria una armonización del sistema autonómico en el terreno fiscal que imponga límites al gasto y permita elaborar una única política económica en el conjunto del Estado.
Finalmente, MAFO ha hecho una constatación desoladora, que debería provocar reacciones: infortunadamente, el primer tramo de la recuperación económica no creará empleo porque España no ha hecho lo necesario para ganar competitividad. Como es conocido, nuestro país no ha generado históricamente empleo hasta alcanzar tasas de crecimiento superiores al 2% del PIB. Es impensable alcanzar a corto plazo este ritmo ya que la política fiscal es restrictiva y la inversión ha sido drásticamente recortada. En consecuencia, sólo se conseguirá crecer en estas condiciones si se produce un incremento de productividad real mediante profundas reformas estructurales, muchas de las cuales, de momento, sólo están tímidamente apuntadas.
(Artículo de Antonio Papell, publicado en "Diario de Mallorca" el 7 de octubre de 2010)
CUMPLIR EL PRESUPUESTO NO TIENE EXCUSA.
El Gobernador del Banco de España ha pedido un plan B para garantizar el cumplimiento riguroso de los Presupuestos, el de 2010 y el de 2011; presupuestos ambos que están sometidos a la exigencia de quienes pueden financiar el déficit. No hay excusas, el cumplimiento de los objetivos es condición previa.
El debate sobre más o menos déficit para adelantar la recuperación es académico, inútil; porque elegir más gasto, más carburante a la locomotora, requiere disponer de recursos y si no hay, ni se puede pedir, no es posible acelerar. Los norteamericanos pueden permitirse ese debate, tienen opciones; los europeos más ricos pueden hacer algunos pinitos, pero los menos ricos, los del sur y la periferia carecen de opción.
Lo anterior es más que una opción, se aproxima mucho al dato, a lo no elegible, es punto de partida. El gobernador se lo ha dicho en el Congreso a los parlamentarios pero no está claro que le hayan entendido. El Gobierno está en ello por necesidad, pero lo explica mal; carece de pedagogía y de credibilidad. Y el resto de grupos políticos andan por uvas, los unos esperando que les caiga el poder (lo va a hacer, pero encima) y los otros con la cohetería de niños irresponsables.
Además de cumplir el Presupuesto habría que sentar las bases de eso que llaman cambio de modelo productivo; más fácil de decir que de plantear y de hacer. Otros países lo hicieron o están en ello, por ejemplo los escandinavos, incluidos los finlandeses. Para ese viaje hacen falta muchas explicaciones, debate serio, argumentos serenos, probar, rectificar. Nada de eso está ocurriendo en España y por eso la salida de la crisis, la recuperación, es problemática, incierta, y por eso no se genera confianza. Las encuestas de expectativas colectivas son deprimentes, no confiamos ni en nosotros, ni entre nosotros.
(Artículo de Fernando González Urbaneja, publicado en "ABC" el 6 de octubre de 2010)
PUEDE IR A PEOR.
No por esperada es menos mala la noticia del aumento del paro registrado durante el mes de septiembre. En un mes de estacionalidad poco favorable a la creación de puestos de trabajo, las cifras que registran los servicios públicos subieron en 48.102 personas. Después de este aumento, 4.017.763 personas están desempleadas en España. Aunque el dato reconocido oficialmente es el de la encuesta de población activa (EPA), que supera los 4,6 millones de personas, el anunciado ayer ofrece un indicio razonable sobre el futuro próximo del mercado laboral; y, por desgracia, no es nada halagüeño.
El argumento más lineal (el aumento es un reflejo del final de la temporada turística) no explica todo. Incluso cuando se desestacionaliza, sube en 43.000 personas. No son solo los servicios y el turismo los que reducen empleo; también el comercio tiene que soportar el estancamiento de la demanda y la falta de expectativas de recuperación produce despidos. No basta con relacionar el aumento del último septiembre con el de 2009 para consolarse en que entonces fue mayor; en 2008 y 2009 el mercado laboral estaba en plena vorágine recesiva, en fase de destrucción de empleo y sufriendo los efectos de la crisis inmobiliaria.
La mala noticia de septiembre de 2010 es que quedan ajustes sectoriales de empleo por ejecutar y que, por tanto, el mercado laboral amenaza con ir a peor. El proyecto de reforma financiera, trenzada con fusiones calientes y frías, tiene que concretarse con un ajuste de los puestos de trabajo, sin el cual perdería gran parte de su eficacia. Y la Administración pública vive también su propia recesión, que obligará a reducir el número de contratados. La previsión más probable para los próximos meses es que el mercado laboral irá a peor y el paro seguirá aumentando. Como era de temer, la tasa de crecimiento de los dos primeros trimestres es insuficiente para reducirlo; y ahora se comprueba que tampoco basta para detener su progresión.
Es precipitado relacionar el crecimiento del desempleo con un hipotético fracaso de la reforma laboral. La reforma se queda corta y está mal resuelta en los cambios neurálgicos, pero su objetivo no es el de crear empleo por la acción directa de su articulado, sino acompañar una fase de reactivación de la economía con una legislación que no obstaculice el crecimiento.
(Editorial de "El País", publicado el 5 de octubre de 2010)
El argumento más lineal (el aumento es un reflejo del final de la temporada turística) no explica todo. Incluso cuando se desestacionaliza, sube en 43.000 personas. No son solo los servicios y el turismo los que reducen empleo; también el comercio tiene que soportar el estancamiento de la demanda y la falta de expectativas de recuperación produce despidos. No basta con relacionar el aumento del último septiembre con el de 2009 para consolarse en que entonces fue mayor; en 2008 y 2009 el mercado laboral estaba en plena vorágine recesiva, en fase de destrucción de empleo y sufriendo los efectos de la crisis inmobiliaria.
La mala noticia de septiembre de 2010 es que quedan ajustes sectoriales de empleo por ejecutar y que, por tanto, el mercado laboral amenaza con ir a peor. El proyecto de reforma financiera, trenzada con fusiones calientes y frías, tiene que concretarse con un ajuste de los puestos de trabajo, sin el cual perdería gran parte de su eficacia. Y la Administración pública vive también su propia recesión, que obligará a reducir el número de contratados. La previsión más probable para los próximos meses es que el mercado laboral irá a peor y el paro seguirá aumentando. Como era de temer, la tasa de crecimiento de los dos primeros trimestres es insuficiente para reducirlo; y ahora se comprueba que tampoco basta para detener su progresión.
Es precipitado relacionar el crecimiento del desempleo con un hipotético fracaso de la reforma laboral. La reforma se queda corta y está mal resuelta en los cambios neurálgicos, pero su objetivo no es el de crear empleo por la acción directa de su articulado, sino acompañar una fase de reactivación de la economía con una legislación que no obstaculice el crecimiento.
(Editorial de "El País", publicado el 5 de octubre de 2010)
LA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DEL PARTIDO.
Es como si hubieran puesto el mundo al revés. El informe remitido por el Grupo de Delitos Económicos de la Policía al juez que instruye el caso Maquillaje dice muchas cosas. Ata cabos, identifica a hombres de paja y a presuntos protagonistas de una trama concebida intencionadamente por UM para invertir los términos poniendo a las instituciones al servicio de los intereses y necesidades económicas del partido, cuando está claro que, en buena lógica, debía ser justo al contrario. La Policía llega a la conclusión de que UM usó a ocho entes públicos y a empresas afines o sobre los que tenía capacidad de influencia, para pagar a los empleados del partido. Por el mismo sistema se habría contribuido a la financiación irregular de esta formación desde 2007 hasta principios de 2010. Esta red clientelar ha hecho que una quincena de personas, parte de las cuales ya estaban imputadas dentro de los casos Voltor y Maquillaje, se vean ahora también investigadas por la Justicia por presunta malversación de fondos públicos. La mayoría de consellerias ocupadas por UM, las instituciones o fundaciones dependientes o vinculadas a ellas y varias áreas del ayuntamiento de Palma han estado salpicadas por estos hechos.Se puede entrar en muchos detalles, detenerse en comportamientos específicos y, por supuesto, exigir responsabilidades concretas en el supuesto de que se depuren comportamientos punibles desde el punto de vista penal. Sin embargo, con criterios de interés y de compromisos públicos o del mero y noble servicio a la comunidad que se supone y atribuye a un político, la cuestión última está en saber si un partido entregado por decisión propia a estas prácticas, puede tener capacidad de regeneración, más allá del relevo de cargos hecho con buena voluntad o el cambio de color en el logotipo. El futuro, en el caso de UM, de haberlo, se llama refundación, esa misma que apuntan los dirigentes de turno de la formación pero que, dada la gravedad de lo ocurrido, deberá volverse creíble con hechos y someterse, a modo de penitencia reparadora, a una larga travesía del desierto.
Existen demasiados vínculos de UM con el clientelismo político o las irregularidades veladas. Los testimonios públicos ya son manifiestos. A Bartomeu Vicens se le acaba de abrir un nuevo juicio oral bajo la acusación de dar 12.000 euros a sus testaferros.
La oleada de la presunta trama de corrupción orquestada por UM se lo llevaba todo por delante en aras de una vana solidez del partido que ha acabado por desmoronarse. Se aprovechaba de quien estuviera dispuesto a ´enchufarse´ y dejaba que algunos desaprensivos se sumaran a tal festival. También se beneficiaba de la buena fe de personas necesitadas de trabajo. Algunos autónomos están pagando caras ahora las consecuencias. El modo de hacer política de UM y sobre todo, la forma implantada para rentabilizar para sí las estructuras y las entidades públicas, debe aniquilarse de una vez por todas.
(Artículo de Llorenç Riera, publicado en "Diario de Mallorca" el 2 de octubre de 2010)
Existen demasiados vínculos de UM con el clientelismo político o las irregularidades veladas. Los testimonios públicos ya son manifiestos. A Bartomeu Vicens se le acaba de abrir un nuevo juicio oral bajo la acusación de dar 12.000 euros a sus testaferros.
La oleada de la presunta trama de corrupción orquestada por UM se lo llevaba todo por delante en aras de una vana solidez del partido que ha acabado por desmoronarse. Se aprovechaba de quien estuviera dispuesto a ´enchufarse´ y dejaba que algunos desaprensivos se sumaran a tal festival. También se beneficiaba de la buena fe de personas necesitadas de trabajo. Algunos autónomos están pagando caras ahora las consecuencias. El modo de hacer política de UM y sobre todo, la forma implantada para rentabilizar para sí las estructuras y las entidades públicas, debe aniquilarse de una vez por todas.
(Artículo de Llorenç Riera, publicado en "Diario de Mallorca" el 2 de octubre de 2010)
EL DESBLOQUEO DEL CONSTITUCIONAL.
Cada cierto tiempo, nuestros dos grandes partidos nos deparan la agradable sorpresa de lograr consensos sustanciosos en asuntos de Estado. Lo hacen muy discretamente y sin alardes, como si les diera vergüenza o como si creyeran que, de percatarse la ciudadanía de lo que está pasando, el encuentro les pasaría factura electoral.El último de esos acuerdos versa sobre la renovación del Tribunal Constitucional, que adquiere singular relevancia después de la polémica sentencia sobre el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña, cuya dilatada gestación, entre presiones exorbitantes de los partidos políticos, demoró la renovación del tercio de los magistrados que cumplió sus nueve años de mandato en diciembre de 2007. En los meses previos a tal sentencia, PP y PSOE no lograron ponerse de acuerdo sobre la conveniencia o no de una renovación que hubiera cambiado a parte de los árbitros a mitad del partido, y ciertamente había entonces argumentos para mantener la composición del tribunal; sin embargo, una vez dictada la sentencia ya no había justificación alguna para dilatar la renovación.
Sin embargo, la elección de los cuatro nuevos magistrados a propuesta del Senado suponía una alteración del equilibrio ideológico del Tribunal, ya que los cuatro cesantes, tres conservadores –Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata y el vicepresidente Guillermo Jiménez– y un progresista –la presidenta del TC María Emilia Casas–, elegidos cuando gobernaba el PP, serán sustituidos por dos progresistas y dos conservadores. Y un sector del principal partido de la oposición, encabezado por Federico Trillo, era partidario de frustrar la renovación para no perder la posición de privilegio, pese a que el signo de las urnas había cambiado. Así, con la actual composición del TC, era posible que decayeran algunas leyes socialistas, como la nueva regulación del aborto.El entorpecimiento de la renovación institucional era, evidentemente, un fraude de ley, por lo que, con buen sentido, la dirección del Partido Popular, impulsada por la secretaria general Dolores de Cospedal, rechazó el obstruccionismo de Trillo y buscó el acuerdo con el PSOE, lo que requirió la retirada de su candidato Enrique López, exportavoz del CGPJ y vetado por la Cámara Alta por razones técnicas (no acreditó los quince años de experiencia necesarios). Su sustituto será el catedrático de la Complutense Francisco Pérez de los Cobos. Por parte socialista, los nuevos magistrados serán Adela Asúa, catedrática de Penal en el País Vasco, propuesta por el Parlamento de Euskadi, y el catedrático de Derecho Administrativo Luis Ortega, propuesto por la cámara castellano-manchega. El PP designará próximamente a su segundo candidato. El acuerdo PP-PSOE incluye también la renovación de los cuatro magistrados elegidos por el Congreso, cuyo mandato caduca el próximo mes, y el nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo.
El cumplimiento de los plazos constitucionales hace recomendable una reforma legislativa que acorte a seis años el mandato de los magistrados que van a ser elegidos por el Senado para que, en el futuro, las renovaciones por tercios se produzcan con normalidad. Y sería deseable que esta modificación de la ley orgánica del TC incluyese algún mecanismo que hiciera imposibles los retrasos. Por ejemplo, disponiendo el cese automático de los magistrados al cumplirse su mandato de nueve años.
(Artículo de Antonio Papell, publicado en "Heraldo de Aragón" el 2 de octubre de 2010)
Sin embargo, la elección de los cuatro nuevos magistrados a propuesta del Senado suponía una alteración del equilibrio ideológico del Tribunal, ya que los cuatro cesantes, tres conservadores –Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata y el vicepresidente Guillermo Jiménez– y un progresista –la presidenta del TC María Emilia Casas–, elegidos cuando gobernaba el PP, serán sustituidos por dos progresistas y dos conservadores. Y un sector del principal partido de la oposición, encabezado por Federico Trillo, era partidario de frustrar la renovación para no perder la posición de privilegio, pese a que el signo de las urnas había cambiado. Así, con la actual composición del TC, era posible que decayeran algunas leyes socialistas, como la nueva regulación del aborto.El entorpecimiento de la renovación institucional era, evidentemente, un fraude de ley, por lo que, con buen sentido, la dirección del Partido Popular, impulsada por la secretaria general Dolores de Cospedal, rechazó el obstruccionismo de Trillo y buscó el acuerdo con el PSOE, lo que requirió la retirada de su candidato Enrique López, exportavoz del CGPJ y vetado por la Cámara Alta por razones técnicas (no acreditó los quince años de experiencia necesarios). Su sustituto será el catedrático de la Complutense Francisco Pérez de los Cobos. Por parte socialista, los nuevos magistrados serán Adela Asúa, catedrática de Penal en el País Vasco, propuesta por el Parlamento de Euskadi, y el catedrático de Derecho Administrativo Luis Ortega, propuesto por la cámara castellano-manchega. El PP designará próximamente a su segundo candidato. El acuerdo PP-PSOE incluye también la renovación de los cuatro magistrados elegidos por el Congreso, cuyo mandato caduca el próximo mes, y el nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo.
El cumplimiento de los plazos constitucionales hace recomendable una reforma legislativa que acorte a seis años el mandato de los magistrados que van a ser elegidos por el Senado para que, en el futuro, las renovaciones por tercios se produzcan con normalidad. Y sería deseable que esta modificación de la ley orgánica del TC incluyese algún mecanismo que hiciera imposibles los retrasos. Por ejemplo, disponiendo el cese automático de los magistrados al cumplirse su mandato de nueve años.
(Artículo de Antonio Papell, publicado en "Heraldo de Aragón" el 2 de octubre de 2010)
LLAMADA A LA REFLEXIÓN.
La huelga general del 29 de septiembre se ha cerrado con un discreto éxito para los sindicatos, decidido prácticamente en el momento en que el Ministerio de Fomento selló unos servicios mínimos para el transporte generosos con los intereses sindicales, y muy poco coste político para el Gobierno, que no recibió ayer de la ciudadanía un mensaje abierta y masivamente contrario a su política económica. Tal como muestran los indicadores económicos más fiables, como el consumo de energía eléctrica, el seguimiento del conflicto se aproxima más a los moderados porcentajes que ofrece el Gobierno que a ese 70% que reclaman los sindicatos. Si la medida del triunfo es la pretensión de UGT y CC OO de "parar el país", lo cierto es que ayer no lo consiguieron. Ni siquiera pueden reclamar el capital popular para exigir la eliminación de la reforma laboral y la rectificación de las decisiones económicas de los últimos meses.
Abstracción hecha de los lamentables sucesos de Barcelona, protagonizados por okupas, sin relación directa con la convocatoria, fue reducido el número de brotes violentos, una demostración convincente de que huelga general y caos destructivo no son sinónimos. Pero lo que importa después de la jornada del 29 de septiembre es extraer las consecuencias políticas de la huelga, para el Gobierno, para los sindicatos y también para la oposición parlamentaria. El hecho es que el malestar creado por la política de recortes del gasto, limitación de algunos derechos sociales y congelación de las pensiones no se concretó ayer en una huelga masiva. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que aprueben la gestión de la crisis que ha realizado hasta ahora el Ejecutivo; más bien la rechazan. Pero son muy conscientes de las gravísimas dificultades de la actividad económica y del mercado laboral, muchas de las cuales no proceden de decisiones políticas. También perciben, y así lo demostraron, que una huelga general no resuelve esos problemas.
Los sindicatos, por tanto, también están llamados a la reflexión. Si, como se presume y es deseable, el Gobierno mantiene la línea de austeridad en el gasto público, prosigue una reforma laboral que necesita muchas mejoras e insiste en negociar una modificación en el sistema de cálculo de las pensiones, UGT y CC OO tendrán que aceptar la negociación y la colaboración en la tarea. No tendría credibilidad alguna la convocatoria de otra huelga general. Y el enfrentamiento directo con el Ejecutivo no disuelve el problema real de la recesión española: no hay actividad económica suficiente para generar empleo y la red de protección social solo puede financiarse con deuda cuyos prestatarios exigen un plan de ajuste convincente.
En ese sentido, las ofertas del presidente del Gobierno a los sindicatos para negociar los cambios en el sistema de pensiones son una aproximación muy sensata a la realidad. Con el paso de los días, UGT y CC OO empezarán a entender que es más útil formar parte de una negociación que oponerse a ella con el pretexto de defender a ultranza unos derechos sociales que no se pueden pagar a largo plazo salvo si se toman las decisiones adecuadas en el corto. Es mucho más útil para las organizaciones sindicales estar dentro de este debate que fuera.
Resulta notable la inhibición de la oposición parlamentaria. En el caso del PP, la táctica ha sido la de no respaldar la huelga, por razones ideológicas obvias, pero sin rechazarla con la rotundidad propia de una descalificación, en tanto que será un factor de desgaste del presidente. Pero en política, las causas y los efectos no siempre se siguen necesariamente en la misma proporción. Si el Gobierno consigue sumar a los sindicatos en una negociación seria en torno a las pensiones, no saldrá muy dañado de la huelga de ayer.
(Editorial de "El País", publicado el día 30 de septiembre de 2010)
Abstracción hecha de los lamentables sucesos de Barcelona, protagonizados por okupas, sin relación directa con la convocatoria, fue reducido el número de brotes violentos, una demostración convincente de que huelga general y caos destructivo no son sinónimos. Pero lo que importa después de la jornada del 29 de septiembre es extraer las consecuencias políticas de la huelga, para el Gobierno, para los sindicatos y también para la oposición parlamentaria. El hecho es que el malestar creado por la política de recortes del gasto, limitación de algunos derechos sociales y congelación de las pensiones no se concretó ayer en una huelga masiva. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que aprueben la gestión de la crisis que ha realizado hasta ahora el Ejecutivo; más bien la rechazan. Pero son muy conscientes de las gravísimas dificultades de la actividad económica y del mercado laboral, muchas de las cuales no proceden de decisiones políticas. También perciben, y así lo demostraron, que una huelga general no resuelve esos problemas.
Los sindicatos, por tanto, también están llamados a la reflexión. Si, como se presume y es deseable, el Gobierno mantiene la línea de austeridad en el gasto público, prosigue una reforma laboral que necesita muchas mejoras e insiste en negociar una modificación en el sistema de cálculo de las pensiones, UGT y CC OO tendrán que aceptar la negociación y la colaboración en la tarea. No tendría credibilidad alguna la convocatoria de otra huelga general. Y el enfrentamiento directo con el Ejecutivo no disuelve el problema real de la recesión española: no hay actividad económica suficiente para generar empleo y la red de protección social solo puede financiarse con deuda cuyos prestatarios exigen un plan de ajuste convincente.
En ese sentido, las ofertas del presidente del Gobierno a los sindicatos para negociar los cambios en el sistema de pensiones son una aproximación muy sensata a la realidad. Con el paso de los días, UGT y CC OO empezarán a entender que es más útil formar parte de una negociación que oponerse a ella con el pretexto de defender a ultranza unos derechos sociales que no se pueden pagar a largo plazo salvo si se toman las decisiones adecuadas en el corto. Es mucho más útil para las organizaciones sindicales estar dentro de este debate que fuera.
Resulta notable la inhibición de la oposición parlamentaria. En el caso del PP, la táctica ha sido la de no respaldar la huelga, por razones ideológicas obvias, pero sin rechazarla con la rotundidad propia de una descalificación, en tanto que será un factor de desgaste del presidente. Pero en política, las causas y los efectos no siempre se siguen necesariamente en la misma proporción. Si el Gobierno consigue sumar a los sindicatos en una negociación seria en torno a las pensiones, no saldrá muy dañado de la huelga de ayer.
(Editorial de "El País", publicado el día 30 de septiembre de 2010)
LO SIENTO, YO TRABAJO.
Como miles de ciudadanos, me he planteado qué derecho debo ejercer hoy: ponerme en huelga o trabajar. Aclaro que mi decisión es absolutamente libre. No dependo de ningún servicio mínimo del transporte que me obligue a parar de modo forzoso. No tengo ningún piquete que condicione mi voluntad. No me ha llamado ningún sindicalista a presionarme para que deje de escribir. Tampoco el editor, ni el director ni responsable alguno de La Voz me han hecho la menor indicación. Es una decisión de plena libertad sobre un derecho individual. Y he decidido que no me sumo a la huelga. Cargado de razones discutibles; pero son mis razones.
Por coherencia conmigo mismo. Me he pasado dos años elogiando el comportamiento de los sindicatos durante la recesión. Tenían motivos para incitar a la revuelta cuando se empezaron a perder cuatro mil empleos diarios. El malestar social producía caldo de cultivo para cualquier protesta. Las voces deseosas de cargarse al Gobierno por todos los procedimientos los incitaban. Y ellos resistieron las presiones y le evitaron a este país el trauma de la ruptura de la paz social. No entiendo por qué la rompen ahora.
Por coherencia sindical. Durante esos mismos dos años, los sindicatos han mantenido un diálogo interminable (y no terminado) con patronal y Gobierno para pactar las reformas. No hubo acuerdo y el Gobierno tuvo que hacer uso de su responsabilidad. Equivocado o no, estaba obligado a salir del túnel del acuerdo imposible. Lo correcto es asumir el fracaso del diálogo. Responder con huelga general es una desproporción.
Por coherencia del sistema. La reforma laboral y las medidas de recorte resultaron obligadas por la situación del país. Entre otras cosas, por la política anterior, tan del agrado sindical. Y fueron aprobadas por los representantes de la soberanía nacional. Podrán ser acertadas o no, impuestas por la frialdad de los mercados; pero solo en un proceso revolucionario se cambian decisiones parlamentarias legítimas por la presión de calle. Haber convocado la huelga cuando se podía influir.
Por coherencia de las llamadas. Como a muchos, me produce rechazo esa ambigüedad de los discursos, donde por una parte se censura a Zapatero, pero también se culpa a los empresarios, a los especuladores, a la banca y a los mercados. Ese revoltijo argumental, tan falto de rigor, no llevará a ninguna conclusión y, por tanto, a ninguna consecuencia. Si van contra el empresario, creador de empleo, no me apunto: el empresario no solo sufre también la crisis, es que su crisis nos arrastra a los demás. Merecen apoyo, no manifestaciones. Y si es el Gobierno a quien hay que dar un escarmiento, me reservo el momento de hacerlo. Será con el voto.
(Artículo de Fernando Ónega, publicado en "La Voz de Galicia" el 29 de septiembre e 2010)
Por coherencia conmigo mismo. Me he pasado dos años elogiando el comportamiento de los sindicatos durante la recesión. Tenían motivos para incitar a la revuelta cuando se empezaron a perder cuatro mil empleos diarios. El malestar social producía caldo de cultivo para cualquier protesta. Las voces deseosas de cargarse al Gobierno por todos los procedimientos los incitaban. Y ellos resistieron las presiones y le evitaron a este país el trauma de la ruptura de la paz social. No entiendo por qué la rompen ahora.
Por coherencia sindical. Durante esos mismos dos años, los sindicatos han mantenido un diálogo interminable (y no terminado) con patronal y Gobierno para pactar las reformas. No hubo acuerdo y el Gobierno tuvo que hacer uso de su responsabilidad. Equivocado o no, estaba obligado a salir del túnel del acuerdo imposible. Lo correcto es asumir el fracaso del diálogo. Responder con huelga general es una desproporción.
Por coherencia del sistema. La reforma laboral y las medidas de recorte resultaron obligadas por la situación del país. Entre otras cosas, por la política anterior, tan del agrado sindical. Y fueron aprobadas por los representantes de la soberanía nacional. Podrán ser acertadas o no, impuestas por la frialdad de los mercados; pero solo en un proceso revolucionario se cambian decisiones parlamentarias legítimas por la presión de calle. Haber convocado la huelga cuando se podía influir.
Por coherencia de las llamadas. Como a muchos, me produce rechazo esa ambigüedad de los discursos, donde por una parte se censura a Zapatero, pero también se culpa a los empresarios, a los especuladores, a la banca y a los mercados. Ese revoltijo argumental, tan falto de rigor, no llevará a ninguna conclusión y, por tanto, a ninguna consecuencia. Si van contra el empresario, creador de empleo, no me apunto: el empresario no solo sufre también la crisis, es que su crisis nos arrastra a los demás. Merecen apoyo, no manifestaciones. Y si es el Gobierno a quien hay que dar un escarmiento, me reservo el momento de hacerlo. Será con el voto.
(Artículo de Fernando Ónega, publicado en "La Voz de Galicia" el 29 de septiembre e 2010)
CIUDADANOS DE LA UNIÓN.
La señora Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, se ha situado, con todos los honores, en el mapa de los grandes políticos europeístas. Se suele decir que en la Unión Europea faltan dirigentes con una fuerte personalidad, tal como fueron, en el pasado, Walter Hallstein, Altiero Spinelli o Jacques Delors, además de los venerables padres fundadores. Pues bien, es posible que estemos ante una futura líder con este calibre.
Lo hemos comprobado en los días pasados al ver como la señora Reding se enfrentaba con energía y convicción, en defensa de los tratados europeos, a Nicolas Sarkozy, vergonzosamente apoyado por sus colegas del Consejo. "La Unión Europea está basada en valores –ha dicho la comisaria– y defenderlos es una responsabilidad de la Comisión Europea. He hablado y hablaré alto y claro si estos valores no se respetan".
Viviane Reding es luxemburguesa, periodista de profesión, miembro del Partido Popular Social Cristiano y desde 1999 ha desempeñado diversas carteras en la Comisión. Antes de su actual cometido, destacó como comisaria de Información al lograr una significativa bajada de tarifas de los teléfonos móviles en dura confrontación con las compañías de telecomunicaciones. Mujer de fuerte temperamento, cometió el error de comparar implícitamente estas expulsiones actuales con la persecución de los judíos bajo el Tercer Reich: un exceso evidente. Sin embargo, no se arredró ante las críticas y respondió con coraje: "Si un hombre, en política, pega un puñetazo en la mesa, se está defendiendo. Si una mujer pega un puñetazo, es una histérica. Por eso tenemos pendiente aún la cuestión de la igualdad de sexos".
¿Cuándo empezó todo este asunto? A finales de julio, probablemente para aumentar su popularidad y arañar futuros votos a la extrema derecha, el bullicioso y desconcertante Sarkozy emprendió una campaña contra inmigrantes de etnia gitana. Con este objetivo, el Ministerio del Interior dirigió una circular a sus prefectos regionales para que procedieran a desmantelar campamentos de gitanos rumanos y búlgaros, al parecer sin las razones ni los procedimientos adecuados al derecho de la UE.
En efecto, Rumanía y Bulgaria forman parte, aunque sea desde tiempos muy recientes, de la Unión, y sus ciudadanos, por tanto, son ciudadanos europeos: precisamente, los derechos de libre circulación y residencia, así como de no discriminación, forman parte del núcleo más antiguo y básico de los derechos fundamentales comunitarios garantizados en los tratados. Por tanto, debido a su condición de ciudadanos europeos, los gitanos rumanos y búlgaros son titulares de estos derechos en la misma medida en que lo puede ser un alemán, francés o belga, ciudadanos de los países fundadores. Gozan, en consecuencia, de libertad de movimientos y derecho a una residencia estable, sin discriminación alguna, en cualquiera de los países miembros de la Unión Europea.
Ahora bien, estos derechos no son absolutos, sino que tienen límites, límites muy razonables, establecidos en la directiva 2004/38, que pueden dar lugar a que se les deniegue esta residencia y se proceda a su expulsión por razones de orden público, seguridad o salud pública. Por ejemplo, deben tener trabajo remunerado o recursos suficientes para vivir y seguro de enfermedad que cubra los riesgos sanitarios. En el caso de traspasar estos límites, los estados pueden expulsarlos de su territorio, siempre a través de un procedimiento reglado y con garantías que les permitan recurrir ante un juez. Al parecer, el error francés ha sido que ni se han probado las razones, ni se han seguido los procedimientos; no se ha respetado ni el fondo ni la forma. Simplemente, se les ha expulsado a cambio, en el mejor de los casos, de una recompensa económica.
Lo más grave, sin embargo, es que se ha dejado entender que se tomaban estas medidas por pertenecer a una etnia determinada, nada menos que a la gitana, históricamente tan maltratada. Es decir, se les ha expulsado por pertenecer a un determinado ente colectivo por motivos que hoy llamamos étnicos, debido a la corrección política imperante, pero que en realidad son motivos racistas. No se han tenido en cuenta sus actos individuales, examinándolos caso por caso, para comprobar si incurrían en alguno de los motivos legales de expulsión, sino que, según parece, se han tomado medidas por el simple hecho de pertenecer a un grupo. Con ello se ha criminalizado a todos los gitanos, atribuyéndoles una culpa colectiva ilegítima e injusta. En esto consiste la gravedad del caso. La comisaria Reding ha ordenado, como normal, un procedimiento por infracción del derecho de la Unión para averiguar la verdad de los hechos y, en su caso, tomar las medidas legales pertinentes contra los estados responsables.
Cuando tantas veces asimilamos la Unión Europea a la economía y a la moneda, es alentador comprobar que, en realidad, su finalidad principal es defender, de acuerdo con los principios democráticos, los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión, aunque pertenezcan a minorías tradicionalmente discriminadas.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 23 de septiembre de 2010)
ENCUESTAS EMBRUJADAS.
El cese de la presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), malamente disfrazado de decisión por mutuo acuerdo entre las partes, ejemplifica las dificultades de convivencia entre los profesionales del poder y los expertos a sus órdenes. No hay el menor indicio de que la destitución de Belén Barreiro a iniciativa de María Teresa Fernández de la Vega haya sido debida a lo que en la empresa privada se denomina causa justificada (absentismo en el trabajo, falta de competencia o graves incumplimientos de sus deberes). La retirada de la confianza del superior como única explicación del cese se remite a un desencuentro carente de transparencia que acarrea para el subordinado no solo la pérdida del puesto de trabajo en el Estado sino también una mancha sobre su currículum de experto en la sociedad civil.
La dedicación sin solución de continuidad a la actividad política, sea en el Gobierno o en la oposición, lo mismo para un zurcido que para un fregado, hace olvidar a los profesionales del poder los saberes prácticos aprendidos fuera de las murallas del Estado, transformándoles en especialistas de la generalidad supuestamente capacitados para opinar sobre lo divino o lo humano y para imponer su criterio por encima de los dictámenes técnicos. Cualquier crítica a sus decisiones será vivida como una ofensa personal o como una conjura desestabilizadora sancionable con el cese del subordinado, a menos que una autoridad situada más arriba impida esa arbitraria decisión.
El artículo 103 de la Constitución establece que el acceso a la función pública depende de los principios de mérito y capacidad; las leyes fijan los derechos de los funcionarios y las garantías para asegurar su imparcialidad. Pero los altos cargos de la Administración habitan un mundo diferente: si su nombramiento es de libre designación, su sustitución obedece a la misma lógica de la voluntad incondicionada de su superior, salvo aquellos casos excepcionales en que -como los nombramientos de origen parlamentario- la remoción solo puede producirse por estrictas causas tasadas.
El CIS es un organismo autónomo adscrito a la Presidencia del Gobierno con el rango administrativo de la Dirección General de un Ministerio. La ley 39/1995 adoptó medidas para garantizar la plena transparencia de sus trabajos científicos y reforzar su vinculación a las Cortes Generales. El titular de la presidencia del centro es nombrado y separado por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, la singularidad de las actividades del CIS, en especial de sus prestigiadas encuestas sobre intención de voto y valoración de partidos y de líderes, justificaría la cautela de que la designación y la remoción fuesen responsabilidad del Parlamento. No basta con que el Gobierno sea virtuoso: además debe disipar cualquier apariencia de falta de imparcialidad.
Los sondeos han dejado de ser una mera información orientadora sobre los problemas que preocupan a los ciudadanos para convertirse en un arma al servicio de la competición electoral entre partidos rivales o de la solución de conflictos internos en el seno de las organizaciones (como ha ocurrido con el fracasado intento de disuadir a Tomás Gómez para que retirase su candidatura a la presidencia de la Comunidad madrileña). Los políticos prestan una atención obsesiva a los sondeos, atribuyéndoles la capacidad mágica de promover su triunfo cuando les son favorables o de causar su derrota si les resultan perjudiciales; de ahí, a forzar el signo de las embrujadas encuestas por cualquier medio (falseando incluso los resultados auténticos) solo hay un fraudulento paso.
Philip Pettit, catedrático en Princeton, realizó al final de la pasada legislatura un balance de los primeros años de Gobierno socialista para comprobar el grado de cumplimiento de la promesa electoral realizadas en 2004 por Zapatero de ajustar su gestión de poder a los valores del republicanismo cívico. Uno de los apartados del informe pregunta: "¿Cómo y con qué alcance ha trabajado en la protección de los ciudadanos contra el peligro de su propio poder público?, ¿ha hecho algo este Gobierno para mejorar la estructura por medio de la cual su propia actividad adquiere un perfil de no dominación?".
Si esa auditoría política se repitiera al concluir la segunda legislatura de Zapatero, Pettit podría entonces analizar si el nombramiento y destitución por el Consejo de Ministros del presidente del CIS (una institución altamente relevante para el proceso electoral) ayuda o perjudica los objetivos de la tradición republicana y cívica.
(Artículo de Javier Pradera, publicado en "El País" el 22 de septiembre de 2010)
La dedicación sin solución de continuidad a la actividad política, sea en el Gobierno o en la oposición, lo mismo para un zurcido que para un fregado, hace olvidar a los profesionales del poder los saberes prácticos aprendidos fuera de las murallas del Estado, transformándoles en especialistas de la generalidad supuestamente capacitados para opinar sobre lo divino o lo humano y para imponer su criterio por encima de los dictámenes técnicos. Cualquier crítica a sus decisiones será vivida como una ofensa personal o como una conjura desestabilizadora sancionable con el cese del subordinado, a menos que una autoridad situada más arriba impida esa arbitraria decisión.
El artículo 103 de la Constitución establece que el acceso a la función pública depende de los principios de mérito y capacidad; las leyes fijan los derechos de los funcionarios y las garantías para asegurar su imparcialidad. Pero los altos cargos de la Administración habitan un mundo diferente: si su nombramiento es de libre designación, su sustitución obedece a la misma lógica de la voluntad incondicionada de su superior, salvo aquellos casos excepcionales en que -como los nombramientos de origen parlamentario- la remoción solo puede producirse por estrictas causas tasadas.
El CIS es un organismo autónomo adscrito a la Presidencia del Gobierno con el rango administrativo de la Dirección General de un Ministerio. La ley 39/1995 adoptó medidas para garantizar la plena transparencia de sus trabajos científicos y reforzar su vinculación a las Cortes Generales. El titular de la presidencia del centro es nombrado y separado por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, la singularidad de las actividades del CIS, en especial de sus prestigiadas encuestas sobre intención de voto y valoración de partidos y de líderes, justificaría la cautela de que la designación y la remoción fuesen responsabilidad del Parlamento. No basta con que el Gobierno sea virtuoso: además debe disipar cualquier apariencia de falta de imparcialidad.
Los sondeos han dejado de ser una mera información orientadora sobre los problemas que preocupan a los ciudadanos para convertirse en un arma al servicio de la competición electoral entre partidos rivales o de la solución de conflictos internos en el seno de las organizaciones (como ha ocurrido con el fracasado intento de disuadir a Tomás Gómez para que retirase su candidatura a la presidencia de la Comunidad madrileña). Los políticos prestan una atención obsesiva a los sondeos, atribuyéndoles la capacidad mágica de promover su triunfo cuando les son favorables o de causar su derrota si les resultan perjudiciales; de ahí, a forzar el signo de las embrujadas encuestas por cualquier medio (falseando incluso los resultados auténticos) solo hay un fraudulento paso.
Philip Pettit, catedrático en Princeton, realizó al final de la pasada legislatura un balance de los primeros años de Gobierno socialista para comprobar el grado de cumplimiento de la promesa electoral realizadas en 2004 por Zapatero de ajustar su gestión de poder a los valores del republicanismo cívico. Uno de los apartados del informe pregunta: "¿Cómo y con qué alcance ha trabajado en la protección de los ciudadanos contra el peligro de su propio poder público?, ¿ha hecho algo este Gobierno para mejorar la estructura por medio de la cual su propia actividad adquiere un perfil de no dominación?".
Si esa auditoría política se repitiera al concluir la segunda legislatura de Zapatero, Pettit podría entonces analizar si el nombramiento y destitución por el Consejo de Ministros del presidente del CIS (una institución altamente relevante para el proceso electoral) ayuda o perjudica los objetivos de la tradición republicana y cívica.
(Artículo de Javier Pradera, publicado en "El País" el 22 de septiembre de 2010)
EXPLOSIÓN DE DUELO ANTE UN SER IRREPETIBLE.
La muerte de José Antonio Labordeta en la madrugada de ayer ha supuesto una manifestación de dolor y pésame popular e institucional sin precedentes en Aragón. La comunidad entera guardó ayer luto por un personaje irrepetible, de una calidad humana e intelectual unánime y espontáneamente reconocida. Estremecía ver las colas que se formaban en el exterior del palacio zaragozano de la Aljafería, donde quedó instalada la capilla ardiente. Como impresionante fue la quedada popular en el casco viejo para cantar en su memoria. Por no hablar del despliegue de reacciones y condolencias que se generaron de manera casi espontánea en toda España. Fue muy significativo el mensaje del Rey Juan Carlos, que preguntado por el mundial de motociclismo en el circuito de Motorland acabó sumándose al pesar común, calificando a José Antonio Labordeta de "gran amigo y gran patriota". El presidente del Gobierno, el líder de la oposición, los responsables de los agentes sociales... secundaron a Aragón en su desgarro.
La impresionante respuesta popular valora por sí sola la figura de Labordeta. Fue el cantautor y político zaragozano un personaje clave en el Aragón del complejo final del siglo XX. Un hombre que supo canalizar las inquietudes y las aspiraciones de intelectuales, políticos, profesores y artistas que, en los difíciles años 70, estaban decididos a reinventar la comunidad autónoma. No es pretencioso afirmar que el Aragón que vivimos es en buena medida hijo de un hombre que empezó enseñando en las aulas y acabó haciendo pedagogía de una tierra soñada con su cancionero emocionante e inigualable.
El Gobierno de Aragón ha concedido a Labordeta su máxima distinción a título póstumo, y el ayuntamiento de su ciudad natal ha decretado tres días de luto oficial. Si bien el más sentido y trascendente tributo colectivo que se puede rendir a José Antonio, amén de recordarlo con admiración y con sentimiento, es impedir que sus ideas, sus esfuerzos, su ímpetu y su compromiso caigan en el olvido. El himno oficioso de Aragón, su "Canto a la libertad", que habría de convertirse en el himno oficial de la comunidad autónoma, es mucho más que una hermosísima canción. Representa mejor que ningún otro poema la aspiración de todos de vivir en una comunidad próspera, justa, igualitaria y libre.
Nunca supo Labordeta todo lo que bueno que hizo por una tierra que ayer le incorporó definitivamente a su imaginario colectivo.
(Editorial de "El Periódico de Aragón", publicado el 20 de septiembre de 2010)
La impresionante respuesta popular valora por sí sola la figura de Labordeta. Fue el cantautor y político zaragozano un personaje clave en el Aragón del complejo final del siglo XX. Un hombre que supo canalizar las inquietudes y las aspiraciones de intelectuales, políticos, profesores y artistas que, en los difíciles años 70, estaban decididos a reinventar la comunidad autónoma. No es pretencioso afirmar que el Aragón que vivimos es en buena medida hijo de un hombre que empezó enseñando en las aulas y acabó haciendo pedagogía de una tierra soñada con su cancionero emocionante e inigualable.
El Gobierno de Aragón ha concedido a Labordeta su máxima distinción a título póstumo, y el ayuntamiento de su ciudad natal ha decretado tres días de luto oficial. Si bien el más sentido y trascendente tributo colectivo que se puede rendir a José Antonio, amén de recordarlo con admiración y con sentimiento, es impedir que sus ideas, sus esfuerzos, su ímpetu y su compromiso caigan en el olvido. El himno oficioso de Aragón, su "Canto a la libertad", que habría de convertirse en el himno oficial de la comunidad autónoma, es mucho más que una hermosísima canción. Representa mejor que ningún otro poema la aspiración de todos de vivir en una comunidad próspera, justa, igualitaria y libre.
Nunca supo Labordeta todo lo que bueno que hizo por una tierra que ayer le incorporó definitivamente a su imaginario colectivo.
(Editorial de "El Periódico de Aragón", publicado el 20 de septiembre de 2010)
CIUDADANO LABORDETA.
Conocía a José Antonio Labordeta de habernos cruzado por las calles de nuestra Zaragoza por las que él gustaba pasear o por coincidir en algún acto institucional, pero nunca se me pasó la idea de que pudiéramos encontrarnos como compañeros de escaño en el Congreso de los Diputados.
Fue en esos años cuando tuve la oportunidad de descubrir a un Labordeta inédito para muchos hasta entonces, que con determinación y con ese punto de vehemencia que solo unos pocos pueden exhibir sin faltar a su coherencia, reivindicaba desde la tribuna de oradores al Gobierno de turno un mejor trato para Aragón al tiempo que proclamaba sus creencias de hombre de izquierdas siempre que se le brindaba alguna oportunidad.
Es cierto que José Antonio ya actuaba en clave política desde hacía tres décadas, cuando escribió Cantar y callar o también con su Canto a la libertad, y seguramente su paso por la Carrera de San Jerónimo se correspondió sobre todo con su necesidad vital de elevar la voz y el tono de su compromiso y la defensa de sus ideales. Y lo hizo con constancia -en los Diarios de Sesiones quedan registradas sus numerosas intervenciones-, con naturalidad, con sentido común, con pasión, y hasta con visibles y encendidos enfados pero, sin lugar a dudas, con la intención última de quien busca lo mejor para aquellos a los que representa.
Muchas veces, desde el sillón de la Presidencia de la Cámara, tuve la sensación de escuchar a un ciudadano común que, sin más ataduras e intereses que su amor por Aragón y por España, trasladaba a sus señorías los argumentos sencillos y cotidianos que con él podían compartir millones de españoles. Un ciudadano como cualquier otro, ni más ni menos, hablando en la tribuna del Congreso de los Diputados. Por eso Labordeta caía tan bien.
Ayer por la tarde fui a ofrecer un último adiós a José Antonio en la capilla ardiente instalada en las Cortes de Aragón -la que fue su primera casa política durante unos años- y viendo a los cientos de personas que en silencio aguardaban en las inmediaciones para despedirse comprobé, una vez más, que mereció la pena conocer a Labordeta.
(Artículo de Luisa Fernanda Rudi, publicado en "El País" el 20 de septiembre de 2010)
Fue en esos años cuando tuve la oportunidad de descubrir a un Labordeta inédito para muchos hasta entonces, que con determinación y con ese punto de vehemencia que solo unos pocos pueden exhibir sin faltar a su coherencia, reivindicaba desde la tribuna de oradores al Gobierno de turno un mejor trato para Aragón al tiempo que proclamaba sus creencias de hombre de izquierdas siempre que se le brindaba alguna oportunidad.
Es cierto que José Antonio ya actuaba en clave política desde hacía tres décadas, cuando escribió Cantar y callar o también con su Canto a la libertad, y seguramente su paso por la Carrera de San Jerónimo se correspondió sobre todo con su necesidad vital de elevar la voz y el tono de su compromiso y la defensa de sus ideales. Y lo hizo con constancia -en los Diarios de Sesiones quedan registradas sus numerosas intervenciones-, con naturalidad, con sentido común, con pasión, y hasta con visibles y encendidos enfados pero, sin lugar a dudas, con la intención última de quien busca lo mejor para aquellos a los que representa.
Muchas veces, desde el sillón de la Presidencia de la Cámara, tuve la sensación de escuchar a un ciudadano común que, sin más ataduras e intereses que su amor por Aragón y por España, trasladaba a sus señorías los argumentos sencillos y cotidianos que con él podían compartir millones de españoles. Un ciudadano como cualquier otro, ni más ni menos, hablando en la tribuna del Congreso de los Diputados. Por eso Labordeta caía tan bien.
Ayer por la tarde fui a ofrecer un último adiós a José Antonio en la capilla ardiente instalada en las Cortes de Aragón -la que fue su primera casa política durante unos años- y viendo a los cientos de personas que en silencio aguardaban en las inmediaciones para despedirse comprobé, una vez más, que mereció la pena conocer a Labordeta.
(Artículo de Luisa Fernanda Rudi, publicado en "El País" el 20 de septiembre de 2010)
LABORDETA EN ZAPATILLAS
Hace cuatro años, Labordeta nos envió un sms a sus amigos: «El cantautor de protesta tiene cáncer de próstata». Era uno de sus calambures, y ponía de manifiesto que entraba en la enfermedad con el humor y el ánimo enteros, dispuesto a no rendirse. En ese tiempo, y pese a varios momentos difíciles y muy dolorosos, no cambió de actitud... como no había cambiado, al menos, desde que en los años 50 empezó a editar sus poemas y los ajenos en su sello Orejudín.
Como el cáncer le impedía echarse a la calle con facilidad, como era su costumbre, Labordeta convirtió el salón de su casa en un café, como aquel Niké zaragozano, donde su hermano Miguel, por el que siempre sintió veneración, organizaba conspiraciones poéticas internacionales, y que llegó a dar nombre a su generación poética, en la que había amigos queridísimos como Julio Antonio Gómez, el primer editor de sus canciones, o como Emilio Gastón o como Fernando Ferreró.
Cambió los zapatos duros por las zapatillas y se sentó en un sillón, con un aire barojiano, porque el bigote dio paso a una barba cana, a participar junto con sus amigos en la glosa de las cosas del mundo, pues todo le era propio, y a leer, como siempre, la prensa y las novedades literarias. En las últimas semanas en su mesa había una torreta en la que se apilaban El genio austrohúngaro, de William H. Johston, La agonía de Francia, de Chaves Nogales, el nuevo libro de Herta Müller... la curiosidad no le abandonó ni un instante. Lejos de anclarse en la nostalgia, aunque tenía una memoria prodigiosa, le gustaba mucho más el presente (y aun el futuro) que el tiempo pasado.
No bajó el ritmo. Su actividad literaria incluso se acentuó, y la reclusión le permitió escribir con una continuidad que antes, en su vida de flaner, no había podido conseguir: corrigió su novela En el remolino (Anagrama); revisó la reedición de su exitoso Cuentos de San Cayetano (Xordica); escribió Regular gracias a Dios, unas memorias que hace tan sólo unos meses publicó Ediciones B, y que presentó también en casa; empezó a escribir una novela policiaca sobre un asesinato sucedido en su infancia; pergeñó un prólogo para sus poemas completos a los que tituló Setenta y cinco veces uno, aludiendo a su edad y a la unidad integral de su vida y de su escritura... vivió la escritura como soñaba hacerlo cincuenta años atrás, y que mientras hacía canciones, televisión, cine, política, radio o viajes no había podía hacerlo con tranquilidad.
En los últimos días, antes de ser hospitalizado y con la enfermedad martilleando, seguía riéndose, seguía maldiciendo por los males del mundo, seguía deseando, seguía amando a los suyos y a las suyas, las muchas mujeres de su familia, seguía disfrutando de los dulces y de la música.
Me deja una gran pasión por la vida, que aprendió de los versos de Horacio recitados por su padre.
(Artículo de Félix Romeo, publicado en "ABC" el 20 de septiembre de 2010)
Como el cáncer le impedía echarse a la calle con facilidad, como era su costumbre, Labordeta convirtió el salón de su casa en un café, como aquel Niké zaragozano, donde su hermano Miguel, por el que siempre sintió veneración, organizaba conspiraciones poéticas internacionales, y que llegó a dar nombre a su generación poética, en la que había amigos queridísimos como Julio Antonio Gómez, el primer editor de sus canciones, o como Emilio Gastón o como Fernando Ferreró.
Cambió los zapatos duros por las zapatillas y se sentó en un sillón, con un aire barojiano, porque el bigote dio paso a una barba cana, a participar junto con sus amigos en la glosa de las cosas del mundo, pues todo le era propio, y a leer, como siempre, la prensa y las novedades literarias. En las últimas semanas en su mesa había una torreta en la que se apilaban El genio austrohúngaro, de William H. Johston, La agonía de Francia, de Chaves Nogales, el nuevo libro de Herta Müller... la curiosidad no le abandonó ni un instante. Lejos de anclarse en la nostalgia, aunque tenía una memoria prodigiosa, le gustaba mucho más el presente (y aun el futuro) que el tiempo pasado.
No bajó el ritmo. Su actividad literaria incluso se acentuó, y la reclusión le permitió escribir con una continuidad que antes, en su vida de flaner, no había podido conseguir: corrigió su novela En el remolino (Anagrama); revisó la reedición de su exitoso Cuentos de San Cayetano (Xordica); escribió Regular gracias a Dios, unas memorias que hace tan sólo unos meses publicó Ediciones B, y que presentó también en casa; empezó a escribir una novela policiaca sobre un asesinato sucedido en su infancia; pergeñó un prólogo para sus poemas completos a los que tituló Setenta y cinco veces uno, aludiendo a su edad y a la unidad integral de su vida y de su escritura... vivió la escritura como soñaba hacerlo cincuenta años atrás, y que mientras hacía canciones, televisión, cine, política, radio o viajes no había podía hacerlo con tranquilidad.
En los últimos días, antes de ser hospitalizado y con la enfermedad martilleando, seguía riéndose, seguía maldiciendo por los males del mundo, seguía deseando, seguía amando a los suyos y a las suyas, las muchas mujeres de su familia, seguía disfrutando de los dulces y de la música.
Me deja una gran pasión por la vida, que aprendió de los versos de Horacio recitados por su padre.
(Artículo de Félix Romeo, publicado en "ABC" el 20 de septiembre de 2010)
EL BEDUINO.
En las Cortes, ningún diputado se representa a sí mismo sino a las corrientes políticas y a los votos que lo han aupado hasta allí. Pero, incluso en estas circunstancias, la personalidad de cada individuo cuenta. El modo en que uno defiende su posición distingue a unos de otros. Algunos parlamentarios parecen más genuinos, más creíbles y coherentes. A menudo, estos diputados acuden sin papeles a la tribuna y hablan con una seguridad sorprendente.
No era este el caso del monegrino José Antonio Labordeta que se acompañaba siempre con unos folios. Las notas en la mano o bajo el brazo, con el aspecto de viejo profesor de geografía, bajando de su escaño -siempre estaba arriba, en las filas del mixto- y encaramándose a la tribuna. Sin embargo, en pocos diputados como en él se percibia la coherencia entre lo dicho y quién lo decía.
Tal vez porque Labordeta fue, durante sus ocho años como diputado, de 2000 a 2008, el único representante de su partido, la Chunta Aragonesista lo que le evitó el rango de parlamentario subsidiario y adocenado; o porque, a diferencia de otros muchos, él llegó a su escaño con una reconocida trayectoria política e intelectual -una especie exótica en los tiempos del desapego- que le acreditaba ante la Cámara de antemano (una vez Zapatero le confesó que era fan suyo desde hacía años aunque coincidieron pocas veces a la hora de votar desde que alcanzó la presidencia). Ocurre que Labordeta nunca se libró, y seguramente nunca lo pretendió, de los modos francos de un beduino -como el mismo se calificabaperdido en aquel hemiciclo en el que, pasados ocho años de ejercicio parlamentario, seguía sintiéndose extraño. Era y quería ser, él mismo lo decía, una mosca cojonera en el mundo de la gente de gris.
Ese carácter de orador auténtico alcanzó la categoría de leyenda la tarde de febrero de 2003 cuando espetó su famoso "¡A la mierda..!" dirigido a un grupo de diputados del PP que le importunaron con sus comentarios mientras él exponía sus argumentos desde la tribuna. Corrían entonces lo tiempos convulsos de la guerra de Iraq, con Aznar encastillado en la mayoría absoluta en el Congreso y las manifestaciones masivas en la calle. El malhumor popular de aquellos días cazó al vuelo la imprecación del aragonés. Y la hizo suya.
Sin embargo, aquel exabrupto no debería desvirtuar la imagen del parlamentario Labordeta. Cuando protagonizó la diatriba con los diputados del PP estaba ejerciendo de representante de los intereses de Aragón, lidiando con el correoso Álvarez Cascos a cuenta de la red de cercanías de su tierra. Labordeta fue el diputado del no al trasvase del Ebro y el sí al corredor ferroviario del Pirineo central.
Y fue también el diputado del no a la guerra (en aquella ocasión hizo migas con Carme Chacón que le hablaba de su abuelo anarquista). Porque Labordeta era aragonés pero si alguien le obligaba a elegir entre Aragón y el mundo mundial elegía siempre una huelga de los mineros en Asturias o la reivindicación del derecho de los familiares a saber en qué cuneta de la Guerra Civil habían caído los suyos. Labordeta era el genotipo de un diputado de izquierdas de los de antes. Con todas las contradicciones del pasado y del presente. Nunca del futuro en el que habrá un día…
Tras una buena comida en los salones, convertidos en comedores de la Casa de Canarias en la calle Jovellanos, era capaz de recordar los nombres de los institutos de enseñanza media y los casals de barri donde había dado recitales en Sant Adrià, en l' Hospitalet, en Cornella... "Anda que no había pasado buenos ratos por ahí", decía.
Aunque ni tan siquiera él asumiera esa idea como propia, Labordeta era para algunos la mejor representación de la España plural. Aquella que sólo existe en los lugares donde la gente diversa y modesta de este país se mezcló, trabajó y prosperó. Aborrecía la arrogancia de los grandes grupos nacionalistas. Pese a que él también lo era. Pero de otro modo. Con boina. Sencillo y, sobre todo, amable.
(Artículo de Jaume V. Aroca, publicado en "La Vanguardia" el 20 de septiembre de 2010)
EL HOMBRE QUE REINVENTÓ ARAGÓN.
Su voz rota, triste y amarga levantó a todo un pueblo en épocas oscuras en las que resultaba difícil, incluso, alzar la cabeza. De pocos hombres puede decirse lo que no es aventurado decir de José Antonio Labordeta: que él solo reinventó un pueblo, que unas estrofas suyas reinventaron Aragón. Bien pudo ser él el autor de las palabras de Pablo Neruda cuando confesó que había vivido y escribió que «de estas tierras, de este barro, de este silencio, he salido yo a andar, a cantar por el mundo». Dos canciones, dos simples pero infinitas canciones, ayudaron a delimitar las costuras sobre las que actualmente se asienta una tierra que durante demasiado tiempo se sintió invisible y abandonada, que vivió de espaldas a la vida, ahogada en su sequedad, derrotada en su victoria.
La primera, 'Aragón' (1974), marcó la frontera, el antes y después de un pueblo que había dejado de respirar; le devolvió la posibilidad de ser, de creer y de crecer: «Polvo, niebla, viento y sol, donde hay agua una huerta. Al norte los Pirineos, esta tierra es Aragón». Este quejido, que su autor escribió en 1970, logró que la sangre volviera a circular por un cuerpo antaño inerte que, ahora sí, quería ponerse en pie. La segunda, 'Canto a la libertad' (1975) —que dará la vuelta mundo y se convertirá en un himno universal contra las dictaduras—, fue capital para que quien acababa de ponerse en pie, de levantarse, quisiera andar, quisiera volar, ser libre: «Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad». La suma de estas palabras, la música de estas canciones, marcaron la topografía de un pueblo que ansiaba existir y existir en libertad.
Sería injusto, además de falso, tratar de reducir la vida de José Antonio Labordeta a sólo dos canciones, porque él lo ha sido todo en su tierra, una tierra a veces inhóspita con los suyos, como reconocía el propio interesado, donde nunca ha sido fácil destacar y sobrevivir para contarlo. Además de cantautor (24 elepés) y escritor (25 obras publicadas entre poesía, narrativa, viajes y memorias), fue profesor de instituto (Teruel y Zaragoza), inventor de periódicos (actor activo en la puesta en marcha en 1972 de 'Andalán', otro de los hitos en la reinvención de Aragón); periodista, articulista, analista político, político en activo (hombre cercano al PCE en las primeras elecciones democráticas, participó en 1976 en la creación del Partido Socialista de Aragón. Fue diputado en las Cortes de Aragón y en las de Madrid de la mano de la Chunta Aragonesista, partido nacionalista y de izquierdas que ocupó el hueco dejado por el PSA cuando éste fue engullido por el PSOE); también hizo sus pinitos cinematográficos y fue presentador y conductor de programas de televisión como 'España en la mochila'.
Hizo de todo y todo lo hizo bien: con un compromiso ético de hombre de izquierdas y una honestidad, dignidad e intensidad incontestables. Siempre formó parte de esa «insólita cofradía de creadores pensativos, rebeldes frente a tanta opresión y tanta mediocridad», como recordó el catedrático y amigo Eloy Fernández Clemente cuando el cantautor recibió, el 23 de marzo de 2010, el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza. Pero sería asimismo injusto, además de falso, no reconocer que esas dos canciones, esos dos gritos, esos dos lamentos, y lo que representaron en su momento y siguen representando, todavía ahora magnifican, aún más si cabe, la vida y la obra del zaragozano más importante del siglo XX.
(Artículo de Fernando Baeta, publicado en "El Mundo" el 20 de septiembre de 2010)
La primera, 'Aragón' (1974), marcó la frontera, el antes y después de un pueblo que había dejado de respirar; le devolvió la posibilidad de ser, de creer y de crecer: «Polvo, niebla, viento y sol, donde hay agua una huerta. Al norte los Pirineos, esta tierra es Aragón». Este quejido, que su autor escribió en 1970, logró que la sangre volviera a circular por un cuerpo antaño inerte que, ahora sí, quería ponerse en pie. La segunda, 'Canto a la libertad' (1975) —que dará la vuelta mundo y se convertirá en un himno universal contra las dictaduras—, fue capital para que quien acababa de ponerse en pie, de levantarse, quisiera andar, quisiera volar, ser libre: «Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad». La suma de estas palabras, la música de estas canciones, marcaron la topografía de un pueblo que ansiaba existir y existir en libertad.
Sería injusto, además de falso, tratar de reducir la vida de José Antonio Labordeta a sólo dos canciones, porque él lo ha sido todo en su tierra, una tierra a veces inhóspita con los suyos, como reconocía el propio interesado, donde nunca ha sido fácil destacar y sobrevivir para contarlo. Además de cantautor (24 elepés) y escritor (25 obras publicadas entre poesía, narrativa, viajes y memorias), fue profesor de instituto (Teruel y Zaragoza), inventor de periódicos (actor activo en la puesta en marcha en 1972 de 'Andalán', otro de los hitos en la reinvención de Aragón); periodista, articulista, analista político, político en activo (hombre cercano al PCE en las primeras elecciones democráticas, participó en 1976 en la creación del Partido Socialista de Aragón. Fue diputado en las Cortes de Aragón y en las de Madrid de la mano de la Chunta Aragonesista, partido nacionalista y de izquierdas que ocupó el hueco dejado por el PSA cuando éste fue engullido por el PSOE); también hizo sus pinitos cinematográficos y fue presentador y conductor de programas de televisión como 'España en la mochila'.
Hizo de todo y todo lo hizo bien: con un compromiso ético de hombre de izquierdas y una honestidad, dignidad e intensidad incontestables. Siempre formó parte de esa «insólita cofradía de creadores pensativos, rebeldes frente a tanta opresión y tanta mediocridad», como recordó el catedrático y amigo Eloy Fernández Clemente cuando el cantautor recibió, el 23 de marzo de 2010, el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza. Pero sería asimismo injusto, además de falso, no reconocer que esas dos canciones, esos dos gritos, esos dos lamentos, y lo que representaron en su momento y siguen representando, todavía ahora magnifican, aún más si cabe, la vida y la obra del zaragozano más importante del siglo XX.
(Artículo de Fernando Baeta, publicado en "El Mundo" el 20 de septiembre de 2010)
COMO NUEVOS RICOS.
Julio Camba, aquel prodigio de ironía, escribió en un artículo que nunca criticaría a los "nuevos ricos" porque si alguna vez llegara a ser rico desde luego sería "nuevo". Boutades aparte, todos sabemos que la expresión nuevo rico no se aplica a todo el que ha hecho fortuna recientemente, sino sólo al que la exhibe de forma exagerada, con mal gusto y por encima de sus posibilidades, pensando que mediante tal comportamiento se parece a los ricos de toda la vida. No sabe que estos, al no necesitar exhibir su riqueza, tienen como norma habitual actuar con discreción.
En los años que precedieron a la actual crisis económica, ¿hemos vivido como nuevos ricos? Las formas verbales en plural, en este caso el "hemos vivido", siempre suelen ser inexactas. Algunos han vivido como ricos, otros menos, otros muy poco y muchos han seguido viviendo como pobres. Por tanto, no exageremos, a cada uno lo suyo.
Quienes durante estos años pasados seguro han vivido como nuevos ricos y por encima de sus posibilidades han sido las administraciones públicas, ahora tan ahorradoras y roñosas, sobre todo con los débiles. En Catalunya ya entramos en fase de campaña electoral y, como siempre en las campañas de este género, los candidatos nos explicarán sus programas, aquello que presuntamente van a hacer. Preferiría una campaña de otro tipo, una campaña en la que más que proponer planes futuros, los candidatos, sean del gobierno o de la oposición, explicaran mejor lo que han hecho en los últimos cuatro años, hasta qué punto han cumplido con lo prometido. Porque el mal estado de las cuentas públicas que genera esta reducción del gasto algo tendrá que ver con ellos: quizás han derrochado sin justificación alguna, quizás se han equivocado.
Desde luego ha habido dispendios famosos: los 400 euros y el cheque bebé de Zapatero, los 8.000 millones del plan E de ayuda a los ayuntamientos para obras menores, a los que ahora les falta dinero para pagar las nóminas. Esto en el plano estatal. En el plano local, fueron famosas las embajadas de Carod, sus viajes para promocionar lenguas indígenas en Latinoamérica, quizás para reducir la utilización del castellano. Aunque en cuantía económica esto fue de tono menor, meramente simbólico, casi todo es simbólico en Catalunya.
El otro día leía una información en el El País sobre la situación del nuevo aeropuerto de Lleida-Alguaire, inaugurado en enero pasado, que ha costado 97 millones de euros, el primer aeropuerto creado por la Generalitat y el único que no gestiona Aena. En las fotos que ilustraban el reportaje podía verse que se trata de una obra arquitectónica magnífica, un señor aeropuerto con todos los servicios. Todos, claro, a excepción de un pequeño detalle: casi no despegan ni aterrizan aviones. En estos momentos, sólo hay programados vuelos los viernes y los domingos. Los demás días, naturalmente, está abierto al público, pero sin vuelos. Debe de ser un espacio estupendo, con un vestíbulo amplio, un terrazo brillante, impecable, con un servicio de limpieza algo frustrado pero que sin duda cumple bien sus no difíciles tareas. Quizás podría utilizarse este aeropuerto para que los niños de las escuelas cercanas fueran a jugar a las chapas o a aprender cómo se coge un avión: el número de vuelo, la facturación de maletas, los controles, las colas en las puertas de embarque, las cintas en las que esperas con angustia la incierta llegada del equipaje. No es broma, tal como está la enseñanza, quizás sería una de las asignaturas más difíciles del curso.
Noventa y siete millones ha costado la obra, ya lo hemos dicho. Pero hay más: ahora estamos con los incentivos y las subvenciones. Para que este aeropuerto sirva para algo, la Diputación de Lleida y la Generalitat pagarán este año 1,6 millones a las compañías Ryanair y Vueling, además de un programa de ayudas a otras compañías todavía no concretado. Germà Bel, economista y conocido experto en la materia, dice que, "para ser rentable, un aeropuerto debe tener medio millón de pasajeros al año, y el de Lleida no tiene este mercado".
De momento, 42.000 pasajeros lo han utilizado y esperan llegar a los 50.000 en diciembre. Por lo visto, confían mucho en los turistas que practican deportes de invierno. Ánimo, pues. Pero ¿cuántos esquiadores caben en las pistas de Baqueira y del Pallars? ¿Ya los han contado bien? De 50.000 a 500.000 hay un trecho. Aunque quizás son muchos los que quieren ir a esquiar... en avión. Nunca se sabe.
En todo caso, ninguna empresa privada se presentó al concurso para hacerse cargo de la gestión: debían estar dispuestos a invertir 20 millones de euros y pagar un canon anual de 2,2 millones. Las empresas se juegan el dinero de su bolsillo y deben dar cuenta de sus actuaciones ante sus accionistas. Las administraciones se juegan el dinero de nuestro bolsillo y no nos dan cuenta de nada. Ahí está la diferencia.
Esto es lo que había querido decir durante todo este artículo: menos programas electorales y más rendición de cuentas. Me parece que sí, las administraciones han actuado como nuevos ricos. Pero con nuestro dinero. Así cualquiera.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 16 de septiembre de 2010)
CRISIS Y REGENERACIÓN POLÍTICA.
La política es también habilidad, maña, buen tacto, arte de lo posible y en tal sentido una técnica; pero no es necesariamente manipulación o manejo de las personas, maniobra al margen de la ley o trabajo sucio. Puede y debe ser incluso acción moral y el gobernante un hombre "de extraordinaria virtud" en todos los sentidos, capaz de hacer lo que quiere y de querer lo que debe ya sea en la república de Florencia o en el gobierno de Aragón. La política bien nacida --es lo que pienso y lo que deseo-- no se emancipa nunca de la ética, que es su madre, y no se olvida de los principios, de las consecuencias y de las promesas. Y una actividad "legal" en el sentido del término entre colegas, y leal: al servicio del bien común. No es el desmadre.
Sin ética política no hay política que merezca ese nombre. Por tanto no es solo saber hacer: un buen negocio, por ejemplo, ni una campaña electoral con muuuuchos votos --que eso es la leche y la vaca para los "ganaderos"-- sino saber hacer y hacer lo que se debe el día después: en la hora de la verdad, cuando los hechos valen más que las palabras y la palabra más que mil imágenes.
Gobernar es dominar la situación, no dejarse llevar ni flotar como las calabazas. Ni hacer "surf" o mantenerse, solo, en la cresta de las olas. Es pilotar la nave contra viento y marea sin abandonar ni abandonarse a la fortuna. Es tomar decisiones para llegar a puerto, con todos, sin echar a los otros por la borda. Es en la crisis cuando se decide el curso de los acontecimientos y en el peligro --donde está la salvación- hacen falta buenos gobernantes. Y que se abstengan los mercenarios que se venden al mejor postor. Los "profesionales de la política" son parte del problema, y una locura contar con ellos: los que han repetido tantas veces no merecen otra oportunidad. La rutina no es buena, nunca, y si es mala se convierte en un vicio. Si se presentan en la próxima convocatoria habrá que suspenderlos. Otra cosa es la experiencia, y la prudencia, y por supuesto la autoridad moral que se adquiere con los servicios prestados. Y otra, la juventud, que no es un mérito ni lo contrario. Los jóvenes quieren una oportunidad, es natural, y los profesionales de la política ya se sabe. Pero no es posible seguir, ya vale, ni es prudente hacer experimentos en situaciones críticas. No es un relevo de generaciones sino una regeneración moral y un relevo de personas lo que se necesita.
Una cosa es ganar las elecciones y otra que las ganen los electores. Y lo segundo es lo que importa, ni siquiera el partido. ¿Prietas las filas? Esa es una consigna autoritaria y una orden militar para militantes. Que "las reglas son para que se cumplan", también es cierto. Como lo es "que mientras el principio de legalidad necesite de la fuerza para imponerse, los que dispongan de ese poder lo usarán en su provecho" (Kant) Por eso, y porque ha habido en los partidos una selección perversa, desconfío de las primarias bajo el control de los jefes. Solo de la disidencia, de la crítica, de la marginación, de una heterodoxia responsable, realista y por tanto pesimista y sin embargo entera, con cabeza y corazón, que no reble, solo de los voluntarios cabe esperar que hereden las promesas pendientes y se hagan cargo de una esperanza desesperada.
La crisis del Estado de Bienestar es hoy el reto no solo para los socialistas sino para los demócratas en general, ni solo para Europa sino para todo el mundo. Conjugar la libertad y la equidad es el reto histórico en todo el mundo. Pero es aquí donde nosotros tenemos el tajo y la coyuntura. Aragón no es nuestro partido, pero es donde tenemos el cuerpo y el modo de estar en el mundo: el lugar de nuestra responsabilidad humana. Lo que venga ya se verá, aunque nada hay que ver más allá de nuestras narices si nos miramos el ombligo. La situación es tan compleja que muchos saben solo lo que no puede ser y todos ignoramos si será y cómo será en el futuro el Estado democrático y social. Los analistas coinciden, no obstante, en una perogrullada: que mientras haya democracia en alguna forma será posible de alguna forma la equidad y el reparto social de beneficios. Pero esto, que solo es condición necesaria aunque no suficiente, debería bastar para comprometernos en la defensa de la democracia. Si cada uno va a lo suyo, llegaremos pronto al fin de la historia y habrá solo biografías. La vida humana será un trago, y una consumición por cabeza hasta que se extinga la especie.
(Artículo de José Bada, publicado en "El Periódico de Aragón" el 29 de agosto de 2010)
Sin ética política no hay política que merezca ese nombre. Por tanto no es solo saber hacer: un buen negocio, por ejemplo, ni una campaña electoral con muuuuchos votos --que eso es la leche y la vaca para los "ganaderos"-- sino saber hacer y hacer lo que se debe el día después: en la hora de la verdad, cuando los hechos valen más que las palabras y la palabra más que mil imágenes.
Gobernar es dominar la situación, no dejarse llevar ni flotar como las calabazas. Ni hacer "surf" o mantenerse, solo, en la cresta de las olas. Es pilotar la nave contra viento y marea sin abandonar ni abandonarse a la fortuna. Es tomar decisiones para llegar a puerto, con todos, sin echar a los otros por la borda. Es en la crisis cuando se decide el curso de los acontecimientos y en el peligro --donde está la salvación- hacen falta buenos gobernantes. Y que se abstengan los mercenarios que se venden al mejor postor. Los "profesionales de la política" son parte del problema, y una locura contar con ellos: los que han repetido tantas veces no merecen otra oportunidad. La rutina no es buena, nunca, y si es mala se convierte en un vicio. Si se presentan en la próxima convocatoria habrá que suspenderlos. Otra cosa es la experiencia, y la prudencia, y por supuesto la autoridad moral que se adquiere con los servicios prestados. Y otra, la juventud, que no es un mérito ni lo contrario. Los jóvenes quieren una oportunidad, es natural, y los profesionales de la política ya se sabe. Pero no es posible seguir, ya vale, ni es prudente hacer experimentos en situaciones críticas. No es un relevo de generaciones sino una regeneración moral y un relevo de personas lo que se necesita.
Una cosa es ganar las elecciones y otra que las ganen los electores. Y lo segundo es lo que importa, ni siquiera el partido. ¿Prietas las filas? Esa es una consigna autoritaria y una orden militar para militantes. Que "las reglas son para que se cumplan", también es cierto. Como lo es "que mientras el principio de legalidad necesite de la fuerza para imponerse, los que dispongan de ese poder lo usarán en su provecho" (Kant) Por eso, y porque ha habido en los partidos una selección perversa, desconfío de las primarias bajo el control de los jefes. Solo de la disidencia, de la crítica, de la marginación, de una heterodoxia responsable, realista y por tanto pesimista y sin embargo entera, con cabeza y corazón, que no reble, solo de los voluntarios cabe esperar que hereden las promesas pendientes y se hagan cargo de una esperanza desesperada.
La crisis del Estado de Bienestar es hoy el reto no solo para los socialistas sino para los demócratas en general, ni solo para Europa sino para todo el mundo. Conjugar la libertad y la equidad es el reto histórico en todo el mundo. Pero es aquí donde nosotros tenemos el tajo y la coyuntura. Aragón no es nuestro partido, pero es donde tenemos el cuerpo y el modo de estar en el mundo: el lugar de nuestra responsabilidad humana. Lo que venga ya se verá, aunque nada hay que ver más allá de nuestras narices si nos miramos el ombligo. La situación es tan compleja que muchos saben solo lo que no puede ser y todos ignoramos si será y cómo será en el futuro el Estado democrático y social. Los analistas coinciden, no obstante, en una perogrullada: que mientras haya democracia en alguna forma será posible de alguna forma la equidad y el reparto social de beneficios. Pero esto, que solo es condición necesaria aunque no suficiente, debería bastar para comprometernos en la defensa de la democracia. Si cada uno va a lo suyo, llegaremos pronto al fin de la historia y habrá solo biografías. La vida humana será un trago, y una consumición por cabeza hasta que se extinga la especie.
(Artículo de José Bada, publicado en "El Periódico de Aragón" el 29 de agosto de 2010)
Portugal aprueba siete leyes para luchar contra la corrupción.
24.08.2010 Efe/Expansión.com
El presidente de Portugal, el conservador Aníbal Cavaco Silva, sancionó hoy las siete leyes del paquete de normas que había aprobado por unanimidad el Parlamento luso el pasado julio con el objetivo de combatir la corrupción en el país.
Las leyes promulgadas, fruto de una comisión de ética que trabajó durante seis meses, endurecen el actual marco legal y, entre otras medidas, deroga el sigilo bancario e incluye el delito de violación dolosa de reglas urbanísticas.
El paquete también establece los delitos de corrupción pasiva tanto para los trabajadores como para los titulares de cargos políticos y altos funcionarios públicos y pretende evitar situaciones de acumulación de funciones o actividades públicas en las que exista incompatibilidad.
Las nuevas leyes alargan además el régimen de control público de la riqueza de los titulares de los cargos públicos.
La Presidencia de la República informó de que el paquete anti-corrupción había sido acompañado "con especial interés" por el Jefe de Estado.
El Parlamento portugués comenzó a gestar estas leyes desde diciembre de 2009, cuando se creó una comisión de ética formada por los representantes de los principales partidos políticos del país.
Aprobaron la iniciativa el gobernante Partido Socialista (PS) -97 asientos-; el centro-derechista Partido Social Demócrata (PSD), con 81 diputados; el democristiano CDS-PP, con 21; el marxista Bloque de Izquierda (BI), con 16; y los comunistas y verdes lusos, con 15.
El presidente de Portugal, el conservador Aníbal Cavaco Silva, sancionó hoy las siete leyes del paquete de normas que había aprobado por unanimidad el Parlamento luso el pasado julio con el objetivo de combatir la corrupción en el país.
Las leyes promulgadas, fruto de una comisión de ética que trabajó durante seis meses, endurecen el actual marco legal y, entre otras medidas, deroga el sigilo bancario e incluye el delito de violación dolosa de reglas urbanísticas.
El paquete también establece los delitos de corrupción pasiva tanto para los trabajadores como para los titulares de cargos políticos y altos funcionarios públicos y pretende evitar situaciones de acumulación de funciones o actividades públicas en las que exista incompatibilidad.
Las nuevas leyes alargan además el régimen de control público de la riqueza de los titulares de los cargos públicos.
La Presidencia de la República informó de que el paquete anti-corrupción había sido acompañado "con especial interés" por el Jefe de Estado.
El Parlamento portugués comenzó a gestar estas leyes desde diciembre de 2009, cuando se creó una comisión de ética formada por los representantes de los principales partidos políticos del país.
Aprobaron la iniciativa el gobernante Partido Socialista (PS) -97 asientos-; el centro-derechista Partido Social Demócrata (PSD), con 81 diputados; el democristiano CDS-PP, con 21; el marxista Bloque de Izquierda (BI), con 16; y los comunistas y verdes lusos, con 15.
No es una utopía
EDITORIAL , EL PAIS.
No es una utopía
La Ley de Transparencia debe acabar con la opacidad de la Administración y los políticos
17/08/2010
Habría menos corrupción si hubiera más transparencia: si los poderes públicos estuvieran obligados a facilitar los documentos sobre la utilización de fondos públicos, contratos urbanísticos, actas de reuniones, contenido de dictámenes pagados a precio de oro y otras informaciones a cualquier ciudadano que lo solicitase. También habría menos falsos debates.
No es una utopía: las deliberaciones de la Reserva Federal de EE UU son públicas unas semanas después de producirse, lo que permite conocer el fundamento de sus decisiones, y el Gobierno de Reino Unido ha tenido que facilitar el coste de los coches oficiales que utilizan sus miembros. Pero no es una práctica espontánea: han tenido que aprobarse leyes que obligan a las administraciones a facilitar la información que se les solicite para que se rompa la tendencia espontánea de todo poder a la opacidad. España se sumará pronto a los países que cuentan con una legislación de ese tipo.
La Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública se incorpora con retraso. Casi todos los países de la UE tienen normas que obligan a las administraciones y todo tipo de fundaciones y organismos financiados con fondos públicos a responder a las demandas de información de los ciudadanos. Zapatero llevaba en su programa de 2004 el compromiso de hacer lo mismo, y su partido lo reafirmó con énfasis en una ponencia de su 37º congreso, en 2008. Finalmente, existe ya un anteproyecto que está previsto someter al Consejo de Ministros en su primera reunión tras las vacaciones.
El texto, cuyas líneas maestras adelantó ayer EL PAÍS, sigue las recomendaciones del Consejo de Europa, empezando por el principio de que la norma es la publicidad de la información, y la excepción, las restricciones a facilitarla. Es decir, lo contrario de lo que ha venido siendo habitual. Un efecto de ese principio es acabar con la práctica de pedir explicaciones a quien pregunta: para qué quiere esa información. El ciudadano no estará obligado a justificar su demanda, mientras que será la Administración afectada la que tendrá que motivar, en su caso, su negativa a responderla.
Y las causas para hacerlo están tasadas. Las limitaciones principales son las relacionadas con la seguridad nacional, la prevención de actividades criminales, los secretos comerciales y la protección de la intimidad. En conjunto parece una norma que respeta los principios de sencillez en el procedimiento, rapidez y gratuidad, sin los que el derecho proclamado sería papel mojado. Ese derecho es universal, de cualquier ciudadano, incluyendo, por supuesto, a los periodistas.
Es de esperar que la nueva ley acabe con la opacidad de la Administración y los políticos, que se resume en esa costumbre de que, cada vez que aparece una información comprometedora, su reacción sea averiguar quién la ha filtrado y no si es verdadera y quién es el responsable del hecho denunciado.
A VUELTAS CON LA TRANSPARENCIA
España ha presidido el semestre europeo con la anomalía de ser el único país grande de la UE que carece de una ley de acceso y de transparencia de la Administración Pública. Esperamos que el Gobierno cumpla su promesa electoral y apruebe dicha ley antes de que finalice la legislatura. Además de aprobar la ley, le toca al Ejecutivo impulsar el reglamento, la cultura de la transparencia, la disposición de los archivos, el gobierno abierto, la formación de los empleados públicos y el uso de las tecnologías.
En Estados Unidos, la ley (FOIA: Freedom of Information Act) ha cumplido más de 40 años y ha avanzado más bajo las presidencias demócratas. Obama no ha sido menos y publicó al día siguiente de su toma de posesión el memorando que orientará la libertad de acceso durante su mandato. El mensaje es sencillo: en caso de duda, prevalece el derecho de los ciudadanos sobre el secreto del Gobierno. Mediante tales medidas, ahora mismo están disponibles todas las facturas firmadas por la presidencia, los vídeos de las intervenciones o la vinculación entre los votos de los senadores y las donaciones que reciben para sus campañas. George W. Bush dio instrucciones para que se hiciera exactamente lo contrario y se cumpliera la ley... al pie de la letra, sin un mínimo de interés o apoyo por parte de la Administración o las agencias federales.
La cultura de la transparencia consiste no únicamente en la puesta a disposición del público de datos, sino en la organización de la documentación y su catalogación, la eliminación de la arbitrariedad y la obligación de destinar recursos humanos y económicos. Es un trabajo arduo, pero puede servir de ancla para recuperar la credibilidad de los partidos políticos y los Gobiernos en todos los niveles. Ante el auge de la corrupción, el nepotismo y la decadencia de algunas organizaciones sociopolíticas, no está de más recordar el aforismo de Louis Brandeis, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos entre 1916 y 1939: la transparencia es el mejor de los desinfectantes ("Sunlight is said to be the best of disinfectants"). Frente a la extensión de la manía de la rueda de prensa sin preguntas de periodistas, hace falta lo contrario. Hay que ejercer el derecho a preguntar, tener el acceso a las fuentes directas e insistir hasta que se responda por aquello que se ha preguntado.
Los periodistas tenemos mucho que aportar al buen desarrollo de la transparencia. La experiencia confirma que el periodismo de investigación sale reforzado. No todos los años aparece una historia como el escándalo de Guantánamo, los papeles del Pentágono o la imprevisión de Bush ante el inminente ataque de la entonces poco conocida Al Qaeda, pero sí que existe un compromiso cívico con los lectores diarios. De hecho, en Estados Unidos, los diarios locales lideran el uso de la FOIA y, gracias a ella, dedican numerosas páginas a contenidos exclusivos tales como los derechos de los consumidores, las cuestiones medioambientales que afectan a la comunidad, la denuncia de casos de nepotismo o corrupción.
Recientemente, nos ha impactado el vídeo de Reuters sobre el asesinato de un periodista en Irak, que ha visto la luz gracias al uso de esta ley. En México, el periodista Daniel Lizárraga reveló la opacidad en el gasto de las transiciones presidenciales. En Estados Unidos, se ha divulgado la correspondencia de Henry Kissinger, la dinámica y alcance de la ayuda a la contra en Irán o la documentación acerca de la invasión de Bahía Cochinos. En América Latina, los ciudadanos han empleado sus respectivas leyes de acceso y la propia FOIA estadounidense para la reconstrucción de la memoria de las dictaduras. Los desaparecidos, la violación de los derechos humanos y el colaboracionismo de unos u otros Gobiernos quedan al descubierto porque existía un registro de las acciones, de las personas que tomaban las decisiones y de los métodos empleados para la tortura y muerte.
Centenares de personas anónimas han reclamado la información sobre sus familiares y amigos para saber qué les sucedió realmente. Acogiéndose a la FOIA, algunos vecinos de los Estados de Pensilvania o Virginia reclamaron a la Agencia Federal de Medioambiente información objetiva y veraz sobre las consecuencias de las emisiones de carbón en determinadas poblaciones. En Alemania, cada uno puede acceder a los datos personales que la Stasi tenía almacenados y clasificados sobre ellos mismos. En la misma línea, los movimientos sociales pueden recuperar y poner información que de otra manera se pierde en los Presupuestos Generales del Estado, las comisiones gubernamentales o las fundaciones públicas.
El desafío de la transparencia informativa es una cuestión que debe abordarse pronto para adecuarnos a la realidad europea. Lo importante es la aprobación de una legislación avanzada, que aproveche el conocimiento adquirido por los países del entorno para legislar el acceso, los medios electrónicos y los reglamentos correspondientes, así como reformar las leyes de archivo de la Administración y la de secretos oficiales. La lucha contra la corrupción, la recuperación de la credibilidad del Gobierno y el abono de la esfera pública pasan necesariamente por la rendición de cuentas, el ejercicio del buen periodismo y la mejora de la calidad de la democracia.
(Artículo de Juan Luis Manfredi, publicado en "El País" el 15 de agosto de 2010)
En Estados Unidos, la ley (FOIA: Freedom of Information Act) ha cumplido más de 40 años y ha avanzado más bajo las presidencias demócratas. Obama no ha sido menos y publicó al día siguiente de su toma de posesión el memorando que orientará la libertad de acceso durante su mandato. El mensaje es sencillo: en caso de duda, prevalece el derecho de los ciudadanos sobre el secreto del Gobierno. Mediante tales medidas, ahora mismo están disponibles todas las facturas firmadas por la presidencia, los vídeos de las intervenciones o la vinculación entre los votos de los senadores y las donaciones que reciben para sus campañas. George W. Bush dio instrucciones para que se hiciera exactamente lo contrario y se cumpliera la ley... al pie de la letra, sin un mínimo de interés o apoyo por parte de la Administración o las agencias federales.
La cultura de la transparencia consiste no únicamente en la puesta a disposición del público de datos, sino en la organización de la documentación y su catalogación, la eliminación de la arbitrariedad y la obligación de destinar recursos humanos y económicos. Es un trabajo arduo, pero puede servir de ancla para recuperar la credibilidad de los partidos políticos y los Gobiernos en todos los niveles. Ante el auge de la corrupción, el nepotismo y la decadencia de algunas organizaciones sociopolíticas, no está de más recordar el aforismo de Louis Brandeis, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos entre 1916 y 1939: la transparencia es el mejor de los desinfectantes ("Sunlight is said to be the best of disinfectants"). Frente a la extensión de la manía de la rueda de prensa sin preguntas de periodistas, hace falta lo contrario. Hay que ejercer el derecho a preguntar, tener el acceso a las fuentes directas e insistir hasta que se responda por aquello que se ha preguntado.
Los periodistas tenemos mucho que aportar al buen desarrollo de la transparencia. La experiencia confirma que el periodismo de investigación sale reforzado. No todos los años aparece una historia como el escándalo de Guantánamo, los papeles del Pentágono o la imprevisión de Bush ante el inminente ataque de la entonces poco conocida Al Qaeda, pero sí que existe un compromiso cívico con los lectores diarios. De hecho, en Estados Unidos, los diarios locales lideran el uso de la FOIA y, gracias a ella, dedican numerosas páginas a contenidos exclusivos tales como los derechos de los consumidores, las cuestiones medioambientales que afectan a la comunidad, la denuncia de casos de nepotismo o corrupción.
Recientemente, nos ha impactado el vídeo de Reuters sobre el asesinato de un periodista en Irak, que ha visto la luz gracias al uso de esta ley. En México, el periodista Daniel Lizárraga reveló la opacidad en el gasto de las transiciones presidenciales. En Estados Unidos, se ha divulgado la correspondencia de Henry Kissinger, la dinámica y alcance de la ayuda a la contra en Irán o la documentación acerca de la invasión de Bahía Cochinos. En América Latina, los ciudadanos han empleado sus respectivas leyes de acceso y la propia FOIA estadounidense para la reconstrucción de la memoria de las dictaduras. Los desaparecidos, la violación de los derechos humanos y el colaboracionismo de unos u otros Gobiernos quedan al descubierto porque existía un registro de las acciones, de las personas que tomaban las decisiones y de los métodos empleados para la tortura y muerte.
Centenares de personas anónimas han reclamado la información sobre sus familiares y amigos para saber qué les sucedió realmente. Acogiéndose a la FOIA, algunos vecinos de los Estados de Pensilvania o Virginia reclamaron a la Agencia Federal de Medioambiente información objetiva y veraz sobre las consecuencias de las emisiones de carbón en determinadas poblaciones. En Alemania, cada uno puede acceder a los datos personales que la Stasi tenía almacenados y clasificados sobre ellos mismos. En la misma línea, los movimientos sociales pueden recuperar y poner información que de otra manera se pierde en los Presupuestos Generales del Estado, las comisiones gubernamentales o las fundaciones públicas.
El desafío de la transparencia informativa es una cuestión que debe abordarse pronto para adecuarnos a la realidad europea. Lo importante es la aprobación de una legislación avanzada, que aproveche el conocimiento adquirido por los países del entorno para legislar el acceso, los medios electrónicos y los reglamentos correspondientes, así como reformar las leyes de archivo de la Administración y la de secretos oficiales. La lucha contra la corrupción, la recuperación de la credibilidad del Gobierno y el abono de la esfera pública pasan necesariamente por la rendición de cuentas, el ejercicio del buen periodismo y la mejora de la calidad de la democracia.
(Artículo de Juan Luis Manfredi, publicado en "El País" el 15 de agosto de 2010)
El error de marginar a los veteranos
Empleo y Directivos
El error de marginar a los veteranos
Son la memoria histórica de las organizaciones. Éstas tienden cada vez más a rejuvenecer sus plantillas a través de las prejubilaciones. Un error, dicen los expertos.
Paz Álvarez - Madrid - 24/07/2010, CincoDías.com
La experiencia es un grado. En estos momentos, necesario. Hay sectores, como el de la medicina, donde el valor añadido se encuentra en la preparación pero, sobre todo, en el saber hacer de los profesionales. "Además, tenemos otro agravante, como es la carencia de médicos, así que invitar a un médico a prejubilarse no podemos hacerlo porque los necesitamos", afirma Óscar Romero, director de recursos humanos de USP Hospitales. En colectivos especializados es un error prescindir de ellos, "porque son vitales", prosigue.
Los expedientes de regulación de empleo (ERE) con criterio de antigüedad no deberían estar permitidos. Así lo cree Palmira López Fresno, delegada en Cataluña del Club Excelencia en Gestión: "Los criterios de financiación han de tenerse en cuenta pero las empresas han de saber gestionar que los conocimientos y habilidades aprendidos se transmitan", señala esta ejecutiva. No se puede perder esa correa transmisora de saber hacer y de valores. "Con las prejubilaciones se pierde la memoria histórica de las empresas. No nos podemos cargar ese sustrato", afirma López Fresno, anfitriona de una mesa redonda sobre Diversidad generacional, organizada por Club Excelencia en Gestión. El clima de respeto, de confianza, de consideración, genera buen ambiente y lo que necesitan las empresas en época de crisis es precisamente un clima laboral que favorezca la creatividad y la innovación. "Y eso difícilmente se encuentra únicamente con gente joven, sino con un grupo de gente diverso".
La empresa es como un bosque humano y, como en ecología, se necesita una capa de humus, señala López Fresno, para que se regenere, "si eliminas el sustrato, el bosque se puede morir". Si sólo se tiene en cuenta la edad social se puede acabar destrozando una organización. "El valor de la experiencia es el gran reto que tienen las organizaciones para definir puestos y tareas", señala Guadalupe Sánchez, responsable de formación de la Institución Educativa SEK, quien no desdeña el valor que aportan las nuevas generaciones. La cultura y el modo de vida del siglo XXI impulsarán la diversidad y exaltarán las características propias y específicas de la persona, de manera que ser diferente ha de convertirse en un valor en sí mismo.
De hecho, la convivencia de estudiantes de diferentes nacionalidades, agrega Esther Centeno, directora de contratación de recursos humanos de IBM, es hoy un fenómeno casi obligatorio. En la multinacional tecnológica estadounidense, asegura que han implantado, para gestionar la diversidad cross-generacional, un modelo de creación de valor que explica cómo comprometer a las distintas generaciones para que trabajen en colaboración, creando valor para el negocio y para la organización, a través del compromiso, el entendimiento, el conocimiento y el desarrollo profesional.
La gestión de las habilidades es prioritaria porque hay una corriente que defiende que las nuevas generaciones están al tanto de la última tecnología y engullen a los más veteranos en este campo. "Pero no se trata de incorporar la última moda tecnológica, sino de que todo conviva con la finalidad de gestionar bien la diversidad generacional de la tecnología. Hay que filtrar esa moda y aprovechar la tecnología para innovar", afirma Palmira López Fresno. En los centros educativos, por ejemplo, se está dando está paradoja, donde son los más jóvenes, los nativos digitales, los que marcan la pauta y les dice que el mundo se está quedando obsoleto. "Todos tenemos que ir adaptándonos a la nueva realidad", matiza Guadalupe Sánchez.
En Estados Unidos, la realidad es muy diferente: se respeta el prestigio que aporta la experiencia. "En el sector sanitario, por ejemplo, el buen nombre del médico es el que atrae a los clientes, y eso sólo se consigue después de una sólida carrera profesional. Un médico experimentado y con prestigio es el que hace que el negocio sea rentable", afirma Óscar Romero.
La gestión de la diversidad requiere una organización que dé valor a nuevas competencias y habilidades, que pasa sobre todo por saber aceptar las diferencias, los valores éticos, ser flexibles, tener capacidad de anticipación y sobre todo ser capaces de identificar las prioridades de cada generación para alinear a todos los colectivos para conseguir los objetivos marcados. En IBM, asegura su portavoz, "intentamos no estigmatizar a los más veteranos ni hacer que se sientan fuera de ciclo, ni que los jóvenes se sientan verdes como para que no puedan aportar nada a la organización".
Para que toda esta convivencia sea fluida, la directiva de Club Excelencia en Gestión Palmira López Fresno recuerda que lo prioritario "es respetar a los otros, que todos puedan sentirse cómodos con la incertidumbre, con la ambigüedad". Y en todo ello es clave, apostilla Guadalupe Sánchez, el papel del líder, "que ha de ser más flexible, más cercano y transparente". Porque todas las edades, señala Óscar Romero, son necesarias. "Una organización con futuro, que desee ser sostenible, debe tener un capital humano diverso". Lo contrario conduce al fracaso.
El error de marginar a los veteranos
Son la memoria histórica de las organizaciones. Éstas tienden cada vez más a rejuvenecer sus plantillas a través de las prejubilaciones. Un error, dicen los expertos.
Paz Álvarez - Madrid - 24/07/2010, CincoDías.com
La experiencia es un grado. En estos momentos, necesario. Hay sectores, como el de la medicina, donde el valor añadido se encuentra en la preparación pero, sobre todo, en el saber hacer de los profesionales. "Además, tenemos otro agravante, como es la carencia de médicos, así que invitar a un médico a prejubilarse no podemos hacerlo porque los necesitamos", afirma Óscar Romero, director de recursos humanos de USP Hospitales. En colectivos especializados es un error prescindir de ellos, "porque son vitales", prosigue.
Los expedientes de regulación de empleo (ERE) con criterio de antigüedad no deberían estar permitidos. Así lo cree Palmira López Fresno, delegada en Cataluña del Club Excelencia en Gestión: "Los criterios de financiación han de tenerse en cuenta pero las empresas han de saber gestionar que los conocimientos y habilidades aprendidos se transmitan", señala esta ejecutiva. No se puede perder esa correa transmisora de saber hacer y de valores. "Con las prejubilaciones se pierde la memoria histórica de las empresas. No nos podemos cargar ese sustrato", afirma López Fresno, anfitriona de una mesa redonda sobre Diversidad generacional, organizada por Club Excelencia en Gestión. El clima de respeto, de confianza, de consideración, genera buen ambiente y lo que necesitan las empresas en época de crisis es precisamente un clima laboral que favorezca la creatividad y la innovación. "Y eso difícilmente se encuentra únicamente con gente joven, sino con un grupo de gente diverso".
La empresa es como un bosque humano y, como en ecología, se necesita una capa de humus, señala López Fresno, para que se regenere, "si eliminas el sustrato, el bosque se puede morir". Si sólo se tiene en cuenta la edad social se puede acabar destrozando una organización. "El valor de la experiencia es el gran reto que tienen las organizaciones para definir puestos y tareas", señala Guadalupe Sánchez, responsable de formación de la Institución Educativa SEK, quien no desdeña el valor que aportan las nuevas generaciones. La cultura y el modo de vida del siglo XXI impulsarán la diversidad y exaltarán las características propias y específicas de la persona, de manera que ser diferente ha de convertirse en un valor en sí mismo.
De hecho, la convivencia de estudiantes de diferentes nacionalidades, agrega Esther Centeno, directora de contratación de recursos humanos de IBM, es hoy un fenómeno casi obligatorio. En la multinacional tecnológica estadounidense, asegura que han implantado, para gestionar la diversidad cross-generacional, un modelo de creación de valor que explica cómo comprometer a las distintas generaciones para que trabajen en colaboración, creando valor para el negocio y para la organización, a través del compromiso, el entendimiento, el conocimiento y el desarrollo profesional.
La gestión de las habilidades es prioritaria porque hay una corriente que defiende que las nuevas generaciones están al tanto de la última tecnología y engullen a los más veteranos en este campo. "Pero no se trata de incorporar la última moda tecnológica, sino de que todo conviva con la finalidad de gestionar bien la diversidad generacional de la tecnología. Hay que filtrar esa moda y aprovechar la tecnología para innovar", afirma Palmira López Fresno. En los centros educativos, por ejemplo, se está dando está paradoja, donde son los más jóvenes, los nativos digitales, los que marcan la pauta y les dice que el mundo se está quedando obsoleto. "Todos tenemos que ir adaptándonos a la nueva realidad", matiza Guadalupe Sánchez.
En Estados Unidos, la realidad es muy diferente: se respeta el prestigio que aporta la experiencia. "En el sector sanitario, por ejemplo, el buen nombre del médico es el que atrae a los clientes, y eso sólo se consigue después de una sólida carrera profesional. Un médico experimentado y con prestigio es el que hace que el negocio sea rentable", afirma Óscar Romero.
La gestión de la diversidad requiere una organización que dé valor a nuevas competencias y habilidades, que pasa sobre todo por saber aceptar las diferencias, los valores éticos, ser flexibles, tener capacidad de anticipación y sobre todo ser capaces de identificar las prioridades de cada generación para alinear a todos los colectivos para conseguir los objetivos marcados. En IBM, asegura su portavoz, "intentamos no estigmatizar a los más veteranos ni hacer que se sientan fuera de ciclo, ni que los jóvenes se sientan verdes como para que no puedan aportar nada a la organización".
Para que toda esta convivencia sea fluida, la directiva de Club Excelencia en Gestión Palmira López Fresno recuerda que lo prioritario "es respetar a los otros, que todos puedan sentirse cómodos con la incertidumbre, con la ambigüedad". Y en todo ello es clave, apostilla Guadalupe Sánchez, el papel del líder, "que ha de ser más flexible, más cercano y transparente". Porque todas las edades, señala Óscar Romero, son necesarias. "Una organización con futuro, que desee ser sostenible, debe tener un capital humano diverso". Lo contrario conduce al fracaso.
LAS NACIONALIDADES Y LA NACIÓN.
Tras la sentencia del TC sobre el Estatut muchos catalanes se preguntan si la Constitución no les permite tener más identidad nacional que la española. Así lo formulaba hace unos días el historiador Borja de Riquer: "¿Por qué la Constitución no puede reconocer un hecho social y político objetivo como es que muchos ciudadanos se sienten nacionalmente catalanes, vascos o gallegos?".
Mal iríamos si una constitución se inmiscuyera en los sentimientos de las personas: no sería una norma inspirada en los principios liberales y democráticos, no respetaría la libertad ni la autonomía de las personas y vulneraría los más elementales derechos fundamentales. Se trataría de una constitución de cariz totalitario que impondría una ideología en lugar de respetar el libre pensamiento. Por tanto, una Constitución como la nuestra no puede determinar la identidad de los individuos. Los ciudadanos pueden decidir sus propios sentimientos de pertenencia: españoles, catalanes, vascos, andaluces, marroquíes, ecuatorianos, rumanos, chinos y un largo etcétera. O considerarse simples seres humanos sin connotación nacional alguna. Ahora bien, otra cosa es el significado jurídico de las palabras de una ley, en este caso del Estatut. De ahí proviene la confusión, que la sentencia aclara perfectamente.
El término nación tiene dos significados muy distintos: el jurídico y el cultural. En sentido jurídico la nación es un conjunto de personas radicadas en un territorio y reguladas por una ley común que les garantiza los mismos derechos básicos. El vínculo que une a estas personas es, por tanto, la ley que asegura su igual libertad. En esta nación, en el conjunto de sus ciudadanos, reside la soberanía, el poder constituyente que crea y reforma una Constitución. La nación en sentido cultural es de naturaleza muy distinta. También se trata de un conjunto de personas, pero el vínculo que les une no es jurídico, no es una ley, sino que está basado en los sentimientos que les suscitan, entre otros, determinados elementos de carácter histórico, cultural, lingüístico o étnico de la comunidad en la que viven. El vínculo que les une es, por tanto, la identidad personal determinada por tales elementos. Si la nación jurídica es de matriz revolucionaria francesa, la cultural proviene del romanticismo alemán.
En las constituciones progresistas españolas, comenzando por la de Cádiz, el concepto de nación utilizado es el jurídico. Así es también en la Constitución de 1978: el término nación está en el preámbulo, en el artículo 1 (con sinónimos como "España" o "pueblo español") y en el art. 2. En la nación española, en el pueblo español, reside la soberanía, el poder constituyente (art. 1.2). También en este art. 2 se menciona a las "nacionalidades y regiones", a las que se les "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía" que más adelante, en el art. 143, se concreta en aquellos territorios que tengan "características históricas, culturales y económicas comunes". En consecuencia, junto a la nación en sentido jurídico como sujeto de la soberanía, también se reconocen "nacionalidades y regiones", a la manera de naciones en sentido cultural, con derecho a la autonomía.
El art. 1 del actual Estatut define a Catalunya como nacionalidad, no como nación: esto es lo que aprobaron Congreso y Senado y fue ratificado en referéndum. Este precepto es prácticamente igual que el del Estatut de 1979. Cierto es que el proyecto de Estatut aprobado por el Parlament catalán definía, en su art. 1, a Catalunya como nación, pero ello fue modificado en el Congreso por una razón obvia: sólo pueden tener autonomía las nacionalidades o regiones y el Estatut que se elaboraba era de "autonomía" no de "soberanía". Un texto jurídico debe ser claro y las palabras deben ser unívocas, no equívocas: para el sujeto de la autonomía no puede utilizarse un término, el de nación, que sólo corresponde al sujeto de la soberanía.
Por tanto, el tribunal en su reciente sentencia no ha modificado, en este punto, lo que fue aprobado por las Cortes Generales y ratificado en referéndum. Simplemente, ha advertido que la referencia del preámbulo en el que se recuerda que en una ocasión –refiriéndose a la aprobación del proyecto de Estatut– se definió a Catalunya como nación, carece de eficacia jurídica interpretativa. Quienes definieron a Catalunya como nacionalidad y no como nación son, en consecuencia, aquellos que aprobaron el Estatut, no el TC. Y también añade la sentencia que si bien en sentido jurídico-constitucional el concepto de nación sólo puede aplicarse a España, en los demás sentidos –y enumera: "como realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa"– puede hablarse sin límite alguno, dado que estamos en un Estado democrático en el cual cualquier idea puede ser defendida e incluso, mediante reforma constitucional, convertida en realidad jurídica.
Cada uno puede tener, por tanto, el sentimiento nacional que prefiera e, incluso, puede no tener ninguno. Ahora bien, según la Constitución, en la nación española reside la soberanía y las nacionalidades y regiones tienen garantizada la autonomía. Algo, por supuesto, obvio y evidente.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 22 de julio de 2010)
LEALTAD CONSTITUCIONAL.
En la lógica de nuestro sistema autonómico, está una diferente percepción de las cuestiones políticas por parte del Estado y de las comunidades autónomas (CCAA). Esto es algo normal incluso cuando es el mismo partido el que gobierna en una comunidad autónoma y en el Estado. De hecho, lo que resulta criticable es que, en demasiadas ocasiones, las diferencias que se pueden dar entre los distintos centros de poder se unifiquen a través de los grandes partidos privando de sentido a la autonomía política de las CCAA. Las tensiones territoriales son, por tanto, consustanciales a un sistema de distribución territorial del poder y no deben contemplarse como algo negativo.
Sin embargo, esas tensiones deberían tener como límite el ejercicio de las propias competencias: ni el Gobierno estatal debe hacer oposición frente a los gobiernos autonómicos, intentando condicionar sus políticas más allá del ejercicio de sus facultades propias, ni los gobiernos autonómicos deben hacer oposición frente al Gobierno estatal.
Por el contrario, la obligación de ambos gobiernos es colaborar y poner en valor el principio de lealtad constitucional que les vincula y les obliga a respetar el juego democrático propio de un Estado compuesto como el nuestro. Pero, desgraciadamente, algunos líderes autonómicos han construido parte de su discurso sobre la oposición frontal a las decisiones del Estado, pretendiendo obstaculizarlas en muchos ámbitos.
Son ya reiteradas las ocasiones en las que algunas de las personas que desempeñan la máxima responsabilidad institucional en sus CCAA han hecho política apelando a la “rebelión” frente a las leyes estatales o a la posible inaplicación autonómica de esas leyes. En otros casos se han planteado propuestas más o menos ingeniosas para intentar desvirtuar las normas aprobadas por las Cortes Generales.
La posición institucional de las CCAA en sus relaciones con el Estado no debería estar condicionada por este tipo de planteamientos. Tan cuestionable resulta que la filiación partidista conduzca a la aceptación acrítica de todo lo que proceda del Estado (cuando gobierna el mismo partido en el nivel autonómico y el estatal) como a su permanente rechazo o inaplicación lesionando el reparto de competencias establecido en la Constitución y los fundamentos de nuestro Estado de Derecho.
(Artículo de Francisco Balaguer Callejón, publicado en "Público" el 16 de abril de 2010)
Sin embargo, esas tensiones deberían tener como límite el ejercicio de las propias competencias: ni el Gobierno estatal debe hacer oposición frente a los gobiernos autonómicos, intentando condicionar sus políticas más allá del ejercicio de sus facultades propias, ni los gobiernos autonómicos deben hacer oposición frente al Gobierno estatal.
Por el contrario, la obligación de ambos gobiernos es colaborar y poner en valor el principio de lealtad constitucional que les vincula y les obliga a respetar el juego democrático propio de un Estado compuesto como el nuestro. Pero, desgraciadamente, algunos líderes autonómicos han construido parte de su discurso sobre la oposición frontal a las decisiones del Estado, pretendiendo obstaculizarlas en muchos ámbitos.
Son ya reiteradas las ocasiones en las que algunas de las personas que desempeñan la máxima responsabilidad institucional en sus CCAA han hecho política apelando a la “rebelión” frente a las leyes estatales o a la posible inaplicación autonómica de esas leyes. En otros casos se han planteado propuestas más o menos ingeniosas para intentar desvirtuar las normas aprobadas por las Cortes Generales.
La posición institucional de las CCAA en sus relaciones con el Estado no debería estar condicionada por este tipo de planteamientos. Tan cuestionable resulta que la filiación partidista conduzca a la aceptación acrítica de todo lo que proceda del Estado (cuando gobierna el mismo partido en el nivel autonómico y el estatal) como a su permanente rechazo o inaplicación lesionando el reparto de competencias establecido en la Constitución y los fundamentos de nuestro Estado de Derecho.
(Artículo de Francisco Balaguer Callejón, publicado en "Público" el 16 de abril de 2010)
VIAJE A NINGUNA PARTE.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya en el recurso interpuesto a instancias del PP pone fin a una aventura que ha acaparado durante muchos años la atención de la vida política en Catalunya y en el resto de España. El severo varapalo que anunciamos al conocerse el fallo hace un par de semanas es de mucha mayor envergadura de lo que en aquel momento podía suponerse.
Todo empezó cuando los socialistas catalanes, dirigidos por Pasqual Maragall, decidieron intentar atraerse a ERC con el fin de alcanzar un pacto en un futuro gobierno de la Generalitat y así desalojar del poder a CiU. Esto sucedía en febrero del año 2000: para una legítima finalidad partidista se utilizaba el Estatut, un instrumento que, por su naturaleza, debe estar siempre por encima de la lucha política diaria. Lo que en aquellos momentos se planteó como una reforma parcial acabó en una reforma total, en un nuevo Estatut que, desde el principio, ya se vio que, entre otros notorios defectos, tenía serias dificultades de encaje constitucional. Con la sentencia hecha pública en su totalidad el pasado 9 de julio acaba un periodo de incertidumbre sobre el porvenir del modelo de Estado autonómico y de la subsistencia misma de la Constitución como norma suprema.
Todavía faltan por aprobar las sentencias correspondientes de los otros seis procedimientos de inconstitucionalidad, el del Defensor del Pueblo y el de cinco comunidades autónomas. El recurso del Defensor era muy similar, en cuanto al número de preceptos impugnados, al del PP, ya sustanciado; los de las comunidades versaban sobre cuestiones muy comcretas en materias que afectaban a sus competencias. Creo que ninguna de estas sentencias aportará grandes novedades a lo ya conocido.
Cabe felicitar, en primer lugar, a quienes han interpuesto estos recursos. Gracias a ellos, y naturalmente a la labor del Tribunal, se ha logrado mantener la Constitución en su integridad y no debe olvidarse que una constitución democrática es siempre la pieza angular de la convivencia en un país. Si no se hubieran activado estos recursos, y los preceptos inconstitucionales hubieran seguido vigentes, el ordenamiento habría entrado en una deriva de gran inseguridad jurídica en la que el imperio de la arbitrariedad iría deteriorando progresivamente la libertad individual y la vida social. En una sociedad democrática, el derecho es siempre la gran arma de los débiles frente a los poderosos, es aquel instrumento, como decía Rousseau, que nos convierte a todos en iguales ante la ley. Como sucede con cualquier rama del conocimiento, tras un lenguaje técnico y muchas veces incomprensible para los legos en la materia, el derecho asegura que, dado que no se pueden impedir ciertas desigualdades entre las personas, por lo menos todos seamos iguales en el ámbito de las libertades públicas, tanto frente a los poderes políticos como, en aquello que sea posible, también frente a los privados. La labor de los tribunales en la garantía de estos derechos resulta decisiva aunque a veces estos ciudadanos no alcancen a ver con claridad la trascendencia de sus resoluciones, así como tampoco las personas alcanzamos a entender cabalmente los diagnósticos y tratamientos médicos aunque confiemos en ellos.
Se hace difícil, si no imposible, un balance en profundidad de una sentencia tan extensa, tan compleja y de publicación tan inmediata. Sin embargo, tras una primera y apresurada lectura de sus fundamentos jurídicos, se desprende con facilidad que, como decíamos al principio, el varapalo que anunciábamos hace un par de semanas es mucho mayor de lo que podía presuponerse. Efectivamente, en el fallo se declaran 14 preceptos nulos y 27 conformes a la Constitución sólo en el caso que sean interpretados de acuerdo con el significado que les da el Tribunal en la sentencia. Pues bien, en muchos de estos últimos supuestos el significado que les atribuye el Tribunal es frontalmente contrario al que pretendían los autores del Estatut y, por tanto, de hecho, equivalen a otras tantas nulidades.
Pero hay más. La interpretación que el Tribunal hace de otros preceptos no recogidos en el fallo también vacía de contenido su significado primigenio y, por consiguiente, quedan tan desvirtuados como aquellos. Sin arriesgarme a precisar con exactitud, en total pueden ser tachados de inconstitucionalidad, total o parcial, entre ochenta y cien preceptos. Por tanto, es tal la magnitud de lo declarado inconstitucional bajo una u otra forma que más que de un severo varapalo se trata de una desnaturalización en toda regla del Estatut aprobado en el 2006.
En realidad, tras la sentencia, lo que queda válido y vigente no es en sustancia muy distinto de aquello que ya regulaba el buen Estatut de 1979 que nunca debió intentarse reformar.
Así pues, una operación fallida tras diez años perdidos que han ocasionado desgastes institucionales graves, tensiones en la sociedad y fuerte deterioro de la confianza en los políticos. Debido todo ello a una aventura irresponsable instrumentada a través unas inconsistentes técnicas jurídicas. En definitiva, un viaje a ninguna parte.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 15 de julio de 2010)
ESPAÑA SE ENTREGA A UNA IDEALIZACIÓN.
La pasión con la que se celebra la victoria en el Mundial de Sudáfrica explica estos días cosas importantes de España. La sociedad está hablando con el corazón. Cada vez que un país obtiene la estatuilla dorada de la FIFA, se retrata. En el 2006, los italianos se demostraron a sí mismos que aún eran campeones en el arte d'arrangiarsi (el arte de espabilarse), gente capaz de darle la vuelta a la peor de las circunstancias, puesto su calcio se hallaba al borde de la bancarrota moral tras estallar un gran escándalo de compraventa de partidos. En 2002, Brasil, campeón por quinta vez, mostró la persistencia de su calidad y puso las bases simbólicas del actual despegue como potencia mundial. En 1998, los franceses revelaron en positivo, muy en positivo, las contradicciones de una vieja sociedad con muchos jóvenes inmigrantes: un hijo de argelinos apellidado Zidane guió a los enfants de la patrie a la victoria...
¿Y España? ¿Qué expresa España estos días? España le dice al mundo que sigue siendo aquel país dinámico del que tan bien se hablaba antes de la crisis. ¡España no es PIG!, claman los goles de Iniesta, Puyol y Villa. España se dice a sí misma que dispone de fuerzas para combatir la depresión, por muy negro que sea el horizonte económico. España ha logrado apuntalar, momentáneamente, una marca que hacía aguas por todas partes, a causa de una serie de circunstancias adversas que la política no ha podido –y no ha sabido– gobernar.
Como inversión publicitaria, la victoria de Sudáfrica es de una importancia extraordinaria. Llega en el momento en el que el país más lo necesitaba. Un buen motivo para la alegría.
Catalunya es la que presenta, como siempre, una mayor gama de matices. Para los españolistas silenciosos, que son muchos más de lo que la corriente principal cree, es el mejor momento de revindicar la pertenencia a España con orgullo. Vivir la victoria de España con pasión ya no es ser facha en Catalunya. Hace tiempo que dejo de serlo pero hoy está más claro. (La corriente principal debiera estar muy atenta a este dato). Para los federalistas, en horas bajas, lo de Sudáfrica no deja de ser un consuelo: el protagonismo catalán en la selección habla en favor una España abierta y plural; lo que la política es incapaz de realizar, al menos se ha conseguido plasmar en el fúbtol. Para los soberanistas emocionalmente inteligentes, la victoria de la selección es motivo de una secreta y honda satisfacción. Vuelve a quedar claro que España necesita a Catalunya sin reconocerle el mérito y el esfuerzo, razón por la cual hay que tener el derecho a darse de baja de tan peculiar comunidad de vecinos. Sólo la carlinada va a la contra.
La carlinada siempre ha sido eso: un ir a la contra. Nunca he sido muy aficionado al fútbol (lo siento, es un defecto de nacimiento), de manera que el pasado domingo me propuse el ejercicio de regresar de Barcelona a Madrid en AVE durante el partido, sin conectarme a internet y sin usar el teléfono móvil. ¿Cómo me enteraría del resultado? Esa era mi curiosiad. En el vagón sólo me acompañaban dos señoras muy habladoras del barrio de Salamanca. Alguien les llamó por teléfono y un ¡goooooool! agudo y muy femenino hizo vibrar la catenaria.
Lo más interesante, sin embargo, fue la llegada a la estación de Atocha. La alegría nerviosa y desbordante de un grupo de adolescentes envueltos en la bandera de España me impresionó. Me hizo pensar que aquella noche se sentían menos inseguros en la gran inmensidad de un mundo donde ya nada es para toda la vída. La selección –joven, pulcra, técnica, brillante, tenaz, valiente, pactista, alejada de los viejos tópicos raciales, ajena a la marrulleria...– es una idealización de España. La gente lo sabe y por ello hay un deje de melancolía en tanta alegría. La melancolía no ha sido un sentimiento abundante en la España de los últimos años. El momento es genuino, único. Nunca las banderas españolas habían querido decir algo parecido. La bandera es hoy para muchos jóvenes españoles como la manta de Linus, el amiguete de Charly Brown. Les hace sentir más seguros ante la inmensa frialdad del mundo.
(Artículo de Enric Juliana, publicado en "La Vanguardia" el 13 de julio de 2010)
EL DESPRECIO DE LOS CIUDADANOS.
Tengo la sospecha de que estamos peor que ayer, pero infinitamente mejor que mañana. (El presidente) ha empezado a inspirarme ternura (...) sobre todo cuando le veo tan peligrosamente desorientado".
Estas palabras parecen dictadas por la situación actual, pero fueron publicadas el 23 de agosto de 1993 en este mismo diario. El nombre del presidente era Felipe González. El autor del artículo, Manuel Vázquez Montalbán. Y el título, Depresión. En 1993, el PSOE había vuelto a ganar las elecciones, pero había perdido la mayoría absoluta. El país sufría una grave crisis económica. La tasa de paro llegó a encaramarse hasta un dramático 24%. El caso GAL mellaba las entrañas democráticas del Estado y Luis Roldán se revelaba como uno de los mayores sinvergüenzas de la historia de este país.
El Felipe González de entonces tenía poco que ver con el joven entusiasta y brillante que había ganado las elecciones 11 años antes. Tampoco se asemejaba al actual patricio que considera a las democracias de hoy marcadas por la mediocridad y lo mediático. O que lanza frases tan poco favorecedoras al Gobierno como "rectificar es de sabios, y de necios hacerlo a diario". Olvidándose, quizás, de su propia y antigua desorientación.
Entonces y ahora, la crisis económica actúa como una demoledora apisonadora de la imagen pública de los políticos. Pero, a pesar de las dramáticas semejanzas entre 1993 y este más difícil 2010, la fractura entre la clase política y los ciudadanos nunca había sido tan profunda como ahora. La crítica a la talla de los líderes se impone, pero resulta interesante continuar revisando las hojas pasadas del calendario y tratar de encontrar más razones para este distanciamiento.
Durante los últimos años, el marketing se ha impuesto en el mundo de la política. Al líder se le ha otorgado el rango de producto. Los ciudadanos nos hemos convertido en codiciados consumidores y nuestros votos, en devaluada moneda de cambio. El debate ideológico ha quedado arrinconado por la verborrea de un agente comercial salpicada de frívolas promesas publicitarias o de pueriles amenazas sobre la llegada del lobo. La política se ha banalizado y las encuestas deciden los cambios en el diseño de las etiquetas. Pero un voto debería tener mayor trascendencia que elegir una lata de tomate en un lineal del supermercado, especialmente si no se desea sufrir el mismo final que la lata cuando el comprador la da por agotada.
En una sociedad marcada por las leyes del consumo y adormilada por años de bienestar, el ciudadano se siente cada vez menos responsable de todo. Su tolerancia al riesgo se ha tornado ínfima y cree poder exigir a papá Estado la solución inmediata de todos sus problemas. Pero el espejismo se hace añicos ante la crisis y la sombra de la estafa planea sobre la clase política. Yo te di mi voto, yo te compré, ¿por qué no arreglas todo esto? Una mala compra, piensa el elector, otro trasto inútil, y busca en vano las condiciones de devolución en la letra pequeña de su voto.
Y cuando las ventas bajan, ya se sabe, entran en juego las ofertas dos por uno y las promociones agresivas. O, lo que es igual, la indefinición en el discurso para tratar de atraer al mayor número de votantes y la guerra sin cuartel a la oposición. Una dura contienda sin remilgos en la que no se duda en traicionar la propia coherencia si eso desgasta al contrario. El mensaje se simplifica. O conmigo, o contra mí. Se huye de los puntos de encuentro y las opiniones discrepantes se consideran un ataque. La tolerancia no cotiza en este mercado de valores y la sociedad oscila peligrosamente hacia la indiferencia o la intransigencia.
El pensamiento crítico se está convirtiendo en una rara avis y los medios de comunicación no siempre son ajenos a la falta de racionalismo. A veces, por la excesiva carga de opinión entreverada con la información. A veces, por convertir su espacio en el escaparate de los productos políticos, erigiéndose en altavoz de las acusaciones, declaraciones o intoxicaciones. Eslóganes más eslóganes. Es incuestionable el valor del periodismo en la denuncia de los abusos del poder. Pero ya es más discutible el papel de juez que algunos medios se han otorgado, condenando sin rubor a los políticos del color contrario a su línea de opinión. Juicio sin derecho a la defensa y cuyo único fallo es la devaluación de la política. El desprecio de los ciudadanos.
La abstención crece a ritmo vertiginoso para vergüenza del espíritu democrático y no se observan en el mercado fórmulas mágicas capaces de invertir la tendencia. Parece urgente establecer nuevos puentes de diálogo entre ciudadanos y políticos, fomentar plataformas de pensamiento, donde las discrepancias sean acogidas como una fuente de enriquecimiento y los esfuerzos se destinen a la construcción de mejores modelos de relación y organización. Espacios alejados del marketing y sustentados en un compromiso mutuo de respeto a la verdad y la honestidad. Suena a utopía. Y eso es lo terrible. Porque si dejamos de creer en nuestra capacidad de transformación y mejora, renunciamos a ejercer el poder. La elección es nuestra: ciudadano o consumidor.
(Artículo de Emma Riverola, publicado en "El País" el 10 de julio de 2010)
Estas palabras parecen dictadas por la situación actual, pero fueron publicadas el 23 de agosto de 1993 en este mismo diario. El nombre del presidente era Felipe González. El autor del artículo, Manuel Vázquez Montalbán. Y el título, Depresión. En 1993, el PSOE había vuelto a ganar las elecciones, pero había perdido la mayoría absoluta. El país sufría una grave crisis económica. La tasa de paro llegó a encaramarse hasta un dramático 24%. El caso GAL mellaba las entrañas democráticas del Estado y Luis Roldán se revelaba como uno de los mayores sinvergüenzas de la historia de este país.
El Felipe González de entonces tenía poco que ver con el joven entusiasta y brillante que había ganado las elecciones 11 años antes. Tampoco se asemejaba al actual patricio que considera a las democracias de hoy marcadas por la mediocridad y lo mediático. O que lanza frases tan poco favorecedoras al Gobierno como "rectificar es de sabios, y de necios hacerlo a diario". Olvidándose, quizás, de su propia y antigua desorientación.
Entonces y ahora, la crisis económica actúa como una demoledora apisonadora de la imagen pública de los políticos. Pero, a pesar de las dramáticas semejanzas entre 1993 y este más difícil 2010, la fractura entre la clase política y los ciudadanos nunca había sido tan profunda como ahora. La crítica a la talla de los líderes se impone, pero resulta interesante continuar revisando las hojas pasadas del calendario y tratar de encontrar más razones para este distanciamiento.
Durante los últimos años, el marketing se ha impuesto en el mundo de la política. Al líder se le ha otorgado el rango de producto. Los ciudadanos nos hemos convertido en codiciados consumidores y nuestros votos, en devaluada moneda de cambio. El debate ideológico ha quedado arrinconado por la verborrea de un agente comercial salpicada de frívolas promesas publicitarias o de pueriles amenazas sobre la llegada del lobo. La política se ha banalizado y las encuestas deciden los cambios en el diseño de las etiquetas. Pero un voto debería tener mayor trascendencia que elegir una lata de tomate en un lineal del supermercado, especialmente si no se desea sufrir el mismo final que la lata cuando el comprador la da por agotada.
En una sociedad marcada por las leyes del consumo y adormilada por años de bienestar, el ciudadano se siente cada vez menos responsable de todo. Su tolerancia al riesgo se ha tornado ínfima y cree poder exigir a papá Estado la solución inmediata de todos sus problemas. Pero el espejismo se hace añicos ante la crisis y la sombra de la estafa planea sobre la clase política. Yo te di mi voto, yo te compré, ¿por qué no arreglas todo esto? Una mala compra, piensa el elector, otro trasto inútil, y busca en vano las condiciones de devolución en la letra pequeña de su voto.
Y cuando las ventas bajan, ya se sabe, entran en juego las ofertas dos por uno y las promociones agresivas. O, lo que es igual, la indefinición en el discurso para tratar de atraer al mayor número de votantes y la guerra sin cuartel a la oposición. Una dura contienda sin remilgos en la que no se duda en traicionar la propia coherencia si eso desgasta al contrario. El mensaje se simplifica. O conmigo, o contra mí. Se huye de los puntos de encuentro y las opiniones discrepantes se consideran un ataque. La tolerancia no cotiza en este mercado de valores y la sociedad oscila peligrosamente hacia la indiferencia o la intransigencia.
El pensamiento crítico se está convirtiendo en una rara avis y los medios de comunicación no siempre son ajenos a la falta de racionalismo. A veces, por la excesiva carga de opinión entreverada con la información. A veces, por convertir su espacio en el escaparate de los productos políticos, erigiéndose en altavoz de las acusaciones, declaraciones o intoxicaciones. Eslóganes más eslóganes. Es incuestionable el valor del periodismo en la denuncia de los abusos del poder. Pero ya es más discutible el papel de juez que algunos medios se han otorgado, condenando sin rubor a los políticos del color contrario a su línea de opinión. Juicio sin derecho a la defensa y cuyo único fallo es la devaluación de la política. El desprecio de los ciudadanos.
La abstención crece a ritmo vertiginoso para vergüenza del espíritu democrático y no se observan en el mercado fórmulas mágicas capaces de invertir la tendencia. Parece urgente establecer nuevos puentes de diálogo entre ciudadanos y políticos, fomentar plataformas de pensamiento, donde las discrepancias sean acogidas como una fuente de enriquecimiento y los esfuerzos se destinen a la construcción de mejores modelos de relación y organización. Espacios alejados del marketing y sustentados en un compromiso mutuo de respeto a la verdad y la honestidad. Suena a utopía. Y eso es lo terrible. Porque si dejamos de creer en nuestra capacidad de transformación y mejora, renunciamos a ejercer el poder. La elección es nuestra: ciudadano o consumidor.
(Artículo de Emma Riverola, publicado en "El País" el 10 de julio de 2010)
EFICIENCIA Y EFICACIA.
Sin cuestionar el papel realizado por las diputaciones provinciales y las comarcas aragonesas, parece razonable estudiar el mapa administrativo en nuestra Comunidad, que abarca cinco niveles principales, incluyendo, además de los dos anteriores, ayuntamientos, comunidad autónoma y Gobierno central.
EN una época en la que se imponen recortes, también en la Administración, como muy bien pueden dar fe los funcionarios que han visto mermado su salario, hay que atender también a la organización y no sólo al emolumento del personal. No es de recibo que se produzcan duplicidades competenciales, cuando podrían ahorrarse recursos y realizar una mejor gestión. Las comarcas fueron respaldadas en su inicio por todos los partidos políticos y están recogidas en el Estatuto. Su función estaba también definida: llegar allí donde no pueden los Ayuntamientos, y más en un territorio como el aragonés, donde existen 525 consistorios de menos de 500 habitantes. Sin embargo, también se vendió que esa nueva estructura administrativa tendría un coste cero, un compromiso que no se cumplió. Pelear por quien maneja unos u otros recursos es estéril, lo que sí debiera prevalecer es la organización, tener claro a quién acudir cuando surge un problema, para que el ciudadano perciba una eficiencia y una eficacia en la estructura de poder. El enfrentamiento de los partidos en cuanto al futuro de las comarcas y las diputaciones debiera enfocarse en prestar el mejor servicio al ciudadano desde la Administración correcta, no en una pretensión de primar unas respecto a otra para poder mantener o conquistar presencia política.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 4 de julio de 2010)
EN una época en la que se imponen recortes, también en la Administración, como muy bien pueden dar fe los funcionarios que han visto mermado su salario, hay que atender también a la organización y no sólo al emolumento del personal. No es de recibo que se produzcan duplicidades competenciales, cuando podrían ahorrarse recursos y realizar una mejor gestión. Las comarcas fueron respaldadas en su inicio por todos los partidos políticos y están recogidas en el Estatuto. Su función estaba también definida: llegar allí donde no pueden los Ayuntamientos, y más en un territorio como el aragonés, donde existen 525 consistorios de menos de 500 habitantes. Sin embargo, también se vendió que esa nueva estructura administrativa tendría un coste cero, un compromiso que no se cumplió. Pelear por quien maneja unos u otros recursos es estéril, lo que sí debiera prevalecer es la organización, tener claro a quién acudir cuando surge un problema, para que el ciudadano perciba una eficiencia y una eficacia en la estructura de poder. El enfrentamiento de los partidos en cuanto al futuro de las comarcas y las diputaciones debiera enfocarse en prestar el mejor servicio al ciudadano desde la Administración correcta, no en una pretensión de primar unas respecto a otra para poder mantener o conquistar presencia política.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 4 de julio de 2010)
UN SEVERO VARAPALO
Entre juristas es un tópico decir que en la valoración de una sentencia son más importantes los fundamentos jurídicos, los argumentos que utiliza el juez, que la conclusión, es decir, el fallo al cual se llega a consecuencia de los argumentos. Pues bien, en la sentencia de que tratamos sólo conocemos por el momento el fallo, no los fundamentos. Con este reducido material debemos, pues, hacer una primera valora- ción. Una valoración que sólo puede ser provisional hasta conocer la sentencia en su integridad.
Si hubiera que resumir esta valoración en pocas palabras bastaría con decir que el Tribunal Constitucional ha dado un severo varapalo al Estatut, al declarar total o parcialmente nulos –en este último caso, mediante la técnica de la interpretación conforme– aspectos cruciales del texto, es decir, ha desactivado todo aquello que, según la más extendida doctrina era considerado como dudosamente constitucional. No ha habido, pues, grandes sorpresas. El tribunal, además, lo ha hecho con sumo cuidado, con una técnica comparable a la microcirugía médica, respetando al máximo la labor del legislador estatuyente, tal como debe ser. Pero también, ciertamente, lo ha llevado a término de forma implacable.
Ello se comprueba al examinar las materias que han sido objeto de nulidad total o parcial: nación, símbolos, derechos históricos, lengua, instituciones, régimen local, poder judicial, competencias, bilateralidad, financiación y reforma estatutaria. El bisturí ha incidido en preceptos clave de todas estas materias, ciertamente a veces de manera muy leve, en meros incisos, pero siempre de forma significativa. Sólo podremos ver el alcance completo de esta depuración constitucional del Estatut al leer la sentencia completa.
Habrá que poner atención, muy especialmente, a los 27 preceptos declarados constitucionales sólo si se interpretan en los términos que la sentencia establece en los fundamentos jurídicos. Es la llamada técnica de la interpretación conforme, muy utilizada por nuestro tribunal, así como por los demás tribunales constitucionales de nuestro entorno. En resumen, dicha técnica consiste en salvar las palabras de la ley pero limitar el significado que puede darles el intérprete, sea este el legislador, el ejecutivo, el juez o el ciudadano, todos ellos poderes públicos o personas privadas que deben aplicar y cumplir la ley.
Que el Tribunal Constitucional exprese en el fallo este deber de interpretar conforme a la Constitución un precepto jurídico quiere decir que lo considera parcialmente inconstitucional. Habrá que ver al leer los fundamentos de la sentencia el nivel de vaciamiento de estos preceptos sometidos a interpretación conforme: este nivel puede oscilar entre el 1 y el 99 por ciento. La medida del balance global de inconstitucionalidades detectadas por el tribunal nos lo dará la sentencia según se acerque la interpretación de estos preceptos a uno u otro límite. En todo caso, si 14 preceptos han sido declarados nulos en su totalidad y otros 27 parcialmente nulos (más la prohibición de que dos términos significativos del preámbulo –"Catalunya como nación" y "realidad nacional de Catalunya"– tengan eficacia interpretativa de la parte dispositiva del texto), los preceptos afectados de inconstitucionalidad sobrepasan los cuarenta, en su inmensa mayoría de gran relevancia. Por todo ello utilizaba antes la expresión "severo varapalo" al intentar hacer una primera valoración de carácter provisional.
Las cosas que mal empiezan mal acaban. Jordi Pujol nunca quiso reformar el Estatut de 1979 porque sabía lo que podía pasar y ha pasado. Pero por razones partidistas, para acceder al Govern de la Generalitat, Pasqual Maragall emprendió una reforma estatutaria de alto riesgo, con claros tintes confederales a fin de complacer a ERC. Obviamente tal proyecto no tenía cabida en una Constitución que admite el Estado federal pero no otra forma de Estado. Tal proyecto prescindió de la evolución del Estado autonómico y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Se jugó al adanismo constitucional haciendo una interpretación libre de la letra de la Constitución. Ciertamente las Cortes Generales recortaron brutalmente tal proyecto que de forma insensata aprobó el Parlament de Catalunya. Pero quedaron flecos. Estos flecos son los que ahora ha acabado de pulir el Tribunal Constitucional.
Tienen razón los independentistas en decir que su proyecto no cabe en la Constitución. Es algo evidente, en ninguna constitución del mundo figura el derecho a la autodeterminación. Lo que es más difícil de entender es el papel que ha desempeñado el PSC –y el sector no soberanista de CiU– en este confuso modelo de federalismo asimétrico que se han inventado.
Seguro que desde el lunes hay catalanes que se sienten frustrados por la sentencia. Pero probablemente son muchos más los que están irritados y decepcionados con quienes les han metido en esta inútil aventura que nada bueno ha aportado, ni podía aportar, a los catalanes y a los españoles.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 30 de junio de 2010)
LA GOBERNANZA, ESA ADIVINANZA.
Quienes nos empeñamos en acumular trienios recordamos cómo a finales de los años 80 se puso de moda en España la nueva gestión pública -a la que los iniciados llamaban new public management-. En tal sentido, son significativas las publicaciones que se promovieron desde el Ministerio para las Administraciones Públicas a principios de los 90. En sus títulos se repiten expresiones que hacían furor -cierto que entre personas de dudoso gusto estético- como “clima organizacional”, “decisiones multicriterio”, “eficiencia”, “modernización “, “gestión de calidad “, etcétera.
De estos esfuerzos bibliográficos no ha quedado felizmente nada, si exceptuamos cuatro cursiladas. Cuando de tales frutos ya no hubo más jugo que exprimir y una inmensa sensación de vacío se empezaba a apoderar de aquellos espíritus innovadores, surgió de forma redentora la nueva pócima mirífica: la gobernanza.
El curioso que pretenda acercarse a este concepto de gobernanza, lo primero que hace es abrir el Diccionario de la Real Academia y allí se informa de que “es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía “. Se advertirá fácilmente que todo esto no es sino lo que han pretendido los gobiernos de todas las épocas, por lo que el esfuerzo que los señores académicos han realizado para describir la gobernanza tiene el aire de ser, en cierta manera, el parto de los montes.
Si nos vamos a los trabajos científicos publicados, nos encontramos con que la gobernanza se define como “la conversión de la pluralidad de los intereses sociales en una acción unitaria alcanzando las expectativas de los actores sociales” (A. Cerrillo). Y, a partir de ahí, se incorporan al debate muchas expresiones pintorescas como “interacción multinivel” (Fritz Scharpf), “interorganizacional”, el aprendizaje “por prueba y error” (J. Prats) y otras del mismo tenor. La misma Comisión Europea en su Libro Blanco de 2001 la define diciendo que “designa las normas, procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes a nivel europeo, especialmente desde el punto de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia”.
Ahora bien, lo mismo que acabo de señalar respecto del esfuerzo llevado a cabo por la Academia, podemos repetir respecto de este Libro blanco, pues establecer las normas y procesos para garantizar la participación, la responsabilidad o la eficacia es lo que han pretendido todos los sistemas políticos y los gobernantes que en el mundo han sido y no se les ha ocurrido jamás invocar la gobernanza para el ejercicio de su mando.
Dispuestos a seguir indagando en el invento procede avanzar más para tratar de ver al trasluz este concepto. Clave para su comprensión es la idea de red, de red de políticas públicas. El punto de partida es el siguiente: hasta ahora el Gobierno era el órgano encargado de dirigir la política. Así ha ocurrido al menos desde que se transformó el Estado a partir de la revolución liberal. Sin embargo, hoy en día, con una sociedad tan compleja, con tantos actores que forman la convivencia en una enrevesada malla social, esa concepción ya no puede ser mantenida.
Por ello, se impone aceptar que la política es definida por sujetos variados, públicos y privados, entre los cuales se cuenta al Gobierno como un participante más: forma parte del coro pero no es el tenor. Con la gobernanza se rompería el monopolio de la definición de los intereses generales, tradicionalmente confiado al Estado convertido ahora en simple “gestor de interdependencias” (J. Prats). Es en este momento cuando a algunos nos asaltan las dudas.
Cierto es que en el mundo actual han sufrido una dura erosión las ideas sobre el poder para establecer el derecho y para definir las normas jurídicas. Esta quiebra afecta a asuntos muy de fondo: al concepto de la ley, al poder del Parlamento, a los procesos en suma de adopción de decisiones con relevancia pública. Es mérito de la gobernanza haber puesto de manifiesto las carencias de un sistema -el democrático- que exige una meditación rigurosa y, probablemente al cabo, la puesta en pie de nuevos mecanismos representativos que refuercen la identificación de los ciudadanos con el marco donde se relacionan con sus semejantes. Ahora bien, no parece que sea la gobernanza, con su lenguaje de estrambótica complejidad, sus lagunas clamorosas y sus peligrosas conclusiones, el camino adecuado.
Pues en el fondo lo que se discute es, como siempre en la política, la identificación del titular de las decisiones que pretenden conformar la realidad social y establecer los cauces por los que se ha de desarrollar la vida de los ciudadanos como garantía de la libertad de todos. La respuesta tradicional ha sido la voluntad reflejada en los parlamentos y en los gobiernos. Ahora, se nos dice, hay más protagonistas en la arena social que demandan su participación en los procesos de adopción de normas o acuerdos que les afectan pues proliferan las corporaciones, los grupos de intereses, las grandes empresas, las redes transnacionales, etcétera. A esta realidad -innegable- es preciso oponer una observación inicial: todo eso, corporaciones, empresas, grupos de presión, han existido siempre y son localizables desde que existe el Estado: ¿o es que no existían cuando se hicieron en el siglo XIX las leyes de minas, las de ferrocarriles o las de bancos? ¿Es que esa sociedad que ahora se llama civil es un invento de nuestros días? No lo parece; de hecho ha sido tradicionalmente denominada pueblo, nación, sociedad burguesa, etcétera.
Justamente es en medio de esta andadura cuando nuestros antepasados encontraron al Estado y su instrumento más poderoso, el Gobierno, inventos a los que se confía la defensa de valores comunes y medios para intentar estrangular a un tiempo los intereses egoístas de los grupos y las redes de clientelismo a ellos anudados. De ahí que proceda denunciar la palabrería embaucadora y atosigante de los teóricos de la gobernanza. Pues lo que más sorprende de los escritos a ella dedicados, aparte su extravagante lenguaje y su desembarazada sintaxis, es que intentan establecer unos nuevos modos de gestión de los intereses colectivos ignorando los problemas más manifiestos de nuestros sistemas democráticos, en especial, y por lo que a nosotros afecta, del español. Mucha “red” y mucha “transparencia”, mucha “poliarquía deliberativa”, pero señalar con el dedo lo más visible de nuestra realidad, a saber, una democracia envilecida por unos partidos políticos que no pagan sus deudas a los bancos y han degenerado el sistema hasta llevarlo a intolerables prácticas de corrupción, esto parece que no está en la agenda de nuestros expertos en gobernanza. Por ello, a mi entender, ésta no añade nada a una meditación seria sobre una nueva manera de gobernar.
Toma nota, eso sí, de la forma en que se desarrollan hoy las negociaciones y acuerdos que se traban para adoptar las decisiones colectivas. Pero de ahí, de levantar acta de un estado de cosas, a erigir una doctrina correctora, hay un salto para el que la gobernanza carece de la pértiga adecuada. Puede decirse que la gobernanza acampa en el espacio que han dejado vacío las ideologías y como muchos de quienes encarnan el poder público no tienen una idea clara de qué hacer con sus instrumentos, por carecer de una formación adecuada y por carecer asimismo de ideología, es fácil que se dejen acunar por la voz de falsete de quienes gustan de estos abominables neologismos.
La conclusión es: más Gobierno con ideas claras y menos meliflua gobernanza. Es decir, se impone caminar justo en la dirección contraria para recuperar el honor del Estado y de la Política con mayúscula y de las ideas que han de estimularla y dignificarla. Dicho de otra forma, se trata de reivindicar ideales que conformen un ideario y tejan una ideología. Desnudada la gobernanza, cabe concluir que no queda sino una adivinanza que esconde en su seno una trampa enormemente reaccionaria.
(Artículo de Francisco Sosa Wagner, publicado en "El Mundo" el 23 de junio de 2010)
De estos esfuerzos bibliográficos no ha quedado felizmente nada, si exceptuamos cuatro cursiladas. Cuando de tales frutos ya no hubo más jugo que exprimir y una inmensa sensación de vacío se empezaba a apoderar de aquellos espíritus innovadores, surgió de forma redentora la nueva pócima mirífica: la gobernanza.
El curioso que pretenda acercarse a este concepto de gobernanza, lo primero que hace es abrir el Diccionario de la Real Academia y allí se informa de que “es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía “. Se advertirá fácilmente que todo esto no es sino lo que han pretendido los gobiernos de todas las épocas, por lo que el esfuerzo que los señores académicos han realizado para describir la gobernanza tiene el aire de ser, en cierta manera, el parto de los montes.
Si nos vamos a los trabajos científicos publicados, nos encontramos con que la gobernanza se define como “la conversión de la pluralidad de los intereses sociales en una acción unitaria alcanzando las expectativas de los actores sociales” (A. Cerrillo). Y, a partir de ahí, se incorporan al debate muchas expresiones pintorescas como “interacción multinivel” (Fritz Scharpf), “interorganizacional”, el aprendizaje “por prueba y error” (J. Prats) y otras del mismo tenor. La misma Comisión Europea en su Libro Blanco de 2001 la define diciendo que “designa las normas, procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes a nivel europeo, especialmente desde el punto de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia”.
Ahora bien, lo mismo que acabo de señalar respecto del esfuerzo llevado a cabo por la Academia, podemos repetir respecto de este Libro blanco, pues establecer las normas y procesos para garantizar la participación, la responsabilidad o la eficacia es lo que han pretendido todos los sistemas políticos y los gobernantes que en el mundo han sido y no se les ha ocurrido jamás invocar la gobernanza para el ejercicio de su mando.
Dispuestos a seguir indagando en el invento procede avanzar más para tratar de ver al trasluz este concepto. Clave para su comprensión es la idea de red, de red de políticas públicas. El punto de partida es el siguiente: hasta ahora el Gobierno era el órgano encargado de dirigir la política. Así ha ocurrido al menos desde que se transformó el Estado a partir de la revolución liberal. Sin embargo, hoy en día, con una sociedad tan compleja, con tantos actores que forman la convivencia en una enrevesada malla social, esa concepción ya no puede ser mantenida.
Por ello, se impone aceptar que la política es definida por sujetos variados, públicos y privados, entre los cuales se cuenta al Gobierno como un participante más: forma parte del coro pero no es el tenor. Con la gobernanza se rompería el monopolio de la definición de los intereses generales, tradicionalmente confiado al Estado convertido ahora en simple “gestor de interdependencias” (J. Prats). Es en este momento cuando a algunos nos asaltan las dudas.
Cierto es que en el mundo actual han sufrido una dura erosión las ideas sobre el poder para establecer el derecho y para definir las normas jurídicas. Esta quiebra afecta a asuntos muy de fondo: al concepto de la ley, al poder del Parlamento, a los procesos en suma de adopción de decisiones con relevancia pública. Es mérito de la gobernanza haber puesto de manifiesto las carencias de un sistema -el democrático- que exige una meditación rigurosa y, probablemente al cabo, la puesta en pie de nuevos mecanismos representativos que refuercen la identificación de los ciudadanos con el marco donde se relacionan con sus semejantes. Ahora bien, no parece que sea la gobernanza, con su lenguaje de estrambótica complejidad, sus lagunas clamorosas y sus peligrosas conclusiones, el camino adecuado.
Pues en el fondo lo que se discute es, como siempre en la política, la identificación del titular de las decisiones que pretenden conformar la realidad social y establecer los cauces por los que se ha de desarrollar la vida de los ciudadanos como garantía de la libertad de todos. La respuesta tradicional ha sido la voluntad reflejada en los parlamentos y en los gobiernos. Ahora, se nos dice, hay más protagonistas en la arena social que demandan su participación en los procesos de adopción de normas o acuerdos que les afectan pues proliferan las corporaciones, los grupos de intereses, las grandes empresas, las redes transnacionales, etcétera. A esta realidad -innegable- es preciso oponer una observación inicial: todo eso, corporaciones, empresas, grupos de presión, han existido siempre y son localizables desde que existe el Estado: ¿o es que no existían cuando se hicieron en el siglo XIX las leyes de minas, las de ferrocarriles o las de bancos? ¿Es que esa sociedad que ahora se llama civil es un invento de nuestros días? No lo parece; de hecho ha sido tradicionalmente denominada pueblo, nación, sociedad burguesa, etcétera.
Justamente es en medio de esta andadura cuando nuestros antepasados encontraron al Estado y su instrumento más poderoso, el Gobierno, inventos a los que se confía la defensa de valores comunes y medios para intentar estrangular a un tiempo los intereses egoístas de los grupos y las redes de clientelismo a ellos anudados. De ahí que proceda denunciar la palabrería embaucadora y atosigante de los teóricos de la gobernanza. Pues lo que más sorprende de los escritos a ella dedicados, aparte su extravagante lenguaje y su desembarazada sintaxis, es que intentan establecer unos nuevos modos de gestión de los intereses colectivos ignorando los problemas más manifiestos de nuestros sistemas democráticos, en especial, y por lo que a nosotros afecta, del español. Mucha “red” y mucha “transparencia”, mucha “poliarquía deliberativa”, pero señalar con el dedo lo más visible de nuestra realidad, a saber, una democracia envilecida por unos partidos políticos que no pagan sus deudas a los bancos y han degenerado el sistema hasta llevarlo a intolerables prácticas de corrupción, esto parece que no está en la agenda de nuestros expertos en gobernanza. Por ello, a mi entender, ésta no añade nada a una meditación seria sobre una nueva manera de gobernar.
Toma nota, eso sí, de la forma en que se desarrollan hoy las negociaciones y acuerdos que se traban para adoptar las decisiones colectivas. Pero de ahí, de levantar acta de un estado de cosas, a erigir una doctrina correctora, hay un salto para el que la gobernanza carece de la pértiga adecuada. Puede decirse que la gobernanza acampa en el espacio que han dejado vacío las ideologías y como muchos de quienes encarnan el poder público no tienen una idea clara de qué hacer con sus instrumentos, por carecer de una formación adecuada y por carecer asimismo de ideología, es fácil que se dejen acunar por la voz de falsete de quienes gustan de estos abominables neologismos.
La conclusión es: más Gobierno con ideas claras y menos meliflua gobernanza. Es decir, se impone caminar justo en la dirección contraria para recuperar el honor del Estado y de la Política con mayúscula y de las ideas que han de estimularla y dignificarla. Dicho de otra forma, se trata de reivindicar ideales que conformen un ideario y tejan una ideología. Desnudada la gobernanza, cabe concluir que no queda sino una adivinanza que esconde en su seno una trampa enormemente reaccionaria.
(Artículo de Francisco Sosa Wagner, publicado en "El Mundo" el 23 de junio de 2010)
EL VALOR DEL EJEMPLO.
Un joven –21 años– ciego de nacimiento nos deleita con un concierto de piano fantástico. Asistimos a la confirmación de un gran virtuoso, fruto de un esfuerzo y una vocación enormes. Para llegar aquí ha superado muchas dificultades, ha necesitado un gran coraje, una enorme convicción y muchas horas de trabajo. Otros también lo han logrado, pero a él le hemos tenido más cerca, le hemos visto crecer y su éxito resulta más emocionante.
El ejemplo nos llega en un momento oportuno. Tenemos, colectivamente, muchas dificultades; pero están muy distantes de lo que representa no tener vista desde el mismo nacimiento. Este joven la crisis la lleva incorporada a su persona durante los 21 años de su vida. Pero se enfrentó a ella y ha encontrado en su dedicación su salida a esta situación. Ha sustituido su discapacidad por la capacidad de hacernos disfrutar de su habilidad en el piano; traslada a los demás una sensibilidad musical que le convierte en maestro. No es cariño lo que inspira, sino admiración, respeto, reconocimiento.
Si él, individualmente, ha superado su crisis, nosotros –colectivamente– podemos superar la nuestra. Con los mismos instrumentos: esfuerzo, dedicación, voluntad. Seguramente, también ha sido necesaria la solidaridad de los suyos. Solidaridad a veces no complaciente; en ocasiones habrá sido necesario castigar los sentimientos para exigir, para imponer, para no dejarse vencer por la piedad o el cariño, para insistir en la disciplina del esfuerzo, de obligar cuando lo que desearías es ceder. Una solidaridad hecha de cariño y exigencia a la vez. Y nuestra sociedad tiene activos, que no son noticia, muy importantes en este campo. Muchos jóvenes emplean parte de su tiempo en acciones solidarias. Y, para tenerlo presente, nos lo recordaba con su presencia en el concierto del joven maestro el padre de uno de los cooperantes secuestrados. Hay mucha solidaridad que no es titular en los medios de comunicación. De verdad, hay esperanza. A veces, el valor del ejemplo es la mejor enseñanza. La crisis, ahí está; con toda su crudeza y amenazas. Pero podemos salir de ella; no será fácil. Pero tampoco lo tenía fácil el joven músico que nos impresionó con su arte.
(Artículo de Miquel Roca, publicado en "La Vanguardia" el 22 de junio de 2010)
APPARATCHIK.
Muchos son los males que aquejan al empleo público. El pero de ellos es, indudablemente, su desnaturalización. Tengo dicho en estas páginas -18 de febrero- que el empleo público ha dejado de ser una herramienta para el adecuado funcionamiento de las Administraciones y se ha convertido en un instrumento al servicio de una política económica de redistribución de rentas. Ahora debería completar el argumento, añadiendo que también es útil el empleo público para la redistribución de mermas. Precisamente, los recientes recortes salariales adoptados por decreto-ley son una prueba inmejorable del desdén con que se contempla el mundo del empleo público desde las alturas políticas: no importa tanto lo que se hace, quién lo hace ni cómo se hace, sino cuánto gasto supone y cómo se puede cercenar con urgencia.
También contribuyen a la desnaturalización del empleo público otras dolencias, ya inexorablemente enquistadas en el cuerpo institucional del país. Por ejemplo, la desprofesionalización de la función pública. Cuando los técnicos se emplean en tareas jurídicas y los jurídicos en tareas de gestión, los unos o los otros están descolocados. Es habitual, e incluso pretendido expresamente por las leyes desde 1984, que los empleados públicos transiten por la Administración en una especie de "carrera horizontal". Con este recorrido de puesto en puesto, se pretende potenciar su formación y reaprovechar su experiencia. Sin desconocer las virtudes de semejante sistema, resulta evidente que contribuye a privar de la especialización necesaria al desempeño de tantos y tantos puestos de trabajo.
Otro ejemplo de desnaturalización del empleo público se aprecia en la proliferación de la figura de los asesores y de los directivos "todo terreno". En perjuicio del venerable principio de buena administración, el sacrosanto principio democrático parece legitimar este modelo de gestión pública: cualquier político profesional puede colocarse a la cabeza de cualquier departamento y, para operar adecuadamente, puede llevarse consigo a personas de su confianza, captadas de su entorno. Mientras tanto, el personal especialista, reclutado en virtud de estrictos procesos selectivos tan inadecuados e ineficientes como garantistas de la capacidad y aptitud de los candidatos, queda en un segundo plano. Hoy en día, los funcionarios alternan con los "apparatchik" (ya se sabe, los agentes del partido comunista designados como funcionarios independientemente de su formación, que transitaban sucesivamente por los gabinetes, negociados y unidades administrativas sin instrucciones específicas sobre sus responsabilidades). En lugar de las tendencias propias de la "gobernanza", concepto tan hueco pero tan de moda entre los politólogos, la Administración española está siguiendo la estela de la burocracia soviética.
(Artículo de José Luis Bermejo Latre, publicado en "Heraldo de Aragón" el 15 de junio de 2010)
También contribuyen a la desnaturalización del empleo público otras dolencias, ya inexorablemente enquistadas en el cuerpo institucional del país. Por ejemplo, la desprofesionalización de la función pública. Cuando los técnicos se emplean en tareas jurídicas y los jurídicos en tareas de gestión, los unos o los otros están descolocados. Es habitual, e incluso pretendido expresamente por las leyes desde 1984, que los empleados públicos transiten por la Administración en una especie de "carrera horizontal". Con este recorrido de puesto en puesto, se pretende potenciar su formación y reaprovechar su experiencia. Sin desconocer las virtudes de semejante sistema, resulta evidente que contribuye a privar de la especialización necesaria al desempeño de tantos y tantos puestos de trabajo.
Otro ejemplo de desnaturalización del empleo público se aprecia en la proliferación de la figura de los asesores y de los directivos "todo terreno". En perjuicio del venerable principio de buena administración, el sacrosanto principio democrático parece legitimar este modelo de gestión pública: cualquier político profesional puede colocarse a la cabeza de cualquier departamento y, para operar adecuadamente, puede llevarse consigo a personas de su confianza, captadas de su entorno. Mientras tanto, el personal especialista, reclutado en virtud de estrictos procesos selectivos tan inadecuados e ineficientes como garantistas de la capacidad y aptitud de los candidatos, queda en un segundo plano. Hoy en día, los funcionarios alternan con los "apparatchik" (ya se sabe, los agentes del partido comunista designados como funcionarios independientemente de su formación, que transitaban sucesivamente por los gabinetes, negociados y unidades administrativas sin instrucciones específicas sobre sus responsabilidades). En lugar de las tendencias propias de la "gobernanza", concepto tan hueco pero tan de moda entre los politólogos, la Administración española está siguiendo la estela de la burocracia soviética.
(Artículo de José Luis Bermejo Latre, publicado en "Heraldo de Aragón" el 15 de junio de 2010)
LOS ESPAÑOLES ESTAMOS MUY PREOCUPADOS.
Cuando todas las encuestas, desde hace muchos meses, insisten en que las principales preocupaciones son la economía y los políticos, están apuntando bien. El problema es que a esos mismos políticos más que la economía y los problemas de los ciudadanos, lo que más les interesa es su posición de poder y su estrategia de partido. Nadie, o casi nadie, de los que están arruinando las cuentas del Estado ven más allá de su propia miopía. Por eso, siguen igual que siempre, aunque casi todo se derrumbe a su alrededor. Los alcaldes de las ciudades, no todos; los presidentes de las comunidades autónomas, casi todos; y los ministros y líderes políticos con sus cortejos de apoyo, siguen en el fondo pensando que las cosas no son para tanto, y vuelven a plantear proyectos y objetivos que resultan vergonzosos pensando en tantas personas que están padeciendo los efectos de la crisis. Ni siquiera los sindicatos son capaces de salir de la cómoda posición que las subvenciones públicas les proporcionan. Los autónomos, mientras tanto, y muchos trabajadores y parados, despiertan cada día sumidos en la desesperanza.
Mientras, resulta al menos chocante comprobar cómo todos los consellos, asociaciones y otros colectivos que viven del presupuesto público siguen instalados en su cómoda situación, cuando su inexistencia no hubiera impedido hacer nada importante. Pero no se acaba aquí la cadena, porque en la sociedad se ha instalado la idea de que el engaño al Estado, el fraude a la ley, el incumplimiento de las obligaciones por las que reciben remuneración, las actividades ilegales, el fraude fiscal y otras prácticas por el estilo no son más que modos de conducta que todos hacen, también los parados que no quieren trabajar y prefieren seguir cobrando dos años sin hacer nada, también los que utilizan las bajas laborales para evadir sus responsabilidades y asimismo los que, de un modo u otro, han perdido la importancia del sentido del deber.
Hemos hecho una sociedad irresponsable y superficial, la sociedad del Gran Hermano., Una sociedad sin valores, donde la ética se ve como algo anacrónico, donde el acceso a la droga y al alcohol en edades tempranas, cuando todavía no está formada biológicamente la persona, es tolerada por las familias y por las autoridades. Hemos logrado ser los primeros en el paro, en el consumo de droga, en el alcoholismo, en el fracaso escolar, y en otras conductas por el estilo.
España es hoy un país en crisis, pero no solo por la crisis económica, sino también por la crisis de valores. Y eso tarda más en recuperarse que la estabilidad presupuestaria. El problema es que no sabemos adonde ir, porque nos faltan referentes para promover ese cambio que necesitamos. Muchos españoles estamos muy preocupados.
(Artículo de Andrés Precedo, publicado en "La Voz de Galicia" el 14 de junio de 2010)
Mientras, resulta al menos chocante comprobar cómo todos los consellos, asociaciones y otros colectivos que viven del presupuesto público siguen instalados en su cómoda situación, cuando su inexistencia no hubiera impedido hacer nada importante. Pero no se acaba aquí la cadena, porque en la sociedad se ha instalado la idea de que el engaño al Estado, el fraude a la ley, el incumplimiento de las obligaciones por las que reciben remuneración, las actividades ilegales, el fraude fiscal y otras prácticas por el estilo no son más que modos de conducta que todos hacen, también los parados que no quieren trabajar y prefieren seguir cobrando dos años sin hacer nada, también los que utilizan las bajas laborales para evadir sus responsabilidades y asimismo los que, de un modo u otro, han perdido la importancia del sentido del deber.
Hemos hecho una sociedad irresponsable y superficial, la sociedad del Gran Hermano., Una sociedad sin valores, donde la ética se ve como algo anacrónico, donde el acceso a la droga y al alcohol en edades tempranas, cuando todavía no está formada biológicamente la persona, es tolerada por las familias y por las autoridades. Hemos logrado ser los primeros en el paro, en el consumo de droga, en el alcoholismo, en el fracaso escolar, y en otras conductas por el estilo.
España es hoy un país en crisis, pero no solo por la crisis económica, sino también por la crisis de valores. Y eso tarda más en recuperarse que la estabilidad presupuestaria. El problema es que no sabemos adonde ir, porque nos faltan referentes para promover ese cambio que necesitamos. Muchos españoles estamos muy preocupados.
(Artículo de Andrés Precedo, publicado en "La Voz de Galicia" el 14 de junio de 2010)
AUSTERIDAD Y PRIORIDAD.
Me lo cuenta un amigo funcionario: antes compraban botellas de agua mineral de la más cara y ahora llenan jarras con agua del grifo, sobre todo cuando hay reuniones susceptibles de ser fotografiadas por los medios. Ya no hablan de marcas de agua (la última moda antes del crac) y prefieren morir de un ataque de tos antes que probar el anónimo líquido que tienen delante, salido de las prosaicas tuberías que llegan hasta esa oficina de un organismo público que debe dar ejemplo. La austeridad se ha convertido en la palabra fetiche de nuestra época. Recorten por aquí, recorten por allá. Y, sobre todo, recorten en aquello que se ve más y que se identifica con el lujo. El poder democrático necesita mostrarse austero para poder exigir sacrificios sin que el discurso parezca una broma. Hace un año, el político que iba de austero era calificado de avaro o de cutre por sus colegas; hoy, es un modelo que imitar.
Pero la austeridad es la respuesta a otra pregunta, que no tiene nada que ver con la crisis. La austeridad es una actitud deseable siempre cuando se habla del dinero del contribuyente. Y también cuando se habla de los negocios de cada hijo de vecino. A mi otro amigo, un pequeño empresario, le llamaban tonto porque no quería tirarse a la piscina para conseguir esos beneficios espectaculares que, según los enterados, estaban esperando a la vuelta de la esquina. A fecha de hoy, mi amigo mantiene su actividad y todos los empleos que de ella dependen; los mismos que ayer le menospreciaban hoy le envidian, porque ha conseguido mantenerse a flote, incluso sin firmar un solo crédito, a la manera antigua del que no gasta lo que no tiene.
El énfasis actual en la austeridad de los políticos tiene trampa, porque tapa el debate verdaderamente importante: el de la prioridad de las políticas que hay que hacer. De nada me sirve que los gobernantes dejen de beber agua embotellada si las decisiones que toman son tan absurdas como llenar el país de desalinizadoras que funcionan a medio gasy que, además, producen agua potable a un coste energético terriblemente alto. Repito: la austeridad es virtud intemporal; lo sustancial de la crisis es mejorar la calidad de la toma de decisiones, a partir de las necesidades colectivas y del esquema de prioridades que debe contener un programa de gobierno. ¿Qué es lo más necesario para que el país funcione y no pierda oportunidades? Esta es la pregunta que trata a los ciudadanos como adultos. Lo otro, el recorte de coches y comidas oficiales, sirve para calmar los ánimos, pero no pasa de mera gesticulación. Sobre todo si, como ocurre en las Españas, no responde a la tradición. Para entendernos: lo peor de ese conseller que cada día almorzaba en el restaurante más caro (hasta que le avisaron) no es su despilfarro, sino otra cosa, menos visible: la vergonzosa improvisación en su gestión diaria.
(Artículo de Francesc-Marc Álvaro, publicado en "La Vanguardia" el 11 de junio de 2010)
EL ENSAYO FALLIDO.
Toda protesta social termina con una gran discrepancia sobre su éxito. En el caso de la huelga de la función pública, la diferencia de datos es escandalosa: de más de un 60%. Con lo cual, se le puede aplicar aquel cínico principio: hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas de esa huelga. ¿Quién ha medido mal, por no decir que ha mentido? Los indicios apuntan a los sindicatos. Se les puede disculpar por la vieja costumbre de agrandar las cifras. Pero me temo algo peor: piensan de veras que les han seguido casi el 80% de los funcionarios. Con lo que pueden estar en vísperas de iniciar una larga senda de errores que empiezan por una mala medición de fuerza y terminan en la acariciada, anunciada, deseada, pero arriesgada huelga general.
La no huelga de funcionarios ha dejado al descubierto algo que debiera llevar a los dirigentes obreros a una seria reflexión, porque puso de manifiesto dos defectos que afectan a su propia esencia. El primero es el precio de su relación con el Gobierno. Sin duda, el mayor acierto de gestión de Zapatero ha sido su relación con Cándido Méndez y Fernández Toxo. Esa exquisitez hizo que aún hoy se pueda presumir de que se hayan superado los cuatro millones de parados, la sucesión de despidos y los recortes salariales en empresas privadas en un clima de paz social. Toda palabra de gratitud será pequeña ante ese resultado. Pero la sociedad pasa factura por la renuncia al tono reivindicativo, que entiende como entreguismo al poder.
El segundo y fundamental es que los sindicatos no encuentran el cauce de conexión con la sociedad de la crisis. El gran acierto de Nicolás Redondo y Marcelino Camacho en la primera huelga general de la democracia fue que captaron perfectamente la irritación social por la forma de gobernar de Felipe González en aquel momento: era un estilo arrogante, de imposición del rodillo parlamentario, y los ciudadanos querían protestar contra eso. Había necesidad popular de humillar al gobierno, de hacerle bajar la cabeza. El cuerpo social pedía una gran movilización para frenar los excesos del poder. Por eso funcionó y se paralizó totalmente el país. Ahora el cuerpo social pide soluciones, incluso a los sindicatos.
Esas son, a mi juicio, las dos grandes lecciones que deja el ensayo fallido, como lo llamó este diario. Son lecciones que hay que llevar de inmediato a las reflexiones sobre la huelga general. Con su invocación, muchos pensamos que los sindicatos tratan de salvarse a sí mismos, más que a la economía del país: pueden estar proyectando una gran movida para recuperar la sensación de poder y de músculo que han perdido con los funcionarios. Cuidado. Puede ser su autogolpe decisivo. La sociedad, irritada, desalentada y desconfiada, está reclamando arreglos, no conflictos, y empieza a dejar los castigos políticos para las urnas, que es su espacio natural.
(Artículo de Fernando Ónega, publicado en "La Vanguardia" el 10 de junio de 2010)
FRACASO SINDICAL.
La España real, la de los dos millones y medio de funcionarios a los que se les va a aplicar este mes ya un recorte en sus salarios, propinó ayer una sonora bofetada a los sindicatos al no secundar la convocatoria de huelga que habían convocado, entre otros, UGT y CC.OO.
Las demoledoras cifras del escaso seguimiento de la huelga dejan claro que, al menos en esta ocasión, los trabajadores del sector público no se sienten representados por los sindicatos y discrepan de que la solución sean las protestas en la calle. Europa está en una gran crisis económica y España, que confiaba ilusamente en subirse a lomos de la recuperación de Alemania y Francia, ya sabe que este camino hoy no conduce a ningún sitio.
Pero los trabajadores españoles del sector público renunciaron a convertir la calle en un laboratorio de ensayos de huelga general como les pedían los dos grandes sindicatos españoles. Dicho eso, el Gobierno se equivocará si hace una lectura mínimamente complaciente de lo acaecido en el día de ayer. El enfado existe; es real. No es un invento ni de los medios de comunicación ni de una oposición que airadamente trata de tumbar al Ejecutivo. Pero la protesta no se juega en esta ocasión en la calle y la respuesta se aplazará hasta que empiece el ciclo electoral. El Gobierno no gana credibilidad, pero los trabajadores acuciados por la crisis económica no están dispuestos a perder un día de su salario para nada. Es así de sencillo y así de crudo. Veremos si el desenlace de la jornada de huelga lleva o no a reforzar las débiles posiciones mantenidas por el Ejecutivo en la anunciada reforma laboral. El examen, el próximo día 16.
(Artículo de José Antich, publicado en "La Vanguardia" el 9 de junio de 2010)
Las demoledoras cifras del escaso seguimiento de la huelga dejan claro que, al menos en esta ocasión, los trabajadores del sector público no se sienten representados por los sindicatos y discrepan de que la solución sean las protestas en la calle. Europa está en una gran crisis económica y España, que confiaba ilusamente en subirse a lomos de la recuperación de Alemania y Francia, ya sabe que este camino hoy no conduce a ningún sitio.
Pero los trabajadores españoles del sector público renunciaron a convertir la calle en un laboratorio de ensayos de huelga general como les pedían los dos grandes sindicatos españoles. Dicho eso, el Gobierno se equivocará si hace una lectura mínimamente complaciente de lo acaecido en el día de ayer. El enfado existe; es real. No es un invento ni de los medios de comunicación ni de una oposición que airadamente trata de tumbar al Ejecutivo. Pero la protesta no se juega en esta ocasión en la calle y la respuesta se aplazará hasta que empiece el ciclo electoral. El Gobierno no gana credibilidad, pero los trabajadores acuciados por la crisis económica no están dispuestos a perder un día de su salario para nada. Es así de sencillo y así de crudo. Veremos si el desenlace de la jornada de huelga lleva o no a reforzar las débiles posiciones mantenidas por el Ejecutivo en la anunciada reforma laboral. El examen, el próximo día 16.
(Artículo de José Antich, publicado en "La Vanguardia" el 9 de junio de 2010)
LA HIPERSINDICALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
La rebaja de salarios y la huelga de funcionarios, entre otras incidencias de estos días, son un buen pretexto para decir algo que mucha gente piensa, pero que pocos mantienen públicamente, y es que la fuerte sindicalización vivida por el empleo público en España durante los últimos 25 años está en el origen mismo de la crisis que lo aqueja.
Los muchos profesionales con talento y compromiso que trabajan en nuestras administraciones tienen poco que agradecer a un fenómeno que está comprometiendo seriamente la imagen y el futuro de la función pública.
La influencia sindical ha conseguido imponer un patrón integrado de empleo presidido por un prolijo compendio de normas de origen legal y convencional, sobre cuyo funcionamiento los sindicatos ejercen, en general, un alto grado de control.
Este modelo ha favorecido la introducción en el sistema de numerosos elementos disfuncionales como los siguientes:
a) la extensión irrestricta de las garantías laborales pensadas para las funciones de autoridad (jueces, policías, inspectores de tributos, interventores de fondos) a las áreas de prestación de servicios (médicos, profesores, investigadores, promotores de empleo, trabajadores sociales);
b) la introducción de potentes elementos de rigidez en la gestión de recursos humanos, en forma de limitaciones a la asignación de tareas, la movilidad funcional, la promoción profesional o la adaptación de los puestos de trabajo a los cambios;
c) el alejamiento de las retribuciones respecto de sus mercados de referencia, lo que se traduce especialmente en la inflación salarial de los segmentos correspondientes al trabajo menos cualificado, donde se sitúan las clientelas sindicales más numerosas;
d) la progresiva reducción de la jornada laboral, hasta situarla claramente por debajo, no ya del promedio del sector privado, sino de los sectores públicos de nuestro entorno (casi 8 horas semanales inferior a la del empleo público británico o alemán, según datos de la OIT de 2008).
La culpa está repartida. El amateurismo y la superficialidad con que nuestras clases políticas gobernantes –sin distinción de ideología o nivel de administración– han encarado las relaciones laborales en sus ámbitos de responsabilidad constituyen la otra cara de la moneda. Los ciudadanos hemos carecido, salvo contadísimas excepciones, de patronales públicas capacitadas y decididas a salvaguardar nuestros intereses en la negociación colectiva con los sindicatos de funcionarios. Ya se sabe que, cuando prevalece la evitación del conflicto a cualquier precio, alguien pone ese precio y acostumbra a ser alto.
Este estado de cosas ha hecho expandirse como manchas de aceite los procesos de creación de empresas públicas y el outsourcing de servicios públicos, buscando en la autonomía o en el sector privado la flexibilidad y eficiencia perdidas.
Son iniciativas convenientes, a veces, pero que conducen, cuando se extienden irracionalmente, a debilitar la cohesión, el control presupuestario y la rendición de cuentas de las Administraciones Públicas. Curiosa paradoja, que sean los sedicentes defensores de lo público quienes acaben convirtiéndose en los principales agentes de su fragmentación y sustitución por el mercado.
(Artículo de Francisco Longo, publicado en "Expansión" el 8 de junio de 2010)
Los muchos profesionales con talento y compromiso que trabajan en nuestras administraciones tienen poco que agradecer a un fenómeno que está comprometiendo seriamente la imagen y el futuro de la función pública.
La influencia sindical ha conseguido imponer un patrón integrado de empleo presidido por un prolijo compendio de normas de origen legal y convencional, sobre cuyo funcionamiento los sindicatos ejercen, en general, un alto grado de control.
Este modelo ha favorecido la introducción en el sistema de numerosos elementos disfuncionales como los siguientes:
a) la extensión irrestricta de las garantías laborales pensadas para las funciones de autoridad (jueces, policías, inspectores de tributos, interventores de fondos) a las áreas de prestación de servicios (médicos, profesores, investigadores, promotores de empleo, trabajadores sociales);
b) la introducción de potentes elementos de rigidez en la gestión de recursos humanos, en forma de limitaciones a la asignación de tareas, la movilidad funcional, la promoción profesional o la adaptación de los puestos de trabajo a los cambios;
c) el alejamiento de las retribuciones respecto de sus mercados de referencia, lo que se traduce especialmente en la inflación salarial de los segmentos correspondientes al trabajo menos cualificado, donde se sitúan las clientelas sindicales más numerosas;
d) la progresiva reducción de la jornada laboral, hasta situarla claramente por debajo, no ya del promedio del sector privado, sino de los sectores públicos de nuestro entorno (casi 8 horas semanales inferior a la del empleo público británico o alemán, según datos de la OIT de 2008).
La culpa está repartida. El amateurismo y la superficialidad con que nuestras clases políticas gobernantes –sin distinción de ideología o nivel de administración– han encarado las relaciones laborales en sus ámbitos de responsabilidad constituyen la otra cara de la moneda. Los ciudadanos hemos carecido, salvo contadísimas excepciones, de patronales públicas capacitadas y decididas a salvaguardar nuestros intereses en la negociación colectiva con los sindicatos de funcionarios. Ya se sabe que, cuando prevalece la evitación del conflicto a cualquier precio, alguien pone ese precio y acostumbra a ser alto.
Este estado de cosas ha hecho expandirse como manchas de aceite los procesos de creación de empresas públicas y el outsourcing de servicios públicos, buscando en la autonomía o en el sector privado la flexibilidad y eficiencia perdidas.
Son iniciativas convenientes, a veces, pero que conducen, cuando se extienden irracionalmente, a debilitar la cohesión, el control presupuestario y la rendición de cuentas de las Administraciones Públicas. Curiosa paradoja, que sean los sedicentes defensores de lo público quienes acaben convirtiéndose en los principales agentes de su fragmentación y sustitución por el mercado.
(Artículo de Francisco Longo, publicado en "Expansión" el 8 de junio de 2010)
CONTRA EL DESAPEGO CIUDADANO.
El tono vital de la sociedad española atraviesa un momento alarmante. Lo manifiesta el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que reitera la siguiente valoración: una mayoría piensa que la situación económica es mala o muy mala y que dentro de un año será igual o peor; la mayoría entiende también que la situación política es mala o muy mala y que dentro de un año será igual o peor; y cuando se pregunta cuáles son los principales problemas que tiene este país, se responde mayoritariamente que el paro, la situación económica y la clase política. Si se extendiese esta opinión más allá de la coyuntura provocaría en la ciudadanía una especie de nihilismo, la anomia en su intervención pública; en definitiva, el desafecto, que es una de las condiciones para que disminuya la calidad del sistema democrático.
Una medición cuantitativa de la democracia española se hace desde hace tres años en el Informe sobre la Democracia en España (IDE), que edita la Fundación Alternativas. Se trata de una especie de auditoría democrática, concebida por el Human Rigths Center de la Universidad de Essex y adaptada a nuestro país, que trata de evaluar la calidad de la democracia atendiendo a dos criterios básicos: la igualdad política y el control social, entendido este como el derecho de los ciudadanos a influir en las decisiones públicas y en el proceso político. Pues bien, en los dos últimos años -que coinciden con la primera fase de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero- los expertos que contestan consideran que la calidad de la democracia en España ha disminuido casi medio punto (del 6,2 al 5,8 sobre 10) y todos los indicadores ofrecen la misma tendencia descendente.
Pero hay dos campos en que esa tendencia se profundiza en el IDE-2010: los de la economía y la corrupción. Se valora muy negativamente la capacidad del sistema democrático para solucionar la crisis económica; cada año empeora la percepción sobre la verdadera autonomía del Gobierno en el desarrollo de sus políticas frente a los intereses económicos externos; se deteriora de forma acusada la confianza en la acción del Gobierno para resolver los principales problemas de los ciudadanos. En el caso de la corrupción, la profundidad del caso Gürtel es abrasiva y muestra que las irregularidades políticas no solo están directamente vinculadas al urbanismo, sino también a la contratación pública; se multiplica la captura de políticas, el control por grupos de interés de áreas en la política dentro del Estado, de modo que los gobernantes no pueden formular políticas autónomas en ese ámbito. La política urbanística en España ha sido un ejemplo de política capturada por los propietarios del suelo.
No sólo de economía vive el hombre, pero la economía es hoy el principal problema español, y de su mejora depende mucho todo lo demás, incluida la marcha general del sistema democrático, golpeado de modo muy directo por las dudas ciudadanas en torno a la calidad de las respuestas políticas a la crisis, en términos de eficacia y de reparto de las cargas. La profundidad de la crisis interpela al propio sistema democrático y a la percepción ciudadana sobre el mismo. Los principales datos son suficientemente conocidos: estancamiento de la producción, un paro que afecta a una de cada cinco personas de la población activa y que en buena parte se está convirtiendo en estructural, un déficit público superior al 11% del PIB, un endeudamiento público y privado que equivale al 390% del PIB (cerca de cuatro billones de euros), etcétera. De todos ellos, el más excepcional, el que más nos diferencia del resto de los países de nuestro entorno, es la extraordinaria tasa de paro (que se dobla para los menores de 25 años). En la anterior recesión, la de la primera mitad de los años noventa del siglo pasado, España llegó a tener un porcentaje de desempleo del 24,5%; tan sólo 13 años después, en el segundo trimestre del año 2007, esa tasa llegó a bajar al 7,95% (la más baja de la democracia) y se colocó en porcentajes similares a la media europea. Se necesitaron 13 años para igualarnos con la media europea y ello creciendo a porcentajes medios superiores al 3%. Aunque el tamaño, grado de apertura y flexibilidad de la economía española es diferente hoy a la de los años noventa, los agentes sociales tienen más experiencia y las empresas se han internacionalizado, no parece demasiado arriesgado pensar que un esfuerzo similar podría ocupar a nuestro país cerca de una década, un tiempo demasiado largo para aceptarlo como inevitable.
Es por ello que se considera imprescindible un gran acuerdo, un compromiso histórico entre las fuerzas políticas, económicas y sociales en torno a las iniciativas indispensables para el saneamiento y la reforma de la economía española. Un gran acuerdo entre fuerzas diversas, que representen a la mayoría de los ciudadanos, sin sujetar su contenido a una ideología concreta, para evitar la erosión de la confianza y del bienestar, y romper con el desafecto creciente. Un pacto transversal que recorra los distintos ámbitos de la Administración (Estado central, comunidades autónomas y ayuntamientos) y que supere el ámbito de una legislatura para que, gobierne quien gobierne, pueda aplicar lo consensuado durante el tiempo que sea necesario. Un pacto de austeridad compartido, de saneamiento y reformas. No sea que se repita en el siglo XXI lo que Indalecio Prieto describe en sus Convulsiones de España: "No entender políticamente el mundo de la crisis económica y no presentar ante él una política económica coherente constituyó una de las causas del fracaso de la II República".
No sólo la economía y la corrupción desmoralizan a los ciudadanos y les hacen valorar lo que ahora estamos sufriendo como una crisis institucional. La politización de la justicia en sus más altos niveles, el mercadeo de cargos en una especie de lottización, la tardanza en resolver algunos de los casos (el más paradigmático, el de la constitucionalidad del Estatut de Cataluña, que ha renovado algunas de las visiones más esencialistas en latente conflicto sobre la estructura territorial del Estado) conducen a un amplio desapego ciudadano, un deterioro de las relaciones sociales y el desgaste de algunas de las instituciones centrales del sistema constitucional.
Y también, y en primer plano, la actitud de los principales partidos ante esta situación. Hasta ahora, ha prevalecido el desgaste del contrario mucho más que el interés por el bienestar general de los ciudadanos. Las principales formaciones políticas no parecen haber entendido esta situación de excepcionalidad y emergencia. Un Gobierno no puede presentarse a unas elecciones generales con las variables económicas citadas, con garantías de ganarlas: el nivel de riesgo es muy alto. Y una oposición responsable tampoco, so pena de empezar a gobernar tras los comicios con un rápido deterioro de sus apoyos políticos y sociales, por tener que aplicar una política de austeridad extrema, más que un programa de ajuste clásico. Sería un suicidio, y sin embargo es previsible que ello vaya a sobrevenir; hasta ahora es lo que ha acaecido.
Pocas veces se ha tenido la sensación de que el Ejecutivo de Zapatero se haya esforzado en ese gran acuerdo (excepto en el caso de la educación) ni el PP de Rajoy ha comparecido cuando la sociedad se lo ha demandado. Con compromiso histórico o sin él, un momento excepcional como el que atraviesa el país requiere liderazgos claros. Un liderazgo que solo sirva para enardecer a los propios con el fin de unirlos férreamente y para enervar al contrario es un liderazgo de corto vuelo; un liderazgo incapaz de proporcionar una visión de hacia dónde se va y de hacer reformas dolorosas, aunque sean impopulares, no es un verdadero liderazgo. Ello vale para el Gobierno y para la oposición.
Hace poco, en unas declaraciones a este periódico, el politólogo Iván Krastov lo resumía de este modo: "Como testigos de un colapso de la confianza en las élites políticas y empresariales (...) las elecciones están perdiendo su significado de opción entre alternativas y se transforman en procesos a las élites. Así, la democracia ya no es cuestión de confianza sino más bien de gestión de la desconfianza".
(Artículo de Joaquín Estefanía, publicado en "El País" el 4 de junio de 2010)
Una medición cuantitativa de la democracia española se hace desde hace tres años en el Informe sobre la Democracia en España (IDE), que edita la Fundación Alternativas. Se trata de una especie de auditoría democrática, concebida por el Human Rigths Center de la Universidad de Essex y adaptada a nuestro país, que trata de evaluar la calidad de la democracia atendiendo a dos criterios básicos: la igualdad política y el control social, entendido este como el derecho de los ciudadanos a influir en las decisiones públicas y en el proceso político. Pues bien, en los dos últimos años -que coinciden con la primera fase de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero- los expertos que contestan consideran que la calidad de la democracia en España ha disminuido casi medio punto (del 6,2 al 5,8 sobre 10) y todos los indicadores ofrecen la misma tendencia descendente.
Pero hay dos campos en que esa tendencia se profundiza en el IDE-2010: los de la economía y la corrupción. Se valora muy negativamente la capacidad del sistema democrático para solucionar la crisis económica; cada año empeora la percepción sobre la verdadera autonomía del Gobierno en el desarrollo de sus políticas frente a los intereses económicos externos; se deteriora de forma acusada la confianza en la acción del Gobierno para resolver los principales problemas de los ciudadanos. En el caso de la corrupción, la profundidad del caso Gürtel es abrasiva y muestra que las irregularidades políticas no solo están directamente vinculadas al urbanismo, sino también a la contratación pública; se multiplica la captura de políticas, el control por grupos de interés de áreas en la política dentro del Estado, de modo que los gobernantes no pueden formular políticas autónomas en ese ámbito. La política urbanística en España ha sido un ejemplo de política capturada por los propietarios del suelo.
No sólo de economía vive el hombre, pero la economía es hoy el principal problema español, y de su mejora depende mucho todo lo demás, incluida la marcha general del sistema democrático, golpeado de modo muy directo por las dudas ciudadanas en torno a la calidad de las respuestas políticas a la crisis, en términos de eficacia y de reparto de las cargas. La profundidad de la crisis interpela al propio sistema democrático y a la percepción ciudadana sobre el mismo. Los principales datos son suficientemente conocidos: estancamiento de la producción, un paro que afecta a una de cada cinco personas de la población activa y que en buena parte se está convirtiendo en estructural, un déficit público superior al 11% del PIB, un endeudamiento público y privado que equivale al 390% del PIB (cerca de cuatro billones de euros), etcétera. De todos ellos, el más excepcional, el que más nos diferencia del resto de los países de nuestro entorno, es la extraordinaria tasa de paro (que se dobla para los menores de 25 años). En la anterior recesión, la de la primera mitad de los años noventa del siglo pasado, España llegó a tener un porcentaje de desempleo del 24,5%; tan sólo 13 años después, en el segundo trimestre del año 2007, esa tasa llegó a bajar al 7,95% (la más baja de la democracia) y se colocó en porcentajes similares a la media europea. Se necesitaron 13 años para igualarnos con la media europea y ello creciendo a porcentajes medios superiores al 3%. Aunque el tamaño, grado de apertura y flexibilidad de la economía española es diferente hoy a la de los años noventa, los agentes sociales tienen más experiencia y las empresas se han internacionalizado, no parece demasiado arriesgado pensar que un esfuerzo similar podría ocupar a nuestro país cerca de una década, un tiempo demasiado largo para aceptarlo como inevitable.
Es por ello que se considera imprescindible un gran acuerdo, un compromiso histórico entre las fuerzas políticas, económicas y sociales en torno a las iniciativas indispensables para el saneamiento y la reforma de la economía española. Un gran acuerdo entre fuerzas diversas, que representen a la mayoría de los ciudadanos, sin sujetar su contenido a una ideología concreta, para evitar la erosión de la confianza y del bienestar, y romper con el desafecto creciente. Un pacto transversal que recorra los distintos ámbitos de la Administración (Estado central, comunidades autónomas y ayuntamientos) y que supere el ámbito de una legislatura para que, gobierne quien gobierne, pueda aplicar lo consensuado durante el tiempo que sea necesario. Un pacto de austeridad compartido, de saneamiento y reformas. No sea que se repita en el siglo XXI lo que Indalecio Prieto describe en sus Convulsiones de España: "No entender políticamente el mundo de la crisis económica y no presentar ante él una política económica coherente constituyó una de las causas del fracaso de la II República".
No sólo la economía y la corrupción desmoralizan a los ciudadanos y les hacen valorar lo que ahora estamos sufriendo como una crisis institucional. La politización de la justicia en sus más altos niveles, el mercadeo de cargos en una especie de lottización, la tardanza en resolver algunos de los casos (el más paradigmático, el de la constitucionalidad del Estatut de Cataluña, que ha renovado algunas de las visiones más esencialistas en latente conflicto sobre la estructura territorial del Estado) conducen a un amplio desapego ciudadano, un deterioro de las relaciones sociales y el desgaste de algunas de las instituciones centrales del sistema constitucional.
Y también, y en primer plano, la actitud de los principales partidos ante esta situación. Hasta ahora, ha prevalecido el desgaste del contrario mucho más que el interés por el bienestar general de los ciudadanos. Las principales formaciones políticas no parecen haber entendido esta situación de excepcionalidad y emergencia. Un Gobierno no puede presentarse a unas elecciones generales con las variables económicas citadas, con garantías de ganarlas: el nivel de riesgo es muy alto. Y una oposición responsable tampoco, so pena de empezar a gobernar tras los comicios con un rápido deterioro de sus apoyos políticos y sociales, por tener que aplicar una política de austeridad extrema, más que un programa de ajuste clásico. Sería un suicidio, y sin embargo es previsible que ello vaya a sobrevenir; hasta ahora es lo que ha acaecido.
Pocas veces se ha tenido la sensación de que el Ejecutivo de Zapatero se haya esforzado en ese gran acuerdo (excepto en el caso de la educación) ni el PP de Rajoy ha comparecido cuando la sociedad se lo ha demandado. Con compromiso histórico o sin él, un momento excepcional como el que atraviesa el país requiere liderazgos claros. Un liderazgo que solo sirva para enardecer a los propios con el fin de unirlos férreamente y para enervar al contrario es un liderazgo de corto vuelo; un liderazgo incapaz de proporcionar una visión de hacia dónde se va y de hacer reformas dolorosas, aunque sean impopulares, no es un verdadero liderazgo. Ello vale para el Gobierno y para la oposición.
Hace poco, en unas declaraciones a este periódico, el politólogo Iván Krastov lo resumía de este modo: "Como testigos de un colapso de la confianza en las élites políticas y empresariales (...) las elecciones están perdiendo su significado de opción entre alternativas y se transforman en procesos a las élites. Así, la democracia ya no es cuestión de confianza sino más bien de gestión de la desconfianza".
(Artículo de Joaquín Estefanía, publicado en "El País" el 4 de junio de 2010)
Pánico entre los altos cargos.
El compromiso adquirido por el Govern de la Generalitat de reducir en un 5 por ciento el número de altos cargos ha desatado las especulaciones y también el pánico en algunos negociados. La criba afectará a entre 10 y 12 personas. Lo decidirá la Comissió de Coordinació Corporativa, que deberá señalar quiénes son los que no hacen ninguna falta.
( tomado de , La Vanguardia, 4 de junio de 2010).
( tomado de , La Vanguardia, 4 de junio de 2010).
GRASA O ARENA.
La corrupción no es un mal crónico como el reuma o los cálculos de la vejiga. La corrupción es un mal que no suele tener buena prensa, aunque en esto pasa como con el periodismo de investigación mal entendido, que, en función del pie del que uno cojee, sólo investiga a los que no son de la misma cuerda. Pero investigación, y a nivel internacional, no falta. Es más, la corrupción, al haberse ganado un lugar en la agenda global, es una fuente inagotable de literatura de no ficción.
El Banco Mundial calculó en el 2004 que políticos, ex políticos de conveniencia y oficiales de todo el mundo habrían recibido sobornos por un billón de dólares anuales, cifra nada despreciable, especialmente si se tiene en cuenta que la citada fuente estimó que la economía global en el año 2002 ascendía a unos 30 billones de dólares. Y en el 2005 un think tank ruso, Indem, afirmó que los sobornos se habían disparado en el país de Vladimir Putin hasta alcanzar anualmente los 300.000 millones de dólares, es decir, diez veces más que cuatro años antes; según esta fuente, más de la mitad de los ciudadanos rusos han sufrido lo que en México se conoce por mordida. En el 2005, sin embargo, la impunidad, afortunadamente, no cubrió a todos. La corrupción obligó a dimitir al primer ministro de Ucrania, al vicepresidente de Sudáfrica, a varios ministros de Kenia y al líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
El Banco Mundial no es la única institución que ha reaccionado ante el hecho de que la corrupción parezca un sector emergente de la economía no productiva. La ONU, por ejemplo, aprobó en diciembre del 2003 una convención contra la corrupción que fue firmada por 140 países. Pero la corrupción sigue siendo un negocio boyante, según los escenarios.
¿Puede ser la corrupción, como dicen quienes la ejercen, beneficiosa para la economía? A simple vista, la pregunta suena a provocación, pero no faltan quienes así opinan, incluidos algunos economistas. Es la hipótesis de la grasa que facilita el movimiento de la rueda. Según esta teoría, que en la década de los ochenta fue defendida por F.T. Lui, a quien no hay que confundir con Luigi, la corrupción puede ser beneficiosa en los casos en que una burocracia ineficiente representa un obstáculo para el desarrollo de la actividad económica. Lui, autor de An equilibrium queuing model of bribery, ilustra su teoría con el caso de un oficial que, tras ser engrasado, hace que la cola ante una ventanilla pública sea mucho más llevadera. Que se sepa, de la recalificación de determinados terrenos o de los trajes a medida que uno se corrompe no dice nada.
La idea opuesta a la hipótesis de la grasa es, claro está, la de la arena, que es lo que la corrupción echa en realidad a la rueda de la actividad económica. La corrupción, y no es ninguna teoría, distorsiona los mercados, erosiona la legitimidad de un gobierno, corroe la integridad del sector privado, dinamita el imperio de la ley e inyecta cinismo a los ciudadanos, que entonces ya entienden por qué los pisos van tan caros.
(Artículo de Xavier Batalla, publicado en "La Vanguardia" el 30 de mayo de 2010)
EL AJUSTE NOS DEJA EN EUROPA.
Por un solo voto, el ajuste superó ayer, en un ambiente muy caldeado, el trámite de la convalidación parlamentaria. El nacionalismo moderado catalán puede apuntarse una vez más el mérito de haber representado el sentido del Estado en una Cámara desorientada por la complejidad de la coyuntura y minada por la mediocridad general y por las exorbitantes ambiciones de pescadores a río revuelto. Porque lo cierto es que, como en los mejores tiempos, el grupo político fundado por Jordi Pujol ha sacado las castañas del fuego al país en una grave encrucijada. De cualquier modo, Zapatero, que ha estado sobre el filo de la navaja, sale muy debilitado de este envite, y es probable que la legislatura tenga sus días contados (CiU ya anunciado que no apoyará los presupuestos del año próximo), pero éste es un asunto interno que los españoles podremos y sabremos resolver. Lo que ayer era importante era dar una respuesta satisfactoria al reto europeo.Era obvio –y así se ha comentado con fruición en ciertos círculos complacidos con las perspectivas catastróficas– que si el Gobierno no hubiese conseguido sacar adelante el recorte del gasto que nos reconcilia con el núcleo duro de la Unión Europea nos hubiéramos abocado a una situación de excepcionalidad, imposible de resolver sin soluciones también extremas: o convocatoria inmediata de elecciones –quizá precedida por una moción de confianza–, o un gobierno de coalición. Pero el traumatismo interno hubiese sido irrelevante en comparación con el destrozo que se hubiera causado a nuestra pertenencia europea. De no haber prosperado el ajuste, España se habría convertido en un paria a los ojos de los demás miembros de la Eurozona. El "no" hubiera hecho de este país un solar asilvestrado en el que las querellas y rivalidades internas habrían impedido la cabal alineación de los españoles con la preocupación colectiva y la puesta en común de soluciones coordinadas a los problemas. Es extraño que el PP haya querido pasar a la pequeña historia de la legislatura con esta pretensión en sus alforjas.
Superado momentáneamente el riesgo, la zozobra sigue sin embargo atenazándonos, como siempre ocurre cuando se ha estado al borde del precipicio. Y aunque sea perfectamente lícito reconocer que cualquier decisión, en democracia, es opinable porque siempre existen opciones alternativas, quizá sea preciso revisar si no hemos hecho aquí del disenso un camino de avance demasiado sistemático. En momentos de crisis, la capacidad de consenso es una virtud, que al parecer no poseen nuestros políticos. Porque es sencillamente escandaloso que, al contrario de lo que ocurre en toda la Eurozona, PP y PSOE hayan sido incapaces de conseguir acuerdo alguno en la difícil gestión de la crisis y de la recuperación económica (salvo la tímida aproximación en la reforma del sistema financiero que pactaron Zapatero y Rajoy en su última reunión del 5 de mayo en Moncloa). Ya se sabe que ambas partes están cargadas de potentísimos argumentos para culpar al otro de este dislate pero la sociedad de este país, dotada de una acreditada sabiduría, tiene ya formado el criterio de que la responsabilidad de esta incapacidad corresponde por igual a ambas partes. En nuestro Parlamento no hay estadistas y la provisión de sentido del Estado entre los escaños perfectamente descriptible.
(Artículo de Antonio Papell, publicado en "Diario de Mallorca" el 28 de mayo de 2010)
Superado momentáneamente el riesgo, la zozobra sigue sin embargo atenazándonos, como siempre ocurre cuando se ha estado al borde del precipicio. Y aunque sea perfectamente lícito reconocer que cualquier decisión, en democracia, es opinable porque siempre existen opciones alternativas, quizá sea preciso revisar si no hemos hecho aquí del disenso un camino de avance demasiado sistemático. En momentos de crisis, la capacidad de consenso es una virtud, que al parecer no poseen nuestros políticos. Porque es sencillamente escandaloso que, al contrario de lo que ocurre en toda la Eurozona, PP y PSOE hayan sido incapaces de conseguir acuerdo alguno en la difícil gestión de la crisis y de la recuperación económica (salvo la tímida aproximación en la reforma del sistema financiero que pactaron Zapatero y Rajoy en su última reunión del 5 de mayo en Moncloa). Ya se sabe que ambas partes están cargadas de potentísimos argumentos para culpar al otro de este dislate pero la sociedad de este país, dotada de una acreditada sabiduría, tiene ya formado el criterio de que la responsabilidad de esta incapacidad corresponde por igual a ambas partes. En nuestro Parlamento no hay estadistas y la provisión de sentido del Estado entre los escaños perfectamente descriptible.
(Artículo de Antonio Papell, publicado en "Diario de Mallorca" el 28 de mayo de 2010)
EL GOBIERNO DE LOS JUECES.
El Consejo General del Poder Judicial nombra, entre otros, a los presidentes de los tribunales y a los magistrados del Tribunal Supremo y de las salas penales de los Tribunales Superiores de Justicia que tienen, por ejemplo, que enjuiciar a los políticos y jueces aforados. Los presidentes son esenciales para el buen funcionamiento de los tribunales; los altos magistrados, para el mantenimiento del consenso social en torno a la justa aplicación de la ley.
Aunque las asociaciones no pueden tener vínculos con partidos y sindicatos, obran como ambos a la vez
En el actual debate sobre la crisis institucional y la politización de la justicia hay que incluir la de su cúpula de presidentes y magistrados, que viene de la inmemorial crisis del Consejo. Muchos de los nombramientos han sido hechos desde hace años con criterios de afinidad política y clientelismo asociativo. No puede extrañar, entonces, que con frecuencia se resienta la gestión de los tribunales y aflore la política en la aplicación de la ley.
Cuando la crisis institucional de la justicia obedece a causas profundas, la labor de gobernar, no solo la de gobernar a los jueces, consiste en solucionar la crisis institucional, y no solo en reiterar las llamadas al respeto a las instituciones. El respeto tiene que asentarse en la simultánea voluntad de regenerar las instituciones en crisis.
Conviene aclarar que los nombramientos por afinidad política y clientelismo se producen fundamentalmente por la influencia de las asociaciones de jueces que siempre han estado más representadas en el Consejo del Poder Judicial, es decir, la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia y, singularmente, de la mayoritaria APM, cuya sintonía con el Partido Popular es evidente.
Es útil recordar que los grupos parlamentarios seleccionaron a los vocales judiciales del Consejo de entre aquellos jueces que previamente habían sido elegidos por sus propias asociaciones, y que todos los candidatos elegidos por los jueces no asociados fueron ignorados por el Parlamento. El resultado es que 11 de los 12 vocales judiciales pertenecen a las dos asociaciones mencionadas. La politización del Consejo es, por tanto, ante todo corporativa. La responsabilidad del Parlamento fue preterir a los jueces no asociados y fortalecer hasta límites incomprensibles en un Estado moderno el poder de dos asociaciones de jueces en el Consejo del Poder Judicial.
Aunque las asociaciones de jueces tienen prohibido tener vinculaciones con partidos y sindicatos, la realidad es que se comportan como ambos a la vez. Como sindicato, la APM ha llegado a convocar una huelga de jueces al pretendido amparo de la legislación laboral. Como partido, las asociaciones más representadas en el Consejo condicionan todas las medidas trascendentes de la política judicial, incluso aquellas que no forman parte de sus fines lícitos, como los nombramientos de la cúpula judicial, y, en concreto, dirigen desde hace años, con la connivencia cómplice de algunos vocales no judiciales, los pactos para el reparto de las presidencias y altas magistraturas.
A través de aquellos de sus representantes en el Consejo que asumen la función de delegados de la asociación que los eligió o de alguna de sus corrientes internas, los comités directivos de estas asociaciones gobiernan, en realidad, a los jueces. De hecho, la mayor parte de los vocales judiciales del Consejo siguen interviniendo en las reuniones de sus asociaciones, aunque no son asociados, porque no son jueces en activo.
El resultado de este dominio corporativo sobre el gobierno de los jueces es que los, aproximadamente, 4.700 jueces, la mayor parte de ellos no asociados, son gobernados como si fueran un gremio medieval dentro de un Estado moderno. Los dirigentes de las asociaciones que gobiernan realmente a los jueces son, en efecto, elegidos por sus asociados y, a diferencia de los partidos políticos, no tienen la obligación de someter su política a la legitimación periódica de los votos de los ciudadanos.
Es urgente terminar con este estado de cosas. Gobernar exige resolver los problemas de la sociedad, y el mal funcionamiento del servicio público de la justicia es, sin duda, un problema. El consenso social en torno a las instituciones depende de que sean percibidas por los ciudadanos como leales cumplidoras de sus obligaciones. Tras la esperanza por el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la realidad perversa vuelve a imponerse en el Consejo. Vista la persistencia de los delegados de sus asociaciones o de alguna de sus corrientes en seguir jugando al reparto de las presidencias, incluso las de las salas del Tribunal Supremo, el manifiesto de los jueces que han constituido la Plataforma por la Despolitización de la Justicia tiene razón cuando reclama la elección democrática por los jueces de los órganos de gobierno interno de los tribunales.
Hay muchas formas de garantizar la limpieza de esas elecciones y de incentivar la presencia de jueces no asociados en la cúpula judicial. Hoy por hoy, estos son esenciales para su despolitización. A ello debería seguir la reforma del sistema de selección de los magistrados del Tribunal Supremo y de las salas penales de los Tribunales Superiores de Justicia, así como del sistema parlamentario de elección de los vocales judiciales del Consejo, para que estuviera garantizada la presencia proporcional de jueces no asociados en él.
Introducir democracia y aire fresco en el rancio sistema de nombramientos de la cúpula judicial es el punto de partida ineludible para hacer la transición desde un sistema gremial de gobierno de los jueces al de un Estado moderno y para avanzar hacia la despolitización de las altas magistraturas.
(Artículo de José Manuel Gómez Benítez, publicado en "El País" el 22 de mayo de 2010)
Aunque las asociaciones no pueden tener vínculos con partidos y sindicatos, obran como ambos a la vez
En el actual debate sobre la crisis institucional y la politización de la justicia hay que incluir la de su cúpula de presidentes y magistrados, que viene de la inmemorial crisis del Consejo. Muchos de los nombramientos han sido hechos desde hace años con criterios de afinidad política y clientelismo asociativo. No puede extrañar, entonces, que con frecuencia se resienta la gestión de los tribunales y aflore la política en la aplicación de la ley.
Cuando la crisis institucional de la justicia obedece a causas profundas, la labor de gobernar, no solo la de gobernar a los jueces, consiste en solucionar la crisis institucional, y no solo en reiterar las llamadas al respeto a las instituciones. El respeto tiene que asentarse en la simultánea voluntad de regenerar las instituciones en crisis.
Conviene aclarar que los nombramientos por afinidad política y clientelismo se producen fundamentalmente por la influencia de las asociaciones de jueces que siempre han estado más representadas en el Consejo del Poder Judicial, es decir, la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia y, singularmente, de la mayoritaria APM, cuya sintonía con el Partido Popular es evidente.
Es útil recordar que los grupos parlamentarios seleccionaron a los vocales judiciales del Consejo de entre aquellos jueces que previamente habían sido elegidos por sus propias asociaciones, y que todos los candidatos elegidos por los jueces no asociados fueron ignorados por el Parlamento. El resultado es que 11 de los 12 vocales judiciales pertenecen a las dos asociaciones mencionadas. La politización del Consejo es, por tanto, ante todo corporativa. La responsabilidad del Parlamento fue preterir a los jueces no asociados y fortalecer hasta límites incomprensibles en un Estado moderno el poder de dos asociaciones de jueces en el Consejo del Poder Judicial.
Aunque las asociaciones de jueces tienen prohibido tener vinculaciones con partidos y sindicatos, la realidad es que se comportan como ambos a la vez. Como sindicato, la APM ha llegado a convocar una huelga de jueces al pretendido amparo de la legislación laboral. Como partido, las asociaciones más representadas en el Consejo condicionan todas las medidas trascendentes de la política judicial, incluso aquellas que no forman parte de sus fines lícitos, como los nombramientos de la cúpula judicial, y, en concreto, dirigen desde hace años, con la connivencia cómplice de algunos vocales no judiciales, los pactos para el reparto de las presidencias y altas magistraturas.
A través de aquellos de sus representantes en el Consejo que asumen la función de delegados de la asociación que los eligió o de alguna de sus corrientes internas, los comités directivos de estas asociaciones gobiernan, en realidad, a los jueces. De hecho, la mayor parte de los vocales judiciales del Consejo siguen interviniendo en las reuniones de sus asociaciones, aunque no son asociados, porque no son jueces en activo.
El resultado de este dominio corporativo sobre el gobierno de los jueces es que los, aproximadamente, 4.700 jueces, la mayor parte de ellos no asociados, son gobernados como si fueran un gremio medieval dentro de un Estado moderno. Los dirigentes de las asociaciones que gobiernan realmente a los jueces son, en efecto, elegidos por sus asociados y, a diferencia de los partidos políticos, no tienen la obligación de someter su política a la legitimación periódica de los votos de los ciudadanos.
Es urgente terminar con este estado de cosas. Gobernar exige resolver los problemas de la sociedad, y el mal funcionamiento del servicio público de la justicia es, sin duda, un problema. El consenso social en torno a las instituciones depende de que sean percibidas por los ciudadanos como leales cumplidoras de sus obligaciones. Tras la esperanza por el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la realidad perversa vuelve a imponerse en el Consejo. Vista la persistencia de los delegados de sus asociaciones o de alguna de sus corrientes en seguir jugando al reparto de las presidencias, incluso las de las salas del Tribunal Supremo, el manifiesto de los jueces que han constituido la Plataforma por la Despolitización de la Justicia tiene razón cuando reclama la elección democrática por los jueces de los órganos de gobierno interno de los tribunales.
Hay muchas formas de garantizar la limpieza de esas elecciones y de incentivar la presencia de jueces no asociados en la cúpula judicial. Hoy por hoy, estos son esenciales para su despolitización. A ello debería seguir la reforma del sistema de selección de los magistrados del Tribunal Supremo y de las salas penales de los Tribunales Superiores de Justicia, así como del sistema parlamentario de elección de los vocales judiciales del Consejo, para que estuviera garantizada la presencia proporcional de jueces no asociados en él.
Introducir democracia y aire fresco en el rancio sistema de nombramientos de la cúpula judicial es el punto de partida ineludible para hacer la transición desde un sistema gremial de gobierno de los jueces al de un Estado moderno y para avanzar hacia la despolitización de las altas magistraturas.
(Artículo de José Manuel Gómez Benítez, publicado en "El País" el 22 de mayo de 2010)
Altos funcionarios británicos denuncian gastos injustificados del Gobierno laborista
W. OPPENHEIMER - Londres - 19/05/2010, EL PAIS
Los primeros cadáveres contables en los armarios del laborismo británico fueron expuestos el martes por Jonathan Baume, secretario general de un sindicato de funcionarios que agrupa a más de 18.000 altos cargos. Baume reveló que varios mandarines, como se conoce a los funcionarios más poderosos, exigieron a sus superiores políticos instrucciones escritas sobre gastos que consideraban injustificados. Se trata de una protesta formal nada habitual, y significa que el funcionario cree que ese gasto tiene un objetivo político y no de gestión de Gobierno.
"Cuando un secretario permanente [máximo funcionario de carrera en cada ministerio] pide una carta de orientación a su ministro es porque cree que es una decisión grave que cree que no está bien", declaró Baume a la BBC. "Es tan poco habitual que algunos la comparan al botón nuclear. Cuando se da el caso tiende a ser por una decisión de un gasto elevado", añadió.
El primer ministro conservador, David Cameron, ha asegurado que sus ministros han encontrado algunos ejemplos de gastos "disparatados", y el secretario-jefe del Tesoro, el liberal-demócrata David Laws, declaró: "Estamos muy preocupados porque en los últimos meses ha habido muchos compromisos de gasto que algunos creen que no eran rentables". Sobre todo en estos tiempos de ajuste de las cuentas públicas.
La denuncia se produce cuando aún no hace una semana que los laboristas abandonaron el Gobierno. El antecesor de Laws, Liam Byrne, le dejó una nota de despedida que pretendía ser graciosa: "Me temo que no ha quedado ningún dinero en la caja".
La actividad parlamentaria tras las elecciones arrancó ayer con la reelección del conservador John Bercow como speaker o presidente de la Cámara. Tras delicadas negociaciones entre los partidos que integran la coalición, Cameron apareció por primera vez en el banco del Gobierno flanqueado por el viceprimer ministro y líder de los liberal-demócratas, Nick Clegg, y por el jefe del Foreign Office, William Hague.
En sus primeras palabras desde el banco del Gobierno, Cameron arrancó risas al subrayar que, con tantas caras nuevas, "muchos estamos sentados junto a gente con la que nunca nos habíamos sentado antes". Lo dijo sin darse cuenta de que parecía que se refería a su compañero de coalición, Nick Clegg.
LA HORA DE LA VERDAD.
Algunos dicen que las medidas anunciadas por el Gobierno llegan tarde y son insuficientes. Puede ser, pero van en la buena dirección. Y esto es bastante o debe serlo para no regatear apoyos absolutamente imprescindibles si se comparte que la situación requiere de esfuerzos y sacrificios para superarla. El Gobierno ha rectificado errores y absurdas resistencias para aceptar la cruda realidad; esto puede ser denunciado y criticado, pero ahora corresponde a todos compartir decisiones básicas para el futuro económico del país.
Estas medidas –y las que vendrán– no son el resultado de ningún capricho. Son medidas que nos vienen impuestas desde la Unión Europea y desde el FMI como requisito de credibilidad. Si España quiere contar con la ayuda internacional para hacer frente a sus necesidades financieras, debe aceptar que los que van a prestarle dicha ayuda le pongan condiciones orientadas a ganar su confianza. Debemos hacer nuestros deberes para demostrar que nos tomamos en serio la lucha contra el déficit público. Y este objetivo debe ser compartido por todos.
Queda aún mucho margen para la crítica política. Los discursos solidarios no son incompatibles con las críticas sobre la responsabilidad del por qué estamos así y por qué nos vemos precisados de soluciones tan drásticas y sacrificadas. Incluso, subjetivamente, injustas para los más castigados. Todo ello, siendo verdad, no excluye de la responsabilidad que a todos alcanza de ser solidarios en los objetivos que impone una política de urgente y acelerada reducción del déficit público.
Con este Gobierno o con otro; con estos protagonistas o con otros nuevos. Pero el objetivo será el mismo y compartirlo, una obligación. ¡Que nadie quiera ganar votos mediante la demagogia o la frivolidad! ¡Este camino ya lo hemos practicado y ya se ve cómo nos ha ido! Sólo son aceptables las críticas que se acompañen de propuestas concretas con el mismo objetivo de reducir el déficit e incentivar la creación de puestos de trabajo. Y criticar sin proponer no vale. Ni simplemente denunciar lo obvio; ni sólo inventariar errores tan graves como conocidos. Con esto, ahora, no basta. Para todos, ha llegado la hora de la verdad.
(Artículo de Miquel Roca, publicado en "La Vanguardia" el 18 de mayo de 2010)
Estas medidas –y las que vendrán– no son el resultado de ningún capricho. Son medidas que nos vienen impuestas desde la Unión Europea y desde el FMI como requisito de credibilidad. Si España quiere contar con la ayuda internacional para hacer frente a sus necesidades financieras, debe aceptar que los que van a prestarle dicha ayuda le pongan condiciones orientadas a ganar su confianza. Debemos hacer nuestros deberes para demostrar que nos tomamos en serio la lucha contra el déficit público. Y este objetivo debe ser compartido por todos.
Queda aún mucho margen para la crítica política. Los discursos solidarios no son incompatibles con las críticas sobre la responsabilidad del por qué estamos así y por qué nos vemos precisados de soluciones tan drásticas y sacrificadas. Incluso, subjetivamente, injustas para los más castigados. Todo ello, siendo verdad, no excluye de la responsabilidad que a todos alcanza de ser solidarios en los objetivos que impone una política de urgente y acelerada reducción del déficit público.
Con este Gobierno o con otro; con estos protagonistas o con otros nuevos. Pero el objetivo será el mismo y compartirlo, una obligación. ¡Que nadie quiera ganar votos mediante la demagogia o la frivolidad! ¡Este camino ya lo hemos practicado y ya se ve cómo nos ha ido! Sólo son aceptables las críticas que se acompañen de propuestas concretas con el mismo objetivo de reducir el déficit e incentivar la creación de puestos de trabajo. Y criticar sin proponer no vale. Ni simplemente denunciar lo obvio; ni sólo inventariar errores tan graves como conocidos. Con esto, ahora, no basta. Para todos, ha llegado la hora de la verdad.
(Artículo de Miquel Roca, publicado en "La Vanguardia" el 18 de mayo de 2010)
LLEGÓ LA HORA DE LA RESPONSABILIDAD.
Miénteme, dime que podemos superar esto sin reformas dolorosas, ironizaba la pasada semana un economista sobre el feo signo de la economía española. La mentira resistió poco. Se puede hacer un ajuste para buscar la austeridad, la eficiencia o ambas cosas. No se puede hacer una apariencia de ajuste, que es lo que pretendía España hasta esta dramática semana. El Estado actual, escribió el sociólogo Daniel Bell, es demasiado pequeño para atender los grandes problemas del mundo y demasiado grande para los pequeños problemas del ciudadano. Somos una economía tutelada. EE UU y los grandes de la UE han zarandeado al Gobierno para enfrentarlo con su peor pesadilla: una inmersión de realismo. Estamos enlazados como uvas por un mismo racimo, que es el euro. Tirar de una arrastra a otras, por eso intervienen. Pero no nos engañemos. Nadie ajeno nos sacará del pozo. Sólo podemos rescatarnos a nosotros mismos.
España no es Grecia pero, diga lo que diga el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, se le puede ir pareciendo. Los líderes helenos hicieron promesas imposibles de cumplir. Contrataron tantos funcionarios que ni sabían cuántos eran. Y manipularon sistemáticamente las cuentas para camuflar chanchullos. ¿Les suena, aunque sea de lejos? ¿No es inevitable pensar en graciosas ayudas para bebés o para coches, en cesiones millonarias a autonomías, en el coladero de la función pública, en sociedades paralelas y artimañas varias con las que eludir tribunales de cuentas y sindicaturas?
Los males no tienen aquí la desmesura griega. Excepto en lo tocante a subir impuestos –todo se andará–, las recetas para abordarlos son en cambio idénticas. Se veía venir. El último en querer enterarse era el Gobierno. Después de llamar antipatriotas y locos hace menos de una semana a quienes ponían en duda la solvencia española, Zapatero se descuelga de la noche a la mañana con un ajuste de caballo. Ya no es sólo que funcionarios y jubilados tengan que pagar los platos rotos con una importante merma de sus ingresos, algo inédito en la historia económica moderna de España. Es que, embeleco tras embeleco, los gobernantes nos han tomado por tontos inflando previsiones, hinchando velas de optimismo, complaciendo a todo el mundo. Alentaron la inconsciencia en medio del peligro y sembraron la peligrosa semilla de la desconfianza.
Ahora los mercados recelan. Los multimillonarios planes de rescate acordados por los países de la Unión Europea no han conseguido frenar el retroceso del euro, que sigue cediendo posiciones frente al dólar. Tampoco el duro ajuste anunciado por el Gobierno ha logrado contener la debacle bursátil. Tras la euforia volvió el miedo, y con él la duda de si el histórico sacrificio impuesto a los españoles será suficiente para, por lo menos, detener la sangría sin comprometer irremediablemente el camino hacia la recuperación.
Échese la culpa a especuladores, disfrácese la cosa con la jerga que se quiera, invéntense atribuciones externas para evitar responsabilidades, el problema es bien sencillo: como en cualquier hogar, hay que garantizar que el gasto del país sea inferior a los ingresos porque de lo contrario llega la ruina. Sólo de intereses el Estado paga por el dinero que le prestan en el extranjero para funcionar, que es muchísimo, tanto como en subsidios de desempleo, otra factura bárbara e insostenible durante mucho tiempo.
La atmósfera de cataclismo se instaló de sopetón entre nosotros. A nadie puede ocultársele ya, porque la herida escuece en carne viva, la necesidad de apretarse el cinturón. No ha lugar para poner verde al Gobierno cuando no hace nada y cuando, aunque sea forzado, se remanga. Sí cabe reprocharle que haya sido irresponsablemente sordo durante tanto tiempo, demagógico con los mayores, que haya aumentado salarios y plantillas públicas como si nada ocurriera hasta hace dos días para blandir ahora el hacha. De haber actuado antes quizá la carga y su reparto sería otra. La oposición dio la voz de alarma pero Rajoy no supo transmitirla con credibilidad y contundencia. Más preocupado de ver pasar el cadáver del rival por delante de la puerta, no conectó con la sociedad, que percibió en la algarabía la estrategia de siempre, juego de políticos. Pero esta vez eran gigantes, no molinos.
Hay una dolorosa evidencia. Durante muchos años, engañados, hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades. No somos ricos. La deuda privada duplica a la pública, el país está hipotecado. La autoridad es el atributo de un político. La terrible malformación de este Ejecutivo de globo sonda es que carece de ella para marcar liderazgo o para meter en cintura a los barones locales, algo ineludible si de verdad se quiere arreglar esto. A los pensionistas les van a quitar 1.500 millones de euros. Mantener las televisiones autonómicas cuesta cada año 1.000 millones. A algunas regiones no les vale con una, tienen dos y hasta tres. Las autonomías hacen de su opacidad un sayo. Siendo por gasto parte sustancial del Estado, cada vez resulta más difícil saber qué dinero reciben y cómo lo manejan. Algunas, en plena recesión, hasta han aumentado presupuesto.Es hora de hablar de muchas cosas. El estado del bienestar pesa como una losa, la sanidad a este ritmo hará crack en pocos años. Tenemos una electricidad un 8,8% más cara que la media europea, cuando hace dos años era un 4,4% más barata, porque se priman las caras fuentes eólicas y solares tras las que se parapetan, muchas veces, simples cazasubvenciones. Hay que reformarlo todo: educación, mundo laboral... Finiquitar los momios, el absentismo, el escaqueo, los ascensos sin mérito, los sobrecostes, los concursos a medida. Con crisis y sin ella, las administraciones públicas distan mucho de ser eficaces. Ni las autonomías pueden ser pequeños estados, que es lo que persiguen, ni el Estado puede seguir gobernando como antes con la mitad de dinero. Lo dice hasta un socialista de la generación que manda, y ex ministro de Zapatero, Jordi Sevilla. España tenía, al comienzo de la crisis, margen de endeudamiento. En vez de aprovecharlo para financiar reformas que posibilitasen un crecimiento sano lo fundió en medidas defensivas. Antes una dulce agonía que amputar la gangrena, qué vulgaridad. El resultado, dos años perdidos. Nada se gana con lamentarlo. El gran factor diferenciador de España con respecto a otras economías es su elevadísima tasa de paro, sin equiparación posible con países desarrollados. Necesitamos trabajo y más trabajo. Necesitamos empleo y empresarios, pero también políticos que sepan estar a la altura y sean capaces de transmitir confianza. Necesitamos desterrar a tantas cigarras y empezar a ser hormigas.
(Editorial de "Diario de Mallorca", publicado el 16 de mayo de 2010)
España no es Grecia pero, diga lo que diga el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, se le puede ir pareciendo. Los líderes helenos hicieron promesas imposibles de cumplir. Contrataron tantos funcionarios que ni sabían cuántos eran. Y manipularon sistemáticamente las cuentas para camuflar chanchullos. ¿Les suena, aunque sea de lejos? ¿No es inevitable pensar en graciosas ayudas para bebés o para coches, en cesiones millonarias a autonomías, en el coladero de la función pública, en sociedades paralelas y artimañas varias con las que eludir tribunales de cuentas y sindicaturas?
Los males no tienen aquí la desmesura griega. Excepto en lo tocante a subir impuestos –todo se andará–, las recetas para abordarlos son en cambio idénticas. Se veía venir. El último en querer enterarse era el Gobierno. Después de llamar antipatriotas y locos hace menos de una semana a quienes ponían en duda la solvencia española, Zapatero se descuelga de la noche a la mañana con un ajuste de caballo. Ya no es sólo que funcionarios y jubilados tengan que pagar los platos rotos con una importante merma de sus ingresos, algo inédito en la historia económica moderna de España. Es que, embeleco tras embeleco, los gobernantes nos han tomado por tontos inflando previsiones, hinchando velas de optimismo, complaciendo a todo el mundo. Alentaron la inconsciencia en medio del peligro y sembraron la peligrosa semilla de la desconfianza.
Ahora los mercados recelan. Los multimillonarios planes de rescate acordados por los países de la Unión Europea no han conseguido frenar el retroceso del euro, que sigue cediendo posiciones frente al dólar. Tampoco el duro ajuste anunciado por el Gobierno ha logrado contener la debacle bursátil. Tras la euforia volvió el miedo, y con él la duda de si el histórico sacrificio impuesto a los españoles será suficiente para, por lo menos, detener la sangría sin comprometer irremediablemente el camino hacia la recuperación.
Échese la culpa a especuladores, disfrácese la cosa con la jerga que se quiera, invéntense atribuciones externas para evitar responsabilidades, el problema es bien sencillo: como en cualquier hogar, hay que garantizar que el gasto del país sea inferior a los ingresos porque de lo contrario llega la ruina. Sólo de intereses el Estado paga por el dinero que le prestan en el extranjero para funcionar, que es muchísimo, tanto como en subsidios de desempleo, otra factura bárbara e insostenible durante mucho tiempo.
La atmósfera de cataclismo se instaló de sopetón entre nosotros. A nadie puede ocultársele ya, porque la herida escuece en carne viva, la necesidad de apretarse el cinturón. No ha lugar para poner verde al Gobierno cuando no hace nada y cuando, aunque sea forzado, se remanga. Sí cabe reprocharle que haya sido irresponsablemente sordo durante tanto tiempo, demagógico con los mayores, que haya aumentado salarios y plantillas públicas como si nada ocurriera hasta hace dos días para blandir ahora el hacha. De haber actuado antes quizá la carga y su reparto sería otra. La oposición dio la voz de alarma pero Rajoy no supo transmitirla con credibilidad y contundencia. Más preocupado de ver pasar el cadáver del rival por delante de la puerta, no conectó con la sociedad, que percibió en la algarabía la estrategia de siempre, juego de políticos. Pero esta vez eran gigantes, no molinos.
Hay una dolorosa evidencia. Durante muchos años, engañados, hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades. No somos ricos. La deuda privada duplica a la pública, el país está hipotecado. La autoridad es el atributo de un político. La terrible malformación de este Ejecutivo de globo sonda es que carece de ella para marcar liderazgo o para meter en cintura a los barones locales, algo ineludible si de verdad se quiere arreglar esto. A los pensionistas les van a quitar 1.500 millones de euros. Mantener las televisiones autonómicas cuesta cada año 1.000 millones. A algunas regiones no les vale con una, tienen dos y hasta tres. Las autonomías hacen de su opacidad un sayo. Siendo por gasto parte sustancial del Estado, cada vez resulta más difícil saber qué dinero reciben y cómo lo manejan. Algunas, en plena recesión, hasta han aumentado presupuesto.Es hora de hablar de muchas cosas. El estado del bienestar pesa como una losa, la sanidad a este ritmo hará crack en pocos años. Tenemos una electricidad un 8,8% más cara que la media europea, cuando hace dos años era un 4,4% más barata, porque se priman las caras fuentes eólicas y solares tras las que se parapetan, muchas veces, simples cazasubvenciones. Hay que reformarlo todo: educación, mundo laboral... Finiquitar los momios, el absentismo, el escaqueo, los ascensos sin mérito, los sobrecostes, los concursos a medida. Con crisis y sin ella, las administraciones públicas distan mucho de ser eficaces. Ni las autonomías pueden ser pequeños estados, que es lo que persiguen, ni el Estado puede seguir gobernando como antes con la mitad de dinero. Lo dice hasta un socialista de la generación que manda, y ex ministro de Zapatero, Jordi Sevilla. España tenía, al comienzo de la crisis, margen de endeudamiento. En vez de aprovecharlo para financiar reformas que posibilitasen un crecimiento sano lo fundió en medidas defensivas. Antes una dulce agonía que amputar la gangrena, qué vulgaridad. El resultado, dos años perdidos. Nada se gana con lamentarlo. El gran factor diferenciador de España con respecto a otras economías es su elevadísima tasa de paro, sin equiparación posible con países desarrollados. Necesitamos trabajo y más trabajo. Necesitamos empleo y empresarios, pero también políticos que sepan estar a la altura y sean capaces de transmitir confianza. Necesitamos desterrar a tantas cigarras y empezar a ser hormigas.
(Editorial de "Diario de Mallorca", publicado el 16 de mayo de 2010)
EL FUNCIONARIO TAMBIÉN VOTA.
Hay tópicos inmutables. Uno de ellos asocia a los funcionarios con chupatintas con cara de estreñidos, que penan tras una ventanilla y se vengan del mundo haciendo la puñeta a quienes se les acercan. El funcionario es la instancia y la póliza, el cancerbero uniformado de los interminables pasillos ministeriales, el estampador de sellos, el ratón parido por la montaña de formularios, el que no pudo ser otra cosa, y, por su puesto, el vago contumaz. A la extensa tradición literaria sobre estos macilentos seres, desde Larra a Pla, se ha superpuesto el desprecio general por el servicio público, y ello ha conformado esta imagen del ocioso al que mantenemos los auténticamente productivos y al que despediríamos si pudiéramos por superfluo y para que sepa lo que vale un peine.
Olvidamos, claro, que funcionarios o empleados públicos son los jueces, los policías y guardias civiles, los médicos y el personal sanitario, los catedráticos de universidad y los profesores de los niños, los bibliotecarios, los conductores del metro y del autobús y hasta los barrenderos. Los habrá ineficaces y caraduras, como entre los periodistas o los fontaneros, pero, siendo cierto que no están expuestos a los vaivenes del mercado laboral y tienen garantizado su puesto de trabajo, ni son tantos –la proporción por habitante es mayor en Holanda, Reino Unido, Alemania, Luxemburgo o Finlandia, por citar algunos ejemplos- ni viven como los marajás de Kapurtala.
La Administración, desde luego, dista mucho de ser perfecta. Los burócratas existen y, posiblemente, este país no pueda permitirse el lujo de multiplicar cada puesto por 17 ni mantener las estructuras de más de 8.000 ayuntamientos. De nada de esto son culpables los empleados públicos a los que ahora se recorta el sueldo, cuya misión en esta crisis ha sido la de consumir para facilitar el crecimiento, por eso de que tenían asegurada la nómina a final de mes.
Zapatero y los sindicatos, que ayer se reunieron para escenificar su divorcio, saben que nadie, salvo sus madres y con dudas, secundaría una huelga general para defender a los funcionarios. Todo lo más, habrá protestas que sentirán los ciudadanos, mientras el Estado se ahorra otro pico con sus paros. Estarían inermes si no fuera porque también votan. Y ahí le dolerá a más de uno.
(Artículo de Juan Carlos Escudier, publicado en "Público" el 14 de mayo de 2010)
Olvidamos, claro, que funcionarios o empleados públicos son los jueces, los policías y guardias civiles, los médicos y el personal sanitario, los catedráticos de universidad y los profesores de los niños, los bibliotecarios, los conductores del metro y del autobús y hasta los barrenderos. Los habrá ineficaces y caraduras, como entre los periodistas o los fontaneros, pero, siendo cierto que no están expuestos a los vaivenes del mercado laboral y tienen garantizado su puesto de trabajo, ni son tantos –la proporción por habitante es mayor en Holanda, Reino Unido, Alemania, Luxemburgo o Finlandia, por citar algunos ejemplos- ni viven como los marajás de Kapurtala.
La Administración, desde luego, dista mucho de ser perfecta. Los burócratas existen y, posiblemente, este país no pueda permitirse el lujo de multiplicar cada puesto por 17 ni mantener las estructuras de más de 8.000 ayuntamientos. De nada de esto son culpables los empleados públicos a los que ahora se recorta el sueldo, cuya misión en esta crisis ha sido la de consumir para facilitar el crecimiento, por eso de que tenían asegurada la nómina a final de mes.
Zapatero y los sindicatos, que ayer se reunieron para escenificar su divorcio, saben que nadie, salvo sus madres y con dudas, secundaría una huelga general para defender a los funcionarios. Todo lo más, habrá protestas que sentirán los ciudadanos, mientras el Estado se ahorra otro pico con sus paros. Estarían inermes si no fuera porque también votan. Y ahí le dolerá a más de uno.
(Artículo de Juan Carlos Escudier, publicado en "Público" el 14 de mayo de 2010)
LA HORA DE LA RESACA.
España despertó ayer bruscamente de un sueño que parecía que no se iba a acabar nunca: la fiesta se ha terminado. Lo publicó con grandes titulares en portada el diario francés La Tribune el 5 de agosto del 2008, sin que ninguna administración quisiera hacerle caso. Se negó la crisis, no se acertó con las medidas y hoy, gracias a Dios, Europa nos marca la agenda. Somos, quizás, un protectorado, pero eso hoy tampoco es tan mala cosa. Llega, por tanto, la hora de la resaca. La era de los sacrificios con mayúsculas. Con el paro más alto de la Unión Europea, rozando el 20%, importantes segmentos de la sociedad española recibieron ayer nada más levantarse algo más que un electroshock.
A los funcionarios se les va a rebajar el sueldo una media de un 5%, se congelarán las pensiones el próximo año y se elimina la retroactividad de la ley de Dependencia. Estas tres medidas, junto a otras seis de calado también importante, completan el que es sin duda el mayor recorte social de la democracia en España. Esta vez sí se puede decir que no estamos hablando de una cuestión de maquillaje para driblar a los mercados y ganar algo más de tiempo. Los planes son concretos, tienen un calendario y varios gobiernos autonómicos se pusieron ayer mismo a rueda de lo anunciado por Zapatero.
El presidente no ha tenido en toda la crisis un cheque en blanco de la sociedad española y tampoco lo tiene ahora, circunstancia que no debería sorprenderle. Dejando esto sentado, hay que ser realistas: las medidas adoptadas deben ayudar a aliviar la imagen de inacción y de descrédito en el extranjero. Algunos clichés han caído y, al fin, parece que el Gobierno también gobierna.
(Artículo de José Antich, publicado en "La Vanguardia" el 13 de mayo de 2010)
EUROPA VUELVE A CAMINAR UNIDA.
Hay que reconocer que, hasta esta noche del 9 al 10 de mayo de 2010, era difícil no dudar, por no decir no dejarse llevar por el pánico. En el cara a cara entre los mercados y Europa, y, más concretamente, entre los mercados y la zona euro, esta última parecía llevar las de perder. A partir del nuevo acuerdo alcanzado en Bruselas -resultante, a su vez, de la reunión de los dirigentes de la zona euro del pasado 6 de mayo- tenemos buenas razones para recuperar la esperanza. Es como si la crisis obligara a los Gobiernos y a las naciones que parecían querer alejarse de ella a retomar el camino de Europa y de la Unión Europea.
En efecto, esta crisis ha vuelto a traer al primer plano una cuestión central que los Gobiernos habían descuidado u ocultado: la de la apuesta por la integración o, al contrario, por la desintegración europea. Iniciada en Grecia, esta crisis, que se ha convertido en un verdadero cuestionamiento del conjunto de la construcción monetaria, hacía de la "mano invisible" de los mercados un verdadero gobierno mundial arbitrario y absolutamente sesgado que terminó arrojando serias dudas sobre la supervivencia misma del euro. El hecho de que, el lunes, los mercados parezcan haber reaccionado bien demuestra que esta vez los dirigentes europeos vislumbran, si no el final del túnel, al menos la perspectiva de controlar mejor la situación.
Pero entre la puesta en marcha de este "maxiplan" de defensa de la zona euro (más de 800.000 millones de garantía, es decir, más de lo necesario para cubrir los previsibles reembolsos de los cuatro países más débiles) y los primeros signos de la crisis..., ¡cuánto tiempo perdido! ¡Y a qué precio hemos pagado el electoralismo a corto plazo que ha guiado los pasos tanto de Gordon Brown como de Angela Merkel!
¿Gordon Brown? Nicolas Sarkozy y Angela Merkel le pidieron que actuara contra los hedge founds y diera su aval a un plan coordinado destinado a frenar -incluso por vías coercitivas- los movimientos especulativos, al menos los que se alimentaban de los falsos rumores. A lo que el todavía primer ministro británico respondió que él no podía hacer nada contra la City, salvo perder las elecciones. Resultado: a base de no hacer nada, de todos modos perdió el apoyo de la City, que finalmente pidió el voto en su contra.
¿Angela Merkel? Ha mostrado un rostro dubitativo y oportunista que no le conocíamos. Pese a haber aceptado, al comienzo del proceso, sumarse a la afirmación de solidaridad con Grecia, luego, dio marcha atrás y, más tarde, multiplicó las condiciones, para, finalmente, tener que sumarse deprisa y corriendo a un plan infinitamente más costoso de lo que habría sido la ayuda que Grecia necesitaba inicialmente. En su descargo, es cierto, una doble constatación: el soberanismo no es un producto exclusivamente francés, también existe en Alemania; la nueva coalición que la canciller forma con los liberales es de hecho paralizante. Resultado: cuando de lo que se trataba era de hacer concesiones al soberanismo ambiente para conservar la mayoría en el Bundesrat (la asamblea que representa a los Länder) y, por tanto, conservar una mayoría de derechas en Renania del Norte-Westfalia, ella esperó demasiado; y también perdió las elecciones.
He aquí pues una gran lección de esta crisis: no sirve de nada abandonarse aquí o allá a los pequeños cálculos electorales. Cuando uno se enfrenta a fenómenos de tal gravedad, hay que tomar las medidas necesarias: y mala suerte por los resultados de las elecciones. Segunda lección: queda demostrado que, en materia de construcción europea, y como siempre sostuvo Jacques Delors, el inmovilismo era, y es, simplemente imposible. El inmovilismo es la marcha atrás y, a no mucho tardar, la amenaza de la desintegración y la deconstrucción.
El "maxiplan", es fruto de un compromiso francoalemán. Nicolas Sarkozy anunció, el jueves por la noche, un mecanismo comunitario que presentaba una doble ventaja: la de ser... comunitario (de facto, federal), y rápido y flexible en su ejecución, ya que una mayoría cualificada puede ponerlo en marcha. Al mismo tiempo, representa un paso muy claro hacia el renacimiento de una perspectiva política para la Unión Europea. En un primer momento, sólo los británicos parecieron poner reparos argumentando que, al no estar en la zona euro, era impensable para ellos poner un céntimo para el eventual salvamento de ésta; luego, las cosas se complicaron con una nueva marcha atrás de Alemania que, finalmente, consiguió forzar un retorno, en lo esencial, a los procedimientos bilaterales. El fondo, que, de hecho, es el enunciado de una garantía de más de 800.000 millones de euros, se basará, para lo esencial, en mecanismos bilaterales. Como los que se han puesto en marcha en favor de Grecia, que implican, como contrapartida por parte de ese país, un vigoroso esfuerzo de saneamiento de las cuentas públicas; pero que devuelve también a cada uno de los países miembros de la zona euro y, especialmente, a Alemania, un derecho de veto sobre su activación. Como nota para el optimismo, cabe retener de este compromiso que, a pesar de todo, incluye un elemento comunitario. Y, sobre todo, que autoriza al Banco Central Europeo (BCE) a actuar por sí mismo. El BCE podrá, como la reserva federal estadounidense, y como recomendaba el economista Muriel Roubini, comprar directamente títulos emitidos por tal o cual Estado de la zona euro y, de hecho, crear su propia moneda para comprar la deuda de los Estados, si esto fuera necesario.
Hay otro acontecimiento importante que hizo posible este compromiso: la intervención directa de... ¡Barack Obama! El poder de persuasión de Nicolas Sarkozy no bastó para convencer a la canciller. Fueron necesarias dos conversaciones telefónicas con el presidente norteamericano para que Angela Merkel se hiciese cargo cabalmente de la situación internacional y de la urgencia de dejar atrás sus preocupaciones electorales.
Es una suerte que Estados Unidos haya apoyado todo aquello que iba en el sentido de la consolidación de la zona euro. También es cierto que una Europa en crisis podría retrasar la salida de la crisis en la que, a su vez, está inmerso Estados Unidos; como lo es igualmente que un euro demasiado débil podría ralentizar la recuperación norteamericana.
En esta situación hay que integrar también dos hipotecas. La primera es la hipoteca británica. El acontecimiento ha sido relegado a un segundo plano, pero podría llegar a repercutir en la situación europea. Los británicos han votado, pero se han abstenido de escoger, pues los conservadores no han ganado y los laboristas y los liberales han perdido. Ahora bien, si los conservadores gobiernan en solitario, o si, coaligados con los liberales, imponen sus puntos de vista en materia de política exterior, nuestras dificultades están lejos de haber quedado atrás. Pues el programa de David Cameron es ni más ni menos que dar los primeros pasos para la salida progresiva de la UE mediante el cuestionamiento de los tratados existentes y la multiplicación de opting out de todo lo que el Reino Unido considera molesto en Europa, especialmente en materia social. De ser así, nos veríamos confrontados al estallido de una crisis dentro de la crisis. Para el Reino Unido, sería además un contrasentido estratégico. Y, también en este caso, hay que mirar hacia Estados Unidos. Recientemente, Barack Obama notificaba sin ambigüedad a Gordon Brown que su visión del mundo ya no podía basarse en una "relación privilegiada" con el Reino Unido. En otras palabras: Estados Unidos considera que el Reino Unido debe convertirse en un elemento del conjunto europeo, como lo son Alemania y Francia. ¿E iba a ser este el momento que escogieran los conservadores para alejarse de Europa?
La otra hipótesis es, por supuesto, la de la opinión pública. Lo habíamos olvidado demasiado pronto: la crisis financiera y bancaria, de la que aún no hemos salido, desencadenada por la quiebra del sistema norteamericano de subprimas y la del banco Lehmann Brothers, estuvo a punto de arrastrarlo todo. Apenas tuvimos tiempo de olvidarlo cuando ya estábamos de nuevo confrontados a un terremoto que, esta vez, ponía en tela de juicio la credibilidad de cierto número de Estados europeos. Como es sabido, en momentos así, resurge la tentación populista, espoleada por el cortejo de medidas de austeridad que, inevitablemente, traen de la mano. Por otra parte, el populismo es la versión soft de unas reacciones mucho más duras y radicales que pueden sobrevenir aquí y allá y extenderse a continuación a todo el continente europeo. Por lo tanto, la pedagogía y la solidaridad por parte de los diferentes responsables -y, en buena lógica, de los líderes de las distintas fuerzas de oposición- son más urgentes que nunca. Aún no hemos llegado a eso. Pero no está prohibido tener esperanzas.
(Artículo de Jean-Marie Colombani, publicado en "El País" el 11 de mayo de 2010)
En efecto, esta crisis ha vuelto a traer al primer plano una cuestión central que los Gobiernos habían descuidado u ocultado: la de la apuesta por la integración o, al contrario, por la desintegración europea. Iniciada en Grecia, esta crisis, que se ha convertido en un verdadero cuestionamiento del conjunto de la construcción monetaria, hacía de la "mano invisible" de los mercados un verdadero gobierno mundial arbitrario y absolutamente sesgado que terminó arrojando serias dudas sobre la supervivencia misma del euro. El hecho de que, el lunes, los mercados parezcan haber reaccionado bien demuestra que esta vez los dirigentes europeos vislumbran, si no el final del túnel, al menos la perspectiva de controlar mejor la situación.
Pero entre la puesta en marcha de este "maxiplan" de defensa de la zona euro (más de 800.000 millones de garantía, es decir, más de lo necesario para cubrir los previsibles reembolsos de los cuatro países más débiles) y los primeros signos de la crisis..., ¡cuánto tiempo perdido! ¡Y a qué precio hemos pagado el electoralismo a corto plazo que ha guiado los pasos tanto de Gordon Brown como de Angela Merkel!
¿Gordon Brown? Nicolas Sarkozy y Angela Merkel le pidieron que actuara contra los hedge founds y diera su aval a un plan coordinado destinado a frenar -incluso por vías coercitivas- los movimientos especulativos, al menos los que se alimentaban de los falsos rumores. A lo que el todavía primer ministro británico respondió que él no podía hacer nada contra la City, salvo perder las elecciones. Resultado: a base de no hacer nada, de todos modos perdió el apoyo de la City, que finalmente pidió el voto en su contra.
¿Angela Merkel? Ha mostrado un rostro dubitativo y oportunista que no le conocíamos. Pese a haber aceptado, al comienzo del proceso, sumarse a la afirmación de solidaridad con Grecia, luego, dio marcha atrás y, más tarde, multiplicó las condiciones, para, finalmente, tener que sumarse deprisa y corriendo a un plan infinitamente más costoso de lo que habría sido la ayuda que Grecia necesitaba inicialmente. En su descargo, es cierto, una doble constatación: el soberanismo no es un producto exclusivamente francés, también existe en Alemania; la nueva coalición que la canciller forma con los liberales es de hecho paralizante. Resultado: cuando de lo que se trataba era de hacer concesiones al soberanismo ambiente para conservar la mayoría en el Bundesrat (la asamblea que representa a los Länder) y, por tanto, conservar una mayoría de derechas en Renania del Norte-Westfalia, ella esperó demasiado; y también perdió las elecciones.
He aquí pues una gran lección de esta crisis: no sirve de nada abandonarse aquí o allá a los pequeños cálculos electorales. Cuando uno se enfrenta a fenómenos de tal gravedad, hay que tomar las medidas necesarias: y mala suerte por los resultados de las elecciones. Segunda lección: queda demostrado que, en materia de construcción europea, y como siempre sostuvo Jacques Delors, el inmovilismo era, y es, simplemente imposible. El inmovilismo es la marcha atrás y, a no mucho tardar, la amenaza de la desintegración y la deconstrucción.
El "maxiplan", es fruto de un compromiso francoalemán. Nicolas Sarkozy anunció, el jueves por la noche, un mecanismo comunitario que presentaba una doble ventaja: la de ser... comunitario (de facto, federal), y rápido y flexible en su ejecución, ya que una mayoría cualificada puede ponerlo en marcha. Al mismo tiempo, representa un paso muy claro hacia el renacimiento de una perspectiva política para la Unión Europea. En un primer momento, sólo los británicos parecieron poner reparos argumentando que, al no estar en la zona euro, era impensable para ellos poner un céntimo para el eventual salvamento de ésta; luego, las cosas se complicaron con una nueva marcha atrás de Alemania que, finalmente, consiguió forzar un retorno, en lo esencial, a los procedimientos bilaterales. El fondo, que, de hecho, es el enunciado de una garantía de más de 800.000 millones de euros, se basará, para lo esencial, en mecanismos bilaterales. Como los que se han puesto en marcha en favor de Grecia, que implican, como contrapartida por parte de ese país, un vigoroso esfuerzo de saneamiento de las cuentas públicas; pero que devuelve también a cada uno de los países miembros de la zona euro y, especialmente, a Alemania, un derecho de veto sobre su activación. Como nota para el optimismo, cabe retener de este compromiso que, a pesar de todo, incluye un elemento comunitario. Y, sobre todo, que autoriza al Banco Central Europeo (BCE) a actuar por sí mismo. El BCE podrá, como la reserva federal estadounidense, y como recomendaba el economista Muriel Roubini, comprar directamente títulos emitidos por tal o cual Estado de la zona euro y, de hecho, crear su propia moneda para comprar la deuda de los Estados, si esto fuera necesario.
Hay otro acontecimiento importante que hizo posible este compromiso: la intervención directa de... ¡Barack Obama! El poder de persuasión de Nicolas Sarkozy no bastó para convencer a la canciller. Fueron necesarias dos conversaciones telefónicas con el presidente norteamericano para que Angela Merkel se hiciese cargo cabalmente de la situación internacional y de la urgencia de dejar atrás sus preocupaciones electorales.
Es una suerte que Estados Unidos haya apoyado todo aquello que iba en el sentido de la consolidación de la zona euro. También es cierto que una Europa en crisis podría retrasar la salida de la crisis en la que, a su vez, está inmerso Estados Unidos; como lo es igualmente que un euro demasiado débil podría ralentizar la recuperación norteamericana.
En esta situación hay que integrar también dos hipotecas. La primera es la hipoteca británica. El acontecimiento ha sido relegado a un segundo plano, pero podría llegar a repercutir en la situación europea. Los británicos han votado, pero se han abstenido de escoger, pues los conservadores no han ganado y los laboristas y los liberales han perdido. Ahora bien, si los conservadores gobiernan en solitario, o si, coaligados con los liberales, imponen sus puntos de vista en materia de política exterior, nuestras dificultades están lejos de haber quedado atrás. Pues el programa de David Cameron es ni más ni menos que dar los primeros pasos para la salida progresiva de la UE mediante el cuestionamiento de los tratados existentes y la multiplicación de opting out de todo lo que el Reino Unido considera molesto en Europa, especialmente en materia social. De ser así, nos veríamos confrontados al estallido de una crisis dentro de la crisis. Para el Reino Unido, sería además un contrasentido estratégico. Y, también en este caso, hay que mirar hacia Estados Unidos. Recientemente, Barack Obama notificaba sin ambigüedad a Gordon Brown que su visión del mundo ya no podía basarse en una "relación privilegiada" con el Reino Unido. En otras palabras: Estados Unidos considera que el Reino Unido debe convertirse en un elemento del conjunto europeo, como lo son Alemania y Francia. ¿E iba a ser este el momento que escogieran los conservadores para alejarse de Europa?
La otra hipótesis es, por supuesto, la de la opinión pública. Lo habíamos olvidado demasiado pronto: la crisis financiera y bancaria, de la que aún no hemos salido, desencadenada por la quiebra del sistema norteamericano de subprimas y la del banco Lehmann Brothers, estuvo a punto de arrastrarlo todo. Apenas tuvimos tiempo de olvidarlo cuando ya estábamos de nuevo confrontados a un terremoto que, esta vez, ponía en tela de juicio la credibilidad de cierto número de Estados europeos. Como es sabido, en momentos así, resurge la tentación populista, espoleada por el cortejo de medidas de austeridad que, inevitablemente, traen de la mano. Por otra parte, el populismo es la versión soft de unas reacciones mucho más duras y radicales que pueden sobrevenir aquí y allá y extenderse a continuación a todo el continente europeo. Por lo tanto, la pedagogía y la solidaridad por parte de los diferentes responsables -y, en buena lógica, de los líderes de las distintas fuerzas de oposición- son más urgentes que nunca. Aún no hemos llegado a eso. Pero no está prohibido tener esperanzas.
(Artículo de Jean-Marie Colombani, publicado en "El País" el 11 de mayo de 2010)
POR QUÉ EUROPA OS NECESITA HOY.
Hace sesenta años, la historia de Europa cambió de rumbo. El 9 de mayo de 1950, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, invitaba a los países de Europa, y en especial a Alemania, a unirse a una empresa política común. Con la Segunda Guerra Mundial tan reciente, éste fue un acto valeroso en pro de la paz y la reconciliación. El resultado ha sido que la guerra entre países europeos de la Unión se ha convertido en algo inconcebible. La fuerza de atracción de la Unión aceleró el colapso del comunismo y el fin de la guerra fría. Con el paso del tiempo, los gobiernos europeos han encontrado maneras de dirimir en común sus diferencias. Las batallas sangrientas se han sustituido por las salas de negociación de Bruselas. Esto es progreso.
En la época de Schuman, Adenauer y de los demás padres fundadores, los seis países que comenzaron esta aventura pusieron en común las políticas relativas al carbón y el acero. Hoy somos una Unión de veintisiete democracias y quinientos millones de ciudadanos que abarca el continente europeo, de Finlandia a Portugal y de Irlanda a Rumanía. Tenemos en común el mayor mercado del mundo y un conjunto de normas importante, la mayoría compartimos una moneda común y también fronteras e instituciones políticas. Compartimos un pasado y un futuro.
Pero compartir no siempre es fácil. Nos proporciona ventajas, al incrementar la fuerza y las posibilidades de todos. Pero también supone que a veces los problemas de uno afectan al resto. Desde el momento en que uno colabora con un objetivo común y en beneficio de todos, también tiene que estar dispuesto a afrontar conjuntamente los contratiempos inesperados. La solidaridad pierde su sentido si solo funciona cuando las cosas van bien.
El éxito que ha coronado nuestra historia de los últimos 60 años no basta para construir un futuro común, ya que cada generación ha de renovar su convicción en la necesidad de la Unión.
¿Por qué siguen colaborando nuestros veintisiete países? Porque nuestros gobiernos consideran que en un mundo globalizado no pueden seguir garantizando por sí solos el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos. Por eso, aunque no siempre estén de acuerdo en todo, los veintisiete gobiernos de los Estados miembros de la Unión prefieren pertenecer al club europeo que quedarse solos ante el peligro.
Y ¿por qué os necesitamos a vosotros en esta empresa? Me gustaría recordar alguna de las ventajas concretas de pertenecer a la Unión Europea.
Hoy en día, los ciudadanos europeos disponen de vuelos baratos a ciudades y playas de todo el continente. Podemos llamar por teléfono dentro de la Unión por mucho menos dinero que antes. Podemos comprar productos de cualquier país de la UE de manera segura. Las colas en los puestos fronterizos han pasado a la historia. Y realizar estudios en el extranjero es una experiencia fácilmente alcanzable.
Efectivamente, Europa ha abierto un espacio de libertad y de oportunidades. Sin embargo, tenemos que ser sinceros. Frente a una crisis económica y financiera como la que estamos afrontando actualmente estas ventajas prácticas no tienen suficiente peso. Los políticos tienen que dar también respuestas convincentes ante las situaciones difíciles. Por ejemplo: ¿por qué hemos decidido quince países europeos, junto con el FMI, prestar a Grecia 110.000 millones de euros para ayudarla y garantizar el futuro del euro? O bien, ¿por qué veintisiete países europeos pensamos que los Balcanes occidentales -una región a la que su reciente guerra ha infligido tanto sufrimiento- deben entrar en la Unión antes o después? Estas cuestiones no sólo tienen que ver con las ventajas prácticas de pertenecer a la Unión; son cuestiones que afectan a la estabilidad existencial y a la paz de todos.
Como presidente del Consejo Europeo, institución en la que se reúnen los veintisiete Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea, no os pido entusiasmo, ni que agitéis banderas europeas. Sólo os pido que seáis conscientes de que, cuando negociamos un pacto o resolvemos una crisis concreta suele haber más en juego que el pacto o la crisis propiamente dichos. A menudo está en juego el propio destino de Europa. Juntos, estamos defendiendo un tesoro que nos es muy querido.
Los europeos tenemos un lugar privilegiado en el mundo. A nuestros países se les envidia por su estabilidad política, por su bienestar y sus sistemas sociales, por la calidad de vida europea. Vosotros, los quinientos millones de hombres y mujeres que vivís en la Unión Europea, estáis entre las personas que mejor educación y formación han recibido en el mundo. Somos la mayor potencia comercial del mundo. Estos son logros de los que podemos estar orgullosos, porque muestran nuestra singular capacidad para desarrollarnos a lo largo del tiempo, conservando a la vez nuestro patrimonio. Y todavía poseemos esa capacidad.
Pero vivimos en un mundo en transformación, donde otros países y regiones están preparados para superarnos económicamente. Nuestros puestos de trabajo y nuestra influencia están en juego. Y ante los nuevos retos, el nacionalismo y el populismo no constituyen las respuestas adecuadas. Para defender nuestros valores, intereses y puestos de trabajo, tenemos que seguir actuando juntos y, cuando actuemos individualmente, hacerlo con un espíritu común. El mundo actual nos exige, por ejemplo, que elaboremos una política económica más sólida, una política exterior común más incisiva y una respuesta ante el cambio climático con mayor unidad. Me satisface que todos los miembros del Consejo Europeo estén dispuestos a asumir esta responsabilidad común.
Hace sesenta años, Schuman y los padres fundadores de le UE se embarcaron en una empresa conjunta. A los países que se sumaron a esta empresa les ha ido bien, y tenemos que luchar porque continúe así. Se trata de la prosperidad, la seguridad y el destino de millones de personas que viven en nuestro hermoso continente.
Hoy sólo os pido una cosa: que os detengáis un momento para que seáis conscientes de que ésta es, como europeos, nuestra aventura común.
(Artículo de Herman Van Rompuy, publicado en "ABC" el 9 de mayo de 2010)
REACTIVAR EUROPA.
La presentación del informe del grupo de reflexión para el futuro de la Unión Europea presidido por Felipe González no puede ser más oportuna. Más allá de la coincidencia festiva de que hoy, 9 de mayo, Día de Europa, se celebre el 60º aniversario de la Declaración Schuman para impulsar la creación de una Europa unida, la reflexión de los sabios aterriza en un momento de turbulencias económicas sin precedentes que ponen a prueba la fortaleza de la UE y muestran descarnadamente todas sus debilidades. Es una circunstancia virtualmente capaz de hacer de la necesidad virtud y de lograr que las recetas propuestas no caigan en saco roto. Llega, además, en plena presidencia española, lo que, unido al nombre de González, es un doble símbolo de la apreciada y reconocida aportación española a la arquitectura europea.
Sobre un diagnóstico sombrío por realista ante la pérdida de relevancia del Viejo Continente y las amenazas que se ciernen sobre el modelo social europeo, el informe de los sabios propone recetas que no por conocidas son menos importantes. Al contrario. La virtud de las mismas radica en retornar a lo fundamental, en ese llamamiento a refundar la Unión consolidando sus cimientos para afrontar los desafíos a los que está expuesta. Ese retorno a lo esencial se propone como una tarea urgente e ineludible y requiere una recuperación de objetivos que la miopía de los líderes europeos ha llevado a abandonar en el camino. Así, el documento apuesta por reducir la dependencia energética, promover una inmigración ordenada con políticas de integración o recuperar el alma europea que sustentaba el proyecto de la Constitución europea y que el Tratado de Lisboa dejó atrás, fomentando un mayor sentimiento de pertenencia entre los ciudadanos. En definitiva, más Europa para que todos salgamos ganando.
Se echan en falta propuestas concretas para mejorar la toma de decisiones, lo que probablemente es una ausencia calculada para evitar nuevas reformas de los tratados. Es, en todo caso, una debilidad subsanable en la medida en que los mandatarios ya están tomando conciencia estos mismos días de la necesidad de evitar errores como la lentitud demostrada para afrontar la crisis griega y los consiguientes embates contra el euro. La reacción del Eurogrupo ya es una buena señal en este sentido.
(Editorial de "El País", publicado el 9 de mayo de 2010)
Sobre un diagnóstico sombrío por realista ante la pérdida de relevancia del Viejo Continente y las amenazas que se ciernen sobre el modelo social europeo, el informe de los sabios propone recetas que no por conocidas son menos importantes. Al contrario. La virtud de las mismas radica en retornar a lo fundamental, en ese llamamiento a refundar la Unión consolidando sus cimientos para afrontar los desafíos a los que está expuesta. Ese retorno a lo esencial se propone como una tarea urgente e ineludible y requiere una recuperación de objetivos que la miopía de los líderes europeos ha llevado a abandonar en el camino. Así, el documento apuesta por reducir la dependencia energética, promover una inmigración ordenada con políticas de integración o recuperar el alma europea que sustentaba el proyecto de la Constitución europea y que el Tratado de Lisboa dejó atrás, fomentando un mayor sentimiento de pertenencia entre los ciudadanos. En definitiva, más Europa para que todos salgamos ganando.
Se echan en falta propuestas concretas para mejorar la toma de decisiones, lo que probablemente es una ausencia calculada para evitar nuevas reformas de los tratados. Es, en todo caso, una debilidad subsanable en la medida en que los mandatarios ya están tomando conciencia estos mismos días de la necesidad de evitar errores como la lentitud demostrada para afrontar la crisis griega y los consiguientes embates contra el euro. La reacción del Eurogrupo ya es una buena señal en este sentido.
(Editorial de "El País", publicado el 9 de mayo de 2010)
SIN OLVIDO POSIBLE.
Manuel Giménez Abad, pamplonés de cuna y jaqués de crianza, no era un héroe, ni un hombre perfecto. Sí era un competente y avezado jurista, un servidor público destacado, un ciudadano merecedor en plenitud de ese nombre y, desde el punto de vista de las virtudes humanas, un gran tipo. Él creía en la fuerza de la ley y del derecho, sabedor de que la sociedad libre se dota con ella de poderoso empuje. Defendía el vigor del raciocinio, la virtud de la palabra bien fundada y el valor social de esos principios morales que casan el respeto con la firmeza, la ductilidad y el sentido del deber. Eso es lo que su figura sonriente evocará siempre en muchos de nosotros.
(Fragmento extraído del artículo de Guillermo Fatás, publicado en "Heraldo de Aragón" el 5 de mayo de 2010)
(Fragmento extraído del artículo de Guillermo Fatás, publicado en "Heraldo de Aragón" el 5 de mayo de 2010)
LA PARADOJA DE LA CORRUPCIÓN.
Tres historias diferentes en tres países muy distintos (Haití, Afganistán y Grecia) han atraído gran parte de la atención internacional en el último año. En Haití, la interpretación dominante es que la pobreza extrema del país hizo que un terremoto terrible se convirtiera en una tragedia humana sin precedentes; en Afganistán, que una ocupación extranjera en aumento es incapaz de frenar la violencia y traer estabilidad; y en Grecia, que la conjunción de una mala política fiscal junto a la imposibilidad de recurrir a una política monetaria propia le está llevando al borde del colapso económico. Sin embargo, si preguntamos a expertos, miembros de los Gobiernos y ciudadanos de esos países qué causa señalarían como la principal responsable de sus problemas, la respuesta sería sorprendentemente bastante similar.
En documentos anteriores al terremoto, como Por qué la ayuda internacional a Haití ha fallado, tanto observadores externos como funcionarios implicados durante décadas en la ayuda a Haití admiten que si el problema hubiera sido la pobreza lo habrían podido afrontar. Pero con lo que sistemáticamente se estrellaban sus esfuerzos era con una corrupción endémica creciente. En Afganistán, el estudio de opinión pública más exhaustivo, llevado a cabo recientemente por Naciones Unidas, señala que la corrupción es considerada como el principal problema del país, por encima de la violencia. Por su parte, el primer ministro griego, Papandreu, ha reconocido en una cumbre europea, provocando el estupor entre sus homólogos, que la corrupción es la principal causa de los problemas económicos.
Haití, Afganistán y Grecia son casos extremos de lo que expertos, como Simon Kurer, llaman la "paradoja de la corrupción". Por una parte, la corrupción es una actividad impopular en todo el mundo, pero, por otra, los políticos corruptos resultan populares en muchos sistemas políticos y sobreviven en sus cargos, ganando en numerosas ocasiones elecciones democráticas. Otros ejemplos vienen de países como Italia, India, Tailandia o México, donde, en determinadas elecciones, estar procesado por corrupción no daña o incluso aumenta las probabilidades de reelección de un político. Otros estudios -como algunos en EE UU o en Brasil- muestran que estar involucrado en actividades corruptas reduce, modesta, pero significativamente, tus probabilidades de reelección. Por supuesto, en los países menos corruptos del mundo estos estudios no se pueden llevar a cabo porque no hay un número suficiente de casos como para extraer conclusiones.
En España, mientras vamos cayendo año a año en las comparativas internacionales de "buen gobierno" y los ciudadanos están crecientemente preocupados por la corrupción, nuestras instituciones parecen tener problemas para eliminar a los políticos corruptos. Por un lado, más del 70% de los alcaldes envueltos en escándalos de corrupción mantuvieron la alcaldía tras las últimas municipales. Por el otro, las encuestas muestran cómo partidos con numerosos dirigentes procesados en algunas autonomías mantienen (o aumentan) su ventaja electoral sobre la oposición.
La causa de que nos encontremos cada vez más hundidos en la paradoja de la corrupción hay que buscarla en la ausencia de tres mecanismos que, en otros países de nuestro entorno, facilitan que los políticos corruptos sean castigados en las urnas.
El primero, y que he mencionado ya en otras ocasiones aquí, es la adopción de una burocracia meritocrática impermeable al clientelismo. Los políticos corruptos sobreviven en sus cargos gracias a que ofrecen bienes particularizados a miembros de redes clientelares, ya sean legales, como puestos en la Administración pública, o ilegales, como tratos de favor en contratos públicos. Los países donde los políticos corruptos se consolidan a perpetuidad en el cargo suelen tener términos específicos -padrino, cacique, o jao pho (en Tailandia)- reservados para designar a los cabecillas de las redes clientelares que distribuyen trabajos en la Administración, accesos preferenciales a servicios públicos, contratos públicos o licencias de negocios. Los políticos corruptos exitosos electoralmente son aquellos que, cuando llegan al poder, no llegan solos sino que son capaces de colonizar la Administración pública con los miembros de una red clientelar. Y en España es bastante sencillo. Por el contrario, la fortaleza de los cuerpos de la Administración central del Estado impiden que ésta pueda ser politizada. Esto explicaría el misterioso caso de la trama Gürtel, que se gesta al comienzo de la era Aznar y que extiende sus tentáculos en numerosos municipios y comunidades autónomas, pero que no logra contaminar una sola institución de la Administración central del Estado. Las diferencias entre la relativamente incorruptible Administración central española y la relativamente corruptible italiana, tradicionalmente mucho más politizada, podrían explicarse también por la ausencia en esta última de una burocracia central resistente al clientelismo político.
El segundo mecanismo sería el sistema electoral. Por una parte, votar a candidatos individuales es mejor que a listas de partido cerradas, porque aumentan los incentivos a comportarse honestamente. Si los votantes te pueden echar a ti directamente, intentarás mantener tu reputación intacta. Esta es una característica buena de los sistemas electorales denominados "mayoritarios" (como los anglosajones) y que nosotros no tenemos, pues votamos a una tribu entera. Por otra parte, la falta de responsabilidad individual se compensa en muchos países europeos -que, como nosotros, tienen sistemas electorales denominados "proporcionales"- con un instrumento para limpiar la política de partidos corruptos: diseñar circunscripciones electorales que elijan simultáneamente a muchos representantes. En otras palabras, en esos países hay pocas "barreras de entrada" para que una opción política nueva pueda entrar en la vida política, pues incluso un modesto porcentaje de voto te garantiza representación. Esa característica está muy limitada en España, donde abundan las circunscripciones electorales minúsculas y los incentivos para favorecer el bipartidismo. En resumen, a la hora de limpiar las instituciones de políticos corruptos tenemos lo peor de cada sistema electoral: ni candidatos a los que podemos castigar individualmente (como sucede en los sistemas mayoritarios) ni la opción de dirigir el voto hacia alternativas nuevas o minoritarias (como sucede en los sistemas verdaderamente proporcionales).
En tercer lugar, disponer de medios de comunicación independientes juega un papel clave para que la corrupción tenga efectos electorales. En España tenemos una gran pluralidad externa (entre medios de comunicación), pero la pluralidad interna (dentro de cada medio) es limitada. El extremo opuesto sería el mundo anglosajón, donde la pluralidad externa es mucho menor, pero a costa de una mayor pluralidad interna. Así, nosotros podemos elegir entre un mayor número de medios, pero estos medios ofrecen un mensaje más monolítico. El mayor paralelismo entre medios de comunicación y partidos políticos que existe en España hace que, al contrario que en otros países, las noticias de corrupción se perciban como el resultado de intereses políticos encubiertos. Podemos discutir cuáles son las causas -aunque, la alta discrecionalidad política que tienen los Gobiernos, sobre todo autónomos, para moldear a su imagen y semejanza canales públicos regionales y para asignar subvenciones, licencias de radio y televisión u otras vías de subsistencia a grupos privados de comunicación es una seria candidata-.
Por tanto, si los dirigentes políticos españoles estuvieran realmente interesados en eliminar la corrupción, deberían proponer tres acciones opuestas a las que han estado implementando en los últimos años y que, en un ejercicio de ignorancia o de cinismo, siguen postulando hoy día como solución. En lugar de "prestigiar la política", deberían aspirar a prestigiar la Administración. Y enfatizo que eso no nos acercaría al franquismo, sino a las democracias más avanzadas. En lugar de dar más fuerza a los partidos, deberían dar más peso a los políticos individuales. Y en lugar de fomentar una pluralidad externa y sectaria de los medios de comunicación, deberían mimar la pluralidad interna. O esto o, sin ánimo de ser Casandra, nos deberíamos ir preparando para una tragedia griega.
(Artículo de Víctor Lapuente, publicado en "El País" el 4 de mayo de 2010)
En documentos anteriores al terremoto, como Por qué la ayuda internacional a Haití ha fallado, tanto observadores externos como funcionarios implicados durante décadas en la ayuda a Haití admiten que si el problema hubiera sido la pobreza lo habrían podido afrontar. Pero con lo que sistemáticamente se estrellaban sus esfuerzos era con una corrupción endémica creciente. En Afganistán, el estudio de opinión pública más exhaustivo, llevado a cabo recientemente por Naciones Unidas, señala que la corrupción es considerada como el principal problema del país, por encima de la violencia. Por su parte, el primer ministro griego, Papandreu, ha reconocido en una cumbre europea, provocando el estupor entre sus homólogos, que la corrupción es la principal causa de los problemas económicos.
Haití, Afganistán y Grecia son casos extremos de lo que expertos, como Simon Kurer, llaman la "paradoja de la corrupción". Por una parte, la corrupción es una actividad impopular en todo el mundo, pero, por otra, los políticos corruptos resultan populares en muchos sistemas políticos y sobreviven en sus cargos, ganando en numerosas ocasiones elecciones democráticas. Otros ejemplos vienen de países como Italia, India, Tailandia o México, donde, en determinadas elecciones, estar procesado por corrupción no daña o incluso aumenta las probabilidades de reelección de un político. Otros estudios -como algunos en EE UU o en Brasil- muestran que estar involucrado en actividades corruptas reduce, modesta, pero significativamente, tus probabilidades de reelección. Por supuesto, en los países menos corruptos del mundo estos estudios no se pueden llevar a cabo porque no hay un número suficiente de casos como para extraer conclusiones.
En España, mientras vamos cayendo año a año en las comparativas internacionales de "buen gobierno" y los ciudadanos están crecientemente preocupados por la corrupción, nuestras instituciones parecen tener problemas para eliminar a los políticos corruptos. Por un lado, más del 70% de los alcaldes envueltos en escándalos de corrupción mantuvieron la alcaldía tras las últimas municipales. Por el otro, las encuestas muestran cómo partidos con numerosos dirigentes procesados en algunas autonomías mantienen (o aumentan) su ventaja electoral sobre la oposición.
La causa de que nos encontremos cada vez más hundidos en la paradoja de la corrupción hay que buscarla en la ausencia de tres mecanismos que, en otros países de nuestro entorno, facilitan que los políticos corruptos sean castigados en las urnas.
El primero, y que he mencionado ya en otras ocasiones aquí, es la adopción de una burocracia meritocrática impermeable al clientelismo. Los políticos corruptos sobreviven en sus cargos gracias a que ofrecen bienes particularizados a miembros de redes clientelares, ya sean legales, como puestos en la Administración pública, o ilegales, como tratos de favor en contratos públicos. Los países donde los políticos corruptos se consolidan a perpetuidad en el cargo suelen tener términos específicos -padrino, cacique, o jao pho (en Tailandia)- reservados para designar a los cabecillas de las redes clientelares que distribuyen trabajos en la Administración, accesos preferenciales a servicios públicos, contratos públicos o licencias de negocios. Los políticos corruptos exitosos electoralmente son aquellos que, cuando llegan al poder, no llegan solos sino que son capaces de colonizar la Administración pública con los miembros de una red clientelar. Y en España es bastante sencillo. Por el contrario, la fortaleza de los cuerpos de la Administración central del Estado impiden que ésta pueda ser politizada. Esto explicaría el misterioso caso de la trama Gürtel, que se gesta al comienzo de la era Aznar y que extiende sus tentáculos en numerosos municipios y comunidades autónomas, pero que no logra contaminar una sola institución de la Administración central del Estado. Las diferencias entre la relativamente incorruptible Administración central española y la relativamente corruptible italiana, tradicionalmente mucho más politizada, podrían explicarse también por la ausencia en esta última de una burocracia central resistente al clientelismo político.
El segundo mecanismo sería el sistema electoral. Por una parte, votar a candidatos individuales es mejor que a listas de partido cerradas, porque aumentan los incentivos a comportarse honestamente. Si los votantes te pueden echar a ti directamente, intentarás mantener tu reputación intacta. Esta es una característica buena de los sistemas electorales denominados "mayoritarios" (como los anglosajones) y que nosotros no tenemos, pues votamos a una tribu entera. Por otra parte, la falta de responsabilidad individual se compensa en muchos países europeos -que, como nosotros, tienen sistemas electorales denominados "proporcionales"- con un instrumento para limpiar la política de partidos corruptos: diseñar circunscripciones electorales que elijan simultáneamente a muchos representantes. En otras palabras, en esos países hay pocas "barreras de entrada" para que una opción política nueva pueda entrar en la vida política, pues incluso un modesto porcentaje de voto te garantiza representación. Esa característica está muy limitada en España, donde abundan las circunscripciones electorales minúsculas y los incentivos para favorecer el bipartidismo. En resumen, a la hora de limpiar las instituciones de políticos corruptos tenemos lo peor de cada sistema electoral: ni candidatos a los que podemos castigar individualmente (como sucede en los sistemas mayoritarios) ni la opción de dirigir el voto hacia alternativas nuevas o minoritarias (como sucede en los sistemas verdaderamente proporcionales).
En tercer lugar, disponer de medios de comunicación independientes juega un papel clave para que la corrupción tenga efectos electorales. En España tenemos una gran pluralidad externa (entre medios de comunicación), pero la pluralidad interna (dentro de cada medio) es limitada. El extremo opuesto sería el mundo anglosajón, donde la pluralidad externa es mucho menor, pero a costa de una mayor pluralidad interna. Así, nosotros podemos elegir entre un mayor número de medios, pero estos medios ofrecen un mensaje más monolítico. El mayor paralelismo entre medios de comunicación y partidos políticos que existe en España hace que, al contrario que en otros países, las noticias de corrupción se perciban como el resultado de intereses políticos encubiertos. Podemos discutir cuáles son las causas -aunque, la alta discrecionalidad política que tienen los Gobiernos, sobre todo autónomos, para moldear a su imagen y semejanza canales públicos regionales y para asignar subvenciones, licencias de radio y televisión u otras vías de subsistencia a grupos privados de comunicación es una seria candidata-.
Por tanto, si los dirigentes políticos españoles estuvieran realmente interesados en eliminar la corrupción, deberían proponer tres acciones opuestas a las que han estado implementando en los últimos años y que, en un ejercicio de ignorancia o de cinismo, siguen postulando hoy día como solución. En lugar de "prestigiar la política", deberían aspirar a prestigiar la Administración. Y enfatizo que eso no nos acercaría al franquismo, sino a las democracias más avanzadas. En lugar de dar más fuerza a los partidos, deberían dar más peso a los políticos individuales. Y en lugar de fomentar una pluralidad externa y sectaria de los medios de comunicación, deberían mimar la pluralidad interna. O esto o, sin ánimo de ser Casandra, nos deberíamos ir preparando para una tragedia griega.
(Artículo de Víctor Lapuente, publicado en "El País" el 4 de mayo de 2010)
EN ESPAGNE, UNE CRISE ÉCONOMIQUE ET AUSSI MORALE.
Confrontée à une grave détérioration de sa situation économique avec près de 4,6 millions de chômeurs et un déficit des comptes publics représentant 11,2 % de son produit intérieur brut (PIB), l'Espagne de José Luis Rodriguez Zapatero connaît parallèlement une profonde crise morale. Qu'illustrent une accélération des affaires de corruption et la remise en cause répétée des décisions d'une justice, accusée, paradoxalement, par la droite comme par la gauche, d'être partisane. Cette dernière se trouve notamment mise sur la sellette à la suite des poursuites engagées par le tribunal suprême contre le très médiatique juge Baltazar Garzon pour prévarication dans le cadre d'une enquête lancée par ce magistrat sur les victimes du franquisme. Les critiques se nourrissent aussi de l'incapacité répétée du tribunal constitutionnel, profondément divisé politiquement, à se prononcer depuis plus de trois ans sur la validité du statut actuel de la Catalogne qui reconnaît officiellement sa qualité de nation et fait du catalan la première langue de la région. Début avril encore, les juges n'ont pas réussi à trouver un accord sur un texte de consensus.
Dans une récente chronique parue sur le site d'information « El Confidencial », José Antonio Zarzalejos, ancien patron du quotidien « ABC », rappelait que la transition démocratique qui a suivi la mort du général Franco s'appuyait sur deux piliers : la réconciliation des Espagnols autour d'une reconnaissance des torts de chacun et une vaste amnistie pour cicatriser les blessures de la guerre civile ainsi que, parallèlement, la création d'un Etat des autonomies tenant compte de la personnalité des régions et des nationalités composant le territoire dans le cadre de la nation espagnole. Or, selon cet analyste politique reconnu, ce double pacte, maintenu par Adolfo Suarez, Felipe Gonzalez et José Maria Aznar, entre 1976 et 2004, a été « cassé » par José Luis Rodriguez Zapatero à son arrivée au pouvoir avec la révision du statut de la Catalogne en 2006 et la loi dite de « mémoire historique » l'année suivante. En jugeant « discutée et discutable » la notion de « nation espagnole », le président du gouvernement socialiste a relancé les revendications indépendantistes des nationalistes catalans et basques. Et réveillé, par ailleurs, l'affrontement droite-gauche sur la responsabilité de chacun dans le déclenchement d'une guerre civile qui a fait plus de 500.000 morts via un texte à l'interprétation difficile comme en témoignent les recours actuels devant la cour suprême.
Infondées ou non, ces polémiques provoquent, surtout aujourd'hui, des tensions inutiles alors que la situation économique de l'Espagne nécessiterait plutôt l'unité et la mobilisation de tous. Alors que le dialogue social patine depuis plus d'un an, les syndicats donnent l'impression d'être plus prompts à se mobiliser pour la défense du juge Garzon que pour celle des millions de demandeurs d'emploi, dont le sort dépend d'une inéluctable réforme du marché du travail. Sujet qu'ils refusent catégoriquement d'aborder avec le patronat, tandis que le gouvernement se refuse à prendre ses responsabilités en la matière. L'affaire du statut catalan pollue, pour sa part, le vrai débat qui devrait se poser sur les « surcoûts » de l'organisation territoriale de l'Espagne, estimés par certains à 24 milliards d'euros, soit 2,4 % du PIB espagnol.
Communautés autonomes et municipalités concentrent 54,8 % des dépenses publiques, soit 10 points de plus qu'en Allemagne, qui est un véritable Etat fédéral ! Et les contrôles du pouvoir central sont des plus lâches. De 2,2 % en 2009, le déficit cumulé des comptes publics des 17 autonomies du pays devrait grimper à 3,2 % du produit intérieur brut cette année et à 4,2 % l'an prochain… On voit mal comment les intéressées, déjà endettées à hauteur de 86 milliards d'euros, pourront réduire le dérapage de leurs comptes à - 1,1 % en 2013, moyennant les 10 milliards d'euros d'économies « imposées » par le ministère de l'Economie et des Finances dans l'objectif de permettre à l'Espagne de se mettre en règle avec Bruxelles en ramenant le total de ses déficits sous la barre fatidique des 3 %.
Face à la gestion erratique de leur gouvernement durant ces deux dernières années de crise, les Espagnols peuvent s'inquiéter aussi de la capacité de l'opposition, aujourd'hui en tête dans les intentions de vote, à prendre la relève en 2012. Si les scandales immobiliers n'ont épargné aucune formation politique qu'elle soit de gauche, de droite ou nationaliste durant l'âge d'or du BTP, le Parti populaire (PP) se trouve enferré depuis un an dans des affaires de corruption qui viennent d'entraîner la démission de leurs postes électifs de son trésorier et d'un de ses députés. Résultat, alors qu'ils font preuve d'un étonnant calme social malgré la dramatique situation dans laquelle beaucoup se trouvent plongés et qu'ils montrent l'exemple en se serrant la ceinture, les Espagnols de la rue donnent la curieuse impression d'être les seuls à être actuellement à la hauteur des graves circonstances que connaît leur pays.
(Artículo de Gilles Sengès, publicado en "Les Echos" el 4 de mayo de 2010)
CUANDO FALLAN LAS FORMAS.
Las medias verdades, la ocultación deliberada de documentos oficiales, el desprecio al Parlamento, la denigración del órgano consultivo más importante de la Comunidad. Quizá no debería ser la economía lo que más debería preocuparnos a los aragoneses respecto a la situación de la comunidad autónoma. Más o menos, Aragón está capeando la crisis y, aunque el paro sigue aumentando hacia los 100.000 desempleados y no se acaba de controlar el gasto autonómico, tenemos la suerte relativa de que hay comunidades que lo están pasando peor. Pero hay un aspecto que no se lleva siempre los titulares ni aparece en las teles que es más grave. Algunos políticos se están olvidando de las reglas mínimas que comportan sus respectivos cargos.
Hay unas cuantas polémicas recientes que están evidenciando que esta situación va a más. Me refiero por ejemplo a consejeros que se niegan a informar con detalle a las Cortes de Aragón de los gastos de sus viajes o de las personas a las que contratan, o al responsable de la DGA que oculta los términos en los que cierra acuerdos tan relevantes como la deuda tributaria, o a que -pese a que hay varios políticos imputados en esta Comunidad- afirmen en sede parlamentaria que la corrupción "no existe" en Aragón.
Cuando se pierde el respeto a las formas y a los otros poderes estatutarios es que algo falla. Aquí todos miran con distancia al Gobierno central, como si fuese la máxima falta de transparencia. Pues desde esa administración, con sus defectos, tienen mucho que enseñar a la DGA. No sólo que sí informan sobre la situación patrimonial de los altos cargos del Gobierno central (nada sabemos de los de Aragón), sino que, además, hay un control mucho mayor del dinero público estatal por parte del Congreso que del autonómico por parte de las Cortes. Y no será porque los diputados no pidan información. Lo lamentable es que la DGA se la niega. Algunos, cuando llevan varios años tirando de tarjeta de crédito oficial, se olvidan de que ese dinero sale de todos.
Otro asunto grave es el desprecio que muestra la DGA hacia el Consejo Consultivo. Tanto que alardean del buen Estatuto de Autonomía que tenemos, deberían creérselo y aplicarlo. Deben dotarlo de medios, permitir -como hace el Consejo de Estado- que publique con normalidad sus dictámenes y no ejercer tutelas que, si no hay nada que esconder, son totalmente innecesarias. Iglesias tiene un año para afrontar el reto de la transparencia. Si no quiere, será seguro una de las principales tareas de Eva Almunia o Luisa Fernanda Rudi.
(Artículo de Jesús Morales, publicado en "Heraldo de Aragón" el 2 de mayo de 2010)
Hay unas cuantas polémicas recientes que están evidenciando que esta situación va a más. Me refiero por ejemplo a consejeros que se niegan a informar con detalle a las Cortes de Aragón de los gastos de sus viajes o de las personas a las que contratan, o al responsable de la DGA que oculta los términos en los que cierra acuerdos tan relevantes como la deuda tributaria, o a que -pese a que hay varios políticos imputados en esta Comunidad- afirmen en sede parlamentaria que la corrupción "no existe" en Aragón.
Cuando se pierde el respeto a las formas y a los otros poderes estatutarios es que algo falla. Aquí todos miran con distancia al Gobierno central, como si fuese la máxima falta de transparencia. Pues desde esa administración, con sus defectos, tienen mucho que enseñar a la DGA. No sólo que sí informan sobre la situación patrimonial de los altos cargos del Gobierno central (nada sabemos de los de Aragón), sino que, además, hay un control mucho mayor del dinero público estatal por parte del Congreso que del autonómico por parte de las Cortes. Y no será porque los diputados no pidan información. Lo lamentable es que la DGA se la niega. Algunos, cuando llevan varios años tirando de tarjeta de crédito oficial, se olvidan de que ese dinero sale de todos.
Otro asunto grave es el desprecio que muestra la DGA hacia el Consejo Consultivo. Tanto que alardean del buen Estatuto de Autonomía que tenemos, deberían creérselo y aplicarlo. Deben dotarlo de medios, permitir -como hace el Consejo de Estado- que publique con normalidad sus dictámenes y no ejercer tutelas que, si no hay nada que esconder, son totalmente innecesarias. Iglesias tiene un año para afrontar el reto de la transparencia. Si no quiere, será seguro una de las principales tareas de Eva Almunia o Luisa Fernanda Rudi.
(Artículo de Jesús Morales, publicado en "Heraldo de Aragón" el 2 de mayo de 2010)
REMEDIO INSUFICIENTE
La supresión de 32 altos cargos de la Administración del Estado y de 29 empresas públicas no es el gesto rotundo de ajuste del gasto público que esperan los ciudadanos para restablecer la confianza en las finanzas españolas. Supone un ahorro mínimo (16 millones de euros) y en poco o nada contribuirá a reducir el déficit público. Tampoco tiene suficiente relevancia para mejorar la gestión pública, aunque la dirección y la intención sean adecuadas. El Gobierno ha vuelto a malgastar un anuncio público con decisiones tibias y poco convincentes, cuando debiera transmitir un mensaje de mayor firmeza y de mejor cálculo del riesgo político.
El Gobierno, además, vuelve a dar la impresión de que o no se toma en serio las amenazas contra la deuda española o no termina de entender su significado y posibles consecuencias. En resumen, frivoliza el riesgo ante los ciudadanos y ante los inversores que tienen que refinanciar la deuda del país. La decisión que se espera es que recorte drásticamente el coste de la Administración pública en los próximos tres años. Para ello, ha de empezar por congelar los salarios de los funcionarios, suprimir ministerios e instituciones e imponer una reducción de costes, similar en todas las comunidades autónomas. La política de no forzar a comunidades y ayuntamientos a recortar sus gastos "para no inmiscuirse en sus competencias" es una concesión onerosa, porque obligará a los ciudadanos a pagar el encarecimiento de los intereses de la deuda que se produzcan por el descontrol del gasto autonómico y municipal.
Para que el programa de reducción del déficit sea creíble y para que quede margen con el que financiar el coste de la recesión, no hay otra solución que proponer que se negocien reformas de cierta importancia en el sistema de pensiones y en la sanidad, decisiones ambas de elevado riesgo político. Riesgo que podía haberse minimizado con una gestión menos vacilante de la política económica.
El recorte de altos cargos es económicamente irrelevante y prescindible a efectos de reforzar la solvencia del sector público porque parece el maquillaje que aplica un Gobierno convencido de que la recesión pasará, los mercados se tranquilizarán y el bono español volverá a diferenciales razonables con el alemán sin tomar decisiones. Y así hasta que otra convulsión en los mercados vuelva a encarecer el servicio de la deuda.
(Editorial de "El País", publicado el 1 de mayo de 2010)
El Gobierno, además, vuelve a dar la impresión de que o no se toma en serio las amenazas contra la deuda española o no termina de entender su significado y posibles consecuencias. En resumen, frivoliza el riesgo ante los ciudadanos y ante los inversores que tienen que refinanciar la deuda del país. La decisión que se espera es que recorte drásticamente el coste de la Administración pública en los próximos tres años. Para ello, ha de empezar por congelar los salarios de los funcionarios, suprimir ministerios e instituciones e imponer una reducción de costes, similar en todas las comunidades autónomas. La política de no forzar a comunidades y ayuntamientos a recortar sus gastos "para no inmiscuirse en sus competencias" es una concesión onerosa, porque obligará a los ciudadanos a pagar el encarecimiento de los intereses de la deuda que se produzcan por el descontrol del gasto autonómico y municipal.
Para que el programa de reducción del déficit sea creíble y para que quede margen con el que financiar el coste de la recesión, no hay otra solución que proponer que se negocien reformas de cierta importancia en el sistema de pensiones y en la sanidad, decisiones ambas de elevado riesgo político. Riesgo que podía haberse minimizado con una gestión menos vacilante de la política económica.
El recorte de altos cargos es económicamente irrelevante y prescindible a efectos de reforzar la solvencia del sector público porque parece el maquillaje que aplica un Gobierno convencido de que la recesión pasará, los mercados se tranquilizarán y el bono español volverá a diferenciales razonables con el alemán sin tomar decisiones. Y así hasta que otra convulsión en los mercados vuelva a encarecer el servicio de la deuda.
(Editorial de "El País", publicado el 1 de mayo de 2010)
DOS VERSIONES DE LA DEMOCRACIA.
El debate sobre la sentencia del Estatut refleja bien dos concepciones muy distintas de la democracia: la democracia jacobina y la democracia constitucional.
Las dos parten de idéntico principio: democracia es el gobierno del pueblo, la expresión de la voluntad de los ciudadanos. Es, por tanto, el gobierno de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Este último es la dictadura, el gobierno de uno o de una aristocracia. La democracia es el gobierno de todos, conectado inevitablemente, a su vez, con la idea de Estado de derecho, es decir, con la idea de que quienes nos gobiernan son las leyes, no los hombres. Siempre, naturalmente, que estas leyes sean generales, garanticen los derechos fundamentales y expresen la voluntad mayoritaria del pueblo.
La democracia está basada en las ideas contractualistas del siglo XVII, especialmente en las ideas de Hobbes y de Locke. Para estos autores, en el estado de naturaleza, en que no había poder político alguno, los individuos eran libres e iguales pero su existencia se veía constantemente perturbada por las constantes luchas entre ellos y, en la práctica, la libertad y la igualdad se les negaba. Así pues, descontentos con tal situación, estos individuos deciden ponerle fin, y para ello acuerdan mutuamente un contrato mediante el cual fundan un Estado, el instrumento que debe garantizarles seguir siendo libres e iguales como en el estado de naturaleza. Este contrato es, de hecho, la Constitución.
En la Constitución, en el contrato, se establecen y regulan, básicamente, su finalidad (la garantía de los derechos de libertad e igualdad) y los medios para hacer cumplir esta finalidad (los poderes constituidos: legislativo, ejecutivo y judicial, es decir, parlamento, gobierno y jueces). Estos poderes constituidos están condicionados y limitados, por el pacto fundacional y constituyente, sometidos, por tanto, a la Constitución.
Esta inicial idea de democracia liberal tuvo –Gran Bretaña aparte– dos grandes versiones: la estadounidense y la europea. En la primera se mantuvo el esquema inicial según el cual los poderes constituidos están sometidos a la Constitución y ello se garantizaba mediante el control de constitucionalidad de las normas jurídicas por parte de los jueces. En la versión europea, en cambio, el jacobinismo francés consagró la supremacía del Parlamento y de la ley, quedando la Constitución como una ley más y el Parlamento como órgano depositario de la soberanía nacional.
El constitucionalismo europeo se mantuvo en esta línea casi hasta la Segunda Guerra Mundial. Tras comprobar cómo las mayorías parlamentarias, las leyes sin control jurisdiccional y los parlamentos soberanos habían entregado el poder a Mussolini y a Hitler, con la catástrofe posterior que ello supuso, se retornó a la inicial idea de Constitución como contrato previo a la creación de los poderes constituidos. La Constitución debía contener un núcleo básico de derechos fundamentales y un esquema de poderes limitados y mutuamente controlados, cuya garantía última residía en los jueces.
Por esta misma época, este esquema se trasladó también al derecho internacional: la Carta de las Naciones Unidas (1945), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y, años más tarde, entre otros, los dos Pactos de Derechos de la ONU de 1966 sometían a los estados al derecho y protegían a los individuos frente a los estados. Todos estos cambios, tanto en el derecho interno como en el internacional, empezaban a configurar la democracia no como expresión de la voluntad de la mayoría, sino, en frase feliz de Luigi Ferrajoli, como la ley del débil frente a los desafueros del fuerte. A su vez, también comenzaba a establecerse un principio jurídico de insospechadas consecuencias: la soberanía reside en el pueblo, no en los parlamentos, y el respeto a los pactos fundacionales de los estados, es decir, las constituciones, se garantizaba mediante tribunales constitucionales. Esta era la democracia constitucional.
Se puede ser partidario de la democracia jacobina, basada en la prevalencia absoluta de las mayorías parlamentarias, o de la democracia constitucional, en la que, además de en las mayorías, la democracia se asegura también mediante un sistema de controles políticos y judiciales. Pero en todo caso, nuestra Constitución adoptó esta última y, por tanto, o se respeta o se reforma.
El president Montilla declaró el día de Sant Jordi pasado, refiriéndose naturalmente al pleito del Estatut, que "el Tribunal (Constitucional) tiene legitimidad legal, pero hay otro tipo de legitimidad más moral, más política, mucho más ética". No sé muy bien exactamente a qué tipo de legitimidad se refiere Montilla con estos vagos términos, me suena al viejo iusnaturalismo preliberal y predemocrático, a un derecho natural eterno que está por encima de las contingentes leyes humanas, o también al decisionismo schmittiano que justificó a Hitler, pero no creo que Montilla se refiera a ellos. Quizás a lo que se refiere es a la vieja democracia jacobina, en concreto a que las mayorías mandan sin control alguno y que los poderes constituidos pueden modificar aquello que en su momento aprobó el poder constituyente. Si es así, Montilla está hablando del sistema de otros países, y si quiere algún día hablar en estos términos de España, debería comenzar a emprender la reforma de la Constitución.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 29 de abril de 2010)
PREDICANDO CON BUENOS EJEMPLOS.
En las turbulencias de la crisis, la mirada que la sociedad dirige al sector público no es, en general, complaciente. Muchos lo ven como un universo sobredimensionado y protegido, caracterizado por bajos niveles de eficacia y eficiencia. Sin embargo, hay en Catalunya casos de buena práctica en el servicio público que resistirían con éxito cualquier comparación con ejemplos de excelencia empresarial del sector privado. ¿Qué tal un poco de benchmarking sin salir de casa?
El COPCA (Consorci de Promoció Comercial de Catalunya), nacido en 1988, es un organismo pionero de la globalización. Integrado hace poco en una nueva entidad pública (Acció), ha creado una red mundial de 38 oficinas en 30 países. Con una plantilla de algo más de 100 personas, gestionó entre 1988 y el 2007 más de 9.000 proyectos de apoyo a la internacionalización de empresas. El IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), creado en 1985, contaba en el 2008 con 10 centros de investigación propios y nueve consorciados. Ese mismo año firmó 38 convenios de colaboración científica y 92 contratos con empresas, y produjo 323 artículos y tres patentes. Ha situado a Catalunya en la vanguardia del sector a nivel mundial. El Banc de Sang i Teixits (BST) ha ido integrando en los últimos años la totalidad del ciclo de gestión de la sangre en Catalunya, afrontando con éxito complejos procesos de fusión y absorción. Es referente en inmunología diagnóstica y terapia celular avanzada y está impulsando interesantes proyectos público-privados en ese campo. ICREA es una organización pública de reducido tamaño, cuya misión es la atracción de talento en todo el mundo para las universidades y centros de investigación catalanes. Desde su fundación, hace 10 años, ha contratado a 249 científicos que producen, de media, más de cinco publicaciones al año.¿Hay, entre estas buenas prácticas, rasgos comunes que nos permitan hablar de un modelo compartido de organización y gestión? Creemos destacables los siguientes:
1) Contención de la política. El Gobierno asume su papel directivo sin invadir la esfera de gestión, ejerciéndolo con la voluntad de no interferir en la toma cotidiana de decisiones operativas.
2) Autonomía de gestión. Ni interferencias políticas ni un alud de controles burocráticos. «Let the managers manage», decían los reformadores británicos del sector público hace ya 30 años. Los equipos de gestión ejecutan el presupuesto y definen políticas de personal con un margen de autonomía razonable. Un detalle importante: no se ven afectados directamente por la negociación colectiva de los empleados públicos.
3) Liderazgo profesional. Quienes ejercen la dirección ejecutiva son personas profesionalmente reconocidas en sus respectivos ámbitos. Las cuestiones de confianza política no han sido determinantes en su adscripción al cargo. Con frecuencia, los órganos de gobierno incorporan a expertos independientes.
4) Estabilidad. La composición de los equipos de dirección –y, en ocasiones, de los mismos órganos de gobierno– es resistente al ciclo político-electoral.
5) Gestión por resultados. En los cuatro casos se utilizan instrumentos como la planificación estratégica, la dirección por objetivos y la evaluación de resultados, lo que ha obligado a crear indicadores de producto/servicio.
Si hoy contempláramos el mapa de los servicios públicos en Catalunya, limitándonos al nivel autonómico, estos y otros casos aparecerían como islas de excelencia, dignas de ser visitadas, pero no demasiado representativas de los atractivos del conjunto. ¿Cómo hacer para convertirlas en continentes, para extender el éxito a la totalidad del sector público? La respuesta está en los elementos comunes que hemos identificado. En síntesis, un diseño descentralizado, un gobierno capaz de ejercer el liderazgo estratégico, una gobernanza corporativa adecuada, un management profesional y un sistema de exigencia y rendición de cuentas basado en resultados son una parte importante del repertorio de soluciones.
Esta no es una mirada habitual en el entorno público. La tradición administrativa suele buscar las respuestas en consideraciones de índole jurídica. Curiosamente, sin embargo, en los cuatro ejemplos citados se dan hasta tres formas jurídicas diferentes (sociedad mercantil, consorcio y fundación). No es, pues, aquí donde debemos buscar. Ni siquiera es siempre necesario crear una persona jurídica diferenciada.
Si nos fijamos en la realidad más que en la forma de las cosas, descubriremos que el secreto de un sector público de calidad está indisolublemente vinculado a la buena calidad de la política. Fortalecer el sector público ante la crisis exige un liderazgo político valiente y comprometido, con reformas que afectan a la manera misma de gobernar y dirigir.
(Artículo de Francisco Longo y Ángel Saz-Carranza, publicado en "El Periódico de Catalunya" el 28 de abril de 2010)
El COPCA (Consorci de Promoció Comercial de Catalunya), nacido en 1988, es un organismo pionero de la globalización. Integrado hace poco en una nueva entidad pública (Acció), ha creado una red mundial de 38 oficinas en 30 países. Con una plantilla de algo más de 100 personas, gestionó entre 1988 y el 2007 más de 9.000 proyectos de apoyo a la internacionalización de empresas. El IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), creado en 1985, contaba en el 2008 con 10 centros de investigación propios y nueve consorciados. Ese mismo año firmó 38 convenios de colaboración científica y 92 contratos con empresas, y produjo 323 artículos y tres patentes. Ha situado a Catalunya en la vanguardia del sector a nivel mundial. El Banc de Sang i Teixits (BST) ha ido integrando en los últimos años la totalidad del ciclo de gestión de la sangre en Catalunya, afrontando con éxito complejos procesos de fusión y absorción. Es referente en inmunología diagnóstica y terapia celular avanzada y está impulsando interesantes proyectos público-privados en ese campo. ICREA es una organización pública de reducido tamaño, cuya misión es la atracción de talento en todo el mundo para las universidades y centros de investigación catalanes. Desde su fundación, hace 10 años, ha contratado a 249 científicos que producen, de media, más de cinco publicaciones al año.¿Hay, entre estas buenas prácticas, rasgos comunes que nos permitan hablar de un modelo compartido de organización y gestión? Creemos destacables los siguientes:
1) Contención de la política. El Gobierno asume su papel directivo sin invadir la esfera de gestión, ejerciéndolo con la voluntad de no interferir en la toma cotidiana de decisiones operativas.
2) Autonomía de gestión. Ni interferencias políticas ni un alud de controles burocráticos. «Let the managers manage», decían los reformadores británicos del sector público hace ya 30 años. Los equipos de gestión ejecutan el presupuesto y definen políticas de personal con un margen de autonomía razonable. Un detalle importante: no se ven afectados directamente por la negociación colectiva de los empleados públicos.
3) Liderazgo profesional. Quienes ejercen la dirección ejecutiva son personas profesionalmente reconocidas en sus respectivos ámbitos. Las cuestiones de confianza política no han sido determinantes en su adscripción al cargo. Con frecuencia, los órganos de gobierno incorporan a expertos independientes.
4) Estabilidad. La composición de los equipos de dirección –y, en ocasiones, de los mismos órganos de gobierno– es resistente al ciclo político-electoral.
5) Gestión por resultados. En los cuatro casos se utilizan instrumentos como la planificación estratégica, la dirección por objetivos y la evaluación de resultados, lo que ha obligado a crear indicadores de producto/servicio.
Si hoy contempláramos el mapa de los servicios públicos en Catalunya, limitándonos al nivel autonómico, estos y otros casos aparecerían como islas de excelencia, dignas de ser visitadas, pero no demasiado representativas de los atractivos del conjunto. ¿Cómo hacer para convertirlas en continentes, para extender el éxito a la totalidad del sector público? La respuesta está en los elementos comunes que hemos identificado. En síntesis, un diseño descentralizado, un gobierno capaz de ejercer el liderazgo estratégico, una gobernanza corporativa adecuada, un management profesional y un sistema de exigencia y rendición de cuentas basado en resultados son una parte importante del repertorio de soluciones.
Esta no es una mirada habitual en el entorno público. La tradición administrativa suele buscar las respuestas en consideraciones de índole jurídica. Curiosamente, sin embargo, en los cuatro ejemplos citados se dan hasta tres formas jurídicas diferentes (sociedad mercantil, consorcio y fundación). No es, pues, aquí donde debemos buscar. Ni siquiera es siempre necesario crear una persona jurídica diferenciada.
Si nos fijamos en la realidad más que en la forma de las cosas, descubriremos que el secreto de un sector público de calidad está indisolublemente vinculado a la buena calidad de la política. Fortalecer el sector público ante la crisis exige un liderazgo político valiente y comprometido, con reformas que afectan a la manera misma de gobernar y dirigir.
(Artículo de Francisco Longo y Ángel Saz-Carranza, publicado en "El Periódico de Catalunya" el 28 de abril de 2010)
ZONAS PELIGROSAS.
Diríase que cuando el país atraviesa una situación económica muy difícil con un paro alarmante, un déficit público sin precedentes, un grave descenso de la actividad económica y otras magnitudes de igual relevancia negativa, los esfuerzos deberían conducir hacia una obsesiva voluntad de que todo lo demás funcionase razonablemente bien. Pues, no; no es así.
Parece como si se pretendiera distraer la atención hacia otros problemas, sin reparar en que, a estos efectos, la situación se erosiona en todos los niveles de la vida social. La crisis no se centra en el campo de lo económico exclusivamente; el país está sometido a una constante tensión, para dividir y confrontar a los ciudadanos. Sin reparar en las consecuencias se apela con toda claridad a las dos Españas; se politiza a la justicia como instrumento de servicio de intereses partidistas. No sólo se olvida lo que la transición representó, sino que se pretende condenarla. Los hay que prefieren volver a lo más clásico de la historia de España, antes que consolidar las vías que la transición abrió para la convivencia en democracia y libertad.
Se pretende volver a empezar sobre bases distintas. Sobre las de siempre, no las que dieron vida a la Constitución del 78. Todos la invocan, pero no quieren respetar ni su espíritu, ni sus valores, ni el pacto que la hizo posible. Para unos, con la Constitución del 78 se "cedió" demasiado, como si el país y la libertad fueran su exclusivo patrimonio. Para otros, fue un paréntesis para coger fuerzas y volver a las andadas. Estamos entrando en zonas peligrosas. La democracia es mucho más que leyes y sentencias. No se trata de imponer, ni de trágalas, ni de constituirse en depositarios exclusivos de la razón de Estado. Se trata de pactar, dialogar, respetar; empezando por las instituciones que no pueden reclamar respeto si ellos no respetan el sentido de su función.
La crisis económica la compartimos con otros; la otra, esta es nuestra. Peligrosamente nuestra. Y cuando se bajan unos peldaños de la escalera del prestigio internacional, están más ocupados que los situados por encima. Y se comparte la nueva posición con quien no desearíamos compararnos. Hay que volver a subir; y, para esto, abandonar las zonas peligrosas.
(Artículo de Miquel Roca, publicado en "La Vanguardia" el 27 de abril de 2010)
ENTERRAR A LOS MUERTOS.
Todo ser humano -héroe o villano, decente o criminal- tiene derecho al duelo por parte de aquellos que lo amaron en vida. Y ese duelo exige la presencia del cadáver con el fin de poder enterrar dignamente los restos del difunto.
Esa demanda, la del duelo, se transmite de padres a hijos. Así se constata en el caso de las fosas dejadas en campos y cunetas por la represión franquista. Han sido los nietos de los muertos quienes han reclamado -y reclaman- un entierro decente para sus abuelos. Este era -a mi juicio- el principal objetivo de la Ley de Memoria Histórica. Pero ¿qué ha hecho el Gobierno para cumplir esta ley desde que se aprobó? Si hemos de atender a lo que dicen los parientes de los muertos, el Gobierno ha hecho muy poco. Quizá por eso algunos deudos fueron a llamar a la puerta de Baltasar Garzón, quien, creyéndose competente para el caso, acabó por meterse en un lío de incierto destino.
Mas, sea como sea, este barullo judicial ha servido para colar algunos mensajes de muy dudosa calidad.
Mensaje nº 1: La Ley de Amnistía -como toda la Transición- fue hecha bajo presión, debido al miedo que producía el ruido de sables. Más que amnistía fue amnesia lo que se impuso.
Esto es falso y además encierra una calumnia contra quienes se pusieron de acuerdo en traer la democracia a España y para ello prepararon una Constitución consensuada. No fueron cobardes, sino generosos.
El proceso necesitaba de la previa reconciliación, por eso -y sólo para eso- se votó la Ley de Amnistía, cuya vigencia se pretende ahora negar echando mano de las normas del Derecho Penal internacional que declaran imprescriptibles los crímenes contra la Humanidad. Normas éstas que, según los especialistas consultados, no invalidan en nada la Ley de Amnistía de 1977.
En efecto, el único texto vinculante en materia de crímenes contra la Humanidad está en el convenio que se elaboró y aprobó en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 2391 -XXIII- de 26 de noviembre de 1968), que no contiene codificación alguna de normas de Derecho Internacional. Es un tratado-ley que sólo obliga a los Estados ratificantes, que han sido apenas una cincuentena, entre los que no está España ni Estados Unidos ni países importantes de la Unión Europea. Por lo tanto, la ley española de amnistía no se opuso a ninguna otra norma de origen internacional que la contradijese.
Por otro lado, el tratado por el que se instituyó el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 11 que esa Corte sólo tendrá competencia respecto de crímenes cometidos después de su entrada en vigor, lo cual deja fuera los crímenes del franquismo y también, por cierto, aquellos que pudieran haber cometido -permitido- las autoridades republicanas.
En cualquier caso, ha quedado bien claro que en los dos bandos se practicó una enfurecida "limpieza étnica".
Y aquí llega el segundo mensaje perverso:
Mensaje nº 2: Los asesinados en la retaguardia republicana ya fueron "honrados" y sus victimarios perseguidos por el franquismo. Los únicos que ahora deben ser "honrados" -y sus asesinos juzgados- son los represaliados por el franquismo.
Lo que se consigue con un mensaje tan sectario es perpetuar la división. Precisamente todo lo contrario de lo que una persona bien nacida debiera desear. En efecto, lo que se debiera hacer es precisamente lo contrario, es decir, ampliar el mutuo perdón y hacer que todos los muertos -todos- sean también de todos. Que quienes cayeron bajo la represión en la retaguardia republicana no por cometer algún delito sino por ser (ser cura, ser militar, ser noble, ser rico, ser de derechas...) sean reivindicados por las gentes de la izquierda, y los asesinados por los franquistas sin haber cometido delito alguno, simplemente, ellos también, por ser (ser sindicalista, ser republicano, ser socialista, ser comunista...) deben ser reivindicados por las gentes de la derecha. ¿Con qué fin? Simplemente, para poder decir todos juntos: ¡Nunca más!
Mensaje nº 3: Todos los represaliados por el franquismo son héroes de la democracia y de la libertad.
Los ganadores de la guerra civil sostuvieron durante los años de la dictadura que "sus" muertos (1936-1939) en el frente o bajo la represión en los territorios fieles al Gobierno republicano eran "mártires de la Cruzada", afirmación que está tan lejos de la verdad como cerca de la propaganda.
Ahora, con parecido entusiasmo, se pretende que todos los enemigos del franquismo que fueron represaliados durante aquella interminable dictadura fueron "héroes de la Democracia".
Esta es, también, una afirmación sectaria, y por eso debe ser negada. Lo haré a continuación, a sabiendas del riesgo que corro con ello.
Vivir durante la guerra en la retaguardia republicana -nadie que se haya ocupado de ese asunto lo negará- representó para mucha gente un auténtico infierno de persecución y de muerte. Bastaría la lectura de la gran novela de Juan Iturralde, Días de llamas, para ilustrarlo. Y esa novela me lleva a un personaje -ligado a la UGT y al PSOE- que resultó ser un individuo siniestro: Agapito García Atadell, quien se hizo famoso en Madrid al inicio de la guerra civil como jefe de una de las Brigadas del Amanecer que operaban en la capital (también los de la FAI fueron maestros en "represión revolucionaria" y montaron, por ejemplo, una checa en el Cine Europa de la calle Bravo Murillo desde donde salían a dar paseos nocturnos y a llenar de cadáveres la Dehesa de la Villa). Estas pandillas -muy contentas de exhibirse armadas por la retaguardia y de no pisar el frente- aparecían de madrugada en los domicilios de la gente "de derechas" para dar el paseo a sus moradores y, de paso, "requisar" en su propio beneficio los bienes que encontraban en los registros de aquella casas.
Según se cuenta, Indalecio Prieto -que era ministro de la Guerra- dio la orden de detener al "compañero" García Atadell y a su cuadrilla, pero, quizá alertado, Atadell arrambló con todo lo que pudo y se fue a Marsella, desde donde tomó un barco con destino a Buenos Aires. Pero el buque hizo escala en Canarias y los franquistas (quizá avisados desde la zona republicana) lo sacaron del navío y lo tomaron preso.
Sabemos a través de Koestler (autor de El cero y el infinito), entonces encarcelado por los franquistas en Sevilla, que García Atadell estuvo en aquella cárcel y allí le dieron garrote. Probablemente, sus restos reposen en alguna fosa común de algún cementerio sevillano y ahora podrían ser exhumados... ¿Con honores?
¿Por qué no aceptamos la verdad de una puñetera vez? La inmensa mayoría de la derecha española renegó de la democracia durante la República y, desde luego, durante la guerra... Pero es que la izquierda, en gran parte, hizo lo mismo, tomando la deriva "revolucionaria". En cualquier caso, una guerra civil no es el mejor momento para la defensa de los derechos civiles ni para la discusión civilizada... "Es la hora de los hornos y no se ha de ver sino su luz", ¿recuerdan?
En fin, que entre tanto ruido se ha impuesto, al fin, una consigna según la cual "el PP se niega a reconocer la sangrante realidad de las fosas" (sic). Se llega así al último mensaje. Éste ya en clave electoral.
Mensaje nº 4: La derecha española es heredera y añorante del franquismo.
¿O sea, que casi la mitad de los votantes españoles prefieren el franquismo? No sé si los ideólogos que sostienen tal mensaje y tal barbaridad, son conscientes del disparate que perpetran con este tipo de propaganda sectaria.
Mas debo decir, para concluir, que somos muchos los que -hartos de simplificaciones- nos negamos a que la izquierda se reduzca a ser la mera expresión de una aversión, la aversión a una derecha a la que visten de maniqueo sin ningún rigor intelectual.
(Artículo de Joaquín Leguina, publicado en "El País" el 24 de abril de 2010)
Esa demanda, la del duelo, se transmite de padres a hijos. Así se constata en el caso de las fosas dejadas en campos y cunetas por la represión franquista. Han sido los nietos de los muertos quienes han reclamado -y reclaman- un entierro decente para sus abuelos. Este era -a mi juicio- el principal objetivo de la Ley de Memoria Histórica. Pero ¿qué ha hecho el Gobierno para cumplir esta ley desde que se aprobó? Si hemos de atender a lo que dicen los parientes de los muertos, el Gobierno ha hecho muy poco. Quizá por eso algunos deudos fueron a llamar a la puerta de Baltasar Garzón, quien, creyéndose competente para el caso, acabó por meterse en un lío de incierto destino.
Mas, sea como sea, este barullo judicial ha servido para colar algunos mensajes de muy dudosa calidad.
Mensaje nº 1: La Ley de Amnistía -como toda la Transición- fue hecha bajo presión, debido al miedo que producía el ruido de sables. Más que amnistía fue amnesia lo que se impuso.
Esto es falso y además encierra una calumnia contra quienes se pusieron de acuerdo en traer la democracia a España y para ello prepararon una Constitución consensuada. No fueron cobardes, sino generosos.
El proceso necesitaba de la previa reconciliación, por eso -y sólo para eso- se votó la Ley de Amnistía, cuya vigencia se pretende ahora negar echando mano de las normas del Derecho Penal internacional que declaran imprescriptibles los crímenes contra la Humanidad. Normas éstas que, según los especialistas consultados, no invalidan en nada la Ley de Amnistía de 1977.
En efecto, el único texto vinculante en materia de crímenes contra la Humanidad está en el convenio que se elaboró y aprobó en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 2391 -XXIII- de 26 de noviembre de 1968), que no contiene codificación alguna de normas de Derecho Internacional. Es un tratado-ley que sólo obliga a los Estados ratificantes, que han sido apenas una cincuentena, entre los que no está España ni Estados Unidos ni países importantes de la Unión Europea. Por lo tanto, la ley española de amnistía no se opuso a ninguna otra norma de origen internacional que la contradijese.
Por otro lado, el tratado por el que se instituyó el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 11 que esa Corte sólo tendrá competencia respecto de crímenes cometidos después de su entrada en vigor, lo cual deja fuera los crímenes del franquismo y también, por cierto, aquellos que pudieran haber cometido -permitido- las autoridades republicanas.
En cualquier caso, ha quedado bien claro que en los dos bandos se practicó una enfurecida "limpieza étnica".
Y aquí llega el segundo mensaje perverso:
Mensaje nº 2: Los asesinados en la retaguardia republicana ya fueron "honrados" y sus victimarios perseguidos por el franquismo. Los únicos que ahora deben ser "honrados" -y sus asesinos juzgados- son los represaliados por el franquismo.
Lo que se consigue con un mensaje tan sectario es perpetuar la división. Precisamente todo lo contrario de lo que una persona bien nacida debiera desear. En efecto, lo que se debiera hacer es precisamente lo contrario, es decir, ampliar el mutuo perdón y hacer que todos los muertos -todos- sean también de todos. Que quienes cayeron bajo la represión en la retaguardia republicana no por cometer algún delito sino por ser (ser cura, ser militar, ser noble, ser rico, ser de derechas...) sean reivindicados por las gentes de la izquierda, y los asesinados por los franquistas sin haber cometido delito alguno, simplemente, ellos también, por ser (ser sindicalista, ser republicano, ser socialista, ser comunista...) deben ser reivindicados por las gentes de la derecha. ¿Con qué fin? Simplemente, para poder decir todos juntos: ¡Nunca más!
Mensaje nº 3: Todos los represaliados por el franquismo son héroes de la democracia y de la libertad.
Los ganadores de la guerra civil sostuvieron durante los años de la dictadura que "sus" muertos (1936-1939) en el frente o bajo la represión en los territorios fieles al Gobierno republicano eran "mártires de la Cruzada", afirmación que está tan lejos de la verdad como cerca de la propaganda.
Ahora, con parecido entusiasmo, se pretende que todos los enemigos del franquismo que fueron represaliados durante aquella interminable dictadura fueron "héroes de la Democracia".
Esta es, también, una afirmación sectaria, y por eso debe ser negada. Lo haré a continuación, a sabiendas del riesgo que corro con ello.
Vivir durante la guerra en la retaguardia republicana -nadie que se haya ocupado de ese asunto lo negará- representó para mucha gente un auténtico infierno de persecución y de muerte. Bastaría la lectura de la gran novela de Juan Iturralde, Días de llamas, para ilustrarlo. Y esa novela me lleva a un personaje -ligado a la UGT y al PSOE- que resultó ser un individuo siniestro: Agapito García Atadell, quien se hizo famoso en Madrid al inicio de la guerra civil como jefe de una de las Brigadas del Amanecer que operaban en la capital (también los de la FAI fueron maestros en "represión revolucionaria" y montaron, por ejemplo, una checa en el Cine Europa de la calle Bravo Murillo desde donde salían a dar paseos nocturnos y a llenar de cadáveres la Dehesa de la Villa). Estas pandillas -muy contentas de exhibirse armadas por la retaguardia y de no pisar el frente- aparecían de madrugada en los domicilios de la gente "de derechas" para dar el paseo a sus moradores y, de paso, "requisar" en su propio beneficio los bienes que encontraban en los registros de aquella casas.
Según se cuenta, Indalecio Prieto -que era ministro de la Guerra- dio la orden de detener al "compañero" García Atadell y a su cuadrilla, pero, quizá alertado, Atadell arrambló con todo lo que pudo y se fue a Marsella, desde donde tomó un barco con destino a Buenos Aires. Pero el buque hizo escala en Canarias y los franquistas (quizá avisados desde la zona republicana) lo sacaron del navío y lo tomaron preso.
Sabemos a través de Koestler (autor de El cero y el infinito), entonces encarcelado por los franquistas en Sevilla, que García Atadell estuvo en aquella cárcel y allí le dieron garrote. Probablemente, sus restos reposen en alguna fosa común de algún cementerio sevillano y ahora podrían ser exhumados... ¿Con honores?
¿Por qué no aceptamos la verdad de una puñetera vez? La inmensa mayoría de la derecha española renegó de la democracia durante la República y, desde luego, durante la guerra... Pero es que la izquierda, en gran parte, hizo lo mismo, tomando la deriva "revolucionaria". En cualquier caso, una guerra civil no es el mejor momento para la defensa de los derechos civiles ni para la discusión civilizada... "Es la hora de los hornos y no se ha de ver sino su luz", ¿recuerdan?
En fin, que entre tanto ruido se ha impuesto, al fin, una consigna según la cual "el PP se niega a reconocer la sangrante realidad de las fosas" (sic). Se llega así al último mensaje. Éste ya en clave electoral.
Mensaje nº 4: La derecha española es heredera y añorante del franquismo.
¿O sea, que casi la mitad de los votantes españoles prefieren el franquismo? No sé si los ideólogos que sostienen tal mensaje y tal barbaridad, son conscientes del disparate que perpetran con este tipo de propaganda sectaria.
Mas debo decir, para concluir, que somos muchos los que -hartos de simplificaciones- nos negamos a que la izquierda se reduzca a ser la mera expresión de una aversión, la aversión a una derecha a la que visten de maniqueo sin ningún rigor intelectual.
(Artículo de Joaquín Leguina, publicado en "El País" el 24 de abril de 2010)
PARTIDISMO.
Pensaba que con el tiempo la democracia se iría asentando y seríamos capaces de expresar y leer opiniones sin tener que juzgarlas por su fidelidad o su traición a un partido político. Pero no. Parece que la experiencia no nos ha mejorado. Cualquier asunto que se trate debe ser escrito, leído y juzgado bajo ese prisma. Con tal intensidad hemos entrado todos en el juego que tanto los que escribimos como los que leemos padecemos un déficit en nuestros niveles de tolerancia, como si nos faltara la vitamina esencial para respetar el juicio de alguien que no piensa exactamente como tú.
Pongo un ejemplo. Hace unos días escribo un artículo crítico con la idea que promueve el Ministerio de Igualdad de modificar los cuentos tradicionales a fin de adaptarlos al curso de los tiempos. Mientras lo escribo soy consciente de dos cosas: para la derecha cualquier excusa es buena para arremeter furiosamente, no ya contra las medidas de ese ministerio, sino contra personas en concreto, contra ciertas mujeres del ámbito público. Ridiculizarlas se ha convertido en una fiesta diaria. Por otra parte, para la izquierda, o mejor dicho, para algunas mujeres socialistas, la manera de no excitar el apetito voraz de este encendido batallón misógino es callarse la boca aunque no se esté de acuerdo con la medida en cuestión. El resultado de todo esto es que la pretensión de debate que tú tenías se ve completamente adulterada. Se alegran los detractores del feminismo (entre los cuales jamás me encontraré) y se sienten traicionadas algunas socialistas (como si hubiera una sola forma de entender la igualdad, la ministerial). Lo que una más desearía es que los lectores no se vieran afectados por este virus partidista que a todo afecta. Que hicieran notar su fuerza de ciudadanos, el derecho a su opinión legítima. Como yo trato de hacerlo cada vez que escribo.
(Artículo de Elvira Lindo, publicado en "El País" el 21 de abril de 2010)
Pongo un ejemplo. Hace unos días escribo un artículo crítico con la idea que promueve el Ministerio de Igualdad de modificar los cuentos tradicionales a fin de adaptarlos al curso de los tiempos. Mientras lo escribo soy consciente de dos cosas: para la derecha cualquier excusa es buena para arremeter furiosamente, no ya contra las medidas de ese ministerio, sino contra personas en concreto, contra ciertas mujeres del ámbito público. Ridiculizarlas se ha convertido en una fiesta diaria. Por otra parte, para la izquierda, o mejor dicho, para algunas mujeres socialistas, la manera de no excitar el apetito voraz de este encendido batallón misógino es callarse la boca aunque no se esté de acuerdo con la medida en cuestión. El resultado de todo esto es que la pretensión de debate que tú tenías se ve completamente adulterada. Se alegran los detractores del feminismo (entre los cuales jamás me encontraré) y se sienten traicionadas algunas socialistas (como si hubiera una sola forma de entender la igualdad, la ministerial). Lo que una más desearía es que los lectores no se vieran afectados por este virus partidista que a todo afecta. Que hicieran notar su fuerza de ciudadanos, el derecho a su opinión legítima. Como yo trato de hacerlo cada vez que escribo.
(Artículo de Elvira Lindo, publicado en "El País" el 21 de abril de 2010)
VOZ Y LEALTAD
Señalaba Albert Hirschman que los miembros de una organización tienen dos opciones para reaccionar ante el incumplimiento reiterado de sus expectativas: salida o voz. Esto es, optar por salir de la organización o intentar cambiarla desde dentro. La elección de una u otra dependerá del nivel de lealtad hacia la organización, que puede retardar la opción salida y favorecer el uso de la voz.
Pero esa elección dependerá también de la estrategia de las propias organizaciones que pueden anticiparse a esta reacción de sus miembros y habilitar, así, mecanismos de voz para canalizar el descontento y hacer menos probable la salida. En el caso de la Unión Europea, la opción salida no es realista. Quizás, por ello, se ha apelado tradicionalmente a la lealtad más que a los mecanismos de voz. En cualquier caso, parece que la lealtad, aun pudiendo limitar los deseos de ejercitar la opción salida, no es suficiente para activar la voz de los ciudadanos.
En este contexto es en el que se está concretando la iniciativa popular europea, esto es, la posibilidad de que un millón de ciudadanos puedan someter a la consideración de la Comisión una propuesta que entre en el marco de sus competencias. No se trata pues de elevar una iniciativa popular al voto del Parlamento Europeo, con la consiguiente aprobación de una ley. Tampoco aspira a convertirse en una carta a los Reyes Magos en la que se pueda pedir la elección directa del presidente del Consejo Europeo, la creación de una Hacienda europea o la europeización de determinadas políticas nacionales y viceversa. Incluso una de las campañas mejor organizadas a nivel europeo (con más de un millón de firmas), la que pretende la unificación de las dos sedes del Parlamento Europeo –que cuestan a los ciudadanos europeos 200 millones de euros (el 15% del presupuesto parlamentario)– queda fuera del objetivo de esta iniciativa.
Sin embargo, no es un instrumento que nazca vacío de contenido. Piénsese en el debate que generó la directiva de retorno ilegal de inmigrantes, la de las 65 horas o cuestiones más recientes como el proyecto de tratado antifalsificación (ACTA), que son silenciadas interesadamente. La iniciativa popular puede servir para recuperar estos temas olvidados o aquellos que son tan invisibles como importantes. Del uso que se haga de esta iniciativa dependerá que sigamos siendo sujetos leales pero ahora, también, con voz.
(Artículo de Alfonso Egea de Haro, publicado en "Público" el 16 de abril de 2010)
Pero esa elección dependerá también de la estrategia de las propias organizaciones que pueden anticiparse a esta reacción de sus miembros y habilitar, así, mecanismos de voz para canalizar el descontento y hacer menos probable la salida. En el caso de la Unión Europea, la opción salida no es realista. Quizás, por ello, se ha apelado tradicionalmente a la lealtad más que a los mecanismos de voz. En cualquier caso, parece que la lealtad, aun pudiendo limitar los deseos de ejercitar la opción salida, no es suficiente para activar la voz de los ciudadanos.
En este contexto es en el que se está concretando la iniciativa popular europea, esto es, la posibilidad de que un millón de ciudadanos puedan someter a la consideración de la Comisión una propuesta que entre en el marco de sus competencias. No se trata pues de elevar una iniciativa popular al voto del Parlamento Europeo, con la consiguiente aprobación de una ley. Tampoco aspira a convertirse en una carta a los Reyes Magos en la que se pueda pedir la elección directa del presidente del Consejo Europeo, la creación de una Hacienda europea o la europeización de determinadas políticas nacionales y viceversa. Incluso una de las campañas mejor organizadas a nivel europeo (con más de un millón de firmas), la que pretende la unificación de las dos sedes del Parlamento Europeo –que cuestan a los ciudadanos europeos 200 millones de euros (el 15% del presupuesto parlamentario)– queda fuera del objetivo de esta iniciativa.
Sin embargo, no es un instrumento que nazca vacío de contenido. Piénsese en el debate que generó la directiva de retorno ilegal de inmigrantes, la de las 65 horas o cuestiones más recientes como el proyecto de tratado antifalsificación (ACTA), que son silenciadas interesadamente. La iniciativa popular puede servir para recuperar estos temas olvidados o aquellos que son tan invisibles como importantes. Del uso que se haga de esta iniciativa dependerá que sigamos siendo sujetos leales pero ahora, también, con voz.
(Artículo de Alfonso Egea de Haro, publicado en "Público" el 16 de abril de 2010)
URGENCIA DEL PACTO CONTRA LA CORRUPCIÓN.
Todos elogiaron ayer la iniciativa de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) de elaborar una especie de código ético para luchar con eficacia contra la corrupción, Pero una cosa son los saludos de bienvenida y otra la puesta en práctica de las medidas que propone la OAC, un total de 34, entre las que destacan la suspensión inmediata y cautelar en sus funciones de los sospechosos de irregularidades, el refuerzo de la independencia de los órganos de control interno de los ayuntamientos o las reformas legislativas sobre la concesión de subvenciones y la suspensión de ayudas oficiales a las administraciones que no acepten ser fiscalizadas. El documento de la OAC pone el dedo en la llaga al basar la lucha contra la corrupción en el aumento de la transparencia y el control, en la profesionalización del servicio público y en la pedagogía para concienciar a la población ante un problema que contribuye a la desafección política.
Detrás del apoyo genérico al documento de la OAC, nos encontramos ante el hecho de que el texto circula por los despachos del poder desde los primeros días del pasado mes de diciembre, sin fruto alguno hasta el momento. La explicación de este retraso posiblemente se deba a uno de los argumentos esgrimidos ayer por algunos partidos: es imposible hacer nada antes de las elecciones autonómicas de final de año.
El argumento es rechazable por dos razones. La primera es que recurrir a él podría sugerir que los partidos están pensando, como suelen hacer, en utilizar la corrupción de los rivales como arma electoral. Pero es obvio que los casos recientes más señalados –el saqueo del Palau de la Música y la operación Pretoria– salpican a las dos principales formaciones políticas catalanas, CiU y el PSC.
La segunda razón es que, si son sinceras las intenciones de aplicar reformas para combatir la corrupción, y todos los partidos están de acuerdo en un determinado número de medidas, ¿por qué no se pueden poner en marcha, o al menos intentarlo, antes de las elecciones? ¿En qué pueden interferir las elecciones si existe realmente voluntad política para instrumentar mecanismos de transparencia y control de las actuaciones públicas?
La oportuna iniciativa emprendida por la oficina dirigida por el exfiscal David Martínez Madero merece menos palabras y más hechos.
(Editorial de "El Periódico de Catalunya", publicado el 13 de abril de 2010)
Detrás del apoyo genérico al documento de la OAC, nos encontramos ante el hecho de que el texto circula por los despachos del poder desde los primeros días del pasado mes de diciembre, sin fruto alguno hasta el momento. La explicación de este retraso posiblemente se deba a uno de los argumentos esgrimidos ayer por algunos partidos: es imposible hacer nada antes de las elecciones autonómicas de final de año.
El argumento es rechazable por dos razones. La primera es que recurrir a él podría sugerir que los partidos están pensando, como suelen hacer, en utilizar la corrupción de los rivales como arma electoral. Pero es obvio que los casos recientes más señalados –el saqueo del Palau de la Música y la operación Pretoria– salpican a las dos principales formaciones políticas catalanas, CiU y el PSC.
La segunda razón es que, si son sinceras las intenciones de aplicar reformas para combatir la corrupción, y todos los partidos están de acuerdo en un determinado número de medidas, ¿por qué no se pueden poner en marcha, o al menos intentarlo, antes de las elecciones? ¿En qué pueden interferir las elecciones si existe realmente voluntad política para instrumentar mecanismos de transparencia y control de las actuaciones públicas?
La oportuna iniciativa emprendida por la oficina dirigida por el exfiscal David Martínez Madero merece menos palabras y más hechos.
(Editorial de "El Periódico de Catalunya", publicado el 13 de abril de 2010)
¿CASTIGARÁN LAS URNAS A LOS CORRUPTOS?
No sé si somos lo bastante conscientes ni si lo asumimos con suficiente responsabilidad, pero lo cierto es que, desde el punto de vista de la estructura política y social, el problema más escandaloso de nuestro país y el de mayor repercusión esencial es el de la corrupción en todos los distintos episodios en que se manifiesta por todo el Estado. Gran parte de estos episodios se producen en el ámbito administrativo y político, habitualmente en torno a concesiones o adjudicaciones públicas, manipuladas en beneficio de los propios administradores o del mantenimiento económico de los partidos políticos, y del gran volumen de las prebendas particulares que ellos mismos generan. Visto en conjunto, sorprende que esta densidad de corrupción descarada y, a menudo declarada, no haya provocado –no provoque, hoy mismo– una reacción popular más fuerte y contundente, una toma de posición de toda la ciudadanía, dispuesta a cortar de raíz una situación insostenible, una ofensa irreversible a las ya escasas esperanzas democráticas.
Casi diría que esta falta de reacción violenta de los ciudadanos, esta especie de conformidad o resignación fatalista –el reconocimiento de la propia impotencia para exigir honestidad– es, sintomáticamente, tanto o más grave que los mismos episodios de la corrupción. Porque solo se puede explicar como una pérdida moral colectiva, consecuencia de un general descrédito de la democracia y de sus principios fundamentales. Es cierto que los medios de comunicación han divulgado el tema, pero su asimilación por parte de la ciudadanía ha sido más bien en tono de acontecimiento escandaloso, puntual y anecdótico, y no como el anuncio de una caída radical y traumática de todo el sistema democrático. Y esto, seguramente, se verá más claro aún en las próximas elecciones. Me temo que, si antes no ha habido una explosión social que avale una nueva conciencia colectiva, gran parte de la ciudadanía no castigará, en absoluto, a los corruptos confesos, a los partidos que los amparan y a los grupos de presión que se benefician de ellos. Todos resurgirán o se mantendrán como si no tuvieran pecados por expiar. Tendremos que contentarnos con el gesto de la abstención que, pese a su eficacia, en sí mismo ya es una muestra de decadencia cívica.
¿Por qué no salimos violentamente en defensa de la democracia? ¿Por qué solo somos espectadores resignados? Serán muchas las razones que sociólogos y politólogos ya habrán analizado. Pero, simplificando, podríamos indicar un par: el desencanto político y la pérdida de valores morales de la democracia, lo que los más adictos a los símbolos de la historia podemos llamar espíritu republicano. El desencanto es evidente y tiene su base, sobre todo, en la reconocida ignorancia de los políticos y la reincidente inoperancia de los partidos, pero, también, en las insuficiencias programáticas y legislativas que no permiten asegurar una justa, adecuada y controlada participación ciudadana en las estructuras de decisión. Con malos políticos, malas leyes electorales y partidos torpemente estructurados en el egoísmo gremial, lo mejor es dejarlo correr y abstenerse. Por otro lado, la pérdida del valor moral del espíritu republicano debe ser, incluso, más importante. Todos participamos en el juego de la corrupción sin casi tener conciencia hasta utilizarla como un instrumento habitual, aunque sea a pequeña escala: el dinero negro, la declaración fraudulenta de beneficios, el tráfico de influencias, las trampas en el pago de impuestos, los actos inciviles, las delincuencias subterráneas son los escenarios de la corrupción universal, especialmente, en el Estado español. Una sociedad tan fundamentalmente corrupta no tiene fuerza para levantarse contra los estamentos de la más alta corrupción. Todo lo contrario: es el ámbito degenerado en el que, incluso, se admira a los administradores y políticos que han sido suficientemente avispados para hacerse una fortunita con robos relativamente discretos. La sociedad española no se levantará jamás contra la corrupción porque, ella misma, en su esencia, ya es demasiado corrupta. Cree poco en los valores morales de la democracia y demasiado en los éxitos de la corrupción ineludible.
Y el resumen de todo ello es un fracaso de la democracia, esta democracia que nos han adjudicado según los intereses de unos partidos y unos grupos de presión nada democráticos y sin moral cívica. Y este fracaso es grave porque solo puede solventarse cambiando los fundamentos del actual desastre social, penetrando a fondo, generando una revolución. Si no empezamos por esta revolución, mejor que nos contentemos con el maquillaje de la corrupción. Unas cuantas fianzas para unos cuantos corruptos y vuelta a empezar: los grandes partidos corruptos no serán ni levemente castigados. Es decir, el pequeño residuo de democracia que aún nos queda –las elecciones– no servirá ni para disimular la catástrofe.
(Artículo de Oriol Bohigas, publicado en "El Periódico de Catalunya" el 11 de abril de 2010)
Casi diría que esta falta de reacción violenta de los ciudadanos, esta especie de conformidad o resignación fatalista –el reconocimiento de la propia impotencia para exigir honestidad– es, sintomáticamente, tanto o más grave que los mismos episodios de la corrupción. Porque solo se puede explicar como una pérdida moral colectiva, consecuencia de un general descrédito de la democracia y de sus principios fundamentales. Es cierto que los medios de comunicación han divulgado el tema, pero su asimilación por parte de la ciudadanía ha sido más bien en tono de acontecimiento escandaloso, puntual y anecdótico, y no como el anuncio de una caída radical y traumática de todo el sistema democrático. Y esto, seguramente, se verá más claro aún en las próximas elecciones. Me temo que, si antes no ha habido una explosión social que avale una nueva conciencia colectiva, gran parte de la ciudadanía no castigará, en absoluto, a los corruptos confesos, a los partidos que los amparan y a los grupos de presión que se benefician de ellos. Todos resurgirán o se mantendrán como si no tuvieran pecados por expiar. Tendremos que contentarnos con el gesto de la abstención que, pese a su eficacia, en sí mismo ya es una muestra de decadencia cívica.
¿Por qué no salimos violentamente en defensa de la democracia? ¿Por qué solo somos espectadores resignados? Serán muchas las razones que sociólogos y politólogos ya habrán analizado. Pero, simplificando, podríamos indicar un par: el desencanto político y la pérdida de valores morales de la democracia, lo que los más adictos a los símbolos de la historia podemos llamar espíritu republicano. El desencanto es evidente y tiene su base, sobre todo, en la reconocida ignorancia de los políticos y la reincidente inoperancia de los partidos, pero, también, en las insuficiencias programáticas y legislativas que no permiten asegurar una justa, adecuada y controlada participación ciudadana en las estructuras de decisión. Con malos políticos, malas leyes electorales y partidos torpemente estructurados en el egoísmo gremial, lo mejor es dejarlo correr y abstenerse. Por otro lado, la pérdida del valor moral del espíritu republicano debe ser, incluso, más importante. Todos participamos en el juego de la corrupción sin casi tener conciencia hasta utilizarla como un instrumento habitual, aunque sea a pequeña escala: el dinero negro, la declaración fraudulenta de beneficios, el tráfico de influencias, las trampas en el pago de impuestos, los actos inciviles, las delincuencias subterráneas son los escenarios de la corrupción universal, especialmente, en el Estado español. Una sociedad tan fundamentalmente corrupta no tiene fuerza para levantarse contra los estamentos de la más alta corrupción. Todo lo contrario: es el ámbito degenerado en el que, incluso, se admira a los administradores y políticos que han sido suficientemente avispados para hacerse una fortunita con robos relativamente discretos. La sociedad española no se levantará jamás contra la corrupción porque, ella misma, en su esencia, ya es demasiado corrupta. Cree poco en los valores morales de la democracia y demasiado en los éxitos de la corrupción ineludible.
Y el resumen de todo ello es un fracaso de la democracia, esta democracia que nos han adjudicado según los intereses de unos partidos y unos grupos de presión nada democráticos y sin moral cívica. Y este fracaso es grave porque solo puede solventarse cambiando los fundamentos del actual desastre social, penetrando a fondo, generando una revolución. Si no empezamos por esta revolución, mejor que nos contentemos con el maquillaje de la corrupción. Unas cuantas fianzas para unos cuantos corruptos y vuelta a empezar: los grandes partidos corruptos no serán ni levemente castigados. Es decir, el pequeño residuo de democracia que aún nos queda –las elecciones– no servirá ni para disimular la catástrofe.
(Artículo de Oriol Bohigas, publicado en "El Periódico de Catalunya" el 11 de abril de 2010)
MIEDO, REBELIÓN, LIBERTAD
Todos deberíamos leer y releer la Declaración Universal de los Derechos Humanos para convencernos de que vale la pena seguir luchando en favor de los grandes valores éticos. Para que nos apercibamos de que estamos dotados de razón para remediar la tentación de la fuerza. Es apremiante esta lectura activa, porque no se están rectificando los rumbos. No se está yendo decididamente de la plutocracia al multilateralismo. No se está acabando con los paraísos fiscales, que hacen posible los tráficos de toda índole (drogas, armas, personas…). No se están erradicando ni la especulación ni la economía irresponsable. No se está contrarrestando la excesiva concentración del poder mediático. No se están iniciando los pasos conducentes a un nuevo modelo productivo de desarrollo global sostenible. Como antes de la crisis, lo único importante es negociar, vender, producir lo más barato posible mediante una deslocalización hacia el Este que no tiene en cuenta cómo viven los “productores” de estos países ni si se observan sus derechos humanos.
Las instituciones públicas como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como instituciones privadas de dudosa imparcialidad, están –cuando no supieron prever ni prevenir la crisis–actuando de forma interesada en favor de los mismos que originaron la grave situación presente. ¿Y qué hacen las comunidades científica, académica, artística? En general, son espectadores distraídos, que no reflexionan suficientemente sobre los grandes problemas ni actúan en consecuencia.
Ha llegado el momento de reaccionar frente a quienes pretenden que el mundo sea, simplemente, un inmenso mercado y los habitantes de la tierra tan sólo consumidores. Ha llegado el momento de aplicar el acervo del conocimiento disponible para encarar los desafíos de la naturaleza enfurecida.
Hay que sobreponerse a la apatía, al temor. Dice así el primer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal: “… Se ha proclamado, como aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del miedo y de la miseria,disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia…”.
Desde siempre, la existencia humana ha discurrido en espacios muy limitados, territorial y anímicamente, de tal modo que, con la excepción de grandes pensadores capaces de sobrellevar su confinamiento, las personas vivían temerosas de lejanos dioses y señores más próximos. Se ha hecho secularmente todo lo posible para que los ciudadanos no pudieran abandonar su condición de vasallos. La educación se ha limitado siempre –hasta la década de los noventa del siglo pasado– a la alfabetización y formación básica por parte de los países coloniales, y los sistemas autoritarios han propiciado el adoctrinamiento, la dependencia, la pertenencia sin discrepancias. La ignorancia –no hay mayor ignorancia que la del hombre cercado y el “pensamiento secuestrado”, en expresión de Susan George– conduce a la superstición. Y así se genera el fanatismo, el dogmatismo, la obcecación, el acobardamiento.
Cuando por fin hay quienes logran ser “educados”, es decir, “ser ellos mismos”, cuando se está a punto de no ser sólo contado en los comicios electorales, sino contar y ser tenido en cuenta, entonces se despliegan las inmensas alas del poder mediático que los reduce a espectadores impasibles, a testigos indiferentes a quienes se activa y desactiva como con la famosa campana de Pavlov.
Hasta que un día, después de años y años de democracias frágiles y maniobreras, llega, con la moderna tecnología de la comunicación, la posibilidad de construir en el ciberespacio lo que hasta ahora se ha podido evitar en la “vida real”. Hoy es ya posible modificar con la telefonía móvil, Internet, etc., la realidad tercamente acuñada, siempre imperturbable; movilizar a millones de seres humanos que pueden, por fin, unir sus voces y anhelos; y llevar a cabo la revuelta, pacífica pero firme, que los guardianes de la inercia y de los privilegios no dejaban ni siquiera esbozar. Y es que desconocían el próximo párrafo del preámbulo de la Declaración Universal: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión…”. Todo aquello que sojuzgue y reduzca a los seres humanos debe eliminarse si se pretende evitar la justareacción popular de quienes tanto han padecido, tanto padecen.
Pero pasar de receptores inocuos a emisores activos era muy difícil y, con frecuencia, arriesgado. Aparte –y no siempre– de las urnas, otras formas de expresión carecían de influencia y se hallaban con frecuencia trucadas. Pero con la participación no presencial, el panorama de la emancipación ciudadana en relación al poder cambiará radicalmente en muy pocos años.
De este modo, en menos tiempo del que muchos calculan, el siglo XXI será, por fin, el siglo de la gente, el siglo de la fuerza de la razón y nunca más de la razón de la fuerza, de la historia a la altura de las facultades que distinguen a todo ser humano único, terminando de este modo la historia descrita por Fukuyama, que tanto ha empañado la dignidad de la humanidad desde el origen de los tiempos. Se llevará así a efecto el último “considerando” del preámbulo de la Declaración que he querido comentar en este artículo: “Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”.
(Artículo de Federico Mayor Zaragoza, publicado en "Público" el día 9 de abril de 2010)
Las instituciones públicas como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como instituciones privadas de dudosa imparcialidad, están –cuando no supieron prever ni prevenir la crisis–actuando de forma interesada en favor de los mismos que originaron la grave situación presente. ¿Y qué hacen las comunidades científica, académica, artística? En general, son espectadores distraídos, que no reflexionan suficientemente sobre los grandes problemas ni actúan en consecuencia.
Ha llegado el momento de reaccionar frente a quienes pretenden que el mundo sea, simplemente, un inmenso mercado y los habitantes de la tierra tan sólo consumidores. Ha llegado el momento de aplicar el acervo del conocimiento disponible para encarar los desafíos de la naturaleza enfurecida.
Hay que sobreponerse a la apatía, al temor. Dice así el primer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal: “… Se ha proclamado, como aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del miedo y de la miseria,disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia…”.
Desde siempre, la existencia humana ha discurrido en espacios muy limitados, territorial y anímicamente, de tal modo que, con la excepción de grandes pensadores capaces de sobrellevar su confinamiento, las personas vivían temerosas de lejanos dioses y señores más próximos. Se ha hecho secularmente todo lo posible para que los ciudadanos no pudieran abandonar su condición de vasallos. La educación se ha limitado siempre –hasta la década de los noventa del siglo pasado– a la alfabetización y formación básica por parte de los países coloniales, y los sistemas autoritarios han propiciado el adoctrinamiento, la dependencia, la pertenencia sin discrepancias. La ignorancia –no hay mayor ignorancia que la del hombre cercado y el “pensamiento secuestrado”, en expresión de Susan George– conduce a la superstición. Y así se genera el fanatismo, el dogmatismo, la obcecación, el acobardamiento.
Cuando por fin hay quienes logran ser “educados”, es decir, “ser ellos mismos”, cuando se está a punto de no ser sólo contado en los comicios electorales, sino contar y ser tenido en cuenta, entonces se despliegan las inmensas alas del poder mediático que los reduce a espectadores impasibles, a testigos indiferentes a quienes se activa y desactiva como con la famosa campana de Pavlov.
Hasta que un día, después de años y años de democracias frágiles y maniobreras, llega, con la moderna tecnología de la comunicación, la posibilidad de construir en el ciberespacio lo que hasta ahora se ha podido evitar en la “vida real”. Hoy es ya posible modificar con la telefonía móvil, Internet, etc., la realidad tercamente acuñada, siempre imperturbable; movilizar a millones de seres humanos que pueden, por fin, unir sus voces y anhelos; y llevar a cabo la revuelta, pacífica pero firme, que los guardianes de la inercia y de los privilegios no dejaban ni siquiera esbozar. Y es que desconocían el próximo párrafo del preámbulo de la Declaración Universal: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión…”. Todo aquello que sojuzgue y reduzca a los seres humanos debe eliminarse si se pretende evitar la justareacción popular de quienes tanto han padecido, tanto padecen.
Pero pasar de receptores inocuos a emisores activos era muy difícil y, con frecuencia, arriesgado. Aparte –y no siempre– de las urnas, otras formas de expresión carecían de influencia y se hallaban con frecuencia trucadas. Pero con la participación no presencial, el panorama de la emancipación ciudadana en relación al poder cambiará radicalmente en muy pocos años.
De este modo, en menos tiempo del que muchos calculan, el siglo XXI será, por fin, el siglo de la gente, el siglo de la fuerza de la razón y nunca más de la razón de la fuerza, de la historia a la altura de las facultades que distinguen a todo ser humano único, terminando de este modo la historia descrita por Fukuyama, que tanto ha empañado la dignidad de la humanidad desde el origen de los tiempos. Se llevará así a efecto el último “considerando” del preámbulo de la Declaración que he querido comentar en este artículo: “Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”.
(Artículo de Federico Mayor Zaragoza, publicado en "Público" el día 9 de abril de 2010)
PREMIO PARA CORRUPTOS.
PARECE ser que el PSOE y el PP, gatos escaldados, tratan de establecer un pacto contra la corrupción -la política, supongo- para llevarlo al Parlamento y lograr su aprobación por todas las siglas allí representadas. Nada podría escandalizarme más y eso que, por español y por viejo, tengo el zurrón repleto de escándalos de todos los tamaños y colores. Si, en verdad, hace falta un reglamento para lograr que los representantes del pueblo -nacionales, autonómicos o locales- no abusen de su poder y posición, no tomen nada que no les pertenezca y se comporten según establecen las leyes, las costumbres, la ética y el buen sentido; ¿qué tipejos nos han colado de matute en el anonimato fáctico de las listas cerradas y bloqueadas?
Es común en las partitocracias el acuerdo entre los partidos para el mantenimiento del sistema; por ello, mientras unos pelan sus barbas otros remojan las suyas. Todos saben que la apariencia es indispensable para que los ciudadanos -es decir, los contribuyentes- mantengan sus adhesiones y renueven en las urnas el aval a quienes consideran sus representantes. Los clamores de corrupción excitan la desconfianza cívica y, como antídoto, las máquinas propagandísticas de los partidos, en sincronía con las del Estado, tratan de hacernos creer con sutiles y torticeros mensajes que la corrupción es una epidemia, algo así como la viruela o el sida, que llega por contagio inevitable.
Las instituciones no delinquen. Ese es un privilegio exclusivo de las personas que, eso sí, pueden asociarse con otras para, en cuadrilla, atentar contra lo ajeno; pero la corrupción no es un mal colectivo e incurable que viene dado por la fatalidad. De ahí que los partidos deban seleccionar con rigor a sus militantes y ser radicales en la denuncia de quienes vulneran la norma. Nunca, como suele suceder, sus protectores. Para dejarlo más claro, propongo que el innecesario consenso anticorrupción que buscan los grandes partidos se convierta en acuerdo para que cada año le sea concedido un premio que reconozca, para el escarnio público, el personaje político más corrupto de la temporada. Ese premio, que conllevaría estigma social, podría llevar el nombre simbólico del Duque de Lerma, el valido de Felipe III, que no fue el primero de los corruptos instalados en el poder, pero al que no se le puede negar la grandeza de su miseria.
(Artículo de Manuel Martín Ferrand, publicado en "ABC" el 4 de abril de 2010)
EL PODER DE LAS COMARCAS.
Sobre el papel, la comarcalización debería y podría ser un medio para acercar la Administración al ciudadano, mejorar la prestación de servicios y vertebrar el territorio. Pero, en la realidad, el proceso corre grave riesgo de extraviarse y de convertirse en una oportunidad para el clientelismo y el despilfarro. Hay que corregir el rumbo.
La creación de las comarcas -iniciada hace algo más de un decenio- tenía en Aragón indudables puntos a favor. A la existencia de unas realidades históricas y geográficas que pedían ser reconocidas, se unía la oportunidad de organizar más eficazmente, y en estrecha proximidad al ciudadano, algunos servicios públicos y de articular mejor un territorio en el que predominan los municipios escasamente poblados. Pero los riesgos del proceso también son evidentes. La comarcalización ha añadido un nuevo estrato a la pesada capa de niveles administrativos y, a pesar de lo inicialmente prometido desde el Gobierno de Aragón, ha supuesto un incremento del gasto público nada despreciable. Al crear -tal vez innecesariamente- nuevas instituciones políticas -presidencias y consejos comarcales- para cada una de las comarcas, ha agrandado la nómina de cargos públicos, con sus correspondientes cortes de asesores y puestos de libre designación. Es significativo constatar que solo el 6% de los empleados comarcales son funcionarios. La DGA asegura que las comarcas han traído una mejora real en la prestación de determinados servicios; pero la proximidad administrativa ofrece también ocasión al clientelismo y a la arbitrariedad en las contrataciones. Y genera nuevas esferas de influencia que pueden servir de moneda de cambio en un opaco reparto del poder.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 4 de abril de 2010)
La creación de las comarcas -iniciada hace algo más de un decenio- tenía en Aragón indudables puntos a favor. A la existencia de unas realidades históricas y geográficas que pedían ser reconocidas, se unía la oportunidad de organizar más eficazmente, y en estrecha proximidad al ciudadano, algunos servicios públicos y de articular mejor un territorio en el que predominan los municipios escasamente poblados. Pero los riesgos del proceso también son evidentes. La comarcalización ha añadido un nuevo estrato a la pesada capa de niveles administrativos y, a pesar de lo inicialmente prometido desde el Gobierno de Aragón, ha supuesto un incremento del gasto público nada despreciable. Al crear -tal vez innecesariamente- nuevas instituciones políticas -presidencias y consejos comarcales- para cada una de las comarcas, ha agrandado la nómina de cargos públicos, con sus correspondientes cortes de asesores y puestos de libre designación. Es significativo constatar que solo el 6% de los empleados comarcales son funcionarios. La DGA asegura que las comarcas han traído una mejora real en la prestación de determinados servicios; pero la proximidad administrativa ofrece también ocasión al clientelismo y a la arbitrariedad en las contrataciones. Y genera nuevas esferas de influencia que pueden servir de moneda de cambio en un opaco reparto del poder.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 4 de abril de 2010)
DESAFECCIÓN POLÍTICA.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) acaba de hacer público su barómetro de marzo, que no incluye intención de voto. Sin embargo, el dato más relevante es el suspenso que los ciudadanos otorgan a los políticos, que, en una valoración de 1 a 10, obtienen un raquítico 2,87, solo superado en negativo por la nota de un colectivo tan denostado como los okupas (2,45).
La desafección ciudadana hacia los políticos se ve confirmada en la respuesta sobre los principales problemas del país: la clase política y los partidos ocupan el tercer lugar (con un 15,8%), eso sí, muy lejos del paro (82,9%) y de los problemas económicos (45,3%). Los abundantes casos de corrupción y, sobre todo, la incapacidad de los partidos políticos para ponerse de acuerdo para combatir la crisis económica seguro que figuran entre las causas de este desapego que, curiosamente, no es mayor entre los jóvenes , sino entre una de las franjas de población más politizadas, la que va de los 35 a los 44 años. A mayor interés por la política, mayor desencanto. Es decir, este dato demuestra que no predomina la indiferencia, sino la actitud crítica. Otras organizaciones institucionales, como los sindicatos o las religiosas, tampoco alcanzan el aprobado, mientras que las mejores notas se reservan para oenegés de defensa de los derechos humanos o de los animales, ecologistas y pacifistas.
Por lo demás, la encuesta confirma lo que se observaba en sondeos anteriores, tanto en la mala valoración de la situación económica, como de la situación política. A diferencia de lo que predica el Gobierno, el pesimismo aumenta y solo un 21% de los encuestados creen que dentro de un año la economía mejorará.
(Editorial de "El Periódico de Catalunya", publicado el 1 de abril de 2010)
La desafección ciudadana hacia los políticos se ve confirmada en la respuesta sobre los principales problemas del país: la clase política y los partidos ocupan el tercer lugar (con un 15,8%), eso sí, muy lejos del paro (82,9%) y de los problemas económicos (45,3%). Los abundantes casos de corrupción y, sobre todo, la incapacidad de los partidos políticos para ponerse de acuerdo para combatir la crisis económica seguro que figuran entre las causas de este desapego que, curiosamente, no es mayor entre los jóvenes , sino entre una de las franjas de población más politizadas, la que va de los 35 a los 44 años. A mayor interés por la política, mayor desencanto. Es decir, este dato demuestra que no predomina la indiferencia, sino la actitud crítica. Otras organizaciones institucionales, como los sindicatos o las religiosas, tampoco alcanzan el aprobado, mientras que las mejores notas se reservan para oenegés de defensa de los derechos humanos o de los animales, ecologistas y pacifistas.
Por lo demás, la encuesta confirma lo que se observaba en sondeos anteriores, tanto en la mala valoración de la situación económica, como de la situación política. A diferencia de lo que predica el Gobierno, el pesimismo aumenta y solo un 21% de los encuestados creen que dentro de un año la economía mejorará.
(Editorial de "El Periódico de Catalunya", publicado el 1 de abril de 2010)
¡VIVA LA DEMOCRACIA CORPORATIVISTA!
¿Qué pasa en España? Los observadores extranjeros y quienes vivimos fuera de ella nos frotamos a diario los ojos como para despertar de un mal sueño. Las noticias en verdad asombrosas divulgadas por los medios informativos dignos de confianza y la escasa respuesta cívica que suscitan inquietan no sólo al lector medio sino también a los conocedores de los altibajos históricos de nuestra casi siempre mal gobernada Península.
Tras los escándalos que sacuden las comunidades autónomas regidas por el PP en las que el estupor se entrevera con el sainete, las burlas a la opinión pública se han agravado aún. Muchos ciudadanos hemos memorizado los sabrosos diálogos de Francisco Camps con su "amigo del alma" -diálogos que deberían figurar en las pruebas oficiales de lectura de los institutos de Enseñanza Media-, pero he aquí que meses después descubrimos consternados que la situación económica del presidente de la Comunidad Valenciana, a primera vista boyante, es de lo más precaria: una cuenta corriente de menos de 3.000 euros, un piso modesto, un carcamal de automóvil de 15 años de antigüedad. ¡Como para abrir una suscripción nacional de ayuda al infeliz, conforme sugirió un lector de este diario!
Cuanto surge de los entresijos de la trama Gürtel en las comunidades autónomas de Madrid y Galicia, amén de las grandes obras caritativas de Fabra, Matas y demás cargos de idéntica estatura moral y cívica, corresponde menos a lo que puede esperarse de un Estado de derecho que a lo propio de una república bananera del mal llamado Tercer Mundo, pues desde la caída del Muro de Berlín sólo hay dos. Y de nuevo nos frotamos los ojos para dejar de soñar.
Pero el mal sueño prosigue. Los votantes del PP no ignoran que los altos cargos de sus comunidades están allí "para forrarse". Lo saben y lo aceptan como algo natural. Son chorizos, sí, como escribí hace algún tiempo, "pero de los nuestros". Dicha mentalidad, denunciada elocuentemente en Italia por Roberto Saviano, supone la extinción paulatina del concepto de ciudadanía y su sustitución por ese "fatalismo risueño" (la frase es de Octavio Paz) ante lo supuestamente inevitable. ¡Cada cual a lo suyo y Dios con todos!
Dejando de lado la cuestionable legalidad de las escuchas de las conversaciones de Francisco Correa y Pablo Crespo con sus abogados, las pruebas abrumadoras de sus delitos de corrupción, soborno, blanqueo y evasión de capitales, etcétera, no ofrecen la menor duda. Y resulta cuando menos paradójico que los culpables de tales acciones pretendan sentar al juez Garzón en el banquillo y, sin dejar de ser acusados, se erijan en acusadores.
Lo mismo puede decirse de los recursos interpuestos por Falange Española y la asociación ultraderechista Manos Limpias contra Garzón y admitidos a trámite por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los argumentos jurídicos esgrimidos por el juez Luciano Varela ¿pueden invalidar los derechos de las víctimas de las matanzas programadas por los franquistas durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra? Ni la opinión pública española ni la internacional lo entienden.
La cacería organizada contra el juez que abrió el camino al enjuiciamiento de Pinochet y de los militares de la Junta argentina pone en tela de juicio la validez universal de la justicia establecida en el caso de los genocidios de Camboya, Bosnia y Uganda, para no hablar del holocausto judío. La impunidad me parece más grave que cualquier otra consideración. Las leyes cambian, pero como sucedió en el caso de la de Punto Final, los crímenes contra la humanidad no.
Escribo esto alarmado por la perspectiva que se extiende ante nosotros en caso de una eventual victoria electoral del PP dentro de un par de años. Su mayoritario control de los medios de comunicación a través de las licencias generosamente distribuidas por sus autonomías a los portavoces del neoconservadurismo más rancio; el sesgo resueltamente derechista de la mayoría de jueces del Tribunal Supremo; las ansias de desquite de quienes se creyeron injustamente desalojados del poder por los horribles atentados del 11-M y el vuelco electoral que provocaron, hacen temer el retorno a una España en la que el clientelismo creado por un poder casi caciquil, decidido a mantenerse ya no por años sino por décadas, se revestiría de la demagogia, xenofobia y patriotismo de fachada de la Italia de Berlusconi.
A dicho Gobierno no le faltaría, claro está, el sostén incondicional de una Iglesia en plena bancarrota ética (¡pero no económica!) tras la cascada de revelaciones sobre los abusos pedófilos (perdón, efébicos) de millares de sus miembros, incluidas sus más altas jerarquías, revelaciones que salpican a la Curia vaticana y al propio Pontífice. Pero esos pecadillos, mucho menos graves en opinión de nuestro episcopado que los del uso del preservativo antisida, la contraconcepción, el aborto y el "relativismo moral", no afectan en modo alguno el floreciente negocio del poder eclesiástico romano, "un mercado do se vende / lo que nunca tuvo precio", como escribió hace cinco siglos el poeta y dramaturgo Bartolomé Torres Naharro.
La berlusconización rampante de nuestro país y su deslizamiento a una democracia corporativa en la que prima la obediencia a los intereses del grupo, clan o partido sobre el imperio de la ley no se para con el mantenimiento de los privilegios exorbitantes del Concordato, que cuestan al Erario público, esto es al bolsillo del contribuyente, la modesta suma anual de 3.500 millones de euros, ni poniendo al frente del Tribunal Supremo a juristas de un perfil tan conservador como Dívar.
Ni la voracidad sin límites del Casino Global frenada durante varias décadas del pasado siglo por una socialdemocracia enfrentada al modelo soviético, ni el afán de poder de una Iglesia, cuyo crudo materialismo desmiente a diario sus pretensiones a un anacrónico magisterio espiritual, se amansan con concesiones. La historia nos prueba lo contrario. Como escribió el ya citado autor extremeño, tan poco estudiado, ay, en nuestras aulas, "pues si a Roma llaman santa / que santos nos haga Dios".
(Artículo de Juan Goytisolo, publicado en "El País" el 2 de abril de 2010)
Tras los escándalos que sacuden las comunidades autónomas regidas por el PP en las que el estupor se entrevera con el sainete, las burlas a la opinión pública se han agravado aún. Muchos ciudadanos hemos memorizado los sabrosos diálogos de Francisco Camps con su "amigo del alma" -diálogos que deberían figurar en las pruebas oficiales de lectura de los institutos de Enseñanza Media-, pero he aquí que meses después descubrimos consternados que la situación económica del presidente de la Comunidad Valenciana, a primera vista boyante, es de lo más precaria: una cuenta corriente de menos de 3.000 euros, un piso modesto, un carcamal de automóvil de 15 años de antigüedad. ¡Como para abrir una suscripción nacional de ayuda al infeliz, conforme sugirió un lector de este diario!
Cuanto surge de los entresijos de la trama Gürtel en las comunidades autónomas de Madrid y Galicia, amén de las grandes obras caritativas de Fabra, Matas y demás cargos de idéntica estatura moral y cívica, corresponde menos a lo que puede esperarse de un Estado de derecho que a lo propio de una república bananera del mal llamado Tercer Mundo, pues desde la caída del Muro de Berlín sólo hay dos. Y de nuevo nos frotamos los ojos para dejar de soñar.
Pero el mal sueño prosigue. Los votantes del PP no ignoran que los altos cargos de sus comunidades están allí "para forrarse". Lo saben y lo aceptan como algo natural. Son chorizos, sí, como escribí hace algún tiempo, "pero de los nuestros". Dicha mentalidad, denunciada elocuentemente en Italia por Roberto Saviano, supone la extinción paulatina del concepto de ciudadanía y su sustitución por ese "fatalismo risueño" (la frase es de Octavio Paz) ante lo supuestamente inevitable. ¡Cada cual a lo suyo y Dios con todos!
Dejando de lado la cuestionable legalidad de las escuchas de las conversaciones de Francisco Correa y Pablo Crespo con sus abogados, las pruebas abrumadoras de sus delitos de corrupción, soborno, blanqueo y evasión de capitales, etcétera, no ofrecen la menor duda. Y resulta cuando menos paradójico que los culpables de tales acciones pretendan sentar al juez Garzón en el banquillo y, sin dejar de ser acusados, se erijan en acusadores.
Lo mismo puede decirse de los recursos interpuestos por Falange Española y la asociación ultraderechista Manos Limpias contra Garzón y admitidos a trámite por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los argumentos jurídicos esgrimidos por el juez Luciano Varela ¿pueden invalidar los derechos de las víctimas de las matanzas programadas por los franquistas durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra? Ni la opinión pública española ni la internacional lo entienden.
La cacería organizada contra el juez que abrió el camino al enjuiciamiento de Pinochet y de los militares de la Junta argentina pone en tela de juicio la validez universal de la justicia establecida en el caso de los genocidios de Camboya, Bosnia y Uganda, para no hablar del holocausto judío. La impunidad me parece más grave que cualquier otra consideración. Las leyes cambian, pero como sucedió en el caso de la de Punto Final, los crímenes contra la humanidad no.
Escribo esto alarmado por la perspectiva que se extiende ante nosotros en caso de una eventual victoria electoral del PP dentro de un par de años. Su mayoritario control de los medios de comunicación a través de las licencias generosamente distribuidas por sus autonomías a los portavoces del neoconservadurismo más rancio; el sesgo resueltamente derechista de la mayoría de jueces del Tribunal Supremo; las ansias de desquite de quienes se creyeron injustamente desalojados del poder por los horribles atentados del 11-M y el vuelco electoral que provocaron, hacen temer el retorno a una España en la que el clientelismo creado por un poder casi caciquil, decidido a mantenerse ya no por años sino por décadas, se revestiría de la demagogia, xenofobia y patriotismo de fachada de la Italia de Berlusconi.
A dicho Gobierno no le faltaría, claro está, el sostén incondicional de una Iglesia en plena bancarrota ética (¡pero no económica!) tras la cascada de revelaciones sobre los abusos pedófilos (perdón, efébicos) de millares de sus miembros, incluidas sus más altas jerarquías, revelaciones que salpican a la Curia vaticana y al propio Pontífice. Pero esos pecadillos, mucho menos graves en opinión de nuestro episcopado que los del uso del preservativo antisida, la contraconcepción, el aborto y el "relativismo moral", no afectan en modo alguno el floreciente negocio del poder eclesiástico romano, "un mercado do se vende / lo que nunca tuvo precio", como escribió hace cinco siglos el poeta y dramaturgo Bartolomé Torres Naharro.
La berlusconización rampante de nuestro país y su deslizamiento a una democracia corporativa en la que prima la obediencia a los intereses del grupo, clan o partido sobre el imperio de la ley no se para con el mantenimiento de los privilegios exorbitantes del Concordato, que cuestan al Erario público, esto es al bolsillo del contribuyente, la modesta suma anual de 3.500 millones de euros, ni poniendo al frente del Tribunal Supremo a juristas de un perfil tan conservador como Dívar.
Ni la voracidad sin límites del Casino Global frenada durante varias décadas del pasado siglo por una socialdemocracia enfrentada al modelo soviético, ni el afán de poder de una Iglesia, cuyo crudo materialismo desmiente a diario sus pretensiones a un anacrónico magisterio espiritual, se amansan con concesiones. La historia nos prueba lo contrario. Como escribió el ya citado autor extremeño, tan poco estudiado, ay, en nuestras aulas, "pues si a Roma llaman santa / que santos nos haga Dios".
(Artículo de Juan Goytisolo, publicado en "El País" el 2 de abril de 2010)
MAFO Y LA REFORMA LABORAL.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO, en la jerga político/periodística) no es un liberal doctrinario ni mucho menos un economista reaccionario. Y siendo como es un profesional progresista y de prestigio, carece de sentido que sus recomendaciones en materia de política económica sean sistemáticamente ignoradas, cuando no criticadas con dureza, por el actual Gobierno socialista. En el último boletín del Banco de España, el supervisor piensa, con menos optimismo que el Gobierno, que la creación de empleo sólo tendrá lugar en "los trimestres finales de 2011; el Ejecutivo, en cambio, asegura que la creación de empleo empezará a finales del ejercicio en curso y principios del 2011. Pero si esta discrepancia es inocua –el tiempo dirá quién tiene razón en su pronóstico–, lo preocupante es que el Banco de España discrepa una vez más del actual modelo de contratación laboral. El último informe incluye un capítulo firmado por tres expertos del servicio de estudios de la institución en el que se explica cómo la actual brecha entre trabajadores fijos y temporales envenena el mercado laboral. Y se previene al Gobierno de un indeseable desenlace de la negociación social en curso: penalizar la contratación eventual, como ha planteado el Gobierno a la patronal y a los sindicatos en la mesa de reforma laboral, y mantener intactas las condiciones de la indefinida, "perjudicaría notablemente las perspectivas de recuperación del empleo". Es evidente.
Es muy legítimo que, en abstracto, los sindicatos se opongan a cualquier "recorte de los derechos de los trabajadores". Sin embargo, resulta inevitable enunciar la paradoja que encierra esta posición: la defensa a ultranza de las condiciones laborales de quienes disfrutan de un contrato laboral indefinido –con una indemnización por despido de 45 días en general– sitúa en una posición muy vulnerable a todos los trabajadores temporales y genera dificultades adicionales de empleabilidad a los parados. Esta evidencia da la razón a quienes aseguran que los sindicatos actuales constituyen el lobby de los trabajadores con empleo de calidad, cuyos intereses están en realidad en oposición a los de quienes se hallan en paro.Nuestro sistema de relaciones laborales es, además, uno de los menos flexibles de la Unión Europea, donde por cierto se han ensayado ya fórmulas de flexiseguridad que, sin reducir derechos laborales, están aportando la flexibilidad precisa a los mercados. No tendría sentido, pues, que aquí nos encastilláramos en modelos arcaicos por algún anacrónico prurito ideológico cuando ha de ser posible –parece– hallar caminos capaces de conciliar los diversos objetivos: el mantenimiento de una potente cobertura social, la reducción de la temporalidad y la flexibilidad que permita acomodar la oferta a la demanda.
Quizá debiéramos aceptar resignadamente que la recesión nos ha empobrecido a todos, de forma que tenemos que adaptarnos a la nueva situación. Los trabajadores con empleo estable, cediendo una mínima parte de su estabilidad a los desempleados y a los temporeros; los empresarios, resignando parte de sus beneficios a una pronta recuperación de la actividad; todos nosotros, llevando a cabo un esfuerzo de racionalidad para que la política encuentre los mejores caminos para conducir al país hacia la prosperidad.
(Artículo de Antonio Papell, publicado en "Diario de Mallorca" el 2 de abril de 2010)
Es muy legítimo que, en abstracto, los sindicatos se opongan a cualquier "recorte de los derechos de los trabajadores". Sin embargo, resulta inevitable enunciar la paradoja que encierra esta posición: la defensa a ultranza de las condiciones laborales de quienes disfrutan de un contrato laboral indefinido –con una indemnización por despido de 45 días en general– sitúa en una posición muy vulnerable a todos los trabajadores temporales y genera dificultades adicionales de empleabilidad a los parados. Esta evidencia da la razón a quienes aseguran que los sindicatos actuales constituyen el lobby de los trabajadores con empleo de calidad, cuyos intereses están en realidad en oposición a los de quienes se hallan en paro.Nuestro sistema de relaciones laborales es, además, uno de los menos flexibles de la Unión Europea, donde por cierto se han ensayado ya fórmulas de flexiseguridad que, sin reducir derechos laborales, están aportando la flexibilidad precisa a los mercados. No tendría sentido, pues, que aquí nos encastilláramos en modelos arcaicos por algún anacrónico prurito ideológico cuando ha de ser posible –parece– hallar caminos capaces de conciliar los diversos objetivos: el mantenimiento de una potente cobertura social, la reducción de la temporalidad y la flexibilidad que permita acomodar la oferta a la demanda.
Quizá debiéramos aceptar resignadamente que la recesión nos ha empobrecido a todos, de forma que tenemos que adaptarnos a la nueva situación. Los trabajadores con empleo estable, cediendo una mínima parte de su estabilidad a los desempleados y a los temporeros; los empresarios, resignando parte de sus beneficios a una pronta recuperación de la actividad; todos nosotros, llevando a cabo un esfuerzo de racionalidad para que la política encuentre los mejores caminos para conducir al país hacia la prosperidad.
(Artículo de Antonio Papell, publicado en "Diario de Mallorca" el 2 de abril de 2010)
CRISIS Y EMPLEO PÚBLICO.
Existen hoy dos filosofías de cómo salir de la crisis. Una, dominante en los establishments políticos y mediáticos europeos, acentúa la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública. Es la alternativa liberal promovida sobre todo por la banca y por los partidos conservadores y liberales (y algunos socialdemócratas). La otra filosofía considera que el mayor problema existente es el desempleo y que la prioridad en las intervenciones públicas debiera ser la de crear empleo, incluso empleo público, a fin de disminuir el desempleo, una de las causas de la falta de recuperación económica. La Administración de Obama y el Congreso de EEUU han tomado varias medidas en este sentido. Una de ellas es la ley propuesta por la Administración de Obama y aprobada en febrero de 2009 por el Congreso (American Recovery and Reinvestment Act o ARRA), que tiene como objetivo la creación de empleo en aquel país, ley que ha sido complementada con otra –aprobada en diciembre de 2009 por la Cámara Baja de EEUU (Jobs for Main Street)– que expande el gasto público para, además de ampliar la cobertura al seguro de desempleo (a fin de alcanzar a mayor número de trabajadores en paro, hoy el 10% de la población activa), crear el máximo número de puestos de trabajo en construcción de in-fraestructuras físicas (carreteras y transporte público) y en servicios públicos (tales como educación, servicios sociales y servicios sanitarios). Y ahora la Administración de Obama está preparando otra ley que acentúe todavía más la creación de puestos de trabajo en el sector público. El objetivo de todas estas intervenciones es la creación masiva de empleo público. Existen además otras intervenciones en las que se estimula la creación de empleo en el sector privado, y muy en especial en las industrias verdes de carácter ecológico y ahorradoras de energías.
Todas estas políticas de creación de empleo público por parte del Estado están adquiriendo un gran protagonismo en las políticas de resolución del elevado desempleo en EEUU. El criterio fundamental para guiar este esfuerzo es que se creen el máximo número de puestos de trabajo en el mínimo de tiempo y que la creación de tales empleos beneficie al máximo número de personas posible. Todos los estudios realizados muestran que donde las inversiones alcanzan mejor estas condiciones es en las inversiones en los servicios del Estado del bienestar. Incluso el ministro de Economía y Hacienda (secretary of the Treasure), Timothy Geithner, subraya que “las inversiones en áreas sociales ofrecen mayor ocupación por el mismo dinero”. Comparando la creación de empleo en infraestructuras físicas y en inversiones verdes con las creadas en inversiones sociales –como centros de infancia, servicios domiciliarios a personas dependientes, servicios sanitarios o servicios educativos–, estos últimos son los que crean más empleo y satisfacen a un número mayor de personas. La misma cantidad de dinero público que crea 556.000 puestos de trabajo en infraestructuras físicas crea 1,2 millones en los servicios del Estado de bienestar. Las inversiones que facilitan 11 puestos de trabajo en infraestructuras físicas y 17 en industrias verdes, favorecen 23 puestos de trabajo en sectores sociales. Es importante añadir, además, que las inversiones sociales crean, en general, ocupación entre los grupos más afectados por el desempleo, a la vez que proveen servicios que benefician a un número mayor de personas.
De especial importancia son las inversiones en escuelas de infancia y en los servicios domiciliarios que facilitan la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y aumentan a su vez su productividad (añadiendo 33.000 millones de dólares a la economía). Este tipo de inversión en creación de empleo es también especialmente importante, pues aumenta el porcentaje de la población adulta que trabaja, un elemento clave para la recuperación económica. El Ministerio de Trabajo de EEUU ha indicado que los dos sectores de la economía donde crecerá más el empleo serán precisamente en las escuelas de infancia y en los servicios domiciliarios a las personas con dependencia, siendo estos sectores donde el Gobierno federal está insistiendo más en los programas de creación de empleo público.Estos datos son especialmente relevantes para España, donde se está siguiendo una política errónea de reducción del empleo público y de gasto público, desaprovechando la oportunidad creada por la crisis de corregir el enorme déficit de empleo público en los servicios del Estado de bienestar. España es el país de la UE-15 con el número más bajo de empleo público (6,5 empleos públicos por 100 habitantes, muy inferior a los 14 de Suecia, 10 de Francia, 17 de Dinamarca y 12 de Finlandia, todos ellos países de gran eficiencia y competencia económica). La creación de empleo público en España reduciría el desempleo y facilitaría la recuperación económica.
Tal creación de empleo público debería financiarse a base de aumentar los impuestos de los grupos que se beneficiaron más en los años de exuberancia de los beneficios bancarios y empresariales y de las rentas superiores, permitiendo además una menor reducción del déficit fiscal. Incluso el Gobierno de la Tercera Vía de Gordon Brown en Reino Unido (que tiene un déficit de 13% del PIB, mayor que el español) está aumentando su gasto público social aumentando el empleo público en su Servicio Nacional de Salud (añadiendo 60.000 nuevos puestos de trabajo por año). Como Brown ha señalado, “los recortes en gasto y empleo públicos son erróneos y peligrosos en estos momentos en los que necesitamos crear empleo”. ¿Hasta cuándo el pensamiento liberal continuará dominando las políticas públicas en la Unión Europea (incluyendo España)?
(Artículo de Vicenç Navarro, publicado en "Público" el 1 de abril de 2010)
Todas estas políticas de creación de empleo público por parte del Estado están adquiriendo un gran protagonismo en las políticas de resolución del elevado desempleo en EEUU. El criterio fundamental para guiar este esfuerzo es que se creen el máximo número de puestos de trabajo en el mínimo de tiempo y que la creación de tales empleos beneficie al máximo número de personas posible. Todos los estudios realizados muestran que donde las inversiones alcanzan mejor estas condiciones es en las inversiones en los servicios del Estado del bienestar. Incluso el ministro de Economía y Hacienda (secretary of the Treasure), Timothy Geithner, subraya que “las inversiones en áreas sociales ofrecen mayor ocupación por el mismo dinero”. Comparando la creación de empleo en infraestructuras físicas y en inversiones verdes con las creadas en inversiones sociales –como centros de infancia, servicios domiciliarios a personas dependientes, servicios sanitarios o servicios educativos–, estos últimos son los que crean más empleo y satisfacen a un número mayor de personas. La misma cantidad de dinero público que crea 556.000 puestos de trabajo en infraestructuras físicas crea 1,2 millones en los servicios del Estado de bienestar. Las inversiones que facilitan 11 puestos de trabajo en infraestructuras físicas y 17 en industrias verdes, favorecen 23 puestos de trabajo en sectores sociales. Es importante añadir, además, que las inversiones sociales crean, en general, ocupación entre los grupos más afectados por el desempleo, a la vez que proveen servicios que benefician a un número mayor de personas.
De especial importancia son las inversiones en escuelas de infancia y en los servicios domiciliarios que facilitan la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y aumentan a su vez su productividad (añadiendo 33.000 millones de dólares a la economía). Este tipo de inversión en creación de empleo es también especialmente importante, pues aumenta el porcentaje de la población adulta que trabaja, un elemento clave para la recuperación económica. El Ministerio de Trabajo de EEUU ha indicado que los dos sectores de la economía donde crecerá más el empleo serán precisamente en las escuelas de infancia y en los servicios domiciliarios a las personas con dependencia, siendo estos sectores donde el Gobierno federal está insistiendo más en los programas de creación de empleo público.Estos datos son especialmente relevantes para España, donde se está siguiendo una política errónea de reducción del empleo público y de gasto público, desaprovechando la oportunidad creada por la crisis de corregir el enorme déficit de empleo público en los servicios del Estado de bienestar. España es el país de la UE-15 con el número más bajo de empleo público (6,5 empleos públicos por 100 habitantes, muy inferior a los 14 de Suecia, 10 de Francia, 17 de Dinamarca y 12 de Finlandia, todos ellos países de gran eficiencia y competencia económica). La creación de empleo público en España reduciría el desempleo y facilitaría la recuperación económica.
Tal creación de empleo público debería financiarse a base de aumentar los impuestos de los grupos que se beneficiaron más en los años de exuberancia de los beneficios bancarios y empresariales y de las rentas superiores, permitiendo además una menor reducción del déficit fiscal. Incluso el Gobierno de la Tercera Vía de Gordon Brown en Reino Unido (que tiene un déficit de 13% del PIB, mayor que el español) está aumentando su gasto público social aumentando el empleo público en su Servicio Nacional de Salud (añadiendo 60.000 nuevos puestos de trabajo por año). Como Brown ha señalado, “los recortes en gasto y empleo públicos son erróneos y peligrosos en estos momentos en los que necesitamos crear empleo”. ¿Hasta cuándo el pensamiento liberal continuará dominando las políticas públicas en la Unión Europea (incluyendo España)?
(Artículo de Vicenç Navarro, publicado en "Público" el 1 de abril de 2010)
LIBRO DE INSTRUCCIONES.
Conocí a Jaume Matas de ministro. Era un hombre cabal, ni genio ni ramplón, que se hacía querer. No hacía ostentaciones y, desde un fondo de timidez, tampoco suscitaba pasiones. Siempre acompañado por su mujer, siempre sonriente, se esforzaba en demostrar simpatía y llaneza: un buen paisano. Habiéndolo visto así, cuesta reconocerlo en el auto de la demolición del juez Castro; ese escrito donde su autor maneja adjetivos como un literato, administra interpretaciones como un novelista y prodiga la acidez en el análisis como un Oscar Wilde del siglo XXI, justiciero y balear. El Matas que sale en esa foto judicial es opuesto al que conocí: maquinador, tramposo, falsario, sin escrúpulos ni otra lealtad que a sus alforjas.
Con ser escandalosos de principio a fin todos los hechos imputados, el caso Matas deja al descubierto cuestiones básicas que los políticos profesionales deben someter a debate, si de verdad quieren cerrar vías a la corrupción. A este cronista no le sorprende que haya gentes que quieren el poder para enriquecerse: las hubo, las hay y las habrá, y a veces lo consiguen. Lo que le asombra es lo siguiente:
–La facilidad que encuentra el que se lo propone. Puede hacer alquimia, convertir dinero blanco en dinero negro, y hacer que fluya de su despacho con pasmosa naturalidad.
–La frivolidad con que se aceptan y se aprueban presupuestos de obras, que inmediatamente se quedan cortos y se llegan a multiplicar por tres. Se practica tanto, que es ya toda una tradición de la obra pública. Ahora sabemos que, además, una parte del dinero de todas las fases se va quedando en manos obscenas.
–La desidia de los órganos de control interno de las Administraciones, ante cuyos ojos se pueden inventar reuniones oficiales, falsificar documentos y firmas, desviar dinero o directamente saquear, sin que nadie llame la atención al delincuente.
–La imposición del secreto a los subordinados, como si estuvieran en un régimen dictatorial o sus puestos de trabajo fueran una graciosa concesión de la autoridad, sin cuya protección no existe el funcionario.
–La falta de auditorías en organismos desde donde se recaudan, administran y pagan miles de millones de euros, en una permanente tentación a la apropiación y en una falta de transparencia y rigor que, en cambio, se exige a la empresa privada.
–Y la tolerancia de los partidos, en este caso del Partido Popular, que no se intriga por el tren de vida de un dirigente, ni pregunta cómo se financian determinadas actividades, y después tropieza con las cuentas de Valencia y las islas Baleares. Y, naturalmente, el presidente Mariano Rajoy no encuentra palabras ni para salir del paso.
Todo eso es el caso Matas. En lo personal, deleznable. En lo penal, condenable. En lo moral, aborrecible. Pero todo un gran libro de instrucciones de cómo meter la mano en la caja con una sola condición: que haya una persona con voluntad de robar.
(Artículo de Fernando Ónega, publicado en "La Vanguardia" el 1 de abril de 2010)
UNA SOCIEDAD ANESTESIADA
VIENDO lo que está ocurriendo en Italia -aumento de la extrema derecha y el asentamiento de Silvio Berlusconi, incluso después de que se haya puesto el Estado de Derecho por Montera-, podemos imaginar lo que nos espera a los españoles si miramos hacía otro lado y no se toman medidas contundentes contra los corruptos, contra los de la Gürtel, contra Matas y contra todos los implicados en el "Caso Palma Area", y tantos otros. Medidas que no deberían ser solo judiciales, sino medidas políticas que obligasen a los condenados a devolver todo lo que se han llevado, euro a euro, no sea que después de varios años a la sombra, se marchen de rositas a una isla del Caribe, mientras el sufrido contribuyente se las ve y se las desea para acabar el mes.
Creo, cree mucha gente que los primeros que deberían reaccionar son los dirigentes de los partidos afectados, ya que estamos ante un fenómeno cada vez más extendido, debido sin duda a que la sociedad española al igual que la italiana da signos de agotamiento, o lo que es peor, de indiferencia ante lo que ocurre a su alrededor, ante lo que hacen sus representantes políticos. Incluso ante una corrupción que afecta a los pilares de la democracia, de ahí los altos índices de abstención en las últimas elecciones celebradas en Francia y en Italia.
Pero siendo esto peligroso, lo más grave es que ningún dirigente, en este caso del PP, pero podría ser de cualquiera de los partidos afectados por la corrupción, sea capaz de detectar el cáncer que tienen entre sus propias filas.
Lo que me lleva a preguntarme ¿qué se puede esperar de unos políticos que viendo el súbito enriquecimiento de uno de los suyos no llevan a cabo una exhaustiva investigación para saber de dónde le venía al ex presidente de la Comunidad Autónoma Balear, tanto dinero, tanto lujo, tantos billetes de 500 euros Una cosa no se le puede negar a Matas y a su señora, la prepotencia, la avaricia de que han hecho gala en estos últimos cuatro años.
En Baleares como antes en Marbella los políticos corruptos han campado a sus anchas. Todos lo sabían pero nadie fue capaz de presentarse en un juzgado a denunciar a la plana mayor de los dirigentes del PP balear o de Unión Mallorquina. Visto lo visto, se diría que algunos han convivido cómodamente con quiénes no han tenido escrúpulos en utilizar el dinero público en beneficio propio. Pagar una lechuga con un billete de 500 euros demuestra la impunidad con la que se movían los Matas, la complicidad que encontraban allí donde iban, la indiferencia de quiénes sabiéndolo no lo pusieron en conocimiento de la policía y de la justicia.
Me consta que muchos otros ciudadanos están avergonzados y preocupados por la mala imagen que se esta dando en el extranjero de nuestro país, en concreto de dos lugares tan emblemáticos para el turismo como son Marbella y Palma de Mallorca, donde tantos extranjeros acuden cada año a pasar sus vacaciones, donde la familia Real tiene una residencia, donde personajes del mundo de la farándula o de las finanzas, sientan sus reales no solo por su clima y por su calidad de vida, también porque la imagen que proyectaban esos lugares era la contraria de la que hoy reflejan todos los medios de comunicación del mundo.
Años tardará Marbella en recuperar el prestigio perdido, toda vez que aún no se ha celebrado el juicio sobre el "Caso Malaya", pero no menos de lo que tardarán en las islas por el "Caso Palma Area".
(Artículo de Rosa Villacastín, publicado en "Diario del Altoaragón" el 1 de abril de 2010)
Creo, cree mucha gente que los primeros que deberían reaccionar son los dirigentes de los partidos afectados, ya que estamos ante un fenómeno cada vez más extendido, debido sin duda a que la sociedad española al igual que la italiana da signos de agotamiento, o lo que es peor, de indiferencia ante lo que ocurre a su alrededor, ante lo que hacen sus representantes políticos. Incluso ante una corrupción que afecta a los pilares de la democracia, de ahí los altos índices de abstención en las últimas elecciones celebradas en Francia y en Italia.
Pero siendo esto peligroso, lo más grave es que ningún dirigente, en este caso del PP, pero podría ser de cualquiera de los partidos afectados por la corrupción, sea capaz de detectar el cáncer que tienen entre sus propias filas.
Lo que me lleva a preguntarme ¿qué se puede esperar de unos políticos que viendo el súbito enriquecimiento de uno de los suyos no llevan a cabo una exhaustiva investigación para saber de dónde le venía al ex presidente de la Comunidad Autónoma Balear, tanto dinero, tanto lujo, tantos billetes de 500 euros Una cosa no se le puede negar a Matas y a su señora, la prepotencia, la avaricia de que han hecho gala en estos últimos cuatro años.
En Baleares como antes en Marbella los políticos corruptos han campado a sus anchas. Todos lo sabían pero nadie fue capaz de presentarse en un juzgado a denunciar a la plana mayor de los dirigentes del PP balear o de Unión Mallorquina. Visto lo visto, se diría que algunos han convivido cómodamente con quiénes no han tenido escrúpulos en utilizar el dinero público en beneficio propio. Pagar una lechuga con un billete de 500 euros demuestra la impunidad con la que se movían los Matas, la complicidad que encontraban allí donde iban, la indiferencia de quiénes sabiéndolo no lo pusieron en conocimiento de la policía y de la justicia.
Me consta que muchos otros ciudadanos están avergonzados y preocupados por la mala imagen que se esta dando en el extranjero de nuestro país, en concreto de dos lugares tan emblemáticos para el turismo como son Marbella y Palma de Mallorca, donde tantos extranjeros acuden cada año a pasar sus vacaciones, donde la familia Real tiene una residencia, donde personajes del mundo de la farándula o de las finanzas, sientan sus reales no solo por su clima y por su calidad de vida, también porque la imagen que proyectaban esos lugares era la contraria de la que hoy reflejan todos los medios de comunicación del mundo.
Años tardará Marbella en recuperar el prestigio perdido, toda vez que aún no se ha celebrado el juicio sobre el "Caso Malaya", pero no menos de lo que tardarán en las islas por el "Caso Palma Area".
(Artículo de Rosa Villacastín, publicado en "Diario del Altoaragón" el 1 de abril de 2010)
EN REFORMA PERMANENTE.
Desde las primeras transferencias del Estado a Aragón, han ido en paralelo el aumento de funcionarios y el esfuerzo de adaptación a una nueva estructura. Mejorar la eficacia de la función pública ha sido objetivo político en diferentes etapas del Gobierno autonómico. Tras el Plan de Modernización que impulsó el equipo PP-PAR en los noventa, PSOE-PAR prepara una Ley de Empleo Público que incluye conceptos, como los de planes y objetivos, ligados a la necesaria búsqueda de la eficiencia.
DESDE las auditorías internas que contemplaba el Plan para modernizar la Administración autonómica impulsado por Manuel Giménez Abad, a la introducción de planes y complementos retributivos variables vinculados a objetivos han pasado tres lustros. Pero persiste la necesidad de racionalizar la función pública y lograr más eficacia en los trámites de la Administración. El Plan de Modernización, una de las medidas estrella del Gobierno PP-PAR, fue abanderado por el entonces consejero de Presidencia, Manuel Giménez Abad, asesinado por ETA en 2001. Muchas de sus medidas se han ido aplicando con el paso del tiempo. Otras siguen pendientes. Ahora, la futura ley de la Función Pública busca hacer hincapié en la definición de objetivos y en su cumplimiento. Es un interesante planteamiento teórico que habrá de tener una cuidadosa concreción práctica para disipar las reticencias sindicales y las sospechas de favoritismo. El acuerdo con las centrales sería deseable en un proyecto que se quiere perdurable y que requiriría de la máxima colaboración. Pero al Gobierno corresponde el impulso político para avanzar en la permanente mejora de la función pública.
(Editorial de "Heraldo de Aragón, publicado el 30 de marzo de 2010)
DESDE las auditorías internas que contemplaba el Plan para modernizar la Administración autonómica impulsado por Manuel Giménez Abad, a la introducción de planes y complementos retributivos variables vinculados a objetivos han pasado tres lustros. Pero persiste la necesidad de racionalizar la función pública y lograr más eficacia en los trámites de la Administración. El Plan de Modernización, una de las medidas estrella del Gobierno PP-PAR, fue abanderado por el entonces consejero de Presidencia, Manuel Giménez Abad, asesinado por ETA en 2001. Muchas de sus medidas se han ido aplicando con el paso del tiempo. Otras siguen pendientes. Ahora, la futura ley de la Función Pública busca hacer hincapié en la definición de objetivos y en su cumplimiento. Es un interesante planteamiento teórico que habrá de tener una cuidadosa concreción práctica para disipar las reticencias sindicales y las sospechas de favoritismo. El acuerdo con las centrales sería deseable en un proyecto que se quiere perdurable y que requiriría de la máxima colaboración. Pero al Gobierno corresponde el impulso político para avanzar en la permanente mejora de la función pública.
(Editorial de "Heraldo de Aragón, publicado el 30 de marzo de 2010)
CORRUPCIÓN EJEMPLAR.
El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, tiene tres esposas, una novia y veinte hijos reconocidos. La manutención de esta tropa le cuesta al Estado sudafricano dos millones de dólares al año. Este caso llama la atención, pero no más que el de su correligionario Julius Malema, líder de las juventudes del Congreso Nacional Africano (CNA). A sus 29 años, Malema dirige una empresa que ha ganado 20 millones de dólares mediante contratas municipales. Las hazañas de Zuma y Malema han permitido a la prensa escribir que los líderes de la CNA, el partido de Mandela que luchó por la libertad, luchan hoy para enriquecerse.
El viejo fantasma de la corrupción recorre el mundo, infatigable. No importa donde uno mire: siempre nos topamos con él. Colocamos el dedo sobre el globo terráqueo, lo hacemos girar y cerramos los ojos hasta que se detiene. El dedo señala la remota Patagonia. ¿Habrá corrupción allí? Quizás. El matrimonio Kirchner - Néstor fue presidente de Argentina entre el 2003 y el 2007, cuando le relevó su esposa, Cristina, aún en el cargo-se ha declarado titular de 28 propiedades en la zona de Calafate, cuatro compañías y depósitos bancarios que suman 8,4 millones de dólares. La fortuna de los Kirchner se ha multiplicado por siete desde que son presidentes.
Sin salir de España, esta semana hemos visto abandonar la cárcel a Luis Roldán. Y hemos visto entrar - ¡y salir!-de un juzgado palmesano a Jaume Matas, ex presidente balear y ex ministro de Aznar, imputado en nueve delitos de corrupción. Matas ha seguido los pasos de la que fue segunda autoridad balear, Maria Antònia Munar. Siempre altiva, suficiente y envalentonada por la impunidad, Munar administró durante años la escasa fuerza de su partido en beneficio propio.
La corrupción está por todas partes y se reproduce sin tasa. Un historiador canadiense, que la estudió al detalle, desconfiaba de que fuera posible erradicarla; y decía, eso sí, que debía empezar a preocuparnos mucho cuando supera el 15% de los negocios públicos. Pero una cosa es que la corrupción brote de continuo, y otra cosa casi peor es que su persecución sea torpedeada. Estos días asistimos, atónitos, a la anulación por defectos de forma de pruebas contra los cabecillas de la trama Gürtel, que parasitó la administración del PP. La justicia tendrá sus razones. Pero priorizar la forma del procedimiento cuando la afrenta de fondo es grave y reiterada podría pasar por exceso garantista.
No se trata sólo del latrocinio de dineros públicos. Se trata también del ejemplo perverso que genera su tolerancia. En Sudáfrica, los niños adoran - y envidian-a Malema. En España se ensalza la audacia del método Roldán (unos años de fraude y mangancia, tres lustros a la sombra, una jubilación dorada). Y acaso Matas, Munar y Correa acaben dando cursos en una universidad de verano, junto a jueces de celo exquisito. ¡Ojo a las carteras!
(Artículo de Llàtzer Moix, publicado en "La Vanguardia" el 28 de marzo de 2010)
El viejo fantasma de la corrupción recorre el mundo, infatigable. No importa donde uno mire: siempre nos topamos con él. Colocamos el dedo sobre el globo terráqueo, lo hacemos girar y cerramos los ojos hasta que se detiene. El dedo señala la remota Patagonia. ¿Habrá corrupción allí? Quizás. El matrimonio Kirchner - Néstor fue presidente de Argentina entre el 2003 y el 2007, cuando le relevó su esposa, Cristina, aún en el cargo-se ha declarado titular de 28 propiedades en la zona de Calafate, cuatro compañías y depósitos bancarios que suman 8,4 millones de dólares. La fortuna de los Kirchner se ha multiplicado por siete desde que son presidentes.
Sin salir de España, esta semana hemos visto abandonar la cárcel a Luis Roldán. Y hemos visto entrar - ¡y salir!-de un juzgado palmesano a Jaume Matas, ex presidente balear y ex ministro de Aznar, imputado en nueve delitos de corrupción. Matas ha seguido los pasos de la que fue segunda autoridad balear, Maria Antònia Munar. Siempre altiva, suficiente y envalentonada por la impunidad, Munar administró durante años la escasa fuerza de su partido en beneficio propio.
La corrupción está por todas partes y se reproduce sin tasa. Un historiador canadiense, que la estudió al detalle, desconfiaba de que fuera posible erradicarla; y decía, eso sí, que debía empezar a preocuparnos mucho cuando supera el 15% de los negocios públicos. Pero una cosa es que la corrupción brote de continuo, y otra cosa casi peor es que su persecución sea torpedeada. Estos días asistimos, atónitos, a la anulación por defectos de forma de pruebas contra los cabecillas de la trama Gürtel, que parasitó la administración del PP. La justicia tendrá sus razones. Pero priorizar la forma del procedimiento cuando la afrenta de fondo es grave y reiterada podría pasar por exceso garantista.
No se trata sólo del latrocinio de dineros públicos. Se trata también del ejemplo perverso que genera su tolerancia. En Sudáfrica, los niños adoran - y envidian-a Malema. En España se ensalza la audacia del método Roldán (unos años de fraude y mangancia, tres lustros a la sombra, una jubilación dorada). Y acaso Matas, Munar y Correa acaben dando cursos en una universidad de verano, junto a jueces de celo exquisito. ¡Ojo a las carteras!
(Artículo de Llàtzer Moix, publicado en "La Vanguardia" el 28 de marzo de 2010)
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
En una democracia ningún ciudadano debería levantar la voz, salvo excepciones, ni la mano sin excepción alguna para defender lo que considera justo. Cuando se puede decir lo que se quiere sobran los gritos, y los palos cuando se vive bajo la ley. De lo contrario lo menos que puede suceder es la violencia verbal, y lo peor que aumente la violencia física. Todos los que tienen autoridad en una democracia son unos mandados del pueblo soberano. Están donde están en comisión de servicio, para servir a los ciudadanos y no para ser servidos.
El poder publico no es para defenderse de los ciudadanos, sino para defender a los ciudadanos defendiendo al Estado: para defender las leyes y hacerlas cumplir en su territorio y para defender las fronteras, con el uso de la violencia legítima. Y los que tienen alguna responsabilidad están para responder, no para interrogar a los ciudadanos cuyo derecho es hacer preguntas. En cambio las dictaduras se lo montan al revés, de arriba a bajo: imponen silencio a los ciudadanos, los anulan, y convertidos en súbditos los interrogan. Los dictadores no responden.
Lo malo es cuando en una democracia los responsables tampoco lo hacen, cuando los mandatarios dan la callada por respuesta y practican la prudencia en beneficio propio. Cuando el orden se corrompe, y el perfume de la democracia: la esencia, se evapora. No entiendo, no puedo entender que haya tantos imputados en la clase política y por tanto tiempo. ¿Qué sentido tiene que se difunda la información y todos sepan, sepamos, lo que ha sucedido acá y allá, sin que nadie lo niegue y los jueces no puedan enterarse por quítame allá esas escuchas?
Los procedimientos son importantes, por supuesto. Pero no debería defenderse la forma contra la sustancia de la democracia, no en todos los casos. No hacen gala sino burla de la democracia los que denuncian la paja en el ojo ajeno y ni siquiera se avergüenzan de la viga en el propio. ¿Hemos llegado ya por ese camino a un estado de excepción? ¿Hasta cuando se va a abusar de nuestra paciencia? ¿ hasta que escampe y prescriban los delitos? ¿hasta las próximas elecciones?
Una democracia sin demócratas no se sostiene, un electorado en ejercicio cada cuatro años no basta. Un mercado político, menos. Y no digamos ya una clase política, o las empresas políticas en competencia: los partidos. Decir que ha llegado la hora de la política es tanto como pedir peras al olmo: no son los profesionales de la política, sino los políticos que no practican los que hay que movilizar. Me refiero a los ciudadanos, claro. Son éstos, ni siquiera lo que llaman la sociedad civil. Son los que tienen voz y voto, pero no ejercen. Son los ciudadanos que están al borde de la desesperación, de la abstención, los hartos de la política por culpa de los políticos que huelen.
Los sociólogos distinguen entre católicos practicantes y no practicantes. ¿Son los curas y los obispos católicos practicantes, son fieles en la práctica? Parece que sí, obviamente. En igual sentido al menos que los políticos profesionales son ciudadanos activos. Tanto en la iglesia como en los partidos lo que importa es el pueblo elegido o el pueblo soberano, respectivamente; pero viendo las cosas por y desde la base, puede que los jerarcas sean excesivamente profesionales y poco representativos de la afición o devoción de los practicantes. Lo que explicaría que los partidos se vacíen de militantes, y de fieles las iglesias.
A medida que crece el desprestigio de la clase política y la amenaza de una abstención masiva, somos cada vez más objeto de una campaña por la participación ciudadana. En vano, si los que ocupan el sillón no pierden el culo y la compostura. En vano, si no empiezan a bailar alrededor del pueblo soberano en vez de tocar la gaita para que los demás bailen a su alrededor. Y si bailan, si los ciudadanos se abstienen y bailan los clientes, si todavía hay ratones que muerden el queso y el engaño, tanto peor para todos. Da pena ver cómo en los partidos los militantes se reducen a los políticos de oficio, ministros y consejeros, alcaldes y concejales, y poco más. Y a una nube de simpatizantes, indefinida, que no cotiza y se aleja cada vez más de los partidos no obstante el esfuerzo para atraerla y hacer que llueva en la finca. Da todavía más pena la corrupción de la política por culpa de los políticos. Y sobre todo saber que el espíritu no se realiza al margen de las instituciones y que muere, por desgracia, demasiadas veces en ellas.
(Artículo de José Bada, publicado en "El Periódico de Aragón el 26 de marzo de 2010)
El poder publico no es para defenderse de los ciudadanos, sino para defender a los ciudadanos defendiendo al Estado: para defender las leyes y hacerlas cumplir en su territorio y para defender las fronteras, con el uso de la violencia legítima. Y los que tienen alguna responsabilidad están para responder, no para interrogar a los ciudadanos cuyo derecho es hacer preguntas. En cambio las dictaduras se lo montan al revés, de arriba a bajo: imponen silencio a los ciudadanos, los anulan, y convertidos en súbditos los interrogan. Los dictadores no responden.
Lo malo es cuando en una democracia los responsables tampoco lo hacen, cuando los mandatarios dan la callada por respuesta y practican la prudencia en beneficio propio. Cuando el orden se corrompe, y el perfume de la democracia: la esencia, se evapora. No entiendo, no puedo entender que haya tantos imputados en la clase política y por tanto tiempo. ¿Qué sentido tiene que se difunda la información y todos sepan, sepamos, lo que ha sucedido acá y allá, sin que nadie lo niegue y los jueces no puedan enterarse por quítame allá esas escuchas?
Los procedimientos son importantes, por supuesto. Pero no debería defenderse la forma contra la sustancia de la democracia, no en todos los casos. No hacen gala sino burla de la democracia los que denuncian la paja en el ojo ajeno y ni siquiera se avergüenzan de la viga en el propio. ¿Hemos llegado ya por ese camino a un estado de excepción? ¿Hasta cuando se va a abusar de nuestra paciencia? ¿ hasta que escampe y prescriban los delitos? ¿hasta las próximas elecciones?
Una democracia sin demócratas no se sostiene, un electorado en ejercicio cada cuatro años no basta. Un mercado político, menos. Y no digamos ya una clase política, o las empresas políticas en competencia: los partidos. Decir que ha llegado la hora de la política es tanto como pedir peras al olmo: no son los profesionales de la política, sino los políticos que no practican los que hay que movilizar. Me refiero a los ciudadanos, claro. Son éstos, ni siquiera lo que llaman la sociedad civil. Son los que tienen voz y voto, pero no ejercen. Son los ciudadanos que están al borde de la desesperación, de la abstención, los hartos de la política por culpa de los políticos que huelen.
Los sociólogos distinguen entre católicos practicantes y no practicantes. ¿Son los curas y los obispos católicos practicantes, son fieles en la práctica? Parece que sí, obviamente. En igual sentido al menos que los políticos profesionales son ciudadanos activos. Tanto en la iglesia como en los partidos lo que importa es el pueblo elegido o el pueblo soberano, respectivamente; pero viendo las cosas por y desde la base, puede que los jerarcas sean excesivamente profesionales y poco representativos de la afición o devoción de los practicantes. Lo que explicaría que los partidos se vacíen de militantes, y de fieles las iglesias.
A medida que crece el desprestigio de la clase política y la amenaza de una abstención masiva, somos cada vez más objeto de una campaña por la participación ciudadana. En vano, si los que ocupan el sillón no pierden el culo y la compostura. En vano, si no empiezan a bailar alrededor del pueblo soberano en vez de tocar la gaita para que los demás bailen a su alrededor. Y si bailan, si los ciudadanos se abstienen y bailan los clientes, si todavía hay ratones que muerden el queso y el engaño, tanto peor para todos. Da pena ver cómo en los partidos los militantes se reducen a los políticos de oficio, ministros y consejeros, alcaldes y concejales, y poco más. Y a una nube de simpatizantes, indefinida, que no cotiza y se aleja cada vez más de los partidos no obstante el esfuerzo para atraerla y hacer que llueva en la finca. Da todavía más pena la corrupción de la política por culpa de los políticos. Y sobre todo saber que el espíritu no se realiza al margen de las instituciones y que muere, por desgracia, demasiadas veces en ellas.
(Artículo de José Bada, publicado en "El Periódico de Aragón el 26 de marzo de 2010)
ALGO HUELE A PODRIDO EN BALEARS.
Si Hamlet, en lugar de danés, hubiera pertenecido a nuestra comunidad sin duda nos habría aplicado su ya famosa afirmación. Balears huele a podrido, apesta, empantanados como estamos en la corrupción. Porque la corrupción no es presunta, en todo caso lo serán la caterva de los hasta ahora imputados. Pero, ¿qué podemos y debemos hacer como ciudadanos y víctimas?Como es lógico, debemos dejar actuar a la justicia, especialmente a los fiscales anticorrupción y la policía judicial, que puede que no sea lo rápida que desearíamos, pero al final a cada cerdo le llega su sanmartín. Nuestro sistema judicial es posiblemente de los más garantistas de Europa: a pesar de los posibles indicios, se es inocente mientras no se demuestre lo contrario. En consecuencia el imputado/a es "presuntamente" inocente, aunque existan indicios racionales de delito, lo que puede conducir a tomar medidas cautelares (desde la retirada del pasaporte a garantías económicas) a la espera del juicio. Esta es la situación de la gran mayoría de imputados, donde, como es lógico, los abogados defensores usarán todos los argumentos legales posibles, de fondo y forma, para defender los intereses de sus clientes.
Pero, además de confiar en la justicia, el ciudadano no puede quedarse de brazos cruzados. Además de las penas que les puedan tocar, debe existir una condena cívica y moral. No se trata de hacer juicios paralelos, pero sí de rechazar determinadas prácticas, con nombres y apellidos, que han conducido a meter mano a los dineros públicos, nuestros euros, sin el más mínimo pudor. Se ha llegado a tal situación de degradación ética que algunos de tales personajes se consideraban impunes e intocables y hacían ostentación de sus riquezas, rozando comportamientos propios de "nuevos ricos". No cubrir mínimamente las apariencias legales, autocontratándose sin mediar concurso, "estudios" (algunos de ellos ni tan siquiera realizados) por cantidades millonarias… Ante tales hechos no podemos resignarnos creyendo que la corrupción política es inevitable, que todos los políticos son iguales o que los presuntos implicados se irán de rositas. Ninguna de tales percepciones es cierta, aunque sea lógico que se produzcan entre los ciudadanos.
La primera reacción errónea, que favorecería a los corruptos reales o potenciales, sería "pasar" de la política, absteniéndose de participar en unas próximas elecciones. Es evidente que la corrupción se concreta en personas, pero también es cierto que ciertos partidos han acogido en su seno a múltiples imputados, sin olvidar que también se investiga una posible financiación ilegal de determinados partidos. Con frecuencia, las personas tendemos a no tener memoria, precisamente porque vivimos en una sociedad acelerada donde lo que hoy es noticia mañana deja de serlo. Es imprescindible que los distintos partidos políticos se regeneren democráticamente expulsando de su seno toda posible sospecha de corrupción y corruptelas. Regeneración que no puede limitarse a simples medidas estéticas.
Al escribir estas líneas no se ha celebrado todavía la manifestación cívica promovida por la Plataforma contra la corrupción y por la dignificación de la democracia. Habrán sino muchos o pocos, pero en cualquier caso es muy sintomático que la iniciativa corresponda a ciudadanos anónimos (aunque algunos quieran ver una mano negra). Los ciudadanos estamos hartos, y ha llegado el momento en que hemos dicho "basta", teniendo en cuenta que los mallorquines somos muy difíciles de movilizar: sólo lo hacemos cuando el vaso ya está a punto de desbordar. Nuestra crisis, que nos afecta con dureza, requiere tomar medidas de índole económica. Pero esto no es suficiente pues también sufrimos una crisis de índole moral que está minando nuestro sistema democrático de convivencia. La corrupción pública es la muestra más evidente. Es imprescindible que los ciudadanos digamos fuerte y claro "Basta ya". En esta batalla es mucho lo que nos jugamos. Podemos y debemos ganarla, pasando de lo inevitable, de la desmoralización, del simple cabreo, a la acción cívica.
(Artículo de Antonio Tarabini, publicado en "Diario de Mallorca" el 22 de marzo de 2010)
Pero, además de confiar en la justicia, el ciudadano no puede quedarse de brazos cruzados. Además de las penas que les puedan tocar, debe existir una condena cívica y moral. No se trata de hacer juicios paralelos, pero sí de rechazar determinadas prácticas, con nombres y apellidos, que han conducido a meter mano a los dineros públicos, nuestros euros, sin el más mínimo pudor. Se ha llegado a tal situación de degradación ética que algunos de tales personajes se consideraban impunes e intocables y hacían ostentación de sus riquezas, rozando comportamientos propios de "nuevos ricos". No cubrir mínimamente las apariencias legales, autocontratándose sin mediar concurso, "estudios" (algunos de ellos ni tan siquiera realizados) por cantidades millonarias… Ante tales hechos no podemos resignarnos creyendo que la corrupción política es inevitable, que todos los políticos son iguales o que los presuntos implicados se irán de rositas. Ninguna de tales percepciones es cierta, aunque sea lógico que se produzcan entre los ciudadanos.
La primera reacción errónea, que favorecería a los corruptos reales o potenciales, sería "pasar" de la política, absteniéndose de participar en unas próximas elecciones. Es evidente que la corrupción se concreta en personas, pero también es cierto que ciertos partidos han acogido en su seno a múltiples imputados, sin olvidar que también se investiga una posible financiación ilegal de determinados partidos. Con frecuencia, las personas tendemos a no tener memoria, precisamente porque vivimos en una sociedad acelerada donde lo que hoy es noticia mañana deja de serlo. Es imprescindible que los distintos partidos políticos se regeneren democráticamente expulsando de su seno toda posible sospecha de corrupción y corruptelas. Regeneración que no puede limitarse a simples medidas estéticas.
Al escribir estas líneas no se ha celebrado todavía la manifestación cívica promovida por la Plataforma contra la corrupción y por la dignificación de la democracia. Habrán sino muchos o pocos, pero en cualquier caso es muy sintomático que la iniciativa corresponda a ciudadanos anónimos (aunque algunos quieran ver una mano negra). Los ciudadanos estamos hartos, y ha llegado el momento en que hemos dicho "basta", teniendo en cuenta que los mallorquines somos muy difíciles de movilizar: sólo lo hacemos cuando el vaso ya está a punto de desbordar. Nuestra crisis, que nos afecta con dureza, requiere tomar medidas de índole económica. Pero esto no es suficiente pues también sufrimos una crisis de índole moral que está minando nuestro sistema democrático de convivencia. La corrupción pública es la muestra más evidente. Es imprescindible que los ciudadanos digamos fuerte y claro "Basta ya". En esta batalla es mucho lo que nos jugamos. Podemos y debemos ganarla, pasando de lo inevitable, de la desmoralización, del simple cabreo, a la acción cívica.
(Artículo de Antonio Tarabini, publicado en "Diario de Mallorca" el 22 de marzo de 2010)
IDEÓLOGOS Y PRAGMÁTICOS.
En una reciente encuesta del prestigioso instituto Allensbach de Alemania se pedía a los encuestados que se pronunciaran sobre la siguiente pregunta: "A la hora de resolver problemas urgentes, ¿qué es más importante para usted, que los políticos sean fieles a sus principios, o que de la forma más rápida posible busquen soluciones prácticas?" En el año 1992, a esa misma pregunta el 50% se pronunció a favor de la lealtad a los principios, mientras que sólo un 33% lo hacía por la solución pragmática. En 1998 se percibió ya un radical cambio de postura, que hizo que se invirtieran las tornas -56% por el pragmatismo y 27% por los principios-, hasta llegar al 2009, en el que el 62% se adscribe a las soluciones prácticas, por un mero 23% favorable a los principios.
Es difícil imaginar un ejemplo más plástico de eso que los politólogos han venido teorizando como la "desideologización". Y explica, entre otras cosas, el aumento de la volatilidad del voto o, como vimos recientemente, el escaso eco de los electorados ante las responsabilidades "ideológicas" de la reciente crisis económica.
Los datos se refieren a Alemania, claro está, pero es fácil imaginar que pueden ser extrapolados a otros países como el nuestro. En ese caso, tanto por la lentitud a la hora de reaccionar, como por su indudable sesgo ideológico, las medidas del Gobierno encaminadas a afrontar la crisis económica no habrían respondido a los deseos de la mayoría. En efecto, si observamos la argumentación del presidente Rodríguez Zapatero en su entrevista en TVE, no cabe sino concluir que la atención a los más menesterosos, a los débiles, constituyó el hilo conductor de la gestión de la crisis. Como se corresponde con un Gobierno socialdemócrata, mayor congruencia, pues, con los principios ideológicos que con consideraciones meramente pragmáticas.
Salta a la vista, sin embargo, que las decisiones políticas no siempre se mueven por consideraciones subsumibles entre estos dos polos. El tacticismo electoralista y la necesidad de atender a los intereses de sectores sociales específicos distorsionan decisivamente la capacidad para operar siguiendo estrictos criterios de eficiencia o de legitimidad ideológica. Los principios y valores siempre se han de ajustar a la dictadura de una realidad específica. Del mismo modo, las decisiones supuestamente "técnicas", nunca son absolutamente neutrales ni dejan de tener efectos ideológicos. Por eso no queremos que nos gobiernen los economistas u otro grupo de técnicos, sino los políticos. Queremos que se ponderen los efectos sociales más generales que tienen las distintas decisiones.
En este balance entre pragmatismo e ideología es donde se la juega la izquierda. Sus señas de identidad están en los principios, pero aquello que se reclama es pura eficiencia. O, lo que es lo mismo, que sea sumisa al sistema. Aunque siempre cabe formularlo en otros términos. ¿Qué es más de izquierdas, resolver los problemas económicos de manera urgente -¡caiga quien caiga!- para volver cuanto antes a una senda de crecimiento y a partir de ahí redistribuir o emprender mayores políticas sociales, o posponer esas decisiones en nombre de la salvaguarda de los más afectados por la crisis y mantener así cohesionado a su electorado natural? Ésta es la alternativa, ciertamente trágica, ante la que se encuentra nuestro Gobierno. Queremos que el bebé no se nos vaya por el desagüe junto con el agua sucia, pero puede ser casi imposible evitarlo una vez que se ha quitado el tapón.
Ocurre, sin embargo, que lo que llamamos pragmatismo, al menos en la coyuntura de la actual crisis, consiste en buscar el más adecuado ajuste al sistema, en subordinar la política a los imperativos objetivos de la "economía internacional". En nuestro caso, además, a las propias directrices de la unión monetaria europea. Lo que se va por el desagüe es así la propia autonomía de la política. Se nos hizo la boca agua cuando, al iniciarse la crisis, todos comenzamos a proclamar el retorno de lo político. También de la política ideológica. Y de hecho, los Estados se movilizaron para evitar la hecatombe. Meses después, esos mismos Estados, empobrecidos y endeudados hasta las cejas muestran con denuedo los límites de su propia impotencia. Cada gobernante se ha acabado convirtiendo en mero representante de las disciplinas de esos Mercados sin rostro ni alma. La disyuntiva ya no es entre ideología o pragmatismo sino entre política o no política. Si hurtamos a la política la capacidad para definir la sociedad que queremos se acabará convirtiendo, en efecto, en mera administración, en pura gestión tecnocrática.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 19 de marzo de 2010)
Es difícil imaginar un ejemplo más plástico de eso que los politólogos han venido teorizando como la "desideologización". Y explica, entre otras cosas, el aumento de la volatilidad del voto o, como vimos recientemente, el escaso eco de los electorados ante las responsabilidades "ideológicas" de la reciente crisis económica.
Los datos se refieren a Alemania, claro está, pero es fácil imaginar que pueden ser extrapolados a otros países como el nuestro. En ese caso, tanto por la lentitud a la hora de reaccionar, como por su indudable sesgo ideológico, las medidas del Gobierno encaminadas a afrontar la crisis económica no habrían respondido a los deseos de la mayoría. En efecto, si observamos la argumentación del presidente Rodríguez Zapatero en su entrevista en TVE, no cabe sino concluir que la atención a los más menesterosos, a los débiles, constituyó el hilo conductor de la gestión de la crisis. Como se corresponde con un Gobierno socialdemócrata, mayor congruencia, pues, con los principios ideológicos que con consideraciones meramente pragmáticas.
Salta a la vista, sin embargo, que las decisiones políticas no siempre se mueven por consideraciones subsumibles entre estos dos polos. El tacticismo electoralista y la necesidad de atender a los intereses de sectores sociales específicos distorsionan decisivamente la capacidad para operar siguiendo estrictos criterios de eficiencia o de legitimidad ideológica. Los principios y valores siempre se han de ajustar a la dictadura de una realidad específica. Del mismo modo, las decisiones supuestamente "técnicas", nunca son absolutamente neutrales ni dejan de tener efectos ideológicos. Por eso no queremos que nos gobiernen los economistas u otro grupo de técnicos, sino los políticos. Queremos que se ponderen los efectos sociales más generales que tienen las distintas decisiones.
En este balance entre pragmatismo e ideología es donde se la juega la izquierda. Sus señas de identidad están en los principios, pero aquello que se reclama es pura eficiencia. O, lo que es lo mismo, que sea sumisa al sistema. Aunque siempre cabe formularlo en otros términos. ¿Qué es más de izquierdas, resolver los problemas económicos de manera urgente -¡caiga quien caiga!- para volver cuanto antes a una senda de crecimiento y a partir de ahí redistribuir o emprender mayores políticas sociales, o posponer esas decisiones en nombre de la salvaguarda de los más afectados por la crisis y mantener así cohesionado a su electorado natural? Ésta es la alternativa, ciertamente trágica, ante la que se encuentra nuestro Gobierno. Queremos que el bebé no se nos vaya por el desagüe junto con el agua sucia, pero puede ser casi imposible evitarlo una vez que se ha quitado el tapón.
Ocurre, sin embargo, que lo que llamamos pragmatismo, al menos en la coyuntura de la actual crisis, consiste en buscar el más adecuado ajuste al sistema, en subordinar la política a los imperativos objetivos de la "economía internacional". En nuestro caso, además, a las propias directrices de la unión monetaria europea. Lo que se va por el desagüe es así la propia autonomía de la política. Se nos hizo la boca agua cuando, al iniciarse la crisis, todos comenzamos a proclamar el retorno de lo político. También de la política ideológica. Y de hecho, los Estados se movilizaron para evitar la hecatombe. Meses después, esos mismos Estados, empobrecidos y endeudados hasta las cejas muestran con denuedo los límites de su propia impotencia. Cada gobernante se ha acabado convirtiendo en mero representante de las disciplinas de esos Mercados sin rostro ni alma. La disyuntiva ya no es entre ideología o pragmatismo sino entre política o no política. Si hurtamos a la política la capacidad para definir la sociedad que queremos se acabará convirtiendo, en efecto, en mera administración, en pura gestión tecnocrática.
(Artículo de Fernando Vallespín, publicado en "El País" el 19 de marzo de 2010)
UN AÑO DESPUÉS.
A pesar de cumplirse un año del estallido del mayor escándalo de corrupción política ocurrido en Aragón en los últimos tiempos, las nubes de tormenta de la Operación Molinos distan mucho de haberse despejado. El balance de las reacciones políticas, tristemente, no deja en buen lugar ni a las instituciones ni a los partidos.
EL próximo jueves se cumplirá un año desde que los efectos de la investigación del juez Alfredo Lajusticia sobre el extraño funcionamiento del Ayuntamiento de La Muela salieran a la luz. La instrucción continúa, y puede aún deparar sorpresas, y también permanecen, en buena medida sin digerir, las secuelas políticas del caso. La Muela se ha convertido, lamentablemente, en un ejemplo de libro de una forma de hacer política demasiado extendida durante los años de rápido crecimiento basado en la construcción. Ante los desmanes que se han puesto de manifiesto, la flemática reacción de las instituciones democráticas, especialmente desde el Gobierno de Aragón y los partidos que lo integran, no ha podido por menos que defraudar a la ciudadanía. Los dirigentes, que, al parecer, no supieron ver lo que estaba pasando -a pesar de tantos síntomas-, tampoco han sabido calibrar la gravedad de lo ocurrido y su impacto en el distanciamiento entre la clase política y los ciudadanos. No ha habido ninguna asunción seria de responsabilidades y, en cambio, produce desazón el hecho de que la mayoría de los cargos públicos afectados, con la alcaldesa María Victoria Pinilla a la cabeza, continúen en sus puestos como si nada hubiera pasado. Entre tanto, la situación política y económica del municipio no deja de deteriorarse y algo importante falla en la capacidad de reacción de las instituciones.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 14 de marzo de 2010)
EL próximo jueves se cumplirá un año desde que los efectos de la investigación del juez Alfredo Lajusticia sobre el extraño funcionamiento del Ayuntamiento de La Muela salieran a la luz. La instrucción continúa, y puede aún deparar sorpresas, y también permanecen, en buena medida sin digerir, las secuelas políticas del caso. La Muela se ha convertido, lamentablemente, en un ejemplo de libro de una forma de hacer política demasiado extendida durante los años de rápido crecimiento basado en la construcción. Ante los desmanes que se han puesto de manifiesto, la flemática reacción de las instituciones democráticas, especialmente desde el Gobierno de Aragón y los partidos que lo integran, no ha podido por menos que defraudar a la ciudadanía. Los dirigentes, que, al parecer, no supieron ver lo que estaba pasando -a pesar de tantos síntomas-, tampoco han sabido calibrar la gravedad de lo ocurrido y su impacto en el distanciamiento entre la clase política y los ciudadanos. No ha habido ninguna asunción seria de responsabilidades y, en cambio, produce desazón el hecho de que la mayoría de los cargos públicos afectados, con la alcaldesa María Victoria Pinilla a la cabeza, continúen en sus puestos como si nada hubiera pasado. Entre tanto, la situación política y económica del municipio no deja de deteriorarse y algo importante falla en la capacidad de reacción de las instituciones.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 14 de marzo de 2010)
HAY QUE LOGRAR FUNCIONARIOS EFICIENTES.
La imagen tópica del funcionario indolente aún está bastante arraigada en el inconsciente español, y por eso no es extraño que, cuando la crisis arrecia y las administraciones se ven forzadas a severos ajustes presupuestarios, surjan voces que apunten como medida inmediata la reducción del volumen de trabajadores del Estado. Es una reacción primaria que no se acomoda con la realidad del peso de los funcionarios en el conjunto de asalariados: si en España hay uno del sector público por cada ocho del sector privado, en otros países de nuestro entorno la ratio es mucho mayor.
Sin embargo, más importante que este dato es advertir qué engloba realmente el concepto funcionario. Suele olvidarse que colectivos tan amplios como los maestros, los médicos o los policías, cuya labor es esencial en un Estado moderno, son también empleados públicos. Adicionalmente, hay que considerar que el notable aumento de población en España en los últimos años ha requerido más funcionarios en esos campos. Por contra, en las actividades públicas donde sí es posible reducir personal la Administración ha optado, con buen criterio, por no cubrir de forma automática las plazas que quedaban libres por jubilación de sus titulares.
EN ARAGÓN Un ejemplo en Aragón han sido los decretos del responsable de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Francisco Catalá, con el fin de no cubrir las vacantes que se vayan produciendo en este ejercicio en la plantilla municipal, así como otras medidas de reducción del gasto. El plan de austeridad impulsado por el ayuntamiento en 2008, sin embargo, no alcanzó --ni de lejos-- su previsiones. Por su parte, el Gobierno aragonés ha hecho público que solo provisionará las plazas imprescindibles previo informe de los consejeros de Economía y Presidencia, con lo que aspira a ahorrar en personal 7,2 millones de euros.
Con este marco, el margen de maniobra del Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos consiste básicamente en un mejor uso de los recursos humanos disponibles: redistribuyendo funcional y geográficamente a los empleados públicos con más facilidad que hasta ahora y exigiendo, allí donde hay poca eficiencia, que esta sea parangonable con la del sector privado. Que el Estado funcione es esencial, todas las administraciones que lo integran. Y para eso, obviamente, hacen falta (buenos) funcionarios.
(Editorial de "El Periódico de Aragón", publicado el 10 de marzo de 2010)
Sin embargo, más importante que este dato es advertir qué engloba realmente el concepto funcionario. Suele olvidarse que colectivos tan amplios como los maestros, los médicos o los policías, cuya labor es esencial en un Estado moderno, son también empleados públicos. Adicionalmente, hay que considerar que el notable aumento de población en España en los últimos años ha requerido más funcionarios en esos campos. Por contra, en las actividades públicas donde sí es posible reducir personal la Administración ha optado, con buen criterio, por no cubrir de forma automática las plazas que quedaban libres por jubilación de sus titulares.
EN ARAGÓN Un ejemplo en Aragón han sido los decretos del responsable de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Francisco Catalá, con el fin de no cubrir las vacantes que se vayan produciendo en este ejercicio en la plantilla municipal, así como otras medidas de reducción del gasto. El plan de austeridad impulsado por el ayuntamiento en 2008, sin embargo, no alcanzó --ni de lejos-- su previsiones. Por su parte, el Gobierno aragonés ha hecho público que solo provisionará las plazas imprescindibles previo informe de los consejeros de Economía y Presidencia, con lo que aspira a ahorrar en personal 7,2 millones de euros.
Con este marco, el margen de maniobra del Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos consiste básicamente en un mejor uso de los recursos humanos disponibles: redistribuyendo funcional y geográficamente a los empleados públicos con más facilidad que hasta ahora y exigiendo, allí donde hay poca eficiencia, que esta sea parangonable con la del sector privado. Que el Estado funcione es esencial, todas las administraciones que lo integran. Y para eso, obviamente, hacen falta (buenos) funcionarios.
(Editorial de "El Periódico de Aragón", publicado el 10 de marzo de 2010)
LA MUJER DEL CÉSAR.
LA expresión "no basta con que la mujer del César sea honesta, tiene también que parecerlo" la pronunció Julio César al repudiar a su esposa Pompeya, según cuenta Plutarco en sus "Vidas paralelas", cuando recayó sobre ella la mera sospecha de su posible infidelidad. La frase es abundantemente empleada en los medios políticos cuando se exige transparencia en las andanzas y actuaciones de los gestores públicos.
Sorprende e inquieta, por ello, el empecinamiento que está mostrando el Gobierno de Aragón en ocultar todo el entramado de la corporación de empresas públicas, sustrayendo la información sobre sus datos a la ciudadanía que contribuye a su sostenimiento. En este caso, cabe legítimamente pensar, ante ese pertinaz oscurantismo, que ni la corporación ni sus empresas públicas son honestas; y que, desde luego, no lo parecen. ¿Habría, pues, que repudiarla como a Pompeya?
Es posible que, al descorrerse el velo que cubre hoy por hoy las vergüenzas de este sinnúmero de entidades-tapadera de sabe Dios qué enchufes, prebendas e intereses inconfesables, quedara al descubierto un penoso panorama de dilapidación de caudales públicos puestos en manos de poco fiables gestores y en apoyo de proyectos o actividades más que dudosos. El sectarismo partidista ha invadido todos los rincones de la sociedad y se ha inventado el sistema de las empresas públicas para pagar favores, colocar a inútiles y disponer fuera de todo control de cuantiosos recursos.
No puede el Gobierno aragonés acogerse a esa monserga de la protección de datos para eludir la transparencia, una de las exigencias de la decencia democrática y clave de cualquier código de buenas prácticas con el manejo del dinero ajeno; bastaría para ello que esos misteriosos gestores, cuyo nombre y número no se puede conocer, permitieran publicar sus datos personales como requisito previo a su incorporación a cualquiera de estas empresas públicas; bastaría que se exigiera la presentación ante el Registro Mercantil de una cumplida y abundante documentación sobre sus cuentas e interioridades, de modo que cualquiera pudiera acceder a un conocimiento legítimo en evitación de sospechas y confusiones.
También ayudaría que, de una vez, se ponga a funcionar la Cámara de Cuentas, la intervención del Ayuntamiento de Zaragoza y, en general, todos los mecanismos cautelares y de control de los desmanes del poder que los sistemas verdaderamente democráticos tienen inventados e implantados hace ya mucho tiempo, pero que aquí, sin duda por un talante menos democrático, siguen brillando por su ausencia, permitiendo a la autoridad hacer de su capa un sayo y escamotear sus responsabilidades.
¿De qué tiene miedo esta mujer del César que ni siquiera tiene interés en parecer honesta? ¿Será, quizá, porque en el fondo no lo es?
(Artículo de José Luis de Arce, publicado en "Heraldo de Aragón" el 9 de marzo de 2010)
Sorprende e inquieta, por ello, el empecinamiento que está mostrando el Gobierno de Aragón en ocultar todo el entramado de la corporación de empresas públicas, sustrayendo la información sobre sus datos a la ciudadanía que contribuye a su sostenimiento. En este caso, cabe legítimamente pensar, ante ese pertinaz oscurantismo, que ni la corporación ni sus empresas públicas son honestas; y que, desde luego, no lo parecen. ¿Habría, pues, que repudiarla como a Pompeya?
Es posible que, al descorrerse el velo que cubre hoy por hoy las vergüenzas de este sinnúmero de entidades-tapadera de sabe Dios qué enchufes, prebendas e intereses inconfesables, quedara al descubierto un penoso panorama de dilapidación de caudales públicos puestos en manos de poco fiables gestores y en apoyo de proyectos o actividades más que dudosos. El sectarismo partidista ha invadido todos los rincones de la sociedad y se ha inventado el sistema de las empresas públicas para pagar favores, colocar a inútiles y disponer fuera de todo control de cuantiosos recursos.
No puede el Gobierno aragonés acogerse a esa monserga de la protección de datos para eludir la transparencia, una de las exigencias de la decencia democrática y clave de cualquier código de buenas prácticas con el manejo del dinero ajeno; bastaría para ello que esos misteriosos gestores, cuyo nombre y número no se puede conocer, permitieran publicar sus datos personales como requisito previo a su incorporación a cualquiera de estas empresas públicas; bastaría que se exigiera la presentación ante el Registro Mercantil de una cumplida y abundante documentación sobre sus cuentas e interioridades, de modo que cualquiera pudiera acceder a un conocimiento legítimo en evitación de sospechas y confusiones.
También ayudaría que, de una vez, se ponga a funcionar la Cámara de Cuentas, la intervención del Ayuntamiento de Zaragoza y, en general, todos los mecanismos cautelares y de control de los desmanes del poder que los sistemas verdaderamente democráticos tienen inventados e implantados hace ya mucho tiempo, pero que aquí, sin duda por un talante menos democrático, siguen brillando por su ausencia, permitiendo a la autoridad hacer de su capa un sayo y escamotear sus responsabilidades.
¿De qué tiene miedo esta mujer del César que ni siquiera tiene interés en parecer honesta? ¿Será, quizá, porque en el fondo no lo es?
(Artículo de José Luis de Arce, publicado en "Heraldo de Aragón" el 9 de marzo de 2010)
CIEN AÑOS TRAS LA IGUALDAD.
Hoy se cumple el centenario del acceso de las mujeres a la universidad española en condiciones de igualdad con los hombres. Fue el 8 de marzo de 1910 cuando una Real Orden firmada por el ministro de Instrucción Pública, conde de Romanones, derogaba otra anterior en la que las alumnas que deseaban matricularse oficialmente en la universidad tenían que pedir un permiso especial.
Hay que recordar que en España, más que el derecho al voto, el núcleo de la polémica feminista fue la educación de las mujeres, y que hace un siglo los condicionamientos socioeconómicos del país no daban para que hubiera muchas aspirantes a universitarias. Por eso mismo es reseñable que, pese a las dificultades, hasta 1910, varias decenas de mujeres lograran licenciarse, poniendo de manifiesto su gran tenacidad y enorme deseo de estudiar. Entre ellas, es un deber y un placer otorgar el reconocimiento debido a las primeras doctoras, que lo fueron en Medicina, en 1882; Dolores Aleu Riera y Martina Castells Ballespí (Consuelo Flecha, 1996).
En estos cien años ha habido avances y retrocesos; ahora nos encontramos en una situación en la que el número de estudiantes de ambos sexos en la universidad se ha igualado, e incluso hay más chicas. Pero, según estudios de Paloma Alcalá y Eulalia Pérez Sedeño, si las curvas que recogen el número de hombres y mujeres en la universidad coinciden en la entrada, las dos ramas se van separando en las categorías que van ascendiendo en el rango universitario, conformando una gráfica de tijera, reflejo cuantitativo del famoso techo de cristal o, como estas profesoras prefieren llamarlo, asfalto pegajoso.
Consciente de que éste es un problema común, la Unión Europea publicó el informe ETAN, elaborado por un grupo de expertos de evaluación tecnológica. En este informe, en el que la desigualdad de género se identifica con una inadmisible pérdida de talentos científicos, se proponen, entre otras, las siguientes orientaciones: desagregar los datos del sistema científico por sexos; exigir paridad en los tribunales de evaluación; arbitrar fórmulas para la conciliación familiar dirigidos a investigadores e investigadoras, por igual; apoyar e impulsar los estudios de género y su inclusión en el currículo; promover campañas para el cambio de estereotipos de género en la ciencia; y crear unidades de mujer y ciencia.
En España, en donde los estudios científicos con perspectiva de género no acaban de ser incorporados digna y adecuadamente ni en los cuerpos disciplinares, ni en las áreas y planes docentes, ni en los procesos de evaluación investigadora, se ha puesto en práctica alguna de estas medidas, entre otras, la creación de observatorios de igualdad en los centros universitarios. Todavía no sabemos la capacidad y operatividad transformadora de estos centros, pero, al hacer balance de estos cien años, se constata la lentitud de los procesos que llevan de la igualdad formal a la igualdad real, y también la necesidad de seguir profundizando en la observación y análisis del lugar que ocupan mujeres y hombres en la institución universitaria.
(Artículo de Carmen Magallón, publicado en "Público" el 8 de marzo de 2010)
Hay que recordar que en España, más que el derecho al voto, el núcleo de la polémica feminista fue la educación de las mujeres, y que hace un siglo los condicionamientos socioeconómicos del país no daban para que hubiera muchas aspirantes a universitarias. Por eso mismo es reseñable que, pese a las dificultades, hasta 1910, varias decenas de mujeres lograran licenciarse, poniendo de manifiesto su gran tenacidad y enorme deseo de estudiar. Entre ellas, es un deber y un placer otorgar el reconocimiento debido a las primeras doctoras, que lo fueron en Medicina, en 1882; Dolores Aleu Riera y Martina Castells Ballespí (Consuelo Flecha, 1996).
En estos cien años ha habido avances y retrocesos; ahora nos encontramos en una situación en la que el número de estudiantes de ambos sexos en la universidad se ha igualado, e incluso hay más chicas. Pero, según estudios de Paloma Alcalá y Eulalia Pérez Sedeño, si las curvas que recogen el número de hombres y mujeres en la universidad coinciden en la entrada, las dos ramas se van separando en las categorías que van ascendiendo en el rango universitario, conformando una gráfica de tijera, reflejo cuantitativo del famoso techo de cristal o, como estas profesoras prefieren llamarlo, asfalto pegajoso.
Consciente de que éste es un problema común, la Unión Europea publicó el informe ETAN, elaborado por un grupo de expertos de evaluación tecnológica. En este informe, en el que la desigualdad de género se identifica con una inadmisible pérdida de talentos científicos, se proponen, entre otras, las siguientes orientaciones: desagregar los datos del sistema científico por sexos; exigir paridad en los tribunales de evaluación; arbitrar fórmulas para la conciliación familiar dirigidos a investigadores e investigadoras, por igual; apoyar e impulsar los estudios de género y su inclusión en el currículo; promover campañas para el cambio de estereotipos de género en la ciencia; y crear unidades de mujer y ciencia.
En España, en donde los estudios científicos con perspectiva de género no acaban de ser incorporados digna y adecuadamente ni en los cuerpos disciplinares, ni en las áreas y planes docentes, ni en los procesos de evaluación investigadora, se ha puesto en práctica alguna de estas medidas, entre otras, la creación de observatorios de igualdad en los centros universitarios. Todavía no sabemos la capacidad y operatividad transformadora de estos centros, pero, al hacer balance de estos cien años, se constata la lentitud de los procesos que llevan de la igualdad formal a la igualdad real, y también la necesidad de seguir profundizando en la observación y análisis del lugar que ocupan mujeres y hombres en la institución universitaria.
(Artículo de Carmen Magallón, publicado en "Público" el 8 de marzo de 2010)
TRANSPARENCIA.
LOS principios y normas del Derecho administrativo no son un accidente histórico. Su razón de ser está en la configuración de la Administración como una organización vicarial al servicio del interés general. La adopción por las Administraciones de formas de personificación privadas, la gestión mercantil y la aplicación del Derecho privado han desplazado al Derecho administrativo. La aplicación del Derecho público se tilda de contraria a la eficacia y eficiencia. Con la creación de sociedades mercantiles y fundaciones públicas se persigue alcanzar los objetivos institucionales con menor coste, más agilidad y eliminando trabas jurídicas y burocráticas. A este fenómeno se la ha denominado huida del Derecho administrativo. El problema es si esa huida no es más que la huida del Derecho. La eliminación de las trabas burocráticas es, simple y llanamente, eliminar controles. Que la Administración se rija por Derecho privado supone una mayor opacidad, una mayor libertad de decisión, que puede dar lugar a la arbitrariedad, a los tratos de favor; en definitiva, al riesgo de la corrupción.
Históricamente, las sociedades mercantiles en mano pública nacen para dar cobertura a la actividad industrial del Estado (el italiano "Istituto per la Ricostruzione Industriale", modelo del Instituto Nacional de Industria). Posteriormente, se amplía el uso de las personificaciones privadas por la Administración para conseguir sus objetivos sociales, alcanzando el halo de la incertidumbre del ejercicio de autoridad o de potestades públicas, que debe estar reservado a la Administración pública, con sujeción al Derecho administrativo.
La huida del Administrativo se ha dado en dos ámbitos, especialmente propicios a rehusar los controles: la contratación y el personal. El Derecho comunitario europeo ha puesto coto a la huida en la medida que exige aplicar a las decisiones materialmente públicas los principios de igualdad, transparencia y participación. Así se deben observar las reglas y principios del Derecho público en los procesos de contratación por los poderes adjudicadores, independientemente de su forma jurídica, garantizando la publicidad de la contratación y la igualdad de los licitadores. Al no existir un Derecho comunitario de la función pública, esta reducción a los controles no ha sido posible en materia de personal, lo que abre la puerta a la conculcación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y el legal de publicidad, en la selección de personal, bajo régimen laboral. Este fenómeno está presente en las jóvenes Administraciones de las Comunidades, que sufren la hipertrofia de entes instrumentales y personificaciones privadas.
Es incomprensible la falta de transparencia y la vulneración del derecho de información de un Gobierno regional y de su galaxia de entes instrumentales respecto al Parlamento territorial. Las razones aducidas en el caso aragonés son excusas de mal pagador: ni falta de medios, ni deber de secreto mercantil, ni protección de datos, etc. Por el contrario, es comprensible el incumplimiento gubernamental del deber que establece el Reglamento parlamentario, que tiene fuerza de ley, si hay algo que ocultar o callar. También se incumple el Estatuto de Autonomía de 2007, que recoge el principio democrático de transparencia. En los tiempos de corrupción que corren, la transparencia es una garantía de una buena administración por la Administración, bajo la dirección de un Gobierno democrático. El secreto y la opacidad son contrarios al krátos del pueblo.
(Artículo de José Manuel Aspas Aspas, publicado en "Heraldo de Aragón" el 6 de marzo de 2010)
Históricamente, las sociedades mercantiles en mano pública nacen para dar cobertura a la actividad industrial del Estado (el italiano "Istituto per la Ricostruzione Industriale", modelo del Instituto Nacional de Industria). Posteriormente, se amplía el uso de las personificaciones privadas por la Administración para conseguir sus objetivos sociales, alcanzando el halo de la incertidumbre del ejercicio de autoridad o de potestades públicas, que debe estar reservado a la Administración pública, con sujeción al Derecho administrativo.
La huida del Administrativo se ha dado en dos ámbitos, especialmente propicios a rehusar los controles: la contratación y el personal. El Derecho comunitario europeo ha puesto coto a la huida en la medida que exige aplicar a las decisiones materialmente públicas los principios de igualdad, transparencia y participación. Así se deben observar las reglas y principios del Derecho público en los procesos de contratación por los poderes adjudicadores, independientemente de su forma jurídica, garantizando la publicidad de la contratación y la igualdad de los licitadores. Al no existir un Derecho comunitario de la función pública, esta reducción a los controles no ha sido posible en materia de personal, lo que abre la puerta a la conculcación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y el legal de publicidad, en la selección de personal, bajo régimen laboral. Este fenómeno está presente en las jóvenes Administraciones de las Comunidades, que sufren la hipertrofia de entes instrumentales y personificaciones privadas.
Es incomprensible la falta de transparencia y la vulneración del derecho de información de un Gobierno regional y de su galaxia de entes instrumentales respecto al Parlamento territorial. Las razones aducidas en el caso aragonés son excusas de mal pagador: ni falta de medios, ni deber de secreto mercantil, ni protección de datos, etc. Por el contrario, es comprensible el incumplimiento gubernamental del deber que establece el Reglamento parlamentario, que tiene fuerza de ley, si hay algo que ocultar o callar. También se incumple el Estatuto de Autonomía de 2007, que recoge el principio democrático de transparencia. En los tiempos de corrupción que corren, la transparencia es una garantía de una buena administración por la Administración, bajo la dirección de un Gobierno democrático. El secreto y la opacidad son contrarios al krátos del pueblo.
(Artículo de José Manuel Aspas Aspas, publicado en "Heraldo de Aragón" el 6 de marzo de 2010)
DEUDA SIN CONTROL.
Creadas, a priori, para lograr más eficacia, las empresas públicas en Aragón han alcanzado unas magnitudes de tal calibre que amenazan con causar el efecto contrario al deseado si no se racionalizan y se introduce más control. Los datos son reveladores: el capital social del entramado público aragonés supone un 13% del del conjunto de las comunidades. Y la deuda ronda los 400millones de euros.
Los datos facilitados por el Ministerio de Economía confirman que las cifras del entramado de sociedades y entes públicos de Aragón es mucho mayor, en varios aspectos, que el de comu nidades con muchos más habitantes. Solo la Comunidad Valenciana tiene mayor capital social destinado a empresas públicas. Pero no solo crece el capital social. También la deuda, que, al aumentar más de un 20% en un año, se situó en 2009 en 302 millones de euros. La negativa del Gobierno PSOE-PAR a simplificar el entramado y a dar explicaciones es cada vez más insostenible y no ayuda a clarificar las incongruencias de una política que incluye la salida de empresas rentables y emblemáticas en su sector y su permanencia en otras difícilmente viables. «Se pretende disfrutar de la libertad del empresario en la gestión, sin asumir ninguno de sus riesgos, sin asumir la posibilidad de ser expulsados del mercado por una actividad ineficiente. Los resultados negativos, aquí, se endosan a todos los ciudadanos», denunció ayer la Asociación para la Defensa de la Función Pública. La transparencia democrática requiere despejar todas las dudas en este sentido. Es evidente que esta dicotomía sería siempre censurable, pero más en tiempos difíciles, que exigen grados de rigor, austeridad y eficiencia máximos en la gestión pública.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 4 de marzo de 2010)
Los datos facilitados por el Ministerio de Economía confirman que las cifras del entramado de sociedades y entes públicos de Aragón es mucho mayor, en varios aspectos, que el de comu nidades con muchos más habitantes. Solo la Comunidad Valenciana tiene mayor capital social destinado a empresas públicas. Pero no solo crece el capital social. También la deuda, que, al aumentar más de un 20% en un año, se situó en 2009 en 302 millones de euros. La negativa del Gobierno PSOE-PAR a simplificar el entramado y a dar explicaciones es cada vez más insostenible y no ayuda a clarificar las incongruencias de una política que incluye la salida de empresas rentables y emblemáticas en su sector y su permanencia en otras difícilmente viables. «Se pretende disfrutar de la libertad del empresario en la gestión, sin asumir ninguno de sus riesgos, sin asumir la posibilidad de ser expulsados del mercado por una actividad ineficiente. Los resultados negativos, aquí, se endosan a todos los ciudadanos», denunció ayer la Asociación para la Defensa de la Función Pública. La transparencia democrática requiere despejar todas las dudas en este sentido. Es evidente que esta dicotomía sería siempre censurable, pero más en tiempos difíciles, que exigen grados de rigor, austeridad y eficiencia máximos en la gestión pública.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 4 de marzo de 2010)
¿ADÓNDE VA ITALIA?
La fiscalía de Florencia descubrió a principios de febrero una red de favores económicos y sexuales dirigida desde la cúpula de Protección Civil, una de las pocas instituciones que todavía gozaba de prestigio en la Italia de Berlusconi. No ha sido el único escándalo de las últimas semanas. Además, la Fiscalía Antimafia de Roma ordenó la detención de 56 personas, algunas de ellas con responsabilidades oficiales, por blanqueo de dinero. Y a raíz de las investigaciones sobre este asunto se descubrió, por último, que uno de los senadores del partido del primer ministro, Nicola di Girolamo, fue elegido con la ayuda fraudulenta de la mafia.
Tal vez no sean los casos de corrupción más graves y espectaculares a los que se ha enfrentado Italia, pero sí los que más parecen haber afectado a la conciencia de los ciudadanos. A ello ha contribuido la sensación de que ninguna instancia del Estado está a salvo de los modos de hacer de Silvio Berlusconi; también la de que el país vuelve a ser víctima de males conocidos, como la promiscuidad entre la clase política y la mafia. Y se empieza a abrir paso la idea de que la inmoralidad de la vida pública ha superado ya todos los límites.
El desasosiego al que se enfrenta el país se ve multiplicado por el hecho de que la oposición a Berlusconi se encuentra tan desarticulada como el sistema político del que forma parte. Si hasta ahora un alto porcentaje de ciudadanos italianos pensaba que el problema era tan sólo el Gobierno, en estos momentos es la República en su conjunto la que empieza a preocuparles. Las instituciones italianas están siendo carcomidas desde un flanco por la corrupción y, desde el otro, por unas reformas legales que se proponen invalidar el Estado de derecho como instrumento para hacerle frente.
Nadie parece saber a ciencia cierta adónde va Italia, un país fundamental en la construcción europea, incluido el rostro más visible de este deterioro político y moral sin precedentes, Silvio Berlusconi. La estrategia del primer ministro parece haber perdido cualquier otro horizonte que no sea garantizar su propia inmunidad, desviando periódicamente la atención hacia problemas muchas veces artificiales y suscitados con la sola intención de obtener réditos de las recetas populistas. Entre tanto, Italia sigue aproximándose a un abismo del que nadie parece saber cómo alejarla.
(Editorial de "El País", publicado el 4 de marzo de 2010)
Tal vez no sean los casos de corrupción más graves y espectaculares a los que se ha enfrentado Italia, pero sí los que más parecen haber afectado a la conciencia de los ciudadanos. A ello ha contribuido la sensación de que ninguna instancia del Estado está a salvo de los modos de hacer de Silvio Berlusconi; también la de que el país vuelve a ser víctima de males conocidos, como la promiscuidad entre la clase política y la mafia. Y se empieza a abrir paso la idea de que la inmoralidad de la vida pública ha superado ya todos los límites.
El desasosiego al que se enfrenta el país se ve multiplicado por el hecho de que la oposición a Berlusconi se encuentra tan desarticulada como el sistema político del que forma parte. Si hasta ahora un alto porcentaje de ciudadanos italianos pensaba que el problema era tan sólo el Gobierno, en estos momentos es la República en su conjunto la que empieza a preocuparles. Las instituciones italianas están siendo carcomidas desde un flanco por la corrupción y, desde el otro, por unas reformas legales que se proponen invalidar el Estado de derecho como instrumento para hacerle frente.
Nadie parece saber a ciencia cierta adónde va Italia, un país fundamental en la construcción europea, incluido el rostro más visible de este deterioro político y moral sin precedentes, Silvio Berlusconi. La estrategia del primer ministro parece haber perdido cualquier otro horizonte que no sea garantizar su propia inmunidad, desviando periódicamente la atención hacia problemas muchas veces artificiales y suscitados con la sola intención de obtener réditos de las recetas populistas. Entre tanto, Italia sigue aproximándose a un abismo del que nadie parece saber cómo alejarla.
(Editorial de "El País", publicado el 4 de marzo de 2010)
UN SIGNO DE MALA SALUD.
LA voluntad de defensa de la transparencia se demuestra, al igual que el movimiento, andando. El empeño democrático por la información no puede ser entendido como un incordio o una tarea ajena a la actividad de una empresa pública. El derecho a pedir información y la obligación de trasladarla conforman el corpus básico de todo funcionamiento parlamentario; eso sí, siempre de que se esté convencido de que la exigencia actúa como la mejor de las garantías para la defensa de la sistema.
Cuando el Gobierno de Marcelino Iglesias ofreció al Partido Popular un asiento en los consejos de administración de las principales empresas públicas, lo que en realidad estaba proponiendo no era más que un fraude a las Cortes regionales. Bajo un supuesto barniz traslúcido, el PSOE lograba frenar al PP en sus demandas de información, a la vez que lo convertía en responsable solidario de las decisiones adoptadas. ¿Qué sentido tenía entonces informar al Parlamento regional si la oposición ya se encontraba imbricada en la red de empresas públicas? Sacar de las Cortes aragonesas la información sobre el funcionamiento de la corporación ha sido una obsesión que ha perseguido a este Gobierno, incapaz hasta la fecha de ofrecer a los partidos de oposición una documentación veraz, clara y alejada de interpretaciones partidistas.
Faltan instrumentos de control sobre la gestión de las empresas públicas, al igual que no existen mecanismos solventes -por ausencia de un sistema continuo e independiente de información- sobre la forma y modo como se gasta el presupuesto de la Comunidad. Sin una Cámara de Cuentas -en teoría habría de constituirse a finales de este mes de marzo- y sin, lo que es aún más importante, la voluntad de ser y sentirse auditado, cualquier Gobierno podrá hacer y deshacer a su antojo. Cuando las respuestas a los cientos de preguntas de la oposición -en esta ocasión fruto del trabajo del PP, pero en la anterior legislatura empeño idéntico de CHA- son escritas bajo el signo del desdén, es urgente que valoremos cómo se encuentra nuestra salud democrática.
(Artículo de Mikel Iturbe, publicado en "Heraldo de Aragón" el 3 de marzo de 2010)
Cuando el Gobierno de Marcelino Iglesias ofreció al Partido Popular un asiento en los consejos de administración de las principales empresas públicas, lo que en realidad estaba proponiendo no era más que un fraude a las Cortes regionales. Bajo un supuesto barniz traslúcido, el PSOE lograba frenar al PP en sus demandas de información, a la vez que lo convertía en responsable solidario de las decisiones adoptadas. ¿Qué sentido tenía entonces informar al Parlamento regional si la oposición ya se encontraba imbricada en la red de empresas públicas? Sacar de las Cortes aragonesas la información sobre el funcionamiento de la corporación ha sido una obsesión que ha perseguido a este Gobierno, incapaz hasta la fecha de ofrecer a los partidos de oposición una documentación veraz, clara y alejada de interpretaciones partidistas.
Faltan instrumentos de control sobre la gestión de las empresas públicas, al igual que no existen mecanismos solventes -por ausencia de un sistema continuo e independiente de información- sobre la forma y modo como se gasta el presupuesto de la Comunidad. Sin una Cámara de Cuentas -en teoría habría de constituirse a finales de este mes de marzo- y sin, lo que es aún más importante, la voluntad de ser y sentirse auditado, cualquier Gobierno podrá hacer y deshacer a su antojo. Cuando las respuestas a los cientos de preguntas de la oposición -en esta ocasión fruto del trabajo del PP, pero en la anterior legislatura empeño idéntico de CHA- son escritas bajo el signo del desdén, es urgente que valoremos cómo se encuentra nuestra salud democrática.
(Artículo de Mikel Iturbe, publicado en "Heraldo de Aragón" el 3 de marzo de 2010)
MÚLTIPLES Y OPACAS.
La DGA afronta una incómoda situación tras la petición del Ministerio de Economía para que las comunidades adelgacen su sector público: el PSOE-PAR ha multiplicado en diez años el entramado empresarial. Más de 40 empresas, 17 fundaciones, 13 consorcios y 11 entes, fuera de control, constituyen una opaca y nutrida red que habría de racionalizarse. La crisis debería obligar a la transparencia y a dar explicaciones negadas hasta ahora.
CON LA proliferación de organismos públicos, que han crecido en Aragón mucho más que en otras comunidades, han aumentado también su presupuesto y su plantilla. El conjunto de las empresas públicas tiene una plantilla de alrededor de 1.500 personas, pero esa cifra se incrementa en determinados periodos con contrataciones temporales. A este personal hay que añadir cien altos cargos, nueve de los cuales cobran más que el presidente de la Comunidad. Pese a contar con un capital de mayoría o casi mayoría pública, la DGA bloquea la información solicitada por la oposición, hasta el punto de que sólo el PP está pendiente de recibir respuesta a más de 700 preguntas formuladas en las Cortes de Aragón. Con una deuda creciente, y con dudas fundadas acerca de su eficacia y operatividad en algunos casos, la red de empresas públicas no puede quedar ajena al esfuerzo de austeridad y eficiencia que está realizando la sociedad entera. La Administración ha de ser la primera en dar ejemplo, máxime cuando la crisis hace más censurables comportamientos que en tiempo de bonanza inquietaban menos a los ciudadanos. Fusionar y concentrar entes públicos es un objetivo del Gobierno Zapatero que debiera concernir al Ejecutivo Iglesias.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 2 de marzo de 2010)
CON LA proliferación de organismos públicos, que han crecido en Aragón mucho más que en otras comunidades, han aumentado también su presupuesto y su plantilla. El conjunto de las empresas públicas tiene una plantilla de alrededor de 1.500 personas, pero esa cifra se incrementa en determinados periodos con contrataciones temporales. A este personal hay que añadir cien altos cargos, nueve de los cuales cobran más que el presidente de la Comunidad. Pese a contar con un capital de mayoría o casi mayoría pública, la DGA bloquea la información solicitada por la oposición, hasta el punto de que sólo el PP está pendiente de recibir respuesta a más de 700 preguntas formuladas en las Cortes de Aragón. Con una deuda creciente, y con dudas fundadas acerca de su eficacia y operatividad en algunos casos, la red de empresas públicas no puede quedar ajena al esfuerzo de austeridad y eficiencia que está realizando la sociedad entera. La Administración ha de ser la primera en dar ejemplo, máxime cuando la crisis hace más censurables comportamientos que en tiempo de bonanza inquietaban menos a los ciudadanos. Fusionar y concentrar entes públicos es un objetivo del Gobierno Zapatero que debiera concernir al Ejecutivo Iglesias.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 2 de marzo de 2010)
INSTITUCIONES DETERIORADAS.
Una característica de todos los sondeos es la valoración muy negativa que los ciudadanos hacen de la capacidad del sistema democrático para solucionar la crisis económica, lo cual redunda en un cuestionamiento de la calidad de la democracia. En muchas ocasiones, la política (con minúscula) se impone al sentido común y defrauda las expectativas de la gente.
Es síntoma de ello lo que está ocurriendo en España con el debate partidario en materia económica. Los Presupuestos del Estado, las convocatorias para lograr un pacto transversal que permita aunar fuerzas para combatir la peor crisis económica en muchísimos años, el planteamiento de anteproyectos como el de la Ley de Economía Sostenible, son ocasiones perdidas en las que lo que emerge a la luz pública son, más allá de los matices y diferentes responsabilidades que se les podría atribuir a cada uno, los ejercicios de permanente desautorización entre el Gobierno y la oposición. La discusión central, tal como trasluce, tiene más que ver con luchas sobre el poder y con ejercicios de mera supervivencia partidista que con el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos en materia de desempleo, empobrecimiento y pérdida de bienestar. Seguramente no es del todo justa esta percepción, pero es la que es: se manifiesta una ausencia de densidad argumental en el debate político de la crisis económica, en beneficio de otros asuntos más corporativos de sus escasos protagonistas.
Está bien que el Ejecutivo pretenda administrar su acción con el mayor consenso político y social y no mediante el despotismo de otros momentos, pero ese consenso no puede ser limitativo de la acción de gobernar. La oposición del PP se está ejerciendo por mero deterioro del Gobierno: o no tiene alternativa económica o la esconde temerosa de sus costes sociales en número de votos. El Banco de España, que habría de ejercer ahora un papel muy activo debido a la restricción del crédito -que es la principal limitación al crecimiento de la inversión y el empleo- habla de cualquier otra cosa más que de ello causando la irritación no sólo de los sindicatos sino de los empresarios: la reestructuración del sistema financiero está siendo mucho más lenta de lo esperado. Qué decir de otras instituciones centrales como el Tribunal Constitucional (incapaz de ser renovado por los partidos políticos), el Consejo General del Poder Judicial (del que se han conocido recientemente sus procedimientos de selección) y otros organismos supervisores y reguladores. Etcétera.
Muchas instituciones aparecen demediadas o fuera de forma en esta coyuntura, en la que serían esenciales para la revitalización de la vida política y su relación con la crisis económica. La crisis multiplica la inseguridad de los ciudadanos y en ese contexto cobran más importancia que nunca las instituciones. La historia muestra que cada vez que se produce una crisis tan extrema, los ciudadanos redescubren la necesidad de instituciones eficaces, de estar bien gobernados, la necesidad de lo colectivo, la significación de los servicios públicos y su buen funcionamiento. Es seminal la calidad del marco normativo y de las instituciones que, cuando funcionan bien, reducen la incertidumbre, aminoran los costes de transacción y facilitan la cohesión social.
Dándose cuenta de este agujero negro ha aparecido la iniciativa estosololoarreglamosentretodos.org, un intento de movilizar a la sociedad civil para recuperar la confianza bajo el lema de "queremos arreglar esto y no vamos a esperar que nadie lo haga por nosotros". En su presentación, el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, declaró: "El que los políticos lo estén haciendo mal no puede ser una excusa; la sociedad civil tiene que moverse".
Otro día habrá que abordar los defectos de la sociedad civil española, que no es ni mucho menos perfecta, en la crisis de confianza que padecemos. Mientras tanto, reproduzcamos la opinión de Ivan Krastov, miembro fundador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, en este periódico el pasado sábado: "Somos testigos de un colapso de la confianza en las élites políticas y empresariales. (...) Las elecciones están perdiendo su significado de opción entre alternativas y se transforman en procesos a las élites. Así, la democracia ya no es una cuestión de confianza, sino más bien de gestión de la desconfianza".
Peligroso.
(Artículo de Joaquín Estefanía, publicado en "El País" el 1 de marzo de 2010)
Es síntoma de ello lo que está ocurriendo en España con el debate partidario en materia económica. Los Presupuestos del Estado, las convocatorias para lograr un pacto transversal que permita aunar fuerzas para combatir la peor crisis económica en muchísimos años, el planteamiento de anteproyectos como el de la Ley de Economía Sostenible, son ocasiones perdidas en las que lo que emerge a la luz pública son, más allá de los matices y diferentes responsabilidades que se les podría atribuir a cada uno, los ejercicios de permanente desautorización entre el Gobierno y la oposición. La discusión central, tal como trasluce, tiene más que ver con luchas sobre el poder y con ejercicios de mera supervivencia partidista que con el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos en materia de desempleo, empobrecimiento y pérdida de bienestar. Seguramente no es del todo justa esta percepción, pero es la que es: se manifiesta una ausencia de densidad argumental en el debate político de la crisis económica, en beneficio de otros asuntos más corporativos de sus escasos protagonistas.
Está bien que el Ejecutivo pretenda administrar su acción con el mayor consenso político y social y no mediante el despotismo de otros momentos, pero ese consenso no puede ser limitativo de la acción de gobernar. La oposición del PP se está ejerciendo por mero deterioro del Gobierno: o no tiene alternativa económica o la esconde temerosa de sus costes sociales en número de votos. El Banco de España, que habría de ejercer ahora un papel muy activo debido a la restricción del crédito -que es la principal limitación al crecimiento de la inversión y el empleo- habla de cualquier otra cosa más que de ello causando la irritación no sólo de los sindicatos sino de los empresarios: la reestructuración del sistema financiero está siendo mucho más lenta de lo esperado. Qué decir de otras instituciones centrales como el Tribunal Constitucional (incapaz de ser renovado por los partidos políticos), el Consejo General del Poder Judicial (del que se han conocido recientemente sus procedimientos de selección) y otros organismos supervisores y reguladores. Etcétera.
Muchas instituciones aparecen demediadas o fuera de forma en esta coyuntura, en la que serían esenciales para la revitalización de la vida política y su relación con la crisis económica. La crisis multiplica la inseguridad de los ciudadanos y en ese contexto cobran más importancia que nunca las instituciones. La historia muestra que cada vez que se produce una crisis tan extrema, los ciudadanos redescubren la necesidad de instituciones eficaces, de estar bien gobernados, la necesidad de lo colectivo, la significación de los servicios públicos y su buen funcionamiento. Es seminal la calidad del marco normativo y de las instituciones que, cuando funcionan bien, reducen la incertidumbre, aminoran los costes de transacción y facilitan la cohesión social.
Dándose cuenta de este agujero negro ha aparecido la iniciativa estosololoarreglamosentretodos.org, un intento de movilizar a la sociedad civil para recuperar la confianza bajo el lema de "queremos arreglar esto y no vamos a esperar que nadie lo haga por nosotros". En su presentación, el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, declaró: "El que los políticos lo estén haciendo mal no puede ser una excusa; la sociedad civil tiene que moverse".
Otro día habrá que abordar los defectos de la sociedad civil española, que no es ni mucho menos perfecta, en la crisis de confianza que padecemos. Mientras tanto, reproduzcamos la opinión de Ivan Krastov, miembro fundador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, en este periódico el pasado sábado: "Somos testigos de un colapso de la confianza en las élites políticas y empresariales. (...) Las elecciones están perdiendo su significado de opción entre alternativas y se transforman en procesos a las élites. Así, la democracia ya no es una cuestión de confianza, sino más bien de gestión de la desconfianza".
Peligroso.
(Artículo de Joaquín Estefanía, publicado en "El País" el 1 de marzo de 2010)
LA POLÍTICA ES LIDEREAZGO Y CONFIANZA.
La economía es una cuestión de confianza. Los «animal spirits» de Keynes deciden en función de sus expectativas sobre cómo les va a ir. La política es un acto de confianza. La gente premia o castiga si sirve para solucionar problemas o para crearlos. Sin confianza no hay buena economía. Pero sin buena política no hay confianza. Al CIS pongo por testigo de que no tenemos una buena política. Seguro que esto lo tenemos que arreglar entre todos, como dice la publicidad. Pero eso lo tienen que arreglar ellos.
El Gobierno puede seguir consolándose atribuyendo sus errores a problemas de comunicación. Como bien dijo Bruno Dente, en política no hay tales problemas, solo actores que quieren cosas opuestas. Puede ir de trilero para ver si aísla un poco más a un PP especialmente dotado para dejarse arrinconar. Será su problema, no el nuestro.
La oposición popular puede optar por seguir a lomos de los cuatro jinetes de la recesión: paro, impuestos, déficit y deuda, o anunciar cada día la madre de todas las quiebras de confianza de los mercados internacionales. Será su problema, no el nuestro.
Los nacionalistas pueden impartir nuevas lecciones de sentido de Estado. O la izquierda imaginar más políticas llenas de felices y perdices. Ambos pueden repartirse el juicio sumarísimo al descontrol del Gobierno y la voracidad de la derecha. Es su problema, no el nuestro.Nuestro problema es el hastío por una penumbra que ya dura demasiado. Estamos hartos y cansados de arrimar el hombro y pasarlo mal mientras se nos repite lo mal formados que estamos o lo poco competitivos que somos. Cansados y aburridos de tanto ruido inútil. Solo queremos saber cuál es el plan, un poco de silencio y pruebas de que los intereses generales van antes que los intereses privados o las tácticas de partido. Ellos sabrán si les conviene demostrarnos que saben entenderse. O si les rendirá más seguir creyendo que nacimos ayer. A todos les vendría bien tener presente que en la famosa crisis del 29, antes que las políticas económicas, fue el liderazgo y la confianza en un presidente que sabía para quién trabajaba y para qué gobernaba.
(Artículo de Antón Losada, publicado en "El Periódico de Catalunya" el 28 de febrero de 2010).
El Gobierno puede seguir consolándose atribuyendo sus errores a problemas de comunicación. Como bien dijo Bruno Dente, en política no hay tales problemas, solo actores que quieren cosas opuestas. Puede ir de trilero para ver si aísla un poco más a un PP especialmente dotado para dejarse arrinconar. Será su problema, no el nuestro.
La oposición popular puede optar por seguir a lomos de los cuatro jinetes de la recesión: paro, impuestos, déficit y deuda, o anunciar cada día la madre de todas las quiebras de confianza de los mercados internacionales. Será su problema, no el nuestro.
Los nacionalistas pueden impartir nuevas lecciones de sentido de Estado. O la izquierda imaginar más políticas llenas de felices y perdices. Ambos pueden repartirse el juicio sumarísimo al descontrol del Gobierno y la voracidad de la derecha. Es su problema, no el nuestro.Nuestro problema es el hastío por una penumbra que ya dura demasiado. Estamos hartos y cansados de arrimar el hombro y pasarlo mal mientras se nos repite lo mal formados que estamos o lo poco competitivos que somos. Cansados y aburridos de tanto ruido inútil. Solo queremos saber cuál es el plan, un poco de silencio y pruebas de que los intereses generales van antes que los intereses privados o las tácticas de partido. Ellos sabrán si les conviene demostrarnos que saben entenderse. O si les rendirá más seguir creyendo que nacimos ayer. A todos les vendría bien tener presente que en la famosa crisis del 29, antes que las políticas económicas, fue el liderazgo y la confianza en un presidente que sabía para quién trabajaba y para qué gobernaba.
(Artículo de Antón Losada, publicado en "El Periódico de Catalunya" el 28 de febrero de 2010).
LA DIMISIÓN DE MUNAR, EL FIN DE UNA ÉPOCA.
La dimisión de la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, era inevitable ante la gravedad de los hechos que ayer se fueron conociendo durante las confesiones de los directivos de Vídeo U y de Miquel Nadal, ex presidente de UM, ex conseller de Turismo y ex concejal de Palma, en torno a la compra de la productora audiovisual y la creación de una trama para, presuntamente, malversar dinero público. Los trapos sucios de UM, es decir la concepción clientelar de un partido que habría hecho del poder una fuente de ingresos para la propia formación o para algunos de sus dirigentes, no podían ser expuestos sin consecuencias. Y éstas no podían ser otras que la dimisión de quien era la segunda autoridad de las islas, tras el presidente de la Comunidad y del Govern. Resultaba absolutamente inadmisible que alguien que representa al poder legislativo pudiera estar envuelta en asuntos tan turbios como los que, hace unas semanas, determinaron la ruptura del Pacte y, consecuentemente, la mayor crisis de nuestra historia autonómica.
Las acusaciones que ayer se formularon en los juzgados han sido la última gota, la que ha puesto fin a toda una época marcada por la forzada presencia de UM en todos los pactos de gobierno. El relato de Miquel Nadal ante el juez sobre la entrega de 300.000 euros en metálico, que le habría hecho Munar para la compra de Vídeo U, sentados uno al lado del otro en un coche oficial, lo dice casi todo. De ahí los nulos escrúpulos que se tuvieron en crear una Radio y Televisión de Mallorca –de la que ahora reniegan porque han perdido su control– en beneficio propio o para compincharse con una empresa, Sacresa, y venderle el solar de Can Domenge por la mitad de su valor de mercado. De UM o, para ser más exactos, de los dirigentes que han colaborado con Maria Antònia Munar y de alguno de sus sucesores se conocía su afán por beneficiar a los suyos, pero lo que se está descubriendo de los casos Voltor, Maquillaje, Can Domenge y otros supera con creces todo lo imaginable.
¿Qué sucederá a partir de ahora? En medio de una crisis institucional sin precedentes, la dimisión de Maria Antònia Munar y las evidentes responsabilidades políticas contraídas por UM en todos estos casos, sitúan a los demás partidos –y a la propia UM– ante la necesidad de pactar una salida airosa, políticamente aceptable y éticamente responsable, para la presidencia del Parlament. Y más allá de eso, para garantizar la gobernabilidad de las instituciones. ¿Será posible sin unas elecciones anticipadas? Es la peor de las alternativas posibles, pero puede que sea la solución, si no hay otra vía, al menos como catarsis política, para que los partidos hagan balance y limpieza de sus actuaciones pasadas y sean los ciudadanos quienes, al final, dicten su veredicto. No es una solución posible para el Consell o para el ayuntamiento de Palma, pero puede aclarar el panorama político y conocer hasta qué punto la corrupción, tal como dicen las encuestas, preocupa a los ciudadanos. Lo cierto es que, a partir de ahora, a Maria Antònia Munar, descabalgada de su "principado", le quedan muchas amarguras por delante. En un comunicado afirma que dimite por responsabilidad política y niega las acusaciones de Nadal, pero deberá aclararlas ante la justicia junto a todo lo oscuro que hubo en una legislatura en la que la corrupción proliferó libremente en las instituciones insulares. A la actual presidencia de UM no le queda más remedio que proceder a una profunda depuración interna para, si le es posible, recuperar la confianza que le dieron sus electores. Decía Melià que los hombres y mujeres de UM están acostumbrados al "poder" y que no se resignan a perderlo. Tendrán que resignarse a la fuerza si quiere regenerar un partido que no se merece a los dirigentes que le han conducido a esta situación.
(Editorial de "Diario de Mallorca", publicado el 27 de febrero de 2010)
Las acusaciones que ayer se formularon en los juzgados han sido la última gota, la que ha puesto fin a toda una época marcada por la forzada presencia de UM en todos los pactos de gobierno. El relato de Miquel Nadal ante el juez sobre la entrega de 300.000 euros en metálico, que le habría hecho Munar para la compra de Vídeo U, sentados uno al lado del otro en un coche oficial, lo dice casi todo. De ahí los nulos escrúpulos que se tuvieron en crear una Radio y Televisión de Mallorca –de la que ahora reniegan porque han perdido su control– en beneficio propio o para compincharse con una empresa, Sacresa, y venderle el solar de Can Domenge por la mitad de su valor de mercado. De UM o, para ser más exactos, de los dirigentes que han colaborado con Maria Antònia Munar y de alguno de sus sucesores se conocía su afán por beneficiar a los suyos, pero lo que se está descubriendo de los casos Voltor, Maquillaje, Can Domenge y otros supera con creces todo lo imaginable.
¿Qué sucederá a partir de ahora? En medio de una crisis institucional sin precedentes, la dimisión de Maria Antònia Munar y las evidentes responsabilidades políticas contraídas por UM en todos estos casos, sitúan a los demás partidos –y a la propia UM– ante la necesidad de pactar una salida airosa, políticamente aceptable y éticamente responsable, para la presidencia del Parlament. Y más allá de eso, para garantizar la gobernabilidad de las instituciones. ¿Será posible sin unas elecciones anticipadas? Es la peor de las alternativas posibles, pero puede que sea la solución, si no hay otra vía, al menos como catarsis política, para que los partidos hagan balance y limpieza de sus actuaciones pasadas y sean los ciudadanos quienes, al final, dicten su veredicto. No es una solución posible para el Consell o para el ayuntamiento de Palma, pero puede aclarar el panorama político y conocer hasta qué punto la corrupción, tal como dicen las encuestas, preocupa a los ciudadanos. Lo cierto es que, a partir de ahora, a Maria Antònia Munar, descabalgada de su "principado", le quedan muchas amarguras por delante. En un comunicado afirma que dimite por responsabilidad política y niega las acusaciones de Nadal, pero deberá aclararlas ante la justicia junto a todo lo oscuro que hubo en una legislatura en la que la corrupción proliferó libremente en las instituciones insulares. A la actual presidencia de UM no le queda más remedio que proceder a una profunda depuración interna para, si le es posible, recuperar la confianza que le dieron sus electores. Decía Melià que los hombres y mujeres de UM están acostumbrados al "poder" y que no se resignan a perderlo. Tendrán que resignarse a la fuerza si quiere regenerar un partido que no se merece a los dirigentes que le han conducido a esta situación.
(Editorial de "Diario de Mallorca", publicado el 27 de febrero de 2010)
LAS EMPRESAS PÚBLICAS.
Entre las estrategias para controlar el gasto del Estado, la ministra de Economía se ha comprometido a podar la maraña de empresas públicas. Las autonomías, incluyendo a Aragón, y los municipios deberían seguir el mismo camino, lo que no sólo sería beneficioso para el déficit sino también para la transparencia de la Administración.
LA reducción del volumen del sector público empresarial sería una de las medidas más lógicas dentro de una política general de reducción del gasto de las administraciones tendente a controlar el déficit. Es posible que su impacto financiero no fuera muy fuerte -aunque en ningún caso despreciable-, pero podría contribuir además a mejorar la eficacia, dar ejemplo de austeridad y, sobre todo, aumentar la transparencia y eliminar las extensas zonas de sombra que han crecido alrededor de ese tipo de sociedades. El compromiso de la vicepresidenta Elena Salgado es pues bienvenido -siempre y cuando se convierta en realidad, pues el Gobierno es ducho en desdecirse de sus propias propuestas- y debería extenderse a las empresas públicas autonómicas que, en casos como el de Aragón, han proliferado en los últimos años creando una maraña inextricable, opaca al control parlamentario y de la opinión y abierta, en cambio, a la arbitrariedad y el clientelismo. Resulta desalentador y constituye un error que la DGA desoiga el llamamiento de Salgado y apueste por mantener intacto su sector empresarial e, incluso, descarte reducir el número de altos cargos. Aducir, como hace el Ejecutivo PSOE-PAR, que en el caso aragonés la consolidación ya se ha llevado a cabo no es sino una mala excusa. La racionalización de las empresas públicas es una necesaria medida de higiene política y financiera.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 27 de febrero de 2010)
LA reducción del volumen del sector público empresarial sería una de las medidas más lógicas dentro de una política general de reducción del gasto de las administraciones tendente a controlar el déficit. Es posible que su impacto financiero no fuera muy fuerte -aunque en ningún caso despreciable-, pero podría contribuir además a mejorar la eficacia, dar ejemplo de austeridad y, sobre todo, aumentar la transparencia y eliminar las extensas zonas de sombra que han crecido alrededor de ese tipo de sociedades. El compromiso de la vicepresidenta Elena Salgado es pues bienvenido -siempre y cuando se convierta en realidad, pues el Gobierno es ducho en desdecirse de sus propias propuestas- y debería extenderse a las empresas públicas autonómicas que, en casos como el de Aragón, han proliferado en los últimos años creando una maraña inextricable, opaca al control parlamentario y de la opinión y abierta, en cambio, a la arbitrariedad y el clientelismo. Resulta desalentador y constituye un error que la DGA desoiga el llamamiento de Salgado y apueste por mantener intacto su sector empresarial e, incluso, descarte reducir el número de altos cargos. Aducir, como hace el Ejecutivo PSOE-PAR, que en el caso aragonés la consolidación ya se ha llevado a cabo no es sino una mala excusa. La racionalización de las empresas públicas es una necesaria medida de higiene política y financiera.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 27 de febrero de 2010)
UN LLAMAMIENTO A LA CONFIANZA.
Hace apenas dos años vivíamos en el mejor de los mundos. España, como muchos otros países desarrollados, disfrutaba de la etapa más larga de crecimiento económico en décadas. Se había llegado a pensar que la globalización iba a ser capaz de acabar con la inflación y los ciclos económicos, y se creía de nuevo, como en el 2000, que «esta vez es diferente» olvidándose de la tozuda realidad.
La situación es que todos, estados, empresas y particulares, estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Con los tipos de interés extremadamente bajos, el crédito fluía sin restricciones, mientras los precios inmobiliarios crecían sin límite. El endeudamiento de las compañías y de las familias aumentaba día a día. Se estaban creando dos peligrosas burbujas (financiera e inmobiliaria), que pronto estallarían, generando una de las mayores crisis económicas del mundo desarrollado, desde la depresión de 1929.
El resto de la historia es de sobra conocido. Estados Unidos y las principales economías europeas entraron en recesión. La actuación coordinada de los bancos centrales, primero, y las ayudas de los gobiernos de los países desarrollados, más tarde, consiguieron frenar la quiebra financiera y empresarial en el mundo. Pero no pudieron evitar la recesión y el aumento del desempleo a niveles hasta ahora desconocidos.
Ante esta situación, los ciudadanos de los principales países desarrollados perdieron la confianza en el sistema. Especialmente, los españoles, porque nuestra economía era especialmente intensiva en mano de obra y el derrumbe del sector inmobiliario y de la construcción residencial dispararon el desempleo en muy pocos meses. En estos momentos, el paro supera la cota de los cuatro millones de personas y el índice de confianza está por los suelos.
Las principales encuestas que circulan por nuestro país sitúan el desempleo como principal preocupación de los españoles y muestran que el barómetro de la confianza de la sociedad frente a la clase política está más bajo que nunca.
Por eso, hace unos meses, un grupo de profesionales y empresarios españoles, aglutinados en torno al Consejo Superior de Cámaras, pensamos que había que actuar para frenar esa sangría de desconfianza que estaba inundando nuestro país y que impedía solucionar nuestros problemas. Y decidimos actuar en busca de una ilusión que nos ayudara a salir de la crisis entre todos.
Para sorpresa nuestra, grata sorpresa, a medida que hemos comentado el proyecto con los responsables de las principales empresas del país, la respuesta recibida ha sido rápida y positiva. Todos coinciden en que hay que actuar cuanto antes para intentar recuperar la confianza perdida y se comprometen con el proyecto.
El título de este artículo es el de nuestro lema y nuestra página web: estosololoarreglamosentretodos.org. Se trata de mucho más que una frase o un lema de campaña. Es una llamada a la sociedad civil y desde la sociedad civil, para intentar recuperar esa confianza perdida. Una acción de todos y para todos, para conseguir una actitud positiva que nos ayude a salir de la crisis.
Somos conscientes de que vivimos tiempos difíciles y de que la situación y las perspectivas económicas están afectando de manera negativa a nuestras vidas. Sabemos también que hay más de cuatro millones de personas y sus familias que viven en la desesperanza por no encontrar trabajo y que la crisis no se soluciona de un día para otro.
Pero los que tenemos más edad y experiencia sabemos que los españoles hemos pasado por situaciones igual o incluso más complicadas y que hemos sido capaces, entre todos, de salir adelante con más fuerza que nunca. Basta echar un vistazo a la historia de los últimos 35 años para comprobar que eso lo hemos logrado más de una vez. La experiencia ya nos ha enseñado que de las crisis se sale trabajando más y mejor, y aumentando la productividad, que es uno de los grandes problemas estructurales de nuestra economía.
Lo primero que tenemos que proponernos es romper ese círculo vicioso. Evitar que las emociones y los impulsos terminen imponiéndose a la razón y a la realidad, para que esta no empeore día a día. La falta de confianza es nuestro peor enemigo, porque nos conduce a ver las cosas con pesimismo y a sentirnos impotentes para afrontar los problemas. Y, lo que es peor, nos atenaza, y nos hace incrédulos ante las iniciativas que plantean las instituciones, las empresas y las personas.
Ante estas circunstancias hay una realidad incuestionable: esto sólo lo arreglamos entre todos; con esfuerzo, compromiso, talento y confianza en que podemos hacerlo. Nadie nos va a sacar las castañas del fuego. Sólo entre todos saldremos de ésta.
Por eso, porque no podemos permanecer ni un solo día más de brazos cruzados, hoy iniciamos en toda España una campaña que invita a actuar, sin excepciones, ni diferencias de clase, color político o territorio. Es una campaña de todos y para todos. Pretendemos llegar hasta el último rincón de la geografía española con nuestros mensajes y que éstos reboten una y otra vez y se multipliquen creando un eco ensordecedor. Que nadie se quede sin oír el mensaje: esto sólo lo arreglamos entre todos.
Contamos con un equipo muy profesional e ilusionado, que ha diseñado una campaña de comunicación y publicidad muy ambiciosa; contamos con el apoyo económico directo de las principales empresas del país y con la colaboración de los medios de comunicación; contamos con la participación de importantes figuras de la vida social, cultural y deportiva española, que están colaborando desinteresadamente en la campaña, además de los testimonios de ciudadanos anónimos que esperamos ampliar a todos los que estén dispuestos a sumarse a esta iniciativa.
Por ello las redes sociales serán una de nuestras prioridades. La web estosololoarreglamosentretodos.org está ya abierta al público y confiamos en que va a ser un gran altavoz en nuestro empeño. Queremos provocar un debate social sobre la actitud que tenemos cada uno de nosotros ante la crisis, recibir y lanzar ideas e iniciativas para recuperar esa confianza colectiva que actúe de palanca y motor de la recuperación económica y social en España.
Tenemos que ser capaces de contagiar la confianza de la misma manera que se ha contagiado el pesimismo. Y los que nos digan que es imposible, es que no nos conocen. Porque si tú, y tú, y tú... nos convertimos en nosotros, no habrá nada que no podamos arreglar.
Porque esto solo lo arreglamos entre todos.
(Artículo de Javier Gómez-Navarro, Guillermo de la Dehesa, Antonio Garrigues y Miquel Roca, publicado en el diario "ABC" el 26 de febrero de 2010)
PRIMERO, CREDIBILIDAD.
La primera reunión del Gobierno con los partidos políticos para pactar las líneas de actuación contra la crisis económica concluyó con un discurso de buenas intenciones de la vicepresidenta Elena Salgado, dispuesta a escuchar todas las propuestas de la oposición y a conseguir el máximo consenso en el plazo de dos meses fijado por el presidente del Gobierno y con una nueva demostración de que el Partido Popular (PP) no está dispuesto a consensuar otra cosa que no sea "un cambio en la política económica". Como ese cambio no sería aceptable políticamente, la primera impresión es que, al menos ante la galería, el PP no desea un acuerdo político para reforzar la solvencia exterior de la economía española. El PP se encuentra entre la espada de negar cualquier apoyo político al presidente del Gobierno, en el convencimiento de que su deterioro político facilitará el triunfo electoral de Mariano Rajoy, y la pared de no defraudar las expectativas que la opinión pública ha puesto en un pacto anticrisis.
La vicepresidenta Salgado parece tener muy claro que el Gobierno presentará el lunes a la consideración de los partidos un documento "extenso" con medidas económicas concretas para su discusión y acuerdo. Pero, antes que las cuestiones de método y calendario, o el papel que debe desempeñar la oposición en la salida de la crisis (la reducción del gasto y la reforma de las cajas dependen también de las comunidades autónomas), el Gobierno tiene que resolver su torpeza para la gestión política a corto plazo. Cada paso adelante que propone va seguido poco tiempo después por dos pasos atrás. Ayer, la vicepresidenta Salgado y el vicepresidente Chaves negaron que el Gobierno vaya a congelar el sueldo de los funcionarios, una medida que había sugerido el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Como en el caso de la reforma de las pensiones, las decisiones que se abandonan son las correctas. No hay recorte del gasto creíble si no incorpora una congelación de los sueldos de los funcionarios y una simplificación de la fronda burocrática, en el Estado central y en las autonomías.
Las indecisiones y los "fallos de comunicación" son el disolvente más eficaz de la credibilidad del Gobierno. De nada sirve anunciar que habrá una reducción sustancial del número de empresas públicas si la opinión pública se teme que habrá una rectificación de la medida, verbal o de hecho, en cuestión de días o incluso de horas.
(Editorial de "El País", publicado el 26 de febrero de 2010)
La vicepresidenta Salgado parece tener muy claro que el Gobierno presentará el lunes a la consideración de los partidos un documento "extenso" con medidas económicas concretas para su discusión y acuerdo. Pero, antes que las cuestiones de método y calendario, o el papel que debe desempeñar la oposición en la salida de la crisis (la reducción del gasto y la reforma de las cajas dependen también de las comunidades autónomas), el Gobierno tiene que resolver su torpeza para la gestión política a corto plazo. Cada paso adelante que propone va seguido poco tiempo después por dos pasos atrás. Ayer, la vicepresidenta Salgado y el vicepresidente Chaves negaron que el Gobierno vaya a congelar el sueldo de los funcionarios, una medida que había sugerido el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Como en el caso de la reforma de las pensiones, las decisiones que se abandonan son las correctas. No hay recorte del gasto creíble si no incorpora una congelación de los sueldos de los funcionarios y una simplificación de la fronda burocrática, en el Estado central y en las autonomías.
Las indecisiones y los "fallos de comunicación" son el disolvente más eficaz de la credibilidad del Gobierno. De nada sirve anunciar que habrá una reducción sustancial del número de empresas públicas si la opinión pública se teme que habrá una rectificación de la medida, verbal o de hecho, en cuestión de días o incluso de horas.
(Editorial de "El País", publicado el 26 de febrero de 2010)
INTERESES CORPORATIVOS.
La dimisión del vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez de su puesto en la Comisión de Calificación de dicho Consejo ha desvelado un sistema de nombramiento de altos cargos judiciales -especialmente, magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de tribunales superiores de justicia- que parece primar más las relaciones de amistad y la militancia asociativa que el mérito y la capacidad de los candidatos. Había indicios abundantes de que a la lógica de partidos que malea el nombramiento de los miembros del Consejo y condiciona su funcionamiento, dividiéndolo en bloques ideológicos según el partido al que deben su designación por el Parlamento, se había superpuesto una lógica corporativista al servicio de las asociaciones judiciales. Ahora existe un testimonio directo de que eso es lo que ocurre.
Según el dimisionario, vocales que actúan como poderes fácticos en interés de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), afín al PP, o de Jueces para la Democracia (JpD), afín al PSOE, burlan la Comisión de Calificación, a la que corresponde seleccionar los candidatos, y logran imponer sus propios candidatos al pleno del Consejo Judicial. El resultado es que otras asociaciones judiciales y los jueces no asociados, la mitad de la carrera, tienen prácticamente vedado el acceso a los altos cargos judiciales.
Los vocales señalados han acusado a Gómez Benítez de "mentir". Pero los datos no le desmienten: la APM y JpD copan el 75% de los cargos judiciales nombrados por este Consejo. Es un paso en la buena dirección que la entrevista a los candidatos sea en adelante pública, como acaba de decidir el Consejo. Pero de poco valdrá esa publicidad si el proceso previo de preselección es opaco y el gremialismo asociativo sigue imponiéndose al mérito y la capacidad.
La lógica corporativista es tan desastrosa para el órgano de gobierno de los jueces, y para la Administración de justicia como lo ha sido su contaminación por la lógica partidista política. No hay diferencia. A esa lógica hay que atribuir el escándalo de que el presidente del Tribunal Superior de Valencia, ya en funciones en el caso Camps, siga en esa situación meses después. Los partidos no dan ejemplo: la renovación del anterior Consejo estuvo bloqueada dos años por el PP y lo mismo ocurre ahora con el Constitucional. Pero se les puede exigir responsabilidades. Al Consejo, no, y eso alimenta la impunidad con que actúan.
(Editorial de "El País", publicado el 25 de febrero de 2010)
Según el dimisionario, vocales que actúan como poderes fácticos en interés de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), afín al PP, o de Jueces para la Democracia (JpD), afín al PSOE, burlan la Comisión de Calificación, a la que corresponde seleccionar los candidatos, y logran imponer sus propios candidatos al pleno del Consejo Judicial. El resultado es que otras asociaciones judiciales y los jueces no asociados, la mitad de la carrera, tienen prácticamente vedado el acceso a los altos cargos judiciales.
Los vocales señalados han acusado a Gómez Benítez de "mentir". Pero los datos no le desmienten: la APM y JpD copan el 75% de los cargos judiciales nombrados por este Consejo. Es un paso en la buena dirección que la entrevista a los candidatos sea en adelante pública, como acaba de decidir el Consejo. Pero de poco valdrá esa publicidad si el proceso previo de preselección es opaco y el gremialismo asociativo sigue imponiéndose al mérito y la capacidad.
La lógica corporativista es tan desastrosa para el órgano de gobierno de los jueces, y para la Administración de justicia como lo ha sido su contaminación por la lógica partidista política. No hay diferencia. A esa lógica hay que atribuir el escándalo de que el presidente del Tribunal Superior de Valencia, ya en funciones en el caso Camps, siga en esa situación meses después. Los partidos no dan ejemplo: la renovación del anterior Consejo estuvo bloqueada dos años por el PP y lo mismo ocurre ahora con el Constitucional. Pero se les puede exigir responsabilidades. Al Consejo, no, y eso alimenta la impunidad con que actúan.
(Editorial de "El País", publicado el 25 de febrero de 2010)
AHORA, LOS FUNCIONARIOS.
LA necesidad de reducir el gasto público en tiempos de crisis económica ha puesto a los funcionarios públicos bajo el punto de mira. Hoy informa ABC acerca de los planes del Gobierno para «examinar» a los empleados públicos en el marco de una racionalización y reducción de estructuras de la Administración General del Estado. Según algunos, bajo este eufemismo burocrático se oculta el propósito de cambiar el modelo vigente, cuestionando aspectos esenciales como la permanencia en el puesto de trabajo una vez adquirido «en propiedad». Nadie pone en duda que hay muchos aspectos mejorables en nuestro sistema de empleo público y que convendría afrontar con eficacia y sentido común la reforma de ciertos lastres del pasado. Sin embargo, es imprescindible evitar las generalizaciones interesadas con objeto de que no paguen justos por pecadores. Miles de funcionarios públicos son profesionales bien preparados, que han accedido a sus puestos tras superar unas pruebas rigurosas y que desempeñan con vocación y sacrificio una actividad al servicio del interés público, cuya retribución es -con frecuencia- inferior a su equivalente en la empresa privada. En este sentido, hay que distinguir también entre los funcionarios de carrera y los múltiples asesores y altos cargos que crean los políticos para satisfacer compromisos del partido gobernante y atender a las exigencias de la clientela electoral.
Otra cuestión sustancial hace referencia a las comunidades autónomas. Si es preciso racionalizar la administración del Estado, no hay ningún motivo para que se consideren intocables las administraciones regionales, que reproducen casi sin excepciones todos los defectos que se achacan al sector público. Sería injusto, por tanto, que el proceso que el Gobierno pretende iniciar limite sus efectos al ámbito estatal, cuando una parte sustancial del gasto público y de los recursos humanos corresponde en nuestro país a las administraciones autonómicas. De acuerdo con la Constitución, el acceso a la función pública se rige por los principios de mérito y capacidad, y la Administración sirve con objetividad a los intereses generales, al margen de la coyuntura política. Estos criterios deben inspirar las reformas en marcha que, según denuncian algunos sindicatos, parecen planteadas ante la necesidad de recuperar el tiempo perdido por parte de un Ejecutivo que necesita cuanto antes dar algún golpe de efecto e incluso buscar un chivo expiatorio.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 22 de febrero de 2010)
LA HUELLA ELECTRÓNICA
TRAS los tornos de entrada, la Administración autonómica implanta una tarjeta electrónica por la que quedan registrados todos los trámites realizados en cada ordenador. Es claro que la informática hará más fáciles trámites como la expedición de recetas o de notas escolares. Además permite controlar a qué dedica su tiempo cada trabajador en su jornada laboral, frente al ordenador. Otra cosa es que se considere como herramienta básica para reorganización del trabajo o evaluación de cuánto personal se necesita para una función determinada. Inquieta pensar que se pueda fiar a la huella electrónica la certeza de que la organización del trabajo es la correcta. Es de suponer que los responsables de la cosa pública están ya al tanto de cómo funciona cada negociado; y que no relegan el factor humano. Lo que no se sabe es si habrá tarjetas para un personal volátil por naturaleza, como los cargos de libre designación. Sigue siendo misión casi imposible que se dé publicidad al nombramiento y cese de asesores en los términos de la Ley del Presidente. Quizás porque el control del controlador depende de su transparencia, igual o más valiosa que cualquier tarjeta, pero más difícil de lograr.
(Artículo de Encarna Samitier, publicado en "Heraldo de Aragón" el 17 de febrero de 2010)
(Artículo de Encarna Samitier, publicado en "Heraldo de Aragón" el 17 de febrero de 2010)
CORRUPCIÓN
Debo empezar confesando a los lectores mi desconcierto: tenía pensado escribir este artículo sobre un caso de corrupción concreto y al poco la realidad, que tantas veces muestra las miserias del ser humano mejor que cualquier novela, convirtió cualquier análisis individual en una tarea infantil. En estos momentos hay tantos procesos por corrupción urbanística en los tribunales --da miedo imaginar cuántos más no habrán sido detectados aún-- que hablar de uno solo ya es minucia. El PSOE y el PP tienen la mayoría, casi a partes iguales. Corrupción, vieja amiga de la política española, que te vas para siempre volver.
Vivimos tiempos de culto al sentimiento, de alergia a la razón, a la vieja razón promovida por los modernos y la Ilustración. En ese contexto, como decía recientemente un intelectual italiano, aplicar el sentido común para resolver los problemas puede ser realmente revolucionario. Y eso es directamente aplicable a la cuestión: lo que pasa lo sabemos todos, incluidos también los dirigentes del PP, PSOE, y Unió Mallorquina, y CiU, y el Partido Aragonés, y otros. Y explicarlo exige usar el sentido común. Razonar.
La corrupción en la política española es un animal que camina con tres patas, nacidas todas ellas en la transición política de la dictadura a la democracia. La primera es una ley de financiación de los municipios insuficiente; se les pide cada vez más servicios y para pagarlos se consiente que recurran a los expedientes urbanísticos y las recalificaciones, y no se les dan medios suficientes para pagar los servicios que prestan. Ese es el origen del desaforado interés por urbanizar por parte de políticos locales que además incluso llegan a asumir que hay que pagar este peaje para poder dar más servicios a los ciudadanos.
La segunda pata es la ley electoral, que funcionó bien para la transición política pero que hoy es para la sociedad española como un traje pequeño. Con listas cerradas y bloqueadas, los políticos tienen asegurada su reelección si el aparato les coloca en un buen puesto: no tienen que dar cuenta de su gestión a sus votantes, sólo a las ejecutivas que les ponen en la lista. En los partidos, los intereses de los ciudadanos están secuestrados por una costra de políticos profesionales más interesada en perpetuarse en el puesto que en abrir el partido a la sociedad.
Hoy el PP, el PSOE o el PAR simplemente ya no son organizaciones democráticas como hace dos décadas. Quizás se llamen así, pero no lo son en realidad. Moverse en su interior es asunto de profesionales, no de aficionados, de simples militantes: dejadnos a nosotros, somos los que sabemos cómo se hace, se les dice. Y allí van, una vez más, a asambleas siempre extraordinarias, convocadas con listas filtradas y controladas, sin debate, sin ruegos y preguntas molestos. Por eso sus dirigentes hace tiempo han perdido el contacto con la realidad, blindándose tras gabinetes de prensa cada vez mayores. Esto explica la creciente desconfianza de los votantes hacia los partidos políticos, incluso hacia aquellos a los que venían votando y querrían seguir votando.
LA TERCERA PATA es una financiación opaca de los partidos políticos, cuya contabilidad está obligada a incluir las cuentas de las sedes centrales pero no las de las sedes locales ni las de la maraña de empresas y fundaciones que funcionan alrededor suyo. Cuando un político como Rajoy dice -como ha dicho- que las cuentas de su partido son transparentes dice algo a primera vista cierto --porque las cuentas centrales que se ven sí lo son-- pero en realidad falso, porque las cuentas de sus organizaciones locales, que son las que no se ven, no tienen ningún tipo de control.
Y cuando se cruzan los tres factores la corrupción surge casi sin remedio. Los ayuntamientos necesitan dinero, no tienen ingresos suficientes y recalifican para tenerlo; los concejales de esos ayuntamientos saben --o se les hace saber-- que sus partidos necesitan dinero, y saben también que sus agrupaciones locales tienen poco control, con lo que la tentación de rebañar en forma de comisiones está servida. Y si no les pilla la justicia saben que están blindados.
La ley electoral les protege de las iras de los ciudadanos porque el próximo escaño lo conseguirán si su ejecutiva decide incluirles en la lista en puesto de salir, no si gustan más o menos a los electores. Añadamos al cóctel unas gotitas de debilidad humana, de deudas personales, de falta de ética política, y tenemos el panorama completo.
Mientras el gobierno no aborde en serio modificar las tres leyes de que hablo la corrupción se seguirá produciendo, antes o después, en un lugar u otro, y con un partido u otro. Y con la que está cayendo, no veo que vaya a hacerlo. Sus gabinetes de prensa les dicen que eso no es una prioridad ahora. Es falso: lo era antes y lo sigue siendo. La crisis de la deuda, el paro, las tensiones con los nacionalismos, no cambiarán esto.
La corrupción puede que deje de centrarse en ladrillo si la construcción deja de tener un peso preponderante, pero encontrará otras vías para surgir y desarrollarse, y puede que más. Miremos a Italia. Miremos a México. Esto es así.
(Artículo de Guillermo Pérez Sarrión, publicado en "El Periódico de Aragón" el 16 de febrero de 2010)
Vivimos tiempos de culto al sentimiento, de alergia a la razón, a la vieja razón promovida por los modernos y la Ilustración. En ese contexto, como decía recientemente un intelectual italiano, aplicar el sentido común para resolver los problemas puede ser realmente revolucionario. Y eso es directamente aplicable a la cuestión: lo que pasa lo sabemos todos, incluidos también los dirigentes del PP, PSOE, y Unió Mallorquina, y CiU, y el Partido Aragonés, y otros. Y explicarlo exige usar el sentido común. Razonar.
La corrupción en la política española es un animal que camina con tres patas, nacidas todas ellas en la transición política de la dictadura a la democracia. La primera es una ley de financiación de los municipios insuficiente; se les pide cada vez más servicios y para pagarlos se consiente que recurran a los expedientes urbanísticos y las recalificaciones, y no se les dan medios suficientes para pagar los servicios que prestan. Ese es el origen del desaforado interés por urbanizar por parte de políticos locales que además incluso llegan a asumir que hay que pagar este peaje para poder dar más servicios a los ciudadanos.
La segunda pata es la ley electoral, que funcionó bien para la transición política pero que hoy es para la sociedad española como un traje pequeño. Con listas cerradas y bloqueadas, los políticos tienen asegurada su reelección si el aparato les coloca en un buen puesto: no tienen que dar cuenta de su gestión a sus votantes, sólo a las ejecutivas que les ponen en la lista. En los partidos, los intereses de los ciudadanos están secuestrados por una costra de políticos profesionales más interesada en perpetuarse en el puesto que en abrir el partido a la sociedad.
Hoy el PP, el PSOE o el PAR simplemente ya no son organizaciones democráticas como hace dos décadas. Quizás se llamen así, pero no lo son en realidad. Moverse en su interior es asunto de profesionales, no de aficionados, de simples militantes: dejadnos a nosotros, somos los que sabemos cómo se hace, se les dice. Y allí van, una vez más, a asambleas siempre extraordinarias, convocadas con listas filtradas y controladas, sin debate, sin ruegos y preguntas molestos. Por eso sus dirigentes hace tiempo han perdido el contacto con la realidad, blindándose tras gabinetes de prensa cada vez mayores. Esto explica la creciente desconfianza de los votantes hacia los partidos políticos, incluso hacia aquellos a los que venían votando y querrían seguir votando.
LA TERCERA PATA es una financiación opaca de los partidos políticos, cuya contabilidad está obligada a incluir las cuentas de las sedes centrales pero no las de las sedes locales ni las de la maraña de empresas y fundaciones que funcionan alrededor suyo. Cuando un político como Rajoy dice -como ha dicho- que las cuentas de su partido son transparentes dice algo a primera vista cierto --porque las cuentas centrales que se ven sí lo son-- pero en realidad falso, porque las cuentas de sus organizaciones locales, que son las que no se ven, no tienen ningún tipo de control.
Y cuando se cruzan los tres factores la corrupción surge casi sin remedio. Los ayuntamientos necesitan dinero, no tienen ingresos suficientes y recalifican para tenerlo; los concejales de esos ayuntamientos saben --o se les hace saber-- que sus partidos necesitan dinero, y saben también que sus agrupaciones locales tienen poco control, con lo que la tentación de rebañar en forma de comisiones está servida. Y si no les pilla la justicia saben que están blindados.
La ley electoral les protege de las iras de los ciudadanos porque el próximo escaño lo conseguirán si su ejecutiva decide incluirles en la lista en puesto de salir, no si gustan más o menos a los electores. Añadamos al cóctel unas gotitas de debilidad humana, de deudas personales, de falta de ética política, y tenemos el panorama completo.
Mientras el gobierno no aborde en serio modificar las tres leyes de que hablo la corrupción se seguirá produciendo, antes o después, en un lugar u otro, y con un partido u otro. Y con la que está cayendo, no veo que vaya a hacerlo. Sus gabinetes de prensa les dicen que eso no es una prioridad ahora. Es falso: lo era antes y lo sigue siendo. La crisis de la deuda, el paro, las tensiones con los nacionalismos, no cambiarán esto.
La corrupción puede que deje de centrarse en ladrillo si la construcción deja de tener un peso preponderante, pero encontrará otras vías para surgir y desarrollarse, y puede que más. Miremos a Italia. Miremos a México. Esto es así.
(Artículo de Guillermo Pérez Sarrión, publicado en "El Periódico de Aragón" el 16 de febrero de 2010)
AGENCIAS DE COLOCACION.
Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial propuesta por el PSOE y fundadora de Jueces para la Democracia (JpD), ha respondido a las críticas de su asociación a la política de nombramientos del Consejo con una carta en la que rebate las acusaciones con el alarde de sus éxitos: en apenas 18 meses, 18 asociados a JpD (520 afiliados) han pasado a ocupar altos cargos de la carrera judicial: uno al mes. Y, para apuntalar su eficacia, compara el premio a sus compañeros con el relativo quebranto de las otras asociaciones: la APM, con 1.300 afiliados, ha logrado 21 altos cargos; la Francisco de Vitoria, con 595, se ha quedado en seis. Otros 15 cargos han ido a parar a independientes, que vienen a ser la mitad de la carrera judicial. Y por si alguno de los miembros de JpD aún guardara algún resquemor, les recuerda que en el año y medio de vida de este Consejo, sus afiliados han ocupado tres plazas en el Tribunal Supremo, dos en la Audiencia Nacional, cuatro en Tribunales Superiores de Justicia y seis presiden Audiencias Provinciales.
Llama la atención que la magistrada no se diera cuenta de hasta qué punto es dañino para su propia imagen este ejercicio de jactancia. Aparecer como una diligente agencia de colocación de sus compañeros de asociación podrá cosechar alguna palmada de agradecimiento de los agraciados, pero será difícil evitar la sensación de un favoritismo ramplón. Pero lo peor de este asunto es que el proceder de Robles no constituye una aislada y censurable acción, sino una práctica generalizada. Para que JpD pueda colocar a los suyos, la conservadora APM hace lo propio con sus asociados en una rutina más basada en el amiguismo que en criterios profesionales. Es tremenda esa sensación de mercadeo de altos cargos en los tribunales, los órganos a los que nuestra sociedad ha encargado la Administración de la justicia. Sólo así, con esta más que preocupante premisa de cambios de cromos a la hora de la elección -uno para ti, dos para mí- se entiende el desastre que actualmente viven algunos tribunales superiores, con presidentes incompatibles con el sentido común: están a la espera de acuerdo en el reparto.
Son más que justas las críticas a una justicia que comete demasiados errores o a la vergonzante politización del Consejo del Poder Judicial. Pero poco ayuda la carta de la vocal a quienes se quejan de que los nombramientos judiciales se hagan de esa guisa y abogan por la absoluta independencia de los jueces en los nombramientos. La autopropaganda de Margarita Robles ha desnudado la imparcialidad, la rectitud y la probidad con la que actúan sus señorías cuando tienen la oportunidad de ser ellos quienes eligen y distinguen entre sus iguales, sin las denostadas presiones políticas. El resultado parece asemejarse más al funcionamiento sindical de los muelles de Baltimore, tal y como lo muestra la magnífica serie The Wire, que al exigible a las muy respetables asociaciones judiciales.
(Editorial de "El País", publicado el día 15 de febrero de 2010)
Llama la atención que la magistrada no se diera cuenta de hasta qué punto es dañino para su propia imagen este ejercicio de jactancia. Aparecer como una diligente agencia de colocación de sus compañeros de asociación podrá cosechar alguna palmada de agradecimiento de los agraciados, pero será difícil evitar la sensación de un favoritismo ramplón. Pero lo peor de este asunto es que el proceder de Robles no constituye una aislada y censurable acción, sino una práctica generalizada. Para que JpD pueda colocar a los suyos, la conservadora APM hace lo propio con sus asociados en una rutina más basada en el amiguismo que en criterios profesionales. Es tremenda esa sensación de mercadeo de altos cargos en los tribunales, los órganos a los que nuestra sociedad ha encargado la Administración de la justicia. Sólo así, con esta más que preocupante premisa de cambios de cromos a la hora de la elección -uno para ti, dos para mí- se entiende el desastre que actualmente viven algunos tribunales superiores, con presidentes incompatibles con el sentido común: están a la espera de acuerdo en el reparto.
Son más que justas las críticas a una justicia que comete demasiados errores o a la vergonzante politización del Consejo del Poder Judicial. Pero poco ayuda la carta de la vocal a quienes se quejan de que los nombramientos judiciales se hagan de esa guisa y abogan por la absoluta independencia de los jueces en los nombramientos. La autopropaganda de Margarita Robles ha desnudado la imparcialidad, la rectitud y la probidad con la que actúan sus señorías cuando tienen la oportunidad de ser ellos quienes eligen y distinguen entre sus iguales, sin las denostadas presiones políticas. El resultado parece asemejarse más al funcionamiento sindical de los muelles de Baltimore, tal y como lo muestra la magnífica serie The Wire, que al exigible a las muy respetables asociaciones judiciales.
(Editorial de "El País", publicado el día 15 de febrero de 2010)
PARLAMENTOS DE FUNCIONARIOS
Poco imaginaba Montesquieu, cuando desarrolló su teoría de la separación de poderes, la complejidad que adquiriría el sector público. En España, la intromisión de la política en la judicatura constituye un hecho habitual. ¿Y qué decir de la supuesta separación entre el poder ejecutivo y el legislativo? Hace unos años, a menudo se escogía como ministros a gente de la sociedad civil, que aportaba su experiencia. Esto también se ha perdido. Los cargos ministeriales son ahora un premio al miembro del partido, a menudo ya parlamentario, que se ha portado bien.
Pero lo que probablemente no pasó nunca por la cabeza de Montesquieu es la retorcida situación a la que hemos ido a parar: y es que los funcionarios han asaltado el poder legislativo. La máquina y quien la dirige son, ahora, la misma cosa. Basta ver la composición de los parlamentos. Congreso de los Diputados: el 72% de los parlamentarios son, en origen, empleados públicos; o la Asamblea de Madrid, donde el número de empleados públicos es del 75%. Incluso la "laboriosa" Cataluña no se escapa: sólo el 32% de sus diputados provienen del sector privado.
Contrasta nuestra situación con la de otros países europeos. En Italia, la Camera dei Diputati sólo tiene un 43% de asalariados públicos. La House of Commons, un 47%, o el Scottish Parliament, un 40%. Incluso en la estatalista Francia sólo la mitad de la Assemblée Nationale está formada por empleados públicos.
Pocas leyes útiles para el ciudadano de a pie elaborarán nuestros parlamentarios. Sobre todo, pocas que recorten privilegios de los empleados públicos, ¿no creen? Los partidos han caído en manos de gente que, segura de mantener su lugar de trabajo habitual, hace incursiones en la política para cambiar de aires y proyectar su miopía a todo un país. Una especie de divertimento.
El principal peligro de nuestra democracia es, hoy día, esta distancia entre la realidad y sus parlamentos. Mientras no podamos elegir los diputados por distritos, o nominalmente, tendremos malos políticos. No podremos disfrutar del político de raza que no debe su puesto a nadie más que al contribuyente que lo eligió.
(Artículo de Xavier Roig, publicado en "El País" el 13 de febrero de 2010)
Pero lo que probablemente no pasó nunca por la cabeza de Montesquieu es la retorcida situación a la que hemos ido a parar: y es que los funcionarios han asaltado el poder legislativo. La máquina y quien la dirige son, ahora, la misma cosa. Basta ver la composición de los parlamentos. Congreso de los Diputados: el 72% de los parlamentarios son, en origen, empleados públicos; o la Asamblea de Madrid, donde el número de empleados públicos es del 75%. Incluso la "laboriosa" Cataluña no se escapa: sólo el 32% de sus diputados provienen del sector privado.
Contrasta nuestra situación con la de otros países europeos. En Italia, la Camera dei Diputati sólo tiene un 43% de asalariados públicos. La House of Commons, un 47%, o el Scottish Parliament, un 40%. Incluso en la estatalista Francia sólo la mitad de la Assemblée Nationale está formada por empleados públicos.
Pocas leyes útiles para el ciudadano de a pie elaborarán nuestros parlamentarios. Sobre todo, pocas que recorten privilegios de los empleados públicos, ¿no creen? Los partidos han caído en manos de gente que, segura de mantener su lugar de trabajo habitual, hace incursiones en la política para cambiar de aires y proyectar su miopía a todo un país. Una especie de divertimento.
El principal peligro de nuestra democracia es, hoy día, esta distancia entre la realidad y sus parlamentos. Mientras no podamos elegir los diputados por distritos, o nominalmente, tendremos malos políticos. No podremos disfrutar del político de raza que no debe su puesto a nadie más que al contribuyente que lo eligió.
(Artículo de Xavier Roig, publicado en "El País" el 13 de febrero de 2010)
DEMASIADA CORRUPCIÓN
El presidente de Baleares, el socialista Francesc Antich, quiere gobernar en minoría -hoy se estrena su nuevo Ejecutivo- hasta las elecciones de 2011, tras la expulsión de los tres consejeros de Unió Mallorquina (UM), presuntamente implicados en casos de corrupción. Antich no presentará la cuestión de confianza que le exige el PP, aunque resistir es una decisión arriesgada para el PSOE porque crea incertidumbre y sensación de inestabilidad. El temporal económico y la multiplicación de las necesidades sociales demandan mayorías claras y manos firmes y limpias para administrar el presupuesto.
Los socialistas asumieron en 2007 los peligros de gobernar con el apoyo de hasta siete pequeños partidos y quedaron en manos de UM, un partido insular complementario y versátil que se ha servido por igual de izquierda y derecha. Los intereses más que las ideas han movido a UM, que creció diseñando el urbanismo de Mallorca y sus negocios, y en los brazos de la presidenta del Parlamento y ex líder del partido, Maria Antònia Munar, que acumula dos imputaciones por corrupción. Dos ex secretarios generales de UM -y gestores de Urbanismo- están condenados a penas de cárcel. Dos ex presidentes del partido están en libertad bajo fianza, sin pasaporte e imputados en tres casos distintos. Los jueces examinan seis escándalos de UM, cinco con el PP y uno reciente con el PSOE.
Obligado por este panorama delictivo, Antich ha roto con UM, pero Munar seguirá -no dejará el cargo y no puede ser destituida- y con su voto podrá derrotar al Gobierno y dárselo al PP, a un solo escaño de la mayoría absoluta. El PP es exigente, pero Rajoy no puede pringarse con los votos de UM porque en Baleares también el PP tiene su credibilidad diezmada por los repetidos agujeros destapados en su gestión gubernamental. Entre más de 20 dirigentes imputados figuran dos consejeros del último Gobierno del ex presidente Jaume Matas, a su vez acusado de supuesto enriquecimiento ilícito.
En un panorama tan viciado como el balear, que debe ser afrontado con absoluta transparencia para frenar el descrédito ocasionado por la corrupción, sobran las disputas estériles y las maniobras electorales. Las próximas elecciones deberán aclarar si los ciudadanos han aprendido la lección o le siguen dando a UM ese papel de bisagra que los hechos han dinamitado.
(Editorial de "El País", publicado el 8 de febrero de 2009)
Los socialistas asumieron en 2007 los peligros de gobernar con el apoyo de hasta siete pequeños partidos y quedaron en manos de UM, un partido insular complementario y versátil que se ha servido por igual de izquierda y derecha. Los intereses más que las ideas han movido a UM, que creció diseñando el urbanismo de Mallorca y sus negocios, y en los brazos de la presidenta del Parlamento y ex líder del partido, Maria Antònia Munar, que acumula dos imputaciones por corrupción. Dos ex secretarios generales de UM -y gestores de Urbanismo- están condenados a penas de cárcel. Dos ex presidentes del partido están en libertad bajo fianza, sin pasaporte e imputados en tres casos distintos. Los jueces examinan seis escándalos de UM, cinco con el PP y uno reciente con el PSOE.
Obligado por este panorama delictivo, Antich ha roto con UM, pero Munar seguirá -no dejará el cargo y no puede ser destituida- y con su voto podrá derrotar al Gobierno y dárselo al PP, a un solo escaño de la mayoría absoluta. El PP es exigente, pero Rajoy no puede pringarse con los votos de UM porque en Baleares también el PP tiene su credibilidad diezmada por los repetidos agujeros destapados en su gestión gubernamental. Entre más de 20 dirigentes imputados figuran dos consejeros del último Gobierno del ex presidente Jaume Matas, a su vez acusado de supuesto enriquecimiento ilícito.
En un panorama tan viciado como el balear, que debe ser afrontado con absoluta transparencia para frenar el descrédito ocasionado por la corrupción, sobran las disputas estériles y las maniobras electorales. Las próximas elecciones deberán aclarar si los ciudadanos han aprendido la lección o le siguen dando a UM ese papel de bisagra que los hechos han dinamitado.
(Editorial de "El País", publicado el 8 de febrero de 2009)
Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse tendrá que pasar al ataque (Bertolt Brecht)
PASAR POR EL TORNO.
MILES de trabajadores pasan por el torno. Y no se les caen los anillos. Este control es una rutina en muchas empresas; la incomodidad o una cierta sensación de que a uno le están haciendo "pasar por el aro" suelen desvanecerse en dos días. Ojalá el problema de la función pública, el único, fuera este. Sería maravilloso, y querría decir que en Aragón, segunda comunidad de España en número de funcionarios, la función pública va como la seda. Pero un simple vistazo a los comentarios de la página web del HERALDO insinúa que las cosas no son tan sencillas. Lo más sangrante es que hay funcionarios que se quejan de que querrían trabajar y no pueden, mientras sus jefes encargan proyectos y trabajos al exterior; hay otros que aconsejan completar la medida con otra menos vistosa y más complicada: comprobar que la productividad es la deseable, porque es obvio que estar presente no equivale siempre a rendir. Otros plantean un imposible: el control de ciertos asesores de los políticos que ni van por el despacho. Poner tornos es mucho más fácil que solventar esos problemas; y más fácil que explicar por qué vendieron que las comarcas no aumentarían el gasto público en personal.
(Artículo de Encarna Samitier, publicado en "Heraldo de Aragón" el 24 de enero de 2010).
(Artículo de Encarna Samitier, publicado en "Heraldo de Aragón" el 24 de enero de 2010).
LA SOCIEDAD INFANTILIZADA.
Cada vez que nieva en España, algo que no es habitual (en comparación, me refiero, con otros países de Europa), las televisiones se llenan de personas indignadas que responsabilizan a las autoridades de sus problemas tanto si eran evitables como si no; incluso -en el primero de los supuestos- cuando el culpable de esos problemas es el propio reclamante por no haber atendido las advertencias de precaución de aquéllas o por no cumplir con su obligación (llevar cadenas en el coche, por ejemplo).
Cada vez que tenemos un problema, exigimos que el Estado nos lo solucione. Somos como niños quejicas
La escena se repite en muchas otras ocasiones, ya sea a causa de una inundación, un vendaval, una pedrisco o cualquier otro fenómeno meteorológico. Tanto si se tomaron como si no todas las medidas de precaución y de ayuda por parte de las autoridades competentes en el tema, nuestras pantallas se llenarán igualmente de gente vociferante que, aparte de pedir la dimisión de todas aquéllas, desde el Gobierno hasta el alcalde de su pueblo, exige que el Estado, o sea, todos los demás, le resarza de los perjuicios sufridos; da igual que no hayan previsto suscribir un seguro de cobertura, en caso de ser posible.
E igual pasa cuando un barco es secuestrado en alta mar, un autobús o un tren se accidentan, un grupo de pasajeros pierde sus vuelos o sus maletas, un militar fallece en el cumplimiento de su misión o la sequía agosta los campos en algún sitio.
La culpa será siempre del Estado independientemente de que éste haya puesto todos los medios para evitar esos accidentes o para paliar sus daños o de que éstos sean atribuibles a la propia negligencia de quienes los han sufrido (por faenar en aguas desaconsejadas por su peligrosidad o construir sus casas ilegalmente en el cauce de un torrente, por ejemplo).
Hasta cuando la avaricia lleva a algunos a invertir en sociedades de alto riesgo que luego quiebran o les estafan la responsabilidad será del Estado, o sea, de los demás, por no haberles advertido, se supone. Ellos nunca serán los responsables de sus actos, pues para eso vivimos en una sociedad sin culpa.
Conviene analizar esta actitud puesto que no parece muy coherente. En primer lugar, porque nunca había sido así, o no de forma tan acusada (antes, la gente, cuando nevaba, soportaba los problemas de la nieve con resignación o rabia, pero sin culpar al Estado de ellos, entre otras cosas porque el Estado estaba muy lejos); y, en segundo lugar, porque, por esa misma razón, la gente estaba habituada a sacarse las castañas del fuego por ella misma, sabedora de que nadie le iba a ayudar.
Pero las cosas han cambiado a medida que el Estado ha ido creciendo y sustituyendo a la sociedad civil. En aras del bienestar, ese nuevo vellocino de oro que los gobiernos, sean de la ideología que sean, nos venden como un tesoro, el Estado ha ampliado sus competencias mientras que, paralelamente, la sociedad ha ido delegando en él hasta desaparecer prácticamente como entidad.
Que hasta el Defensor del Pueblo, la figura encargada presuntamente de protegernos de los abusos o los excesos de nuestros gobernantes, sea nombrada por estos mismos indica hasta qué punto el Estado se ha ido adueñando de todo al tiempo que reducía nuestra capacidad de participación en la vida pública. Todo está en manos de aquél y, por tanto, de él dependemos tanto para lo bueno como para lo menos bueno.
El problema de esta situación es que, al tiempo que el Estado se ha convertido en un padre que nos lo soluciona todo, o al menos eso pretende, al estilo de las familias tradicionales y protectoras, los ciudadanos hemos devenido en niños; niños inermes e irresponsables incapaces de hacer nada por nuestra cuenta, puesto que nos falta el hábito. Pero, en nuestra infantilización también nos hemos vuelto quejicas, seres despóticos y exigentes que, como los infantes de verdad, pensamos que todo nos debe ser resuelto por ese padre que es el Estado, incluido aquello que no tiene solución. Es lo que tiene saberse hiperprotegido: que, mientras más cuidados recibe uno, más exige al que se los proporciona.
El Estado del bienestar, ese gran mito de nuestro tiempo, no puede, sin embargo, concebirse como una situación de irrealidad. El esfuerzo que ha supuesto conseguirlo, obra de muchas generaciones, no implica que sea infinito (al contrario, cualquier tormenta puede arrasarlo, como demuestran las crisis económicas) ni, mucho menos, que de él dependa la solución de todos nuestros problemas. Ningún Estado puede resolverlo todo, como ningún padre puede conseguirlo todo, y, aunque pudiera, ello implicaría el reconocimiento por parte nuestra de nuestra minoría de edad; lo cual choca frontalmente con el deseo de libertad y de independencia que manifestamos todos y con la resistencia a pagar con nuestros impuestos los gastos que el mantenimiento de nuestro bienestar comporta. Una actitud tan incoherente como la del niño que lo quiere todo.
En todo caso, y volviendo al origen de esta diatriba, lo que la gente tiene que comprender es algo tan evidente como que, cuando nieva, no se pueden hacer las mismas cosas que cuando el cielo está despejado y el suelo limpio.
(Artículo de Julio Llamazares, publicado en "El País" el 17 de enero de 2010).
Cada vez que tenemos un problema, exigimos que el Estado nos lo solucione. Somos como niños quejicas
La escena se repite en muchas otras ocasiones, ya sea a causa de una inundación, un vendaval, una pedrisco o cualquier otro fenómeno meteorológico. Tanto si se tomaron como si no todas las medidas de precaución y de ayuda por parte de las autoridades competentes en el tema, nuestras pantallas se llenarán igualmente de gente vociferante que, aparte de pedir la dimisión de todas aquéllas, desde el Gobierno hasta el alcalde de su pueblo, exige que el Estado, o sea, todos los demás, le resarza de los perjuicios sufridos; da igual que no hayan previsto suscribir un seguro de cobertura, en caso de ser posible.
E igual pasa cuando un barco es secuestrado en alta mar, un autobús o un tren se accidentan, un grupo de pasajeros pierde sus vuelos o sus maletas, un militar fallece en el cumplimiento de su misión o la sequía agosta los campos en algún sitio.
La culpa será siempre del Estado independientemente de que éste haya puesto todos los medios para evitar esos accidentes o para paliar sus daños o de que éstos sean atribuibles a la propia negligencia de quienes los han sufrido (por faenar en aguas desaconsejadas por su peligrosidad o construir sus casas ilegalmente en el cauce de un torrente, por ejemplo).
Hasta cuando la avaricia lleva a algunos a invertir en sociedades de alto riesgo que luego quiebran o les estafan la responsabilidad será del Estado, o sea, de los demás, por no haberles advertido, se supone. Ellos nunca serán los responsables de sus actos, pues para eso vivimos en una sociedad sin culpa.
Conviene analizar esta actitud puesto que no parece muy coherente. En primer lugar, porque nunca había sido así, o no de forma tan acusada (antes, la gente, cuando nevaba, soportaba los problemas de la nieve con resignación o rabia, pero sin culpar al Estado de ellos, entre otras cosas porque el Estado estaba muy lejos); y, en segundo lugar, porque, por esa misma razón, la gente estaba habituada a sacarse las castañas del fuego por ella misma, sabedora de que nadie le iba a ayudar.
Pero las cosas han cambiado a medida que el Estado ha ido creciendo y sustituyendo a la sociedad civil. En aras del bienestar, ese nuevo vellocino de oro que los gobiernos, sean de la ideología que sean, nos venden como un tesoro, el Estado ha ampliado sus competencias mientras que, paralelamente, la sociedad ha ido delegando en él hasta desaparecer prácticamente como entidad.
Que hasta el Defensor del Pueblo, la figura encargada presuntamente de protegernos de los abusos o los excesos de nuestros gobernantes, sea nombrada por estos mismos indica hasta qué punto el Estado se ha ido adueñando de todo al tiempo que reducía nuestra capacidad de participación en la vida pública. Todo está en manos de aquél y, por tanto, de él dependemos tanto para lo bueno como para lo menos bueno.
El problema de esta situación es que, al tiempo que el Estado se ha convertido en un padre que nos lo soluciona todo, o al menos eso pretende, al estilo de las familias tradicionales y protectoras, los ciudadanos hemos devenido en niños; niños inermes e irresponsables incapaces de hacer nada por nuestra cuenta, puesto que nos falta el hábito. Pero, en nuestra infantilización también nos hemos vuelto quejicas, seres despóticos y exigentes que, como los infantes de verdad, pensamos que todo nos debe ser resuelto por ese padre que es el Estado, incluido aquello que no tiene solución. Es lo que tiene saberse hiperprotegido: que, mientras más cuidados recibe uno, más exige al que se los proporciona.
El Estado del bienestar, ese gran mito de nuestro tiempo, no puede, sin embargo, concebirse como una situación de irrealidad. El esfuerzo que ha supuesto conseguirlo, obra de muchas generaciones, no implica que sea infinito (al contrario, cualquier tormenta puede arrasarlo, como demuestran las crisis económicas) ni, mucho menos, que de él dependa la solución de todos nuestros problemas. Ningún Estado puede resolverlo todo, como ningún padre puede conseguirlo todo, y, aunque pudiera, ello implicaría el reconocimiento por parte nuestra de nuestra minoría de edad; lo cual choca frontalmente con el deseo de libertad y de independencia que manifestamos todos y con la resistencia a pagar con nuestros impuestos los gastos que el mantenimiento de nuestro bienestar comporta. Una actitud tan incoherente como la del niño que lo quiere todo.
En todo caso, y volviendo al origen de esta diatriba, lo que la gente tiene que comprender es algo tan evidente como que, cuando nieva, no se pueden hacer las mismas cosas que cuando el cielo está despejado y el suelo limpio.
(Artículo de Julio Llamazares, publicado en "El País" el 17 de enero de 2010).
Nueve de cada diez españoles considera la corrupción como un gran problema de Estado
Publicado el 09-12-2009 , por Agencias, Expansión.com
El 88% de los españoles considera que la corrupción es un gran problema de Estado, cinco puntos más que en 2007 (83%), según señala un Eurobarómetro difundido hoy por la Comisión Europea (CE). España se sitúa así en el octavo lugar de los Veintisiete en percepción popular de corrupción en los poderes públicos.
El 91% de los españoles cree que existe corrupción en las instituciones públicas a nivel nacional, una cifra que baja ligeramente hasta el 89% cuando se les pregunta por la corrupción en los poderes regionales y locales.
El país de la UE donde el nivel de corrupción es más elevado a juzgar por la creencia de la ciudadanía es Grecia (98%), seguida de Bulgaria (97%), Malta (95%), Eslovenia y Chipre (94%), y Portugal y Rumanía (93%).
En el otro extremo se encuentran Dinamarca, donde sólo el 22% cree que la corrupción es un gran problema a nivel nacional, y Suecia (con un 37%).
Para el 83% de los ciudadanos de los Veintisiete la corrupción está presente en los poderes estatales, una cifra que cae hasta el 81% en el caso de los entes regionales y locales, y hasta el 76% en las instituciones europeas (76%). Pese a ello, el funcionariado comunitario no sale tan bien parado cuando se pregunta a los ciudadanos si acudirían a él para pedir protección en un caso de corrupción.
El 43% se decantaría por el sistema judicial de sus país, el 34% acudiría a la policía, el 23% al defensor del pueblo, el 13% a las Organizaciones No Gubernamentales, el 9% a los sindicatos, y tan sólo el 8% a las instituciones de la Unión.
Los funcionarios de los poderes públicos a nivel nacional son los que despiertan más desconfianza en términos de corrupción entre los europeos (57%) y, por contra, los menos sospechosos de protagonizar algún tipo de corruptela son los maestros de la escuela pública (19%).
Los elevados índices de desconfianza contrastan con el dato de que sólo el 9% de los ciudadanos europeos encuestados reconoce haber participado en alguna experiencia personal de corrupción.
Este Eurobarómetro especial sobre corrupción se ha difundido coincidiendo la celebración hoy 9 de diciembre del día internacional contra la corrupción.
El comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, ha afirmado en un comunicado que la CE "no mirará para otro lado" y ha reclamado "claras actuaciones por parte de los Estados miembros" para ponerle fin. Barrot también se ha lamentado de que "pese a los esfuerzos de la CE por luchar contra la corrupción desde la primera línea de fuego, algunos Estados miembros avancen tan lentamente" en este cometido.
La CE ha propuesto a los Veintisiete la creación de un mecanismo de evaluación periódica de los esfuerzos anticorrupción nacionales dentro de un conjunto de medidas sobre Justicia, Libertad y Seguridad para los próximos cinco años que lleva por nombre "Programa de Estocolmo ".
EL INCÓMODO ALBERT CAMUS.
4 de enero de 1960, hoy hace exactamente cincuenta años y tres días, murió en accidente de automóvil el escritor Albert Camus. Joan de Sagarra explicó los detalles del accidente en su artículo del domingo pasado. Sólo tenía 47 años y su fama e influencia en la Europa de su tiempo habían llegado a ser más que considerables.
En parte ello era debido a que su tarea de pensador pudo llegar a públicos muy diversos al haberse proyectado en varios formatos: filosofía, teatro, narrativa y periodismo. Novelas como El extranjero y La peste, ensayos como El mito de Sísifo y El hombre rebelde, obras de teatro como Calígula, narraciones como El verano y Bodas, así como numerosos artículos periodísticos, son ya piezas clásicas del pensamiento y la literatura del siglo XX.
Tener a mano su obra completa (publicada en francés por Gallimard en La Pléiade y en castellano por Alianza) para leer y releer a Camus es siempre un asidero seguro para reflexionar con placer y provecho sobre la condición del hombre actual. La Academia Sueca le concedió el premio Nobel de Literatura en 1957. No obstante, a partir de su muerte, la fama e influencia de Camus disminuyeron notoriamente.
Las causas hay que encontrarlas, primero, en su ruptura con el grupo de Sartre y en su oposición a todos los totalitarismos, incluido el de la Unión Soviética. Pero, sobre todo, en segundo lugar, y pese a que había nacido y vivido en Argelia hasta edad adulta, en su oposición al nacionalismo argelino por sus discrepancias con los métodos terroristas de las fuerzas guerrilleras que dirigían la lucha contra el colonialismo francés y con la perspectiva de una Argelia independiente en la que sólo tuvieran cabida los árabes.
Todo ello le fue aislando de la izquierda francesa, de la que había sido una de las figuras intelectuales más destacadas. En los años siguientes a su muerte, ni el gauchismo tercermundista, ni las diversas corrientes del Mayo de 1968, ni los estructuralistas o los filósofos posmodernos reconocieron a Camus como maître à penser en el que inspirarse o reconocerse, pues nada les ligaba a él. Menos aún fue reivindicado por las corrientes conservadoras que lo han considerado siempre, como es natural, un hombre de izquierdas.
Sólo a mitad de los años noventa, a raíz de la publicación de su inacabada novela autobiográfica El primer hombre, Camus volvió a la escena cultural francesa y europea, esperemos que para quedarse, ya que ciertos aspectos de su pensamiento –en especial, su actitud como intelectual– tienen plena vigencia y su literatura sigue resultando de una sobrecogedora belleza.
Con el fin de ambientarme para la redacción de este artículo he releído el discurso de aceptación del Nobel el 10 de diciembre de 1957 y la conferencia pronunciada en la Universidad de Uppsala cuatro días después, dos breves piezas del Camus tardío que revelan una actitud constante en su vida y obra: el necesario compromiso de todo escritor con la verdad, aquello que hace cincuenta años llamábamos autenticidad, hoy poco de moda.
Reproduciremos a continuación algunas frases significativas de ambos textos. Por ejemplo: "Crear hoy es crear peligrosamente. Toda publicación es un acto que expone a su autor a las pasiones de un siglo que no perdona nada". Y añade: "No es sorprendente, pues, que todo lo válido que se ha creado en la Europa mercantilista de los siglos XIX y XX, en literatura, por ejemplo, se haya edificado contra la sociedad de su tiempo". O: "El artista libre, como el hombre libre, no es el hombre cómodo". Y concluye: "Cuando la tiranía moderna nos muestra que el artista es el enemigo público, tiene razón".
Desde estas actitudes libres, a contracorriente y, por tanto, peligrosas para el poder, Camus determina la función del escritor: "Por definición, no puede ponerse al servicio de los que hacen historia; está al servicio de los que la sufren. (…) Dos compromisos del oficio de escritor: la negativa a mentir sobre lo que se sabe y la resistencia a la opresión (…) Las dos responsabilidades que constituyen la grandeza del escritor: el servicio a la verdad y a la libertad. (…) La verdad es misteriosa, huidiza y siempre está por conquistar. La libertad es peligrosa, tan apasionante como difícil de vivir. Nosotros debemos marchar resueltamente hacia estos dos objetivos". Y añade: "Que la libertad se haya tornado peligrosa indica que está en camino de no dejarse prostituir".
Finalmente, Camus destaca la independencia como elemento necesario en el compromiso del escritor. "La belleza, incluso hoy, sobre todo hoy, no puede ponerse al servicio de ningún partido; sólo está al servicio, a largo o breve plazo, del dolor y de la libertad de los hombres. El único artista comprometido es el francotirador que, sin rechazar el combate, se niega al menos a sumarse a los ejércitos regulares".
Jean-Paul Sartre –otro olvidado al que deberíamos volver– escribió con gran nobleza en su necrológica publicada en el France Observateur de 7 de enero de 1960 –hoy hace exactamente 50 años– que Camus se inscribe en la gran tradición de escritores y pensadores franceses que han reafirmado, contra el maquiavelismo y el becerro de oro, la existencia del hecho moral. La peor infamia que podría hacérsele a Camus es, como pretende Sarkozy, enterrarle en el Panteón. Él, una oveja descarriada, tan libre y siempre tan alejada del rebaño.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 7 de enero de 2010)
En parte ello era debido a que su tarea de pensador pudo llegar a públicos muy diversos al haberse proyectado en varios formatos: filosofía, teatro, narrativa y periodismo. Novelas como El extranjero y La peste, ensayos como El mito de Sísifo y El hombre rebelde, obras de teatro como Calígula, narraciones como El verano y Bodas, así como numerosos artículos periodísticos, son ya piezas clásicas del pensamiento y la literatura del siglo XX.
Tener a mano su obra completa (publicada en francés por Gallimard en La Pléiade y en castellano por Alianza) para leer y releer a Camus es siempre un asidero seguro para reflexionar con placer y provecho sobre la condición del hombre actual. La Academia Sueca le concedió el premio Nobel de Literatura en 1957. No obstante, a partir de su muerte, la fama e influencia de Camus disminuyeron notoriamente.
Las causas hay que encontrarlas, primero, en su ruptura con el grupo de Sartre y en su oposición a todos los totalitarismos, incluido el de la Unión Soviética. Pero, sobre todo, en segundo lugar, y pese a que había nacido y vivido en Argelia hasta edad adulta, en su oposición al nacionalismo argelino por sus discrepancias con los métodos terroristas de las fuerzas guerrilleras que dirigían la lucha contra el colonialismo francés y con la perspectiva de una Argelia independiente en la que sólo tuvieran cabida los árabes.
Todo ello le fue aislando de la izquierda francesa, de la que había sido una de las figuras intelectuales más destacadas. En los años siguientes a su muerte, ni el gauchismo tercermundista, ni las diversas corrientes del Mayo de 1968, ni los estructuralistas o los filósofos posmodernos reconocieron a Camus como maître à penser en el que inspirarse o reconocerse, pues nada les ligaba a él. Menos aún fue reivindicado por las corrientes conservadoras que lo han considerado siempre, como es natural, un hombre de izquierdas.
Sólo a mitad de los años noventa, a raíz de la publicación de su inacabada novela autobiográfica El primer hombre, Camus volvió a la escena cultural francesa y europea, esperemos que para quedarse, ya que ciertos aspectos de su pensamiento –en especial, su actitud como intelectual– tienen plena vigencia y su literatura sigue resultando de una sobrecogedora belleza.
Con el fin de ambientarme para la redacción de este artículo he releído el discurso de aceptación del Nobel el 10 de diciembre de 1957 y la conferencia pronunciada en la Universidad de Uppsala cuatro días después, dos breves piezas del Camus tardío que revelan una actitud constante en su vida y obra: el necesario compromiso de todo escritor con la verdad, aquello que hace cincuenta años llamábamos autenticidad, hoy poco de moda.
Reproduciremos a continuación algunas frases significativas de ambos textos. Por ejemplo: "Crear hoy es crear peligrosamente. Toda publicación es un acto que expone a su autor a las pasiones de un siglo que no perdona nada". Y añade: "No es sorprendente, pues, que todo lo válido que se ha creado en la Europa mercantilista de los siglos XIX y XX, en literatura, por ejemplo, se haya edificado contra la sociedad de su tiempo". O: "El artista libre, como el hombre libre, no es el hombre cómodo". Y concluye: "Cuando la tiranía moderna nos muestra que el artista es el enemigo público, tiene razón".
Desde estas actitudes libres, a contracorriente y, por tanto, peligrosas para el poder, Camus determina la función del escritor: "Por definición, no puede ponerse al servicio de los que hacen historia; está al servicio de los que la sufren. (…) Dos compromisos del oficio de escritor: la negativa a mentir sobre lo que se sabe y la resistencia a la opresión (…) Las dos responsabilidades que constituyen la grandeza del escritor: el servicio a la verdad y a la libertad. (…) La verdad es misteriosa, huidiza y siempre está por conquistar. La libertad es peligrosa, tan apasionante como difícil de vivir. Nosotros debemos marchar resueltamente hacia estos dos objetivos". Y añade: "Que la libertad se haya tornado peligrosa indica que está en camino de no dejarse prostituir".
Finalmente, Camus destaca la independencia como elemento necesario en el compromiso del escritor. "La belleza, incluso hoy, sobre todo hoy, no puede ponerse al servicio de ningún partido; sólo está al servicio, a largo o breve plazo, del dolor y de la libertad de los hombres. El único artista comprometido es el francotirador que, sin rechazar el combate, se niega al menos a sumarse a los ejércitos regulares".
Jean-Paul Sartre –otro olvidado al que deberíamos volver– escribió con gran nobleza en su necrológica publicada en el France Observateur de 7 de enero de 1960 –hoy hace exactamente 50 años– que Camus se inscribe en la gran tradición de escritores y pensadores franceses que han reafirmado, contra el maquiavelismo y el becerro de oro, la existencia del hecho moral. La peor infamia que podría hacérsele a Camus es, como pretende Sarkozy, enterrarle en el Panteón. Él, una oveja descarriada, tan libre y siempre tan alejada del rebaño.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 7 de enero de 2010)
MÁS VALE TARDE.
El Tribunal Supremo ha aprovechado la condena a cuatro años de prisión del ex alcalde de la localidad mallorquina de Andratx Eugenio Hidalgo, por un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio, para lanzar un serio aviso a cuantos banalizan los atentados urbanísticos, considerándolos simples infracciones administrativas que quedan impunes en la práctica o que se saldan con meras multas. El Supremo les advierte de que están en un error que, de persistir en el futuro, puede costarles caro: los atentados urbanísticos también deben combatirse con el Código Penal y con todas las consecuencias que conlleva, incluida la cárcel para quienes los promueven, amparan o cometen.
Sentencias de tal contundencia y claridad conceptual habrían hecho falta hace mucho tiempo, antes de haberse producido el "desastre urbanístico" al que se ha llegado en muchas zonas de España. Pero como seguirá habiendo desaprensivos y especuladores sentencias como ésta nunca llegan del todo tarde.
El llamado caso Andratx tiene flecos más graves que la construcción fraudulenta en suelo agrícola y protegido de un chalé por la que ha sido condenado ahora el anterior alcalde de la localidad. No sólo el ex presidente Jaume Matas está siendo judicialmente investigado. Unión Mallorquina, el partido bisagra de gobiernos populares y socialistas, está descabezada por la supuesta implicación de sus más altos dirigentes en una continuada práctica corrupta del poder. Es emblemático el caso Andratx porque se dan en él los ingredientes básicos de este tipo de corrupción: utilización del poder en beneficio propio mediante resoluciones administrativas prevaricadoras, manipulación delictiva de informes técnicos y periciales y prevalimiento de su función pública por parte de quienes actúan.
La sentencia del Supremo no sólo constituye un aviso o advertencia a quienes atentan contra el territorio o el paisaje. También es una llamada de atención a jueces y fiscales. Esta sentencia avala que se aplique el Código Penal no sólo en casos muy graves sino en cuantos supongan un daño irreversible al territorio y al paisaje. No es de recibo que haya todavía jueces sin enterarse de que existe el delito urbanístico. El Supremo ha hablado claro: la construcción irregular de un chalé en suelo agrícola constituye delito. Y su autor merece la cárcel.
(Editorial de "El País", publicado el día 4 de enero de 2010)
Sentencias de tal contundencia y claridad conceptual habrían hecho falta hace mucho tiempo, antes de haberse producido el "desastre urbanístico" al que se ha llegado en muchas zonas de España. Pero como seguirá habiendo desaprensivos y especuladores sentencias como ésta nunca llegan del todo tarde.
El llamado caso Andratx tiene flecos más graves que la construcción fraudulenta en suelo agrícola y protegido de un chalé por la que ha sido condenado ahora el anterior alcalde de la localidad. No sólo el ex presidente Jaume Matas está siendo judicialmente investigado. Unión Mallorquina, el partido bisagra de gobiernos populares y socialistas, está descabezada por la supuesta implicación de sus más altos dirigentes en una continuada práctica corrupta del poder. Es emblemático el caso Andratx porque se dan en él los ingredientes básicos de este tipo de corrupción: utilización del poder en beneficio propio mediante resoluciones administrativas prevaricadoras, manipulación delictiva de informes técnicos y periciales y prevalimiento de su función pública por parte de quienes actúan.
La sentencia del Supremo no sólo constituye un aviso o advertencia a quienes atentan contra el territorio o el paisaje. También es una llamada de atención a jueces y fiscales. Esta sentencia avala que se aplique el Código Penal no sólo en casos muy graves sino en cuantos supongan un daño irreversible al territorio y al paisaje. No es de recibo que haya todavía jueces sin enterarse de que existe el delito urbanístico. El Supremo ha hablado claro: la construcción irregular de un chalé en suelo agrícola constituye delito. Y su autor merece la cárcel.
(Editorial de "El País", publicado el día 4 de enero de 2010)
PRISIÓN PARA LOS DELINCUENTES URBANÍSTICOS.
El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia de Palma y ha ordenado el ingreso en prisión del ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo y del ex director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, condenados respectivamente a cuatro y tres años y medio de prisión. Para el alto tribunal no hay justificaciones que valgan.
Los hechos probados por los que se condenó a los dos políticos no son meras irregularidades administrativas, como alegaron, sino delitos como la copa de un pino. Delitos que afectan a la ordenación del territorio, es decir al urbanismo y delitos de prevaricación por aprovecharse de su posición dominante en beneficio propio y contra el interés social. La sentencia corresponde al primero de los juicios a los que Hidalgo y el resto de la trama han tenido y tendrán que hacer frente desde que fueron detenidos a finales de la legislatura pasada, por lo que, muy probablemente, les espera una larga temporada entre rejas.
La sentencia del Tribunal Supremo se hace eco con todo detalle de la alcaldada de Hidalgo al construirse un chalet en zona protegida y cómo Massot o el entonces asesor legal del ayuntamiento, Ignacio Mir, pretendieron encubrir el delito alegando razones paisajísticas –como que la zona ya estaba parcialmente urbanizada– o al considerar que el chalet no era tal sino una nave agrícola. Los hechos en sí mismos ya son suficientemente graves como para merecer el castigo que les impuso la Audiencia. Sin embargo, al confirmar la condena, el Tribunal Superior sienta cátedra y justifica la vía penal para erradicar este tipo de comportamientos. La sentencia es tan clara que merece la pena reproducirla y hasta enmarcarla para aviso de quiénes quieran seguir especulando con el territorio o construir ilegalmente.
La sentencia no sólo tiene en cuenta los hechos en sí sino los nefastos resultados que estos delitos provocan sobre el territorio. Como ejemplo, esta cita: "la desastrosa situación a que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al Derecho Penal". El Tribunal Supremo defiende, como no puede ser de otra manera, que las leyes urbanísticas, como todas, están para cumplirse y que no pueden ser interpretadas arbitrariamente. Por ejemplo, no se puede considerar urbanizable una zona por el hecho de que se haya autorizado un vial o existan construcciones anteriores, una teoría surgida del despacho de Massot, de quien el president Matas dijo que era el mejor experto en urbanismo de las islas.
La sentencia es una condena en toda regla para un modelo urbanístico que ha destrozado nuestras costas, y las de todo el Mediterráneo. Un aviso para quienes están en la lista de espera de los tribunales por esta causa y para quienes están al acecho de que pase la crisis para volver a las andadas. La posibilidad de ir a parar a la cárcel es algo más que una amenaza para los delincuentes del ladrillo, sobre todo para aquellos que –como Hidalgo– "se aprovechó (aprovechen) de su condición de alcalde (o de los cargos que ostenten) para ejecutar el delito con mayor facilidad".
(Artículo de Sebastià Verd, publicado en "Diario de Mallorca" el 29 de diciembre de 2009)
Los hechos probados por los que se condenó a los dos políticos no son meras irregularidades administrativas, como alegaron, sino delitos como la copa de un pino. Delitos que afectan a la ordenación del territorio, es decir al urbanismo y delitos de prevaricación por aprovecharse de su posición dominante en beneficio propio y contra el interés social. La sentencia corresponde al primero de los juicios a los que Hidalgo y el resto de la trama han tenido y tendrán que hacer frente desde que fueron detenidos a finales de la legislatura pasada, por lo que, muy probablemente, les espera una larga temporada entre rejas.
La sentencia del Tribunal Supremo se hace eco con todo detalle de la alcaldada de Hidalgo al construirse un chalet en zona protegida y cómo Massot o el entonces asesor legal del ayuntamiento, Ignacio Mir, pretendieron encubrir el delito alegando razones paisajísticas –como que la zona ya estaba parcialmente urbanizada– o al considerar que el chalet no era tal sino una nave agrícola. Los hechos en sí mismos ya son suficientemente graves como para merecer el castigo que les impuso la Audiencia. Sin embargo, al confirmar la condena, el Tribunal Superior sienta cátedra y justifica la vía penal para erradicar este tipo de comportamientos. La sentencia es tan clara que merece la pena reproducirla y hasta enmarcarla para aviso de quiénes quieran seguir especulando con el territorio o construir ilegalmente.
La sentencia no sólo tiene en cuenta los hechos en sí sino los nefastos resultados que estos delitos provocan sobre el territorio. Como ejemplo, esta cita: "la desastrosa situación a que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al Derecho Penal". El Tribunal Supremo defiende, como no puede ser de otra manera, que las leyes urbanísticas, como todas, están para cumplirse y que no pueden ser interpretadas arbitrariamente. Por ejemplo, no se puede considerar urbanizable una zona por el hecho de que se haya autorizado un vial o existan construcciones anteriores, una teoría surgida del despacho de Massot, de quien el president Matas dijo que era el mejor experto en urbanismo de las islas.
La sentencia es una condena en toda regla para un modelo urbanístico que ha destrozado nuestras costas, y las de todo el Mediterráneo. Un aviso para quienes están en la lista de espera de los tribunales por esta causa y para quienes están al acecho de que pase la crisis para volver a las andadas. La posibilidad de ir a parar a la cárcel es algo más que una amenaza para los delincuentes del ladrillo, sobre todo para aquellos que –como Hidalgo– "se aprovechó (aprovechen) de su condición de alcalde (o de los cargos que ostenten) para ejecutar el delito con mayor facilidad".
(Artículo de Sebastià Verd, publicado en "Diario de Mallorca" el 29 de diciembre de 2009)
MIEDO A CONTARLO.
El clásico "atrévete a saber" ("sapere aude"), una invitación de Horacio que divulgó Kant para que una persona ilustrada pueda formar sus juicios y tomar decisiones informadas, choca hoy con la reticencia de muchos dirigentes políticos, que parecen tener pánico a la transparencia democrática. No se sabe si por desidia, prepotencia, miedo o por una mezcla de todas esas cosas, la opacidad se ha convertido en un mal endémico de la mayoría de nuestras instituciones. Al retraso escandaloso de poner en marcha la Cámara de Cuentas de Aragón, hay que unir los malabares del Gobierno PSOE-PAR para no dar información sobre el complejo y costoso entramado de empresas públicas, datos que reclaman hace años PP, CHA e IU. En lugar de acceder a facilitar esos datos, el Gobierno responde invitando a la oposición para que entre a los consejos de administración, lo que no soluciona el fondo de la cuestión y ahonda el corporativismo. Y deja sueltos flecos muy preocupantes: ni siquiera entraría a esos consejos toda la oposición, sino sólo el PP, ya que se requeriría un aval parlamentario del 20%. Es una solución descafeinada que puede generar más opacidad y que no responde a la demanda de regeneración democrática.
(Artículo Encarna Samitier, publicado en "Heraldo de Aragón" el 27 de diciembre de 2009)
(Artículo Encarna Samitier, publicado en "Heraldo de Aragón" el 27 de diciembre de 2009)
AVISO A LOS POLÍTICOS.
Nunca el Rey había sido tan claro y contundente en el inicio mismo de su tradicional mensaje navideño con la propuesta de tareas que considera fundamentales para el porvenir de España y de sus ciudadanos. Don Juan Carlos pide que se superen tensiones y divisiones sobre la base de los valores constitucionales, que se sumen voluntades en torno a los grandes temas de Estado y que se redoblen los esfuerzos para que España vuelva a crecer y crear empleo. Son tres tareas que se resumen en una muy concreta y dirigida especialmente al partido del Gobierno y al principal de la oposición: "Aplicar mucho sentido de Estado, tanto a la hora de gobernar, como de ejercer la oposición".
En esta ocasión, la anomalía democrática que suponía que la televisión pública vasca silenciara el discurso de felicitación del Monarca al conjunto de ciudadanos ha sido reparada. La jefatura del Estado es una realidad constitucional y quien ostenta su titularidad no puede ser marginado en ningún ámbito público, si no es mediante un acto de poder arbitrario y vulnerando la propia Constitución.
La explícita llamada del Rey al Gobierno y la oposición para que actúen con mayor sentido de Estado no ha podido ser más oportuna. La clase política ha pasado a convertirse en un problema -el tercero tras el paro y la crisis económica, según la última encuesta del CIS-, probablemente por su incapacidad para pactar soluciones sobre la crisis y por el oportunismo y populismo de que adolecen en ocasiones sus decisiones. La desafección y la desconfianza crecientes instaladas en la población sólo podrían atajarse si se aplica la receta propuesta por el Rey, tan necesaria cuando España tiene por delante importantes desafíos en materia económica y financiera, energética, medioambiental, educativa o tecnológica. El Gobierno y el Partido Popular tienen ocasión de demostrar el sentido de Estado que reclama el Rey en la puesta en marcha de un pacto educativo. Más claro no puede ser don Juan Carlos sobre la conveniencia de ese pacto. "Urge sellar un gran acuerdo en materia de educación", señala explícitamente.
La crisis económica, cuyos efectos sociales se han hecho sentir en 2009 de manera dolorosa en numerosas familias por la pérdida del puesto de trabajo de alguno o de todos sus miembros, preocupa especialmente al Rey. También aquí reclama acuerdos entre las fuerzas políticas, económicas y sociales, o sea mucho sentido de Estado en su actuación. Al referirse al terrorismo y a sus víctimas, don Juan Carlos hace una mención expresa a los tres cooperantes españoles secuestrados por Al Qaeda en Mauritania. "Exigimos su libertad" es el mensaje dirigido a sus secuestradores. A escasas fechas de que España asuma la presidencia semestral de la Unión Europea, el Rey no desaprovecha la ocasión de subrayar la importancia de la tarea para lograr la Europa unida que dibuja el Tratado de Lisboa.
(Editorial de "El País", publicado el 26 de diciembre de 2009)
En esta ocasión, la anomalía democrática que suponía que la televisión pública vasca silenciara el discurso de felicitación del Monarca al conjunto de ciudadanos ha sido reparada. La jefatura del Estado es una realidad constitucional y quien ostenta su titularidad no puede ser marginado en ningún ámbito público, si no es mediante un acto de poder arbitrario y vulnerando la propia Constitución.
La explícita llamada del Rey al Gobierno y la oposición para que actúen con mayor sentido de Estado no ha podido ser más oportuna. La clase política ha pasado a convertirse en un problema -el tercero tras el paro y la crisis económica, según la última encuesta del CIS-, probablemente por su incapacidad para pactar soluciones sobre la crisis y por el oportunismo y populismo de que adolecen en ocasiones sus decisiones. La desafección y la desconfianza crecientes instaladas en la población sólo podrían atajarse si se aplica la receta propuesta por el Rey, tan necesaria cuando España tiene por delante importantes desafíos en materia económica y financiera, energética, medioambiental, educativa o tecnológica. El Gobierno y el Partido Popular tienen ocasión de demostrar el sentido de Estado que reclama el Rey en la puesta en marcha de un pacto educativo. Más claro no puede ser don Juan Carlos sobre la conveniencia de ese pacto. "Urge sellar un gran acuerdo en materia de educación", señala explícitamente.
La crisis económica, cuyos efectos sociales se han hecho sentir en 2009 de manera dolorosa en numerosas familias por la pérdida del puesto de trabajo de alguno o de todos sus miembros, preocupa especialmente al Rey. También aquí reclama acuerdos entre las fuerzas políticas, económicas y sociales, o sea mucho sentido de Estado en su actuación. Al referirse al terrorismo y a sus víctimas, don Juan Carlos hace una mención expresa a los tres cooperantes españoles secuestrados por Al Qaeda en Mauritania. "Exigimos su libertad" es el mensaje dirigido a sus secuestradores. A escasas fechas de que España asuma la presidencia semestral de la Unión Europea, el Rey no desaprovecha la ocasión de subrayar la importancia de la tarea para lograr la Europa unida que dibuja el Tratado de Lisboa.
(Editorial de "El País", publicado el 26 de diciembre de 2009)
MENSAJE DE NAVIDAD DEL REY
Madrid, 24 de diciembre de 2009.
¡Buenas noches! Mis primeras palabras en esta Nochebuena me salen del corazón para expresar mi afecto y mi mayor felicitación a todos los españoles. Quiero compartir con vosotros ideas y sentimientos sobre España, sobre nuestro presente y nuestro futuro. Unas ideas que buscan el bien de nuestro país, como gran Nación europea de larga historia e inmenso patrimonio. Un país que no puede comprenderse sin esa rica diversidad consustancial al mismo ser de España.
Con este espíritu, mis reflexiones de esta noche se dirigen a pediros que, juntos, acometamos tres tareas fundamentales: En primer lugar, superar tensiones y divisiones, sobre la base de los principios y valores que alimentan lo mejor de nuestra convivencia e inspiran nuestra Constitución.En segundo lugar, sumar voluntades en torno a los grandes temas de Estado, reforzando nuestra cohesión interna y nuestra proyección exterior.Y, finalmente, redoblar esfuerzos para que España vuelva a crecer y a crear empleo. Cuanto antes, y de forma sostenible.
Vivimos tiempos complejos y difíciles. El Siglo Veintiuno va a cumplir su primera década. El mundo es más global en sus posibilidades -gracias a las comunicaciones y a los avances tecnológicos-. Más global también en sus desafíos -que desbordan las fronteras nacionales-. Desafíos que van desde la lacra del terrorismo, la crisis económica o el cambio climático, hasta las pandemias o el narcotráfico. Todos ellos requieren de la acción conjunta de los Estados.
Es mucho lo que nos jugamos en los próximos años. El futuro impone decisiones estratégicas de gran calado, tanto a nivel interno, como a escala europea e internacional. Decisiones en materia económica y financiera, energética, medioambiental, educativa o tecnológica. Todas ellas esenciales para no perder el tren del progreso, defender el futuro de nuestro Planeta, y asegurar el mejor porvenir a las nuevas generaciones.
Decisiones que deben tener visión anticipatoria y estar a la altura de los retos planteados. Para afrontar estos retos, es preciso desplegar nuestras mayores capacidades, con una España sólida y cohesionada, en una Europa dinámica y solidaria.
Los tiempos actuales nos reclaman tesón y fortaleza. Fortaleza como país que a todos nos proporciona libertad, estabilidad y progreso. Fortaleza como ciudadanos más preparados y competentes, promoviendo la educación y la igualdad de oportunidades. Fortaleza en el plano económico y social, con un tejido productivo cada vez más innovador, competitivo y activo en el mundo, capaz de mantener y elevar nuestro bienestar social. Esa mayor fortaleza requiere el más amplio entendimiento y solidaridad entre todos los españoles, entre todas y cada una de nuestras Comunidades Autónomas. No nos podemos permitir que las legítimas diferencias ideológicas resten energías al logro de los consensos que piden nuestros ciudadanos.
Sabemos cuál es el camino a seguir. En las últimas décadas hemos sido capaces de resolver grandes problemas, contando con el esfuerzo de todos, la voluntad de acuerdo y el liderazgo responsable de nuestros dirigentes políticos, económicos y sociales. La experiencia nos demuestra que todos somos necesarios para culminar con éxito esa tarea.
Sirvamos al interés general. Para ello necesitamos actuar con inteligencia y generosidad, y aplicar la fuerza de la unidad, del diálogo y del compromiso, en el marco del respeto a nuestra Constitución. La Constitución garantiza un amplio abanico de derechos y libertades, fundamenta una avanzada articulación de nuestra rica diversidad territorial, y nos dota de instituciones que son claves para la estabilidad y convivencia democráticas, y el buen funcionamiento del conjunto de España. Unas instituciones independientes para el mejor y más justo ejercicio de sus responsabilidades, por lo que todos debemos preservar esa independencia en aras de la confianza que los ciudadanos tienen depositada en ellas.
En 2009 la grave crisis económica ha llevado a que el desempleo sea la principal preocupación de las familias españolas. Afecta a varios millones de personas, angustiadas no sólo por la pérdida de ingresos, sino por la falta de horizontes en sus vidas laborales y personales. Las dificultades han afectado y afectan a muchos trabajadores y empresas en los diferentes sectores productivos, desde la agricultura y la pesca hasta la industria, pasando por la construcción y los servicios.
Volver a crecer es el reto más apremiante para poner fin al desempleo, garantizando la más alta protección social a quienes lo padecen. Debemos atender también las legítimas expectativas de nuestros jóvenes, apoyarles e ilusionarles, pues en ello nos va el futuro. Se han tomado medidas a escala internacional, europea y nacional para detener la crisis y paliar sus efectos. Son muchos los esfuerzos y sacrificios desplegados a todos los niveles.
Pero queda mucho por hacer, es preciso seguir adelante. Como ya dije el año pasado, la solución de la crisis exige trabajar juntos en la misma dirección. Es pues necesario seguir adoptando medidas, lograr acuerdos entre nuestras fuerzas políticas, económicas y sociales, que permitan, por un lado, asegurar la mayor solidaridad y, por otro, acometer las reformas precisas, a fin de lograr una pronta recuperación en un clima de seguridad y confianza.
Urge asimismo -como vengo insistiendo desde hace tiempo- sellar -hoy mejor que mañana- un gran acuerdo nacional en materia de educación e incentivar aún más la innovación. Se trata de dos factores fundamentales que, junto al trabajo sacrificado de todos, permitirán aumentar nuestra competitividad y productividad y, por ello mismo, nuestro progreso y bienestar.
Tampoco podemos escatimar esfuerzos a favor de la igualdad de oportunidades, de los más pobres, vulnerables y desfavorecidos, ni en la lucha contra la exclusión y la marginación social. A favor de quienes viven problemas que a todos nos incumben, como la discapacidad, las graves enfermedades, la drogadicción, o la inaceptable violencia de género.
En estas fechas tan entrañables, recuerdo con especial emoción -junto a mi Familia- a todas las víctimas del terrorismo y a sus familiares, que cuentan con nuestro apoyo, solidaridad y afecto, así como de toda la sociedad española. Acabar con el terrorismo -desde el imperio de la Ley, la acción de la Justicia, la sacrificada entrega de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la cooperación internacional- es un objetivo de todos los demócratas en defensa de la libertad y de los más elementales derechos humanos. Los avances en la lucha contra el terrorismo nos animan a redoblar esfuerzos. Se trata de una prioridad irrenunciable. Una lucha que se extiende al terrorismo internacional, que tan inmenso dolor ya ha causado, y que ha secuestrado de forma intolerable a varios compatriotas -volcados en nuestra Cooperación al desarrollo-, cuya libertad exigimos.
La paz y la seguridad de España no pueden desligarse del resto del mundo. De ahí que quiera volver a subrayar el reconocimiento de la sociedad española a quienes sirven a nuestro país en el exterior. Especial mención merecen los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que arriesgan sus vidas en misiones internacionales, incluida la vigilancia frente a acciones delictivas tan inaceptables como la piratería marítima. Y es que nuestra seguridad, nuestro progreso y bienestar, dependen cada vez más de una eficaz protección y promoción de nuestros intereses en el mundo. Lo palpamos a diario. Por ello, importa consensuar y coordinar al máximo el papel internacional de España.
En este marco, dentro de unos días España asumirá por cuarta vez la Presidencia de la Unión Europea, en un momento en que la Unión debe tomar medidas de vital importancia para su futuro. Tras la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, resulta prioritario lograr una Europa más unida, dinámica y presente en el mundo.
Son muchos los retos y también las esperanzas que marcan este fin de año. El porvenir al que aspiramos no llegará sólo. Tenemos que moldearlo juntos desde ahora, con profunda confianza en España y en los españoles, aplicando mucho sentido de Estado, tanto a la hora de gobernar, como de ejercer la oposición. Como he dicho tantas veces, la España de hoy es capaz de grandes empresas. Con empeño y determinación, se puede ganar la batalla contra la crisis y conseguir cuantos objetivos nos fijemos.
Sigamos trabajando para que prime la fraternidad sobre las desavenencias, la confianza sobre el recelo, el bien colectivo sobre los egoísmos particulares, y para que la honradez sea regla inexcusable de conducta. La Corona tiene como norte el servicio a España y a todos los españoles. Éste es y seguirá siendo mi compromiso diario con todos vosotros. Una tarea con la que el Príncipe de Asturias también está plenamente comprometido.
Para concluir, quiero reiterar -junto a la Reina y toda mi Familia- nuestro afecto a todos los españoles y a cuantos extranjeros residen en nuestra tierra. Queremos expresaros los mejores deseos para el Año Nuevo que esperamos lleno de felicidad para cada uno de vosotros y para vuestras familias.
¡Que sea para todos un Año cargado de paz, concordia, recuperación económica y más empleo! ¡Os lo deseo de todo corazón!
Buenas noches.
NO TOCAR LO QUE ES DE TODOS.
Los casos de corrupción de las últimas semanas han puesto de actualidad la cuestión de cómo defender lo público de los intentos de apropiación con fines de enriquecimiento privado. La corrupción es, así entendida, la degeneración más flagrante de la calidad de la política y la imposición más obvia del lucro particular sobre el interés general. No es, sin embargo, la única manera de vulnerar lo que Bresser-Pereira ha llamado "derechos republicanos", aquellos de los que somos titulares los ciudadanos de un Estado frente a los individuos o grupos que pretenden capturar el patrimonio público, la res publica.
Hay otras maneras de vulnerar estos derechos que, al no encajar en la noción común de corrupción, pasan a menudo inadvertidas, lo que las hace mucho más frecuentes e insidiosas.
Tomemos, por ejemplo, el caso de un partido político que, al acceder al Gobierno, decide repartir entre sus afines un elevado número de cargos públicos. Probablemente, no lo llamaremos corrupción, pero lo cierto es que está utilizando lo que es de todos --la Administración Pública-- como si fuera propio. "Cuando uno accede a un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública", decía Thomas Jefferson. Aquí, en cambio, la facultad, otorgada por las urnas, de gobernar la máquina administrativa se interpreta, torticeramente, como el derecho a poseerla y colonizarla.
Si el botín político llega hasta las gerencias de los hospitales o la dirección de los museos, por decir algo, estaremos ante un caso grave de captura del patrimonio público.
¿Otro ejemplo? Hace algunos días se publicaba que, según fuentes de AENA, el sueldo de los controladores aéreos españoles se sitúa en torno a 350.000 euros anuales. Dado que, según el informe ICSA de julio del 2009, el director general de una empresa española gana --en la banda más alta-- unos 230.000 euros al año, ¿cómo debemos interpretar una retribución pública fijada, por lo bajo, en cinco veces su valor de mercado? No parece difícil deducir que un colectivo profesional ha utilizado su posición de dominio sobre un recurso público estratégico --el control aéreo-- para incrementar su poder de presión salarial hasta límites que suponen la evidente apropiación, en beneficio de un grupo reducido, de una porción del patrimonio público.
LOS DOS EJEMPLOS tienen un rasgo en común. En ambos, la captura se produce desde dentro de las instituciones. También este hecho hace que el patrimonio público resulte más vulnerable. El ordenamiento jurídico y sus artefactos de defensa del interés general están preparados aunque a veces fallen para resistir el asedio exterior, los intentos de captura que vienen de fuera (la adjudicación indebida, el uso de información privilegiada, el fraude fiscal, el delito ecológico, el expolio del patrimonio artístico o cultural), pero lo están menos para resistir los ataques internos, salvo aquellos que implican meter, directamente, la mano en la caja. Nuestra misma cultura social penaliza relativamente poco conductas como los dispendios en viajes o las celebraciones excesivas con cargo al presupuesto, el cobro del impuesto revolucionario a los altos cargos, la ociosidad y bajo rendimiento de ciertos servidores públicos, el reparto de prebendas a los sindicatos o los logros obtenidos mediante la práctica de huelgas salvajes en servicios públicos esenciales. No digamos cuando se trata de hábitos sociales seculares como la práctica del enchufe o la recomendación, o cuando las capturas del patrimonio público parecen amparadas por instituciones tan respetables como la negociación colectiva.
Y, SIN EMBARGO, todas estas conductas deberían preocuparnos. En realidad, lo que nos escandaliza, justificadamente, como corrupción no es sino el extremo de un continuo de degradación de la calidad del gobierno que empieza mucho antes. Personalmente, estoy convencido de que la gran mayoría de los casos de corrupción no son imputables a individuos que hayan llegado a la política o al servicio público con un propósito previo y deliberado de enriquecerse. Se trata más bien de personas cuyos procesos de socialización, tras acceder al interior del ecosistema institucional político-administrativo y familiarizarse con sus rutinas y pautas de funcionamiento, les indujeron a creer que podían disponer como propios de recursos que son de todos, y así fueron recorriendo, paso a paso, todo ese continuo de prácticas de gravedad creciente.
Es, por consiguiente, mucho antes cuando debiéramos aprender a escandalizarnos: desde el momento mismo en que detectamos que el patrimonio de todos es capturado o malversado, aunque lo sea mediante corruptelas aparentemente menores, de esas que nos suenan tan familiares como un resfriado o un atasco de tráfico.
Es hora de que los ciudadanos incrementemos nuestra vigilancia de los comportamientos de los gobernantes y funcionarios públicos. Estar vigilante ha escrito, con acento republicano, Philip Pettit no es, necesariamente, sentir desconfianza ante las autoridades, sino mantener una pauta exigente de expectativas respecto de ellas.
(Artículo de Francisco Longo, publicado en "El Periódico de Aragón" el 24 de diciembre de 2009)
Hay otras maneras de vulnerar estos derechos que, al no encajar en la noción común de corrupción, pasan a menudo inadvertidas, lo que las hace mucho más frecuentes e insidiosas.
Tomemos, por ejemplo, el caso de un partido político que, al acceder al Gobierno, decide repartir entre sus afines un elevado número de cargos públicos. Probablemente, no lo llamaremos corrupción, pero lo cierto es que está utilizando lo que es de todos --la Administración Pública-- como si fuera propio. "Cuando uno accede a un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública", decía Thomas Jefferson. Aquí, en cambio, la facultad, otorgada por las urnas, de gobernar la máquina administrativa se interpreta, torticeramente, como el derecho a poseerla y colonizarla.
Si el botín político llega hasta las gerencias de los hospitales o la dirección de los museos, por decir algo, estaremos ante un caso grave de captura del patrimonio público.
¿Otro ejemplo? Hace algunos días se publicaba que, según fuentes de AENA, el sueldo de los controladores aéreos españoles se sitúa en torno a 350.000 euros anuales. Dado que, según el informe ICSA de julio del 2009, el director general de una empresa española gana --en la banda más alta-- unos 230.000 euros al año, ¿cómo debemos interpretar una retribución pública fijada, por lo bajo, en cinco veces su valor de mercado? No parece difícil deducir que un colectivo profesional ha utilizado su posición de dominio sobre un recurso público estratégico --el control aéreo-- para incrementar su poder de presión salarial hasta límites que suponen la evidente apropiación, en beneficio de un grupo reducido, de una porción del patrimonio público.
LOS DOS EJEMPLOS tienen un rasgo en común. En ambos, la captura se produce desde dentro de las instituciones. También este hecho hace que el patrimonio público resulte más vulnerable. El ordenamiento jurídico y sus artefactos de defensa del interés general están preparados aunque a veces fallen para resistir el asedio exterior, los intentos de captura que vienen de fuera (la adjudicación indebida, el uso de información privilegiada, el fraude fiscal, el delito ecológico, el expolio del patrimonio artístico o cultural), pero lo están menos para resistir los ataques internos, salvo aquellos que implican meter, directamente, la mano en la caja. Nuestra misma cultura social penaliza relativamente poco conductas como los dispendios en viajes o las celebraciones excesivas con cargo al presupuesto, el cobro del impuesto revolucionario a los altos cargos, la ociosidad y bajo rendimiento de ciertos servidores públicos, el reparto de prebendas a los sindicatos o los logros obtenidos mediante la práctica de huelgas salvajes en servicios públicos esenciales. No digamos cuando se trata de hábitos sociales seculares como la práctica del enchufe o la recomendación, o cuando las capturas del patrimonio público parecen amparadas por instituciones tan respetables como la negociación colectiva.
Y, SIN EMBARGO, todas estas conductas deberían preocuparnos. En realidad, lo que nos escandaliza, justificadamente, como corrupción no es sino el extremo de un continuo de degradación de la calidad del gobierno que empieza mucho antes. Personalmente, estoy convencido de que la gran mayoría de los casos de corrupción no son imputables a individuos que hayan llegado a la política o al servicio público con un propósito previo y deliberado de enriquecerse. Se trata más bien de personas cuyos procesos de socialización, tras acceder al interior del ecosistema institucional político-administrativo y familiarizarse con sus rutinas y pautas de funcionamiento, les indujeron a creer que podían disponer como propios de recursos que son de todos, y así fueron recorriendo, paso a paso, todo ese continuo de prácticas de gravedad creciente.
Es, por consiguiente, mucho antes cuando debiéramos aprender a escandalizarnos: desde el momento mismo en que detectamos que el patrimonio de todos es capturado o malversado, aunque lo sea mediante corruptelas aparentemente menores, de esas que nos suenan tan familiares como un resfriado o un atasco de tráfico.
Es hora de que los ciudadanos incrementemos nuestra vigilancia de los comportamientos de los gobernantes y funcionarios públicos. Estar vigilante ha escrito, con acento republicano, Philip Pettit no es, necesariamente, sentir desconfianza ante las autoridades, sino mantener una pauta exigente de expectativas respecto de ellas.
(Artículo de Francisco Longo, publicado en "El Periódico de Aragón" el 24 de diciembre de 2009)
AVISO CIUDADANO A LA CLASE POLÍTICA.
EL paro y los problemas económicos encabezan la lista de preocupaciones de los ciudadanos, una tendencia habitual durante los últimos meses, que presenta ciertos matices que añaden mayor gravedad al problema. El primero el que la opinión de los españoles alzan el desempleo al porcentaje más alto de la década, repuntando ligeramente al de los meses anteriores hasta alcanzar el 78,4 por ciento; el segundo, el que sube también el número de personas que expresan una percepción negativa sobre la situación económica, sin que ninguno de los encuestados la haya valorado -cosa que no ocurría en casos anteriores- como "muy buena".
Y ante un panorama tan negativo como el que presentan los ciudadanos españoles, dejan menos posibilidad a la esperanza al crecer de forma relevante el número de quienes opinan que la clase política es un grave problema, de tal manera que se ha situado en tercer lugar entre sus preocupaciones, superando a la inmigración que se mantenía, junto al terrorismo, en lugares preferentes. Estamos, por tanto, no sólo ante un cambio de tendencia que pudiéramos llamar coyuntural o referida a los problemas del momento, sino ante una postura que puede alcanzar a pretensiones más profundas ligadas hasta el propio sistema político. Algo sobre lo que debiéramos reflexionar todos, pero muy especialmente nuestra clase política que durante los últimos tiempos están haciendo constantes ejercicios de irresponsabilidad, más pendientes de sus intereses que de la ciudadanía a la que representan. A la manifiesta incapacidad del gobierno para hacer frente a la grave crisis económica y financiera que padecemos, se une una oposición sólo pendiente de los fallos y desgaste de un gobierno sin concretar tampoco soluciones. En el panorama político actual son posibles los acuerdos del gobierno con cualquier partido, excepto con el PP.
No es de extrañar esta preocupante deriva de la ciudadanía demandando más responsabilidad y eficacia en su clase política, ya que siente que progresivamente se aleja más de la defensa de los intereses colectivos de aquellos que los han elegido para que los defiendan. Se precisa, por tanto, de una reflexión profunda y de una regeneración de la vida política y, en parte social, basada en los principios de servicio, justicia y equidad desde una perspectiva más igualitaria, más social y más ética.
(Editorial de "Diario del AltoAragón", publicado el 23 de diciembre de 2009)
Y ante un panorama tan negativo como el que presentan los ciudadanos españoles, dejan menos posibilidad a la esperanza al crecer de forma relevante el número de quienes opinan que la clase política es un grave problema, de tal manera que se ha situado en tercer lugar entre sus preocupaciones, superando a la inmigración que se mantenía, junto al terrorismo, en lugares preferentes. Estamos, por tanto, no sólo ante un cambio de tendencia que pudiéramos llamar coyuntural o referida a los problemas del momento, sino ante una postura que puede alcanzar a pretensiones más profundas ligadas hasta el propio sistema político. Algo sobre lo que debiéramos reflexionar todos, pero muy especialmente nuestra clase política que durante los últimos tiempos están haciendo constantes ejercicios de irresponsabilidad, más pendientes de sus intereses que de la ciudadanía a la que representan. A la manifiesta incapacidad del gobierno para hacer frente a la grave crisis económica y financiera que padecemos, se une una oposición sólo pendiente de los fallos y desgaste de un gobierno sin concretar tampoco soluciones. En el panorama político actual son posibles los acuerdos del gobierno con cualquier partido, excepto con el PP.
No es de extrañar esta preocupante deriva de la ciudadanía demandando más responsabilidad y eficacia en su clase política, ya que siente que progresivamente se aleja más de la defensa de los intereses colectivos de aquellos que los han elegido para que los defiendan. Se precisa, por tanto, de una reflexión profunda y de una regeneración de la vida política y, en parte social, basada en los principios de servicio, justicia y equidad desde una perspectiva más igualitaria, más social y más ética.
(Editorial de "Diario del AltoAragón", publicado el 23 de diciembre de 2009)
DESCONFIANZA DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA
Empieza a ser un lugar común el hablar de desafección democrática, de distancia entre instituciones y ciudadanía o de desconfianza generalizada de la gente sobre la forma de proceder de los que nos gobiernan y representan.
La cosa va empeorando si hacemos caso de lo que las encuestas del CIS nos van diciendo. En un año se ha duplicado el número de españoles que afirman que uno de los principales problemas del país son los políticos. En porcentaje, la percepción ciudadana califica ahora ese problema como más grave que la amenaza terrorista. El goteo de escándalos que vinculan poder político y corrupción no ayudan precisamente a atemperar el clima negativo. Los diagnósticos abundan, y la sensación de hartazgo aumenta, pero son escasas las propuestas que vayan más allá de recomendaciones éticas y de los encadenados de buenos deseos.
Por otra parte, el creciente alejamiento de la política institucional de buena parte de los ciudadanos contrasta con el aumento de actividades participativas en esferas no directamente político-institucionales, pero sí muy vinculadas a las políticas concretas (solidaridad, cooperación, redes de intercambio). Más que repliegue a la esfera privada, encontramos la búsqueda de una esfera pública no asimilable a la que quieren monopolizar las instituciones en sus distintas formas. Los partidos sufren pérdidas significativas de confianza, pero aparecen nuevas formas de coaliciones y grupos que promueven aquí y allá iniciativas de significación colectiva.
Podríamos decir, con Pierre Rosanvallon, que baja puntos la participación política centrada en el solo camino electoral, mientras aumenta el grosor de la participación centrada en la expresión (hacerse oír), la implicación (vincularse a otros para conseguir objetivos comunes), o la intervención (hacer, más que escuchar y asistir). Y todo ello en un contexto en el que el cada vez tenemos menos marcos comunes de referencia, menos sentidos de pertenencia única.
Resulta así evidente que es más fácil que la acción política de la ciudadanía se desplace hacia el control y la vigilancia, dadas las dificultades de identificarse e intervenir en una política oficial y formal, sentida como ajena.
Existe la conciencia difusa que cada vez es menos factible que la ciudadanía pueda ejercer el poder o influir de manera muy directa en su ejercicio, y la atención se dirige a cómo controlarlo, vigilarlo y evitar sus excesos y chapuzas. A falta de una idea de interés general que pueda compartirse de manera plena, surge la transparencia como valor que permite, al menos, que todos podamos saber qué sucede y, por tanto, actuar en unsentido o en otro. La transparencia es pues un valor básico y relativamente despolitizado. Desde la transparencia es posible vigilar un poder que tiende a ser autista y sesgado, y politizar así la desconfianza que ello genera.
No se trata de una desconfianza liberal, en el sentido de controlar los excesos de un poder irremediablemente perverso, sino de una desconfianza democrática en el sentido de habilitar la acción y la capacidad transformadora de quienes, desde la ciudadanía, no quieren delegar toda responsabilidad sobre lo común a las instituciones.
En España no disponemos aún de una ley de acceso a la información comparable a la que ya existe en más de 80 países del mundo y, entre ellos, a la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, algunos como Suecia con más de 200 años de tradición al respecto. En los programas electorales del PSOE del 2004 y del 2008 figuraba ese tema como una de las promesas electorales. El presidente Zapatero ha anunciado que antes de final de año contaremos con un proyecto de ley al respecto, en cuya tramitación sería bueno que se escuchara a los que hace tiempo vienen empujando para que exista tal normativa.
Es innegable la significación del tema. La gran sacudida que ha significado la ley de libertad de información en Estados Unidos lo pone de relieve. No será fácil. Las administraciones públicas españolas se han construido desde la unilateralidad y la jerarquía, y la opacidad ha estado siempre asociada a esa concepción.
Aún produce sonrojo rememorar que la Unión Europea, ante las quejas del Gobierno Aznar sobre la difusión de un informe de una de las direcciones generales de Bruselas que advertía sobre los perjuicios ambientales del Plan Hidrológico Nacional y que había sido utilizado por sus detractores, tuvo que recordar al Ejecutivo español que toda la documentación europea está obligatoria y plenamente disponible en Internet. Las administraciones no dejan de pedirnos datos, muchas veces de manera redundante y superflua. Y en cambio, protegen constantemente sus informes, decisiones y rutinas. Esperemos que la nueva norma que acabe con la excepcionalidad española ya mencionada, no parta de una visión timorata al respecto.
De hecho, es una clara oportunidad. Una oportunidad para favorecer el intercambio de información y la mejora de relaciones entre ciudadanía y Administración. Una oportunidad para facilitar la participación de los ciudadanos y de sus entidades en los procesos de configuración de las políticas públicas. Y una oportunidad para mejorar la eficacia y la eficiencia de las propias administraciones, reforzando la necesaria evaluación y rendición de cuentas.
No deberíamos dejar escapar esa ocasión para usar las enormes capacidades de Internet al respecto. Desde y con la Red, se puede articular la plena transparencia de la documentación administrativa, la transparencia organizacional, la transparencia contable y presupuestaria y la transparencia de la acción y las responsabilidades públicas. Internet expresa y sirve de soporte natural a ese conjunto de posibilidades si existe voluntad política para avanzar por esa línea.
Necesitamos que, por ejemplo, los contratos públicos, los cambios de calificación urbanística, los estudios e informes encargados por las administraciones, puedan ser consultados por cualquiera, de manera amigable y sencilla, desde cualquier ordenador. Facilitando así la incorporación de la ciudadanía a una labor hoy por hoy estrictamente institucionalizada y que ha demostrado sus límites y carencias. Sin sustituir los mecanismos reguladores y de control ya existentes en nuestro sistema, podremos contar con la capacidad de vigilancia y seguimiento permanente de cualquiera interesado por los asuntos y decisiones públicas.
En la célebre obra de Jane Jacobs sobre las ciudades norteamericanas, se hablaba de la capacidad de mantener "seguras" las calles, no tanto por la mayor o menor presencia de la policía en ellas, sino por esa mezcla de ojos vigilantes en aceras concurridas. Existe, afirmaba Jacobs, una red informal de confianza pública que mantiene niveles de seguridad aceptables y que constituye la base de cualquier acción colectiva. Los hechos que se van repitiendo demuestran que no podemos seguir confiando en delegar nuestra capacidad de vigilancia en ojos que han demostrado poca fiabilidad. Sólo la movilización social y la desconfianza activa pueden ir modificando una situación que se adivina estructural.
(Artículo de Joan Subirats, publicado en "El País" el 22 de diciembre de 2009)
La cosa va empeorando si hacemos caso de lo que las encuestas del CIS nos van diciendo. En un año se ha duplicado el número de españoles que afirman que uno de los principales problemas del país son los políticos. En porcentaje, la percepción ciudadana califica ahora ese problema como más grave que la amenaza terrorista. El goteo de escándalos que vinculan poder político y corrupción no ayudan precisamente a atemperar el clima negativo. Los diagnósticos abundan, y la sensación de hartazgo aumenta, pero son escasas las propuestas que vayan más allá de recomendaciones éticas y de los encadenados de buenos deseos.
Por otra parte, el creciente alejamiento de la política institucional de buena parte de los ciudadanos contrasta con el aumento de actividades participativas en esferas no directamente político-institucionales, pero sí muy vinculadas a las políticas concretas (solidaridad, cooperación, redes de intercambio). Más que repliegue a la esfera privada, encontramos la búsqueda de una esfera pública no asimilable a la que quieren monopolizar las instituciones en sus distintas formas. Los partidos sufren pérdidas significativas de confianza, pero aparecen nuevas formas de coaliciones y grupos que promueven aquí y allá iniciativas de significación colectiva.
Podríamos decir, con Pierre Rosanvallon, que baja puntos la participación política centrada en el solo camino electoral, mientras aumenta el grosor de la participación centrada en la expresión (hacerse oír), la implicación (vincularse a otros para conseguir objetivos comunes), o la intervención (hacer, más que escuchar y asistir). Y todo ello en un contexto en el que el cada vez tenemos menos marcos comunes de referencia, menos sentidos de pertenencia única.
Resulta así evidente que es más fácil que la acción política de la ciudadanía se desplace hacia el control y la vigilancia, dadas las dificultades de identificarse e intervenir en una política oficial y formal, sentida como ajena.
Existe la conciencia difusa que cada vez es menos factible que la ciudadanía pueda ejercer el poder o influir de manera muy directa en su ejercicio, y la atención se dirige a cómo controlarlo, vigilarlo y evitar sus excesos y chapuzas. A falta de una idea de interés general que pueda compartirse de manera plena, surge la transparencia como valor que permite, al menos, que todos podamos saber qué sucede y, por tanto, actuar en unsentido o en otro. La transparencia es pues un valor básico y relativamente despolitizado. Desde la transparencia es posible vigilar un poder que tiende a ser autista y sesgado, y politizar así la desconfianza que ello genera.
No se trata de una desconfianza liberal, en el sentido de controlar los excesos de un poder irremediablemente perverso, sino de una desconfianza democrática en el sentido de habilitar la acción y la capacidad transformadora de quienes, desde la ciudadanía, no quieren delegar toda responsabilidad sobre lo común a las instituciones.
En España no disponemos aún de una ley de acceso a la información comparable a la que ya existe en más de 80 países del mundo y, entre ellos, a la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, algunos como Suecia con más de 200 años de tradición al respecto. En los programas electorales del PSOE del 2004 y del 2008 figuraba ese tema como una de las promesas electorales. El presidente Zapatero ha anunciado que antes de final de año contaremos con un proyecto de ley al respecto, en cuya tramitación sería bueno que se escuchara a los que hace tiempo vienen empujando para que exista tal normativa.
Es innegable la significación del tema. La gran sacudida que ha significado la ley de libertad de información en Estados Unidos lo pone de relieve. No será fácil. Las administraciones públicas españolas se han construido desde la unilateralidad y la jerarquía, y la opacidad ha estado siempre asociada a esa concepción.
Aún produce sonrojo rememorar que la Unión Europea, ante las quejas del Gobierno Aznar sobre la difusión de un informe de una de las direcciones generales de Bruselas que advertía sobre los perjuicios ambientales del Plan Hidrológico Nacional y que había sido utilizado por sus detractores, tuvo que recordar al Ejecutivo español que toda la documentación europea está obligatoria y plenamente disponible en Internet. Las administraciones no dejan de pedirnos datos, muchas veces de manera redundante y superflua. Y en cambio, protegen constantemente sus informes, decisiones y rutinas. Esperemos que la nueva norma que acabe con la excepcionalidad española ya mencionada, no parta de una visión timorata al respecto.
De hecho, es una clara oportunidad. Una oportunidad para favorecer el intercambio de información y la mejora de relaciones entre ciudadanía y Administración. Una oportunidad para facilitar la participación de los ciudadanos y de sus entidades en los procesos de configuración de las políticas públicas. Y una oportunidad para mejorar la eficacia y la eficiencia de las propias administraciones, reforzando la necesaria evaluación y rendición de cuentas.
No deberíamos dejar escapar esa ocasión para usar las enormes capacidades de Internet al respecto. Desde y con la Red, se puede articular la plena transparencia de la documentación administrativa, la transparencia organizacional, la transparencia contable y presupuestaria y la transparencia de la acción y las responsabilidades públicas. Internet expresa y sirve de soporte natural a ese conjunto de posibilidades si existe voluntad política para avanzar por esa línea.
Necesitamos que, por ejemplo, los contratos públicos, los cambios de calificación urbanística, los estudios e informes encargados por las administraciones, puedan ser consultados por cualquiera, de manera amigable y sencilla, desde cualquier ordenador. Facilitando así la incorporación de la ciudadanía a una labor hoy por hoy estrictamente institucionalizada y que ha demostrado sus límites y carencias. Sin sustituir los mecanismos reguladores y de control ya existentes en nuestro sistema, podremos contar con la capacidad de vigilancia y seguimiento permanente de cualquiera interesado por los asuntos y decisiones públicas.
En la célebre obra de Jane Jacobs sobre las ciudades norteamericanas, se hablaba de la capacidad de mantener "seguras" las calles, no tanto por la mayor o menor presencia de la policía en ellas, sino por esa mezcla de ojos vigilantes en aceras concurridas. Existe, afirmaba Jacobs, una red informal de confianza pública que mantiene niveles de seguridad aceptables y que constituye la base de cualquier acción colectiva. Los hechos que se van repitiendo demuestran que no podemos seguir confiando en delegar nuestra capacidad de vigilancia en ojos que han demostrado poca fiabilidad. Sólo la movilización social y la desconfianza activa pueden ir modificando una situación que se adivina estructural.
(Artículo de Joan Subirats, publicado en "El País" el 22 de diciembre de 2009)
ASAEL Y SU DESAPARICIÓN.
La desaparición de Asael (organización de municipios puesta en marcha por el Partido Aragonés) era cosa hecha después de que su anterior presidente saltara del cargo empujado por un escándalo que a su vez había sido impulsado desde el propio PAR. En esta jugada doméstica estaban sobre el tapete no solo diversos intereses concretos de los apostadores, sino también el constante pulso que vienen manteniendo entre sí las distintas corrientes del regionalismo.Los datos posteriores demuestran que Asael era un simple montaje partidario que pudo funcionar mientras se benefició de importantes subvenciones públicas procedentes tanto de los presupuestos aragoneses como de los europeos. Es fácil, cuando se toca poder institucional, poner en marcha asociaciones, fundaciones y estructuras varias a través de las cuales consolidar eso que solemos denominar redes clientelares. El problema radica en que tales entes acaban siendo artificios que no sobreviven fácilmente cuando se desvela su naturaleza o cuando en su seno se producen cruentas riñas internas. Los municipios de Asael pasarán a la Famcp. Fin de la historia.
(Editorial de "El Periódico de Aragón", publicado el 21 de diciembre de 2009)
(Editorial de "El Periódico de Aragón", publicado el 21 de diciembre de 2009)
LOS MUNICIPIOS PACTAN UN CÓDIGO CONTRA LA CORRUPCIÓN.
La ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que agrupa al 90% de los más de 8.000 ayuntamientos españoles, aprobó ayer por unanimidad un "código de buen gobierno local" que trata de poner trabas a la corrupción en la Administración más cercana al ciudadano. El texto es una mera declaración de intenciones, porque ahora será cada ayuntamiento el que decida si lo incorpora a sus reglamentos y normas internas.
Entre las medidas propuestas figura la recomendación de que alcaldes y concejales rechacen los regalos "que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía", un mayor control de los contratos públicos y subvenciones y la obligación de los gobiernos de mantener "reuniones periódicas con la oposición".
La ejecutiva, integrada por PSOE, PP, IU, CiU y Par, acordó también solicitar una reunión urgente al presidente del Gobierno para abordar el problema de la financiación local.
(Noticia publicada en "El País", el día 16 de diciembre de 2009)
Entre las medidas propuestas figura la recomendación de que alcaldes y concejales rechacen los regalos "que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía", un mayor control de los contratos públicos y subvenciones y la obligación de los gobiernos de mantener "reuniones periódicas con la oposición".
La ejecutiva, integrada por PSOE, PP, IU, CiU y Par, acordó también solicitar una reunión urgente al presidente del Gobierno para abordar el problema de la financiación local.
(Noticia publicada en "El País", el día 16 de diciembre de 2009)
Nueve de cada diez españoles considera la corrupción como un gran problema de Estado.
Publicado el 09-12-2009 , por Agencias
Expansión.com , Economía y política.
El 88% de los españoles considera que la corrupción es un gran problema de Estado, cinco puntos más que en 2007 (83%), según señala un Eurobarómetro difundido hoy por la Comisión Europea (CE). España se sitúa así en el octavo lugar de los Veintisiete en percepción popular de corrupción en los poderes públicos.
El 91% de los españoles cree que existe corrupción en las instituciones públicas a nivel nacional, una cifra que baja ligeramente hasta el 89% cuando se les pregunta por la corrupción en los poderes regionales y locales. El país de la UE donde el nivel de corrupción es más elevado a juzgar por la creencia de la ciudadanía es Grecia (98%), seguida de Bulgaria (97%), Malta (95%), Eslovenia y Chipre (94%), y Portugal y Rumanía (93%). En el otro extremo se encuentran Dinamarca, donde sólo el 22% cree que la corrupción es un gran problema a nivel nacional, y Suecia (con un 37%).
Para el 83% de los ciudadanos de los Veintisiete la corrupción está presente en los poderes estatales, una cifra que cae hasta el 81% en el caso de los entes regionales y locales, y hasta el 76% en las instituciones europeas (76%). Pese a ello, el funcionariado comunitario no sale tan bien parado cuando se pregunta a los ciudadanos si acudirían a él para pedir protección en un caso de corrupción. El 43% se decantaría por el sistema judicial de sus país, el 34% acudiría a la policía, el 23% al defensor del pueblo, el 13% a las Organizaciones No Gubernamentales, el 9% a los sindicatos, y tan sólo el 8% a las instituciones de la Unión. Los funcionarios de los poderes públicos a nivel nacional son los que despiertan más desconfianza en términos de corrupción entre los europeos (57%) y, por contra, los menos sospechosos de protagonizar algún tipo de corruptela son los maestros de la escuela pública (19%). Los elevados índices de desconfianza contrastan con el dato de que sólo el 9% de los ciudadanos europeos encuestados reconoce haber participado en alguna experiencia personal de corrupción. Este Eurobarómetro especial sobre corrupción se ha difundido coincidiendo la celebración hoy 9 de diciembre del día internacional contra la corrupción. El comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, ha afirmado en un comunicado que la CE "no mirará para otro lado" y ha reclamado "claras actuaciones por parte de los Estados miembros" para ponerle fin. Barrot también se ha lamentado de que "pese a los esfuerzos de la CE por luchar contra la corrupción desde la primera línea de fuego, algunos Estados miembros avancen tan lentamente" en este cometido. La CE ha propuesto a los Veintisiete la creación de un mecanismo de evaluación periódica de los esfuerzos anticorrupción nacionales dentro de un conjunto de medidas sobre Justicia, Libertad y Seguridad para los próximos cinco años que lleva por nombre "Programa de Estocolmo "
Expansión.com , Economía y política.
El 88% de los españoles considera que la corrupción es un gran problema de Estado, cinco puntos más que en 2007 (83%), según señala un Eurobarómetro difundido hoy por la Comisión Europea (CE). España se sitúa así en el octavo lugar de los Veintisiete en percepción popular de corrupción en los poderes públicos.
El 91% de los españoles cree que existe corrupción en las instituciones públicas a nivel nacional, una cifra que baja ligeramente hasta el 89% cuando se les pregunta por la corrupción en los poderes regionales y locales. El país de la UE donde el nivel de corrupción es más elevado a juzgar por la creencia de la ciudadanía es Grecia (98%), seguida de Bulgaria (97%), Malta (95%), Eslovenia y Chipre (94%), y Portugal y Rumanía (93%). En el otro extremo se encuentran Dinamarca, donde sólo el 22% cree que la corrupción es un gran problema a nivel nacional, y Suecia (con un 37%).
Para el 83% de los ciudadanos de los Veintisiete la corrupción está presente en los poderes estatales, una cifra que cae hasta el 81% en el caso de los entes regionales y locales, y hasta el 76% en las instituciones europeas (76%). Pese a ello, el funcionariado comunitario no sale tan bien parado cuando se pregunta a los ciudadanos si acudirían a él para pedir protección en un caso de corrupción. El 43% se decantaría por el sistema judicial de sus país, el 34% acudiría a la policía, el 23% al defensor del pueblo, el 13% a las Organizaciones No Gubernamentales, el 9% a los sindicatos, y tan sólo el 8% a las instituciones de la Unión. Los funcionarios de los poderes públicos a nivel nacional son los que despiertan más desconfianza en términos de corrupción entre los europeos (57%) y, por contra, los menos sospechosos de protagonizar algún tipo de corruptela son los maestros de la escuela pública (19%). Los elevados índices de desconfianza contrastan con el dato de que sólo el 9% de los ciudadanos europeos encuestados reconoce haber participado en alguna experiencia personal de corrupción. Este Eurobarómetro especial sobre corrupción se ha difundido coincidiendo la celebración hoy 9 de diciembre del día internacional contra la corrupción. El comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, ha afirmado en un comunicado que la CE "no mirará para otro lado" y ha reclamado "claras actuaciones por parte de los Estados miembros" para ponerle fin. Barrot también se ha lamentado de que "pese a los esfuerzos de la CE por luchar contra la corrupción desde la primera línea de fuego, algunos Estados miembros avancen tan lentamente" en este cometido. La CE ha propuesto a los Veintisiete la creación de un mecanismo de evaluación periódica de los esfuerzos anticorrupción nacionales dentro de un conjunto de medidas sobre Justicia, Libertad y Seguridad para los próximos cinco años que lleva por nombre "Programa de Estocolmo "
Concentración vecinal en Palma contra la corrupción
A. M. - Palma de Mallorca - EL PAIS , 13/12/2009
Baleares marca índices muy negativos por causas judiciales abiertas por corrupción (un total de 14) y tiene una alta densidad de políticos imputados (40) entre el millón de habitantes. En las principales instituciones de Palma, Mallorca y Baleares, el voto decisivo está en manos de cargos públicos implicados que no han renunciado a su escaño. Ante esa situación, que se agrava con nuevos escándalos y más imputados cada semana, ayer al mediodía más de un millar de personas (otras fuentes indicaron que unas 2.000) se reunieron en el centro de Palma para protestar. Reclamaron honestidad y dimisiones. Un grupo acudió a chillar ante el histórico piso-palacete del ex presidente Jaume Matas, del PP, que está incurso en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito.
La protesta ciudadana fue muy diversa, no había colectivos organizados, coincidían jóvenes, familias de media edad, conocidos ciudadanos de izquierdas y muchos jubilados. Un grupo de tambores animó el paseo.
TRASPASO DE ALTOS CARGOS
El paso del Viceconsejero de Urbanismo y Transportes, Carlos Esco, a la empresa privada se une a una larga lista en la que figuran Eduardo Bandrés, que saltó de la Consejería de Economía al Real Zaragoza, o el responsable de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, Santiago Coello, hoy en Codesport, entre otros. Pero la norma aragonesa no contempla regular posibles conflictos de intereses, como sí hace el Congreso. Un vacío interesado y muy preocupante.
(Nota editorial de "Heraldo de Aragón", publicada el 12 de diciembre de 2009)
(Nota editorial de "Heraldo de Aragón", publicada el 12 de diciembre de 2009)
CONTRA LA CORRUPCIÓN.
La conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción coincide con la demanda ciudadana para que los políticos incluyan medidas y controles efectivos para frenar una lacra que adopta formas sofisticadas y complejas y que se ha manifestado en España a través de escándalos que han creado gran alarma social. La resistencia de partidos y gobernantes a hacer efectivos los cambios necesarios genera graves perjuicios.
DESDE el latrocinio descarado de los regímenes no democráticos hasta las sibilinas prácticas de quienes se aprovechan de su cargo en beneficio propio bajo la apariencia de la más estricta legalidad, la corrupción afecta a todos los países del mundo y no hace distingos de siglas o colores políticos. Es cierto que a mayor transparencia, a mayores controles, a mayor calidad democrática, en definitiva, es más difícil que se produzca un fenómeno que vacía las arcas públicas y socava la confianza en las instituciones. Pero también es verdad que, al amparo de las dificultades de ayuntamientos y partidos políticos para financiarse, y con la proliferación de sociedades interpuestas de gestión, fundaciones y empresas públicas de opaco funcionamiento, encuentra un caldo de cultivo para los faltos de escrúpulos. Los recientes escándalos por presunta corrupción que han afectado a políticos de diferentes partidos, y en varias comunidades, recuerdan la necesidad de aplicar la normativa existente -España ratificó en 2006 la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en el año 2003- y de enmendar los fallos en la legislación española. Transparencia y control son básicos para la regeneración democrática.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 10 de diciembre de 2009).
DESDE el latrocinio descarado de los regímenes no democráticos hasta las sibilinas prácticas de quienes se aprovechan de su cargo en beneficio propio bajo la apariencia de la más estricta legalidad, la corrupción afecta a todos los países del mundo y no hace distingos de siglas o colores políticos. Es cierto que a mayor transparencia, a mayores controles, a mayor calidad democrática, en definitiva, es más difícil que se produzca un fenómeno que vacía las arcas públicas y socava la confianza en las instituciones. Pero también es verdad que, al amparo de las dificultades de ayuntamientos y partidos políticos para financiarse, y con la proliferación de sociedades interpuestas de gestión, fundaciones y empresas públicas de opaco funcionamiento, encuentra un caldo de cultivo para los faltos de escrúpulos. Los recientes escándalos por presunta corrupción que han afectado a políticos de diferentes partidos, y en varias comunidades, recuerdan la necesidad de aplicar la normativa existente -España ratificó en 2006 la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en el año 2003- y de enmendar los fallos en la legislación española. Transparencia y control son básicos para la regeneración democrática.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 10 de diciembre de 2009).
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN: MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS.
El tema del Día Internacional contra la Corrupción de 2009, "No permitamos que la corrupción mate el desarrollo", pone de relieve uno de los principales factores que socavan los esfuerzos mundiales encaminados a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Cuando se roba dinero público para obtener beneficios personales disminuyen los recursos destinados a la construcción de escuelas, hospitales, carreteras e instalaciones de tratamiento del agua. Cuando la ayuda externa se desvía a cuentas bancarias privadas se detienen importantes proyectos de infraestructura. La corrupción permite que se introduzcan en el mercado medicamentos falsificados o deficientes y que se arrojen residuos peligrosos en los vertederos y en los océanos. Los más vulnerables son los primeros en verse afectados y los que más sufren.
Pero la corrupción no es una vasta fuerza impersonal, sino que es el resultado de decisiones personales, casi siempre motivadas por la codicia.
El desarrollo no es la única víctima. La corrupción manipula las elecciones, socava el estado de derecho y puede comprometer la seguridad. Como hemos podido comprobar en el último año, también puede afectar gravemente al sistema financiero internacional.
Afortunadamente, existen medios para luchar contra ella. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es el instrumento jurídico más eficaz del mundo para fomentar la integridad y luchar contra la corrupción. En virtud de un nuevo mecanismo aprobado en la Conferencia de los Estados parte celebrada recientemente en Doha, los Estados serán juzgados a partir de ahora por las medidas que adopten para luchar contra la corrupción y no solo por las promesas que hagan.
El sector privado no debe quedar a la zaga de los gobiernos. Las empresas también deben prevenir la corrupción en sus filas y mantener los sobornos fuera de los procesos de licitación y adquisiciones. Insto al sector privado a que adopte medidas de lucha contra la corrupción con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas. Las empresas, en particular las que subscriben el décimo principio del Pacto Mundial, trabajar contra la corrupción, deben comprometerse a no actuar de mala fe y estar dispuestas a ser examinadas por otras empresas a fin de que todo el mundo se rija por las mismas normas.
Todos tenemos un papel que desempeñar. En el Día Internacional contra la Corrupción de 2009, insto a todo el mundo a sumarse a la campaña de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción en www.yournocounts.org. Y aliento a todo el mundo a que haga una promesa: nunca ofrecer ni aceptar sobornos. Si seguimos ese lema, el mundo será un lugar más honrado y aumentarán las oportunidades de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Cuando se roba dinero público para obtener beneficios personales disminuyen los recursos destinados a la construcción de escuelas, hospitales, carreteras e instalaciones de tratamiento del agua. Cuando la ayuda externa se desvía a cuentas bancarias privadas se detienen importantes proyectos de infraestructura. La corrupción permite que se introduzcan en el mercado medicamentos falsificados o deficientes y que se arrojen residuos peligrosos en los vertederos y en los océanos. Los más vulnerables son los primeros en verse afectados y los que más sufren.
Pero la corrupción no es una vasta fuerza impersonal, sino que es el resultado de decisiones personales, casi siempre motivadas por la codicia.
El desarrollo no es la única víctima. La corrupción manipula las elecciones, socava el estado de derecho y puede comprometer la seguridad. Como hemos podido comprobar en el último año, también puede afectar gravemente al sistema financiero internacional.
Afortunadamente, existen medios para luchar contra ella. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es el instrumento jurídico más eficaz del mundo para fomentar la integridad y luchar contra la corrupción. En virtud de un nuevo mecanismo aprobado en la Conferencia de los Estados parte celebrada recientemente en Doha, los Estados serán juzgados a partir de ahora por las medidas que adopten para luchar contra la corrupción y no solo por las promesas que hagan.
El sector privado no debe quedar a la zaga de los gobiernos. Las empresas también deben prevenir la corrupción en sus filas y mantener los sobornos fuera de los procesos de licitación y adquisiciones. Insto al sector privado a que adopte medidas de lucha contra la corrupción con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas. Las empresas, en particular las que subscriben el décimo principio del Pacto Mundial, trabajar contra la corrupción, deben comprometerse a no actuar de mala fe y estar dispuestas a ser examinadas por otras empresas a fin de que todo el mundo se rija por las mismas normas.
Todos tenemos un papel que desempeñar. En el Día Internacional contra la Corrupción de 2009, insto a todo el mundo a sumarse a la campaña de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción en www.yournocounts.org. Y aliento a todo el mundo a que haga una promesa: nunca ofrecer ni aceptar sobornos. Si seguimos ese lema, el mundo será un lugar más honrado y aumentarán las oportunidades de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
P. ¿Cree que la legislación española es suficiente para combatir la corrupción?
R. Cuenta con mecanismos suficientes. Pero yo hago una reflexión: creo que la sociedad española no es suficientemente beligerante contra la corrupción. No entiendo que haya en cualquier localidad casos de corrupción y que la persona implicada salga otra vez elegida. Hay que luchar contra la corrupción con medidas policiales y judiciales, pero la sociedad tiene que reaccionar y debe rearmarse. No es un problema de legislación, el Código Penal es suficiente para luchar contra la corrupción. Y el nuevo Código Penal aumenta las penas.
Tomado de ENTREVISTA: El debate sobre el Estatuto ÁNGEL JUANES Presidente de la Audiencia Nacional , José Yoldi/José Manuel Romero , Madrid 31/11/2009. El Pais. Com. España
LA IMPRESCINDIBLE ÉTICA DEL GOBERNANTE
La corrupción, en mayor o menor grado, ha existido siempre en el ámbito de la gestión de los asuntos públicos. En todos los tiempos, sistemas políticos, culturas y religiones. El fenómeno es global. Al parecer, las graves penas establecidas ya en el Código de Hammurabi contra los gobernantes corruptos no han devenido eficaces. Cicerón forjó su carrera política denunciando la corrupción de Verres. En la obra Breviario de los políticos, del cardenal Mazarino, se destaca el capítulo "dar y hacer regalos": relevantes ministros de la monarquía francesa de 1700 fueron grandes depredadores. El comercio mundial se desarrolló en el siglo XVII bajo la bandera de las comisiones ocultas. Hasta el Estado Vaticano se ha visto envuelto en algún asunto de corrupción (verbigracia, el cardenal Marzinkus y el Banco Ambrosiano).
La corrupción política, entendida como utilización espúrea, por parte del gobernante, de potestades públicas en beneficio propio o de terceros afines y en perjuicio del interés general, es un mal canceroso que vive en simbiosis con el sistema democrático, a pesar de ser teóricamente incompatible con el mismo, y que debe preocupar muy seriamente a todos los demócratas, ya que corroe los cimientos de la democracia, en tanto que elimina la obligada distinción entre bien público y bien privado, característica de cualquier régimen liberal y democrático; rompe la idea de igualdad política, económica, de derechos y de oportunidades, pervirtiendo el pacto social; traiciona el Estado de derecho; supone desprestigio de la política y correlativa desconfianza de la ciudadanía en el sistema, desigualdad en la pugna política, violación de la legalidad y atentado a las reglas del mercado.
En España, en los últimos años, numerosos sucesos han puesto de manifiesto que el fenómeno de la corrupción en la gobernabilidad del Estado (principalmente, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), no es algo coyuntural, sino estructural, que prolifera peligrosamente en las instituciones públicas. Los casos denominados Gürtel, Pretoria, Palma Arena, Palau, Operación Poniente, Operación Malaya, etc., que recorren la geografía nacional, han revelado que muchas Corporaciones Públicas han estado sometidas al poder económico y se han convertido así, crecientemente, en verdaderas plataformas de negocios varios, y de tráfico de influencias; hasta el punto de que hoy se corre el riesgo, cierto, de que intereses de grupos de presión económicos cambien el sentido del sacrosanto concepto del interés general, para inhabilitarlo. Obviamente, no es posible una estadística real de la corrupción, que por definición es oculta; y, de otra parte, como es natural, no todos los mandatarios públicos son corruptos.
En una sociedad abierta y democrática como la española, todos, en mayor o menor medida, somos responsables de la ola de corrupción que nos asola. Los políticos que la practican, promoviéndola o aceptándola; los sobornadores (promotores empresariales), ora causantes, ora víctimas; los partidos políticos, carentes a estas alturas de autoridad moral para combatirla; el estamento judicial (jueces y fiscales), que en muchas ocasiones no ha dado la talla; las instituciones encargadas del control y fiscalización de la actividad administrativa, negligentes casi siempre en su tarea; los medios de comunicación, silenciando o minimizando, a veces, el fenómeno corrupto; la intelectualidad, poco comprometida en su erradicación; la ciudadanía en general, tolerante en exceso con el político corrupto, quizás porque aún no es consciente de que la corrupción la paga de su bolsillo.
Las causas que propician esta perversión pública son múltiples, a saber: la partitocracia, con sus taras e imperfecciones; la profesionalización de la política, entendida en su peor versión; el fenómeno del transfuguismo; o el deficiente sistema de financiación de las formaciones políticas. Otras, propias del municipalismo, son la crónica insuficiencia de sus recursos económicos; el raquítico régimen de incompatibilidades legales de alcaldes y concejales; la galopante empresarización de los ayuntamientos para huir del Derecho Administrativo; o el deficiente sistema legal de control interno de sus actos económico-financieros.
Pero, por encima de todas ellas, a mi modo de ver, la causa primera de todos los males en el sector público español es la falta de ética pública de muchos de nuestros gobernantes, llegados a la política no por vocación ni espíritu de servicio, ni siquiera por ideología (qué rancios suenan ya estos conceptos), sino por propio interés. En términos generales, ética es el sentido, la intuición o la conciencia de lo que está bien y lo que no, de lo que se ha de hacer y de lo que debe evitarse.
La ética pública ha de ser correlativa de la privada. Mal podrá defender la integridad y la moralidad en el plano público quien carece de ella. Por otra parte, la actuación de cualquiera que realiza una función pública en nuestro país debe estar presidida por la idea de servicio de los intereses generales, que es el principal valor político. El artículo 103 de la Constitución Española -"La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales"- constituye un mandato para autoridades y funcionarios. Los valores clásicos del gestor público (imparcialidad, neutralidad, honradez y probidad) se han de ver complementados hoy con los nuevos valores de eficacia y transparencia, propios de las Administraciones Públicas del siglo XXI.
La corrupción socava la integridad moral de una sociedad. Supone la quiebra general de los valores morales. La corrupción pública, en cuanto supone lucro indebido del agente y su disposición a mal utilizar las potestades públicas que tiene encomendadas, es una práctica inmoral, ante todo; una violación de los principios éticos, sean individuales o sociales.
Algunos analistas consideran que la ética pública ha perdido hoy relevancia social, dada su naturaleza subjetiva. La gran mayoría entiende, sin embargo, que la ética ha de ser el mejor antídoto contra el veneno de la corrupción, y preconiza la necesidad de un rearme ético, de un regreso a los valores antes enunciados. Por eso, se observa últimamente en el mundo una gran preocupación oficial por la ética pública (el reciente Informe Kelly, en Reino Unido, sobre los gastos de los diputados británicos; Recomendación del Consejo de la OCDE, de 1998; Convención Americana contra la Corrupción, de 1996).
La política, que puede ser la más noble de todas las tareas, es susceptible de convertirse en el más vil de los oficios; precisamente porque es una actividad humana y, como tal, defectuosa. Todo el mundo coincide en que la ejemplaridad y la honradez son virtudes que deben presidir la actuación de los políticos, en tanto que escaparate y guía de la ciudadanía.
Pues bien, es la falta generalizada de ética pública de nuestros gestores municipales, por ejemplo, la razón principal del despilfarro del gasto público en los ayuntamientos, del favoritismo en la selección del personal o en la contratación de obras y servicios, de la interesada arbitrariedad en la planificación urbanística, de la negligencia en la gestión del patrimonio municipal o de los frecuentes cambalaches en la composición de las mayorías de gobierno. Es a partir de la ausencia de moral, o de dignidad en el desempeño del cargo, cuando el alcalde (o el concejal delegado de turno, o el funcionario revestido de capacidad decisoria o meramente asesora), experimenta un total desprecio por el interés general de la ciudadanía y utiliza sus potestades en beneficio particular (propio, de sus allegados o de su partido), orillando los principios constitucionales de eficacia, objetividad, independencia e igualdad, y demás preceptos legales y reglamentarios.
Llegados a este punto, hemos de convenir que ni uno sólo de los gestores públicos que recientemente han sido imputados en nuestro país por prácticas presuntamente corruptas, se distingue precisamente por cumplir los postulados éticos que se han descrito, a tenor de los modos y maneras de su malhadada gestión pública, que hemos conocido con todo detalle por las oportunas crónicas mediáticas sobre causas judiciales en marcha. Se diría más bien que utilizan la política como medio de vida y, según se ha visto, como negocio (primun vivere, deinde filosofare). La falta de ética pública de esos políticos es, por tanto, el denominador común de la práctica presuntamente corrupta a que se refieren los escándalos de corrupción antes señalados.
(Artículo de José Manuel Urquiza Morales, publicado en "El País" el 21 de noviembre de 2009)
La corrupción política, entendida como utilización espúrea, por parte del gobernante, de potestades públicas en beneficio propio o de terceros afines y en perjuicio del interés general, es un mal canceroso que vive en simbiosis con el sistema democrático, a pesar de ser teóricamente incompatible con el mismo, y que debe preocupar muy seriamente a todos los demócratas, ya que corroe los cimientos de la democracia, en tanto que elimina la obligada distinción entre bien público y bien privado, característica de cualquier régimen liberal y democrático; rompe la idea de igualdad política, económica, de derechos y de oportunidades, pervirtiendo el pacto social; traiciona el Estado de derecho; supone desprestigio de la política y correlativa desconfianza de la ciudadanía en el sistema, desigualdad en la pugna política, violación de la legalidad y atentado a las reglas del mercado.
En España, en los últimos años, numerosos sucesos han puesto de manifiesto que el fenómeno de la corrupción en la gobernabilidad del Estado (principalmente, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), no es algo coyuntural, sino estructural, que prolifera peligrosamente en las instituciones públicas. Los casos denominados Gürtel, Pretoria, Palma Arena, Palau, Operación Poniente, Operación Malaya, etc., que recorren la geografía nacional, han revelado que muchas Corporaciones Públicas han estado sometidas al poder económico y se han convertido así, crecientemente, en verdaderas plataformas de negocios varios, y de tráfico de influencias; hasta el punto de que hoy se corre el riesgo, cierto, de que intereses de grupos de presión económicos cambien el sentido del sacrosanto concepto del interés general, para inhabilitarlo. Obviamente, no es posible una estadística real de la corrupción, que por definición es oculta; y, de otra parte, como es natural, no todos los mandatarios públicos son corruptos.
En una sociedad abierta y democrática como la española, todos, en mayor o menor medida, somos responsables de la ola de corrupción que nos asola. Los políticos que la practican, promoviéndola o aceptándola; los sobornadores (promotores empresariales), ora causantes, ora víctimas; los partidos políticos, carentes a estas alturas de autoridad moral para combatirla; el estamento judicial (jueces y fiscales), que en muchas ocasiones no ha dado la talla; las instituciones encargadas del control y fiscalización de la actividad administrativa, negligentes casi siempre en su tarea; los medios de comunicación, silenciando o minimizando, a veces, el fenómeno corrupto; la intelectualidad, poco comprometida en su erradicación; la ciudadanía en general, tolerante en exceso con el político corrupto, quizás porque aún no es consciente de que la corrupción la paga de su bolsillo.
Las causas que propician esta perversión pública son múltiples, a saber: la partitocracia, con sus taras e imperfecciones; la profesionalización de la política, entendida en su peor versión; el fenómeno del transfuguismo; o el deficiente sistema de financiación de las formaciones políticas. Otras, propias del municipalismo, son la crónica insuficiencia de sus recursos económicos; el raquítico régimen de incompatibilidades legales de alcaldes y concejales; la galopante empresarización de los ayuntamientos para huir del Derecho Administrativo; o el deficiente sistema legal de control interno de sus actos económico-financieros.
Pero, por encima de todas ellas, a mi modo de ver, la causa primera de todos los males en el sector público español es la falta de ética pública de muchos de nuestros gobernantes, llegados a la política no por vocación ni espíritu de servicio, ni siquiera por ideología (qué rancios suenan ya estos conceptos), sino por propio interés. En términos generales, ética es el sentido, la intuición o la conciencia de lo que está bien y lo que no, de lo que se ha de hacer y de lo que debe evitarse.
La ética pública ha de ser correlativa de la privada. Mal podrá defender la integridad y la moralidad en el plano público quien carece de ella. Por otra parte, la actuación de cualquiera que realiza una función pública en nuestro país debe estar presidida por la idea de servicio de los intereses generales, que es el principal valor político. El artículo 103 de la Constitución Española -"La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales"- constituye un mandato para autoridades y funcionarios. Los valores clásicos del gestor público (imparcialidad, neutralidad, honradez y probidad) se han de ver complementados hoy con los nuevos valores de eficacia y transparencia, propios de las Administraciones Públicas del siglo XXI.
La corrupción socava la integridad moral de una sociedad. Supone la quiebra general de los valores morales. La corrupción pública, en cuanto supone lucro indebido del agente y su disposición a mal utilizar las potestades públicas que tiene encomendadas, es una práctica inmoral, ante todo; una violación de los principios éticos, sean individuales o sociales.
Algunos analistas consideran que la ética pública ha perdido hoy relevancia social, dada su naturaleza subjetiva. La gran mayoría entiende, sin embargo, que la ética ha de ser el mejor antídoto contra el veneno de la corrupción, y preconiza la necesidad de un rearme ético, de un regreso a los valores antes enunciados. Por eso, se observa últimamente en el mundo una gran preocupación oficial por la ética pública (el reciente Informe Kelly, en Reino Unido, sobre los gastos de los diputados británicos; Recomendación del Consejo de la OCDE, de 1998; Convención Americana contra la Corrupción, de 1996).
La política, que puede ser la más noble de todas las tareas, es susceptible de convertirse en el más vil de los oficios; precisamente porque es una actividad humana y, como tal, defectuosa. Todo el mundo coincide en que la ejemplaridad y la honradez son virtudes que deben presidir la actuación de los políticos, en tanto que escaparate y guía de la ciudadanía.
Pues bien, es la falta generalizada de ética pública de nuestros gestores municipales, por ejemplo, la razón principal del despilfarro del gasto público en los ayuntamientos, del favoritismo en la selección del personal o en la contratación de obras y servicios, de la interesada arbitrariedad en la planificación urbanística, de la negligencia en la gestión del patrimonio municipal o de los frecuentes cambalaches en la composición de las mayorías de gobierno. Es a partir de la ausencia de moral, o de dignidad en el desempeño del cargo, cuando el alcalde (o el concejal delegado de turno, o el funcionario revestido de capacidad decisoria o meramente asesora), experimenta un total desprecio por el interés general de la ciudadanía y utiliza sus potestades en beneficio particular (propio, de sus allegados o de su partido), orillando los principios constitucionales de eficacia, objetividad, independencia e igualdad, y demás preceptos legales y reglamentarios.
Llegados a este punto, hemos de convenir que ni uno sólo de los gestores públicos que recientemente han sido imputados en nuestro país por prácticas presuntamente corruptas, se distingue precisamente por cumplir los postulados éticos que se han descrito, a tenor de los modos y maneras de su malhadada gestión pública, que hemos conocido con todo detalle por las oportunas crónicas mediáticas sobre causas judiciales en marcha. Se diría más bien que utilizan la política como medio de vida y, según se ha visto, como negocio (primun vivere, deinde filosofare). La falta de ética pública de esos políticos es, por tanto, el denominador común de la práctica presuntamente corrupta a que se refieren los escándalos de corrupción antes señalados.
(Artículo de José Manuel Urquiza Morales, publicado en "El País" el 21 de noviembre de 2009)
FALTA DE TRANSPARENCIA
La falta de transparencia se confirma como uno de los grandes déficits del Gobierno PSOE-PAR. El presidente Iglesias compareció ayer en las Cortes a petición de la oposición, 18 meses después de su última intervención por la misma causa. Aún así, el presidente se dosificó y dejó lo más espinoso para el consejero Velasco. Sobre la información de las empresas públicas que pide la oposición, más de lo mismo: una invitación a los consejos de administración. Y no es por ahí.
(Nota editorial de "Heraldo de Aragón", publicada el 20 de noviembre de 2009)
(Nota editorial de "Heraldo de Aragón", publicada el 20 de noviembre de 2009)
NO DEBEMOS RESIGNARNOS A LA CORRUPCIÓN
La corrupción es como un cáncer que avanza imparable si no se toman medidas para detenerlo. Las redes de corrupción se expanden y van controlando empresas, municipios, Comunidades Autónomas y hasta unidades esenciales del Estado si los partidos, los Gobiernos y la sociedad no se alían para detener esta enfermedad social. La causa de la expansión es que, si se percibe la impunidad, resulta racionalmente rentable arriesgarse a ganar mucho dinero, robando a una colectividad difusa, sin peligro de ir a la cárcel por ello. Es obvio que personas con principios éticos sólidos no aceptarán este intercambio, pero, por desgracia, la solidez de los principios no está garantizada entre nuestra clase política. Lo cual no quiere decir que todos los políticos sean corruptos. En todo caso, cuanto más se expande la corrupción más difícil es mantenerse ajeno a su tentadora llamada. En España, la corrupción, que era una enfermedad de la que creíamos haber salido, se ha ido extendiendo de nuevo. Poco a poco, redes corruptas han ido generando una tupida serie de intercambios deshonestos que, al final, han puesto en peligro la legitimidad de nuestra clase política y de nuestras instituciones.
Para algunos políticos irresponsables esto es la consecuencia del crecimiento, como si la corrupción fuera un peaje a pagar por una economía desarrollada. Nada más lejos de la realidad, las economías más sólidas, los países con mayor índice de desarrollo humano son países bastante honestos. La corrupción, como nos demuestran sólidos estudios del Banco Mundial, aleja la inversión, genera gastos innecesarios y reduce los ingresos públicos. Un país con alta corrupción elabora políticas para beneficio de unos pocos, no de la sociedad en su conjunto; un país con alta corrupción genera infraestructuras deficientes, regula mal los servicios públicos privatizados, y obliga a los empresarios honestos a esfuerzos sobrehumanos para sostener sus empresas. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, daña el Estado de derecho y genera profundas desigualdades sociales.
Para explicarse la situación actual en nuestro país sería bueno que considerásemos tres variables, que no son las únicas, pero sí son importantes. En primer lugar, un clientelismo y una falta de transparencia en las instituciones públicas. En España, la opacidad con la que actúan los Gobiernos es casi propia de países con democracias fallidas. Además, el clientelismo, sobre todo en el nivel local y en la administración instrumental de todos los niveles de gobierno (empresas públicas, fundaciones, gerencias, etc.), es muy elevado. Nuestros municipios y empresas públicas están plagados de empleados públicos que están allí por ser del partido o amigos de la persona oportuna. Empleados públicos que entraron de forma provisional y se quedaron allí de por vida, que carecen de valores de servicio público y que nunca se jugarán su puesto por defender el interés general. Es incomprensible el uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos en nuestras Administraciones. También es incomprensible que, salvo pequeñas excepciones, no existan mecanismos mínimamente rigurosos de evaluación del desempeño de nuestros empleados públicos. Como consecuencia, la carrera está demasiadas veces vinculada a las fidelidades personales y no a la valía y profesionalidad.
En segundo lugar, los mecanismos de control sobre la actividad de los partidos políticos y sobre su financiación son manifiestamente mejorables, como ya advirtió hace tiempo el propio Tribunal de Cuentas. Los españoles financiamos generosamente a los partidos, que cada vez ingresan más de los presupuestos públicos del Estado, de las CC AA y de los municipios; sin embargo, las cuentas que nos ofrecen son opacas, dejan fuera a sus empresas y fundaciones, no incorporan la contabilidad desagregada al nivel local y, desde luego, no explican las razones de las condonaciones de sus deudas. Eso lo saben sus dirigentes y lo sabemos muchos más. Si incumplen no hay sanciones, no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, no devuelven el dinero público recibido.
En tercer lugar, en España tenemos demasiadas normas innecesarias, sin embargo, muchas leyes necesarias no existen, y cuando existen no se cumplen y no ocurre nada. Las leyes de incompatibilidades son sistemáticamente violadas; en numerosas CC AA no se regulan los conflictos de interés; se crean empresas mixtas público-privadas para otorgar contratos sin concurrencia a las empresas que se unen a la pública, y tiene que ser la Unión Europea la que nos lleve ante el Tribunal de Justicia Europeo. En fin, parece que no nos tomamos muy en serio la prevención y la lucha contra la corrupción y así nos va.
Sin embargo, desde Transparencia Internacional creemos que no debemos resignarnos, que es posible luchar contra la corrupción y ganarle la batalla. Para ello, es ineludible que los partidos políticos y la propia sociedad nos tomemos el problema en serio y propugnemos mejores medidas y controles. En ese afán de contribuir a la movilización contra esta enfermedad social, proponemos:
1. Un reforzamiento de los mecanismos preventivos. Por ejemplo, realizar análisis de riesgos en todas las Administraciones para detectar peligros y anticiparse a ellos; formación mayor en ética, aplicar rigurosamente las normas sobre conflictos de interés, etc...
2. Un reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso y carrera dentro de la Administración y una evaluación objetiva del rendimiento de nuestras Administraciones y empleados públicos.
3. Una mejora de los mecanismos de transparencia en la Administración; tenemos muchos Gobiernos opacos que no rinden cuentas a la ciudadanía. Es urgente una Ley de Transparencia y Acceso a la información, como tienen casi todos los países europeos.
4. Una simplificación de las normas y procedimientos, permitiendo a los ciudadanos resolver sus asuntos con la Administración de forma más ágil: muchas licencias y permisos podrían concederse on line.
5. Hay que modernizar y agilizar una justicia decimonónica y adaptar el Código Penal a las nuevas realidades de la delincuencia económica y la corrupción. Nuevos tipos penales deben ser generados para luchar contra la corrupción, es necesario introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
6. Una mejora de la Ley de Financiación de los partidos, para prohibir las donaciones de inmuebles, así como la condonación de deudas, etc. Sobre todo, es necesario que se exija más transparencia a los partidos, que se incorporen los datos de sus fundaciones y empresas al sistema de control, y que se refuerce el papel del Tribunal de Cuentas.
7. Una preocupación mayor por dar formación e información a la ciudadanía sobre los enormes daños que causa a un país la corrupción. Deberíamos incorporar a la educación reglada un análisis de la corrupción y sus efectos. La sociedad civil debe implicarse en la lucha contra la corrupción, liderada probablemente por los medios de comunicación.
8. Una mejora de los mecanismos de denuncia de la corrupción con protección a los denunciantes. Quien denuncia con fundamento la corrupción no es un chivato, es una persona que actúa con lealtad institucional y social, y que merece nuestro agradecimiento.
9. Un reforzamiento de los mecanismos que permitan recuperar el dinero robado y dificultar el blanqueo del mismo.
10. Una demostración por parte de los partidos políticos de que están verdaderamente dispuestos a combatir la corrupción, para lo cual deberían concertar un Pacto de Estado contra la corrupción, con medidas concretas para su implantación, y facilitando a la sociedad el control efectivo de su cumplimiento.
Finalmente, creemos que resulta insostenible para nuestra economía y nuestra democracia la situación actual, de ahí la llamada que hacemos a una respuesta contundente y efectiva de la sociedad civil contra la corrupción, una sociedad que no puede resignarse a esta degradación moral y que debe exigir urgentemente de nuestros representantes una respuesta consensuada y efectiva contra esta lacra social.
(Artículo de Jesús Lizcano Álvarez, Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta, miembros del comité de dirección de Transparencia Internacional España, publicado en "El País" el 11 de noviembre de 2009)
Para algunos políticos irresponsables esto es la consecuencia del crecimiento, como si la corrupción fuera un peaje a pagar por una economía desarrollada. Nada más lejos de la realidad, las economías más sólidas, los países con mayor índice de desarrollo humano son países bastante honestos. La corrupción, como nos demuestran sólidos estudios del Banco Mundial, aleja la inversión, genera gastos innecesarios y reduce los ingresos públicos. Un país con alta corrupción elabora políticas para beneficio de unos pocos, no de la sociedad en su conjunto; un país con alta corrupción genera infraestructuras deficientes, regula mal los servicios públicos privatizados, y obliga a los empresarios honestos a esfuerzos sobrehumanos para sostener sus empresas. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, daña el Estado de derecho y genera profundas desigualdades sociales.
Para explicarse la situación actual en nuestro país sería bueno que considerásemos tres variables, que no son las únicas, pero sí son importantes. En primer lugar, un clientelismo y una falta de transparencia en las instituciones públicas. En España, la opacidad con la que actúan los Gobiernos es casi propia de países con democracias fallidas. Además, el clientelismo, sobre todo en el nivel local y en la administración instrumental de todos los niveles de gobierno (empresas públicas, fundaciones, gerencias, etc.), es muy elevado. Nuestros municipios y empresas públicas están plagados de empleados públicos que están allí por ser del partido o amigos de la persona oportuna. Empleados públicos que entraron de forma provisional y se quedaron allí de por vida, que carecen de valores de servicio público y que nunca se jugarán su puesto por defender el interés general. Es incomprensible el uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos en nuestras Administraciones. También es incomprensible que, salvo pequeñas excepciones, no existan mecanismos mínimamente rigurosos de evaluación del desempeño de nuestros empleados públicos. Como consecuencia, la carrera está demasiadas veces vinculada a las fidelidades personales y no a la valía y profesionalidad.
En segundo lugar, los mecanismos de control sobre la actividad de los partidos políticos y sobre su financiación son manifiestamente mejorables, como ya advirtió hace tiempo el propio Tribunal de Cuentas. Los españoles financiamos generosamente a los partidos, que cada vez ingresan más de los presupuestos públicos del Estado, de las CC AA y de los municipios; sin embargo, las cuentas que nos ofrecen son opacas, dejan fuera a sus empresas y fundaciones, no incorporan la contabilidad desagregada al nivel local y, desde luego, no explican las razones de las condonaciones de sus deudas. Eso lo saben sus dirigentes y lo sabemos muchos más. Si incumplen no hay sanciones, no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, no devuelven el dinero público recibido.
En tercer lugar, en España tenemos demasiadas normas innecesarias, sin embargo, muchas leyes necesarias no existen, y cuando existen no se cumplen y no ocurre nada. Las leyes de incompatibilidades son sistemáticamente violadas; en numerosas CC AA no se regulan los conflictos de interés; se crean empresas mixtas público-privadas para otorgar contratos sin concurrencia a las empresas que se unen a la pública, y tiene que ser la Unión Europea la que nos lleve ante el Tribunal de Justicia Europeo. En fin, parece que no nos tomamos muy en serio la prevención y la lucha contra la corrupción y así nos va.
Sin embargo, desde Transparencia Internacional creemos que no debemos resignarnos, que es posible luchar contra la corrupción y ganarle la batalla. Para ello, es ineludible que los partidos políticos y la propia sociedad nos tomemos el problema en serio y propugnemos mejores medidas y controles. En ese afán de contribuir a la movilización contra esta enfermedad social, proponemos:
1. Un reforzamiento de los mecanismos preventivos. Por ejemplo, realizar análisis de riesgos en todas las Administraciones para detectar peligros y anticiparse a ellos; formación mayor en ética, aplicar rigurosamente las normas sobre conflictos de interés, etc...
2. Un reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso y carrera dentro de la Administración y una evaluación objetiva del rendimiento de nuestras Administraciones y empleados públicos.
3. Una mejora de los mecanismos de transparencia en la Administración; tenemos muchos Gobiernos opacos que no rinden cuentas a la ciudadanía. Es urgente una Ley de Transparencia y Acceso a la información, como tienen casi todos los países europeos.
4. Una simplificación de las normas y procedimientos, permitiendo a los ciudadanos resolver sus asuntos con la Administración de forma más ágil: muchas licencias y permisos podrían concederse on line.
5. Hay que modernizar y agilizar una justicia decimonónica y adaptar el Código Penal a las nuevas realidades de la delincuencia económica y la corrupción. Nuevos tipos penales deben ser generados para luchar contra la corrupción, es necesario introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
6. Una mejora de la Ley de Financiación de los partidos, para prohibir las donaciones de inmuebles, así como la condonación de deudas, etc. Sobre todo, es necesario que se exija más transparencia a los partidos, que se incorporen los datos de sus fundaciones y empresas al sistema de control, y que se refuerce el papel del Tribunal de Cuentas.
7. Una preocupación mayor por dar formación e información a la ciudadanía sobre los enormes daños que causa a un país la corrupción. Deberíamos incorporar a la educación reglada un análisis de la corrupción y sus efectos. La sociedad civil debe implicarse en la lucha contra la corrupción, liderada probablemente por los medios de comunicación.
8. Una mejora de los mecanismos de denuncia de la corrupción con protección a los denunciantes. Quien denuncia con fundamento la corrupción no es un chivato, es una persona que actúa con lealtad institucional y social, y que merece nuestro agradecimiento.
9. Un reforzamiento de los mecanismos que permitan recuperar el dinero robado y dificultar el blanqueo del mismo.
10. Una demostración por parte de los partidos políticos de que están verdaderamente dispuestos a combatir la corrupción, para lo cual deberían concertar un Pacto de Estado contra la corrupción, con medidas concretas para su implantación, y facilitando a la sociedad el control efectivo de su cumplimiento.
Finalmente, creemos que resulta insostenible para nuestra economía y nuestra democracia la situación actual, de ahí la llamada que hacemos a una respuesta contundente y efectiva de la sociedad civil contra la corrupción, una sociedad que no puede resignarse a esta degradación moral y que debe exigir urgentemente de nuestros representantes una respuesta consensuada y efectiva contra esta lacra social.
(Artículo de Jesús Lizcano Álvarez, Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta, miembros del comité de dirección de Transparencia Internacional España, publicado en "El País" el 11 de noviembre de 2009)
REVITALIZAR LAS CORTES
Las Cortes de Aragón padecen síntomas de un inquietante anquilosamiento. Entre las reticencias del Gobierno a la hora de proporcionar información a los diputados, la falta de agilidad de la presidencia de la Cámara y los corsés impuestos por un Reglamento necesitado de reforma, las funciones del Parlamento autonómico se deterioran.
EL control de las actuaciones del Gobierno es una de las misiones más importantes de cualquier parlamento democrático, prácticamente en pie de igualdad con la de aprobar las leyes. Para desempeñarla, en representación de los ciudadanos, los diputados disponen de una serie de instrumentos que les permiten requerir al Ejecutivo para que aporte información o dé explicaciones. Es habitual que los gobiernos —poco adictos, en general, a la transparencia— busquen fórmulas para resistirse a esas peticiones; pero en el caso del Gobierno aragonés, como denuncian los grupos de la oposición, esa obstinación alcanza un récord excesivo de peticiones rechazadas. Las cosas empeoran si, desde los propios órganos de presidencia de la Cámara, los partidos que sostienen al Gobierno se preocupan más de protegerlo de los contratiempos que podrían causarle determinados debates que de defender las prerrogativas de los diputados. Si a ello se añade un Reglamento poco ágil cuya reforma lleva meses olvidada, más que atascada, las posibilidades de las Cortes de Aragón para recoger las preocupaciones de la sociedad, debatir los asuntos con suficiente actualidad y vigilar con rigor el proceder de la Administración se ven seriamente disminuidas, la vida del Parlamento se fosiliza y la política se aleja de la realidad de la calle y de la estima de los ciudadanos.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 7 de noviembre de 2009)
EL control de las actuaciones del Gobierno es una de las misiones más importantes de cualquier parlamento democrático, prácticamente en pie de igualdad con la de aprobar las leyes. Para desempeñarla, en representación de los ciudadanos, los diputados disponen de una serie de instrumentos que les permiten requerir al Ejecutivo para que aporte información o dé explicaciones. Es habitual que los gobiernos —poco adictos, en general, a la transparencia— busquen fórmulas para resistirse a esas peticiones; pero en el caso del Gobierno aragonés, como denuncian los grupos de la oposición, esa obstinación alcanza un récord excesivo de peticiones rechazadas. Las cosas empeoran si, desde los propios órganos de presidencia de la Cámara, los partidos que sostienen al Gobierno se preocupan más de protegerlo de los contratiempos que podrían causarle determinados debates que de defender las prerrogativas de los diputados. Si a ello se añade un Reglamento poco ágil cuya reforma lleva meses olvidada, más que atascada, las posibilidades de las Cortes de Aragón para recoger las preocupaciones de la sociedad, debatir los asuntos con suficiente actualidad y vigilar con rigor el proceder de la Administración se ven seriamente disminuidas, la vida del Parlamento se fosiliza y la política se aleja de la realidad de la calle y de la estima de los ciudadanos.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 7 de noviembre de 2009)
LA PARTITOCRACIA SIN CONTRAPESOS
Al futuro presidente de Caja Madrid debe designarlo su junta general, no los dirigentes del Partido Popular, aunque así parezca. Es el último y lamentable ejemplo, entre otros muchos, de que nuestro sistema político no es una "democracia de partidos" sino una "partitocracia". Veamos ambos conceptos, bien diferentes.
La "democracia de partidos", un término ya acreditado en teoría del Estado, supone un notable cambio respecto de la democracia parlamentaria clásica, en la cual el diputado era el eje fundamental de todo el proceso de participación política. Por el contrario, en la democracia de partidos son estos quienes protagonizan los dos momentos fundamentales de dicho proceso: las elecciones y la actividad parlamentaria.
En el momento electoral, ahora los ciudadanos no escogen candidatos individuales, como antes sucedía, sino listas electorales confeccionadas por los partidos. Con lo cual la relación representativa no se establece entre elector y parlamentario sino entre elector y partido. En cuanto a la actividad parlamentaria, en la democracia de partidos las cámaras han dejado de ser órganos para el debate entre diputados: ahora las decisiones que allí formalmente se adoptan han sido acordadas con anterioridad en el seno de los respectivos partidos y sus portavoces parlamentarios se limitan meramente a declararlas en público. Así, en la democracia de partidos, el Parlamento ha sido desposeído de su función primigenia más característica con la que soñaron los primeros liberales: ser un centro de debate en el cual, mediante argumentos racionales, se decide lo más conveniente para el interés general.
Podremos lamentar la pérdida, si es que existieron alguna vez, de aquellos parlamentos argumentativos y racionales, pero en la actualidad la democracia de partidos se ha impuesto en toda Europa y en buena parte del mundo. "La democracia de nuestro tiempo es, necesariamente, una democracia de partido", escribió el maestro García Pelayo, de quien el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales acaba de publicar la segunda edición de sus Obras completas. Necesariamente: la democracia española no escapa a esta regla general y es hoy, incluso formalmente, una democracia de partidos. Pero todos los sistemas políticos degeneran, como ya advirtió Aristóteles. Y la democracia de partidos española ha degenerado, por culpa de los partidos, en una partitocracia, que es cosa distinta.
En una partitocracia los partidos no se limitan a ocupar el lugar que les corresponde según el sistema constitucional, sino que desbordan su espacio propio y ocupan todo el Estado y una buena parte de la sociedad. Un principio clave de la democracia es el de división de poderes, según el cual los órganos estatales no sólo están separados sino que se eligen y controlan mutuamente mediante un sistema de pesos y contrapesos para que ninguno invada el ámbito del otro y cada uno sea responsable de los actos en que es competente. Pues bien, en una partitocracia el poder transversal de los partidos anula esta división de poderes e instaura un sistema descontrolado que tiende a configurarse como un dominio absoluto de todo poder, creando así el caldo de cultivo de todo tipo de desafueros y corrupciones.
Como han sostenido autores de referencia al tratar de España –véase el libro de Roberto Blanco sobre Las conexiones políticas (Alianza, Madrid, 2001) o el de Alejandro Nieto El desgobierno de lo público (Ariel, Barcelona, 2008)– los partidos han "colonizado" el Estado, se han repartido el botín que allí han encontrado y consideran que todos los poderes son patrimonio propio. Nieto lo resume así: "En definitiva, la colonización se hace efectiva mediante la ocupación (por parte de los partidos) de los instrumentos más operativos de acción social: la administración pública en primer término y luego los medios de comunicación social, la educación y la cultura, el sector público económico y, por descontado, sus organismos de control".
En definitiva, primero hay que asegurarse de que la administración pública esté dirigida por los cargos de confianza (de los partidos) y no por los funcionarios (independientes). A partir de ahí, es fácil adueñarse de los medios de comunicación públicos, establecer órganos de supervisión para los privados, conceder innumerables subvenciones en cultura y educación, así como licencias y permisos en actividades económicas, todas otorgadas con discrecionalidad formal y arbitrariedad real. Al final, como blindaje definitivo, intentan nombrar indirectamente, e indebidamente, a jueces, fiscales, interventores, defensores del pueblo, tribunales de cuentas, secretarios de ayuntamientos, profesores de universidad o de instituto. Todo.
La voracidad de los partidos para obtener cada vez más cuotas de poder es insaciable. Quieren llegar al poder mediante las elecciones –con toda razón, en eso consiste la democracia–, pero una vez lo han obtenido se desatan las furias. "Que un poder frene a otro poder", dijo Montesquieu. Esta ya no es una regla democrática para la partitocracia: quiere un poder sin frenos. El pacto tácito entre partidos hace que nadie frene a nadie y que ninguno denuncie al otro. Si están en el poder, por razones obvias; si no, ya les llegará la ocasión.
Frente a esta situación, las últimas esperanzas de los ciudadanos están depositadas en los funcionarios, jueces, fiscales y órganos de comunicación independientes. Son los últimos contrapesos a la partitocracia.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 5 de noviembre de 2009)
UN PACTO FRENTE A LA CORRUPCIÓN.
LA acumulación de casos de corrupción durante las últimas fechas que se extiende prácticamente a todo el territorio geográfico y político de este país, muestra la fragilidad de la condición humana y lo fácil que resulta conducirla hacia la defensa de los intereses particulares por encima de los colectivos. El impacto que sobre la ciudadanía causan todos estos casos no sólo repercute en la reputación y depreciación de los políticos y los partidos que los sustentan, sino en las instituciones en general y hasta en el conjunto del sistema.
El paso del tiempo desde la recuperación democrática en nuestro país ha servido para descubrir primero y aprovecharse después de las espitas que deja abiertas este sistema, en el que la palabra democrático conlleva unos principios, valores y virtudes que van mucho más allá de unas votaciones periódicas, tras las cuales el ciudadano se queda prácticamente sin voz hasta cuatro años más tarde. Ni el carné de afiliación a un partido transmite a su poseedor cualidad y virtud alguna, ni la democracia puede mejorar la naturaleza humana que, a falta de convicciones firmes en cuanto a justicia y ética se refiere, precisa de controles y medidas que impidan la arbitrariedad, la prevaricación, el fraude, la corrupción o cualquier otro tipo de delitos. En este sentido, quizás se ha sido excesivamente laxos en el cumplimiento de las leyes y en la articulación de una serie de medidas que contribuyan a evitar y castigar cualquier abuso en este sentido. Antes bien, los partidos políticos, imbuidos de una cierta solidaridad gremial, son propensos a la generosidad y a la comprensión cuando se refiere a sueldos, dietas u otros aspectos que contribuyen a restringir cargos o competencias, cobijándose bajo la pátina de la legalidad, sin atender a aspectos como la equidad, la ética y hasta la justicia. Un caso significativo se produjo con la aprobación de la Ley de Incompatibilidades que ha devenido con el tiempo en una norma tan comprensiva y abierta que apenas encuentra materia y personas afectadas.
Creemos que es el momento de reaccionar y atajar de manera serie y contundente, mediante una normativa adecuada, los abusos a los que se ve sometido un sistema, el mejor conocido hasta ahora, mediante un pacto de Estado que fortalezca y dignifique la gestión pública y sus manifestaciones, tanto desde el poder legislativo como desde el ejecutivo y judicial.
(Editorial de "Diario del AltoAragón", publicado el día 2 de noviembre de 2009)
FRENTE A LA CORRUPCIÓN.
La acumulación de graves escándalos de corrupción que afectan en mayor o menor medida a los principales partidos españoles no sólo amenaza con arruinar la reputación de la política y sus profesionales, sino también la imprescindible confianza de los ciudadanos en las instituciones. Espectáculos como los de Valencia o Cataluña, el interminable goteo de irregularidades municipales o la descarnada lucha por el poder en torno a Caja Madrid, contribuyen a extender la percepción de que la democracia es un instrumento para saciar ambiciones personales, desde el narcisismo de la notoriedad o el placer un punto sádico de someter las voluntades ajenas, hasta la avaricia del enriquecimiento rápido y fácil.
El riesgo que se corre es que la denuncia de la corrupción acabe traduciéndose en desapego hacia el sistema democrático, un terreno abonado para el populismo. Debe quedar claro, por ello, que la irrenunciable denuncia de la corrupción responde a un compromiso firme con las instituciones, no a su desprecio o su puesta en entredicho. El remedio más eficaz contra el uso espurio que la corrupción hace de ellas no es otro que más democracia, más transparencia, más responsabilidad, cada cual desde el lugar que constitucional, política y socialmente le corresponde. Esto es, precisamente aquello que partidos, dirigentes y simples ciudadanos incursos en investigaciones y procesos judiciales tratan de evitar, buscando complicidades donde puedan encontrarlas, ya sea en los poderes del Estado o en medios de comunicación dispuestos a sacrificar su función en aras de la propaganda o de sus propios intereses.
Cada vez que se antepone la solidaridad gremial a la condena de hechos reprobables, o que prima el cálculo electoral, la corrupción abandona la periferia del sistema y comienza a instalarse peligrosamente en su interior. La democracia no sirve para mejorar la naturaleza humana, y la corrupción es, tal vez, una de las pruebas más concluyentes a este respecto; para lo que sí sirve, en cambio, es para garantizar que quienes ostentan cualquier poder no están al margen de las leyes, y es por esta vía por la que hace mejores a las sociedades. Ahora más que nunca, los tribunales están obligados a extremar el rigor en su actuación.
Es cierto que la corrupción es una lacra que no afecta sólo a España, pero esta desoladora constatación no puede hacer que se renuncie a analizar y combatir las debilidades específicas que han permitido que prospere en nuestro país. Una de las principales economías del mundo, como es la española, no puede seguir conviviendo con el hecho de que entre el 20% y el 25% de su PIB escape al control del fisco. Ni tampoco con un farisaico sistema de financiación de los partidos que hace que se sientan legitimados, una vez en el poder, para suplir sus carencias financieras mediante procedimientos a la vez groseros y sofisticados dirigidos a desviar fondos públicos en su propio beneficio. Ni, en fin, con administraciones que, como la municipal, han debido buscar sus recursos durante años en fuentes alternativas como la burbuja inmobiliaria.
La consecuencia es lo que algún intelectual ha definido como el desgobierno de lo público: una suerte de partitocracia que, superando los cortafuegos institucionales y convirtiendo lo público en patrimonio privado, sustituye al Estado. Con los partidos en manos de una oligarquía profesional sin escrúpulos, el Estado se convierte en un objeto de rapiña y la política, en un negocio. Ante esto, confundir la moral pública con una moralina sectaria sería la peor de las respuestas. Y es de esperar que el coste político que ha empezado a pagar el PP, según la encuesta que publica hoy este diario, sea el despertar de una exigencia cada vez más firme de cada ciudadano con cualquier opción política, no sólo con la contraria.
(Editorial de "El País", publicado el 1 de noviembre de 2009)
El riesgo que se corre es que la denuncia de la corrupción acabe traduciéndose en desapego hacia el sistema democrático, un terreno abonado para el populismo. Debe quedar claro, por ello, que la irrenunciable denuncia de la corrupción responde a un compromiso firme con las instituciones, no a su desprecio o su puesta en entredicho. El remedio más eficaz contra el uso espurio que la corrupción hace de ellas no es otro que más democracia, más transparencia, más responsabilidad, cada cual desde el lugar que constitucional, política y socialmente le corresponde. Esto es, precisamente aquello que partidos, dirigentes y simples ciudadanos incursos en investigaciones y procesos judiciales tratan de evitar, buscando complicidades donde puedan encontrarlas, ya sea en los poderes del Estado o en medios de comunicación dispuestos a sacrificar su función en aras de la propaganda o de sus propios intereses.
Cada vez que se antepone la solidaridad gremial a la condena de hechos reprobables, o que prima el cálculo electoral, la corrupción abandona la periferia del sistema y comienza a instalarse peligrosamente en su interior. La democracia no sirve para mejorar la naturaleza humana, y la corrupción es, tal vez, una de las pruebas más concluyentes a este respecto; para lo que sí sirve, en cambio, es para garantizar que quienes ostentan cualquier poder no están al margen de las leyes, y es por esta vía por la que hace mejores a las sociedades. Ahora más que nunca, los tribunales están obligados a extremar el rigor en su actuación.
Es cierto que la corrupción es una lacra que no afecta sólo a España, pero esta desoladora constatación no puede hacer que se renuncie a analizar y combatir las debilidades específicas que han permitido que prospere en nuestro país. Una de las principales economías del mundo, como es la española, no puede seguir conviviendo con el hecho de que entre el 20% y el 25% de su PIB escape al control del fisco. Ni tampoco con un farisaico sistema de financiación de los partidos que hace que se sientan legitimados, una vez en el poder, para suplir sus carencias financieras mediante procedimientos a la vez groseros y sofisticados dirigidos a desviar fondos públicos en su propio beneficio. Ni, en fin, con administraciones que, como la municipal, han debido buscar sus recursos durante años en fuentes alternativas como la burbuja inmobiliaria.
La consecuencia es lo que algún intelectual ha definido como el desgobierno de lo público: una suerte de partitocracia que, superando los cortafuegos institucionales y convirtiendo lo público en patrimonio privado, sustituye al Estado. Con los partidos en manos de una oligarquía profesional sin escrúpulos, el Estado se convierte en un objeto de rapiña y la política, en un negocio. Ante esto, confundir la moral pública con una moralina sectaria sería la peor de las respuestas. Y es de esperar que el coste político que ha empezado a pagar el PP, según la encuesta que publica hoy este diario, sea el despertar de una exigencia cada vez más firme de cada ciudadano con cualquier opción política, no sólo con la contraria.
(Editorial de "El País", publicado el 1 de noviembre de 2009)
CORRUPCION Y DESGOBIERNO
Es posible que en una cena de viernes o en alguna conversación distendida, algún amigo pontifique en estos términos: "Desengañaos, el problema no es este o aquel fenómeno de corrupción aislado, sino la quiebra de todo el sistema político, que ha entrado ya en una etapa de perversión plena. El esquema es el siguiente: la sociedad está dominada por el Estado (vía controles y subvenciones); el Estado está dominado por el Gobierno (dado que el Parlamento no es más que un patio de Monipodio); el Gobierno está dominado por el partido (de hecho, los ministros no es que sean secretarios, como dice Solchaga, sino que son floreros); y el partido (huérfano de democracia interna) está dominado por un grupo de políticos de hoja perenne, inasequibles al desaliento, que se renuevan por cooptación, ligeros de equipaje ideológico y sin remilgos para matar --metafóricamente-- a quien se les ponga por delante. Estos políticos --la cúpula-- son quienes al final manejan el cotarro en beneficio propio y de sus adláteres. En el bien entendido de que entre las cúpulas de todos los partidos existe una soterrada comunión de intereses que se manifiesta en un doble plano: en cierto reparto de lo público según áreas de influencia, y en una última solidaridad frente a un hipotético enemigo común, que les hace reaccionar, en ciertos casos, de forma parecida a como lo hacen las familias de la Cosa Nostra".
Y es también probable que otro de los comensales apostille: "De acuerdo. Esto es tan así, que podría añadirse que la corrupción política es común a todos los partidos, y directamente proporcional a su respectivo grado de participación en la política de gestión". Dicho lo cual, la charla se va por derroteros menos inhóspitos.
Ahora bien, estas reflexiones --improvisadas y ligeras-- se tornan preocupantes cuando se lee el libro que acaba de publicar el profesor Alejandro Nieto El desgobierno de lo público, en el que, siguiendo el camino que inició hace años con La organización del desgobierno, analiza con extremo rigor y notoria pericia técnica "las causas y finalidad del desgobierno del Estado, centrándose el análisis en la partitocracia y en la patrimonialización privada de lo público, en el fracaso de los contrapesos institucionales y en la fuerza de las derivas sociales (irracionalidad, personalización, parasitismo, patrimonialización-) que no se intentan siquiera contrarrestar". Tan es así que --para Nieto-- "la política realizada por un Gobierno es la que resulta del programa anunciado una vez ajustado por los cambios sobrevenidos, los contrapesos encontrados y las derivas no resistidas".
Tras el examen crítico de esta realidad, las conclusiones del profesor Nieto son demoledoras. Los partidos políticos constituyen --según él-- el nervio de todo el sistema, con sus reglas propias de funcionamiento, que no coinciden exactamente con las constitucionales y que se imponen por la coerción psicológica o la manipulación generalizada con arreglo a técnicas de mercadotecnia.
Asimismo, el proceso político real se desarrolla a lo largo de una sucesión de suplantaciones: la Constitución declara que la soberanía reside en la nación y en el pueblo, pero en realidad el Estado suplanta la voluntad del pueblo, el Gobierno la del Estado y el partido la del Gobierno. Los partidos, por su parte, son víctimas de unos principios oligárquicos implacables, puesto que están en manos de un aparato profesional que, a su vez, está dominado por una oligarquía reducida, siendo variables y ambiguas las relaciones entre los oligarcas y el líder. En este marco, el partido gobernante tiende siempre a desmontar de manera descarada e implacable los contrapesos tradicionales (oposición política, burocracia y presión social) para evitar resistencias en su ejercicio del poder. Y, por este camino, se llega a la corrupción generalizada, que es el desgobierno en estado puro. Tal es la causa de la incoherencia de la política anticorrupción que se sigue: por una parte, una repulsa incondicionada y un anuncio constante de represión --que no pasan nunca de meras declaraciones--, y, por otra, la ocultación sistemática de los hechos y la tolerancia práctica. Vivimos --concluye-- en una situación de desgobierno de lo público en la que el modelo proclamado se encuentra deliberada y arteramente falseado en la práctica, hasta convertir el Estado en un botín que los partidos disfrutan alternadamente a través del juego electoral.
No obstante todo ello, el mismo autor nos alerta de que sería incorrecto imputar a la partitocracia la exclusiva responsabilidad por el desgobierno de lo público, aunque es cierto que por los partidos pasan todos los hilos que lo mantienen y fomentan. Esta responsabilidad se extiende a cuantos participan regularmente, aunque no sea de forma permanente, en el ejercicio del poder en cualquiera de sus variantes: política, social y económica.
Si hoy les he dado la lata con este artículo es por dos razones: para que lean --si les interesa-- el libro del profesor Nieto, y para que, cada vez que oigan hablar mal de los políticos, piensen también en los otros. ¡Ay, los otros!
(Artículo de Juan-José López Burniol, publicado en "El Periódico de Aragón" el 31 de octubre de 2009)
Y es también probable que otro de los comensales apostille: "De acuerdo. Esto es tan así, que podría añadirse que la corrupción política es común a todos los partidos, y directamente proporcional a su respectivo grado de participación en la política de gestión". Dicho lo cual, la charla se va por derroteros menos inhóspitos.
Ahora bien, estas reflexiones --improvisadas y ligeras-- se tornan preocupantes cuando se lee el libro que acaba de publicar el profesor Alejandro Nieto El desgobierno de lo público, en el que, siguiendo el camino que inició hace años con La organización del desgobierno, analiza con extremo rigor y notoria pericia técnica "las causas y finalidad del desgobierno del Estado, centrándose el análisis en la partitocracia y en la patrimonialización privada de lo público, en el fracaso de los contrapesos institucionales y en la fuerza de las derivas sociales (irracionalidad, personalización, parasitismo, patrimonialización-) que no se intentan siquiera contrarrestar". Tan es así que --para Nieto-- "la política realizada por un Gobierno es la que resulta del programa anunciado una vez ajustado por los cambios sobrevenidos, los contrapesos encontrados y las derivas no resistidas".
Tras el examen crítico de esta realidad, las conclusiones del profesor Nieto son demoledoras. Los partidos políticos constituyen --según él-- el nervio de todo el sistema, con sus reglas propias de funcionamiento, que no coinciden exactamente con las constitucionales y que se imponen por la coerción psicológica o la manipulación generalizada con arreglo a técnicas de mercadotecnia.
Asimismo, el proceso político real se desarrolla a lo largo de una sucesión de suplantaciones: la Constitución declara que la soberanía reside en la nación y en el pueblo, pero en realidad el Estado suplanta la voluntad del pueblo, el Gobierno la del Estado y el partido la del Gobierno. Los partidos, por su parte, son víctimas de unos principios oligárquicos implacables, puesto que están en manos de un aparato profesional que, a su vez, está dominado por una oligarquía reducida, siendo variables y ambiguas las relaciones entre los oligarcas y el líder. En este marco, el partido gobernante tiende siempre a desmontar de manera descarada e implacable los contrapesos tradicionales (oposición política, burocracia y presión social) para evitar resistencias en su ejercicio del poder. Y, por este camino, se llega a la corrupción generalizada, que es el desgobierno en estado puro. Tal es la causa de la incoherencia de la política anticorrupción que se sigue: por una parte, una repulsa incondicionada y un anuncio constante de represión --que no pasan nunca de meras declaraciones--, y, por otra, la ocultación sistemática de los hechos y la tolerancia práctica. Vivimos --concluye-- en una situación de desgobierno de lo público en la que el modelo proclamado se encuentra deliberada y arteramente falseado en la práctica, hasta convertir el Estado en un botín que los partidos disfrutan alternadamente a través del juego electoral.
No obstante todo ello, el mismo autor nos alerta de que sería incorrecto imputar a la partitocracia la exclusiva responsabilidad por el desgobierno de lo público, aunque es cierto que por los partidos pasan todos los hilos que lo mantienen y fomentan. Esta responsabilidad se extiende a cuantos participan regularmente, aunque no sea de forma permanente, en el ejercicio del poder en cualquiera de sus variantes: política, social y económica.
Si hoy les he dado la lata con este artículo es por dos razones: para que lean --si les interesa-- el libro del profesor Nieto, y para que, cada vez que oigan hablar mal de los políticos, piensen también en los otros. ¡Ay, los otros!
(Artículo de Juan-José López Burniol, publicado en "El Periódico de Aragón" el 31 de octubre de 2009)
TESIS SOBRE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA
Poco antes de la medianoche del lunes pasado, el ex president Jordi Pujol declaraba a TV3, en referencia a la corrupción política, que no le parecía conveniente "tirar de la manta" porque "todos" saldríamos perdiendo. Diez horas más tarde, en una operación policial dirigida por el juez Garzón, eran detenidas diversas personalidades, entre ellas conocidos políticos de CiU y del PSC: ya sabíamos, si es que teníamos dudas, a quién se refería Pujol al decir "todos".
¿Es cierto que si de una vez tiramos de la manta saldremos "todos" perdiendo? Si este "todos" se refiere a los ciudadanos, al contrario: ha llegado el momento de ir aclarando las cosas, de ponerlas en su lugar, antes de que, de verdad, salgamos todos perdiendo, todos los ciudadanos, por supuesto. Nunca había visto a un Pujol tan desfasado, tan tributario de una época, la Catalunya de los años ochenta y noventa, que ha dejado de existir. Estamos en otros tiempos, han sido muchas las decepciones y la indignación está a flor de piel. La gente se ha vuelto descreída, sabe que el enemigo está dentro y que los himnos y las banderas ya no pueden tapar las vergüenzas. Además, comprueba a diario que la corrupción es algo extendido por toda España.
El descrédito de la política y de los políticos es seriamente preocupante, tanto por la ineficacia de sus actuaciones y la lejanía de sus preocupaciones respecto de los intereses generales, como por la incesante corrupción política en la que se ven envueltos. La corrupción política, descrita muy sumariamente, es aquella que consiste en utilizar los cargos y funciones públicas para beneficio personal (o del partido o grupo al que se pertenece) a cambio de una recompensa, en lugar de utilizarlos para aquello que prevén las leyes. Debemos, pues, empezar a tratar en serio de la corrupción política para intentar ponerle remedio. Me permito apuntar, muy brevemente, algunas tesis para el debate.
1. No hay corrupción política sin corrupción social previa. Es desde la sociedad que se puede corromper al político y, por tanto, las responsabilidades deben repartirse equitativamente.
2. Los casos de corrupción política son éticamente inaceptables pero también son inevitables. El problema comienza a ser grave cuando el sistema político y administrativo da tantas facilidades a la corrupción que esta se convierte más en regla que en excepción. Quizás en algunos campos –por ejemplo, el urbanismo y las obras públicas– la situación española haya llegado hace tiempo a este punto.
3. El monopolio de los poderes públicos por partidos políticos cerrados y jerarquizados –lo que se conoce como partitocracia– contribuye a incrementar la corrupción en tanto que estos partidos son redes organizadas que se extienden por amplias zonas territoriales y que, por su participación en el ejercicio del poder, tienden a asegurar una cierta impunidad.
4. Las habituales corruptelas socialmente toleradas fomentan la gran corrupción que, sin embargo, es socialmente condenada. Cobrar en negro para no tributar en el IRPF o entrar en el juego del "con IVA o sin IVA", para poner dos conocidos ejemplos, es el primer paso para justificar, para uno mismo y para los demás, corrupciones de mayor calado e iniciar un ascenso sin parada final. Por esta razón no hay corruptela pequeña y la sociedad, además de las leyes, debe ser intolerante con cualquiera de sus formas y dimensiones.
5. La corrupción política amenaza a la democracia cuando el ciudadano tiene la sensación de que no sólo todas las administraciones públicas son habitualmente venales, sino que sus alternativas políticas también. Sin la posibilidad de escoger en las elecciones a partidos honrados, el ciudadano deja de confiar en el sistema político, se abstiene de votar y en lugar de sentirse moralmente obligado a cumplir la ley intenta eludirla si ello favorece a sus propios intereses. Este desprecio a la ley socava la confianza en el Estado de derecho y pone en riesgo el sistema democrático.
6. El incremento de instancias de poder, así como de las regulaciones que exigen cada vez más licencias y permisos, aumenta las posibilidades de corrupción.
7. Las denuncias de los medios de comunicación y, especialmente, los controles judiciales, son instrumentos imprescindibles para combatir la corrupción. Sin embargo, no bastan cuando las instituciones legales y la complicidad social tienden a fomentarla hasta el punto de que la corrupción misma se convierte en el tronco vertebral del sistema. Por tanto, para combatir la corrupción con eficacia, además de la regeneración moral de la sociedad, es necesaria una reforma institucional que no la facilite.
8. Los nuevos valores éticos que priman ante todo el éxito social y la riqueza económica son el caldo de cultivo en el que se asienta la corrupción. Los deportistas y artistas, entre otros "famosos", que son exhibidos como ejemplo de esta popularidad y dinero fácil, contribuyen a que seamos tolerantes con la corrupción o que la practiquemos en nuestro ámbito sin graves problemas de conciencia.
9. La gran corrupción, la que actúa a través de trama
s internacionales para el blanqueo de capitales, normalmente procedentes de ilegales y abyectos negocios, sólo puede combatirse si se eliminan los paraísos fiscales, unos territorios insólitos en el mundo de hoy que muestran la hipocresía de los estados en la persecución de los delitos.
Seguiremos.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 29 de octubre de 2009)
LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.
La multiplicación de los casos de corrupción, en los que se mezclan indistintamente cargos públicos con profesionales privados, está generando gran inquietud y desaliento entre los ciudadanos. Ya no se trata sólo de un puñado de alcaldes y concejales aplicados a saquear las arcas de sus consistorios. Tampoco se limita la lacra a una trama de logreros o conseguidores que se cuelan por los resquicios de los partidos y de las instituciones públicas para enriquecerse a manos llenas. La gente tiene la certeza de que la mancha de la corrupción es mucho más amplia de lo que sugieren los procesos judiciales en marcha y que afecta a decenas de municipios, diputaciones y gobiernos autonómicos, sin distinción de partidos ni colores ideológicos.
Pese a los esfuerzos y avances de los tribunales en la lucha contra la corrupción, predomina una cierta sensación de impunidad en la opinión pública, como si prevaricar, desfalcar o malversar los caudales públicos fueran actividades poco menos que inmunes. Resulta muy revelador, por ejemplo, que los vecinos de El Ejido o de Santa Coloma de Gramanet, así como de otros ayuntamientos afectados, recibieran las intervenciones judiciales con muestras visibles de alivio y como si el cielo hubiera oído sus plegarias después de tantos años soportando las corruptelas de sus munícipes, que eran de conocimiento general. Todo el mundo sabía lo que ocurría, menos la Justicia. De ahí que los cargos públicos sin escrúpulos actuaran con desparpajo y suficiencia, sin temor a las consecuencias penales. Es evidente que ni los ciudadanos toleran tal estado de cosas ni la sociedad puede digerirlo sin que su salud se deteriore. Corresponde a los poderes públicos, a las instituciones que gestionan el erario y a los partidos políticos revisar y reformar las normas que sean necesarias para erradicar la corrupción. Teniendo en cuenta las ingentes cantidades de dinero que se manejan en las tramas de saqueadores, sale relativamente barato saltarse la Ley. Anteayer, el Congreso aprobó por unanimidad una proposición para endurecer las penas a este tipo de delitos. Es una iniciativa necesaria, pero no suficiente. La lucha contra la corrupción requiere de un conjunto de medidas que la ataquen en todos sus frentes, desde el penal y el civil, hasta el administrativo, el de prevención y de control, de tal manera que no sea fácil ni asequible la vida de los nuevos salteadores de la caja pública. Gran parte de los latrocinios no se habría perpetrado si los organismos de vigilancia hubieran sido más diligentes. También se habrían evitado otros muchos si los tribunales hubieran actuado con celeridad ante las denuncias formuladas. Es ilustrativa la información que hoy publica LA RAZÓN, según la cual la Sindicatura de Cuentas detectó que ya en 2003 había graves irregularidades en el ayuntamiento de Santa Coloma, pero al parecer sus advertencias no hallaron pronta respuesta.
Ayudaría grandemente a la transparencia y limpieza de la actividad pública que se generalizara la publicación de los bienes patrimoniales de todos los cargos, tanto de los alcaldes y concejales de ayuntamientos con más de 50.000 habitantes, como de los diputados y consejeros autonómicos, y de los diputados nacionales. Se trata de seguir los pasos del Gobierno, que este año ha publicado los patrimonios de los ministros, pero ampliando la declaración a la unidad familiar de cada cargo público para evitar falseamientos por el simple procedimiento de poner los bienes a nombre del cónyuge o de los hijos.
(Editorial del diario "La Razón", publicado el 29 de octubre de 2009)
Pese a los esfuerzos y avances de los tribunales en la lucha contra la corrupción, predomina una cierta sensación de impunidad en la opinión pública, como si prevaricar, desfalcar o malversar los caudales públicos fueran actividades poco menos que inmunes. Resulta muy revelador, por ejemplo, que los vecinos de El Ejido o de Santa Coloma de Gramanet, así como de otros ayuntamientos afectados, recibieran las intervenciones judiciales con muestras visibles de alivio y como si el cielo hubiera oído sus plegarias después de tantos años soportando las corruptelas de sus munícipes, que eran de conocimiento general. Todo el mundo sabía lo que ocurría, menos la Justicia. De ahí que los cargos públicos sin escrúpulos actuaran con desparpajo y suficiencia, sin temor a las consecuencias penales. Es evidente que ni los ciudadanos toleran tal estado de cosas ni la sociedad puede digerirlo sin que su salud se deteriore. Corresponde a los poderes públicos, a las instituciones que gestionan el erario y a los partidos políticos revisar y reformar las normas que sean necesarias para erradicar la corrupción. Teniendo en cuenta las ingentes cantidades de dinero que se manejan en las tramas de saqueadores, sale relativamente barato saltarse la Ley. Anteayer, el Congreso aprobó por unanimidad una proposición para endurecer las penas a este tipo de delitos. Es una iniciativa necesaria, pero no suficiente. La lucha contra la corrupción requiere de un conjunto de medidas que la ataquen en todos sus frentes, desde el penal y el civil, hasta el administrativo, el de prevención y de control, de tal manera que no sea fácil ni asequible la vida de los nuevos salteadores de la caja pública. Gran parte de los latrocinios no se habría perpetrado si los organismos de vigilancia hubieran sido más diligentes. También se habrían evitado otros muchos si los tribunales hubieran actuado con celeridad ante las denuncias formuladas. Es ilustrativa la información que hoy publica LA RAZÓN, según la cual la Sindicatura de Cuentas detectó que ya en 2003 había graves irregularidades en el ayuntamiento de Santa Coloma, pero al parecer sus advertencias no hallaron pronta respuesta.
Ayudaría grandemente a la transparencia y limpieza de la actividad pública que se generalizara la publicación de los bienes patrimoniales de todos los cargos, tanto de los alcaldes y concejales de ayuntamientos con más de 50.000 habitantes, como de los diputados y consejeros autonómicos, y de los diputados nacionales. Se trata de seguir los pasos del Gobierno, que este año ha publicado los patrimonios de los ministros, pero ampliando la declaración a la unidad familiar de cada cargo público para evitar falseamientos por el simple procedimiento de poner los bienes a nombre del cónyuge o de los hijos.
(Editorial del diario "La Razón", publicado el 29 de octubre de 2009)
EL DESCRÉDITO DE LA POLÍTICA.
Uno de los síntomas más preocupantes del estado actual de las democracias es el creciente desprestigio de los políticos, a los que se les considera tan ineptos como corruptos. De poco sirve escudarse en que no todos los políticos son iguales, una obviedad manifiesta, ni advertir de las fatales consecuencias para la estabilidad del orden político establecido, una amenaza que al menos tiene la virtud de mostrar lo hondo que esta opinión ha calado.
Empero, lo más grave de la situación radica en que la clase política esté poco dispuesta y menos capacitada, no ya para enfrentarse, sino ni siquiera para detectar las causas de este desprestigio, cuyas perversas secuelas, por otro lado, a nadie se le ocultan. La mala fama de los políticos, que deteriora ya las instituciones, hunde sus raíces en dos malformaciones propias de las democracias contemporáneas: las competencias del Parlamento en buena parte las ejercen los partidos, y éstos no respetan la democracia interna.
Y de ambas, los ganadores, pero también los perdedores, son los políticos, presos de una aporía de la que no pueden librarse. Su legitimidad proviene de representar al conjunto de los ciudadanos, cuya voluntad soberana expresa el Parlamento; pero, los que deberían actuar según los dictados de su conciencia, según reza la Constitución, poco pueden hacer en este sentido. No sólo los reglamentos regulan el comportamiento de los grupos parlamentarios, sin dejar apenas resquicio para una actuación individual responsable, sino que se trata a los parlamentarios como si hubieran recibido un mandato imperativo que restringe casi por completo su libertad, máxime si en las próximas elecciones pretenden mantenerse en las listas.
El mayor acto de libertad individual que le queda al parlamentario es abandonar el grupo en cuya lista ha sido elegido, una decisión que, no importa cómo la justifique, la opinión pública y los partidos consecuentemente la rechazan por no encajar en el sistema de listas cerradas y bloqueadas, pero sin preguntarse si el principio constitucional de actuar según la propia conciencia no fuese tal vez incompatible con la elección en listas cerradas. Nadie accede al Parlamento por méritos propios -aunque algunos, o muchos, puedan tenerlos-, sino por la voluntad de aquellos que los colocan en la lista en un puesto de salida.
Algunas consecuencias graves, que permanecen en una discreta penumbra, se derivan de este modelo electoral. Una vez que dada la complejidad de las sociedades modernas, el Parlamento no parece el instrumento adecuado para legislar y controlar al Ejecutivo, es perfectamente coherente el que se impida el acceso a los que pretendan responder ante su conciencia. Probablemente, un Parlamento de personas libres, elegidas en virtud de su cualificación y con un apoyo popular individualizado, resultaría ingobernable. Pero ante uno de autómatas, la gente no se libra de la impresión de que se obtendría el mismo resultado, y sobre todo sería más barato, si quedase reducido a las cabezas de grupo, aduciendo cada uno el número de escaños con que cuenta.
Antes de ocupar la secretaría general del partido, en sus muchos años de parlamentario, como la mayor parte de sus colegas, el señor Rodríguez Zapatero no tuvo la menor oportunidad de darse a conocer. Aunque se supone una mayor legitimidad democrática en el representante de la nación que en el que asciende en la jerarquía del partido, únicamente se logra una cierta visibilidad cuando se llega a la cúspide de la organización. La parte más dura, y la decisiva, en la vida de un político se realiza con la mayor opacidad de puertas adentro. Se puede llegar al poder sin haber tenido apenas contacto con el país real y desconociendo por completo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. A veces ni siquiera se guardan las formas, y el jefe nombra directamente a su sucesor, el "dedazo" que dicen los mexicanos, que practicó tanto González con Almunia, como Aznar con Rajoy.
El que el Parlamento ya no sirva de plataforma para seleccionar a los líderes explica que el debate político, salvo en ocasiones excepcionales, se haya trasladado a los medios. Algunos comentaristas, tertulianos o columnistas, son más conocidos e influyentes que la mayor parte de los parlamentarios. Agazapados en sus escaños y callados como muertos ante escándalos de los que todos hablan, menos ellos, terminan por tragar todo lo que les echen ¿Saben de algún político del PP que se haya posicionado ante las noticias escalofriantes que a diario nos proporcionan los periódicos? En conversaciones privadas, y algunos más privilegiados en los medios, todos expresamos una opinión, menos la inmensa mayoría de los políticos, que se han convertido en los únicos ciudadanos a los que parece que no les concierne nada de lo que sucede.
Callar por miedo a los altos costos personales que habría que pagar si se cumpliera con esta obligación implica un tipo de corrupción que el derecho penal no castiga, pero que fomenta el que se expandan otras formas punibles. Una clase política, dispuesta a asumir sin el menor filtro crítico todo lo que dicte la cúpula, ampara la corrupción, al fomentar el marco de silencio que necesita para reproducirse. Cuando se ha renunciado a manifestar lo que se piensa, echando por la borda principios y convicciones, la única compensación es asegurarse un beneficio personal.
Los políticos que tenemos son producto de los dos hechos enunciados: pérdida de la centralidad del Parlamento, desplazado a mero instrumento de ratificación de lo decidido fuera de su órbita, y el que en los partidos la democracia interna haya quedado reducida a mínimos. Los políticos son los ganadores de esta situación, en cuanto muchos, si otras hubieren sido las vías de acceso, no habrían llegado a los cargos que ocupan, pero también son los perdedores, porque una vez instalados perciben en su propia carne hasta qué punto les perjudica cualquier intento de sobresalir o tan sólo mostrar alguna ambición. El Parlamento, lejos de ser la plataforma en la que poner de manifiesto la valía personal, se rige por la consigna de que "el que se mueva, no sale en la foto".
El desprestigio creciente de los políticos tiene su fundamento en un sistema de selección y promoción que no favorece a los mejores, aunque algunos de primera hayan sabido acoplarse a las condiciones impuestas, conscientes de que no se puede navegar contra viento y marea. A éstos les favorecería un cambio en las reglas de juego, pero la más pequeña innovación que promoviese una mayor competitividad interna no parece viable, al oponerse con gran tesón la cúspide de los partidos.
Aunque seguirá creciendo el distanciamiento de la población ante los políticos, mientras la participación no baje de un 50% y se mantenga una polarización visceral entre las sedicentes izquierda y derecha que refuerza la cohesión interna; mientras que la política social, gobierne el que gobierne, descienda a un ritmo tolerable y se perfeccionen los canales por los que transcurre la corrupción, de modo que los escándalos se dosifiquen en el tiempo, y sobre todo sigamos con una Ley Electoral tan injusta como poco apropiada para restablecer el prestigio de los políticos, me temo que los partidos esperarán a que pase el chaparrón y se apacigüen los ánimos, sin emprender nada que pueda disminuir el poder acumulado.
(Artículo de Ignacio Sotelo, publicado en "El País" el 29 de octubre de 2009)
Empero, lo más grave de la situación radica en que la clase política esté poco dispuesta y menos capacitada, no ya para enfrentarse, sino ni siquiera para detectar las causas de este desprestigio, cuyas perversas secuelas, por otro lado, a nadie se le ocultan. La mala fama de los políticos, que deteriora ya las instituciones, hunde sus raíces en dos malformaciones propias de las democracias contemporáneas: las competencias del Parlamento en buena parte las ejercen los partidos, y éstos no respetan la democracia interna.
Y de ambas, los ganadores, pero también los perdedores, son los políticos, presos de una aporía de la que no pueden librarse. Su legitimidad proviene de representar al conjunto de los ciudadanos, cuya voluntad soberana expresa el Parlamento; pero, los que deberían actuar según los dictados de su conciencia, según reza la Constitución, poco pueden hacer en este sentido. No sólo los reglamentos regulan el comportamiento de los grupos parlamentarios, sin dejar apenas resquicio para una actuación individual responsable, sino que se trata a los parlamentarios como si hubieran recibido un mandato imperativo que restringe casi por completo su libertad, máxime si en las próximas elecciones pretenden mantenerse en las listas.
El mayor acto de libertad individual que le queda al parlamentario es abandonar el grupo en cuya lista ha sido elegido, una decisión que, no importa cómo la justifique, la opinión pública y los partidos consecuentemente la rechazan por no encajar en el sistema de listas cerradas y bloqueadas, pero sin preguntarse si el principio constitucional de actuar según la propia conciencia no fuese tal vez incompatible con la elección en listas cerradas. Nadie accede al Parlamento por méritos propios -aunque algunos, o muchos, puedan tenerlos-, sino por la voluntad de aquellos que los colocan en la lista en un puesto de salida.
Algunas consecuencias graves, que permanecen en una discreta penumbra, se derivan de este modelo electoral. Una vez que dada la complejidad de las sociedades modernas, el Parlamento no parece el instrumento adecuado para legislar y controlar al Ejecutivo, es perfectamente coherente el que se impida el acceso a los que pretendan responder ante su conciencia. Probablemente, un Parlamento de personas libres, elegidas en virtud de su cualificación y con un apoyo popular individualizado, resultaría ingobernable. Pero ante uno de autómatas, la gente no se libra de la impresión de que se obtendría el mismo resultado, y sobre todo sería más barato, si quedase reducido a las cabezas de grupo, aduciendo cada uno el número de escaños con que cuenta.
Antes de ocupar la secretaría general del partido, en sus muchos años de parlamentario, como la mayor parte de sus colegas, el señor Rodríguez Zapatero no tuvo la menor oportunidad de darse a conocer. Aunque se supone una mayor legitimidad democrática en el representante de la nación que en el que asciende en la jerarquía del partido, únicamente se logra una cierta visibilidad cuando se llega a la cúspide de la organización. La parte más dura, y la decisiva, en la vida de un político se realiza con la mayor opacidad de puertas adentro. Se puede llegar al poder sin haber tenido apenas contacto con el país real y desconociendo por completo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. A veces ni siquiera se guardan las formas, y el jefe nombra directamente a su sucesor, el "dedazo" que dicen los mexicanos, que practicó tanto González con Almunia, como Aznar con Rajoy.
El que el Parlamento ya no sirva de plataforma para seleccionar a los líderes explica que el debate político, salvo en ocasiones excepcionales, se haya trasladado a los medios. Algunos comentaristas, tertulianos o columnistas, son más conocidos e influyentes que la mayor parte de los parlamentarios. Agazapados en sus escaños y callados como muertos ante escándalos de los que todos hablan, menos ellos, terminan por tragar todo lo que les echen ¿Saben de algún político del PP que se haya posicionado ante las noticias escalofriantes que a diario nos proporcionan los periódicos? En conversaciones privadas, y algunos más privilegiados en los medios, todos expresamos una opinión, menos la inmensa mayoría de los políticos, que se han convertido en los únicos ciudadanos a los que parece que no les concierne nada de lo que sucede.
Callar por miedo a los altos costos personales que habría que pagar si se cumpliera con esta obligación implica un tipo de corrupción que el derecho penal no castiga, pero que fomenta el que se expandan otras formas punibles. Una clase política, dispuesta a asumir sin el menor filtro crítico todo lo que dicte la cúpula, ampara la corrupción, al fomentar el marco de silencio que necesita para reproducirse. Cuando se ha renunciado a manifestar lo que se piensa, echando por la borda principios y convicciones, la única compensación es asegurarse un beneficio personal.
Los políticos que tenemos son producto de los dos hechos enunciados: pérdida de la centralidad del Parlamento, desplazado a mero instrumento de ratificación de lo decidido fuera de su órbita, y el que en los partidos la democracia interna haya quedado reducida a mínimos. Los políticos son los ganadores de esta situación, en cuanto muchos, si otras hubieren sido las vías de acceso, no habrían llegado a los cargos que ocupan, pero también son los perdedores, porque una vez instalados perciben en su propia carne hasta qué punto les perjudica cualquier intento de sobresalir o tan sólo mostrar alguna ambición. El Parlamento, lejos de ser la plataforma en la que poner de manifiesto la valía personal, se rige por la consigna de que "el que se mueva, no sale en la foto".
El desprestigio creciente de los políticos tiene su fundamento en un sistema de selección y promoción que no favorece a los mejores, aunque algunos de primera hayan sabido acoplarse a las condiciones impuestas, conscientes de que no se puede navegar contra viento y marea. A éstos les favorecería un cambio en las reglas de juego, pero la más pequeña innovación que promoviese una mayor competitividad interna no parece viable, al oponerse con gran tesón la cúspide de los partidos.
Aunque seguirá creciendo el distanciamiento de la población ante los políticos, mientras la participación no baje de un 50% y se mantenga una polarización visceral entre las sedicentes izquierda y derecha que refuerza la cohesión interna; mientras que la política social, gobierne el que gobierne, descienda a un ritmo tolerable y se perfeccionen los canales por los que transcurre la corrupción, de modo que los escándalos se dosifiquen en el tiempo, y sobre todo sigamos con una Ley Electoral tan injusta como poco apropiada para restablecer el prestigio de los políticos, me temo que los partidos esperarán a que pase el chaparrón y se apacigüen los ánimos, sin emprender nada que pueda disminuir el poder acumulado.
(Artículo de Ignacio Sotelo, publicado en "El País" el 29 de octubre de 2009)
LA VERGÜENZA
En un país que no tiene Estado, que no dispone de embajadas, que no tiene grandes conquistadores ni inventores y que su sabiduría se ve relegada a la intimidad, lo único que nos salva es la conciencia colectiva de ser los más guapos del mundo. Así lo hemos venido creyendo a lo largo de los años, cuando el país se ha sentido país precisamente por la variedad de su paisaje, la calidad de sus vinos, la laboriosidad de sus gentes, el carácter liberal de sus ciudadanos y la belleza de su arquitectura. Eso es Catalunya. Eso y sobre todo un constante goteo de derrotas militares y de opresiones más o menos finas que siempre sirven para homogeneizar la masa catalana.
Pero en los últimos tiempos, privados de honorables maestros pasteleros que nos hacían creer en confusos liderazgos, la idea de país ha ido deshilachándose. Y no porque el paisaje se haya embrutecido ni porque sus vinos se hayan agriado. Simplemente: que la gente ya no es la misma. Y no me refiero a la gente común, tan laboriosa como siempre o aún más si no estuviera golpeada por el azote del paro. Me refiero a esa gente que formaba parte de la aristocracia del dinero y del mecenazgo. Primero fue Millet. Ahora es esa curiosa operación Pretoria que ha metido en el cuartel de la Guardia Civil a lo peor de cada casa. Exdiputados socialistas, alcaldes con vara alta, consejeros eternos o áulicos que, en sus ratos libres, se dedicaban a las labores domésticas de lavar el dinero negro que les llegaba de muy lejos. Es entonces cuando hasta a la madrastra de Blancanieves le sobreviene una enorme vergüenza y el espejo se rasga de parte a parte. No somos los más guapos, porque nuestros embajadores no son tan buenos como pensábamos.
El consuelo de los más allegados a los detenidos se resume en una frase: «No hagáis caso. Todo es una baladronada más a la que nos tiene acostumbrados el juez Garzón». Pero incluso los incrédulos de la compulsiva actividad garzoniana no se dan cuenta de que en este tema, como en tantos otros, lo importante no es la verdad. Lo verdaderamente importante es que el caso que hoy se nos ofrece es perfectamente creíble. Y cuando eso sucede, es señal de que nuestra autoestima está hecha jirones. ¿Qué les van a decir ahora los políticos a sus votantes para explicar la lenta erosión interior de un país en el que el más tonto hace relojes? Blanquear dinero, llevarse dineros públicos a casa, vivir al margen de la ley y continuar actuando en la impunidad convierte una Catalunya bien educada y doliente en una Catalunya de bandoleros y usurpadores.
Y lo primero que nos han usurpado han sido precisamente las palabras. ¿Cuántas veces algunos de los hoy detenidos habrán puesto el nombre de Catalunya en su boca? ¿En cuántas ocasiones los actuales presuntos culpables habrán gritado ante sus votantes el nombre del socialismo como el horizonte de igualdad que ellos no estaban dispuestos a practicar? La democracia se hunde con comportamientos como los que ahora afloran a la luz. Pronto se exigirá como un clamor que las listas sean abiertas y que los votantes puedan penalizar con un rápido trazo de bolígrafo el nombre del candidato indeseable. Las listas abiertas no son la panacea, pero al menos constituyen un riesgo para aquellos que se sirven de la política hasta exprimirnos los ideales.
Hoy es un día en el que la vergüenza pequeña que nos proporcionaba un solo nombre se ha visto ampliada a una vergüenza panorámica. No sabemos a dónde mirar.
(Artículo de Joan Barril, publicado en "El Periódico de Catalunya" el 28 de octubre de 2009)
Pero en los últimos tiempos, privados de honorables maestros pasteleros que nos hacían creer en confusos liderazgos, la idea de país ha ido deshilachándose. Y no porque el paisaje se haya embrutecido ni porque sus vinos se hayan agriado. Simplemente: que la gente ya no es la misma. Y no me refiero a la gente común, tan laboriosa como siempre o aún más si no estuviera golpeada por el azote del paro. Me refiero a esa gente que formaba parte de la aristocracia del dinero y del mecenazgo. Primero fue Millet. Ahora es esa curiosa operación Pretoria que ha metido en el cuartel de la Guardia Civil a lo peor de cada casa. Exdiputados socialistas, alcaldes con vara alta, consejeros eternos o áulicos que, en sus ratos libres, se dedicaban a las labores domésticas de lavar el dinero negro que les llegaba de muy lejos. Es entonces cuando hasta a la madrastra de Blancanieves le sobreviene una enorme vergüenza y el espejo se rasga de parte a parte. No somos los más guapos, porque nuestros embajadores no son tan buenos como pensábamos.
El consuelo de los más allegados a los detenidos se resume en una frase: «No hagáis caso. Todo es una baladronada más a la que nos tiene acostumbrados el juez Garzón». Pero incluso los incrédulos de la compulsiva actividad garzoniana no se dan cuenta de que en este tema, como en tantos otros, lo importante no es la verdad. Lo verdaderamente importante es que el caso que hoy se nos ofrece es perfectamente creíble. Y cuando eso sucede, es señal de que nuestra autoestima está hecha jirones. ¿Qué les van a decir ahora los políticos a sus votantes para explicar la lenta erosión interior de un país en el que el más tonto hace relojes? Blanquear dinero, llevarse dineros públicos a casa, vivir al margen de la ley y continuar actuando en la impunidad convierte una Catalunya bien educada y doliente en una Catalunya de bandoleros y usurpadores.
Y lo primero que nos han usurpado han sido precisamente las palabras. ¿Cuántas veces algunos de los hoy detenidos habrán puesto el nombre de Catalunya en su boca? ¿En cuántas ocasiones los actuales presuntos culpables habrán gritado ante sus votantes el nombre del socialismo como el horizonte de igualdad que ellos no estaban dispuestos a practicar? La democracia se hunde con comportamientos como los que ahora afloran a la luz. Pronto se exigirá como un clamor que las listas sean abiertas y que los votantes puedan penalizar con un rápido trazo de bolígrafo el nombre del candidato indeseable. Las listas abiertas no son la panacea, pero al menos constituyen un riesgo para aquellos que se sirven de la política hasta exprimirnos los ideales.
Hoy es un día en el que la vergüenza pequeña que nos proporcionaba un solo nombre se ha visto ampliada a una vergüenza panorámica. No sabemos a dónde mirar.
(Artículo de Joan Barril, publicado en "El Periódico de Catalunya" el 28 de octubre de 2009)
CORRUPCIÓN, TOLERANCIA CERO
"TENEMOS una república que no sigue las leyes de las otras ciudades vecinas y comarcanas, sino que da leyes y ejemplo a las otras, y nuestro gobierno se llama democracia". Lo decía orgulloso, 431 años antes de Cristo, el político ateniense Pericles para quien su ciudad era un modelo de cultura cívica y la democracia un valor esencial y central de la persona. Algo más de dos milenios después, en el final del XVIII, el presidente George Washington marcaba una misma línea de conducta ética: "Tengo la norma, no menos aplicable en los asuntos públicos que en los privados, de que la mejor política es siempre la honradez".
En lo privado y en lo público. ¡Qué lejos parecen ambos y sus valores de los ejemplos de corrupción en la vida pública, y posiblemente en la privada, que nos están dejando las primeras páginas de los periódicos y que ya casi contemplamos con la asepsia del que se acostumbra a comportamientos "normalizados". La noticia ayer de la detención de dos ex altos cargos de la Generalitat en tiempos de Jordi Pujol, los dos sobradamente conocidos y, entonces, con un gran poder, junto a un alcalde y al constructor de turno, no es una noticia que nos sorprenda. Querría aplicar la presunción de inocencia a la que todos tienen derecho, al menos hasta que haya una sentencia judicial que confirme o rechace el posible delito, pero cada día hay un nuevo caso, un presunto asunto de corrupción en Galicia o en Andalucía, en Valencia o en Madrid, por toda la geografía política española.
Van a pensar los ciudadanos que toda la clase política es corrupta y busca el beneficio personal sin límites. Se denuncia malversación, supuesta, de cientos de millones de euros como cualquier ciudadano habla de su sueldo mileurista. Se habla de favores pagados y comprados como de una invitación a tomar una copa en el bar de la esquina. Y al final, aunque hay una inmensa mayoría de políticos que trabajan lealmente por sus conciudadanos, como decía Pericles, "dignos ciertamente de ser imitados por vosotros", la imagen que transmiten muchos alcaldes, concejales, diputados, senadores, consejeros y hasta presidentes de autonomías es la de ser corruptos consumados o en potencia o vehículos de corrupción social en un mundo podrido.
Unos y otros, y los partidos que lo amparan lo toleran o lo ignoran, están haciendo un daño terrible a la democracia. Contra la corrupción, tolerancia cero. Los partidos deberían ser intransigentes. Dineros o cargos, públicos o privados, pero especialmente los primeros deben ser transparentes y al servicio de los ciudadanos todos, no para el engorde personal de los que medran. La democracia es cultura y educación. ¿Qué vamos a decir a los más jóvenes si, por fortuna, son lectores de periódicos, escuchan la radio o ven la televisión y contemplan el ejemplo permanente de corruptos de todos los colores y partidos No hay peor legado que una democracia desengañada, escéptica y sin confianza en sus instituciones.
(Artículo de Francisco Muro de Iscar, publicado en "Diario del AltoAragón" el 28 de octubre de 2009)
En lo privado y en lo público. ¡Qué lejos parecen ambos y sus valores de los ejemplos de corrupción en la vida pública, y posiblemente en la privada, que nos están dejando las primeras páginas de los periódicos y que ya casi contemplamos con la asepsia del que se acostumbra a comportamientos "normalizados". La noticia ayer de la detención de dos ex altos cargos de la Generalitat en tiempos de Jordi Pujol, los dos sobradamente conocidos y, entonces, con un gran poder, junto a un alcalde y al constructor de turno, no es una noticia que nos sorprenda. Querría aplicar la presunción de inocencia a la que todos tienen derecho, al menos hasta que haya una sentencia judicial que confirme o rechace el posible delito, pero cada día hay un nuevo caso, un presunto asunto de corrupción en Galicia o en Andalucía, en Valencia o en Madrid, por toda la geografía política española.
Van a pensar los ciudadanos que toda la clase política es corrupta y busca el beneficio personal sin límites. Se denuncia malversación, supuesta, de cientos de millones de euros como cualquier ciudadano habla de su sueldo mileurista. Se habla de favores pagados y comprados como de una invitación a tomar una copa en el bar de la esquina. Y al final, aunque hay una inmensa mayoría de políticos que trabajan lealmente por sus conciudadanos, como decía Pericles, "dignos ciertamente de ser imitados por vosotros", la imagen que transmiten muchos alcaldes, concejales, diputados, senadores, consejeros y hasta presidentes de autonomías es la de ser corruptos consumados o en potencia o vehículos de corrupción social en un mundo podrido.
Unos y otros, y los partidos que lo amparan lo toleran o lo ignoran, están haciendo un daño terrible a la democracia. Contra la corrupción, tolerancia cero. Los partidos deberían ser intransigentes. Dineros o cargos, públicos o privados, pero especialmente los primeros deben ser transparentes y al servicio de los ciudadanos todos, no para el engorde personal de los que medran. La democracia es cultura y educación. ¿Qué vamos a decir a los más jóvenes si, por fortuna, son lectores de periódicos, escuchan la radio o ven la televisión y contemplan el ejemplo permanente de corruptos de todos los colores y partidos No hay peor legado que una democracia desengañada, escéptica y sin confianza en sus instituciones.
(Artículo de Francisco Muro de Iscar, publicado en "Diario del AltoAragón" el 28 de octubre de 2009)
POLÍTICA I ANTIPOLÍTICA
L’exercici de la crítica política necessita una notable dosi, si no d’ingenuïtat, sí de confiança en alguns principis democràtics de referència. Si no fos així, si no hi hagués una més que raonable esperança que les coses poden ser d’una altra manera, certament, n’hi hauria per plegar. I és que per fer de testimoni cínic i desesperançat de tal com és la crua realitat de la vida política, més valdria deixar-ho córrer. Sí: a la vista del clima polític general del nostre país, la més gran temptació tant del ciutadà del carrer com de l’articulista que signa seria arribar a la conclusió que no n’hi ha ni un pam de net. I, en conseqüència, el més fàcil seria que arrelessin encara més –si això és possible– els sentiments antipolítics.
Certament, la vida política, la dels partits, és tèrbola. Hi ha una barreja d’idealitats i interessos, de proclamació de principis i de negociació de misèries, de bona fe i de maquiavel·lisme, de lucidesa i d’autoengany, de voluntat de servei i d’apetència de poder, que són difícils de destriar perquè, en el fons, unes dimensions descansen sobre les altres. En aquest sentit, potser la política no és gaire diferent de la resta de la vida social, en la qual la realitat quotidiana també es construeix sobre l’ambigüitat de les persones i l’ambivalència dels fets. Ara bé, la naturalesa pública de la política, pel lideratge moral que se n’espera, per la responsabilitat que té sobre els destins de les persones, explica que se li exigeixi un comportament exemplar. I, ara mateix, som molt i molt lluny d’aquesta exemplaritat.
El cas és que la descoberta del comportament il·lícit dels dirigents del Palau de la Música, més enllà de la gravetat penal pel robatori, ha estès una ombra de sospita encara més espessa tant sobre la mateixa societat civil com sobre les administracions i els partits polítics. Però no siguem babaus: aquesta ombra de sospita està sent escampada de manera interessada i per raons polítiques. D’una banda, hi ha els interessos espanyolistes que han trobat una nova ocasió per desacreditar la societat catalana en el seu conjunt. Joan B. Culla ho explicava amb la seva habitual intel·ligència irònica en aquestes pàgines al recent article La cartera i la bandera. D’altra banda, aquests fets també han estat manipulats des de dins del país per erosionar el partit que, a un any vista de les eleccions, tenia i té totes les de tornar a guanyar, i ara amb possibilitats certes de governar. Efectivament, l’afer Millet ha caigut com el mannà del cel sobre un PSC políticament desacreditat, per intentar embrutar CiU, i més particularment CDC, amb un cinisme mereixedor de la més gran de les condemnes. És cert que els convenis signats entre la Fundació Trias Fargas i el senyor Millet són, com a mínim, poc elegants i de mal justificar. Ara bé, que aquesta crítica al que podria haver estat un mecanisme opac de finançament polític vingui, de manera tan bel·ligerant i agressiva, de part dels dirigents socialistes i de la premsa governamental és un escàndol. L’acarnissament oportunista del PSC amb l’afer dels convenis amb la Fundació de CDC –un tema que ni tan sols forma part del procés contra Millet perquè, lleig o no, no té res de delictiu– fa molt de mal a la política. I en fa, de mal, perquè no és una crítica feta des de l’honestedat esgrimida, sinó des d’un fariseisme de sepulcre blanquejat a l’interior del qual hi ha procediments tan o més mesquins que els denunciats, amb independència de la seva legalitat.
Sigui com sigui, la repugnància que produeix aquest tipus de procediments, només explicable pel nerviosisme dels operaris de la maquina de manar que és el PSC davant la possibilitat de perdre l’alcaldia de Barcelona i el govern de la Generalitat, no s’acaba amb la condemna d’uns i la salvació dels altres. Tot al contrari: s’acaba amb el descrèdit general de la política i en l’establiment d’un clima antipolític que proporciona les bases per a l’aparició de formes de populisme suposadament regenerador, tan perillós per a la democràcia. Exemples relativament propers a nosaltres d’aparició de cabdills salvadors que s’instal·len al poder i s’hi queden per molt temps com a resultat d’aquesta fase prèvia d’autoliquidació de la confiança en els partits tradicionals haurien de ser suficients per posar en alerta els partits tradicionals.
Tanmateix, sembla més que demostrat que el sistema actual de partits no dóna senyals de ser capaç de regenerar-se des de dins. CiU no va ser capaç de fer una llei electoral en vint-i-tres anys, però el tripartit ha demostrat la mateixa incapacitat en sis anys més. I el greu problema del finançament d’uns partits polítics sobredimensionats i ineficients segueix sense solució perquè no és habitual que algú vulgui ser el cirurgià que s’amputa la pròpia cama. En definitiva: el descrèdit no para de créixer. I és precisament en aquest punt del drama que, una de dues: o apareixen líders rupturistes des de dins dels mateixos partits –ara com ara, un fet improbable en la política catalana– o es crea un moviment des de la societat civil per fer possible l’esquerda que hauria de permetre l’entrada d’aire fresc dins d’un sistema en el qual s’acaben asfixiant fins i tot els que esperaven viure-hi protegits. Un moviment que, atenció, no pot ser antipolític, sinó tot al contrari: radicalment polític, radicalment democràtic i, alhora, sense temptacions d’ocupar l’espai que pertoca als partits. No es tracta de promoure salvapàtries, sinó de fer un gest d’extrema generositat, de guanyar molta força per, després de contribuir a oxigenar el sistema, cedir-la a qui legítimament la mereixi. Parlo, esclar, d’allò que podria ser, a les properes eleccions, el paper Reagrupament. Com que es tracta d’un moviment en procés de formació i de deliberació interna sobre ell mateix, no sóc ningú per aventurar en què acabarà. Però crec que seria un error que es repengés en l’antipolítica o que tingués temptacions antipartidistes i, en aquest sentit, populistes, a l’estil del discurs de Ciudadanos o de Nebrera. Una oferta electoral que es proposa la independència del país i la radicalitat democràtica del sistema –dos objectius indestriables–, ha de tenir clar que el seu èxit final implicarà, necessàriament, la seva desaparició.
Entenc que, quan la impostura i paraula cínica planen sobre la política del nostre país, opinions com aquesta semblin patèticament ingènues. Però em demano si, a hores d’ara, no és a través d’un gest d’esperança gairebé cega que podem sortir de la temptació antipolítica.
(Artículo de Salvador Cardús i Ros, publicado en "Avui" el 25 de octubre de 2009)
Certament, la vida política, la dels partits, és tèrbola. Hi ha una barreja d’idealitats i interessos, de proclamació de principis i de negociació de misèries, de bona fe i de maquiavel·lisme, de lucidesa i d’autoengany, de voluntat de servei i d’apetència de poder, que són difícils de destriar perquè, en el fons, unes dimensions descansen sobre les altres. En aquest sentit, potser la política no és gaire diferent de la resta de la vida social, en la qual la realitat quotidiana també es construeix sobre l’ambigüitat de les persones i l’ambivalència dels fets. Ara bé, la naturalesa pública de la política, pel lideratge moral que se n’espera, per la responsabilitat que té sobre els destins de les persones, explica que se li exigeixi un comportament exemplar. I, ara mateix, som molt i molt lluny d’aquesta exemplaritat.
El cas és que la descoberta del comportament il·lícit dels dirigents del Palau de la Música, més enllà de la gravetat penal pel robatori, ha estès una ombra de sospita encara més espessa tant sobre la mateixa societat civil com sobre les administracions i els partits polítics. Però no siguem babaus: aquesta ombra de sospita està sent escampada de manera interessada i per raons polítiques. D’una banda, hi ha els interessos espanyolistes que han trobat una nova ocasió per desacreditar la societat catalana en el seu conjunt. Joan B. Culla ho explicava amb la seva habitual intel·ligència irònica en aquestes pàgines al recent article La cartera i la bandera. D’altra banda, aquests fets també han estat manipulats des de dins del país per erosionar el partit que, a un any vista de les eleccions, tenia i té totes les de tornar a guanyar, i ara amb possibilitats certes de governar. Efectivament, l’afer Millet ha caigut com el mannà del cel sobre un PSC políticament desacreditat, per intentar embrutar CiU, i més particularment CDC, amb un cinisme mereixedor de la més gran de les condemnes. És cert que els convenis signats entre la Fundació Trias Fargas i el senyor Millet són, com a mínim, poc elegants i de mal justificar. Ara bé, que aquesta crítica al que podria haver estat un mecanisme opac de finançament polític vingui, de manera tan bel·ligerant i agressiva, de part dels dirigents socialistes i de la premsa governamental és un escàndol. L’acarnissament oportunista del PSC amb l’afer dels convenis amb la Fundació de CDC –un tema que ni tan sols forma part del procés contra Millet perquè, lleig o no, no té res de delictiu– fa molt de mal a la política. I en fa, de mal, perquè no és una crítica feta des de l’honestedat esgrimida, sinó des d’un fariseisme de sepulcre blanquejat a l’interior del qual hi ha procediments tan o més mesquins que els denunciats, amb independència de la seva legalitat.
Sigui com sigui, la repugnància que produeix aquest tipus de procediments, només explicable pel nerviosisme dels operaris de la maquina de manar que és el PSC davant la possibilitat de perdre l’alcaldia de Barcelona i el govern de la Generalitat, no s’acaba amb la condemna d’uns i la salvació dels altres. Tot al contrari: s’acaba amb el descrèdit general de la política i en l’establiment d’un clima antipolític que proporciona les bases per a l’aparició de formes de populisme suposadament regenerador, tan perillós per a la democràcia. Exemples relativament propers a nosaltres d’aparició de cabdills salvadors que s’instal·len al poder i s’hi queden per molt temps com a resultat d’aquesta fase prèvia d’autoliquidació de la confiança en els partits tradicionals haurien de ser suficients per posar en alerta els partits tradicionals.
Tanmateix, sembla més que demostrat que el sistema actual de partits no dóna senyals de ser capaç de regenerar-se des de dins. CiU no va ser capaç de fer una llei electoral en vint-i-tres anys, però el tripartit ha demostrat la mateixa incapacitat en sis anys més. I el greu problema del finançament d’uns partits polítics sobredimensionats i ineficients segueix sense solució perquè no és habitual que algú vulgui ser el cirurgià que s’amputa la pròpia cama. En definitiva: el descrèdit no para de créixer. I és precisament en aquest punt del drama que, una de dues: o apareixen líders rupturistes des de dins dels mateixos partits –ara com ara, un fet improbable en la política catalana– o es crea un moviment des de la societat civil per fer possible l’esquerda que hauria de permetre l’entrada d’aire fresc dins d’un sistema en el qual s’acaben asfixiant fins i tot els que esperaven viure-hi protegits. Un moviment que, atenció, no pot ser antipolític, sinó tot al contrari: radicalment polític, radicalment democràtic i, alhora, sense temptacions d’ocupar l’espai que pertoca als partits. No es tracta de promoure salvapàtries, sinó de fer un gest d’extrema generositat, de guanyar molta força per, després de contribuir a oxigenar el sistema, cedir-la a qui legítimament la mereixi. Parlo, esclar, d’allò que podria ser, a les properes eleccions, el paper Reagrupament. Com que es tracta d’un moviment en procés de formació i de deliberació interna sobre ell mateix, no sóc ningú per aventurar en què acabarà. Però crec que seria un error que es repengés en l’antipolítica o que tingués temptacions antipartidistes i, en aquest sentit, populistes, a l’estil del discurs de Ciudadanos o de Nebrera. Una oferta electoral que es proposa la independència del país i la radicalitat democràtica del sistema –dos objectius indestriables–, ha de tenir clar que el seu èxit final implicarà, necessàriament, la seva desaparició.
Entenc que, quan la impostura i paraula cínica planen sobre la política del nostre país, opinions com aquesta semblin patèticament ingènues. Però em demano si, a hores d’ara, no és a través d’un gest d’esperança gairebé cega que podem sortir de la temptació antipolítica.
(Artículo de Salvador Cardús i Ros, publicado en "Avui" el 25 de octubre de 2009)
¿DEMOCRACIA SIN VALORES?
En no pocas ocasiones, en algunas de mis aportaciones aparecidas en publicaciones de mayor incidencia científica, he solido repetir, como una de las constantes de nuestro devenir sociopolítico la tendencia a partir de cero tras cada cambio político, condenando en su totalidad el contenido del inmediato pasado y, sobre todo, cayendo en la tentación de partear supuestos «nuevos mundos» que se anuncian como soluciones para siempre. A esto se ha unido muchas veces el defecto de que lo que se engendraba estaba estrechamente unido a las circunstancias históricas y sociales de un momento dado. Con escasa o casi nula prevención de lo que habría de venir. Lo inmediato ha solido oscurecer la reflexión y cautela de lo posterior. Los españolitos que vivimos con lucidez el fenómeno de nuestra última transición, hasta ahora alabada como casi proeza sin mezcla del mal alguno, podemos recordar los ecos de lo que con frenesí se demandaba por doquier: Constitución, amnistía y, sobre todo, «estatutos de autonomía». Únicamente en lo primero había parcelas valorativas. Pero, desde la actualidad, es posible comprobar que incluso el texto de 1978 miraba mucho más a lo cercano que a lo futuro. La hegemónica concesión a los partidos políticos y las excesivas complacencias en la regulación de las autonomías son pruebas de lo primero. La ausencia de alusión al transfuguismo y hasta la más importante ausencia de algún que otro artículo sobre la figura del Heredero de la Corona (¡acaso se pensaba que nunca iba a crecer!) lo son de lo segundo.
Allá en 1980 lancé un aviso (por supuesto, ignorado por el poder y poder es tanto gobierno como oposición) titulando como asignatura pendiente la fijación y divulgación de valores acordes con la democracia. Estimaba que se trataba de un menester urgente por no pocas razones. Había una coyuntural. A mi entender, el régimen autoritario recién desaparecido no había tenido una ideología fuerte y unitaria (¡por eso, entre otras razones, no cabía entenderlo como fascismo!), sino un conjunto de aportaciones venidas de diversas fuentes y necesarias para tanto durar. Pero, en su larga duración sí que originó una mentalidad con valores y símbolos que perduraron tras desaparecer el franquismo. Mucho de esto se quiso borrar de un plumazo no exento de ira mucho después, precisamente cuando dicha ira ya no tenía ningún sentido tras el espíritu que cobijó y predicó el Tránsito. Y lo más grave, en concordancia con la constante antes descrita, sin el esfuerzo por un nuevo elenco valorativo. Es decir, se creó un sistema de instituciones que ahí están, funcionando mejor o peor, pero con casi ausencia de valores. Hasta el punto de que, a estas alturas, pueden algunos hablar de democracia sin ciudadanos auténticamente demócratas.
Por lo demás, cuanto acabo de afirmar viene muy de lejos. Ya Aristóteles, cuando se preguntaba por lo mejor para conseguir la estabilidad de un régimen político y afianzar su permanencia, concluía con la afirmación de que «de nada sirven las leyes más útiles, incluso ratificadas unánimemente por todo el cuerpo civil, si los ciudadanos no son entrenados y educados en el régimen». Y ello era necesario para cualquier clase de régimen. «Lo que se quiera para la ciudad, póngase en la escuela», sentenciaba Platón. Y la cadena de afirmaciones en este sentido se sucede hasta nuestros días: Bodino, Montesquieu, el marxismo con su idea de también crear al «hombre nuevo», la sociología política anglosajona al predicar la cultura cívica integrada por el modelo del «hombre democrático» frente a la mentalidad autoritaria y, entre nosotros y dando un importante salto en la consideración de la democracia, la conclusión del maestro Aranguren: «La democracia antes y más profundamente que un sistema de gobierno, es un sistema de valores, que demanda una reeducación político-moral». Pienso en la situación de desencanto que sufriría este buen hombre si viera la realidad de nuestros días.
Y si no es así, si no hay aprendizaje y socialización en valores, el régimen no queda consolidado, se confiese o no. Por mucho optimismo que queramos echar al asunto. El ejemplo más cercano, la Segunda República. Y el testimonio más directo, Manuel Azaña. Cuando se lamentaba de que, a pesar del tiempo transcurrido, la República no había llegado a los pueblos. O cuando, más tarde, afirmaba que sin esa educación, «imbuida desde la juventud», habría un régimen u otro, «pero sería un fenómeno semejante al de un arrecife que surge sobre las olas y millones de seres lo sostienen sin saber cuál es su función». Pues bien, recientemente ha surgido «la circunstancia»: los incidentes de Pozuelo de Alarcón. Y lo que ha venido después. ¡Ahora toca llorar y, sobre todo, buscar culpables! Pero a mi entender, con un error de partida. Hace tiempo que compruebo, por mi condición de docente, que nuestra juventud puede que no tenga nada más que tres «valores-disvalores»: el hedonismo, el consumismo (compre-consuma-vuelva a comprar) y el afán por el éxito sin esfuerzo. ¿Pero es sólo culpable la misma juventud? De ninguna manera. Los valores se definen, se defienden cuando haga falta y, sobre todo, se transmiten.
Confieso que resumir aquí cuáles serían estos valores constituye tarea casi imposible. Entre otras razones por las posibles matizaciones que cada uno de ellos requiere. Tenemos que sintetizar. Y sin entrar en cuanto pueda deducirse de los «valores superiores» del ordenamiento jurídico citados expresamente en el primer artículo de la Constitución, quizá una personalidad democrática debería asumir cuanto sigue: el diálogo como instrumento de relación social y político, el anti-dogmatismo político, la aceptación de la relatividad de la verdad política (es decir, justamente lo contrario de lo que el totalitarismo requiere), el reconocimiento de la autoridad en todos sus aspectos y de forma muy singular en el terreno educativo, la comprensión de la actividad política como servicio a la comunidad, la aceptación de la sociedad pluralista, la valoración del ejercicio de la participación (algo con lo que más se asienta cualquier clase de régimen), el respeto a la opinión de los mayores, la formación de un espíritu crítico ante su entorno, la valoración del pudor en la vida social y, en fin, siguiendo al maestro Dahrendorf, todo cuanto significa la prevalencia de las virtudes públicas en cuanto lo requiera la misma consideración de ciudadano (patria, tradición, símbolos, etcétera).
Y viene la gran pregunta. ¿Todo esto y mucho más a través de qué agencias o instancias se transmite? Tampoco aquí cabe rechazar un punto de precisión. Sobre todo porque el proceso de asimilación valorativo suele afirmarse que es largo: «Que va de la cuna a la tumba». Y así es. Precisamente por las muchas agencias por las que la persona pasa a lo extenso de su vida. Entiendo que, ante todo, procede la cita de la familia. Sobre todo en la infancia. Pero no es posible negar una evidencia muy de nuestros días: la influencia del grupo de juego, pandilla, amigos (eso que espantosamente se da en llamar «cuadrilla»). La tendencia a pensar y ser como los demás similares en edad. Sin duda, igualmente, la escuela, el proceso educativo, algo realmente destrozado en la actualidad y muy unido a la autoridad y respeto y no siempre por exclusiva culpa del alumno (también aquí la hegemonía de la «democratización» tiene su parte de culpa), durante bastante tiempo la prédica religiosa como transmisora de valores (hoy uno de los puntos más sometidos a discusión), el centro de recreo al que se pertenezca, la prensa que se lea. Y, sin lugar a duda, cuanto se esparce a través de la televisión: anuncios claramente sesgados, violencia a raudales, programas «de corazón», ocultación o distorsión de noticias, etcétera.
Amplio, muy amplio campo el campo que la democracia establecida en nuestro país tiene que labrar. Y mientras sea empresa nacional no asumida y asignatura estatal despreciada (¿acaso no interesa?) creo que no se puede presumir de democracia sólida y consolidada. Guste o no reconocerlo.
(Artículo de Manuel Ramírez, publicado en "ABC" el 26 de octubre de 2009)
EL CAPITAL HUMANO EN LA ADMINISTRACIÓN
Las Administraciones Públicas gestionan en torno al 40% del PIB y afectan, vía regulación, a toda la economía, por lo que mejorar su eficacia es la mayor contribución posible a la mejora de la productividad, es decir, a la capacidad de crecimiento sostenible a largo plazo. Y su principal activo es el capital humano.
Cuando me incorporé al servicio público, en 1966, como estadístico facultativo del Estado, la estructura de cuerpos de funcionarios se ajustaba bastante bien a las necesidades de las AA PP, dado el fuerte componente administrativo de su trabajo (registros, certificaciones, autorizaciones, estadísticas administrativas, permisos, multas, etcétera). Un cuerpo administrativo general y un conjunto de cuerpos especiales pequeños y muy especializados en materia jurídica, económica, tributaria, estadística, administrativo-organizativa y técnica eran suficientes (dejo aparte el sistema judicial y la educación).
Pero las AA PP han sufrido un cambio radical en sus funciones desde entonces. De un trabajo predominantemente administrativo se ha pasado a una situación en la que el sector público realiza, entre otras, funciones altamente especializadas, entre las que cabe señalar, en el ámbito económico, la regulación y supervisión de industrias complejas técnicamente como la financiera, la energía o las telecomunicaciones; el diseño y control de programas de gasto complejos; la supervisión y provisión parcial de bienes de mérito como la educación y la salud; la propia evaluación de las políticas públicas. Todo ello en el marco de una creciente participación en organismos internacionales.
En estas condiciones resulta pertinente preguntarse: ¿qué es lo importante en el personal de las AA PP? Y, contestada esta pregunta, una segunda: ¿son el mecanismo de selección de personal actual y el sistema de incentivos los adecuados?
(Extraído del artículo de Julio Segura, publicado en "El País" el 25 de octubre de 2009)
Cuando me incorporé al servicio público, en 1966, como estadístico facultativo del Estado, la estructura de cuerpos de funcionarios se ajustaba bastante bien a las necesidades de las AA PP, dado el fuerte componente administrativo de su trabajo (registros, certificaciones, autorizaciones, estadísticas administrativas, permisos, multas, etcétera). Un cuerpo administrativo general y un conjunto de cuerpos especiales pequeños y muy especializados en materia jurídica, económica, tributaria, estadística, administrativo-organizativa y técnica eran suficientes (dejo aparte el sistema judicial y la educación).
Pero las AA PP han sufrido un cambio radical en sus funciones desde entonces. De un trabajo predominantemente administrativo se ha pasado a una situación en la que el sector público realiza, entre otras, funciones altamente especializadas, entre las que cabe señalar, en el ámbito económico, la regulación y supervisión de industrias complejas técnicamente como la financiera, la energía o las telecomunicaciones; el diseño y control de programas de gasto complejos; la supervisión y provisión parcial de bienes de mérito como la educación y la salud; la propia evaluación de las políticas públicas. Todo ello en el marco de una creciente participación en organismos internacionales.
En estas condiciones resulta pertinente preguntarse: ¿qué es lo importante en el personal de las AA PP? Y, contestada esta pregunta, una segunda: ¿son el mecanismo de selección de personal actual y el sistema de incentivos los adecuados?
(Extraído del artículo de Julio Segura, publicado en "El País" el 25 de octubre de 2009)
GUERRAS JUDICIALES
La decisión del juez del caso Millet de dejar en libertad con cargos al hasta hace poco presidente del Palau de la Música de Barcelona y rechazar, por el contrario, la prisión preventiva incondicional que había solicitado para él la fiscalía de Cataluña ha desconcertado a amplios sectores sociales, provocando las ineludibles comparaciones con otros casos de corrupción que se tramitan en los tribunales. También ha provocado ácidas y hondas discrepancias, con visos incluso de trascender lo jurídico, entre jueces y fiscales, y de jueces entre sí.
El juez del caso Millet se ha parapetado tras la ley para defender su decisión. Pero no es cierto que la actual regulación legal de la prisión provisional impida acordarla en el caso de un imputado por apropiación indebida, posiblemente asociada a malversación de caudales públicos por más de 10 millones de euros (20, según los fiscales), al que podrían corresponderle hasta nueve años de cárcel -una pena muy superior a la de dos años que la ley exige para adoptar esta medida cau-telar-; del que todavía falta por investigarse una parte de su actuación delictiva, con el riesgo de destrucción de pruebas que ello conlleva, y cuya situación familiar y económica acrecienta el peligro de fuga.
El juez ha interpretado los requisitos de la ley en favor del imputado. Estaba en su derecho, pero es responsabilidad suya haberlo hecho, no de la ley, que no necesita reforma alguna para que pueda acordarse la prisión provisional incondicional solicitada por la fiscalía. Quizás para salir al paso del malestar social creado por la decisión del juez, la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con los fiscales que investigan el caso, defendieron en una rueda de prensa su posición. Pero es ante los tribunales donde debe defenderla y afinar sus argumentos jurídicos, pues lo que ha decidido el juez instructor no es definitivo. Todavía puede ser enmendado por la Audiencia Provincial de Barcelona mediante el correspondiente recurso.
También algunos jueces han mostrado su extrañeza por la "extraña" decisión de su colega del caso Millet, lo que ha provocado que otros jueces salgan en su defensa y se atrevan, incluso, a proponer sanciones para los jueces que han puesto peros a la decisión. Lo peor que podría pasar es que los casos de corrupción, por afectar principalmente a partidos políticos y a personajes con influencia, terminaran por desgarrar la judicatura. Nada lo justificaría, ni decisiones como la del juez del caso Millet ni la descarada actuación del juez De la Rúa en el caso Camps. Tampoco actuaciones tan estridentes como la instrucción inquisitorial, más que inquisitiva, a que está dando lugar la querella contra el juez Garzón por haberse atrevido a dejar plasmado en dos autos judiciales un relato de los crímenes franquistas y la valoración jurídico-penal que merecen. El sistema judicial debe tener capacidad no sólo para enmendar sus propios errores; también para redimirse de las debilidades y miserias personales de sus servidores. Es lo que esperan los ciudadanos.
(Editorial de "El País", publicado el 25 de octubre de 2009)
El juez del caso Millet se ha parapetado tras la ley para defender su decisión. Pero no es cierto que la actual regulación legal de la prisión provisional impida acordarla en el caso de un imputado por apropiación indebida, posiblemente asociada a malversación de caudales públicos por más de 10 millones de euros (20, según los fiscales), al que podrían corresponderle hasta nueve años de cárcel -una pena muy superior a la de dos años que la ley exige para adoptar esta medida cau-telar-; del que todavía falta por investigarse una parte de su actuación delictiva, con el riesgo de destrucción de pruebas que ello conlleva, y cuya situación familiar y económica acrecienta el peligro de fuga.
El juez ha interpretado los requisitos de la ley en favor del imputado. Estaba en su derecho, pero es responsabilidad suya haberlo hecho, no de la ley, que no necesita reforma alguna para que pueda acordarse la prisión provisional incondicional solicitada por la fiscalía. Quizás para salir al paso del malestar social creado por la decisión del juez, la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con los fiscales que investigan el caso, defendieron en una rueda de prensa su posición. Pero es ante los tribunales donde debe defenderla y afinar sus argumentos jurídicos, pues lo que ha decidido el juez instructor no es definitivo. Todavía puede ser enmendado por la Audiencia Provincial de Barcelona mediante el correspondiente recurso.
También algunos jueces han mostrado su extrañeza por la "extraña" decisión de su colega del caso Millet, lo que ha provocado que otros jueces salgan en su defensa y se atrevan, incluso, a proponer sanciones para los jueces que han puesto peros a la decisión. Lo peor que podría pasar es que los casos de corrupción, por afectar principalmente a partidos políticos y a personajes con influencia, terminaran por desgarrar la judicatura. Nada lo justificaría, ni decisiones como la del juez del caso Millet ni la descarada actuación del juez De la Rúa en el caso Camps. Tampoco actuaciones tan estridentes como la instrucción inquisitorial, más que inquisitiva, a que está dando lugar la querella contra el juez Garzón por haberse atrevido a dejar plasmado en dos autos judiciales un relato de los crímenes franquistas y la valoración jurídico-penal que merecen. El sistema judicial debe tener capacidad no sólo para enmendar sus propios errores; también para redimirse de las debilidades y miserias personales de sus servidores. Es lo que esperan los ciudadanos.
(Editorial de "El País", publicado el 25 de octubre de 2009)
DESPOLITIZAR LAS CAJAS
Es una de las cuestiones recurrentes del debate político: cuando salta a la actualidad alguna caja de ahorros por problemas de índole político, enseguida hay un coro de voces que apuntan la necesidad de despolitizar las cajas y más en concreto el sistema de elección de sus órganos directivos. Pero, en la práctica, ningún partido político es sincero en esta cuestión. A todos les viene bien ejercer un control sobre esas instituciones de ahorro. Y eso sirve tanto para los dos grandes partidos nacionales como para los nacionalistas vascos o catalanes. Todos quieren poder meter la cuchara.
Viene esto a cuento del «espectáculo» que se está dando en Caja Madrid para la elección del nuevo presidente que sustituya al actual, Miguel Blesa. Al parecer, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene su candidato que es el actual vicepresidente de su Gobierno, Ignacio González, que tiene un perfil netamente político. El problema es que González no gusta a Rajoy y se inclina más por Rodrigo Rato. Pero, ¡atención!, Moncloa veta a este último, ya que no quiere que ocupe una plataforma tan privilegiada alguien que si vienen mal dadas para los populares podría convertirse en el sucesor de Rajoy. Moncloa propone a una persona de más bajo perfil político aunque afín al PP como es el ex secretario de Estado Luis de Guindos. Es decir, si uno mete en una coctelera todas las claves que se están manejando para elegir al nuevo presidente de Caja Madrid, que es ni más ni menos que la cuarta institución financiera del país, llegará a una conclusión bastante desanimante: todo se mueve en clave política. En clave de enfrentamiento de Esperanza Aguirre con Gallardón y con Rajoy; en clave de neutralizar por parte de la actual dirección del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid y no dejar que se haga fuerte en el bastión del Madrid no solo político sino financiero; en clave de que Zapatero y el PSOE tampoco quieren darle alas a alguien que pueda ser en un futuro su rival político.
Y el ciudadano de a pié que asiste atónito a este «espectáculo» puede preguntarse y con razón: oiga, ¿y no se tiene en cuenta la capacidad profesional y técnica? La respuesta que cabría darle a ese atónito ciudadano sería un poco a la gallega con un «depende»: si da la casualidad que junto a ese perfil político que convenga al partido que decide el nombramiento se une una capacidad profesional y técnica, bienvenido sea. Y sino, ya se sabe lo que prima. Mientras tanto, lo mínimo que se puede exigir a los partidos políticos es que aparquen la hipocresía que conlleva reclamar la despolitización de estos nombramientos y no hacer nada para cambiarlo.
(Artículo de Cayetano González, publicado en "Diario de León" el 24 de octubre de 2009)
Viene esto a cuento del «espectáculo» que se está dando en Caja Madrid para la elección del nuevo presidente que sustituya al actual, Miguel Blesa. Al parecer, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene su candidato que es el actual vicepresidente de su Gobierno, Ignacio González, que tiene un perfil netamente político. El problema es que González no gusta a Rajoy y se inclina más por Rodrigo Rato. Pero, ¡atención!, Moncloa veta a este último, ya que no quiere que ocupe una plataforma tan privilegiada alguien que si vienen mal dadas para los populares podría convertirse en el sucesor de Rajoy. Moncloa propone a una persona de más bajo perfil político aunque afín al PP como es el ex secretario de Estado Luis de Guindos. Es decir, si uno mete en una coctelera todas las claves que se están manejando para elegir al nuevo presidente de Caja Madrid, que es ni más ni menos que la cuarta institución financiera del país, llegará a una conclusión bastante desanimante: todo se mueve en clave política. En clave de enfrentamiento de Esperanza Aguirre con Gallardón y con Rajoy; en clave de neutralizar por parte de la actual dirección del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid y no dejar que se haga fuerte en el bastión del Madrid no solo político sino financiero; en clave de que Zapatero y el PSOE tampoco quieren darle alas a alguien que pueda ser en un futuro su rival político.
Y el ciudadano de a pié que asiste atónito a este «espectáculo» puede preguntarse y con razón: oiga, ¿y no se tiene en cuenta la capacidad profesional y técnica? La respuesta que cabría darle a ese atónito ciudadano sería un poco a la gallega con un «depende»: si da la casualidad que junto a ese perfil político que convenga al partido que decide el nombramiento se une una capacidad profesional y técnica, bienvenido sea. Y sino, ya se sabe lo que prima. Mientras tanto, lo mínimo que se puede exigir a los partidos políticos es que aparquen la hipocresía que conlleva reclamar la despolitización de estos nombramientos y no hacer nada para cambiarlo.
(Artículo de Cayetano González, publicado en "Diario de León" el 24 de octubre de 2009)
CORRUPCIÓN MUNICIPAL
OTRA vez saltan a la luz pública sospechas fundadas de corrupción en el ámbito municipal. La «operación Poniente», desarrollada en Madrid y Andalucía, condujo ayer a la detención de veinte personas, entre ellas el alcalde de El Ejido, miembro del denominado Partido de Almería, que surgió como escisión del PP. Asimismo, la Guardia Civil desarrolló otra intervención en el Ayuntamiento de Almogía (Málaga), regido por el PSOE, que se relaciona con presuntos delitos de prevaricación por irregularidades urbanísticas. La corrupción es un fenómeno transversal que puede afectar a políticos relacionados con unos u otros partidos y ello refuerza el efecto de provocar un serio desprestigio de la clase política ante los ciudadanos. En definitiva, esta lacra produce un grave daño a la legitimidad democrática y, por tanto, debe ser combatida con absoluto rigor. La Fiscalía Anticorrupción y, en general, todos los poderes públicos tienen el deber de actuar de forma implacable en estos asuntos, siempre con criterios de estricta igualdad ante la ley. Más aún, cualquier indicio de discriminación o partidismo en el funcionamiento de las instituciones del Estado agrava las consecuencias de la corrupción y acreciente el desencanto de una sociedad que oscila entre la indignación y el escepticismo.
La confusión interesada entre gestión urbanística, financiación de los partidos y maniobras oscuras en los ayuntamientos -muchas veces, con casos de transfuguismo- produce pruebas evidentes acerca de la necesidad de un control efectivo en el plano jurídico y político. Las comunidades autónomas no son ajenas a esta situación, porque la permisividad excesiva ya demostró sus efectos negativos en el caso emblemático de Marbella. De nuevo la Junta de Andalucía debe afrontar el reproche social por su ineficacia a la hora de intervenir. Estamos, por tanto, ante un problema que no puede ser reducido a casos aislados ni atribuido a un solo partido, como algunos pretenden con un profundo sectarismo ideológico. Una sociedad democrática moderna tiene que reaccionar con toda energía frente a quienes intentan -y consiguen con demasiada frecuencia- obtener un lucro injustificado a través de prácticas mafiosas. Los delitos cometidos bajo el manto protector de la autoridad pública resultan especialmente criticables porque quiebran la confianza natural entre los ciudadanos y sus representantes políticos. Sólo la reacción contundente de las instituciones del Estado puede devolver a la sociedad esa confianza perdida.
(Editorial del diario "ABC", publicado el día 21 de octubre de 2009)
NOBEL A OBAMA: UN PREMIO MERECIDO
El premio Nobel de la Paz otorgado al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene importantes significados dentro y fuera de los Estados Unidos de América. Adentro, es una sonora cachetada a la creciente campaña de odio, mentira y maledicencia orquestada contra Obama por la extrema derecha norteamericana y encabezada por demagogos televisivos como Rush Limbaugh.
Un grupo extremista ha pedido el asesinato del presidente Obama. Otros, más comedidos, han alegado que Obama no nació en Estados Unidos, y que su padre es de Kenia, ofuscando el hecho de que Obama nació en Hawai, que su madre es de Kansas y que la nacionalidad la otorga el lugar de nacimiento.
Semejantes mezquindades son magnificadas por insensateces ideológicas: Obama es un racista a la inversa, odia a la raza blanca y obligaría a los blancos a sentarse en la última fila de los autobuses. Y más: Obama es "socialista" porque quiere abrir la seguridad médica a quienes no la tienen (como sucede en casi toda Europa). El elogio de Gordon Brown al sistema público de salud en Inglaterra prueba, sin duda, que el primer ministro inglés es un rojillo peligroso.
Sobra decir que estos ataques no son gratuitos. Explotan la vieja disputa entre la federación y los Estados, el "elitismo" y el "populismo", Hamilton y Jefferson, pero le añaden un elemento perverso de calumnia, maledicencia y, ya se ve, racismo que no osa decir su nombre.
Sólo que, además del hecho político interno de deslegitimizar a los críticos de mala fe (los de buena fe son bienvenidos), el Nobel a Obama tiene un efecto internacional mayúsculo. ¿Por qué se premia a Obama, señalan algunas objeciones, a sólo nueve meses de su inauguración cuando aún faltan más de tres años de su presidencia?
La respuesta es que, en menos de 300 días, Barack Obama ha transformado el escenario internacional a favor de la paz y la diplomacia.
En vez de atacar primero, en nombre de la atroz doctrina del "ataque preventivo" -proclamada y aplicada por George Bush hijo, Cheney y Rumsfeld-, Obama le ha dado prioridad al diálogo y a la negociación. Si éstos fracasan, no será por culpa de Estados Unidos, sino, en su caso, de Irán, Corea del Norte, Siria, Israel o Palestina.
En su discurso de El Cairo, Barack Obama abrió las puertas cerradas del diálogo con el mundo árabe. A Palestina e Israel les ha instado a negociar seriamente, cumplir los tratados vigentes y proponer políticas de progreso para un nuevo tiempo. Ha aislado a Netanyahu y su pretensión nuclear contra Irán.
Pero a Irán le ha ofrecido negociar el tema, al tiempo que critica la política represiva interna de Ahmadinejad y al ayatolá Jamenei, aliándose de hecho con la sociedad democrática emergente de Irán, país destinado a ser la gran potencia del Oriente Medio.
A Irak, Obama le ha dado manos libres para organizarse internamente y llegar a un acuerdo nacional entre chiítas, suníes y kurdos.
Y en Afganistán, al momento de escribir este artículo, se discute la política a seguir entre dos tendencias: la militar del general McChrystal o la del vicepresidente Biden.
En el centro del debate, el presidente Obama y el secretario de la Defensa, Gates, optarán por una solución. Acaso no la mejor, aunque no hay solución mejor cuando el enemigo, el talibán, es una guerrilla invisible, el Gobierno central un espejismo corrupto, la realidad política la de un confeti de caciques y el peligro de la creciente presencia del talibán en el vecino Pakistán.
La política europea de Obama, por otro lado, respeta a los Gobiernos en el poder, no le concede privilegios indebidos a los países vecinos de Rusia (Polonia, Chequia), pero le hace saber a Moscú que la Guerra Fría terminó y que todos los temas están sobre el tapete para una nueva política de convivencia sin debilidades.
El gran problema es China y su poderosa paradoja: la economía emergente más poderosa y el régimen político más autoritario. Sospecho que ante Pekín sólo una política es posible: tratar con el actual Gobierno y respetar la inevitable evolución de China hacia un régimen más democrático, más acorde con la realidad de la economía y la sociedad modernas de un país con milenios de historia sobre las espaldas.
Enumero toda una serie de realidades que aún no encuentran solución final, ni la encontrarán, sospecho, jamás, porque son parte de un mundo en evolución constante. Esto es lo que Obama ha entendido. En vez de aplicarle al mundo un cancel de fierro concebido por y para una sola nación, Estados Unidos de América, Obama admite la diversidad política, económica y cultural de los demás y ofrece tratar con ella, dialogar y negociar en vez de dictar e invadir.
¿No es éste un cambio fundamental de las relaciones exteriores? ¿Y no merece su iniciador, Barack Obama, un premio por lo ya logrado que es también un incentivo para lo que aún falta?
Nota. Los enemigos de Obama lo atacaron porque fue a Copenhague y no obtuvo los Juegos Olímpicos para Chicago. ¿Lo elogiarán porque, en cambio, irá a Oslo a recibir el Premio Nobel?
(Artículo de Carlos Fuentes, publicado en "El País" el 21 de octubre de2009)
Un grupo extremista ha pedido el asesinato del presidente Obama. Otros, más comedidos, han alegado que Obama no nació en Estados Unidos, y que su padre es de Kenia, ofuscando el hecho de que Obama nació en Hawai, que su madre es de Kansas y que la nacionalidad la otorga el lugar de nacimiento.
Semejantes mezquindades son magnificadas por insensateces ideológicas: Obama es un racista a la inversa, odia a la raza blanca y obligaría a los blancos a sentarse en la última fila de los autobuses. Y más: Obama es "socialista" porque quiere abrir la seguridad médica a quienes no la tienen (como sucede en casi toda Europa). El elogio de Gordon Brown al sistema público de salud en Inglaterra prueba, sin duda, que el primer ministro inglés es un rojillo peligroso.
Sobra decir que estos ataques no son gratuitos. Explotan la vieja disputa entre la federación y los Estados, el "elitismo" y el "populismo", Hamilton y Jefferson, pero le añaden un elemento perverso de calumnia, maledicencia y, ya se ve, racismo que no osa decir su nombre.
Sólo que, además del hecho político interno de deslegitimizar a los críticos de mala fe (los de buena fe son bienvenidos), el Nobel a Obama tiene un efecto internacional mayúsculo. ¿Por qué se premia a Obama, señalan algunas objeciones, a sólo nueve meses de su inauguración cuando aún faltan más de tres años de su presidencia?
La respuesta es que, en menos de 300 días, Barack Obama ha transformado el escenario internacional a favor de la paz y la diplomacia.
En vez de atacar primero, en nombre de la atroz doctrina del "ataque preventivo" -proclamada y aplicada por George Bush hijo, Cheney y Rumsfeld-, Obama le ha dado prioridad al diálogo y a la negociación. Si éstos fracasan, no será por culpa de Estados Unidos, sino, en su caso, de Irán, Corea del Norte, Siria, Israel o Palestina.
En su discurso de El Cairo, Barack Obama abrió las puertas cerradas del diálogo con el mundo árabe. A Palestina e Israel les ha instado a negociar seriamente, cumplir los tratados vigentes y proponer políticas de progreso para un nuevo tiempo. Ha aislado a Netanyahu y su pretensión nuclear contra Irán.
Pero a Irán le ha ofrecido negociar el tema, al tiempo que critica la política represiva interna de Ahmadinejad y al ayatolá Jamenei, aliándose de hecho con la sociedad democrática emergente de Irán, país destinado a ser la gran potencia del Oriente Medio.
A Irak, Obama le ha dado manos libres para organizarse internamente y llegar a un acuerdo nacional entre chiítas, suníes y kurdos.
Y en Afganistán, al momento de escribir este artículo, se discute la política a seguir entre dos tendencias: la militar del general McChrystal o la del vicepresidente Biden.
En el centro del debate, el presidente Obama y el secretario de la Defensa, Gates, optarán por una solución. Acaso no la mejor, aunque no hay solución mejor cuando el enemigo, el talibán, es una guerrilla invisible, el Gobierno central un espejismo corrupto, la realidad política la de un confeti de caciques y el peligro de la creciente presencia del talibán en el vecino Pakistán.
La política europea de Obama, por otro lado, respeta a los Gobiernos en el poder, no le concede privilegios indebidos a los países vecinos de Rusia (Polonia, Chequia), pero le hace saber a Moscú que la Guerra Fría terminó y que todos los temas están sobre el tapete para una nueva política de convivencia sin debilidades.
El gran problema es China y su poderosa paradoja: la economía emergente más poderosa y el régimen político más autoritario. Sospecho que ante Pekín sólo una política es posible: tratar con el actual Gobierno y respetar la inevitable evolución de China hacia un régimen más democrático, más acorde con la realidad de la economía y la sociedad modernas de un país con milenios de historia sobre las espaldas.
Enumero toda una serie de realidades que aún no encuentran solución final, ni la encontrarán, sospecho, jamás, porque son parte de un mundo en evolución constante. Esto es lo que Obama ha entendido. En vez de aplicarle al mundo un cancel de fierro concebido por y para una sola nación, Estados Unidos de América, Obama admite la diversidad política, económica y cultural de los demás y ofrece tratar con ella, dialogar y negociar en vez de dictar e invadir.
¿No es éste un cambio fundamental de las relaciones exteriores? ¿Y no merece su iniciador, Barack Obama, un premio por lo ya logrado que es también un incentivo para lo que aún falta?
Nota. Los enemigos de Obama lo atacaron porque fue a Copenhague y no obtuvo los Juegos Olímpicos para Chicago. ¿Lo elogiarán porque, en cambio, irá a Oslo a recibir el Premio Nobel?
(Artículo de Carlos Fuentes, publicado en "El País" el 21 de octubre de2009)
¿Y EL PODER JUDICIAL?
Ayer, después del paso o del paseo de Millet y Montull por el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, y del anuncio de su libertad provisional, muchos ciudadanos, asombrados, debieron constatar que ante determinada delincuencia de cuello blanco y de un elevado rango social y económico, los jueces casi siempre reaccionan igual: con benignidad y hasta con afabilidad. Como si, con relación a estos delincuentes, no existiese ese Poder Judicial que caracteriza al Estado de derecho. Es muy grave y expresa una profunda crisis de la democracia.
Pero los precedentes son muy abundantes. Los grandes procesos contra la delincuencia financiera de esta década han concluido en archivo, sin necesidad de llegar a juicio, como el descomunal fraude fiscal atribuido al presidente y otros ejecutivos del Banco Santander, o en absoluciones, como las cuentas secretas del BBVA en la isla de Jersey –con el correspondiente fraude fiscal–, los fondos de pensiones contratados por los consejeros de esa entidad con cargo a dichos fondos, el tráfico de influencias en la Bolsa del actual presidente de Telefónica, y así sucesivamente.
El Tribunal Supremo llegó a justificar una de las muchas absoluciones invocando «la absoluta libertad de mercado». Esa ideología neoliberal está penetrando cada vez con mayor fuerza en la magistratura y los resultados están a la vista. Ante las gravísimas conductas atribuidas a Millet y sus colaboradores, la fiscalía ha obrado con el rigor y la coherencia que el caso exigía, solicitando la prisión provisional sin fianza, sobre todo cuando concurre un delito de malversación de caudales públicos, castigado con una pena que puede alcanzar los ocho años y, sobre todo, cuando pudiera no estar garantizada la conservación y custodia judicial de todas las fuentes de prueba de los hechos delictivos y de todas sus ramificaciones políticas, con inclusión de una posible financiación irregular de un partido político.
Este enorme, vamos a llamarle presunto, enriquecimiento ilícito con fondos públicos y privados, tratado con tanta dulzura, contrasta con la preocupación por el incremento de los carteristas en Barcelona, además de las restricciones legales impuestas a los inmigrantes y la persecución de la prostitución que no puede recurrir a «espacios protegidos». ¿Será verdad que para ciertos jueces los imputados y acusados en estos procesos están, como se dice en acuerdos relevantes de la ONU, «por encima del alcance de la ley»? Si fuera cierto, como está acreditado en otros procesos, todos, pero especialmente los responsables políticos y judiciales, deberíamos estar muy preocupados por los límites y riesgos de nuestra democracia.
(Artículo de Carlos Jiménez Villarejo, publicado en "El Periódico de Cataluña" el 20 de octubre de 2009)
Pero los precedentes son muy abundantes. Los grandes procesos contra la delincuencia financiera de esta década han concluido en archivo, sin necesidad de llegar a juicio, como el descomunal fraude fiscal atribuido al presidente y otros ejecutivos del Banco Santander, o en absoluciones, como las cuentas secretas del BBVA en la isla de Jersey –con el correspondiente fraude fiscal–, los fondos de pensiones contratados por los consejeros de esa entidad con cargo a dichos fondos, el tráfico de influencias en la Bolsa del actual presidente de Telefónica, y así sucesivamente.
El Tribunal Supremo llegó a justificar una de las muchas absoluciones invocando «la absoluta libertad de mercado». Esa ideología neoliberal está penetrando cada vez con mayor fuerza en la magistratura y los resultados están a la vista. Ante las gravísimas conductas atribuidas a Millet y sus colaboradores, la fiscalía ha obrado con el rigor y la coherencia que el caso exigía, solicitando la prisión provisional sin fianza, sobre todo cuando concurre un delito de malversación de caudales públicos, castigado con una pena que puede alcanzar los ocho años y, sobre todo, cuando pudiera no estar garantizada la conservación y custodia judicial de todas las fuentes de prueba de los hechos delictivos y de todas sus ramificaciones políticas, con inclusión de una posible financiación irregular de un partido político.
Este enorme, vamos a llamarle presunto, enriquecimiento ilícito con fondos públicos y privados, tratado con tanta dulzura, contrasta con la preocupación por el incremento de los carteristas en Barcelona, además de las restricciones legales impuestas a los inmigrantes y la persecución de la prostitución que no puede recurrir a «espacios protegidos». ¿Será verdad que para ciertos jueces los imputados y acusados en estos procesos están, como se dice en acuerdos relevantes de la ONU, «por encima del alcance de la ley»? Si fuera cierto, como está acreditado en otros procesos, todos, pero especialmente los responsables políticos y judiciales, deberíamos estar muy preocupados por los límites y riesgos de nuestra democracia.
(Artículo de Carlos Jiménez Villarejo, publicado en "El Periódico de Cataluña" el 20 de octubre de 2009)
LA POLÍTICA COMO SERVICIO PÚBLICO
Como ciudadano de a pie, la actitud de muchos políticos me da mucha rabia, pero es que como concejal en un municipio en el que tiene que dar la cara ante la gente en el Ayuntamiento no me puedo callar más: entre esos sinvergüenzas que se aprovechan de un cargo público para beneficio propio y el de su partido, entre esos tipos y yo hay algo personal, como decía Serrat.
En cada caso de corrupción y de enchufismo, cada vez que un político mete mano en el dinero público nos pone en el disparadero a quienes participamos en la vida pública sea en el partido que sea. Y no todos los políticos somos iguales. Estamos hartos de esos tipos arrimados al poder en cada barrio, pueblo o en el mundo entero, maestros del «déjamelo a mí que yo tengo mano» y del «¿qué hay de lo mío?», expertos en quitarse de en medio cuando no queda nada a lo que hincarle el diente.
Quiero reivindicar la política como servicio público y a los miles de cargos públicos en Andalucía, Valencia, Madrid, o donde sea, que cada día trabajan honestamente por su gente y por su tierra. Se sacrifican muchas cosas, se pone el propio tiempo, el propio dinero y el máximo esfuerzo por el bien general, no por el suyo propio, pero merece mucho la pena.
(Carta de Antonio Francisco Martínez, publicada en la sección "Cartas al Director" de "El Mundo" el día 20 de octubre de 2009).
En cada caso de corrupción y de enchufismo, cada vez que un político mete mano en el dinero público nos pone en el disparadero a quienes participamos en la vida pública sea en el partido que sea. Y no todos los políticos somos iguales. Estamos hartos de esos tipos arrimados al poder en cada barrio, pueblo o en el mundo entero, maestros del «déjamelo a mí que yo tengo mano» y del «¿qué hay de lo mío?», expertos en quitarse de en medio cuando no queda nada a lo que hincarle el diente.
Quiero reivindicar la política como servicio público y a los miles de cargos públicos en Andalucía, Valencia, Madrid, o donde sea, que cada día trabajan honestamente por su gente y por su tierra. Se sacrifican muchas cosas, se pone el propio tiempo, el propio dinero y el máximo esfuerzo por el bien general, no por el suyo propio, pero merece mucho la pena.
(Carta de Antonio Francisco Martínez, publicada en la sección "Cartas al Director" de "El Mundo" el día 20 de octubre de 2009).
¡ES DINERO PÚBLICO!
La Diputación de Zaragoza contrata a dedo y con dinero público a cargos de los partidos políticos, sin que estén claras las funciones que se les exigen. Una prebenda personal y una subvención encubierta que, como se reparte en beneficio de todos los partidos, a todos parece bien. Pero la artimaña, camuflada con empleos tan singulares como el de "promotor de la igualdad en general", no es de recibo, pues abusa del erario y raya con la desfachatez.
(Nota editorial de "Heraldo de Aragón", publicada el 18 de octubre de 2009)
(Nota editorial de "Heraldo de Aragón", publicada el 18 de octubre de 2009)
EL TIEMPO DE LOS JUECES
Desde hace un tiempo, justamente desde que se interpusieron varios recursos contra el Estatut de Catalunya, el Tribunal Constitucional se ha convertido en la diana preferida de envenenados dardos: presiones y amenazas desde partidos e instituciones para influir en su decisión, rumores convertidos en noticia para instrumentalizarlo indebidamente, ácidas invectivas para fomentar su desprestigio, insultos directos sin más y hasta propuestas de supresión del órgano. Lo peor es que estas descalificaciones han llegado a calar en la opinión pública, que, inocentemente, está dispuesta a creerse cualquier cosa en este irresponsable pimpampum contra el TC que tanto perjudica a la imagen de nuestro Estado de derecho.
Aunque la esperada sentencia comienza a rebasar los tiempos que razonablemente se preveían, muchos de estos improperios carecen de todo fundamento y los argumentos utilizados –cuando se utilizan argumentos– denotan en general una supina ignorancia, empezando por las críticas al retraso en dictar la sentencia. En efecto, es un lugar común decir que desde hace tres años se está esperando tan importante resolución. Sin embargo, ello no responde a la verdad, es algo falso y absurdo.
Precisamente hace tres años se interpusieron los siete recursos de inconstitucionalidad contra el Estatut –algunos por parte de comunidades autónomas gobernadas por socialistas– y mal se puede dictar sentencia cuando casi no se ha iniciado un proceso. Por tanto, de tres años ni hablar: decir tal cosa es una solemne tontería. Además, muchos dan por supuesto que en estos tres años el TC no se ha dedicado a otra cosa que a resolver los recursos interpuestos contra el Estatut. Nada más lejos de la realidad. Cada año el Tribunal dicta varios miles de resoluciones definitivas (el año pasado, último del que se conocen datos, fueron exactamente 12.895) en los diversos procedimientos en que es competente, en especial recursos de amparo, y también recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y conflictos de competencia. En ocasiones, algunos son preferentes porque deben tramitarse con urgencia, como es el caso de los amparos electorales, últimamente muy abundantes debido a la necesidad de resolver la anulación de candidaturas debido a la ilegalización de partidos.
Por otro lado, la absurda guerra entre partidos para recusar a magistrados también consumió un tiempo precioso del Tribunal, aunque no fuera su culpa sino de las partes que pretendían la recusación. Además, debido a las reglas de reparto, antes de resolver el recurso contra el Estatut de Catalunya debía resolverse el interpuesto contra el de la Comunidad Valenciana, cosa que se hizo mediante una larga e importante sentencia –que avanzaba ya materias que serán de aplicación al recurso catalán– dictada en diciembre del 2007. Fue a partir de enero del 2008 que el pleno del Tribunal empezó a tratar del Estatut, aunque en los meses siguientes tuvo que dar preferencia a la resolución de varias leyes importantes y cuya resolución era también complicada, algunas de ellas derivadas precisamente del Estatut.
Para finalizar, parece que estemos hablando del recurso del Estatut de Catalunya como de un recurso habitual, donde la inconstitucionalidad alegada por los recurrentes se limita a unos pocos artículos. Por el contrario, se trata de un recurso extremadamente complejo, tanto cuantitativa como cualitativamente. Probablemente nunca se habían impugnado tantos preceptos de una misma ley, muy diversos entre sí, y quizás nunca la materia regulada bordeaba tanto los márgenes de la inconstitucionalidad como en este caso. Desde este punto de vista, hay que dar una parte importante de la culpa en las dificultades con las que topa el Tribunal a quienes para quedar políticamente bien con sus coaligados en sede parlamentaria defirieron al alto órgano jurisdiccional la resolución de las patatas calientes que ellos no quisieron resolver. A cada uno lo suyo.
La utilidad para la democracia de los tribunales constitucionales se acaba de demostrar en Italia. Una mayoría parlamentaria había votado afirmativamente unas leyes que exoneraban a Berlusconi de determinados procesos penales, con infracción clara del principio de igualdad. El Tribunal Constitucional italiano ha declarado inconstitucionales estas leyes previamente aprobadas por el Parlamento: cuando la mayoría se desenfrena por partidismo, y vulnera principios constitucionales básicos, el Tribunal es la última garantía de la democracia. Esta es la función principal de los tribunales constitucionales. La reacción de Berlusconi ante la resolución de los jueces italianos recuerda determinadas respuestas propugnadas desde Catalunya según sea la sentencia sobre el Estatut. A mentalidades similares, reacciones parecidas.
La vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega declaró en Barcelona que "es el tiempo de los jueces y es prudente respetarlo sin presiones, injerencias ni aspavientos". Y añadió que la sentencia primero hay que "acatarla" y, después, "estudiarla y valorarla". Una mentalidad democrática no puede decir más en menos palabras. Este es el comportamiento que hay que adoptar ante un pronunciamiento judicial.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 15 de octubre de 2009)
CÓDIGOS ÉTICOS.
Es imprescindible un código ético para los Ayuntamientos de España.
Odón Elorza, alcalde de San Sebastián.
LA DESFACHATEZ PLEBISCITADA
Así termina Kepa Aulestia un magnífico artículo publicado en el diario «La Vanguardia», narrando alguna de las perversiones del poder democrático. Bien es verdad que la intensidad y extensión de estas perversiones no se dan por igual ni en todos los países ni, como en el caso español, en todas las comunidades autónomas.
Vivimos en una comunidad como la Valenciana que en los últimos treinta años ha perdido, si es que alguna vez los tuvo, todo referente unitario como pueblo y ha perdido también el conjunto de valores compartidos que dan a cada individuo su sentido de pertenencia. Esta falta de referentes colectivos tiene su origen en la falta de unas élites, propias de gente ilustrada, que sean capaces y se comprometan en hacer avanzar a los valencianos como una sociedad moderna. Ni en la cultura, ni en la política, ni en la religión, ni en la empresa, ni incluso en el deporte, hemos sabido formar grupos que puedan ser ejemplo para nuestros jóvenes, vertebrando las provincias de Castellón, Valencia y Alicante.
Esta situación con la que, entre todos, hemos dado paso a la más completa mediocridad es precisamente la que está retrayendo la capacidad para generar entusiasmo, abordar reformas o poner en marcha proyectos inclusivos que permitan no sólo salir de la crisis económica y del empleo, sino, lo que es más importante, diseñar el modelo de sociedad que pretendemos obtener una vez superados estos problemas. No es el crecimiento del producto interior bruto el único indicador del bienestar. Cuando nuestros bien vestidos líderes políticos nos decían que éramos la locomotora de Europa (sic), las consultas de psiquiatría, el fracaso escolar y universitario, las agresiones, los niveles de endeudamiento y el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, crecían ya de manera exponencial. Y de la misma manera que una mayor disponibilidad de cosas materiales no va en muchas ocasiones directamente correlacionada con un mayor índice de bienestar temporal, así ocurre también en el ejercicio democrático, que no por mayor normalidad técnica y objetiva se puede colegir mayor salud y calidad en el proceso y en sus resultados.
Es cierto que cada uno es responsable de sus actos. Pero no es justo responsabilizar solamente al PP de la situación general por la que está pasando la Comunitat Valenciana. Y menos justo todavía afirmar, como hacen algunos, que los ciudadanos valencianos hemos sido inyectados de un mágico elixir de derechas que garantiza el resultado favorable de cualquier escrutinio. No por el hecho de estar en la oposición se tienen menos responsabilidades políticas. La cadena de lamentables espectáculos que nos viene ofreciendo el PSPV desde hace ya veinte años es la principal responsable de la escasa salud democrática que muchos de sus dirigentes trasladan cómodamente a los ciudadanos para justificar su propia irresponsabilidad.
Con todos estos mimbres, de izquierdas y de derechas, no va a resultar fácil articular en nuestra sociedad valenciana un mensaje de sangre, sudor y lágrimas como el que necesitamos en este momento, no sólo para recuperar el tiempo perdido, sino para poder llegar a ser una sociedad moderna, respetada y equilibrada en el más amplio sentido de la palabra.
(Artículo de Juan M. Esquembre, publicado en el diario "Levante" el 14 de octubre de 2009)
Vivimos en una comunidad como la Valenciana que en los últimos treinta años ha perdido, si es que alguna vez los tuvo, todo referente unitario como pueblo y ha perdido también el conjunto de valores compartidos que dan a cada individuo su sentido de pertenencia. Esta falta de referentes colectivos tiene su origen en la falta de unas élites, propias de gente ilustrada, que sean capaces y se comprometan en hacer avanzar a los valencianos como una sociedad moderna. Ni en la cultura, ni en la política, ni en la religión, ni en la empresa, ni incluso en el deporte, hemos sabido formar grupos que puedan ser ejemplo para nuestros jóvenes, vertebrando las provincias de Castellón, Valencia y Alicante.
Esta situación con la que, entre todos, hemos dado paso a la más completa mediocridad es precisamente la que está retrayendo la capacidad para generar entusiasmo, abordar reformas o poner en marcha proyectos inclusivos que permitan no sólo salir de la crisis económica y del empleo, sino, lo que es más importante, diseñar el modelo de sociedad que pretendemos obtener una vez superados estos problemas. No es el crecimiento del producto interior bruto el único indicador del bienestar. Cuando nuestros bien vestidos líderes políticos nos decían que éramos la locomotora de Europa (sic), las consultas de psiquiatría, el fracaso escolar y universitario, las agresiones, los niveles de endeudamiento y el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, crecían ya de manera exponencial. Y de la misma manera que una mayor disponibilidad de cosas materiales no va en muchas ocasiones directamente correlacionada con un mayor índice de bienestar temporal, así ocurre también en el ejercicio democrático, que no por mayor normalidad técnica y objetiva se puede colegir mayor salud y calidad en el proceso y en sus resultados.
Es cierto que cada uno es responsable de sus actos. Pero no es justo responsabilizar solamente al PP de la situación general por la que está pasando la Comunitat Valenciana. Y menos justo todavía afirmar, como hacen algunos, que los ciudadanos valencianos hemos sido inyectados de un mágico elixir de derechas que garantiza el resultado favorable de cualquier escrutinio. No por el hecho de estar en la oposición se tienen menos responsabilidades políticas. La cadena de lamentables espectáculos que nos viene ofreciendo el PSPV desde hace ya veinte años es la principal responsable de la escasa salud democrática que muchos de sus dirigentes trasladan cómodamente a los ciudadanos para justificar su propia irresponsabilidad.
Con todos estos mimbres, de izquierdas y de derechas, no va a resultar fácil articular en nuestra sociedad valenciana un mensaje de sangre, sudor y lágrimas como el que necesitamos en este momento, no sólo para recuperar el tiempo perdido, sino para poder llegar a ser una sociedad moderna, respetada y equilibrada en el más amplio sentido de la palabra.
(Artículo de Juan M. Esquembre, publicado en el diario "Levante" el 14 de octubre de 2009)
INMUNIDAD E IMPUNIDAD
La Corte Costituzionale italiana ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley de 23 de julio de 2008 sobre “Disposiciones en materia de suspensión del proceso penal en relación con los altos cargos del Estado”, conocida también como Ley Alfano por el Ministro de Justicia del Gobierno Berlusconi que la promovió. La Ley establecía, en el apartado 1 de su artículo único, la suspensión de los procesos penales del presidente del Consejo de Ministros (entre otros altos cargos) desde el momento en que ocupara su puesto hasta que cesara en el ejercicio del mismo. De manera expresa, el último inciso de ese precepto disponía que la suspensión se aplicara a los procesos penales abiertos por hechos anteriores al momento en que se comenzara a desempeñar el cargo. Por si pudiera haber alguna duda, el apartado 7 de ese artículo único establecía que la suspensión era también aplicable a los procesales penales en curso en el momento de entrada en vigor de la Ley, cualquiera que fuese la fase en la que se encontraran.
Como se puede comprender, la Ley había sido hecha a medida de Berlusconi, para suspender el proceso que se seguía en Milán contra él por el asunto del abogado inglés David Mills. Más allá de las cuestiones formales relativas al tipo de ley que se aprobó, se trataba de una norma contraria al principio de igualdad establecido en el artículo 3 de la Constitución Italiana, como ha declarado la Corte Costituzionale.
En realidad, lo que pretendía era justamente situar a Berlusconi por encima de la Ley o, como muy bien dijera el constitucionalista italiano Alessandro Pace, convertir la inmunidad en impunidad. Desgraciadamente no es algo exclusivo de Italia, como hemos tenido ocasión de ver recientemente, ya que hay muchas vías para procurar la impunidad de cargos públicos que han realizado actividades presuntamente delictivas. Sin embargo, la pretensión de establecerla por medio de una ley ha resultado especialmente escandalosa aunque, por fortuna, la declaración de inconstitucionalidad ha vuelto a situar a Berlusconi en el lugar que le corresponde, frente a un futuro incierto, si tenemos en cuenta sus procesos judiciales pendientes.
Siguiendo un patrón de conducta que ya conocemos, Berlusconi ha intentado desacreditar a la Corte Costituzionale, a los magistrados que deben juzgarle y al presidente de la República. Sin embargo, en una intervención telefónica en el programa televisivo Porta a Porta el pasado día 7, se topó con una respuesta contundente a una de sus salidas de tono (“usted es más bella que inteligente”) frente a María Rosaria Bindi: “Yo no estoy a su disposición, presidente”, le contestó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados italiana. Esa es justamente la raíz del problema: todas las mujeres y los hombres que en Italia han estado y siguen estando a disposición de Berlusconi. Quienes han mirado para otro lado o han minimizado sus fechorías, quienes han justificado y siguen justificando su pretensión de impunidad. Sin esas personas, Berlusconi no sería hoy nada.
(Artículo de Francisco Balaguer Callejón, publicado en el diario "Público" el 13 de octubre de2009)
Como se puede comprender, la Ley había sido hecha a medida de Berlusconi, para suspender el proceso que se seguía en Milán contra él por el asunto del abogado inglés David Mills. Más allá de las cuestiones formales relativas al tipo de ley que se aprobó, se trataba de una norma contraria al principio de igualdad establecido en el artículo 3 de la Constitución Italiana, como ha declarado la Corte Costituzionale.
En realidad, lo que pretendía era justamente situar a Berlusconi por encima de la Ley o, como muy bien dijera el constitucionalista italiano Alessandro Pace, convertir la inmunidad en impunidad. Desgraciadamente no es algo exclusivo de Italia, como hemos tenido ocasión de ver recientemente, ya que hay muchas vías para procurar la impunidad de cargos públicos que han realizado actividades presuntamente delictivas. Sin embargo, la pretensión de establecerla por medio de una ley ha resultado especialmente escandalosa aunque, por fortuna, la declaración de inconstitucionalidad ha vuelto a situar a Berlusconi en el lugar que le corresponde, frente a un futuro incierto, si tenemos en cuenta sus procesos judiciales pendientes.
Siguiendo un patrón de conducta que ya conocemos, Berlusconi ha intentado desacreditar a la Corte Costituzionale, a los magistrados que deben juzgarle y al presidente de la República. Sin embargo, en una intervención telefónica en el programa televisivo Porta a Porta el pasado día 7, se topó con una respuesta contundente a una de sus salidas de tono (“usted es más bella que inteligente”) frente a María Rosaria Bindi: “Yo no estoy a su disposición, presidente”, le contestó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados italiana. Esa es justamente la raíz del problema: todas las mujeres y los hombres que en Italia han estado y siguen estando a disposición de Berlusconi. Quienes han mirado para otro lado o han minimizado sus fechorías, quienes han justificado y siguen justificando su pretensión de impunidad. Sin esas personas, Berlusconi no sería hoy nada.
(Artículo de Francisco Balaguer Callejón, publicado en el diario "Público" el 13 de octubre de2009)
EL PODER NO HACE HUELGA
El poder corrompe, el poder impone, el poder domina; somete, subyuga, avasalla, vence, sojuzga, oprime, esclaviza, conquista y tiraniza; abusa, invade, ocupa, asalta, pelea, asedia, apresa, reprende, molesta y mortifica; humilla, ofende, persigue, ultraja, atropella, maltrata, profana, obliga, violenta, irrumpe, ataca, acomete, bloquea, captura, arremete, lucha, acorrala y machaca, pero no hace huelga.
El poder cautiva, encanta, seduce, atrae, emboba, embelesa, absorbe y maravilla; pervierte, vicia, deprava, daña, malea, degenera, adultera, contamina, arruina, deteriora, perjudica, estropea, inutiliza y menoscaba; pero no hace huelga.
El poder amonesta, riñe, regaña, increpa, reconviene, predica y sermonea; fastidia, incomoda, carga, importuna, aflige, atormenta, martiriza, tortura, apesadumbra, doblega, agravia, escarnece, hostiga, atosiga, apremia, aprieta y acosa, pero no hace huelga.
El poder conspira, traiciona, manipula, se regodea, conjura, confabula, concierta, castiga, sanciona, escarmienta, multa, inflige, perdona, indulta, condona, exime, se enriquece y reparte prebendas y favores, pero no hace huelga.
El poder, entre otras muchas cosas, construye, dirige, administra, tutela, edifica, propone, premia, recompensa, ensalza, preside, pacta, negocia, gobierna y, sobre todo, manda. Pero no hace huelga.
Los jueces constituyen uno de los tres poderes del Estado: el poder judicial. Cada uno de los jueces y magistrados encarna el poder e imparte justicia directamente. Y ustedes se preguntarán: Si cada uno de los jueces es un poder en sí mismo y el poder no hace huelga, ¿por qué muchos de los jueces hicieron huelga el 18 de febrero pasado y algunos menos también la han hecho ahora?
Pues verán, al margen de la cuestión política de que una asociación de talante conservador, próxima al Partido Popular, quiera apretar las clavijas a un Ejecutivo socialista o de lo razonable de la mayoría de las reivindicaciones formuladas en febrero -redefinir la carga máxima de trabajo por cada órgano judicial, mantener la facultad de señalar juicios, incrementar los medios materiales para ejercer la función, suprimir el traslado forzoso por ascenso y mejorar los salarios- y casi todas atendidas, lo que se aprecia desde fuera es que la mayoría de los jueces de a pie no siente que encarnan un poder del Estado.
No me refiero a los magistrados del Tribunal Supremo, ni a la mayoría de los de la Audiencia Nacional, ni a los que integran las cúpulas de los tribunales superiores de justicia, sino a los demás, al resto de los 4.573 jueces en activo de toda España, que llevan juzgados de instrucción, de primera instancia, de lo social o de lo contencioso, en muchos casos sobrecargados de trabajo, cuando no atascados.
Parece que esos jueces no se consideran un poder del Estado, sino unos funcionarios, más o menos privilegiados, pero funcionarios. Quizá porque tienen que negociar con el Ministerio de Justicia sus exigencias pero ellos no tienen semana caribeña, de martes a jueves, ni coche oficial, ni escoltas. En muchas ocasiones se tienen que llevar el trabajo a casa para poder sacar el juzgado adelante y su imagen se ve perjudicada por los errores de otros en casos mediáticos.
Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, la Constitución establece que "la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".
Decía Nietzsche: "Ser independiente es cosa de una pequeña minoría, es el privilegio de los fuertes", y concluía: "Ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo".
Quizá los jueces, no sólo unos pocos, deberían ser conscientes de la alta función que desempeñan en beneficio del ciudadano. Porque el poder no necesita demostrar que lo es y tampoco hace huelga.
(Artículo de José Yoldi, publicado en "El País" el 12 de octubre de 2009)
El poder cautiva, encanta, seduce, atrae, emboba, embelesa, absorbe y maravilla; pervierte, vicia, deprava, daña, malea, degenera, adultera, contamina, arruina, deteriora, perjudica, estropea, inutiliza y menoscaba; pero no hace huelga.
El poder amonesta, riñe, regaña, increpa, reconviene, predica y sermonea; fastidia, incomoda, carga, importuna, aflige, atormenta, martiriza, tortura, apesadumbra, doblega, agravia, escarnece, hostiga, atosiga, apremia, aprieta y acosa, pero no hace huelga.
El poder conspira, traiciona, manipula, se regodea, conjura, confabula, concierta, castiga, sanciona, escarmienta, multa, inflige, perdona, indulta, condona, exime, se enriquece y reparte prebendas y favores, pero no hace huelga.
El poder, entre otras muchas cosas, construye, dirige, administra, tutela, edifica, propone, premia, recompensa, ensalza, preside, pacta, negocia, gobierna y, sobre todo, manda. Pero no hace huelga.
Los jueces constituyen uno de los tres poderes del Estado: el poder judicial. Cada uno de los jueces y magistrados encarna el poder e imparte justicia directamente. Y ustedes se preguntarán: Si cada uno de los jueces es un poder en sí mismo y el poder no hace huelga, ¿por qué muchos de los jueces hicieron huelga el 18 de febrero pasado y algunos menos también la han hecho ahora?
Pues verán, al margen de la cuestión política de que una asociación de talante conservador, próxima al Partido Popular, quiera apretar las clavijas a un Ejecutivo socialista o de lo razonable de la mayoría de las reivindicaciones formuladas en febrero -redefinir la carga máxima de trabajo por cada órgano judicial, mantener la facultad de señalar juicios, incrementar los medios materiales para ejercer la función, suprimir el traslado forzoso por ascenso y mejorar los salarios- y casi todas atendidas, lo que se aprecia desde fuera es que la mayoría de los jueces de a pie no siente que encarnan un poder del Estado.
No me refiero a los magistrados del Tribunal Supremo, ni a la mayoría de los de la Audiencia Nacional, ni a los que integran las cúpulas de los tribunales superiores de justicia, sino a los demás, al resto de los 4.573 jueces en activo de toda España, que llevan juzgados de instrucción, de primera instancia, de lo social o de lo contencioso, en muchos casos sobrecargados de trabajo, cuando no atascados.
Parece que esos jueces no se consideran un poder del Estado, sino unos funcionarios, más o menos privilegiados, pero funcionarios. Quizá porque tienen que negociar con el Ministerio de Justicia sus exigencias pero ellos no tienen semana caribeña, de martes a jueves, ni coche oficial, ni escoltas. En muchas ocasiones se tienen que llevar el trabajo a casa para poder sacar el juzgado adelante y su imagen se ve perjudicada por los errores de otros en casos mediáticos.
Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, la Constitución establece que "la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".
Decía Nietzsche: "Ser independiente es cosa de una pequeña minoría, es el privilegio de los fuertes", y concluía: "Ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo".
Quizá los jueces, no sólo unos pocos, deberían ser conscientes de la alta función que desempeñan en beneficio del ciudadano. Porque el poder no necesita demostrar que lo es y tampoco hace huelga.
(Artículo de José Yoldi, publicado en "El País" el 12 de octubre de 2009)
LA MUERTE CIVIL DEL CORRUPTO
Un porcentaje indeterminado de la sociedad es honrado por un imperativo moral. Otro, me temo que mayoritario, lo es por temor al castigo. Los que no se sienten retenidos por lo uno o por lo otro son los delincuentes.
Correa y sus secuaces son unos de estos. Se trata de unos desgraciados que montan todo un tinglado de corrupción para enriquecerse a toda costa y encaramarse en el columpio de la opulencia sin más mérito y capacidad que la demostrada para corromper a otros.
De los corrompidos quiero hablar ahora. Con lo que ha sufrido la clase política con esto. No puedo entender lo que puede tener uno en la cabeza para dejarse comprar y entrar en esa trampa sin escape, cazados por una tropa de desaprensivos. Y pretender la impunidad o la inmunidad es patético.
Me pongo en situación. Pongamos por caso a Gerardo Galeote. Un tipo listo, que toda su vida profesional está ligada a la política de la que ha vivido desde que era un chaval. Que llevaba una cómoda y envidiable existencia en el Parlamento Europeo, de cuyo grupo llegó a ser importante dirigente. Ya está apartado del escaño al que es improbable que vuelva. Da igual, a estos efectos, si se ha enriquecido. Tiene un panorama desolador.
¿En cuánto valora este hombre su honra, su cómoda vida social, su influencia y su bienestar? Hasta donde vamos sabiendo, ha aceptado un par de coches y si hay más se sabrá. Pero ahora se tiene que enfrentar no solo a los Tribunales de Justicia sino a la muerte civil. Le tiene que explicar a sus hijos, si los tiene, por qué está procesado, por qué ha interrumpido abruptamente su carrera política. Y qué le va a decir a sus amigos, a los compañeros que con toda seguridad se le irán apartando para no ser vistos con un presunto corrupto.
No hay nadie en España que no haya visto una y otra vez ese video entrando con Correa y las esposas de ambos en El Escorial camino de la boda de la hija de Aznar. El video va a ser una cruz de la que nunca logrará descolgarse. Sus compañeros de partido saldrán mejor o peor parados del complejo laberinto en el que están metidos. Pero Galeote no va a salir indemne de esta bochornosa peripecia personal. No lo puedo entender.
(Artículo de Carlos Rosado publicado en "El Correo de Andalucía", el día 9 de octubre de 2009)
Correa y sus secuaces son unos de estos. Se trata de unos desgraciados que montan todo un tinglado de corrupción para enriquecerse a toda costa y encaramarse en el columpio de la opulencia sin más mérito y capacidad que la demostrada para corromper a otros.
De los corrompidos quiero hablar ahora. Con lo que ha sufrido la clase política con esto. No puedo entender lo que puede tener uno en la cabeza para dejarse comprar y entrar en esa trampa sin escape, cazados por una tropa de desaprensivos. Y pretender la impunidad o la inmunidad es patético.
Me pongo en situación. Pongamos por caso a Gerardo Galeote. Un tipo listo, que toda su vida profesional está ligada a la política de la que ha vivido desde que era un chaval. Que llevaba una cómoda y envidiable existencia en el Parlamento Europeo, de cuyo grupo llegó a ser importante dirigente. Ya está apartado del escaño al que es improbable que vuelva. Da igual, a estos efectos, si se ha enriquecido. Tiene un panorama desolador.
¿En cuánto valora este hombre su honra, su cómoda vida social, su influencia y su bienestar? Hasta donde vamos sabiendo, ha aceptado un par de coches y si hay más se sabrá. Pero ahora se tiene que enfrentar no solo a los Tribunales de Justicia sino a la muerte civil. Le tiene que explicar a sus hijos, si los tiene, por qué está procesado, por qué ha interrumpido abruptamente su carrera política. Y qué le va a decir a sus amigos, a los compañeros que con toda seguridad se le irán apartando para no ser vistos con un presunto corrupto.
No hay nadie en España que no haya visto una y otra vez ese video entrando con Correa y las esposas de ambos en El Escorial camino de la boda de la hija de Aznar. El video va a ser una cruz de la que nunca logrará descolgarse. Sus compañeros de partido saldrán mejor o peor parados del complejo laberinto en el que están metidos. Pero Galeote no va a salir indemne de esta bochornosa peripecia personal. No lo puedo entender.
(Artículo de Carlos Rosado publicado en "El Correo de Andalucía", el día 9 de octubre de 2009)
LA CORRUPCIÓN DE LA POLÍTICA
Me cuesta deshacerme de un libro y los conservo casi todos. Unos están en mi biblioteca olvidados bajo el polvo, mortecinos, y otros siguen activos como los amigos con quienes mantengo relación. Los libros con los que estudié son letra muerta, salvo excepciones. Pero a veces ocurre que la actualidad, noticia o situación penosa les da entrada de nuevo en mi memoria y pone otra vez en mis manos el libro menos pensado; por ejemplo --¿se imaginan?-- el Manuale Theologiae Moralis del P. Prümmer, un rollo en tres volúmenes y además en latín.
LA DESVENGÜENZA al uso de los políticos, la corrupción realmente existente, la que emerge y la sumergida; la apelación a la "presunción de inocencia" de los imputados en descargo de la responsabilidad moral, ese descaro; el rechazo de las pruebas de la acusación por defecto de forma para demorar la sentencia firme, esa triquiñuela; el infundio de una investigación policial sesgada o de las filtraciones para negar el fondo y la verdad del escándalo, o para distraer del caso a la opinión pública; la apelación a los resultados electorales como veredicto definitivo sobre el pasado, y al futuro para olvidarlo cuando es precisamente el pasado lo único que se puede juzgar... Todo eso, el cinismo y la cara dura, esa barra y desvergüenza, esa hipocresía, esa estrategia, el uso estratégico de la palabra y de la moral --de la palabra sobre la moral y sobre los valores morales porque interesa y cuando interesa-- me ha llevado a leer estos días lo que está escrito acerca de la doctrina escolástica sobre la ley penal.
He aquí, traducido libremente al "román paladino", lo que escribe al respecto el autor citado en su manual: "Se dice que una ley es penal cuando no obliga directa e inmediatamente bajo ninguna culpa moral sino solo bajo una pena".
POR EJEMPLO, añade, las normas de tráfico "que obligan al conductor a pagar la multa si las infringe" y si le pillan. Las leyes meramente penales no obligan moralmente a nada porque esté mandado y, si acaso, por su contenido; es decir, sólo si es justo a juicio de la conciencia y a quien así lo estima en conciencia.
La responsabilidad moral se está reduciendo peligrosamente al ámbito de la conciencia. Anulada la responsabilidad ante los otros, sin una ley moral válida para todos, sólo queda la responsabilidad penal ante los tribunales. O de pagar la pena si te pillan y, si puedes evitarlo, tampoco. Se establece así como forma de vida el egoísmo bruto, salvaje, de hacer cada uno lo que pueda y sepa para conseguir lo que quiere.
Poco importa que la persona como sujeto moral y ciudadano sea impensable sin una ley moral válida para todos. O que solo sea comprensible como persona razonable; es decir, si no quiere para otros lo que para sí no quiere, o cuando es libre y autónoma a la vez que justa y solidaria. Nada importa a un "actor racional" que solo entiende de medios, a un egoísta que no necesita consejos sino recursos.
Nada importa en un mundo en el que el dinero es la medida de todas las cosas y se confunde valor y precio. Nada, cuando apenas se puede hablar de lo que realmente vale y vale solo lo que se vende.
Nada, cuando el diálogo desinteresado para llegar a un consenso es la excepción y la negociación lo normal si hace falta y, si no, la imposición del más fuerte.
Nada, cuando los actores racionales --que no piensan en los demás y con los demás-- son tan poco razonables y tantos que intentar el diálogo parece ya perder el tiempo. En ese mundo se explica perfectamente la conducta incívica de los gamberros, la peste de la corrupción y el desprecio de la política.
PERO SI ningún régimen se sostiene por mucho tiempo asentado sobre la fuerza bruta, menos que ninguno la democracia sin la fuerza moral de los ciudadanos. Un ciudadano activo no es un "actor racional", un listillo sin escrúpulos que va a lo suyo y tonto el último que se entera. Un ciudadano activo es responsable de su vida y de la vida de su ciudad, ante su conciencia y ante los otros, ante la comunidad entera. Es moralmente responsable, aunque a veces se equivoque a corto plazo y lo tomen por necio. La estrategia sin moral corrompe la política, mientras que la mejor estrategia a largo plazo es la que sirve a la política: no a los políticos, sino a la cosa pública y al bien común. Ni al grupo, ni al partido, ni al interés particular por encima del interés general: sino al bien común de la comunidad humana.
(Artículo de José Bada, publicado en "El Periódico de Aragón" el 11 de octubre de 2009)
LA DESVENGÜENZA al uso de los políticos, la corrupción realmente existente, la que emerge y la sumergida; la apelación a la "presunción de inocencia" de los imputados en descargo de la responsabilidad moral, ese descaro; el rechazo de las pruebas de la acusación por defecto de forma para demorar la sentencia firme, esa triquiñuela; el infundio de una investigación policial sesgada o de las filtraciones para negar el fondo y la verdad del escándalo, o para distraer del caso a la opinión pública; la apelación a los resultados electorales como veredicto definitivo sobre el pasado, y al futuro para olvidarlo cuando es precisamente el pasado lo único que se puede juzgar... Todo eso, el cinismo y la cara dura, esa barra y desvergüenza, esa hipocresía, esa estrategia, el uso estratégico de la palabra y de la moral --de la palabra sobre la moral y sobre los valores morales porque interesa y cuando interesa-- me ha llevado a leer estos días lo que está escrito acerca de la doctrina escolástica sobre la ley penal.
He aquí, traducido libremente al "román paladino", lo que escribe al respecto el autor citado en su manual: "Se dice que una ley es penal cuando no obliga directa e inmediatamente bajo ninguna culpa moral sino solo bajo una pena".
POR EJEMPLO, añade, las normas de tráfico "que obligan al conductor a pagar la multa si las infringe" y si le pillan. Las leyes meramente penales no obligan moralmente a nada porque esté mandado y, si acaso, por su contenido; es decir, sólo si es justo a juicio de la conciencia y a quien así lo estima en conciencia.
La responsabilidad moral se está reduciendo peligrosamente al ámbito de la conciencia. Anulada la responsabilidad ante los otros, sin una ley moral válida para todos, sólo queda la responsabilidad penal ante los tribunales. O de pagar la pena si te pillan y, si puedes evitarlo, tampoco. Se establece así como forma de vida el egoísmo bruto, salvaje, de hacer cada uno lo que pueda y sepa para conseguir lo que quiere.
Poco importa que la persona como sujeto moral y ciudadano sea impensable sin una ley moral válida para todos. O que solo sea comprensible como persona razonable; es decir, si no quiere para otros lo que para sí no quiere, o cuando es libre y autónoma a la vez que justa y solidaria. Nada importa a un "actor racional" que solo entiende de medios, a un egoísta que no necesita consejos sino recursos.
Nada importa en un mundo en el que el dinero es la medida de todas las cosas y se confunde valor y precio. Nada, cuando apenas se puede hablar de lo que realmente vale y vale solo lo que se vende.
Nada, cuando el diálogo desinteresado para llegar a un consenso es la excepción y la negociación lo normal si hace falta y, si no, la imposición del más fuerte.
Nada, cuando los actores racionales --que no piensan en los demás y con los demás-- son tan poco razonables y tantos que intentar el diálogo parece ya perder el tiempo. En ese mundo se explica perfectamente la conducta incívica de los gamberros, la peste de la corrupción y el desprecio de la política.
PERO SI ningún régimen se sostiene por mucho tiempo asentado sobre la fuerza bruta, menos que ninguno la democracia sin la fuerza moral de los ciudadanos. Un ciudadano activo no es un "actor racional", un listillo sin escrúpulos que va a lo suyo y tonto el último que se entera. Un ciudadano activo es responsable de su vida y de la vida de su ciudad, ante su conciencia y ante los otros, ante la comunidad entera. Es moralmente responsable, aunque a veces se equivoque a corto plazo y lo tomen por necio. La estrategia sin moral corrompe la política, mientras que la mejor estrategia a largo plazo es la que sirve a la política: no a los políticos, sino a la cosa pública y al bien común. Ni al grupo, ni al partido, ni al interés particular por encima del interés general: sino al bien común de la comunidad humana.
(Artículo de José Bada, publicado en "El Periódico de Aragón" el 11 de octubre de 2009)
UN PREMIO MERECIDO
Si el Nobel de la Paz fuera el reconocimiento de los esfuerzos de toda una vida y de sus resultados, estaría más que justificada la sorpresa de muchos, empezando por el 'New York Times', al conocer la decisión del comité noruego.
Frente a los otros 84 hombres, 12 mujeres y 20 organizaciones galardonados desde 1901, año de la primera concesión, no debería sorprendernos, aunque, si damos más importancia a los resultados que a los deseos, 2009 podía haber sido perfectamente el vigésimo año en que el premio se hubiera dejado desierto.
En nombre de los cinco miembros del comité, su presidente, Thorbiorn Jagland, justificó la elección de Obama por "sus extraordinarios esfuerzos a favor de la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos", que, en opinión de los jueces nórdicos, "han creado un nuevo clima internacional·.
Adelantándose a las críticas, explicó que el comité siempre ha tratado de estimular iniciativas de paz, aunque aún no hubiesen dado frutos, pero no se trata sólo de un futurible. "Reconocemos lo que Obama ya ha hecho", añadió, "y su visión de un mundo sin armas nucleares".
¿Nuevo clima internacional?
Describir el clima internacional de los últimos nueves meses como nuevo es, posiblemente, exagerado, sobre todo si se contempla desde Asia, pero las últimas encuestas del Pew Research Center demuestran que la imagen de EEUU, especialmente en Europa y en el mundo árabe y musulmán, ha mejorado sustancialmente desde que Obama llegó a la Casa Blanca.
Su decisión, dos días después de su inauguración, de cerrar la cárcel de Guantánamo en un año está encontrando serias dificultades, pero la impunidad en el uso de la tortura y las violaciones flagrantes del derecho internacional en la guerra contra el terrorismo se han acabado o reducido drásticamente.
El fin de la guerra de Irak está lejos, pero desde agosto las tropas de combate estadounidenses están fuera de las ciudades y la retirada definitiva sigue en pie para finales de 2011.
Obama prometió diálogo con Irán y, a pesar de las continuas provocaciones de Teherán, el diálogo ha comenzado.
La ansiada paz palestino-israelí sigue siendo un sueño, pero ningún presidente estadounidense se había comprometido tanto ni tan pronto para conseguirla, empezando por la congelación de los asentamientos, un paso crucial.
La muralla que separa desde 1960 a EEUU y a Cuba sigue en pie, pero Obama ha suavizado las sanciones y ha multiplicado los gestos de buena voluntad.
Su respuesta al golpe en Honduras del 28 de junio y a las continuas provocaciones de Hugo Chávez son un soplo de aire fresco en las siempre complejas relaciones de Iberoamérica con el coloso del norte.
Reducción de armas estratégicas.
Con el acuerdo del 6 de julio con Rusia para firmar una nueva reducción de armas estratégicas antes de fin de año, la anulación (el 17 de septiembre) del proyecto antimisilístico en Polonia y la República Checa, y el compromiso a favor del desarme nuclear global, Obama ha facilitado y legitimado la lucha contra la proliferación, y ha revertido una tendencia enloquecida que sólo favorecía a países como Corea del Norte.
Afganistán no está más tranquila que hace un año, pero Obama, al menos, ha reconocido las contradicciones y graves errores cometidos en los siete años anteriores de guerra y está tratando de corregirlos. No será fácil ni rápido, pero es el primer paso para salir del pantano heredado de Bush.
Al Gore, Jimmy Carter, Henry Kissinger, Yasir Arafat, Simón Peres, Kofi Annan, Kim Dae-Jung, Martti Ahtisaari... ¿Habían hecho más méritos que Obama cuando recibieron el Nobel? Es discutible, pero, concediéndole el Nobel cuando no ha cumplido nueve meses en la Casa Blanca, ¿qué premio se le puede dar cuando dé fruto alguna de sus principales iniciativas?
(Artículo de Felipe Sahagún, publicado en la edición digital de "El Mundo" el 9 de octubre de 2009)
Código de Buen Gobierno en Extremadura
POLÍTICA Código de Buen Gobierno en Extremadura
Ningún hotel de cinco estrellas y las dietas no superarán los 60 euros
PSOE y PP regulan sueldos, viajes, coches oficiales o la publicidad
Efe Mérida
Actualizado jueves 08/10/2009 20:44 horas
Los líderes extremeños del PSOE, Guillermo Fernández Vara, y del PP, Jose Antonio Monago, han firmado un acuerdo de 16 puntos que regula aspectos como sueldos, dietas, viajes, coches oficiales o publicidad institucional, para mejorar la austeridad y la transparencia en la Administración regional, provincial y local.
El denominado Código del Buen Gobierno afecta también a cuantos organismos y empresas estén participadas mayoritariamente por socialistas y 'populares', y está abierto a que se pueden adherir otras fuerzas políticas, aunque Fernández Vara ha precisado en rueda de prensa que PSOE y PP representan al 95% de los extremeños.
No obstante, a partir de este jueves las administraciones, organismos y empresas afectadas deberán concretar cada una de las medidas. El documento, según el secretario regional socialista, "va más allá" de los siete principios aprobados por el Consejo de Gobierno de Extremadura en marzo.
El acuerdo establece que el sueldo del presidente de la Junta no superará la media de lo que perciben sus homólogos en el conjunto de España y la congelación de los sueldos de los cargos de todas las administraciones mientras se mantenga la crisis.
No se podrán usar hoteles de cinco estrellas y la manutención diaria no superará los 60 euros. El parque móvil también se congelará, los vehículos oficiales no se sustituirán hasta contar con un mínimo de 300.000 kilómetros y las adquisiciones serán de gama media.
Las administraciones deberán asumir un compromiso de reducir el gasto en medios informáticos y telecomunicación en un diez por ciento, y habrá una ley regional que regule la publicidad institucional. Además, deberán colgar en sus portales de Internet las retribuciones y dietas cobradas en el año anterior.
(noticia publicada en el El MUNDO, viernes 9 de octubre de 2009)
IGUALDAD ANTE LA LEY
El Tribunal Constitucional italiano ha puesto pie en pared. La Ley Alfano, con la que el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Silvio Berlusconi, confiaba blindar su inmunidad y eludir la acción de la justicia, ha sido declarada inconstitucional. La igualdad ante la ley, de la que nadie puede escapar en un Estado de derecho, ha sido salvada en una sentencia que honra a la justicia italiana.
El presidente del Consejo de Ministros, afortunadamente, no está por encima de las leyes, y no tendrá más remedio que responder ante los tribunales siempre que sea requerido para ello como cualquier otro ciudadano italiano. Señalando la ilegitimidad tanto de la sustancia (la manifiesta desigualdad ante la ley) como del método elegido para hacer el laudo (una ley ordinaria y promulgada en 25 días), el Constitucional ha devuelto seriedad y credibilidad a un país que Berlusconi ha tratado de convertir en paraíso de la ilegalidad y de la impunidad de los más poderosos.
La Ley Alfano blindaba ante la acción de la justicia e incluso de la investigación policial a cuatro altos cargos: al presidente de la República, a los presidentes de las dos cámaras, y al presidente del Consejo, de forma que no se podía emprender ninguna acción en su contra mientras estuvieran en ejercicio. Fue elaborada ex profeso para completar el escudo legal de Berlusconi ante el alud de investigaciones desencadenadas por sus numerosas actividades irregulares.
El conjunto de leyes aprobadas por las mayorías berlusconianas para evitar el procesamiento del jefe constituye un corpus jurídico específico, del que la Ley Alfano iba a constituir la coronación más infamante para el principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante las leyes.
Berlusconi ha hecho aprobar leyes para impedir las comisiones rogatorias en el extranjero destinadas a investigar sus actividades transfronterizas. Hizo despenalizar las falsedades contables. Aprobó la amnistía para las construcciones ilegales. Ha aprobado la limitación de las escuchas telefónicas para casos de corrupción. Y consiguió una legislación, la Ley Gasparri, para consagrar su monopolio televisivo y su casi monopolio mediático. Su ejército de abogados ha conseguido combinar con gran habilidad e infinitos medios económicos la prescripción y la legislación ad hoc para evitar las condenas.
Además de una victoria jurídica del Estado de derecho, la decisión de los máximos magistrados constituye una derrota política para el primer ministro italiano, que se suma al torrente de desprestigio acumulado en su constante confusión entre vida pública y comportamientos privados. Pero lo más preocupante para el magnate mediático es que la sentencia significa la reapertura como mínimo de dos de los cuatro procesos que la Ley Alfano había frenado, uno por soborno y otro por irregularidades financieras en la compraventa de derechos televisivos.
(Editorial de "El País", publicado el 8 de octubre de 2009)
El presidente del Consejo de Ministros, afortunadamente, no está por encima de las leyes, y no tendrá más remedio que responder ante los tribunales siempre que sea requerido para ello como cualquier otro ciudadano italiano. Señalando la ilegitimidad tanto de la sustancia (la manifiesta desigualdad ante la ley) como del método elegido para hacer el laudo (una ley ordinaria y promulgada en 25 días), el Constitucional ha devuelto seriedad y credibilidad a un país que Berlusconi ha tratado de convertir en paraíso de la ilegalidad y de la impunidad de los más poderosos.
La Ley Alfano blindaba ante la acción de la justicia e incluso de la investigación policial a cuatro altos cargos: al presidente de la República, a los presidentes de las dos cámaras, y al presidente del Consejo, de forma que no se podía emprender ninguna acción en su contra mientras estuvieran en ejercicio. Fue elaborada ex profeso para completar el escudo legal de Berlusconi ante el alud de investigaciones desencadenadas por sus numerosas actividades irregulares.
El conjunto de leyes aprobadas por las mayorías berlusconianas para evitar el procesamiento del jefe constituye un corpus jurídico específico, del que la Ley Alfano iba a constituir la coronación más infamante para el principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante las leyes.
Berlusconi ha hecho aprobar leyes para impedir las comisiones rogatorias en el extranjero destinadas a investigar sus actividades transfronterizas. Hizo despenalizar las falsedades contables. Aprobó la amnistía para las construcciones ilegales. Ha aprobado la limitación de las escuchas telefónicas para casos de corrupción. Y consiguió una legislación, la Ley Gasparri, para consagrar su monopolio televisivo y su casi monopolio mediático. Su ejército de abogados ha conseguido combinar con gran habilidad e infinitos medios económicos la prescripción y la legislación ad hoc para evitar las condenas.
Además de una victoria jurídica del Estado de derecho, la decisión de los máximos magistrados constituye una derrota política para el primer ministro italiano, que se suma al torrente de desprestigio acumulado en su constante confusión entre vida pública y comportamientos privados. Pero lo más preocupante para el magnate mediático es que la sentencia significa la reapertura como mínimo de dos de los cuatro procesos que la Ley Alfano había frenado, uno por soborno y otro por irregularidades financieras en la compraventa de derechos televisivos.
(Editorial de "El País", publicado el 8 de octubre de 2009)
LA SILLA ANTES QUE LAS IDEAS
La clase política catalana está muy preocupada por lo que se pueda descubrir bajo la manta de los últimos escándalos del Palau y de los informes inútiles. Cuando se ha sabido que desde el Palau de la Música se financiaban fundaciones afines a partidos políticos gracias a la peculiar bonhomía de su presidente Fèlix Millet, sus dirigentes se están esforzando en convencernos de que sus formaciones políticas nada tienen que ver con las malas artes destapadas. Que cada cual crea lo que quiera pero, con los múltiples precedentes de financiación irregular existentes en nuestro país, es normal que ahora tengamos muchas dudas sobre las opacas prácticas partidistas. El tema ha desenterrado el irresoluto problema de la financiación de los partidos políticos. Hay que recordar que los partidos son los únicos responsables de la incapacidad de resolver un asunto que lleva treinta años pendiente y así seguirá a corto y medio plazo. Mientras tanto, la hipocresía galopa y corta el viento, como la jaca de la canción, y vemos cómo algunos se escandalizan por las vergüenzas financieras descubiertas al vecino, mientras rezan para que no salgan las suyas.
Esa misma hipocresía se mostró la semana pasada en el penoso espectáculo que se vio en la grada de los escaños durante el debate del Parlament. Lo de menos era escuchar al orador. Quien no se entretenía enviando mensajitos de móvil, chateaba o navegaba en los portátiles que todo diputado disfruta por sentarse en la Cámara catalana. Pero esa actitud nunca se ha cuestionado. En cambio, sí ha surgido un problema cuando los periodistas, advirtiendo la divertida ocupación de los diputados en horario laboral, han dado cuenta del contenido de esos mensajes. Las vergüenzas se han vuelto a mostrar y, con ellas, nuevamente el alto grado de hipocresía política. El conseller de Interior, Joan Saura, y su compañero de partido Jaume Bosch pusieron a parir en SMS a su socio de gobierno y presidente de la Generalitat mientras discurseaba en el estrado, y, minutos después, los aplausos fueron unánimes en la bancada del tripartito al definido por ICV como "tostón insensible". No pasa nada. Lo importante es la apariencia. La guinda la puso el inequívoco mensaje que el diputado Daniel Sirera (PPC) envió a su compañera Carina Mejías diciendo que su propio partido es una mierda.
Pero tranquilos, todos seguirán como quien oye llover porque, al parecer, lo importante no son las ideas sino la silla y el cargo. Tampoco pasa nada con los informes inútiles, fiscalizadores de la opinión publicada, que siguen bajo llave y que, para vergüenza colectiva, no se harán públicos. Los que encargaron esos costosos disparates deben estar tan avergonzados que sólo permiten que la oposición los vea, pero no los toque, bajo vigilancia. Si están convencidos de tener la conciencia tranquila en este asunto, ¿qué problema hay en que los veamos todos?
(Artículo de Enric Sierra, publicado en "La Vanguardia" el 5 de octubre de 2009)
Esa misma hipocresía se mostró la semana pasada en el penoso espectáculo que se vio en la grada de los escaños durante el debate del Parlament. Lo de menos era escuchar al orador. Quien no se entretenía enviando mensajitos de móvil, chateaba o navegaba en los portátiles que todo diputado disfruta por sentarse en la Cámara catalana. Pero esa actitud nunca se ha cuestionado. En cambio, sí ha surgido un problema cuando los periodistas, advirtiendo la divertida ocupación de los diputados en horario laboral, han dado cuenta del contenido de esos mensajes. Las vergüenzas se han vuelto a mostrar y, con ellas, nuevamente el alto grado de hipocresía política. El conseller de Interior, Joan Saura, y su compañero de partido Jaume Bosch pusieron a parir en SMS a su socio de gobierno y presidente de la Generalitat mientras discurseaba en el estrado, y, minutos después, los aplausos fueron unánimes en la bancada del tripartito al definido por ICV como "tostón insensible". No pasa nada. Lo importante es la apariencia. La guinda la puso el inequívoco mensaje que el diputado Daniel Sirera (PPC) envió a su compañera Carina Mejías diciendo que su propio partido es una mierda.
Pero tranquilos, todos seguirán como quien oye llover porque, al parecer, lo importante no son las ideas sino la silla y el cargo. Tampoco pasa nada con los informes inútiles, fiscalizadores de la opinión publicada, que siguen bajo llave y que, para vergüenza colectiva, no se harán públicos. Los que encargaron esos costosos disparates deben estar tan avergonzados que sólo permiten que la oposición los vea, pero no los toque, bajo vigilancia. Si están convencidos de tener la conciencia tranquila en este asunto, ¿qué problema hay en que los veamos todos?
(Artículo de Enric Sierra, publicado en "La Vanguardia" el 5 de octubre de 2009)
CORRUPCION O TRANSPARENCIA
No hace falta esforzarse para ver como la corrupción se abre paso en todas direcciones, hace uso de la fuerza, del poder y del dinero convirtiendo sus deseos en realidad, y con ello corrompe las personas, las empresas y las instituciones, también va rompiendo estados y generando pobreza y miseria entre los más débiles de nuestro planeta. La corrupción se mantiene indiferente, su único objetivo es su riqueza, su poder, poseer más, acumular más.
Y es que cuando convivimos con la corrupción en un país desarrollado sentimos vergüenza. La corrupción se pasea indiferente sin mostrar vergüenza ni pudor en nuestro país, un país desarrollado, democrático y solidario, dicen. En cambio, la tolerancia con la corrupción llega a los niveles más altos, o eso nos parece al ver día sí y día también titulares informativos dando muestras de ella, o acciones judiciales mínimas y tremendamente decepcionantes.
Si esto ocurre en países desarrollados como el nuestro, qué pasará en países del tercer mundo, países rotos y empobrecidos, sin nada en el horizonte que dé esperanza a su población, países donde la idea de la muerte por hambre es aceptada como un mal endémico imposible de erradicar, dicen con total resignación. Mientras la corrupción y los corruptos se siguen paseando con indiferencia, ante la mirada taciturna de gobiernos, políticos y ciudadanos que apenas podemos dar crédito a lo que ocurre.
Parece como si ignoráramos la fuerza de la transparencia como norma, transparencia más allá de las palabras, transparencia en todo tipo de transacciones mercantiles y financieras, transparencia en la aplicación de leyes penales no tolerantes con ningún tipo de corrupción, la transparencia es el antídoto contra la corrupción y los corruptos, genera igualdad ante la ley y el bien común, favoreciendo la redistribución de la riqueza y poniendo un poco de esperanza en priorizar aquello que debe ir primero: la vida y la dignidad de todas las personas.
(Escrito por Juanjo Salbia en Cartas al Director de "La Vanguardia", el día 6 de octubre de 200)
Y es que cuando convivimos con la corrupción en un país desarrollado sentimos vergüenza. La corrupción se pasea indiferente sin mostrar vergüenza ni pudor en nuestro país, un país desarrollado, democrático y solidario, dicen. En cambio, la tolerancia con la corrupción llega a los niveles más altos, o eso nos parece al ver día sí y día también titulares informativos dando muestras de ella, o acciones judiciales mínimas y tremendamente decepcionantes.
Si esto ocurre en países desarrollados como el nuestro, qué pasará en países del tercer mundo, países rotos y empobrecidos, sin nada en el horizonte que dé esperanza a su población, países donde la idea de la muerte por hambre es aceptada como un mal endémico imposible de erradicar, dicen con total resignación. Mientras la corrupción y los corruptos se siguen paseando con indiferencia, ante la mirada taciturna de gobiernos, políticos y ciudadanos que apenas podemos dar crédito a lo que ocurre.
Parece como si ignoráramos la fuerza de la transparencia como norma, transparencia más allá de las palabras, transparencia en todo tipo de transacciones mercantiles y financieras, transparencia en la aplicación de leyes penales no tolerantes con ningún tipo de corrupción, la transparencia es el antídoto contra la corrupción y los corruptos, genera igualdad ante la ley y el bien común, favoreciendo la redistribución de la riqueza y poniendo un poco de esperanza en priorizar aquello que debe ir primero: la vida y la dignidad de todas las personas.
(Escrito por Juanjo Salbia en Cartas al Director de "La Vanguardia", el día 6 de octubre de 200)
EL OLVIDADO ARTE DE LA DIMISIÓN
Tampoco. Tampoco en esta ocasión, con motivo del escándalo del Palau de la Música de Barcelona, se ha producido, al menos hasta el momento, dimisión alguna. Me refiero, claro está, a dimisión entre los responsables políticos y no de la inevitable retirada de quienes, aunque con años de retraso, han sido pillados con las manos en la masa.
Todo el mundo espera que Fèlix Millet y compañía vayan a la cárcel y, a juzgar por sus declaraciones, los primeros que lo esperan son aquellos políticos que, con sueldos pagados por el erario público, tenían como misión vigilar que el dinero de los ciudadanos no fuera robado por desaprensivos. En el asunto Millet los corresponsables del expolio pertenecen a tres administraciones -Ayuntamientto, Generalitat, Estado-, a diversos partidos, a varias legislaturas. Sin embargo, por lo que advertimos, ninguno se siente eso: co-responsable del expolio. Los que ostentan cargos en la actualidad señalan hacia el pasado; los que ostentaron en el pasado se escudan en el presente. Unos y otros aguardan el olvido que deparará el futuro.
Tienen razones sobradas para adoptar esta estrategia puesto que viven en un escenario en el que esta actitud siempre acaba por dar buenos dividendos. Si observamos la larga cadena de corrupciones que se ha enroscado en nuestra historia reciente comprobaremos que el número de divisiones entre los políticos que debían velar para que no se produjeran aquéllas ha sido ínfimo.
¿Cuántas dimisiones de ministros, de subsecretarios, de alcaldes ha provocado la especulación urbanística o financiera? ¿Alguien se ha sentido obligado a dimitir por la génesis de una Crisis, así en mayúsculas, que, ha sido considerada como un monstruo impersonal del cual nadie era individualmente responsable? No tenemos noticias de que ningún cargo público se considerase demasiado inepto, demasiado avergonzado, demasiado escrupuloso para dar un paso al frente y anunciar su dimisión.
Una democracia en la que nadie, jamás, dimite -a no ser que tenga la pistola en el cuello- es un sistema monolítico y sin porvenir. Parece, según cuentan algunos historiadores, que este problema fue ya entrevisto con claridad en la joven democracia de Pericles de manera que se exigía a los elegidos por los votantes una suerte de permanente disponibilidad a dejar el cargo si cometían irregularidades y errores antes de finalizar el plazo de su mandato, y otro tanto sucedía en los menores momentos de la república romana.
Si lográramos trasladar esta precaución a nuestra época, el responsable político, además de jurar o prometer el cargo debería comprometerse al abandono anticipado del mismo en caso de faltar a sus obligaciones. En la cartera ministerial, por ejemplo, siempre se llevaría la carta de dimisión bien redactada, dejando un espacio para indicar el motivo. El arte de la dimisión, que no debería implicar necesariamente hechos vergonzosos, e incluso podría representar una protesta contra ellos, otorgaría permeabilidad a la democracia y confianza a los ciudadanos.
Pero no es el caso, al menos aquí. El anquilosamiento de las instituciones y la desconfianza ciudadana tienen mucho que ver con la sensación de enclaustramiento de la llamada clase política. Ante muchos ciudadanos los partidos aparecen como opacas estructuras en cuyo interior se ayudan mutuamente a ganar, mantener o recuperar el poder. Quedan restos ideológicos, sí, adheridos a los programas que se proclaman en las citas electorales, pero el peso del poder de las ideas es percibido como infinitamente menor al ansia de poder de los integrantes del grupo.
Puede que esta percepción sea en parte injusta pero es la que prevalece en el momento de acusar que, en la actualidad, la "carrera política" es un buen medio -de igual eficacia que el que ofrecen determinadas sectas religiosas-, para hacerse con una posición económica, un trabajo estable y hasta una profesión. Sin apenas debates internos de envergadura, los partidos políticos exigen crecientemente a sus miembros secreto y silencio. O, tal vez, esta exigencia ni siquiera es necesaria, puesto que los afiliados tienden a una sumisión voluntaria a la que, desde luego, tratarán de sacar partido.
No deja de ser elocuente a este respecto que en las últimas semanas se haya aludido en la prensa repetidamente al mutismo que rodea las reuniones de los dos grandes partidos españoles. En apariencia, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular tienen sobradas razones como para discutir encarnizadamente acerca de las estrategias seguidas. ¿Cómo puede ser que estos partidos no tengan en su interior distintas tendencias que se expresen en libertad y luchen entre sí en relación a asuntos de tanta envergadura como la crisis económica, la corrupción o el desplome educativo? ¿Cómo puede ser que los miles de cargos públicos que suman entre ambos partidos comporten tanta unanimidad en el momento de defenderse contra tanta tentación de dimitir? Es verdad que vociferan unos y otros, pero la credibilidad de los gritos es escasa, pues los ciudadanos han oído tantas veces esas sonadas acusaciones sin apenas consecuencias que ya no creen en la sinceridad del exabrupto.
Tras perpetrarse esta actitud la escena democrática ha quedado profundamente quebrantada: a unos partidos ensimismados, transformados en aparatos de poder autosuficiente, les corresponde una ciudadanía apática y desconfiada, alejada de cualquier pasión política, que desprecia las instituciones públicas, como repetidamente se pone de relieve en las encuestas que publican los medios de comunicación. A un paisaje así lo llamamos democracia porque no se nos ocurre otra cosa o porque siempre tenemos miedo de que vuelva algo peor. Una democracia, sin embargo, con alarmante síntoma de inanición. Reinstaurar -o instaurar, porque aquí lo cierto es que poca tradición hay- el arte de la dimisión podría reanimar al enfermo.
Ahora, a raíz del caso Millet, tenemos una nueva oportunidad, una más de las muchas que hemos gozado en estos últimos años. Como se ha escrito reiteradamente en los periódicos el señor Fèlix Millet, astuto camaleón, ha sido pujolista, aznarista con Aznar y tripartidista con el tripartito. Su trayectoria supuestamente delictiva ha atravesado cuatro lustros, como mínimo, arrastrando a decenas de responsables políticos que tenían la obligación de impedir aquella trayectoria. Los hay de todos los colores y todos tienen cara, nombre y apellidos.
Es el momento de que algunos tengan la grandeza de sacrificarse por la democracia y exclamar ¡soy responsable! o ¡fui responsable! Es el momento de dimitir de los cargos actuales o de los puestos propiciados por antiguos cargos. Ya sabemos que el señor Millet es un presunto ladrón. Lo que queremos saber es quién dejó que lo fuera. Bastaría que alguien, no necesariamente presionado por los medios de comunicación, se presentara voluntario para asumir su rol en el escenario. Un acto semejante daría aire a la democracia.
Pero soy el primero que dudo que algo así pueda producirse, ni en éste ni en los demás casos. Pedir grandeza cuando se ha instalado la mediocridad es pedir peras al olmo. Y aún más cuando se trata de una mediocridad satisfecha. Escuchen, si no, esta anécdota. Este verano me encontré por la calle a un compañero de la universidad al que no había vuelto a ver en todos estos años. No se le tenía, entonces, por una lumbrera. Le pregunté cómo estaba y, sin transición y sin matices, me contestó que le había ido extraordinariamente bien en la vida. Para resumirme esta satisfacción vital me contó que era segundo en las filas de determinado partido. "Yo que, como sabes, no era ninguna lumbrera", argumentó, medio bonachón, medio malicioso. Estuve a punto de decirle que también Calígula nombró senador a su caballo. Pero me callé puesto que, al fin y al cabo, no conozco a nadie más con una opinión tan elevada acerca de lo que ha sido su vida.
(Artículo de Rafael Argullol, publicado en "El País" el 4 de octubre de 2009)
Todo el mundo espera que Fèlix Millet y compañía vayan a la cárcel y, a juzgar por sus declaraciones, los primeros que lo esperan son aquellos políticos que, con sueldos pagados por el erario público, tenían como misión vigilar que el dinero de los ciudadanos no fuera robado por desaprensivos. En el asunto Millet los corresponsables del expolio pertenecen a tres administraciones -Ayuntamientto, Generalitat, Estado-, a diversos partidos, a varias legislaturas. Sin embargo, por lo que advertimos, ninguno se siente eso: co-responsable del expolio. Los que ostentan cargos en la actualidad señalan hacia el pasado; los que ostentaron en el pasado se escudan en el presente. Unos y otros aguardan el olvido que deparará el futuro.
Tienen razones sobradas para adoptar esta estrategia puesto que viven en un escenario en el que esta actitud siempre acaba por dar buenos dividendos. Si observamos la larga cadena de corrupciones que se ha enroscado en nuestra historia reciente comprobaremos que el número de divisiones entre los políticos que debían velar para que no se produjeran aquéllas ha sido ínfimo.
¿Cuántas dimisiones de ministros, de subsecretarios, de alcaldes ha provocado la especulación urbanística o financiera? ¿Alguien se ha sentido obligado a dimitir por la génesis de una Crisis, así en mayúsculas, que, ha sido considerada como un monstruo impersonal del cual nadie era individualmente responsable? No tenemos noticias de que ningún cargo público se considerase demasiado inepto, demasiado avergonzado, demasiado escrupuloso para dar un paso al frente y anunciar su dimisión.
Una democracia en la que nadie, jamás, dimite -a no ser que tenga la pistola en el cuello- es un sistema monolítico y sin porvenir. Parece, según cuentan algunos historiadores, que este problema fue ya entrevisto con claridad en la joven democracia de Pericles de manera que se exigía a los elegidos por los votantes una suerte de permanente disponibilidad a dejar el cargo si cometían irregularidades y errores antes de finalizar el plazo de su mandato, y otro tanto sucedía en los menores momentos de la república romana.
Si lográramos trasladar esta precaución a nuestra época, el responsable político, además de jurar o prometer el cargo debería comprometerse al abandono anticipado del mismo en caso de faltar a sus obligaciones. En la cartera ministerial, por ejemplo, siempre se llevaría la carta de dimisión bien redactada, dejando un espacio para indicar el motivo. El arte de la dimisión, que no debería implicar necesariamente hechos vergonzosos, e incluso podría representar una protesta contra ellos, otorgaría permeabilidad a la democracia y confianza a los ciudadanos.
Pero no es el caso, al menos aquí. El anquilosamiento de las instituciones y la desconfianza ciudadana tienen mucho que ver con la sensación de enclaustramiento de la llamada clase política. Ante muchos ciudadanos los partidos aparecen como opacas estructuras en cuyo interior se ayudan mutuamente a ganar, mantener o recuperar el poder. Quedan restos ideológicos, sí, adheridos a los programas que se proclaman en las citas electorales, pero el peso del poder de las ideas es percibido como infinitamente menor al ansia de poder de los integrantes del grupo.
Puede que esta percepción sea en parte injusta pero es la que prevalece en el momento de acusar que, en la actualidad, la "carrera política" es un buen medio -de igual eficacia que el que ofrecen determinadas sectas religiosas-, para hacerse con una posición económica, un trabajo estable y hasta una profesión. Sin apenas debates internos de envergadura, los partidos políticos exigen crecientemente a sus miembros secreto y silencio. O, tal vez, esta exigencia ni siquiera es necesaria, puesto que los afiliados tienden a una sumisión voluntaria a la que, desde luego, tratarán de sacar partido.
No deja de ser elocuente a este respecto que en las últimas semanas se haya aludido en la prensa repetidamente al mutismo que rodea las reuniones de los dos grandes partidos españoles. En apariencia, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular tienen sobradas razones como para discutir encarnizadamente acerca de las estrategias seguidas. ¿Cómo puede ser que estos partidos no tengan en su interior distintas tendencias que se expresen en libertad y luchen entre sí en relación a asuntos de tanta envergadura como la crisis económica, la corrupción o el desplome educativo? ¿Cómo puede ser que los miles de cargos públicos que suman entre ambos partidos comporten tanta unanimidad en el momento de defenderse contra tanta tentación de dimitir? Es verdad que vociferan unos y otros, pero la credibilidad de los gritos es escasa, pues los ciudadanos han oído tantas veces esas sonadas acusaciones sin apenas consecuencias que ya no creen en la sinceridad del exabrupto.
Tras perpetrarse esta actitud la escena democrática ha quedado profundamente quebrantada: a unos partidos ensimismados, transformados en aparatos de poder autosuficiente, les corresponde una ciudadanía apática y desconfiada, alejada de cualquier pasión política, que desprecia las instituciones públicas, como repetidamente se pone de relieve en las encuestas que publican los medios de comunicación. A un paisaje así lo llamamos democracia porque no se nos ocurre otra cosa o porque siempre tenemos miedo de que vuelva algo peor. Una democracia, sin embargo, con alarmante síntoma de inanición. Reinstaurar -o instaurar, porque aquí lo cierto es que poca tradición hay- el arte de la dimisión podría reanimar al enfermo.
Ahora, a raíz del caso Millet, tenemos una nueva oportunidad, una más de las muchas que hemos gozado en estos últimos años. Como se ha escrito reiteradamente en los periódicos el señor Fèlix Millet, astuto camaleón, ha sido pujolista, aznarista con Aznar y tripartidista con el tripartito. Su trayectoria supuestamente delictiva ha atravesado cuatro lustros, como mínimo, arrastrando a decenas de responsables políticos que tenían la obligación de impedir aquella trayectoria. Los hay de todos los colores y todos tienen cara, nombre y apellidos.
Es el momento de que algunos tengan la grandeza de sacrificarse por la democracia y exclamar ¡soy responsable! o ¡fui responsable! Es el momento de dimitir de los cargos actuales o de los puestos propiciados por antiguos cargos. Ya sabemos que el señor Millet es un presunto ladrón. Lo que queremos saber es quién dejó que lo fuera. Bastaría que alguien, no necesariamente presionado por los medios de comunicación, se presentara voluntario para asumir su rol en el escenario. Un acto semejante daría aire a la democracia.
Pero soy el primero que dudo que algo así pueda producirse, ni en éste ni en los demás casos. Pedir grandeza cuando se ha instalado la mediocridad es pedir peras al olmo. Y aún más cuando se trata de una mediocridad satisfecha. Escuchen, si no, esta anécdota. Este verano me encontré por la calle a un compañero de la universidad al que no había vuelto a ver en todos estos años. No se le tenía, entonces, por una lumbrera. Le pregunté cómo estaba y, sin transición y sin matices, me contestó que le había ido extraordinariamente bien en la vida. Para resumirme esta satisfacción vital me contó que era segundo en las filas de determinado partido. "Yo que, como sabes, no era ninguna lumbrera", argumentó, medio bonachón, medio malicioso. Estuve a punto de decirle que también Calígula nombró senador a su caballo. Pero me callé puesto que, al fin y al cabo, no conozco a nadie más con una opinión tan elevada acerca de lo que ha sido su vida.
(Artículo de Rafael Argullol, publicado en "El País" el 4 de octubre de 2009)
EL GIRO ESPERADO
Cuando se dice que en algún asunto se ha producido un giro, con frecuencia se añade a continuación el adjetivo inesperado. Pues bien, en el caso Millet se ha producido esta semana un giro de signo contrario, un giro esperado: han entrado en escena los partidos políticos. ¿Por qué era de esperar? Por una razón de fondo y otra de forma.
La razón de fondo es que la impunidad de que ha gozado Millet en estos años, sorteando controles privados y públicos, hacía prever que necesitaba determinadas connivencias, tanto de la sociedad –civil, por supuesto– como de las instituciones públicas. Uno sólo comete tantas irregularidades cuando se siente seguro dentro de la esfera en que actúa y esta seguridad proviene siempre de las complicidades que ha ido tejiendo.
Pero, además, está la razón formal. En la escenificación pública que ha tenido lugar desde el 23 de julio en que se empezó a descubrir el tinglado, destacados miembros del establishment político y social de Catalunya han insistido en que la responsabilidad debía circunscribirse a Millet, a un tal Montull y a la hija de este. Cuando lo decían se les notaba que la camisa no les llegaba al cuerpo. Es evidente que un fraude continuado de esta magnitud no podía llevarse acabo sin el amparo de una trama que también se beneficiara del fraude y, por esta razón, como mínimo, mirara hacia otro lado. Afortunadamente, ni la Agencia Tributaria estatal que descubrió los indicios de delito, ni la Fiscalía que actuó con la debida diligencia, pertenecían a esta trama y han actuado con la independencia que les es propia cumpliendo así con sus respectivas funciones.
Las declaraciones de Ángel Colom han dado la medida de cómo actúan algunos que, diciendo que "sirven al país", lo que hacen es "servirse del país". Ya se sabe que cuando alguien invoca la patria, lo mejor es comprobar inmediatamente si aún conservas la cartera. Ofrece dudas la cantidad que Millet dio a Colom para, supuestamente, liquidar las deudas del PI. Pero lo significativo es que en el momento que esto sucedió, Colom acababa de afiliarse a Convergència. Hagan, lectores, las cábalas que quieran. Y ya pueden decir desde Convergència que los 630.000 euros recibidos por la Fundació Trias Fargas son legales y están documentados y auditados. Démoslo por bueno. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual el Palau subvencionaba a una fundación ligada a un partido político? Si el Palau se nutría en muy buena parte de donaciones privadas y ayudas públicas, ¿no hubiera debido destinar los fondos que recibía a mejorar sus actividades musicales, remunerar mejor a sus colaboradores, muchos de ellos simples voluntarios que no cobraban un duro, o rebajar el precio de las entradas del Palau? Lo que empezó como el caso Millet puede convertirse en un caso con nombres distintos. El asunto no ha hecho más que empezar. Cuando alguien invoca la patria, lo mejor es comprobar inmediatamente si aún conservas la cartera.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 3 de octubre de 2009)
ÉTICA, ESTÉTICA E INMUNIDAD DEL PODER
Cada vez tengo menos claro qué significa tener poder. Seguramente debe ser cosa del sistema que cambia, se transforma y hace tambalear el mundo que hasta la fecha dábamos por descontado. O quizá es que se han alterado los resortes que más pesan y los factores que determinan que alguien sea considerado poderoso. Me pregunto qué da más poder hoy. ¿El apellido? ¿El patrimonio? ¿Los votos? ¿La fama? ¿La posibilidad de hacer el bien o la capacidad de hacer el mal? Cuesta encontrar una respuesta clara, es evidente que los apellidos pesan, y más si forman parte de las 400 familias, pero no siempre los apellidos van asociados al dinero y, a veces, cuando alguien quiere hacer una cosa a costa de la otra acaba por quedarse sin ninguna de las dos. Y si no que se lo pregunten al expoderoso señor Millet, inmerso ahora en un doloroso proceso de deconstrucción de nombre y fortuna.Haber ganado unas elecciones y gobernar tampoco garantiza el poder, ni mucho menos. El ejercicio de responsabilidad de un cargo público implica tener que superar muchos condicionantes, tener que arrastrar muchas hipotecas y, sobre todo, tener que dar muchas explicaciones. Además, el poder viene de las urnas y tras haber ganado unas elecciones todo el mundo tiembla temiendo perder las próximas. De ahí las inseguridades y los miedos que llevan a encargar informes inútiles y a contratar espías de serie B, que son los que siempre acaban siendo descubiertos.Supongo que el poder real es opaco y nos pasa más desapercibido porque no quiere ruido y tiene poca presencia mediática. El silencio es indispensable con los niveles de inmunidad que requiere. Pero de vez en cuando, como un relámpago, se publica una noticia relacionada con este mundo que nos sorprende. En plena crisis económica, con millones de parados y muchas voces reclamando más ética a los que más tienen, hemos descubierto que José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado del BBVA, se jubila a los 55 años con una pensión de 52,49 millones de euros. Y lo dicen. Y lo cumplen. Y no pasa nada. He aquí que, lo que significa tener poder, debe ser aproximadamente esto.
(Artículo de Francesc Escribano publicado en "El Periódico de Catalunya" el 2 de octubre de 2009)
(Artículo de Francesc Escribano publicado en "El Periódico de Catalunya" el 2 de octubre de 2009)
CORRUPCIÓN EN EL TEMPLO.
La indignación moral puede tener sus ventajas. Si, como ha anunciado, la junta del Orfeó Català concreta con la energía necesaria los sentimientos de los socios y, más generalmente, los de nuestra ciudadanía, el desastre desatado por el presunto robo millonario del Palau puede tener un efecto suficientemente beneficioso para el país y su música. Es una gran oportunidad. Al margen de las aparentes discrepancias procesales entre la fiscalía y el juez –que van demorando el caso de un modo lamentable–, el Orfeó, desde que los Mossos registraron la casa –hace ya dos meses–, tiene bastantes elementos de juicio para realizar la necesaria limpieza. Es necesario, además, que empiece a plantearse una nueva visión de su misión y su labor. Esta, naturalmente, debe incluir una concepción más nacional de sus actividades artísticas y culturales. (Además de una gerencia estricta y transparente de toda la contabilidad.)
El cosmopolitismo es una virtud fundamental. Contra cierta opinión foránea, es una virtud que los catalanes hemos cultivado conscientemente desde los tiempos de la Renaixença. El cosmopolitismo artístico no se contradice, más bien todo lo contrario, con la promoción privilegiada de lo que nos es propio. No son actividades incompatibles. Así lo han entendido los demás palacios de la música de todo el mundo. Solo es necesario encontrar la armonía. Una facultad muy propia de los amantes de la música. Sería necesario que la crisis, el descalabro, no hiciera perder la visión de lo que debe ser, mañana, el Palau de la Música Catalana. Conviene que los efectos perversos del desastre no eclipsen los beneficiosos, es decir, que nos permitan tomar esta oportunidad como un motivo de reflexión que lleve a una verdadera refundación. Por eso me permito unas consideraciones, muy generales, surgidas de la perplejidad ante una fechoría mucho mayor de lo que algunos puedan creer.
No estamos solo ante un delito vulgar.En cualquier ciudad debe haber una plaza pública y, en lo alto de una colina, un templo. La metáfora es de sobras conocida. En la plaza, en el ágora, la gente hace de todo. En las ciudades griegas, que inventaron la democracia, en el ágora se celebraba el mercado. Una vez despejada, los ciudadanos entraban para hacer política, votar las decisiones y aprobar o condenar las tomadas por sus representantes. Había tráfico de influencias, algunos insultos, alianzas naturales y contra natura. Algunos ciudadanos llegados de los alrededores, con el pretexto de participar, o de haber vendido o comprado para comer, se perdían por las callejuelas cercanas, donde florecía la prostitución y corría libremente el vino. Nadie esperaba demasiada pureza del ágora y de lo que la rodeaba.
Sócrates, nuestro venerado Sócrates, hastiado por tanta debilidad humana, se alió siempre con los más reaccionarios y despreció la democracia. En su injusta condena a muerte, sin embargo, había algo de indignado resentimiento por su constante e inclemente hostilidad contra el gobierno libre de los ciudadanos.Incluso un sabio tan valiente y excepcional como él puede estar equivocado en algo: amigo del mundo de la razón y del pensamiento secular, no quiso entender que los humanos, las tribus, también tienen sus lugares sagrados, sus templos, para expresar las pasiones, los temores, para rendir culto a los dioses y, en último término, a la propia ciudad. Son los lugares de la virtud compartida, los altares de la esencia. Son los lugares esenciales, incluso para los que niegan ser esencialistas. Son el polo opuesto a la plaza pública, donde todo está permitido. Sobre todo en democracia, si se respetan las reglas del juego. Es por esto por lo que se habla de juego, en la plaza. De juego político. En el templo, sin embargo, no hay juegos. Solo rituales, plegarias y guardianes de la llama y los dioses.
Los templos de Catalunya son a menudo más sagrados que los de otras naciones que, respaldadas por un aparato estatal, proclaman su jurisdicción con la pompa y la circunstancia que corresponde. Los nuestros no vienen rodeados de la parafernalia del oficialismo. Pero son más fuertes: por la compensatoria fuerza popular. Su vínculo con el pueblo es directo, sin mediadores, lleno de pureza. Algunos no solo tienen sus raíces en nuestro país, sino que, en realidad, son nuestro país. Otros, como el Orfeó y la casa de su propiedad, el Palau de la Música Catalana, pertenecen a esta noble categoría por voluntad, por decisión popular. Es impensable, inconcebible, que alguien viole su sacralidad con alguna transacción que, incluso llevada a cabo en la plaza pública, fuera delictiva.Hay crímenes que no se perdonan porque son contra el templo, y, por tanto, son sacrilegios.
La violación de la confianza se arregla más o menos en la plaza pública, pero no en el templo. En la plaza, los griegos tenían como castigo el ostracismo, una práctica ciertamente peligrosa porque a menudo la voluntad popular expulsaba a los mejores y disculpaba a los mediocres. A los guardianes corruptos de los templos les esperaba un destino peor, el que esperaba a los traidores. Porque quien ha traicionado la confianza –la fe– no merece otra cosa.
Precisamente porque este país es lo que es, y sobre todo por lo que no es, nuestros templos son inviolables. No la cárcel, sino el ostracismo, es la única respuesta posible. Una vez compensadas las víctimas directas, por favor. Sobre todo las que dieron el equivalente a 10 o 15 euros para que el país oyera la celestial música de un órgano. O los cantores que, día tras día, sin dinero negro ni blanco, sino con la decisión de estar ahí, acudían al calor del templo. Y menos mal: seguirán estando ahí.
(Artículo de Salvador Giner, publicado en "El Periódico de Catalunya el 1 de octubre de 2009)
El cosmopolitismo es una virtud fundamental. Contra cierta opinión foránea, es una virtud que los catalanes hemos cultivado conscientemente desde los tiempos de la Renaixença. El cosmopolitismo artístico no se contradice, más bien todo lo contrario, con la promoción privilegiada de lo que nos es propio. No son actividades incompatibles. Así lo han entendido los demás palacios de la música de todo el mundo. Solo es necesario encontrar la armonía. Una facultad muy propia de los amantes de la música. Sería necesario que la crisis, el descalabro, no hiciera perder la visión de lo que debe ser, mañana, el Palau de la Música Catalana. Conviene que los efectos perversos del desastre no eclipsen los beneficiosos, es decir, que nos permitan tomar esta oportunidad como un motivo de reflexión que lleve a una verdadera refundación. Por eso me permito unas consideraciones, muy generales, surgidas de la perplejidad ante una fechoría mucho mayor de lo que algunos puedan creer.
No estamos solo ante un delito vulgar.En cualquier ciudad debe haber una plaza pública y, en lo alto de una colina, un templo. La metáfora es de sobras conocida. En la plaza, en el ágora, la gente hace de todo. En las ciudades griegas, que inventaron la democracia, en el ágora se celebraba el mercado. Una vez despejada, los ciudadanos entraban para hacer política, votar las decisiones y aprobar o condenar las tomadas por sus representantes. Había tráfico de influencias, algunos insultos, alianzas naturales y contra natura. Algunos ciudadanos llegados de los alrededores, con el pretexto de participar, o de haber vendido o comprado para comer, se perdían por las callejuelas cercanas, donde florecía la prostitución y corría libremente el vino. Nadie esperaba demasiada pureza del ágora y de lo que la rodeaba.
Sócrates, nuestro venerado Sócrates, hastiado por tanta debilidad humana, se alió siempre con los más reaccionarios y despreció la democracia. En su injusta condena a muerte, sin embargo, había algo de indignado resentimiento por su constante e inclemente hostilidad contra el gobierno libre de los ciudadanos.Incluso un sabio tan valiente y excepcional como él puede estar equivocado en algo: amigo del mundo de la razón y del pensamiento secular, no quiso entender que los humanos, las tribus, también tienen sus lugares sagrados, sus templos, para expresar las pasiones, los temores, para rendir culto a los dioses y, en último término, a la propia ciudad. Son los lugares de la virtud compartida, los altares de la esencia. Son los lugares esenciales, incluso para los que niegan ser esencialistas. Son el polo opuesto a la plaza pública, donde todo está permitido. Sobre todo en democracia, si se respetan las reglas del juego. Es por esto por lo que se habla de juego, en la plaza. De juego político. En el templo, sin embargo, no hay juegos. Solo rituales, plegarias y guardianes de la llama y los dioses.
Los templos de Catalunya son a menudo más sagrados que los de otras naciones que, respaldadas por un aparato estatal, proclaman su jurisdicción con la pompa y la circunstancia que corresponde. Los nuestros no vienen rodeados de la parafernalia del oficialismo. Pero son más fuertes: por la compensatoria fuerza popular. Su vínculo con el pueblo es directo, sin mediadores, lleno de pureza. Algunos no solo tienen sus raíces en nuestro país, sino que, en realidad, son nuestro país. Otros, como el Orfeó y la casa de su propiedad, el Palau de la Música Catalana, pertenecen a esta noble categoría por voluntad, por decisión popular. Es impensable, inconcebible, que alguien viole su sacralidad con alguna transacción que, incluso llevada a cabo en la plaza pública, fuera delictiva.Hay crímenes que no se perdonan porque son contra el templo, y, por tanto, son sacrilegios.
La violación de la confianza se arregla más o menos en la plaza pública, pero no en el templo. En la plaza, los griegos tenían como castigo el ostracismo, una práctica ciertamente peligrosa porque a menudo la voluntad popular expulsaba a los mejores y disculpaba a los mediocres. A los guardianes corruptos de los templos les esperaba un destino peor, el que esperaba a los traidores. Porque quien ha traicionado la confianza –la fe– no merece otra cosa.
Precisamente porque este país es lo que es, y sobre todo por lo que no es, nuestros templos son inviolables. No la cárcel, sino el ostracismo, es la única respuesta posible. Una vez compensadas las víctimas directas, por favor. Sobre todo las que dieron el equivalente a 10 o 15 euros para que el país oyera la celestial música de un órgano. O los cantores que, día tras día, sin dinero negro ni blanco, sino con la decisión de estar ahí, acudían al calor del templo. Y menos mal: seguirán estando ahí.
(Artículo de Salvador Giner, publicado en "El Periódico de Catalunya el 1 de octubre de 2009)
CONTROL PARLAMENTARIO
Las Mesas de los Parlamentos siguen cayendo en la tentación de impedir el debate y el público conocimiento de asuntos, mediante el grosero modo de acordar que el asunto no se sustancie en el foro adecuado. Podría imaginarse un Parlamento en el que sólo se debatiesen los asuntos cómodos para el Gobierno y las iniciativas que no supusiesen derrota ni malestar para nadie. Quizá sea el Parlamento actual pero, desde luego, no es el Parlamento deseable. Debe recordarse de vez en cuando que el Parlamento es la casa habitual de la oposición, y que el Derecho parlamentario es el derecho de la oposición... El Parlamento no es la casa exclusiva de la oposición, pero recordemos todos que los debates parlamentarios son entre la oposición y el Gobierno. Por ello, la cercenación por parte de la Mesa de las iniciativas sin motivación y sin mayor razonamiento, poco tiene que ver con la existencia de un lugar de público debate de los asuntos también públicos de interés de los ciudadanos. Por todo ello puede decirse que se trata de buscar un control (o un cierto control, si se prefiere) y un medio que aseguren que las Mesas no van a adoptar decisiones que impidan el debate y el público parlamento de los asuntos.
(Texto extraído del artículo "El busca del control parlamentario", de Ángel L. Sanz Pérez, publicado en la Revista Aranzadi, en julio de 2009).
(Texto extraído del artículo "El busca del control parlamentario", de Ángel L. Sanz Pérez, publicado en la Revista Aranzadi, en julio de 2009).
EL FOSO DE LA ALJAFERÍA.
"La libertad de expresión es como un músculo. Se atrofia si no se ejercita". Son palabras de Tim Robinns en Madrid, donde ha representado un "1984" que cambia a Stalin por el Bush de Guantánamo. La libertad de expresión tiene límites, legales y de sentido común. Y virus letales: autocensura, miedo a agitar las aguas en calma. El miedo que llevó a algunos políticos a negar la crisis y el que les lleva ahora a generar falsas esperanzas sobre su fecha de salida. Quizás el miedo al debate hizo que el presidente de las Cortes de Aragón vetara a CHA una pregunta sobre la corrupción, por su "carácter valorativo", y al PP, otras dos, sobre La Muela y la financiación. Zapatero responde casi cada semana en el Congreso; Iglesias, una vez al mes en La Aljafería. La Asociación para la Defensa de la Función Pública ha denunciado que la Mesa de las Cortes no tramita sus quejas, como si el foso de Palacio aislara de la realidad. A la vista del informe del Justicia sobre la financiación autonómica, que cree lesiva para Aragón, a la vista de los menguantes Presupuestos del Estado, que incumplen el Estatuto, es claro que no son temas agradables para los partidos en el poder. Pero no se les paga para hacer de secante.
(Artículo de Encarna Samitier publicado en "Heraldo de Aragón", el 30 de septiembre de 2009).
(Artículo de Encarna Samitier publicado en "Heraldo de Aragón", el 30 de septiembre de 2009).
LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN ESTA LEGISLATURA
El director general de la Función Pública, Antonio Brun, se comprometió ayer a presentar la ley de la función pública de Aragón en esta legislatura. Será la norma que se adapte a la estatal. Ayer, Brun compareció en una comisión de las Cortes para exponer el diagnóstico de este sector en la Comunidad.
Reconoció que no existe una planificación estratégica de los recursos humanos frente a la debilidad de los mecanismos de gestión; el aumento de la temporalidad en el empleo público; la desigualdad de condiciones de trabajo de funcionarios públicos y personal laboral; la rigidez de algunos procedimientos ...
Por eso, avanzó que la futura norma tratará de resolver estas cuestiones. E incidió especialmente en que se modificarán los procesos de selección, porque admitió que pasa demasiado tiempo desde que se convocan hasta que se adjudican las plazas. En este sentido, recalcó la necesidad de valorar, además de los contenidos memorísticos, las habilidades sociales, la iniciativa...También abogó por la modernización de la estructura de gestión, por las nuevas tecnologías, la profesionalización y la ética.
(Publicado en "Heraldo de Aragón", el 29 de septiembre de 2009)
Reconoció que no existe una planificación estratégica de los recursos humanos frente a la debilidad de los mecanismos de gestión; el aumento de la temporalidad en el empleo público; la desigualdad de condiciones de trabajo de funcionarios públicos y personal laboral; la rigidez de algunos procedimientos ...
Por eso, avanzó que la futura norma tratará de resolver estas cuestiones. E incidió especialmente en que se modificarán los procesos de selección, porque admitió que pasa demasiado tiempo desde que se convocan hasta que se adjudican las plazas. En este sentido, recalcó la necesidad de valorar, además de los contenidos memorísticos, las habilidades sociales, la iniciativa...También abogó por la modernización de la estructura de gestión, por las nuevas tecnologías, la profesionalización y la ética.
(Publicado en "Heraldo de Aragón", el 29 de septiembre de 2009)
PROTEGER A IGLESIAS.
Los políticos a veces se pasan en su afán de quedar bien con su líder. Cuando lo hacen desde el estrado de un mitin o en una rueda de Prensa es parte del juego político, pero ya es más peligroso cuando están en lo más alto de una institución y no consiguen quitarse el traje del partido. Por ejemplo, en la DGA se necesitan consejeros para todos los ciudadanos que ejecuten sus competencias, no simples delegados (no es el caso de la mayoría, al menos de los "históricos") de su presidente que solo busquen contentarle y que no toman decisiones por el miedo a una crisis de Gobierno que no llega. Y en las Cortes de Aragón lo que toca es que se rijan por un órgano neutral que se base en el Estatuto de Autonomía. Lo que no puede ser es que haya quien impulse que la Mesa de las Cortes tome decisiones según el humor con el que crea que se ha levantado ese día el presidente del Gobierno de Aragón.
Esta semana, las Cortes de Aragón han vuelto a ser noticia. Y no por lo que deberían serlo sino por su afán de entorpecer la labor de la oposición. La Mesa decidión vetar una pregunta a Iglesias sobre corrupción porque tenía "juicios de valor". Y rechazó además otras iniciativas sobre financiación autonómica y el caso de La Muela. No es la primera vez en esta etapa que se recurre en las Cortes a la mordaza a la oposición y seguro que no será la última.
Si a Iglesias no le gusta que le pregunten sobre la corrupción, que evite que la haya en Aragón. Lo que no puede hacer es utilizar a las Cortes para que no se tramiten algunas iniciativas porque le puedan molestar.
Pero, probablemente, ni siquiera sea esto. Iglesias puede ser una persona plana en sus discursos, pero cuando le toca enfrentarse a otros partidos saca lo mejor de él y se muestra brillante, así que es posible que esta posición de censura ni siquiera sea impulsada por él mismo. Ya se sabe que hay más papistas que el Papa, y más en los partidos políticos, donde algunos dirigentes no son capaces de mostrarse seguros de su propia valía.
Con acciones como ésta, es normal que haya quien estando en los primeros niveles se olvide de la separación de poderes. Es triste que ya a nadie le sorprenda que sea el Pignatelli quien marque la fecha del pleno más importante del año, que preguntas que deberían servir para aclarar los aspectos más polémicos de la gestión de la DGA se veten o que el debate de los asuntos más importantes se retarse lo más posible. Algunos se olvidan de que están ahí para servir a todos los ciudadanos, no a su partido.
(Artículo de Jesús Morales, publicado en "Heraldo de Aragón" el 27 de septiembre de 2009)
Esta semana, las Cortes de Aragón han vuelto a ser noticia. Y no por lo que deberían serlo sino por su afán de entorpecer la labor de la oposición. La Mesa decidión vetar una pregunta a Iglesias sobre corrupción porque tenía "juicios de valor". Y rechazó además otras iniciativas sobre financiación autonómica y el caso de La Muela. No es la primera vez en esta etapa que se recurre en las Cortes a la mordaza a la oposición y seguro que no será la última.
Si a Iglesias no le gusta que le pregunten sobre la corrupción, que evite que la haya en Aragón. Lo que no puede hacer es utilizar a las Cortes para que no se tramiten algunas iniciativas porque le puedan molestar.
Pero, probablemente, ni siquiera sea esto. Iglesias puede ser una persona plana en sus discursos, pero cuando le toca enfrentarse a otros partidos saca lo mejor de él y se muestra brillante, así que es posible que esta posición de censura ni siquiera sea impulsada por él mismo. Ya se sabe que hay más papistas que el Papa, y más en los partidos políticos, donde algunos dirigentes no son capaces de mostrarse seguros de su propia valía.
Con acciones como ésta, es normal que haya quien estando en los primeros niveles se olvide de la separación de poderes. Es triste que ya a nadie le sorprenda que sea el Pignatelli quien marque la fecha del pleno más importante del año, que preguntas que deberían servir para aclarar los aspectos más polémicos de la gestión de la DGA se veten o que el debate de los asuntos más importantes se retarse lo más posible. Algunos se olvidan de que están ahí para servir a todos los ciudadanos, no a su partido.
(Artículo de Jesús Morales, publicado en "Heraldo de Aragón" el 27 de septiembre de 2009)
PARLAMENTO O TRISTE FRONTÓN
La Mesa de las Cortes ha vuelto a actuar de muro contra el que se estrellaron las propuestas de la oposición, concretamente de PP y CHA. Es preocupante que el presidente de la Cámara, Francisco Pina, y los partidos que sustentan al Gobierno, PSOE y PAR, cercenen, con actitudes como esta, el debate que está en la naturaleza del Parlamento. El hecho de que el veto a la oposición sea frecuente agrava una situación que devalúa la calidad democrática.
(Nota editorial de "Heraldo de Aragón", de 25 de septiembre de 2009)
(Nota editorial de "Heraldo de Aragón", de 25 de septiembre de 2009)
EL VALOR DE UN FALLO
Tan diversas tomas de postura sobre la esperada sentencia del Tribunal Constitucional referente al Estatuto de Autonomía de Cataluña han creado inquietud, y no pocos amigos y conocidos me preguntan al respecto. Me animo así a sintetizar mis reflexiones, que son sólo las de un jurista con muchos años de oficio.
1. Hay que dar por sentado, como punto de partida, que se está respetando el marco y el juego constitucional. Mi composición sólo tiene encaje para los que aceptan dicho juego, que por cierto, al presidir el sistema político vigente, intenta facilitar la alternancia -unas veces gobernará el PSOE, otras el PP, en ocasiones el PNV pero a veces otros, lo mismo que puede caber CIU, el tripartito o los que sean-, una Constitución que es el apoyo y sostén único de las Comunidades Autónomas, de los partidos políticos y de los derechos y libertades, como la prensa.
2. Como la Constitución debe presidir todo, siguiendo sus indicaciones se organizó tempranamente el "recurso de inconstitucionalidad", y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aprobada tempranamente, en 1979, por amplia mayoría -fue la segunda ley orgánica que se hizo-, ya determinó que todas las leyes quedarían sujetas al juicio de constitucionalidad, y entre ellas mencionaba expresamente a "los estatutos de autonomía" (artículo 27.2.a). Todo el mundo asumió entonces que los estatutos de autonomía debían respetar la Constitución y, por ende, debían ser controlados.
3. A nuestras alturas, tal opción no es ninguna novedad. Por supuesto que en su ya larga experiencia al Tribunal no le ha faltado ocasión de pronunciarse para comprobar si el estatuto de autonomía enjuiciado respetaba las exigencias constitucionales. O sea, que ahora no será la primera ocasión en que se haga.
4. Debe quedar claro que no hay animadversión alguna ni contra Cataluña ni contra los catalanes. El respeto constitucional se exige a todos, sean del norte o del sur, del este, del oeste o del centro. Nadie está legitimado para ampararse con la vaporosa vestidura del victimismo, tan al uso.
5. No es cuestión de abrumar ahora con cifras, pero a la hora de presumir no estará de más recordar la enorme abstención ciudadana que caracterizó la votación del referéndum para el Estatuto de Cataluña. Lo que, por otro lado, para nada afecta a la legitimidad del mismo.
6. Se aduce que se va a enjuiciar una norma que tanto los ciudadanos de Cataluña como sus representantes aprobaron. Conviene tener muy presente que las Cortes Generales representan a todo el pueblo español, en expresión de la soberanía nacional, integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado, donde están los representantes de Huesca y de Sevilla, de Tarragona y de Lugo, de Valencia y de Zamora, de Vizcaya, de Asturias, etc.., todos. Pues bien, en no pocas ocasiones las leyes de las Cortes Generales -expresión acaso de un pacto o de un amplio consenso- son sometidas al juicio de constitucionalidad -porque así lo quiere también la Constitución-, y, a veces, son anuladas. ¡Y nadie se rasga las vestiduras por ello!
7. ¿Qué va a pasar si el Tribunal Constitucional anula parte del Estatuto de Cataluña? Pues no va a pasar nada, absolutamente nada. La sentencia se acatará sin falta, aunque algunos lo hagan a regañadientes. Se tragarán sus palabras todos los políticos vocingleros que ahora amagan con insólitas amenazas. Acaso a alguno le entre el deseo de salirse del juego constitucional. ¡Allá él!
8. No pasará nada, como nada pasó cuando Ibarreche, amenazante, intentó poner en marcha su referéndum para la independencia del País Vasco. El Tribunal Constitucional actuó como tenía que actuar, y desactivó radicalmente el intento. Y a pesar de amenazas y bravatas, no pasó nada. Bueno sí, pasó que Ibarreche desapareció de la arena política.
9. No es cuestión de este momento valorar o enjuiciar al Tribunal Constitucional. Ahora me interesa sólo recordar que es una importante pieza del sistema constitucional, que en su trayectoria ha rendido muy importantes frutos. Y hay que estar a las duras y a las maduras: hay que respetarle cuando da la razón, pero también cuando corrige. Insisto que estoy seguro que su decisión en este caso será acatada y respetada, aunque, obviamente, no pueda complacer a todos.
10. Aunque eso sí, lo que es de desear muy vivamente, es que el fallo salga cuanto antes y no se alargue más esta tan tensa espera. Importa ante todo que lo hagan bien, pero importa sobremanera que lo hagan cuanto antes. No hay nada peor que esta prolongada incertidumbre que puede alimentar todo tipo de cábalas,
(Artículo de Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, publicado en "Heraldo de Aragón" el 22 de septiembre de 2009).
1. Hay que dar por sentado, como punto de partida, que se está respetando el marco y el juego constitucional. Mi composición sólo tiene encaje para los que aceptan dicho juego, que por cierto, al presidir el sistema político vigente, intenta facilitar la alternancia -unas veces gobernará el PSOE, otras el PP, en ocasiones el PNV pero a veces otros, lo mismo que puede caber CIU, el tripartito o los que sean-, una Constitución que es el apoyo y sostén único de las Comunidades Autónomas, de los partidos políticos y de los derechos y libertades, como la prensa.
2. Como la Constitución debe presidir todo, siguiendo sus indicaciones se organizó tempranamente el "recurso de inconstitucionalidad", y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aprobada tempranamente, en 1979, por amplia mayoría -fue la segunda ley orgánica que se hizo-, ya determinó que todas las leyes quedarían sujetas al juicio de constitucionalidad, y entre ellas mencionaba expresamente a "los estatutos de autonomía" (artículo 27.2.a). Todo el mundo asumió entonces que los estatutos de autonomía debían respetar la Constitución y, por ende, debían ser controlados.
3. A nuestras alturas, tal opción no es ninguna novedad. Por supuesto que en su ya larga experiencia al Tribunal no le ha faltado ocasión de pronunciarse para comprobar si el estatuto de autonomía enjuiciado respetaba las exigencias constitucionales. O sea, que ahora no será la primera ocasión en que se haga.
4. Debe quedar claro que no hay animadversión alguna ni contra Cataluña ni contra los catalanes. El respeto constitucional se exige a todos, sean del norte o del sur, del este, del oeste o del centro. Nadie está legitimado para ampararse con la vaporosa vestidura del victimismo, tan al uso.
5. No es cuestión de abrumar ahora con cifras, pero a la hora de presumir no estará de más recordar la enorme abstención ciudadana que caracterizó la votación del referéndum para el Estatuto de Cataluña. Lo que, por otro lado, para nada afecta a la legitimidad del mismo.
6. Se aduce que se va a enjuiciar una norma que tanto los ciudadanos de Cataluña como sus representantes aprobaron. Conviene tener muy presente que las Cortes Generales representan a todo el pueblo español, en expresión de la soberanía nacional, integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado, donde están los representantes de Huesca y de Sevilla, de Tarragona y de Lugo, de Valencia y de Zamora, de Vizcaya, de Asturias, etc.., todos. Pues bien, en no pocas ocasiones las leyes de las Cortes Generales -expresión acaso de un pacto o de un amplio consenso- son sometidas al juicio de constitucionalidad -porque así lo quiere también la Constitución-, y, a veces, son anuladas. ¡Y nadie se rasga las vestiduras por ello!
7. ¿Qué va a pasar si el Tribunal Constitucional anula parte del Estatuto de Cataluña? Pues no va a pasar nada, absolutamente nada. La sentencia se acatará sin falta, aunque algunos lo hagan a regañadientes. Se tragarán sus palabras todos los políticos vocingleros que ahora amagan con insólitas amenazas. Acaso a alguno le entre el deseo de salirse del juego constitucional. ¡Allá él!
8. No pasará nada, como nada pasó cuando Ibarreche, amenazante, intentó poner en marcha su referéndum para la independencia del País Vasco. El Tribunal Constitucional actuó como tenía que actuar, y desactivó radicalmente el intento. Y a pesar de amenazas y bravatas, no pasó nada. Bueno sí, pasó que Ibarreche desapareció de la arena política.
9. No es cuestión de este momento valorar o enjuiciar al Tribunal Constitucional. Ahora me interesa sólo recordar que es una importante pieza del sistema constitucional, que en su trayectoria ha rendido muy importantes frutos. Y hay que estar a las duras y a las maduras: hay que respetarle cuando da la razón, pero también cuando corrige. Insisto que estoy seguro que su decisión en este caso será acatada y respetada, aunque, obviamente, no pueda complacer a todos.
10. Aunque eso sí, lo que es de desear muy vivamente, es que el fallo salga cuanto antes y no se alargue más esta tan tensa espera. Importa ante todo que lo hagan bien, pero importa sobremanera que lo hagan cuanto antes. No hay nada peor que esta prolongada incertidumbre que puede alimentar todo tipo de cábalas,
(Artículo de Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, publicado en "Heraldo de Aragón" el 22 de septiembre de 2009).
LA JUSTICIA Y SU CRISIS
EL año judicial comenzó ayer, de manera oficial, envuelto por los mismos diagnósticos, reivindicaciones y promesas ya oídos en años anteriores. El Gobierno intentó el pasado viernes aparentar una recuperación de la iniciativa, aprobando otro plan de «modernización» de la Justicia, trufado de excelentes intenciones y, sin duda, animado con la mejor voluntad, pero tan poco creíble como aquella insólita promesa electoral del PSOE en 2004 de que todo pleito tendría sentencia firme en un año. Nada sería más satisfactorio que una verdadera estrategia modernizadora de la Justicia. El problema es que un Gobierno que en seis años no ha aprobado una sola reforma procesal no tiene crédito suficiente para garantizar, con su sola palabra, que ahora sí se va a producir. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero sólo se preocupó de la Justicia en diciembre de 2004 para dar un golpe de mano contra la mayoría del Consejo General de Poder Judicial e imponer un nuevo sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo. Desde entonces, el socialismo ha vuelto a demostrar que sus problemas con la independencia judicial son endémicos, no ocasionales.
Reducir la «modernización» de la Justicia a una serie de inversiones, dotaciones materiales y aumentos de plantilla, por necesarios que sean -y realmente lo son-, es una cortina de humo para tapar los problemas que están minando al Poder Judicial, como base del Estado de Derecho. La unidad jurisdiccional del Estado está pendiente de que el Tribunal Constitucional avale o no el estatuto de Cataluña. La Fiscalía está en el centro de una polémica sobre su imparcialidad en los casos de corrupción política. La reforma de la oficina judicial, en trámite en el Congreso de los Diputados -y acompañada por la posición acrítica del Partido Popular-, está provocando un fundado temor de que los jueces pierdan la dirección del proceso, lo que se agravará en el futuro si los fiscales asumen la instrucción de los procesos penales. La litigiosidad aumenta de forma constante y satura de antemano cualquier aumento de los recursos judiciales. En algún momento habrá que analizar cómo se garantiza la asistencia letrada sin que el turno de oficio de los abogados sea una sangría económica para las arcas públicas y una fuente de litigios forzados. También es necesario que las administraciones públicas, exentas de pagar las costas de los numerosos pleitos que pierden, asuman la responsabilidad de aminorar la litigiosidad judicial con el ciudadano, simplemente resolviendo conforme a Derecho y en plazo razonable.
Este cúmulo de circunstancias adversas a una eficaz administración de Justicia explica también el hartazgo de muchos jueces, quizá sin la debida autocrítica por su parte, pero justificado por la pérdida de respeto social hacia su función, respeto que no se recuperará si desde las instancias políticas -el Gobierno, el Parlamento- se insiste en tratar la Justicia sólo como un problema de productividad y de resultados. Por eso, los jueces mantienen la convocatoria de huelga para el 8 de octubre. No es una forma de protesta ajustada a la naturaleza de su función, ni ayudará a recabar el apoyo social para sus demandas, más aún cuando también los jueces deben asumir su cuota de responsabilidad como máximas autoridades del gobierno interno en sus juzgados y salas, pero este error de táctica que representa la huelga no libera al Gobierno socialista de ser el responsable principal de un estado de crisis en la Justicia como no se había conocido en la democracia.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 22 de septiembre de 2009)
Reducir la «modernización» de la Justicia a una serie de inversiones, dotaciones materiales y aumentos de plantilla, por necesarios que sean -y realmente lo son-, es una cortina de humo para tapar los problemas que están minando al Poder Judicial, como base del Estado de Derecho. La unidad jurisdiccional del Estado está pendiente de que el Tribunal Constitucional avale o no el estatuto de Cataluña. La Fiscalía está en el centro de una polémica sobre su imparcialidad en los casos de corrupción política. La reforma de la oficina judicial, en trámite en el Congreso de los Diputados -y acompañada por la posición acrítica del Partido Popular-, está provocando un fundado temor de que los jueces pierdan la dirección del proceso, lo que se agravará en el futuro si los fiscales asumen la instrucción de los procesos penales. La litigiosidad aumenta de forma constante y satura de antemano cualquier aumento de los recursos judiciales. En algún momento habrá que analizar cómo se garantiza la asistencia letrada sin que el turno de oficio de los abogados sea una sangría económica para las arcas públicas y una fuente de litigios forzados. También es necesario que las administraciones públicas, exentas de pagar las costas de los numerosos pleitos que pierden, asuman la responsabilidad de aminorar la litigiosidad judicial con el ciudadano, simplemente resolviendo conforme a Derecho y en plazo razonable.
Este cúmulo de circunstancias adversas a una eficaz administración de Justicia explica también el hartazgo de muchos jueces, quizá sin la debida autocrítica por su parte, pero justificado por la pérdida de respeto social hacia su función, respeto que no se recuperará si desde las instancias políticas -el Gobierno, el Parlamento- se insiste en tratar la Justicia sólo como un problema de productividad y de resultados. Por eso, los jueces mantienen la convocatoria de huelga para el 8 de octubre. No es una forma de protesta ajustada a la naturaleza de su función, ni ayudará a recabar el apoyo social para sus demandas, más aún cuando también los jueces deben asumir su cuota de responsabilidad como máximas autoridades del gobierno interno en sus juzgados y salas, pero este error de táctica que representa la huelga no libera al Gobierno socialista de ser el responsable principal de un estado de crisis en la Justicia como no se había conocido en la democracia.
(Editorial del diario "ABC", publicado el 22 de septiembre de 2009)
COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.
La transparencia ha sido y seguirá siendo una de las principales herramientas con las que el Gobierno de Aragón desempeña su tarea, hasta el punto de haber abierto vías innovadoras, desconocidas e incluso impensables en otras comunidades autónomas, para dar la máxima participación a la oposición parlamentaria en las labores de gobierno. Sin ninguna duda, estas son las Cortes mejor informadas de cuantas han existido en las siete legislaturas de nuestra Comunidad Autónoma.
(Extraído de la Comunicación del Presidente del Gobierno de Aragón con motivo del debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, publicada en el BOCA de 14 de septiembre de 2009)
(Extraído de la Comunicación del Presidente del Gobierno de Aragón con motivo del debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, publicada en el BOCA de 14 de septiembre de 2009)
GASTOS Y BUROCRACIA.
PERSONAS que han tenido responsabilidades en la Administración creen que una de las revoluciones pendientes en España es la que debería afectar a la función pública, aunque reconocen que es difícilmente realizable. Solo algún tipo de "seísmo social" la haría posible. La crisis económica que atravesamos podría ser un momento para plantearse algo tan atrevido.
El déficit del Estado va camino de batir récords. En un año se han multiplicado por cinco los números rojos. El Ministerio de Economía lo vincula a las medidas adoptadas para paliar la crisis, es decir, al coste de mejorar la protección social y fomentar la actividad empresarial que genere empleo. Un déficit que traerá consigo la subida de impuestos y que debería traer, también, una reflexión a fondo sobre cómo gastan las diferentes Administraciones.
El presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, lo resumía recientemente de forma certera: "Racionalizar las Administraciones debiera ser una preocupación constante para todo gobierno, pero es ineludible en esta grave crisis económica". Los buenos funcionarios, que son muchos, reclaman un estudio sereno sobre lo que cuesta mantener las administraciones públicas y la eficacia del servicio que prestan. Esos mismos funcionarios son los que denuncian que se engrosen las plantillas por simples intereses de clientelismo político.
Del mismo modo habría que debatir lo que ha supuesto el desarrollo desmesurado del Estado de las Autonomías, crecimiento que debería basarse únicamente en el criterio de un mejor servicio a los ciudadanos. En Aragón, además, se han generado hasta cuatro escalones administrativos: la Comunidad, la provincia, la comarca y el ayuntamiento. Todo ello en un marco de profesionalización de parlamentos autonómicos y de muchas otras instituciones públicas.
Gastos, muchos de ellos innecesarios, mientras en estos momentos la morosidad de las administraciones, agobiadas por el desplome de sus ingresos, está poniendo en aprietos la supervivencia de empresarios y autónomos que trabajan con ellas y a los que eternizan sus pagos, como se ha publicado en Heraldo esta misma semana.
O los Gobiernos afrontan la actual situación aplicando una austeridad severa hacia adentro o habremos perdido una nueva ocasión de esa "revolución pendiente".
(Artículo de Carlos Sauras, publicado en "Heraldo de Aragón" el 9 de septiembre de 2009).
El déficit del Estado va camino de batir récords. En un año se han multiplicado por cinco los números rojos. El Ministerio de Economía lo vincula a las medidas adoptadas para paliar la crisis, es decir, al coste de mejorar la protección social y fomentar la actividad empresarial que genere empleo. Un déficit que traerá consigo la subida de impuestos y que debería traer, también, una reflexión a fondo sobre cómo gastan las diferentes Administraciones.
El presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, lo resumía recientemente de forma certera: "Racionalizar las Administraciones debiera ser una preocupación constante para todo gobierno, pero es ineludible en esta grave crisis económica". Los buenos funcionarios, que son muchos, reclaman un estudio sereno sobre lo que cuesta mantener las administraciones públicas y la eficacia del servicio que prestan. Esos mismos funcionarios son los que denuncian que se engrosen las plantillas por simples intereses de clientelismo político.
Del mismo modo habría que debatir lo que ha supuesto el desarrollo desmesurado del Estado de las Autonomías, crecimiento que debería basarse únicamente en el criterio de un mejor servicio a los ciudadanos. En Aragón, además, se han generado hasta cuatro escalones administrativos: la Comunidad, la provincia, la comarca y el ayuntamiento. Todo ello en un marco de profesionalización de parlamentos autonómicos y de muchas otras instituciones públicas.
Gastos, muchos de ellos innecesarios, mientras en estos momentos la morosidad de las administraciones, agobiadas por el desplome de sus ingresos, está poniendo en aprietos la supervivencia de empresarios y autónomos que trabajan con ellas y a los que eternizan sus pagos, como se ha publicado en Heraldo esta misma semana.
O los Gobiernos afrontan la actual situación aplicando una austeridad severa hacia adentro o habremos perdido una nueva ocasión de esa "revolución pendiente".
(Artículo de Carlos Sauras, publicado en "Heraldo de Aragón" el 9 de septiembre de 2009).
FUNCIONARIOS Y DEMAGOGIA
LA «contención» de las retribuciones de los funcionarios va camino de convertirse en el nuevo burladero del Gobierno para desviar la atención pública sobre la evolución de la crisis. Después de años de reproches al PP por haber congelado las nóminas de los funcionarios, el Ejecutivo empieza a buscar desesperadamente fuentes de ingresos o tapones de gasto para frenar el déficit, que, además, tengan un respaldo social basado en el populismo de la medida. Primero se suben los impuestos a los «ricos» y ahora se echa el cierre a los sueldos de unos funcionarios que, a la vista de muchos, tienen puesto asegurado y trabajan muy poco. Esta visión negativa de la función pública se nutre del oportunismo de señalar a los funcionarios como un grupo de insolidarios que debe asumir un coste especial por la crisis. Sin embargo, un planteamiento así desconoce la realidad de la función pública y, lo que es más grave, que el origen de muchos vicios que la sociedad atribuye a los funcionarios está en la utilización partidista de las administraciones, especialmente para convertirlas en refugio de legiones de asesores, gabinetes de todo tipo y personal colocado a dedo. Bajo el título de funcionario se incluye vulgarmente a muchos que no son funcionarios de carrera. Por eso, la inflación de los gastos en empleados públicos no se debe a que los funcionarios de carrera aumenten sus nóminas, sino al incremento de personas que, a dedo o por otros conductos, entran a cobrar de las administraciones públicas, con el entusiasmo de los sindicatos, que ven aumentar su influencia en un sector que debería ser ajeno al activismo sindical.
De la misma manera que la austeridad de las administraciones públicas es preferente a una subida de impuestos, la congelación salarial de los funcionarios es innecesaria si las administraciones, tanto del Estado como autonómicas y municipales, recortan sus asesores y gabinetes y ajustan sus plantillas a las necesidades reales del servicio. Obviamente, cuando el ciudadano conoce el dato de que casi el 20 por ciento de la población activa es personal público piensa que es una situación de agravio comparativo con los que pierden su empleo. Pero, por esto mismo, el Gobierno y los partidos -teniendo en cuenta que casi todos tienen gobiernos locales o autonómicos en sus manos- deberían evitar discursos demagógicos sobre las ventajas de los funcionarios, centrar sus iniciativas en los focos del problemas y reconocer que, si en época de crisis son presas fáciles del populismo, en época de bonanza los funcionarios perdieron poder adquisitivo constantemente.
(Editorial de “ABC”, publicado el 9 de septiembre de 2009).
De la misma manera que la austeridad de las administraciones públicas es preferente a una subida de impuestos, la congelación salarial de los funcionarios es innecesaria si las administraciones, tanto del Estado como autonómicas y municipales, recortan sus asesores y gabinetes y ajustan sus plantillas a las necesidades reales del servicio. Obviamente, cuando el ciudadano conoce el dato de que casi el 20 por ciento de la población activa es personal público piensa que es una situación de agravio comparativo con los que pierden su empleo. Pero, por esto mismo, el Gobierno y los partidos -teniendo en cuenta que casi todos tienen gobiernos locales o autonómicos en sus manos- deberían evitar discursos demagógicos sobre las ventajas de los funcionarios, centrar sus iniciativas en los focos del problemas y reconocer que, si en época de crisis son presas fáciles del populismo, en época de bonanza los funcionarios perdieron poder adquisitivo constantemente.
(Editorial de “ABC”, publicado el 9 de septiembre de 2009).
PREVENIR LA CORRUPCION
NUESTRO caso de presunta corrupción en el sector público, al más puro estilo marbellí, ha suscitado un gran número de interrogantes en la sociedad. Nos preguntamos sobremanera si se trata de un hecho aislado o si refleja un estado generalizado de cosas. También nos gustaría saber si hay suficientes mecanismos para evitar que estas situaciones se repitan, y sobre todo si los controles funcionan o en esta ocasión la intervención judicial ha sido un poco fruto de la casualidad y de los denuedos de un juez especial.
Es cuestionable que la mayor parte del sector público, casi todos los Ayuntamientos y organismos oficiales, son un ejemplo de integridad y defensa de los intereses generales. La figura más común es la de alcaldes y concejales, trabajando sin sueldo o con asignaciones minúsculas para gastos, dedicados con intensidad a la defensa de los intereses de su pueblo, y estirando cada euro hasta límites increíbles. Son gente movida por vocación de servicio, liderazgo, lucha por el progreso de su localidad o comarca y que no tiene como objetivo el enriquecimiento personal, aprovechándose de su posición como responsable público. Pero lamentablemente no todo es tan limpio. Hay algunas áreas oscuras en la gestión de lo público que no deberían tener cabida. Nunca hay que enjuiciar en base a rumores, pero al igual que había un extendido conocimiento de presuntas prácticas "feas" en La Muela, desde hace tiempo pasa lo mismo con algún que otro sector minoritario de la Administración, aunque con situaciones no tan folclóricas. La sociedad está bastante inerme ante este fenómeno y dependemos esencialmente de la calidad humana e integridad personal de políticos y funcionarios.
La indefensión de la sociedad está provocada principalmente por tres factores difíciles de erradicar. En primer lugar los caminos de la corrupción son tan numerosos y perfeccionados que escapan a cualquier control de oficio: el sistema no se puede dotar de mecanismos automáticos de prevención. Puede ser que se facturen volúmenes de obras que no existen y de difícil comprobación -por quedar enterradas, por ejemplo-, o se urdan modificados sin justificar, o se adjudiquen concesiones con ratios ocultos de beneficio desorbitados, o se recalifiquen terrenos que no deberían ser nunca urbanos, o se adjudiquen obras alterando las calificaciones de los concursos, o se vendan suelos públicos a intermediarios que se quedan el grueso del valor en detrimento del erario público, o algunos funcionarios y políticos tienen ellos o su familia empresas que se benefician de los contratos públicos, o simplemente se cobran comisiones con maletín de dinero por medio. Las leyes no pueden evitarlo.
En segundo lugar, no hay un método de denuncia que proteja a quienes aporten datos para una investigación judicial. Y finalmente, el problema de siempre, la falta de capacidad del sistema judicial porque no hay suficientes juzgados especializados, ni cuentan en plantilla con técnicos especialistas en obras y contratos públicos.
Las leyes deberían facultar fácilmente a los jueces la posibilidad de investigar de oficio las actuaciones de ls responsables públicos, a fin de cuentas éstos gestionan los recursos públicos porque quieren, y no por obligación, es decir, la esfera de lo público debería ser más fiscalizable que el intocable ámbito privado que consagra nuestra Constitución. Las leyes deberían castigar los nuevos y evidentes métodos de corrupción, lo que haría que se exigieran responsabilidades por actuaciones que hoy son sistemáticamente archivadas.
La base de cualquier solución permanente pasa por regenerar los valores públicos. No puede ser que un sector importante de la población sea sensible al clientelismo de los corruptos y los aclame y los eleve a puestos de responsabilidad una y otra vez, o esté interesada en sus chismorreos mediáticos. Es falta de cultura en lo social y lo público. Si no queremos que en el futuro unos pocos de esos jóvenes sigan alimentando la cultura de meter mano en la caja y a otros les parezca bien, debemos tener tolerancia cero con la corrupción y transmitirla a todos los ámbitos sociales.
(Artículo de Juan Antonio Ros, publicado en "Heraldo de Aragón" el 8 de septiembre de 2009).
Es cuestionable que la mayor parte del sector público, casi todos los Ayuntamientos y organismos oficiales, son un ejemplo de integridad y defensa de los intereses generales. La figura más común es la de alcaldes y concejales, trabajando sin sueldo o con asignaciones minúsculas para gastos, dedicados con intensidad a la defensa de los intereses de su pueblo, y estirando cada euro hasta límites increíbles. Son gente movida por vocación de servicio, liderazgo, lucha por el progreso de su localidad o comarca y que no tiene como objetivo el enriquecimiento personal, aprovechándose de su posición como responsable público. Pero lamentablemente no todo es tan limpio. Hay algunas áreas oscuras en la gestión de lo público que no deberían tener cabida. Nunca hay que enjuiciar en base a rumores, pero al igual que había un extendido conocimiento de presuntas prácticas "feas" en La Muela, desde hace tiempo pasa lo mismo con algún que otro sector minoritario de la Administración, aunque con situaciones no tan folclóricas. La sociedad está bastante inerme ante este fenómeno y dependemos esencialmente de la calidad humana e integridad personal de políticos y funcionarios.
La indefensión de la sociedad está provocada principalmente por tres factores difíciles de erradicar. En primer lugar los caminos de la corrupción son tan numerosos y perfeccionados que escapan a cualquier control de oficio: el sistema no se puede dotar de mecanismos automáticos de prevención. Puede ser que se facturen volúmenes de obras que no existen y de difícil comprobación -por quedar enterradas, por ejemplo-, o se urdan modificados sin justificar, o se adjudiquen concesiones con ratios ocultos de beneficio desorbitados, o se recalifiquen terrenos que no deberían ser nunca urbanos, o se adjudiquen obras alterando las calificaciones de los concursos, o se vendan suelos públicos a intermediarios que se quedan el grueso del valor en detrimento del erario público, o algunos funcionarios y políticos tienen ellos o su familia empresas que se benefician de los contratos públicos, o simplemente se cobran comisiones con maletín de dinero por medio. Las leyes no pueden evitarlo.
En segundo lugar, no hay un método de denuncia que proteja a quienes aporten datos para una investigación judicial. Y finalmente, el problema de siempre, la falta de capacidad del sistema judicial porque no hay suficientes juzgados especializados, ni cuentan en plantilla con técnicos especialistas en obras y contratos públicos.
Las leyes deberían facultar fácilmente a los jueces la posibilidad de investigar de oficio las actuaciones de ls responsables públicos, a fin de cuentas éstos gestionan los recursos públicos porque quieren, y no por obligación, es decir, la esfera de lo público debería ser más fiscalizable que el intocable ámbito privado que consagra nuestra Constitución. Las leyes deberían castigar los nuevos y evidentes métodos de corrupción, lo que haría que se exigieran responsabilidades por actuaciones que hoy son sistemáticamente archivadas.
La base de cualquier solución permanente pasa por regenerar los valores públicos. No puede ser que un sector importante de la población sea sensible al clientelismo de los corruptos y los aclame y los eleve a puestos de responsabilidad una y otra vez, o esté interesada en sus chismorreos mediáticos. Es falta de cultura en lo social y lo público. Si no queremos que en el futuro unos pocos de esos jóvenes sigan alimentando la cultura de meter mano en la caja y a otros les parezca bien, debemos tener tolerancia cero con la corrupción y transmitirla a todos los ámbitos sociales.
(Artículo de Juan Antonio Ros, publicado en "Heraldo de Aragón" el 8 de septiembre de 2009).
ADMINISTRACION MOROSA.
Algo muy importante falla cuando las propias Administraciones públicas demoran sus pagos, y ponen en grandes dificultades a las empresas que trabajan para ellas. En tiempos de crisis, los retrasos de instituciones como el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA pueden ser la puntilla para sus proveedores, lo que obliga a que el sector público reconsidere sus prioridades de gasto tomando medidas de austeridad que hoy brillan por su ausencia.
UN SECTOR público que duplica y triplica la prestación de servicios y que aumenta sin cesar el número de cargos de confianza se convierte a la vez en deudor de autónomos y pequeñas y medianas empresas para los que esta demora puede ser el golpe definitivo que les haga tirar la toalla. Las quejas y denuncias de estos pequeños empresarios, que en algunos casos tardan hasta diez meses en cobrar de las instituciones, pone sobre la mesa los problemas de financiación eternamente pendientes de los ayuntamientos, pero también debiera obligar a quienes gobiernan cualquier institución a dar ejemplo de austeridad suprimiendo gastos superfluos o, por ejemplo, reduciendo drásticamente el número de cargos de confianza. Aunque las administraciones rechazan que las demoras sean tan "excesivas e injustificables" como denuncian las organizaciones empresariales, el hecho es que no tiene sentido entrar en una guerra de cifras. Lo único realmente necesario es que se cumpla el plazo legal, que estipula un límite de 60 días, y que se arbitren medidas para aliviar la situación límite a que se ven injustamente abocados quienes conforman el entramado básico para mantener la actividad económica y generar empleo.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 5 de septiembre de 2009)
LA INMUNIDAD COMO GARANTIA
En pocos días el Congreso y el Senado iniciarán la tramitación de sendos suplicatorios solicitados por el Tribunal Supremo para procesar a dos parlamentarios. La fundamentación jurídica a esta petición está en la Constitución. El art. 71.2 establece que “durante el periodo de su mandato los diputados y senadores gozarán (...) de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva”. Esa autorización es el suplicatorio.
Hay quienes piensan que la existencia de esta institución es muy discutible en un Estado de derecho. Que puede ser un anacronismo. Pero lo cierto es que la legitimidad de la inmunidad sigue teniendo sentido y no puede entenderse nunca como un privilegio personal. Ni como un beneficio particular de un parlamentario para impedir que sus conductas sean fiscalizadas por jueces y tribunales. Al contrario, la inmunidad sólo tiene sentido democrático en nuestro sistema en atención a las funciones parlamentarias que quiere preservar y a los valores y funciones constitucionales en juego. De ahí que la amenaza frente a la que protege la inmunidad sea política, nunca personal. Consiste en impedir que la vía penal se use con intencionalidad política para perturbar el funcionamiento de las Cámaras o alterar la composición que les dio la voluntad popular. Estamos pues ante una garantía objetiva del funcionamiento democrático del Parlamento.
Así, en la tramitación del suplicatorio, las Cámaras no asumen el papel de un tribunal que juzgue la culpabilidad o inocencia de un parlamentario. Ni determinan la improcedencia de las acciones penales contra parlamentarios. Deben limitarse a evaluar si la motivación de los jueces es política o jurídico-penal, con la única finalidad de evitar que se produzcan detenciones o procesamientos por motivos políticos. Y sólo en el primero de los casos, se justificaría la denegación del suplicatorio.
La inmunidad conlleva otra garantía: el aforamiento. Esto es, que “en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. Es también la propia Constitución la que lo determina. Dos son los argumentos que lo legitiman. Primero: se entiende que los parlamentarios, no por ser quienes son sino en atención a la institución a la que representan, gozan de especial protección. Una protección que justifica que sea el órgano superior de todos los órdenes jurisdiccionales el que conozca sobre sus causas. De no ser así, bastaría cualquier incriminación judicial, de cualquier instancia, para pedir un suplicatorio, lo que aumentaría el riesgo que la Constitución quiere evitar cuando prevé la garantía de la inmunidad; que por motivos políticos, se pueda alterar la voluntad popular. En segundo lugar, porque esa especial protección impide que exista una pluralidad de posiciones distintas en la jurisdicción ordinaria y la consiguiente dispersión de jurisprudencia sobre supuestos parecidos. En definitiva, el aforamiento garantiza la unidad de criterio y la máxima especialidad jurisdiccional.
Ambas instituciones son mejorables y susceptibles de reflexión sobre su articulación. Sin duda. Pero nadie puede dudar de su legitimidad y oportunidad tanto constitucional como democrática.
(Artículo de Francesc Vallès, publicado en “El País” el 4 de septiembre de 2009).
Hay quienes piensan que la existencia de esta institución es muy discutible en un Estado de derecho. Que puede ser un anacronismo. Pero lo cierto es que la legitimidad de la inmunidad sigue teniendo sentido y no puede entenderse nunca como un privilegio personal. Ni como un beneficio particular de un parlamentario para impedir que sus conductas sean fiscalizadas por jueces y tribunales. Al contrario, la inmunidad sólo tiene sentido democrático en nuestro sistema en atención a las funciones parlamentarias que quiere preservar y a los valores y funciones constitucionales en juego. De ahí que la amenaza frente a la que protege la inmunidad sea política, nunca personal. Consiste en impedir que la vía penal se use con intencionalidad política para perturbar el funcionamiento de las Cámaras o alterar la composición que les dio la voluntad popular. Estamos pues ante una garantía objetiva del funcionamiento democrático del Parlamento.
Así, en la tramitación del suplicatorio, las Cámaras no asumen el papel de un tribunal que juzgue la culpabilidad o inocencia de un parlamentario. Ni determinan la improcedencia de las acciones penales contra parlamentarios. Deben limitarse a evaluar si la motivación de los jueces es política o jurídico-penal, con la única finalidad de evitar que se produzcan detenciones o procesamientos por motivos políticos. Y sólo en el primero de los casos, se justificaría la denegación del suplicatorio.
La inmunidad conlleva otra garantía: el aforamiento. Esto es, que “en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. Es también la propia Constitución la que lo determina. Dos son los argumentos que lo legitiman. Primero: se entiende que los parlamentarios, no por ser quienes son sino en atención a la institución a la que representan, gozan de especial protección. Una protección que justifica que sea el órgano superior de todos los órdenes jurisdiccionales el que conozca sobre sus causas. De no ser así, bastaría cualquier incriminación judicial, de cualquier instancia, para pedir un suplicatorio, lo que aumentaría el riesgo que la Constitución quiere evitar cuando prevé la garantía de la inmunidad; que por motivos políticos, se pueda alterar la voluntad popular. En segundo lugar, porque esa especial protección impide que exista una pluralidad de posiciones distintas en la jurisdicción ordinaria y la consiguiente dispersión de jurisprudencia sobre supuestos parecidos. En definitiva, el aforamiento garantiza la unidad de criterio y la máxima especialidad jurisdiccional.
Ambas instituciones son mejorables y susceptibles de reflexión sobre su articulación. Sin duda. Pero nadie puede dudar de su legitimidad y oportunidad tanto constitucional como democrática.
(Artículo de Francesc Vallès, publicado en “El País” el 4 de septiembre de 2009).
LA DIGNIDAD DE LA POLITICA.
Marino Ayerra, el cura que llegó a Alsasua el 17 de julio de 1936, es el autor del relato más conmovedor de lo que supuso el golpe franquista a una conciencia cristiana, titulado Malditos seáis. No me avergoncé del evangelio. En un momento determinado cuenta cómo, incapaz de hacer ver a su obispo lo anticristiano del apoyo eclesiástico a los matones, vestidos de requetés y falangistas, que se multiplicaban por los pueblos navarros, osó formular un aviso que ha resultado profético: «La Iglesia pagará en el futuro con la moneda del descrédito cualquier aproximación a la convivencia libre de los españoles».
La maldición alcanzó de lleno a Joaquín Ruiz-Giménez cuando, en las primeras elecciones democráticas, en 1977, hizo una oferta a la ciudadanía española con el partido Izquierda Democrática, que quería restañar la vieja herida entre democracia y cristianismo. Se quedó solo, y su vocación de puente, frustrada. Ahora, en el momento de su muerte, es de ley recordar su vocación pontifical y preguntarse por qué tuvo tan poco éxito quien hizo tanto.Aunque a don Joaquín no le gustaba recordar su etapa de ministro franquista, lo cierto es que si concitó tanta animadversión entre los suyos fue porque él creyó, con Laín Entralgo, Aranguren o Ridruejo, que había llegado el momento de tender la mano a los vencidos. Aquello sonó a flaqueza y los falangistas pusieron a Sor Intrépida, que así le motejaban, en la tesitura de irse.
Si desde dentro no había nada que hacer, se podía intentar el diálogo entre los que se situaban en los márgenes del régimen y los opositores declarados. Nació así la revista Cuadernos para el Dialogo, un invento con el sello ruizgimeniano. En los debates del comité de redacción se daba citan comunistas como Tamames o Claudín, cristianos progresistas, como Pedro Altares, democristianos como Peces-Barba, socialistas como Elías Díaz o Enrique Barón, amén de una amplia gama de filósofos, sociólogos, artistas o literatos. Era un ensayo de democracia, solo que realizado en los años 60, bajo la inspiración de un cristiano iluminado que se sentía apoyado no ya por su Iglesia nacional, sumida en el nacionalcatolicismo, sino por la autoridad del concilio Vaticano II.
La llegada de la democracia deshizo aquel foro plural y creativo. Cada mochuelo se fue a su olivo, iniciando así la funesta manía de sentirse a gusto con los que piensan igual y desconfiar del otro. Ruiz-Giménez quiso competir en ese nuevo tablero con un partido que decía inspirarse en los valores progresistas cristianos que habían animado la etapa de Cuadernos. Pero ahí se encontró con la enemistad de Enrique Tarancón, a la sazón patrón de los obispos españoles. Sería difícil precisar qué pesó más en él: si el desastroso balance de la experiencia política de la Iglesia durante el franquismo o la animadversión que sentía por cristianos tan libres como Ruiz-Giménez. Tarancón no quería repetir ni de lejos la alianza entre el poder y la religión, pero tampoco se fiaba de alguien dispuesto a defender una sociedad cuyas reglas de convivencia resultaran de un diálogo con comunistas o laicos, por ejemplo. El resultado fue un nuevo fracaso.
El primer Gobierno de Felipe González le premió, a modo de consolación, con el cargo de Defensor del Pueblo, que él se tomó muy en serio. Se convirtió en la voz de los sin voz y con su saco de quejas iba recorriendo los despachos ministeriales pidiendo explicaciones con la modestia de quien respeta la responsabilidad del otro, pero con la firmeza de quien sabe que lo que pide es justo. Hasta para aquellos jóvenes ministros y altos cargos socialistas, recién llegados y con los mejores ánimos, el celo de don Joaquín era excesivo. No entendían, en efecto, que para este hombre la política no era un programa de actividades sino una vocación que emanaba de profundas convicciones morales o, más exactamente, religiosas.
Las primeras noticias de su muerte vienen acompañadas de un breve resumen biográfico en el que se destaca que fue un «hombre de la transición». Es verdad, pero es inexacto porque la transición silenció la revista que él creara y no permitió que prosperara su partido político. Ruiz-Giménez fue el hombre que antes, durante y después de la transición entendió la democracia como algo más que la conquista y ejercicio del poder. Él fue la primera víctima de lo que Aranguren llamó el desencanto de la transición, pero tuvo el valor de mantener vivo, en el seno del fracaso político, el valor de la democracia como moral. Hombres públicos como él salvan la dignidad de la política.
(Artículo de Reyes Mate, publicado en "El Periódico de Aragón" el 29 de agosto de 2009).
La maldición alcanzó de lleno a Joaquín Ruiz-Giménez cuando, en las primeras elecciones democráticas, en 1977, hizo una oferta a la ciudadanía española con el partido Izquierda Democrática, que quería restañar la vieja herida entre democracia y cristianismo. Se quedó solo, y su vocación de puente, frustrada. Ahora, en el momento de su muerte, es de ley recordar su vocación pontifical y preguntarse por qué tuvo tan poco éxito quien hizo tanto.Aunque a don Joaquín no le gustaba recordar su etapa de ministro franquista, lo cierto es que si concitó tanta animadversión entre los suyos fue porque él creyó, con Laín Entralgo, Aranguren o Ridruejo, que había llegado el momento de tender la mano a los vencidos. Aquello sonó a flaqueza y los falangistas pusieron a Sor Intrépida, que así le motejaban, en la tesitura de irse.
Si desde dentro no había nada que hacer, se podía intentar el diálogo entre los que se situaban en los márgenes del régimen y los opositores declarados. Nació así la revista Cuadernos para el Dialogo, un invento con el sello ruizgimeniano. En los debates del comité de redacción se daba citan comunistas como Tamames o Claudín, cristianos progresistas, como Pedro Altares, democristianos como Peces-Barba, socialistas como Elías Díaz o Enrique Barón, amén de una amplia gama de filósofos, sociólogos, artistas o literatos. Era un ensayo de democracia, solo que realizado en los años 60, bajo la inspiración de un cristiano iluminado que se sentía apoyado no ya por su Iglesia nacional, sumida en el nacionalcatolicismo, sino por la autoridad del concilio Vaticano II.
La llegada de la democracia deshizo aquel foro plural y creativo. Cada mochuelo se fue a su olivo, iniciando así la funesta manía de sentirse a gusto con los que piensan igual y desconfiar del otro. Ruiz-Giménez quiso competir en ese nuevo tablero con un partido que decía inspirarse en los valores progresistas cristianos que habían animado la etapa de Cuadernos. Pero ahí se encontró con la enemistad de Enrique Tarancón, a la sazón patrón de los obispos españoles. Sería difícil precisar qué pesó más en él: si el desastroso balance de la experiencia política de la Iglesia durante el franquismo o la animadversión que sentía por cristianos tan libres como Ruiz-Giménez. Tarancón no quería repetir ni de lejos la alianza entre el poder y la religión, pero tampoco se fiaba de alguien dispuesto a defender una sociedad cuyas reglas de convivencia resultaran de un diálogo con comunistas o laicos, por ejemplo. El resultado fue un nuevo fracaso.
El primer Gobierno de Felipe González le premió, a modo de consolación, con el cargo de Defensor del Pueblo, que él se tomó muy en serio. Se convirtió en la voz de los sin voz y con su saco de quejas iba recorriendo los despachos ministeriales pidiendo explicaciones con la modestia de quien respeta la responsabilidad del otro, pero con la firmeza de quien sabe que lo que pide es justo. Hasta para aquellos jóvenes ministros y altos cargos socialistas, recién llegados y con los mejores ánimos, el celo de don Joaquín era excesivo. No entendían, en efecto, que para este hombre la política no era un programa de actividades sino una vocación que emanaba de profundas convicciones morales o, más exactamente, religiosas.
Las primeras noticias de su muerte vienen acompañadas de un breve resumen biográfico en el que se destaca que fue un «hombre de la transición». Es verdad, pero es inexacto porque la transición silenció la revista que él creara y no permitió que prosperara su partido político. Ruiz-Giménez fue el hombre que antes, durante y después de la transición entendió la democracia como algo más que la conquista y ejercicio del poder. Él fue la primera víctima de lo que Aranguren llamó el desencanto de la transición, pero tuvo el valor de mantener vivo, en el seno del fracaso político, el valor de la democracia como moral. Hombres públicos como él salvan la dignidad de la política.
(Artículo de Reyes Mate, publicado en "El Periódico de Aragón" el 29 de agosto de 2009).
UN SOÑADOR PARA UN PUEBLO.
Seguramente Buero Vallejo no me reprochará desde el Parnaso que utilice el título de una de sus obras para identificar a Joaquín Ruiz-Giménez, mi profesor, mi maestro y mi amigo, de quien aprendí tanto y a quien tanto quise y admiré. Desde 1962 y hasta hace pocos años, cuando la enfermedad nubló su gran inteligencia, mi vida ha estado siempre marcada por su ejemplo y su magisterio. Era un esposo y un padre ejemplar y también un educador para sus discípulos y para todos los estudiantes que tuvo cuando volvió a la Universidad en 1956 y hasta su jubilación. Creo que es muy adecuado el calificativo de soñador para un pueblo. Era siempre idealista, bienintencionado y colocando a la moral y al amor a España y a los españoles por encima de egoísmos e intereses particulares, de ideologías y partidismos. En La Razón de Ser que publica en octubre de 1963, cuando se inicia Cuadernos para el Diálogo, resume un sueño para el renacer de España que esperaba con la democracia: “Sólo tres cualidades se exigen para lograr presencia activa en estas páginas: un mutuo respeto personal, una atenta sensibilidad para todos los valores que dan sentido a la vida humana y un común afán de construir un mundo más libre, más solidario y más justo”.
Con esa filosofía, siendo ya catedrático en Madrid, se lanzó a recorrer los caminos de España para predicar los derechos humanos, la democracia y la libertad. Yo le acompañé en muchos de esos itinerarios pedagógicos, donde desde esas ideas de fondo defendía la moderación, el respeto y la amistad cívica para cambiar las mentalidades de la dialéctica del odio y del amigo-enemigo, horribles trazas de la Guerra Civil. Fue un cristiano ejemplar, modesto, discreto, no dogmático, tolerante y respetuoso con las personas y las ideas. Le horrorizaba pensar que uno de los objetivos de los vencedores de la Guerra Civil fuese exterminar las ideas de los perdedores, exterminando las personas que las representaban.
En la plataforma de comunicación que fue Cuadernos estaban convocadas y presentes todas las ideologías que luego conformaron el abanico de los partidos democráticos. Su tozuda lealtad a sus convicciones más profundas le impidieron incorporarse a la UCD, manteniéndose fiel a su democracia cristiana abierta y poco confesional. No tuvo éxito y después tampoco le apoyaron ni le agradecieron suficiente lo que había hecho para educar a las multitudes como apóstol de la libertad.
Fue Defensor del Pueblo ejemplar en su trabajo. Sólo lo consiguió a partir de 1982 durante el Gobierno socialista. Su independencia, su lealtad a las obligaciones del cargo y su compromiso con las reclamaciones de los ciudadanos marcaron su mandato. No fue comprendido y no tuvo la continuidad necesaria para consolidar la institución. Creo que fue grande la responsabilidad de quienes decidieron su sustitución. Su larga vida ha sido un ejemplo para todos y su familia y sus amigos podemos estar muy orgullosos de haber querido y respetado a una persona tan ejemplar.
(Artículo de Gregorio Peces-Barba publicado en “El País” el 28 de agosto de 2009).
Con esa filosofía, siendo ya catedrático en Madrid, se lanzó a recorrer los caminos de España para predicar los derechos humanos, la democracia y la libertad. Yo le acompañé en muchos de esos itinerarios pedagógicos, donde desde esas ideas de fondo defendía la moderación, el respeto y la amistad cívica para cambiar las mentalidades de la dialéctica del odio y del amigo-enemigo, horribles trazas de la Guerra Civil. Fue un cristiano ejemplar, modesto, discreto, no dogmático, tolerante y respetuoso con las personas y las ideas. Le horrorizaba pensar que uno de los objetivos de los vencedores de la Guerra Civil fuese exterminar las ideas de los perdedores, exterminando las personas que las representaban.
En la plataforma de comunicación que fue Cuadernos estaban convocadas y presentes todas las ideologías que luego conformaron el abanico de los partidos democráticos. Su tozuda lealtad a sus convicciones más profundas le impidieron incorporarse a la UCD, manteniéndose fiel a su democracia cristiana abierta y poco confesional. No tuvo éxito y después tampoco le apoyaron ni le agradecieron suficiente lo que había hecho para educar a las multitudes como apóstol de la libertad.
Fue Defensor del Pueblo ejemplar en su trabajo. Sólo lo consiguió a partir de 1982 durante el Gobierno socialista. Su independencia, su lealtad a las obligaciones del cargo y su compromiso con las reclamaciones de los ciudadanos marcaron su mandato. No fue comprendido y no tuvo la continuidad necesaria para consolidar la institución. Creo que fue grande la responsabilidad de quienes decidieron su sustitución. Su larga vida ha sido un ejemplo para todos y su familia y sus amigos podemos estar muy orgullosos de haber querido y respetado a una persona tan ejemplar.
(Artículo de Gregorio Peces-Barba publicado en “El País” el 28 de agosto de 2009).
DERECHOS HUMANOS FRENTE A LA CORRUPCIÓN.
España está a la cola de la Unión Europea y de la OCDE en cuanto a efectividad gubernamental y lucha contra la corrupción. Así resulta de un informe sobre Indicadores de Buen Gobierno elaborado recientemente por el Banco Mundial. Sólo nos hacen malos (y no pésimos) Chipre, Grecia y la querida Italia cuyo nivelazo es inigualable. Los demás países ofrecen mejores resultados. Particularmente en la lucha contra la corrupción, se afirma que España no ha hecho progresos desde 2003.
Días antes, la Fundación Alternativas, publicaba su interesante Informe sobre la Democracia en España. En él se afirma que la calidad de ésta ha bajado respecto el año anterior, pasando de un 6,2 a un 6. Se expresa literalmente que "España es un país relativamente corrupto comparado con los de su entorno, utilizando los indicadores estándar aunque existen razones fundadas para sospechar que la corrupción es incluso más elevada de lo que apuntan los indicadores".
En las mismas fechas otra prestigiosa institución como Transparencia Internacional ha emitido su Informe anual resaltando la percepción de los españoles de que existe un alto grado de corrupción, considerando la empresa privada (29%) y los partidos políticos (27%) como los sectores sociales más implicados, y estimando el 44% de los españoles (frente al 25%) que la actuación del Gobierno en esta materia es ineficaz.
Hasta aquí los datos. Reflexionar sobre la corrupción, aunque los parámetros fuesen bajos, es fundamental. Admitir resignadamente que en toda sociedad existe un porcentaje asumible de corrupción es algo que debe ser (acaso utópicamente) rechazado. Lo que diferencia los sistemas democráticos de los totalitarios es la existencia de mecanismos básicos de control y unas pautas mínimas de transparencia. Del nivel de ello y del funcionamiento adecuado de las instancias administrativas, políticas y judiciales depende la calidad de la democracia.
Por muy democrático que sea un país si los ciudadanos tienen una percepción que la ley no trata por igual a todos o existe impunidad para diversos jerarcas económicos o de otro tipo o que muy diversos políticos tienen negocios o relaciones peligrosas con auténticos corruptos, deben encenderse luces rojas. La aceptación resignada de todo ello acontece en nuestra cercana Italia. Pero pensemos también en nosotros.
Es fundamental valorar nuestras democracias. Éstas se cualifican por el equilibrio de poderes y contrapoderes y la sujeción de todos por igual a la Ley. Pero también por el grado de desarrollo de los derechos humanos. Aquí debe destacarse que junto a los clásicos y fundamentales derechos y libertades, han surgido otros que algunos llaman de tercera generación y que inciden en materias que los textos constitucionales antes no trataban y de los que apenas se hablaba. Son los derechos sobre el tratamiento de datos personales vinculados a nuevas tecnologías y avances científicos, el derecho al medio ambiente y a disponer de agua, los derechos de enfermos y pacientes... Todos tienen reflejo en las últimas normas jurídicas.
Uno es el llamado "derecho a una buena Administración". Lo recogen todos los Estatutos de Autonomía últimamente modificados: Comunidad Valenciana (artículo 9), Cataluña (artículo 30), Andalucía (artículo 30) Castilla y León (artículo 12), etcétera. Y, a nivel europeo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE de diciembre de 2007, cuyo artículo 41 lleva ese título por rúbrica. Ésta no se refiere sólo al reduccionismo del derecho individual a acceder a los servicios públicos. Ejes como la imparcialidad, la sujeción a la ley, la transparencia, igualdad, objetividad no es algo sólo exigible por los sujetos individuales sino que es un derecho colectivo, acertando el Estatuto de Aragón al expresar que "los poderes públicos están vinculados por estos derechos".
Esas nuevas referencias normativas contrastan con el silencio del Plan de Derechos Humanos que el Gobierno aprobó en diciembre tras larga gestación. Aunque es dudosa su efectividad, su mera existencia es ya positiva y tiene aspectos interesantes aunque parece un extenso catálogo de ideas sobre democracia, derechos y libertades. Sin embargo, no contiene ni una mención a algo relacionado con lo que estamos exponiendo. Sorprende que mientras otras libertades muy consolidadas vengan recogidas enfáticamente, no exista una sola referencia a algo que los indicadores expuestos al principio evidencian fallos sobre lo que significa transparencia, control, igualdad ante la ley, ausencia de impunidad, etcétera. Parece una descoordinación más entre la clase política y las percepciones de la ciudadanía ante el retroceso en nuestra calidad democrática.
No toda responsabilidad es del Gobierno o los Gobiernos autonómicos y locales que tienen mucho que decir (o callar, según se mire). En numerosas zonas costeras, el olor no es sólo de salitre. También instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial o los medios de comunicación mucho deberían reflexionar. Y qué decir de los dirigentes que arrinconan códigos éticos y no son nada contundentes a la hora de limpiar su propia porquería y en cambio están siempre dispuestos para ver la viga en el ojo ajeno. Sobra cinismo e incoherencia. Falta valentía, sentido de Estado y responsabilidad. Y reflexión...
(Artículo de Jesús López-Medel, publicado en "El País" el 23 de agosto de 2009).
REFLEXIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN.
Diversos informes internacionales muestran un leve pero claro incremento de la corrupción en España. Sin embargo, esta evidencia no ha generado una respuesta adecuada por parte de quienes tienen la responsabilidad de acotar este fenómeno ni tampoco entre los ciudadanos. Lo que los medios de comunicación publican es solo, lamentablemente, la punta del iceberg, el momento en el que son descubiertos hechos punibles. A decir verdad, hay sucesos que son noticia cotidiana mientras otros solo tienen un reflejo esporádico. Otros, aun cuando son vox pópuli, ni eso.
Igual que sucede con otro país latino, Italia, parece ser que la ciudadanía no castiga con fuerza ese tipo de sucesos. En una polarización tan marcada donde el hecho de derrotar al enemigo vale tanto o más que la adhesión al candidato teóricamente más afín, el escándalo de la corrupción no suele conllevar un castigo político en las urnas.
ELLO SUPONE una doble consecuencia. En primer lugar, la admisión de un margen de normalidad o aceptación para ciertos niveles de corrupción como si fuese admisible o tolerable siempre que no resulte en exceso abundante. La segunda consecuencia, que deriva de la anterior, es la falta de reacción de una dirigencia que actúa con pasividad ante la evidencia de que los escándalos por corrupción no parecen pasarles factura. Pero algunos se plantean que si hubiera una reacción rápida de cortar cabezas de raíz dentro del propio partido, este resultaría premiado.
¿Seguiría siendo tan reticente la clase política si las encuestas revelasen una penalización por la falta de respuestas prontas y efectivas? No solo los sondeos sobre voto, sino también las propias elecciones suelen tratar con benevolencia estos hechos reprobables. No pocos municipios, diputaciones o comunidades autónomas son claro ejemplo. Sin embargo, es tan peligroso como obsceno pretender que unos buenos resultados electorales sean considerados como un indulto popular por aquellos que están bajo sospecha.
El voto en España aún está muy polarizado. Pese a que hay centenares de miles de electores que son capaces de votar al PSOE o al PP, según las circunstancias, la gran mayoría son de voto fijo, hagan lo que hagan y sean quienes sean sus líderes. Es a ellos precisamente a quienes la existencia de informaciones sobre corrupción de sus miembros electos no les afectará sobremanera a la hora de seguir votándoles. A lo sumo, optarán por la abstención, especialmente si son afines a partidos de izquierda. Las informaciones y elecciones recientes revelan que ciertos votantes hacen caso omiso a ello. Acaso con el maniqueo argumento de que "son de los nuestros".
Otro argumento de especial utilización interesada en estos casos es el de la "presunción de inocencia". Este es un presupuesto básico en términos de garantía jurídica con carácter penal y se mantiene en tanto no existe sentencia condenatoria. Pero este argumento no puede mantenerse al mismo nivel en el ámbito político. Hay situaciones en las que aún no existe procesalmente esa condena, pero en las que deben tomarse decisiones políticas. Por decoro, por estética, por respeto a las instituciones, por dignidad. Las situaciones previas son variadas: imputado, procesado, inculpado... Incluso otras en las que, sin haberse llegado a ello, la difusión de noticias es tan clamorosa y rotunda que no debe esperarse a la actuación de los tribunales para que los dirigentes políticos reaccionen de inmediato.
Ciertamente, el juego de los medios de comunicación debe estar presidido por la responsabilidad. Todos conocemos casos en los que determinadas cacerías políticas han tenido su ariete más firme en el empecinamiento de un medio concreto, que ha insistido con gran contundencia en cobrarse esa pieza política, social e incluso judicial. Hasta el partido opositor ha ido siguiendo la estela de las investigaciones y divulgaciones periodísticas.
ECHAR LA VISTA atrás en nuestro país y compararlo con las realidades de otros lugares pone en evidencia que nuestros políticos apenas usan el verbo dimitir. Hacen piña y buscan echar la culpa a otros: jueces, periódicos, etcétera. Todo con el objectivo de evitar asumir realidades. Se acude con frecuencia al repliegue tribal y la defensa a toda costa, especialmente si ocupa un cargo orgánico relevante o si hay motivos especiales de agradecimiento. No pocas veces se traslada la idea de que dimitir es aceptar los hechos, cuando en realidad se puede hacer una mejor defensa jurídica desde la distancia y se evitan daños al partido de pertenencia.
A veces la ciudadanía interpreta la prudencia en las resoluciones de los dirigentes como falta de valentía y una incapacidad para tomar decisiones. Si eso es en un plano interno, la extensión de esas mismas actitudes para resolver los asuntos generales será un argumento letal.
Durante mi dedicación a la política he conocido en todos los partidos compañeros comprometidos con unas ideas y que rechazan que otros embadurnen tanto las siglas como la nobleza de la actividad. Sin embargo, luego son incapaces de hacer oír su voz tanto interna como públicamente, cuando se producen hechos rechazables. La estrategia del grupo se vuelve a convertir en dogma. ¡Qué pena!En realidad se puede hacer una mejor defensa jurídica desde la distancia y se evitan daños al partido de pertenencia.
A veces la ciudadanía interpreta la prudencia en las resoluciones de los dirigentes como falta de valentía y una incapacidad para tomar decisiones. Si eso es en un plano interno, la extensión de esas mismas actitudes para resolver los asuntos generales será un argumento letal.
Durante mi dedicación a la política he conocido en todos los partidos compañeros comprometidos con unas ideas y que rechazan que otros embadurnen tanto las siglas como la nobleza de la actividad. Sin embargo, luego son incapaces de hacer oír su voz tanto interna como públicamente, cuando se producen hechos rechazables. La estrategia del grupo se vuelve a convertir en dogma. ¡Qué pena!
(Artículo de Jesús López-Medel, publicado en "El Periódico de Aragón" el 15 de agosto de 2009).
UN SUELDO PARA EL ALCALDE
Las noticias aparecidas en los últimos meses sobre corruptelas de alcaldes y concejales en Aragón -en todo el país, en general- va más allá de puntuales ovejas descarriadas. Aunque se hace necesario diferenciar dos tipos de situaciones del todo diferentes: la que se refiere al uso irregular de los fondos públicos, combatible únicamente desde los tribunales, y la relativa al pago de sueldos a los miembros de las corporaciones. Esta es más complicada, y habla de un modelo erróneo: la financiación de las instituciones locales necesita de forma urgente una renovación. Algo que se manifiesta también en el maná que suponen las subvenciones públicas para los ayuntamientos, lo que vicia irremediablemente el sistema.
Muchos de los casos han salido ya a la luz pública, aunque da la impresión de que se trata tan solo de la punta del iceberg. Un convenio entre Medio Ambiente y la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL). Los agentes de desarrollo local (ADL) que contratan las diputaciones provinciales. Gran parte de los asesores de los departamentos del Gobierno de Aragón. Se trata en realidad de mecanismos irregulares que introducen las instituciones aragonesas para poner un sueldo a alcaldes y concejales, o a simples integrantes de las listas electorales. Y eso que aún falta por conocer quiénes cobran de empresas públicas como Sodemasa o Sirasa, al igual que de otros organismos públicos controlados por el Ejecutivo autonómico.
Queda fuera de toda duda, como se ha dicho, que constituyen procedimientos de contratación irregular. Ahora bien, también da la impresión de que el objetivo no es tan espurio. Como siempre, el objetivo no justifica los medios, aunque también parece necesario encontrar una solución para profesionalizar la política, al menos en parte, también a nivel local. Porque quien está en contacto estrecho con responsables municipales sabe que se trata en muchas ocasiones de un trabajo esforzado y no siempre agradecido.
Es cuestión de buscar fórmulas. Fijar una cantidad en función de variables como la población, con un máximo de liberados por corporación, acompañado de otras medidas como limitar el número de mandatos, con el objetivo de evitar que los regidores se perpetúen en sus cargos -el mayor germen de la corrupción. ¿Cuál es entonces el problema? Que no parece muy popular esta decisión. Que generaría numerosas críticas. Y las críticas nunca son bienvenidas si uno puede meter la cabeza bajo tierra.
(Artículo de Luis Faci, publicado en "Heraldo de Aragón" el 16 de agosto de 2009).
LA CARRERA DEL FUNCIONARIO.
Tan pronto como irrumpe alguna innovación, ya hay palabras o expresiones para definirla. Y la creciente arbitrariedad de la Administración no podía ser excepción. Dicen los funcionarios: "A ver si me reclaman para tal puesto". Y lo dicen con normalidad, reconociendo de hecho que tal reclamación es fruto de sus gestiones y contactos, y que el nombramiento que derive será discrecional, en comisión de servicios o de alguna otra forma excepcional, distinta del procedimiento normal de provisión. En la Administración aragonesa, la carrera de los funcionarios se desarrolla de forma creciente y casi única mediante esos procedimientos tangenciales, "buscándose la vida", negociando en el mercadillo en que se ha convertido. Un sistema que pervierte el reconocimiento del mérito y capacidad, que debiera ser la única norma válida.
(Artículo de Julio Calvo Iglesias, publicado en "Heraldo de Aragón" el 11 de agosto de 2009).
CUANDO UN DIEZ NO BASTA
Cuando sacar un diez -nota máxima- en unas oposiciones ya no garantiza la obtención de plaza es que algo no va bien en el sistema de acceso a la función pública.Las oposiciones son, en principio, el método para garantizar transparencia y equidad.Sin embargo, la Administración abusa de las interinidades, lo que le resulta más barato y flexible pero desnaturaliza el procedimiento de selección,crea agravios comparativos y siembra confusión. Y para el mérito, ¿qué queda?.
TRIBUNA , OBSERVATORIO, Heraldo de Aragón, pág.20, jueves 30 de julio de 2009.
TRIBUNA , OBSERVATORIO, Heraldo de Aragón, pág.20, jueves 30 de julio de 2009.
¡ OJO ! EL PODER AÍSLA Y CORROMPE.
"PARA VER LA LUZ Y LIDERAR A OTROS CON HUMANIDAD, UNO TIENE QUE TRABAJAR SOBRE SU IGNORANCIA E INCONSCIENCIA. EL PODER SÓLO CORROMPE A QUIENES VIVEN TIRANIZADOS POR SU OSCURIDAD, QUE LES IMPIDE VER CÓMO SUS ACTOS CORRUPTOS TIENEN EFECTOS NOCIVOS SOBRE SU PROPIO BIENESTAR. SÓLO AQUELLOS QUE SIRVEN A LOS DEMÁS CON ÉTICA, EMPATÍA Y HUMILDAD ESTÁN PREDESTINADOS A CONSERVARSE EN LO MÁS ALTO "
Francisco Pérez director comercial del Instituto de Formación Avanzada (INFOVA).
(tomado de El País , Negocios , 26 de julio de 2009 , Carreras & capital humano )
Francisco Pérez director comercial del Instituto de Formación Avanzada (INFOVA).
(tomado de El País , Negocios , 26 de julio de 2009 , Carreras & capital humano )
En Mejico se presentó el libro : La ética en la función pública
EN MEJICO:Se presentó el libro LA ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DE MARÍA ELENA ÁLVAREZ BERNAL en el Museo Nacional de las Intervenciones (Coyoacán) En opinión de la autora, la corrupción lastima los espacios de negociación En su libro La ética en la Función Pública, la diputada federal María Elena Álvarez Bernal presenta un análisis sustancial del tema y ofrece propuestas capaces de generar cambios en la acción de los servidores públicos y responder al reclamo ético de la sociedad. La obra expone la importancia de la ética como pilar de la función pública que garantiza la credibilidad en el sistema y legitima las acciones del gobierno. La corrupción –considera– lastima los espacios de negociación y permisividad, además de que cancela la posibilidad de fortalecimiento del Estado. En La ética en la Función Pública, Elena Álvarez Bernal coloca al lector en la gran dualidad social: la ética en los espacios de función pública y la corrupción presente en los mismos. La autora recuerda que el ejercicio profesional del poder implica la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Esta ecuación exige que quienes participan en la actividad política rijan su actuación por valores y convicciones democráticas, además de asumir las consecuencias éticas y jurídicas de sus actos. María Elena Bernal nació en Zamora, Michoacán, en 1930. Es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es diputada federal por la LX legislatura (2006-2009).
CCOO pide la dimisión de un consejero de la Generalitat por menospreciar al funcionariado
Publicado el 08-07-2009 , por Expansión.com
CCOO ha pedido la dimisión "inmediata" del conseller de Gobernación de la Generalitat, Jordi Ausàs, por, en su opinión, haber presentado a los funcionarios como "un colectivo nombrado a dedo, sin periodo de prueba o poco cualificado".
CCOO pide dimisión de Ausàs y recuerda que las pruebas pueden ser de un año Ausàs anunció el lunes que la Generalitat contempla un período de tres meses de prueba para los nuevos funcionarios para consolidar sus puestos de trabajo, una de las medidas previstas para la reforma de la función pública, a lo que el sindicato ha objetado que este periodo puede ser de un año.
En un comunicado, el sindicato señala que el convenio del personal laboral establece un período de prueba de dos a seis meses, en función del grupo profesional, que en algunos casos puede alcanzar el año de duración. CCOO critica las afirmaciones de Ausàs y de los responsables del funcionariado de la Generalitat y recuerda que las leyes catalanas y españolas de la Función Pública obligan a seleccionar el personal "con criterios de objetividad, en función de los principios de igualdad, mérito y capacidad de los aspirantes".
En este sentido, el sindicato considera que las medidas presentadas por Gobernación "demuestran el profundo desconocimiento de la normativa y de la realidad del funcionamiento de la administración". CCOO rechaza una ley de "medidas urgentes" y solicita una ley integral de la Función Pública que "contemple un auténtico cambio en el modelo de servicio a la ciudadanía".
Asimismo, pide que la ley se elabore de "manera participativa" y sea negociada en una mesa en la que estén representadas todas las administraciones y representantes de los trabajadores, lo que se traduciría en una "auténtica negociación y no en una mera conversación de las partes implicadas".
Publicado el 08-07-2009 , por Expansión.com
CCOO ha pedido la dimisión "inmediata" del conseller de Gobernación de la Generalitat, Jordi Ausàs, por, en su opinión, haber presentado a los funcionarios como "un colectivo nombrado a dedo, sin periodo de prueba o poco cualificado".
CCOO pide dimisión de Ausàs y recuerda que las pruebas pueden ser de un año Ausàs anunció el lunes que la Generalitat contempla un período de tres meses de prueba para los nuevos funcionarios para consolidar sus puestos de trabajo, una de las medidas previstas para la reforma de la función pública, a lo que el sindicato ha objetado que este periodo puede ser de un año.
En un comunicado, el sindicato señala que el convenio del personal laboral establece un período de prueba de dos a seis meses, en función del grupo profesional, que en algunos casos puede alcanzar el año de duración. CCOO critica las afirmaciones de Ausàs y de los responsables del funcionariado de la Generalitat y recuerda que las leyes catalanas y españolas de la Función Pública obligan a seleccionar el personal "con criterios de objetividad, en función de los principios de igualdad, mérito y capacidad de los aspirantes".
En este sentido, el sindicato considera que las medidas presentadas por Gobernación "demuestran el profundo desconocimiento de la normativa y de la realidad del funcionamiento de la administración". CCOO rechaza una ley de "medidas urgentes" y solicita una ley integral de la Función Pública que "contemple un auténtico cambio en el modelo de servicio a la ciudadanía".
Asimismo, pide que la ley se elabore de "manera participativa" y sea negociada en una mesa en la que estén representadas todas las administraciones y representantes de los trabajadores, lo que se traduciría en una "auténtica negociación y no en una mera conversación de las partes implicadas".
"Ethos y política"
Cada vez más difusas las ideologías,resultan esenciales los comportamientos.De ahí la admiración que suscitan personas como José Luis Peñas , ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda, Madrid, que ha sabido anteponer sus principios y una concepción ética del servicio público a sus intereses particulares en el mundo de la política.
Cuando, perplejos y desconcertados, los ciudadanos asistimos a la proliferación de escándalos que mellan el ejercicio de las responsabilidades públicas y nos alejan de ese mundo identificado en buena medida con el cohecho y la corrupción, no podemos dejar de sentir admiración por quién, como el antiguo concejal de Majadahonda,se sintió en la obligación de dar a la luz y denunciar las irregularidades que detectaba a su alrededor a partir de la trama urdida por Francisco Correa, con la sola pretensión de poner fin a tales desmanes y contribuir así a la dignificación de la política.Por esa razón,porque se trata de un comportamiento excepcional y merecedor del máximo reconocimiento y porque la defensa de lo público requiere coraje -no siempre es fácil y a menudo implica riesgos- , confieso que , si en alguna ocasión se presentase la oportunidad, mi voto sería par él. -Maria Antonia Salvador.Valladolid.
(tomada de Cartas al director, El PAÍS, domingo 19 de julio de 2009).
Cuando, perplejos y desconcertados, los ciudadanos asistimos a la proliferación de escándalos que mellan el ejercicio de las responsabilidades públicas y nos alejan de ese mundo identificado en buena medida con el cohecho y la corrupción, no podemos dejar de sentir admiración por quién, como el antiguo concejal de Majadahonda,se sintió en la obligación de dar a la luz y denunciar las irregularidades que detectaba a su alrededor a partir de la trama urdida por Francisco Correa, con la sola pretensión de poner fin a tales desmanes y contribuir así a la dignificación de la política.Por esa razón,porque se trata de un comportamiento excepcional y merecedor del máximo reconocimiento y porque la defensa de lo público requiere coraje -no siempre es fácil y a menudo implica riesgos- , confieso que , si en alguna ocasión se presentase la oportunidad, mi voto sería par él. -Maria Antonia Salvador.Valladolid.
(tomada de Cartas al director, El PAÍS, domingo 19 de julio de 2009).
OPINION DEL PROFESOR JORGE DE ESTEBAN:
¿Qué se puede hacer antes de que la ciénaga de la corrupción anegue totalmente nuestra democracia, produciendo la apatía y el asqueo de los ciudadanos ¿Ciertamente, existen medios para evitarlo, pero o no han funcionado o no se ha querido que funcionen. Medidas como un Código de Buen Gobierno, una legislación preventiva adecuada, una Fiscalía Anticorrupción, y unas sanciones que pueden ser administrativas o penales, son sin duda medidas necesarias, pero no suficientes.
Lo que más urge es la ejemplaridad de los diferentes Gobiernos, deduciendo la responsabilidad política inmediata de los que caen en estas irregularidades, el control objetivo y no partidista de los medios de comunicación de masas, y, por encima de todo, una educación democrática de nuestros jóvenes a los que se les inculquen los valores propios de una democracia, objetivo que no parece cumplir la famosa asignatura de marras. Y si falla todo eso, pues sólo queda rezar, porque ya habremos pasado de la "corrupción 'en' la democracia" a la "corrupción 'de' la democracia".
¿Qué se puede hacer antes de que la ciénaga de la corrupción anegue totalmente nuestra democracia, produciendo la apatía y el asqueo de los ciudadanos ¿Ciertamente, existen medios para evitarlo, pero o no han funcionado o no se ha querido que funcionen. Medidas como un Código de Buen Gobierno, una legislación preventiva adecuada, una Fiscalía Anticorrupción, y unas sanciones que pueden ser administrativas o penales, son sin duda medidas necesarias, pero no suficientes.
Lo que más urge es la ejemplaridad de los diferentes Gobiernos, deduciendo la responsabilidad política inmediata de los que caen en estas irregularidades, el control objetivo y no partidista de los medios de comunicación de masas, y, por encima de todo, una educación democrática de nuestros jóvenes a los que se les inculquen los valores propios de una democracia, objetivo que no parece cumplir la famosa asignatura de marras. Y si falla todo eso, pues sólo queda rezar, porque ya habremos pasado de la "corrupción 'en' la democracia" a la "corrupción 'de' la democracia".
Cómo incentivar la motivación.
- Fomentar una visión compartida. Cuando las personas desconocen o no comparten la visión en el corto y medio plazo de la compañía pierden su capacidad de comprometerse, su energía, esfuerzo y entusiasmo.
- Alinear los valores. La motivación surge de manera natural cuando los valores definidos en la misión de la organización son parecidos a los de los empleados. Esta coherencia erradica los conflictos internos y potencia el buen clima laboral.
- Posibilidad de desarrollo y crecimiento. Crear un plan de desarrollo personal y profesional para cada empleado, lo que se viene llamando la "gestión del talento", permite a los trabajadores concebir su profesión como una oportunidad de aprendizaje.
- Introducir el "ganar/ganar". Si la dirección de la compañía cree realmente en su gente, apostará por construir una cultura basada en el ganar/ganar. Así, los empleados se sienten valorados y se atreven a decir lo que piensan.
Fuente: Maite Barón, "coach" y directora de Empowering Visionary Leaders.
- Alinear los valores. La motivación surge de manera natural cuando los valores definidos en la misión de la organización son parecidos a los de los empleados. Esta coherencia erradica los conflictos internos y potencia el buen clima laboral.
- Posibilidad de desarrollo y crecimiento. Crear un plan de desarrollo personal y profesional para cada empleado, lo que se viene llamando la "gestión del talento", permite a los trabajadores concebir su profesión como una oportunidad de aprendizaje.
- Introducir el "ganar/ganar". Si la dirección de la compañía cree realmente en su gente, apostará por construir una cultura basada en el ganar/ganar. Así, los empleados se sienten valorados y se atreven a decir lo que piensan.
Fuente: Maite Barón, "coach" y directora de Empowering Visionary Leaders.
DEMOCRACIA DE CIUDADANOS
Nos quejamos del funcionamiento de las democracias. Como consuelo invocamos la famosa frase de Churchill: "Es la peor forma de gobierno a excepción de todas las demás". Criticamos a los políticos, desacreditados aquí y allá, ahora y siempre. Reclamamos más participación ciudadana, lamentamos la gran abstención en las elecciones europeas y la consideramos un síntoma de desafección generalizada hacia la política. Pero fácilmente cambiamos de canal cuando se emite un debate sobre temas políticos y prestamos más atención a Carla Bruni que a su actual marido cuando el presidente de la República Francesa visita oficialmente España. ¿Quiénes tienen razón, los políticos o los apáticos ciudadanos que les critican?
La democracia, teóricamente, es una forma de gobernarnos a nosotros mismos, de autogobernarnos, pero ¿es realmente la mejor forma de gobierno? ¿Por qué las empresas mercantiles más competitivas, las que mejor funcionan y proporcionan servicios buenos y baratos, no se gobiernan por métodos democráticos y, en cambio, las organizaciones políticas sí? ¿Estamos seguros de que la democracia es la mejor forma de gobernar una sociedad? ¿Las decisiones adoptadas por una mayoría son siempre las más convenientes? Desde siempre todas estas cuestiones preocupan a la doctrina política y no cesa el debate en torno a la naturaleza de la democracia, la organización de los poderes y los procedimientos de toma de decisiones colectivas. Félix Ovejero, profesor de filosofía política en la Universitat de Barcelona y conocido ensayista, es uno de los mejores expertos españoles en teoría de la democracia. Su última publicación (Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo y republicanismo, Katz, Madrid, 2008) está dedicada a responder estos y otros interrogantes. En este libro, Ovejero efectúa una reflexión de conjunto sobre los actuales problemas de la democracia sometiendo a crítica el actual debate teórico sobre esta, muy especialmente el que se está desarrollando en el mundo anglosajón. A estos efectos, desmenuza las principales piezas de este debate, demuestra un abrumador dominio de la bibliografía más reciente y analiza las razones de unos y otros hasta llegar a exponer una posición personal sobre todas las cuestiones que plantea. Sus conocimientos y preocupaciones por el funcionamiento de la democracia en España no son ajenos, por supuesto, a esta reflexión. Ovejero parte de dos grandes modelos de democracia: la elitista y la republicana. La primera es la democracia liberal clásica, la democracia actual en los países occidentales con todos los defectos que comprobamos día a día: una democracia de partidos políticos convertidos en máquinas electorales que reparten cargos públicos, todos ellos con idearios y programas muy similares, sean de derechas o izquierdas, con un grave déficit de debate político, tanto en los parlamentos como en la opinión pública, debido a la falta de formación cívica y a la poca transparencia de las negociaciones entre partidos cuando adoptan decisiones políticas. Para el profesor Ovejero, este poco estimulante panorama, que conduce hacia el populismo de los gobernantes y a la abstención de los electores, está provocado por las mismas instituciones del sistema democrático realmente existente y conviene a todos los partidos que se turnan en el poder. No es cierto, dice nuestro autor, que los partidos lamenten la abstención electoral. Al contrario: para ellos es una solución. ¿Cómo desbloquear esta democracia de élites, estos poderes públicos secuestrados a los ciudadanos y dominados por una aristocracia formada por los dirigentes políticos? Ovejero plantea un cambio de rumbo: hay que modificar, ampliar y perfeccionar los mecanismos de participación ciudadana recuperando la tradición republicana de pensamiento político, aquella que, según sus partidarios, se inicia en la Grecia de Pericles y prosigue en la Roma de Cicerón, en la Florencia de Maquiavelo y en los años radicales de la revolución inglesa de mediados del siglo XVII. Esta tradición, sostiene Ovejero, fue interrumpida por el giro conservador que acabó por imponerse en las primeras democracias liberales –la británica, la norteamericana y la francesa–, cuya huella pesa todavía demasiado en las democracias de hoy. Esta tradición republicana –nada que ver con la contraposición monarquía/república– no es inevitablemente contradictoria con los principios liberales, sino que los complementa y potencia mediante una participación ciudadana efectiva. Para ello, es preciso reforzar ciertos elementos, todavía muy débiles, de las democracias actuales: fomentar una cultura cívica más robusta, alcanzar una mayor igualdad social y organizar unas instituciones políticas que aumenten la calidad de la participación, en especial mejorando los mecanismos de deliberación a efectos de adoptar las decisiones políticas más adecuadas a los intereses de todos. Este es el programa que propone Félix Ovejero con todo lujo de matizados argumentos. Sólo así, dice, conseguiremos una democracia de ciudadanos. Bernard Shaw escribió una frase demoledora que Ovejero cita: "La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección debida a una mayoría incompetente". Creo que el libro de Ovejero está dedicado a evitar que esto sea cierto. La democracia es algo mucho más complejo que el simple gobierno de la mayoría, incluso en el caso de que esta fuera competente.
(Artículo de Francesc de Carreras, publicado en "La Vanguardia" el 9 de julio de 2009).
A VUELTAS CON EL DERECHO DE PETICIÓN.
LO DICE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:1. El derecho de petición que el art. 29.1 C.E. consagra no es una reclamación en la vía administrativa, ni una demanda o un recurso en la judicial, como tampoco una denuncia. La petición puede incorporar una sugerencia o una información, una iniciativa, «expresando súplicas o quejas», pero en cualquier caso ha de referirse a decisiones discrecionales o graciables (STC 161/1988), sirviendo a veces para poner en marcha ciertas actuaciones institucionales, como la del Defensor del Pueblo o el recurso de inconstitucionalidad de las Leyes [arts. 54 y 161.1 a) C.E.)], sin cauce propio jurisdiccional o administrativo, por no incorporar una exigencia vinculante para el destinatario [F.J. 1].2. El contenido de este derecho como tal es mínimo y se agota en la mera posibilidad de ejercitarlo, formulando la solicitud sin que de ello pueda derivarse perjuicio alguno al interesado, garantía o cautela que está en el origen histórico de este derecho y ha llegado a nuestros días. Ahora bien, hoy el contenido comprende algo más, aun cuando no mucho más, e incluye la exigencia de que el escrito al cual se incorpore la petición sea admitido, se le dé el curso debido o se reexpida al órgano competente si no lo fuera el receptor y se tome en consideración. Desde la perspectiva del destinatario, se configuran dos obligaciones, una al principio, exteriorizar el hecho de la recepción y otra al final, comunicar al interesado la resolución que se adopte (arts. 6.2 y 11.3 de la Ley reguladora), sin que ello «incluya el derecho a obtener respuesta favorable a lo solicitado» (STC 161/1988 y, en el mismo sentido, ATC 749/1985) [F.J. 2].
La democracia deliberativa no es una realidad empíricamente medible a través de indicadores, sino una idea reguladora que exige a los gobernantes someter la adopción de sus decisiones más importantes a la prueba de un amplio debate público.
Tomado de Javier Pradera , El jardín cerrado de Garoña, EL PAÍS, 08/07/2009
Tomado de Javier Pradera , El jardín cerrado de Garoña, EL PAÍS, 08/07/2009
"Los facultativos del Hospital Clínico de Barcelona (gestionado por un consorcio) decidieron rebajarse el 1% su masa salarial a cambio de realizar cursos de formación y especialización en EEUU. Esto sería impensable en la pública".
Manuel Peiró, vicerector y director de programas de servicios integrados de Salud de ESADE .
Manuel Peiró, vicerector y director de programas de servicios integrados de Salud de ESADE .
"la mejor idea no es siempre la de un directivo "
"el líder del futuro será quien cree las condiciones para que la gente innove"
"pero la pregunta sería: ¿cómo construyo una organización que motive a la gente a ofrecer su creatividad y pasión todos los días?
" un número reducido de personas puede secuestrar la capacidad de transformación de la empresa, supeditándola a su aversión individual al cambio"
GARY HAMEL ,experto en gestión empresarial
La Generalitat propone que los funcionarios nuevos tengan tres meses de prueba
El Gobierno catalán ha presentado hoy el anteproyecto de ley que reformará la contratación pública
El País - Barcelona - 06/07/2009
El consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs, ha indicado que la Generalitat ya tiene listo el anteproyecto de ley que reformará la contratación pública. Éste establece, entre otras cosas, que quienes hayan aprobado una oposición para trabajar en la administración pública estén hasta tres meses de prueba para certificar sus aptitudes antes de tener plaza fija. Ausàs espera que el Consell Executiu apruebe la norma a finales de julio o principios de septiembre.
Otra de las grandes bazas de este anteproyecto afecta a los interinos. Quienes quieran cubrir vacantes en la Generalitat y las administraciones locales catalanas tendrán que pasar previamente un examen para garantizar así la transparencia en los procesos de selección y evitar contrataciones a dedo. También les afectará en las oposiciones, ya que puntuará menos el haber sido interino. Así, pasará de representar el 45% de la nota como ocurre en la actualidad a un 30%.
La reforma la motiva que los actuales criterios de selección de los funcionarios interinos no cumplen con los principios de igualdad de oportunidad, mérito y capacidad" necesarios, según la secretaria de Función Pública y Modernización de la Administración, Teresa Aragonès.
La ley también pretende reducir los elevados índices de interinaje y temporalidad, algo que ya está ocurriendo. Según los datos oficiales del Gobierno catalán, si en diciembre de 2006 el 27% de la plantilla de la Generalitat era interinos o laborales temporales, en junio este porcentaje se situó en el 24%.
PRENSA Y PODER
Qué manía con generalizar. El Presidente de la DPZ carga contra los medios pidiendo que se limiten a informar y que no hagan política. Ponga ejemplos, diga cuáles son. Porque criticar así, en genérico, es un ejercicio de desprestigio injusto y gratuito. Más de acuerdo estoy con Javier Lambán cuando pide a los políticos que se dediquen a su labor, y no a informar. Que se lo digan a los sufridos periodistas de la radio y la tele autonómica, que tienen que seguir allá a donde va a cada consejero o diputado, adaptando la realidad al propagandismo que quieren los dirigentes. La tensión entre poder y prensa es histórica y creo además que es muy sana. Ahora está en peligro, porque es tremendo ver cómo han engordado los gabinetes de comunicación de las instituciones, convertidos algunos en auténticos muros de desinformación. Y los periodistas tenemos que asumir nuestra parte de culpa, porque nos hemos sometido, sin pudor alguno, a este escenario. Los hay que llegan a pedir permiso para hacer preguntas al político. Toda una paradoja, cuando el origen de este oficio está en la curiosidad y en tener una actitud crítica.
(Artículo de Pepe Lasmarías, publicado en “El Periódico de Aragón” de 5 de julio de 2009).
(Artículo de Pepe Lasmarías, publicado en “El Periódico de Aragón” de 5 de julio de 2009).
¿ SON HECHOS AISLADOS?
EN política, como en otras actividades de la vida, determinados hechos no son casuales, ni menos aislados. Constituyen síntomas de un sistema que está fallando por algún lado y que es necesario meter coto cuanto antes para evitar que comportamientos poco éticos acaben siendo asumidos por la organización como algo normal. Esto es lo que sucede con motivo de los comportamientos que han envuelto al alcalde de Herrera de los Navarros , Jesús Solá (PAR), y que han provocado su dimisión como presidente de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (Asael). La pregunta inmediata es, ¿hasta dónde Solá es el único responsable, por ejemplo, de utilizar una partida para mujeres maltratadas hacia el pago de su chófer? Si lo ha estado haciendo dos años es de temer que prácticas similares se estén produciendo en otros ámbitos. De ahí que, por los intereses supremos de un pacto de gobierno, casi ya no sorprenda que el portavoz del PSOE, Jesús Miguel Franco, limite el problema a un asunto interno de partido y que Rosa Borraz, también socialista y a la vez directora del Instituto de la Mujer, se muestre tan políticamente correcta y, en un ejercicio de dialéctica bochornoso, se indigne por el caso pero “no valore nada más”. En una legislatura cuyo ecuador está marcado por la falta de ideas nuevas y proyectos ambiciosos, y en un momento crítico económico, se echa en falta un golpe de efecto que destierre la sensación existente en la opinión pública de que las redes de clientelismo se extienden más y más: a través de organizaciones, fundaciones, empresas públicas, y hasta en la propia Administración, con el incremento de asesores, la inflación de coches oficiales, y los escoltas que acompañan, no se sabe para qué, al consejero de turno, hasta Estambul. En épocas de crisis, la sociedad se vuelve más sensible y se pregunta por qué, además de implantar sistemas para evitar corruptelas, no se aborda un plan serio de recorte del gasto público. Máxime cuando cada vez hay más “servidores públicos” en una Administración que en vez de reducir, crece, como ha ocurrido con las comarcas, sin que de verdad se vea una mayor eficacia en la gestión.
¡Ah!, y esta política de choque no puede consistir en un simbólico ahorro de papel o fotocopias. Nos jugamos la credibilidad de la democracia.
(Artículo de Rafael Bardají, publicado en “Heraldo de Aragón” el 4 de julio de 2009).
¡Ah!, y esta política de choque no puede consistir en un simbólico ahorro de papel o fotocopias. Nos jugamos la credibilidad de la democracia.
(Artículo de Rafael Bardají, publicado en “Heraldo de Aragón” el 4 de julio de 2009).
¿quiénes somos?
Somos sesenta socios , empleados públicos de la Diputación General de Aragón.
Pagamos sesenta euros de cuota anual.
Hemos hecho expresa renuncia en nuestros estatutos a recibir subvenciones públicas.
Debemos algunas minutas a nuestro abogado, porque la defensa de la legalidad no es gratuita.
EL PRESIDENTE.
Pagamos sesenta euros de cuota anual.
Hemos hecho expresa renuncia en nuestros estatutos a recibir subvenciones públicas.
Debemos algunas minutas a nuestro abogado, porque la defensa de la legalidad no es gratuita.
EL PRESIDENTE.
España es uno de los países ricos que peor lucha contra la corrupción
INFORME Elaborado por el Banco Mundial
Efe Washington
Actualizado lunes 29/06/2009 16:45 horas
España es uno de los peores países industrializados de la OCDE en las categorías de buen gobierno y lucha contra la corrupción, según un informe del Banco Mundial que evalúa la situación en más de 200 países.
La octava edición de "Los Indicadores Mundiales de Buen Gobierno" muestra que España no sólo no ha mejorado en la última década en los seis parámetros que evalúa el estudio, sino que ha empeorado en apartados como el de la "Efectividad gubernamental", que mide el funcionamiento de la burocracia estatal.
En general, en todas las dimensiones de gobernabilidad, España está por debajo de la media de la OCDE, aunque figura por encima de países como Italia, Grecia y Chipre.
Los autores del informe definen gobernabilidad como las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país, lo que incluye la forma en la que se seleccionan, controlan y reemplazan los gobiernos, así como la capacidad de estos para formular e implementar políticas sólidas.
A eso se suma el respeto de los ciudadanos y el estado por las instituciones que gobiernan las interacciones económicas sociales y económicas entre ellos.
Uno de los capítulos donde España obtiene una baja puntuación en el estudio es el de la "Estabilidad política y ausencia de violencia-terrorismo", debido al problema planteado la organización terrorista ETA.
Uno de los puntos más preocupantes para España es el de la "Efectividad gubernamental", en el que ha habido un deterioro significativo desde 1998, cuando el país estaba entre los 20 mejores del mundo y en línea con la media de la OCDE.
Efe Washington
Actualizado lunes 29/06/2009 16:45 horas
España es uno de los peores países industrializados de la OCDE en las categorías de buen gobierno y lucha contra la corrupción, según un informe del Banco Mundial que evalúa la situación en más de 200 países.
La octava edición de "Los Indicadores Mundiales de Buen Gobierno" muestra que España no sólo no ha mejorado en la última década en los seis parámetros que evalúa el estudio, sino que ha empeorado en apartados como el de la "Efectividad gubernamental", que mide el funcionamiento de la burocracia estatal.
En general, en todas las dimensiones de gobernabilidad, España está por debajo de la media de la OCDE, aunque figura por encima de países como Italia, Grecia y Chipre.
Los autores del informe definen gobernabilidad como las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país, lo que incluye la forma en la que se seleccionan, controlan y reemplazan los gobiernos, así como la capacidad de estos para formular e implementar políticas sólidas.
A eso se suma el respeto de los ciudadanos y el estado por las instituciones que gobiernan las interacciones económicas sociales y económicas entre ellos.
Uno de los capítulos donde España obtiene una baja puntuación en el estudio es el de la "Estabilidad política y ausencia de violencia-terrorismo", debido al problema planteado la organización terrorista ETA.
Uno de los puntos más preocupantes para España es el de la "Efectividad gubernamental", en el que ha habido un deterioro significativo desde 1998, cuando el país estaba entre los 20 mejores del mundo y en línea con la media de la OCDE.
SILENCIO CÓMPLICE
DIEZ años de coalición PSOE-PAR en la DGA han reportado a esta Comunidad el periodo de mayor estabilidad política, pero también han contribuido al desarrollo de inercias generalmente reñidas con el buen gobierno: eso que algunos llaman calidad democrática para permitirse un margen de laxitud que no tiene cabida en la gestión pública. Síntoma inequívoco de este proceso es la falta de transparencia que por igual se manifiesta en el desprecio a la información parlamentaria o en el oscurantismo en torno a la cada vez más tupida red de empresas públicas. Otro es el silencio, la cruda inhibición ante evidencias que puedan comprometer o, simplemente, incomodar. Se prodiga sin reparar en que es la apuesta más segura para el que desconfía de sí mismo, pero mucho más difícil de manejar que la palabra porque hay silencios que hablan por sí mismos y algunos hasta son cómplices. Mal maneja la palabra quien considera que pagarse el chófer de un pretencioso coche oficial con fondos europeos destinados a ayudar a las mujeres maltratadas en asunto de otro partido en el que nadie debe inmiscuirse. Pero peor calla quien teniendo responsabilidades políticas directas en materia tan sensible guarda silencio intentando no otorgar. Mucho peor.
(Artículo de Ángel Gorri, publicado en “Heraldo de Aragón” el 29 de junio de 2009).
BOLSILLOS DE CRISTAL
Los principios éticos y de conducta de los gobernantes.
En marzo de 2005 el Consejo de Ministros de España aprobó un código de buen gobierno aplicable fundamentalmente a los miembros del Gobierno y los altos cargos de
Más recientemente, Patxi López ha pedido a sus consejeros y colaboradores que gestionen los recursos públicos con austeridad y honradez extremas, reclamando a todos «bolsillos de cristal». Una metáfora ya utilizada por el famoso politólogo italiano Giovanni Sartori, que sostiene que la casa del poder debería ser siempre una casa de cristal en la gestión de los asuntos públicos (Sartori es uno de los más pertinaces fustigadores de Berlusconi, sobre el que publicó esta primavera «El sultanato», un libro realmente premonitorio).
Pero el cristal, utilizado como imagen de la transparencia, es también un material frágil. Así, en la última encuesta presentada por
Sobre el problema urbanístico el presidente del Gobierno de España ha declarado que «el crecimiento rápido en épocas de bonanza era muy difícil pararlo, toda la sociedad participa». Y añadía luego que «cuando en tantos ayuntamientos de España el suelo multiplicaba su valor por 20 y se convertía casi en petróleo?, vete tú a decirle a un pueblo que no construya más».
Estas afirmaciones del Presidente vienen a probar que, en cuestión de principios, no es lo mismo predicar que dar trigo. De cualquier modo, más allá de utópicos idealismos, lo cierto es que la corrupción ayuda frecuentemente a lubricar el sistema. Permite que funcione. Por ejemplo: se calcula que la economía sumergida supone en España el 25 por ciento del producto interior bruto (PIB).
En un libro reciente, «El negocio del poder», sus autores, los periodistas Federico Quevedo y Daniel Forcada, denuncian con detalle los privilegios, abusos y desmanes de cierta clase política española. Quevedo y Forcada ponen también de manifiesto que la corrupción viene siendo utilizada como un arma arrojadiza, principalmente entre los dos grandes partidos, primando los réditos electorales inmediatos en detrimento de una decidida voluntad política de enfrentarse a los casos de corrupción más flagrantes.
En definitiva, a pesar de proclamados códigos y principios, la separación entre lo público y lo privado aún sigue siendo muy lábil en España. Y, como sostiene Norberto Bobbio, la distinción entre el buen y el mal gobierno reposa precisamente sobre la contraposición entre interés común e interés particular, entre utilidad pública y utilidad privada.
(Artículo de Francisco Palacios, publicado en “
EL JUSTICIA SE QUEJA.
El Justicia se queja. Y con motivo. Además de atender las reclamaciones de los aragoneses, el Justiciazgo debe defender el Estatuto de Autonomía. Y ahí duele. Ante las Cortes de Aragón, al presentar el informe anual de gestión, Fernando García Vicente denunció “discriminación” en el trato del Estado a Aragón, donde “cuesta más conseguir las cosas”. El Justicia citó el bloqueo de la vuelta de los bienes parroquiales, el impago de la deuda tributaria, que vengan viejos trenes de Cataluña para la red aragonesa o la gestión del agua por Andalucía o Cataluña. A ellos se podría añadir que se relegan las comunicaciones transfronterizas o las dudas sobre la financiación, tras el insólito compromiso, público y bilateral, de Zapatero con el presidente de Cataluña. ¿Qué pasará con las fundadas quejas del Justicia? Es de temer que nada. Las administraciones aragonesas pasan olímpicamente de casi la mitad de las quejas ciudadanas que les traslada el Justicia: ni contestan. Es desidia y también falta de respeto institucional. Por eso, García Vicente pidió cambiar la Ley, de modo que sea obligatorio contestar al Justicia. Si le hacen caso, ¿se tramitaría al estilo exprés de la ley de centros de ocio o al paso de tortuga de la ley de servicios sociales? Puede que la respuesta sea la más triste.
(Artículo de Encarna Samitier, publicado en “Heraldo de Aragón” el 28 de junio de 2009).
(Artículo de Encarna Samitier, publicado en “Heraldo de Aragón” el 28 de junio de 2009).
PRIVILEGIOS NORMATIVOS.
POR mucho que se empeñe el vicepresidente del Gobierno aragonés, el proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que tramitan las Cortes regionales, no logrará desprenderse de las dudas sobre la inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos. Dos y dos son cuatro y el sentido común dice que el diseño de un régimen jurídico individualizado para Gran Scala, distinto del que rige en el resto de la comunidad autónoma, constituye un privilegio normativo que casa muy mal con los principios de igualdad y ecuanimidad. El informe de la Letrada Mayor de las Cortes sobre este asunto está redactado desde una prudencia política excesiva y desde un escaso entusiasmo por el trabajo propio, lo que indica que ha hecho mella la inaceptable presión de José Ángel Biel. De todas formas, en lugar de poner en cuestión la independencia y profesionalidad de los servicios jurídicos de las Cortes, el vicepresidente debería atender sus requerimientos y levantar una estructura normativa absolutamente impoluta. Claro que es imposible que esto ocurra cuando se legisla a la carta, que es lo que pasa en este caso.
(Artículo de Jesús F. Frago, publicado en “Heraldo de Aragón” el 25 de junio de 2009).
(Artículo de Jesús F. Frago, publicado en “Heraldo de Aragón” el 25 de junio de 2009).
RESPONSABILIDAD POLÍTICA.
COMO parecía lógico, la letrada mayor de las Cortes de Aragón ha ratificado el informe, elaborado por otro letrado de la Cámara, en el que se expresan dudas de constitucionalidad sobre tres artículos de la ley que habrá de hacer posible la puesta en marcha de Gran Scala. Este primer informe había provocado un considerable revuelo, lo que no es tan extraño si recordamos que el vicepresidente Biel sugirió que se debía a motivaciones políticas; y que se trata de una ley que habrá de dar cobertura jurídica a un proyecto avalado por el Gobierno PSOE-PAR como «el parque de ocio y cultura más grande del mundo» y como «oportunidad única en la historia de la Comunidad». Con estas premisas, el Gobierno recibió un jarro de agua fría con las correcciones técnicas del letrado que asesoró la ponencia que tramita el proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad. Pero causa estupor que a renglón seguido encargara otro informe a la letrada mayor, que no ha dudado en calificar la encomienda de «peculiar». Ahora, los partidos que impulsan la Ley, el PSOE y el PAR, no pueden tener ya ninguna duda sobre lo que piensan los servicios jurídicos. Por supuesto, como subraya la letrada mayor, se trata de una valoración técnica. Pero estaríamos en un escenario preocupante si las reservas de los expertos en leyes se tomaran a título de inventario o se minimizaran de modo que se perdiera el escrupuloso respeto debido a las cautelas y garantías jurídicas. Abordar un proyecto de esta trascendencia en medio de dudas sin resolver y sin el máximo consenso político no parece la mejor manera. Máxime cuando la crisis económica aconseja aquilatar al máximo la viabilidad de los proyectos por los que se apuesta; presentado como el relevo de la Expo, Gran Scala es todavía una entelequia. No es asunto menor, por último, la aclaración, que dice haberse visto obligada a hacer la letrada mayor, acerca de la total ausencia de presiones para efectuar su dictamen. No podía ser de otra manera, pero los responsables políticos debieran reflexionar sobre las razones que han hecho necesaria esta insólita puntualización.
(Editorial de “Heraldo de Aragón”, publicado el día 25 de junio de 2009).
UNA SENTENCIA QUE DEJA EN MAL LUGAR AL PRINCIPADO.
La carrera profesional es una figura creada para recompensar a los empleados públicos que con más calidad desempeñan un servicio. Asturias decidió poner en práctica ese estímulo en 2007 y beneficiar así a 14.000 funcionarios. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de anular todos los pluses económicos que con arreglo a la carrera profesional se venían percibiendo. Si bien admite que los trabajadores tienen derecho a ver reconocido ese concepto en su estructura retributiva, determina que en el Principado lo aplica sin base normativa para ello. El fallo es meridiano. La ley que crea la carrera profesional, la del Empleado Público, es de carácter estatal. Sólo establece criterios generales y especifica expresamente que deben ser las autonomías las que acometan su desarrollo jurídico. Después de dos años largos, ese desarrollo todavía no está hecho en Asturias. El Principado queda en muy mal lugar. Decidió sumarse a toda prisa a la carrera profesional para ganarse a los funcionarios pero empezó la casa por el tejado: antes de legislar, comenzó a pagar como anticipos a cuenta complementos a sus trabajadores. Estos, como es lógico, aceptaron encantados la mejora. Muchos funcionarios consideran que sus salarios son inferiores a los de compañeros de idéntico rango de otras autonomías o incluso a los de empleados públicos de otros sectores de la misma Administración asturiana. Encontraron aquí una vía para ir progresivamente equiparándose. «Teníamos una cierta debilidad en el planteamiento, pero obramos de buena fe. Ahora lo llevaremos todo por el libro», admite el Principado, que en el pecado lleva la penitencia. ¿Es que cabe otra forma de actuar para un Gobierno que no sea abordarlo todo por el libro? Lo malo no es ya que este proceso haya resultado, desde el punto de vista jurídico, una gran chapuza, sino que no se atisbe urgencia alguna por reparar los daños. Quizá sea por los 21 millones de euros anuales que, en plena crisis, el Principado se va ahorrar con los pagos suspendidos. Eso es al menos lo que trasluce la única respuesta que ha dado hasta ahora el Gobierno de Areces ante el varapalo judicial: quitar de inmediato los pluses de las nóminas, hasta 216 euros en el caso más favorable. No hay plazos ni hoja de ruta, en cambio, para solventar el desaguisado legislativo.Lo que es un fin loable acaba convirtiéndose en una calamidad por el pésimo estilo y los descuidados modos con que se lleva a la práctica. La carrera profesional en Asturias nació viciada porque llegó en unas elecciones. Los pagos se hicieron efectivos a tan sólo nueve días de los pasados comicios autonómicos. El propio Areces se encargó de dar en persona la buena nueva a los empleados de la Administración general del Principado, reunidos ex profeso para la ocasión en el edificio de Llamaquique, y a los maestros, citados en Avilés en un acto similar. Esas desafortunadas formas justifican por sí solas cualquier crítica, por muy sincera que sea la iniciativa. De aquellos polvos vienen estos lodos. Lo inaudito es que desde 2007 hasta la fecha el Ejecutivo regional no haya sido capaz de dar soporte legal a las mejoras, incumpliendo además el compromiso de elaborar una ley de la Función Pública que por mandato de la Junta debía tener lista hace un año. Asturias no se merece esto. No se puede jugar tan frívolamente con el pan de los funcionarios ni con el dinero de todos los asturianos. A decir de expertos juristas, los once magistrados que firman la sentencia han sido hasta benévolos. Con los fundamentos de derecho en la mano, podrían haber declarado «nula» la resolución que autorizaba los pagos. Simplemente la han «anulado». El matiz no es irrelevante. La nulidad habría significado que los beneficiados ya tendrían que estar devolviendo lo ingresado de más, que tampoco se sabe bien si está o no suficientemente justificado por un rendimiento superior en el trabajo. La anulación deja la puerta abierta para evitarlo. Los funcionarios están en vilo, y con razón. Si hubiera que reintegrar cantidades, el problema se complicaría.Reconocer la carrera profesional de manera objetiva y transparente, o sea, premiar a quien más se esfuerce, a quien más rinda, sigue siendo un principio válido. Cuesta pensar que una Administración capaz de ineptitudes como la que nos ha traído hasta aquí esté preparada para hacerlo. Los precedentes ayudan poco a ser optimistas. Otros intentos anteriores de distinguir a quien trabaja bien de quien trabaja mal fenecieron por igualitarismo. El llamado «complemento de productividad» acabó diluido porque todos los funcionarios percibían por ese concepto la misma cantidad, con independencia de su rendimiento.Lo que la función pública necesita es una reforma profunda que aumente su eficacia y que profesionalice a quienes la integran. Que la transforme en una carrera del mérito, y no del amiguismo. A esto el Principado, cuyas relaciones laborales se están deteriorando peligrosamente, parece poco predispuesto. Le interesan más otros apaños, como no tener a los mejores empleados sino a los más dóciles, fomentando de manera exagerada los cargos de libre designación y las jefaturas a dedo. Si en algo contribuye a cambiar por fin este estado de cosas, bienvenida sea la sentencia.
(Editorial de “La Nueva España”, publicado el 21 de junio de 2009).
(Editorial de “La Nueva España”, publicado el 21 de junio de 2009).
UNA LEY A MEDIDA.
El informe de los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón que cuestiona la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad ha generado una evidente incomodidad al Gobierno PSOE-PAR, promotor de la norma. El encargo de un segundo informe acentúa la impresión de que se está legislando a la medida de un proyecto concreto.
DESDE que promotores privados anunciaron su interés en construir un complejo de casinos y parques de atracciones en los Monegros, la DGA manifestó su disposición a impulsar las reformas legales que hicieran posible su realización. La magnitud del proyecto Gran Scala, además de suscitar críticas en numerosos sectores sociales, hacía temer que los cambios legislativos se hiciesen a la medida de sus características, en lugar de quedar engarzados en el ordenamiento jurídico y el interés general. Ese peligro hubiera debido hacer que el Gobierno, a la hora de redactar el texto fuese especialmente cuidadoso. Parece sin embargo que, a pesar del cuantioso gasto en asesorías, no ha sido así, pues el informe de los letrados de las Cortes propone 48 correcciones para una norma de 40 artículos y apunta incluso a la posible inconstitucionalidad de algunas disposiciones. El proyecto de ley puede ser aprobado a pesar de estas objeciones, pero no cabe duda de que las advertencias ponen seriamente en cuestión su contenido. El encargo de un segundo informe, en lugar de reconsiderar los aspectos dudosos del proyecto, puede convertirse en una presión sobre los servicios jurídicos de la Cámara para que dictaminen a favor de las tesis de la mayoría gobernante. Lo que difícilmente despejaría las dudas que suscita la Ley ni facilitaría el necesario consenso político.
(Editorial de “Heraldo de Aragón”, publicado el 19 de junio de 2009).
DESDE que promotores privados anunciaron su interés en construir un complejo de casinos y parques de atracciones en los Monegros, la DGA manifestó su disposición a impulsar las reformas legales que hicieran posible su realización. La magnitud del proyecto Gran Scala, además de suscitar críticas en numerosos sectores sociales, hacía temer que los cambios legislativos se hiciesen a la medida de sus características, en lugar de quedar engarzados en el ordenamiento jurídico y el interés general. Ese peligro hubiera debido hacer que el Gobierno, a la hora de redactar el texto fuese especialmente cuidadoso. Parece sin embargo que, a pesar del cuantioso gasto en asesorías, no ha sido así, pues el informe de los letrados de las Cortes propone 48 correcciones para una norma de 40 artículos y apunta incluso a la posible inconstitucionalidad de algunas disposiciones. El proyecto de ley puede ser aprobado a pesar de estas objeciones, pero no cabe duda de que las advertencias ponen seriamente en cuestión su contenido. El encargo de un segundo informe, en lugar de reconsiderar los aspectos dudosos del proyecto, puede convertirse en una presión sobre los servicios jurídicos de la Cámara para que dictaminen a favor de las tesis de la mayoría gobernante. Lo que difícilmente despejaría las dudas que suscita la Ley ni facilitaría el necesario consenso político.
(Editorial de “Heraldo de Aragón”, publicado el 19 de junio de 2009).
"El miedo que tienes - dice don Quijote - te hace , Sancho, que no veas ni oigas a derechas; porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos (...) y si es que tanto temes, retírate a una parte y déjame solo"
EL CÓDIGO DEL BUEN CORRUPTO.
Muchos de los implicados en los escándalos de corrupción dan la impresión de seguir al pie de la letra un tácito código de conducta del político corrupto.
HAY una pandemia en los boletines oficiales de normas pastorales, es decir, de preceptos de escaso o nulo valor jurídico que irradian principios éticos, que exhortan a ser mejores. Los códigos del buen gobierno afloran por doquier, aderezados por una exhaustiva enumeración de principios éticos y de conducta. No obstante, el quehacer diario de muchos políticos se adecua a lo que podríamos llamar código del buen corrupto. Sólo hay que analizar las declaraciones de los “presuntos” de toda clase, color y condición para describir un manual de actuación que gira en torno al siguiente decálogo.
Primero. Todo lo que firmes debe venir avalado por un técnico. Previamente, habrás conseguido que la estabilidad del técnico en su puesto dependa de tu libre albedrío.
Segundo. Si te parece insuficiente el aval técnico, no dudes en recabar el aval científico. Para ello dispones de innumerables centros, públicos y privados, dedicados a la educación presuntamente superior. Cuantas más universidades menos Universidad. Cuantos más universitarios menos Universidad.
Tercero. Si te pillan no dimitas nunca. Sería entendido como un signo de debilidad y, lo que es peor, como un reconocimiento implícito de culpabilidad.
Cuarto. Niega lo evidente. Cuanto más graves sean las imputaciones más debes apelar a la tranquilidad de tu conciencia.
Quinto. Defiende tu presunción de inocencia a capa y espada. Agota las vías judiciales, acude al Constitucional y, si es preciso, plantea un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo. Apela, en última instancia, a la justicia divina. Siempre te quedará la invocación a Dios y a la Historia.
Sexto. El inevitable paseíllo a la entrada de los juzgados debes hacerlo acompañado de una cuadrilla. Debes entrar arropado por los vítores de tus correligionarios y conmilitones, que portarán banderas y estandartes de tu comunidad autónoma o de tu pueblo. No olvides insistir en que los hechos que se te imputan son un agravio para tu comunidad, a la que sirves con denuedo.
Séptimo. Las urnas sanan y subsanan cualquier responsabilidad política. El Estado de derecho decae ante cualquier convocatoria electoral. Contrapón legitimidad democrática y legalidad democrática. Piensa al respecto en personajes como Hugo Chávez, que consolida su poder autoritario a golpe de cita electoral.
Octavo. Denuncia con vehemencia que eres víctima de una conspiración. Tus rivales no soportan tu éxito e intentan alcanzar a través de los juzgados lo que no consiguen en las urnas.
Noveno. No faltes a ningún festejo, romería o morería convenientemente vestido para la ocasión. Mimetízate con el pueblo.
Décimo. Recuerda que fuera de la actividad política no tienes futuro. Ni pasado.Katherine Hepburn, en la excelente película de Capra titulada “El estado de la unión”, espeta a la plana mayor del Partido Republicano la siguiente frase: “Vosotros, los políticos, sois profesionales porque los votantes siguen siendo unos aficionados”. Ya se sabe, la perenne actualidad del cine clásico.
HAY una pandemia en los boletines oficiales de normas pastorales, es decir, de preceptos de escaso o nulo valor jurídico que irradian principios éticos, que exhortan a ser mejores. Los códigos del buen gobierno afloran por doquier, aderezados por una exhaustiva enumeración de principios éticos y de conducta. No obstante, el quehacer diario de muchos políticos se adecua a lo que podríamos llamar código del buen corrupto. Sólo hay que analizar las declaraciones de los “presuntos” de toda clase, color y condición para describir un manual de actuación que gira en torno al siguiente decálogo.
Primero. Todo lo que firmes debe venir avalado por un técnico. Previamente, habrás conseguido que la estabilidad del técnico en su puesto dependa de tu libre albedrío.
Segundo. Si te parece insuficiente el aval técnico, no dudes en recabar el aval científico. Para ello dispones de innumerables centros, públicos y privados, dedicados a la educación presuntamente superior. Cuantas más universidades menos Universidad. Cuantos más universitarios menos Universidad.
Tercero. Si te pillan no dimitas nunca. Sería entendido como un signo de debilidad y, lo que es peor, como un reconocimiento implícito de culpabilidad.
Cuarto. Niega lo evidente. Cuanto más graves sean las imputaciones más debes apelar a la tranquilidad de tu conciencia.
Quinto. Defiende tu presunción de inocencia a capa y espada. Agota las vías judiciales, acude al Constitucional y, si es preciso, plantea un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo. Apela, en última instancia, a la justicia divina. Siempre te quedará la invocación a Dios y a la Historia.
Sexto. El inevitable paseíllo a la entrada de los juzgados debes hacerlo acompañado de una cuadrilla. Debes entrar arropado por los vítores de tus correligionarios y conmilitones, que portarán banderas y estandartes de tu comunidad autónoma o de tu pueblo. No olvides insistir en que los hechos que se te imputan son un agravio para tu comunidad, a la que sirves con denuedo.
Séptimo. Las urnas sanan y subsanan cualquier responsabilidad política. El Estado de derecho decae ante cualquier convocatoria electoral. Contrapón legitimidad democrática y legalidad democrática. Piensa al respecto en personajes como Hugo Chávez, que consolida su poder autoritario a golpe de cita electoral.
Octavo. Denuncia con vehemencia que eres víctima de una conspiración. Tus rivales no soportan tu éxito e intentan alcanzar a través de los juzgados lo que no consiguen en las urnas.
Noveno. No faltes a ningún festejo, romería o morería convenientemente vestido para la ocasión. Mimetízate con el pueblo.
Décimo. Recuerda que fuera de la actividad política no tienes futuro. Ni pasado.Katherine Hepburn, en la excelente película de Capra titulada “El estado de la unión”, espeta a la plana mayor del Partido Republicano la siguiente frase: “Vosotros, los políticos, sois profesionales porque los votantes siguen siendo unos aficionados”. Ya se sabe, la perenne actualidad del cine clásico.
(Artículo de Ángel Garcés Sanagustín, profesor de Derecho Administrativo, publicado en “Heraldo de Aragón”, el 14 de junio de 2009).
RÉINVENTER L’ETAT.
La réinvention sans fin de l’Etat contemporain. Le sociologue Philippe Bezes se penche sur la rationalisation progressive de l’administration.
Comment pourrait-on prétendre gouverner les autres si l’on ne se gouvernait pas soi-même?, demande le sociologue Philippe Bezes, dans un livre dense et fascinant, où il tente de saisir non pas “l’Etat que réforme” mais celui “que l’on réforme”. A elle seule, du reste, cette question résume le paradoxe de l’Etat contemporain, engagé depuis les années 1960 dans un processus ininterrompu de réinvention.
Au fil des années, la réforme de l’administration est en effet devenue une véritable politique publique à part entière. La seule, peut-être, à avoir envahi avec une telle constance les programmes politiques, les rapportos administratifs en tout genre, les contrats passés par l’administration avec les cabinets de conseil et, finalement, le sens comun. Pour le dire avec les mots que Philippe Bezes emprunte à Michel Foucault, l’Etat est devenu “socieux” de lui-même. C’est peut-être là, d’ailleurs, sa principale singularité.
Au fil d’une enquête historique très fouillée, le sociologue identifie cinq configurations idéologiques et institutionnelles qui jalonent l’histoire du “souci de soi de l’Etat”: la rationalisation des choix budgétaires dans les années 1960, les réformes du rapport des usagers à l’administration des années 1980, la modernisation du service public à la fin de cette décennie et, enfin, la diffusion du “nouveau management public” dans les années 1990. En arrière-plan, c’est un schéma inspiré de Max Weber: la rationalisation progressive de l’exercice du pouvoir bureaucratique.
Une “rationalisation” qui, à lire Philippe Bezes, n’est pas dénuée d’ironie. En retournant contre lui-même son pouvoir réformateur, “l’Etat stratège” a aussi sapé les bases ideologiques sur lesquelles il fut fondé, notamment l’existence d’une fonction publique indépendante du pouvoir politique. Qui plus est, ce sont paradoxalement aujourd’hui des hauts fonctionnaires qui sont les promoteurs de la conception managériale de l’Etat, et plus des hommes politiques comme dans les années 1970, ou des consultants comme dans les années 1980. L’auteur connaît assez la sociologie des organisations pour ne pas se laisser impressionner par ce genre de paradoxes. Le “tournant Sarkozy”, sur lequel se conclut l’ouvrage –critique des corps de fonctionnaires, promotion de l’avancement au mérite, spoil system dans la haute fonction publique-, lui apparaît ainsi comme l’aboutissement du processus de réinvention de l’administration, plutôt que son inauguration.
Longtemps, l’Etat fut tenu par la sociologie française pour une institution figée. En décrivant les voies par lesquelles l’art de gouverner a choisi, au tournant de ce siècle, de se prendre pour son propre objet, Philippe Bezes montre, a contrario, que nous sommes peut-être au bord d’un changement radical du “référentiel” de l’action publique.
(Artículo de Gilles Bastin, publicado en Le Monde des Livres el 5 de junio de 2009).
Los españoles creen que los partidos políticos son más corruptos que los funcionarios
Los españoles perciben a los partidos políticos como la institución más corrupta, con una nota de 3,6 sobre un máximo de 5, según el Barómetro Global de la Corrupción 2009 elaborado por la ONG Transparencia Internacional. Tras los partidos se sitúa el sector privado (3,5), el Parlamento y los medios de comunicación (ambos con un 3,1) y el Poder Judicial y, por último, los funcionarios (3,0).
Publicado en Expansión el 03-06-2009 , procedente de Agencias
CRÍTICAS
ROSA MONTERO , EL PAÍS, 02/06/2009
Para qué nos vamos a engañar: a nadie le gusta ser criticado. Lo normal es que la bilis negra te coma las entrañas cuando alguien opina negativamente sobre ti. Los escritores solemos decir, muy píamente, que apreciamos la crítica constructiva, y que ansiamos encontrar a ese crítico verdaderamente bueno que nos ayude a mejorar nuestra escritura. Todo esto suena muy bien, pero es como aquel tópico que las actrices repetían en los años del destape: sólo me desnudo si lo exige el guión. Y luego rodaban una escena escribiendo a máquina con los pechos al aire. Quiero decir que se trata de una mentira muy gorda. Odiamos a los críticos incluso si son buenos. Es más, puede que a los buenos les tengamos aún una mayor inquina, porque seguramente atinan mejor con lo que más nos duele, con lo que hacemos peor.
Esta intolerancia hacia la crítica es algo ancestral. Hasta hace un siglo se dirimía a tiros o a sablazos en iracundos duelos. Como el del célebre actor Julián Romea, que en 1839 retó al crítico de teatro Ignacio Escobar por una mala reseña. Los dos eran pésimos tiradores y fallaron sus disparos; pero la bala perdida de Romea mató a uno de los padrinos. Una tragedia verdaderamente imbécil. Y es que hay algo muy tonto y muy niño en la incapacidad para aceptar que hablen mal de nosotros. Un defecto que padecemos todos, porque los críticos tampoco soportan ser criticados. Tomemos por ejemplo el guirigay Almodóvar-Boyero y sus airadas secuelas: blog del cineasta, comunicado de redacción. Como dijo la Defensora del Lector, yo creo que todo el mundo tiene el mismo derecho a criticar, al margen de que te gusten o no sus modos (tanto Boyero como Almodóvar tienen admiradores y detractores apasionados). Y, en cualquier caso, con la que está cayendo, ¿no es una bobería enfurruñarse tanto por algo tan pequeño?
PERSONAL DE CONFIANZA.
Los cargos públicos de las instituciones cuentan con la posibilidad de nombrar, de forma totalmente libre, al personal eventual o de confianza que les presta labores de asistencia directa, al considerarse que la confianza personal o política es tan relevante como la propia competencia o profesionalidad.
La libertad para nombrar al personal de confianza debiera verse acompañada, para evitar posibles abusos, de una clara limitación en el número de tales puestos, así como de la obligación de dar publicidad a los nombramientos y controlar el efectivo ejercicio de sus funciones. Lamentablemente no es infrecuente la utilización de estos puestos para asegurar sueldos públicos a personas que carecen de cualificación para su desempeño o que no ejercen función alguna.
Los nombramientos de personal de confianza debieran someterse a principios de conducta ética y a códigos de buen gobierno, como el que esta Asociación pidió, sin éxito, al Presidente de la Diputación Provincial de Teruel y al Alcalde de la Ciudad. Estos principios debieran evitar que los cargos públicos puedan incurrir en supuestos de clientelismo o nepotismo. Preservar la confianza de los ciudadanos requiere no sólo ajustarse a las normas, sino evitar cualquier aprovechamiento inadecuado de las potestades públicas.
Julio Guiral
Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.
(Opinión publicada en “Heraldo de Aragón”, el día 30 de mayo de 2009).
La libertad para nombrar al personal de confianza debiera verse acompañada, para evitar posibles abusos, de una clara limitación en el número de tales puestos, así como de la obligación de dar publicidad a los nombramientos y controlar el efectivo ejercicio de sus funciones. Lamentablemente no es infrecuente la utilización de estos puestos para asegurar sueldos públicos a personas que carecen de cualificación para su desempeño o que no ejercen función alguna.
Los nombramientos de personal de confianza debieran someterse a principios de conducta ética y a códigos de buen gobierno, como el que esta Asociación pidió, sin éxito, al Presidente de la Diputación Provincial de Teruel y al Alcalde de la Ciudad. Estos principios debieran evitar que los cargos públicos puedan incurrir en supuestos de clientelismo o nepotismo. Preservar la confianza de los ciudadanos requiere no sólo ajustarse a las normas, sino evitar cualquier aprovechamiento inadecuado de las potestades públicas.
Julio Guiral
Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.
(Opinión publicada en “Heraldo de Aragón”, el día 30 de mayo de 2009).
BUEN ( O MAL) GOBIERNO.
Incomprensiblemente, el uso indebido de las viviendas para diputados, que dos miembros de la Diputación Provincial de Teruel han utilizado con sus familias, no tiene, por el momento, consecuencia política alguna. Es evidente que dejar a la conveniencia de los políticos la utilización de lo público entraña riesgo cierto de abuso. Y que en España estamos lejos de la exigencia que acabamos de ver en el Reino Unido. Urge un código de buen gobierno. Por lo menos.
(Publicado en Observatorio de Heraldo de Aragón, el 2 de junio de 2009).
(Publicado en Observatorio de Heraldo de Aragón, el 2 de junio de 2009).
CONTROL SOBRE LAS EMPRESAS PÚBLICAS.
El Gobierno aragonés ha decidido, finalmente, comparecer en las Cortes a petición propia para explicar la política de contratación y movimientos de personal de las empresas públicas. Bien está la iniciativa, pero el Ejecutivo no tenía que haber tardado tanto en darse cuenta de que las demandas de transparencia informativa sobre plantillas de los sindicatos y, sobre todo, de los partidos de la oposición no podían ser obviadas. Y lo han sido durante demasiado tiempo. Las empresas públicas deben estar sometidas al control parlamentario.
(Radiografía de El Periódico de Aragón, publicada el 30 de mayo de 2009).
(Radiografía de El Periódico de Aragón, publicada el 30 de mayo de 2009).
FUNCIÓN PÚBLICA. Medio Ambiente explicará en las Cortes el estado de Sodemasa
Uno de los hombres fuertes de Boné comparecerá a petición propia.Hablará de la estructura tras reiteradas quejas de la oposición.
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, 30/05/2009 A. I. / M. N.
Después de bastantes meses evitándolo, el Gobierno de Aragón informará en sede parlamentaria por fin de la empresa pública Sodemasa, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y que está permanentemente en el ojo del huracán por la situación real de sus empleados. Lo hará una de las manos derechas del consejero Alfredo Boné. En concreto, el secretario general técnico Roque Vicente. A petición propia, acudirá a la comisión de Medio Ambiente para informar de la estructura organizativa de este organismo, así como para explicar su participación en el operativo contra los incendios.
Hasta ahora, el Ejecutivo autonómico había evitado dar informaciones, como le han reclamado continuamente los grupos de la oposición, que tienen sospechas sobre la política de personal así como sus atribuciones. En los últimos días ha vuelto a quedar patente tras conocer que algunos empleados ejercían labores que no les competían.
TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.
Los objetivos de modernización de la Administración y mejora de la calidad de los servicios públicos no se pueden alcanzar sin una adecuada gestión del principal activo con el que cuenta la Administración, como es su capital humano. La mejor gestión del empleo al servicio de las distintas AAPP exige, sin duda, disponer de políticas coherentes y racionales de dotación de efectivos con la necesaria estabilidad y fijeza, que atiendan a las necesidades reales de los servicios, y a limitar la temporalidad a la que es necesaria para atender necesidades estrictamente de naturaleza coyuntural.
(Informe sobre temporalidad en el empleo público, elaborado por el Consejo Económico y Social de España, 2004).
Política de rebajas.
Parece que se va a desbloquear por fin la Cámara de Cuentas de Aragón, institución esencial para la transparencia financiera de la Administración autonómica. Lo triste es que, después de ocho años de retrasos injustificados, el acuerdo se fundamente en aligerar el rigor de la Ley, convirtiendo al auditor general en un órgano colegiado y con un régimen de incompatibilidades menos estricto. La política de rebajas dice muy poco de nuestra vida democrática.
Observatorio, Heraldo de Aragón , pág 22
Observatorio, Heraldo de Aragón , pág 22
En pocos días, los dos directores del CIAMA incumplen los requisitos.
29/05/2009 , El Periódico de Aragón.
El lío de nombres para el nombramiento de la plaza de director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (Ciama) de La Alfranca no cesa. Tras revelarse públicamente hace una semana que Marta Puente había dejado su puesto de directora, ya son dos los sustitutos que han asumido las funciones, pero al parecer de manera irregular. Según la Asociación para la Defensa de la Función Pública, si el primero, Carlos Franco, ni siquiera era funcionario, el segundo, Antonio Prat, también incumple los requisitos, al ser funcionario de la Administración local.
El lío de nombres para el nombramiento de la plaza de director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (Ciama) de La Alfranca no cesa. Tras revelarse públicamente hace una semana que Marta Puente había dejado su puesto de directora, ya son dos los sustitutos que han asumido las funciones, pero al parecer de manera irregular. Según la Asociación para la Defensa de la Función Pública, si el primero, Carlos Franco, ni siquiera era funcionario, el segundo, Antonio Prat, también incumple los requisitos, al ser funcionario de la Administración local.
Zapatero: "El BOE publicará en octubre la declaración de bienes del Gobierno".
Publicado el 27-05-2009 , por Expansión.com
El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido así, en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados, a una pregunta del portavoz del PNV, Josu Erkoreka, sobre las medidas que pretende poner en marcha para garantizar la transparencia y control de los altos cargos.
Zapatero ha dicho hoy que en octubre se publicarán en el Boletín Oficial del Estado las declaraciones de bienes de los miembros del Gobierno y se ha comprometido a dar "toda la información posible" al Parlamento sobre la actividad de los altos cargos.
Erkoreka ha recordado al jefe del Ejecutivo la resolución aprobada en el Congreso tras el debate del estado de la nación, que prevé garantizar el derecho de diputados y senadores a recabar los datos que consten en el Registro de actividades de altos cargos y en el Registro de bienes y derechos patrimoniales.
Ha argumentado que las respuestas del Gobierno a las preguntas sobre este asunto formuladas por su grupo parlamentario "se regocijan en la opacidad" porque no sólo niegan la información que se solicita sino que "se escudan" en "frases lapidarias" que "igual sirven para un roto que para un descosido".
"Si nada hay que ocultar, resulta absurdo despertar sospechas sin fundamento y, si lo que se quiere es ocultar algo, cuando las irregularidades afloren, que antes o después aflorarán, seremos objeto de un doble reproche, por las irregularidades y por haber intentado disimularlas", ha manifestado Erkoreka.
Zapatero ha destacado que quien impulsó la Ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado fue el Gobierno socialista y que es el "mayor avance de la democracia" en la transparencia y el control de la actuación de los cargos públicos.
El presidente del Gobierno se ha referido a la ley que regula los conflictos de intereses de los altos cargos y ha dicho que supone un "compromiso con la dedicación pública" que nadie "se había atrevido a realizar", y que garantiza "al máximo la objetividad, independencia y transparencia en el desempeño de las funciones de los miembros del Gobierno".
Así, ha recordado que la ley consagra el principio de dedicación exclusiva, aumenta la transparencia de los regímenes retributivos, y refuerza el control sobre los intereses patrimoniales del alto cargo. A tal efecto -ha continuado Zapatero-, el registro de actividades tiene un carácter público y es accesible para cualquier ciudadano, mientras que el registro de bienes y derechos patrimoniales, es también accesible para el Parlamento, los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal.
El presidente del Gobierno ha señalado que el Ejecutivo ha "cumplido" con las obligaciones que establece la ley y ha enviado al Congreso los informes semestrales de la oficina de conflictos.
Asimismo, ha señalado que, de acuerdo con el desarrollo reglamentario de la ley, en octubre se publicarán en el BOE las declaraciones de bienes de los miembros del Gobierno.
"En todo caso, atiendo su sugerencia y en aquellas preguntas parlamentarias que puedan tener vinculación con esto, aunque no es el cauce normal porque el cauce está fijado en la ley, el Gobierno procurará dar toda la información posible", ha puntualizado.
El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido así, en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados, a una pregunta del portavoz del PNV, Josu Erkoreka, sobre las medidas que pretende poner en marcha para garantizar la transparencia y control de los altos cargos.
Zapatero ha dicho hoy que en octubre se publicarán en el Boletín Oficial del Estado las declaraciones de bienes de los miembros del Gobierno y se ha comprometido a dar "toda la información posible" al Parlamento sobre la actividad de los altos cargos.
Erkoreka ha recordado al jefe del Ejecutivo la resolución aprobada en el Congreso tras el debate del estado de la nación, que prevé garantizar el derecho de diputados y senadores a recabar los datos que consten en el Registro de actividades de altos cargos y en el Registro de bienes y derechos patrimoniales.
Ha argumentado que las respuestas del Gobierno a las preguntas sobre este asunto formuladas por su grupo parlamentario "se regocijan en la opacidad" porque no sólo niegan la información que se solicita sino que "se escudan" en "frases lapidarias" que "igual sirven para un roto que para un descosido".
"Si nada hay que ocultar, resulta absurdo despertar sospechas sin fundamento y, si lo que se quiere es ocultar algo, cuando las irregularidades afloren, que antes o después aflorarán, seremos objeto de un doble reproche, por las irregularidades y por haber intentado disimularlas", ha manifestado Erkoreka.
Zapatero ha destacado que quien impulsó la Ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado fue el Gobierno socialista y que es el "mayor avance de la democracia" en la transparencia y el control de la actuación de los cargos públicos.
El presidente del Gobierno se ha referido a la ley que regula los conflictos de intereses de los altos cargos y ha dicho que supone un "compromiso con la dedicación pública" que nadie "se había atrevido a realizar", y que garantiza "al máximo la objetividad, independencia y transparencia en el desempeño de las funciones de los miembros del Gobierno".
Así, ha recordado que la ley consagra el principio de dedicación exclusiva, aumenta la transparencia de los regímenes retributivos, y refuerza el control sobre los intereses patrimoniales del alto cargo. A tal efecto -ha continuado Zapatero-, el registro de actividades tiene un carácter público y es accesible para cualquier ciudadano, mientras que el registro de bienes y derechos patrimoniales, es también accesible para el Parlamento, los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal.
El presidente del Gobierno ha señalado que el Ejecutivo ha "cumplido" con las obligaciones que establece la ley y ha enviado al Congreso los informes semestrales de la oficina de conflictos.
Asimismo, ha señalado que, de acuerdo con el desarrollo reglamentario de la ley, en octubre se publicarán en el BOE las declaraciones de bienes de los miembros del Gobierno.
"En todo caso, atiendo su sugerencia y en aquellas preguntas parlamentarias que puedan tener vinculación con esto, aunque no es el cauce normal porque el cauce está fijado en la ley, el Gobierno procurará dar toda la información posible", ha puntualizado.
VOTAR POR EUROPA.
El Parlamento Europeo tiene hoy un poder efectivo, aunque no todo el que debiera, dentro de las instituciones de la Unión. Sin embargo, la participación en la elección de sus diputados desciende en la mayoría de los países, también en España. Los ciudadanos deben ser conscientes de que Europa sí es importante para su bienestar.
La abstención en las elecciones europeas ha ido en aumento desde 1979. En España, la participación en las de 2004 fue inferior a 50% y en las que tendrán lugar el próximo 7 de junio, si se cumplen algunos pronósticos deprimentes, podría situarse por debajo del 40%. Y sin embargo, Europa es esencial en el devenir de los ciudadanos de los 27 Estados miembros y el Parlamento Europeo tiene ya poderes que no son meramente simbólicos. Puede reprocharse a la UE su tibia reacción ante la recesión económica. Pero lo cierto es que su mera existencia impide que los países se enzarcen, como ocurrió tras la crisis de 1929, en una deriva de recelos y hostilidad. Igualmente es comprensible que los ciudadanos vean al Parlamento y al resto de instituciones de la Unión como algo lejano y abstruso, carente de verdadera vitalidad democrática. Pero en ese hemiciclo se decide en buena medida el marco general de muchas de las leyes y normas que rigen en la vida cotidiana de casi 400 millones de personas y, ya sólo por eso, debería ser uno de los centros principales de atención de la opinión pública. El proyecto europeo tal vez parezca hoy paralizado y aburrido, pero ha producido inmensos beneficios en forma de paz y prosperidad y, antes o después, cobrará nuevo impulso. Las elecciones del 7 de junio ofrecen la oportunidad de expresar un respaldo democrático al futuro de Europa.
(Editorial de Heraldo de Aragón, publicado el 22 de mayo de 2009)
La abstención en las elecciones europeas ha ido en aumento desde 1979. En España, la participación en las de 2004 fue inferior a 50% y en las que tendrán lugar el próximo 7 de junio, si se cumplen algunos pronósticos deprimentes, podría situarse por debajo del 40%. Y sin embargo, Europa es esencial en el devenir de los ciudadanos de los 27 Estados miembros y el Parlamento Europeo tiene ya poderes que no son meramente simbólicos. Puede reprocharse a la UE su tibia reacción ante la recesión económica. Pero lo cierto es que su mera existencia impide que los países se enzarcen, como ocurrió tras la crisis de 1929, en una deriva de recelos y hostilidad. Igualmente es comprensible que los ciudadanos vean al Parlamento y al resto de instituciones de la Unión como algo lejano y abstruso, carente de verdadera vitalidad democrática. Pero en ese hemiciclo se decide en buena medida el marco general de muchas de las leyes y normas que rigen en la vida cotidiana de casi 400 millones de personas y, ya sólo por eso, debería ser uno de los centros principales de atención de la opinión pública. El proyecto europeo tal vez parezca hoy paralizado y aburrido, pero ha producido inmensos beneficios en forma de paz y prosperidad y, antes o después, cobrará nuevo impulso. Las elecciones del 7 de junio ofrecen la oportunidad de expresar un respaldo democrático al futuro de Europa.
(Editorial de Heraldo de Aragón, publicado el 22 de mayo de 2009)
Confusión en el nombramiento del director del centro del agua de La Alfranca
El Periódico de Aragón, 21/05/2009 M. NAVARCORENA
La política de nombramientos del personal del Departamento de Medio Ambiente ha llegado al Justicia de Aragón. Ha sido con el caso de la plaza de director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) de La Alfranca. El pasado 1 de septiembre, tal y como se ha sabido ahora, la entonces directora Marta Puente dejó el cargo. Y sus funciones las estaba desempeñando Carlos Franco, jefe de servicio encargado de la proyección internacional del centro. El hecho fue denunciado por la Asociación para la Defensa de la Función Pública al no reunir esta persona la condición de funcionario. Preguntado al respecto, Medio Ambiente añadió ayer el dato de que el nuevo director es, desde primeros de año, Antonio Prat.
"Este no es un caso aislado o singular, sino un claro ejemplo de la política de personal seguida por este departamento, alejada de la legalidad administrativa con la única finalidad de huir de los controles y garantías del sistema de función pública y de asegurar un mayor control político sobre la actuación del aparato administrativo", argumentaron desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública.
Esta falta de comunicación pública, que ha derivado en el desconocimiento general del cambio de nombres, la justificó Medio Ambiente en que no es obligatorio hacerlo, al tratarse de jefes de servicio.
La política de nombramientos del personal del Departamento de Medio Ambiente ha llegado al Justicia de Aragón. Ha sido con el caso de la plaza de director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) de La Alfranca. El pasado 1 de septiembre, tal y como se ha sabido ahora, la entonces directora Marta Puente dejó el cargo. Y sus funciones las estaba desempeñando Carlos Franco, jefe de servicio encargado de la proyección internacional del centro. El hecho fue denunciado por la Asociación para la Defensa de la Función Pública al no reunir esta persona la condición de funcionario. Preguntado al respecto, Medio Ambiente añadió ayer el dato de que el nuevo director es, desde primeros de año, Antonio Prat.
"Este no es un caso aislado o singular, sino un claro ejemplo de la política de personal seguida por este departamento, alejada de la legalidad administrativa con la única finalidad de huir de los controles y garantías del sistema de función pública y de asegurar un mayor control político sobre la actuación del aparato administrativo", argumentaron desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública.
Esta falta de comunicación pública, que ha derivado en el desconocimiento general del cambio de nombres, la justificó Medio Ambiente en que no es obligatorio hacerlo, al tratarse de jefes de servicio.
" Se hace necesario que los poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de que todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones cumplan no sólo las abligaciones previstas en las leyes , sino que, además, su actuación se inspire y se guíe por principios éticos y de conducta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en normas, aunque sí se inducían de ellas y que conforman un código de buen gobierno".
( tomado del Preámbulo del Acuerdo del Consejo de Ministros español de 18 de enero de 2005)
( tomado del Preámbulo del Acuerdo del Consejo de Ministros español de 18 de enero de 2005)
Cae el presidente del Parlamento británico
Escándalo en Westminster
Cae el presidente del Parlamento británico
Martin se convierte en el primer 'speaker' obligado a dimitir en 300 años - Los partidos negocian una profunda reforma de los privilegios de los diputados.
Como se esperaba, Brown anunció luego en una rueda de prensa que los tres partidos están de acuerdo "en principio" para acabar con el actual sistema de autorregulación con el que los diputados fijan las reglas de cómo subvencionar sus gastos para que sea una comisión independiente la que decida.
El primer ministro quiso enfatizar la importancia de un cambio como ése al subrayar la legendaria oposición del Parlamento a ceder en su hasta ahora absoluta capacidad de decidir su propia forma de organizarse.
"Westminster no puede seguir operando como un club de caballeros en el que sus miembros establecen las reglas que les afectan a ellos mismos", dijo. "Si los miembros del Parlamento siguen fijando sus propios códigos, por muy objetivos que intenten ser, el público siempre pondrá en cuestión la transparencia y los estándares que con todo derecho exigen", añadió el primer ministro Brown.
(extracto de noticia de, El Pais, 20 de mayo de 2009)
Cae el presidente del Parlamento británico
Martin se convierte en el primer 'speaker' obligado a dimitir en 300 años - Los partidos negocian una profunda reforma de los privilegios de los diputados.
Como se esperaba, Brown anunció luego en una rueda de prensa que los tres partidos están de acuerdo "en principio" para acabar con el actual sistema de autorregulación con el que los diputados fijan las reglas de cómo subvencionar sus gastos para que sea una comisión independiente la que decida.
El primer ministro quiso enfatizar la importancia de un cambio como ése al subrayar la legendaria oposición del Parlamento a ceder en su hasta ahora absoluta capacidad de decidir su propia forma de organizarse.
"Westminster no puede seguir operando como un club de caballeros en el que sus miembros establecen las reglas que les afectan a ellos mismos", dijo. "Si los miembros del Parlamento siguen fijando sus propios códigos, por muy objetivos que intenten ser, el público siempre pondrá en cuestión la transparencia y los estándares que con todo derecho exigen", añadió el primer ministro Brown.
(extracto de noticia de, El Pais, 20 de mayo de 2009)
La oposición pide a Gordon Brown que convoque elecciones anticipadas en el Reino Unido
El líder conservador David Cameron cree que esta es la única forma de limpiar el escándalo de los gastos de los parlamentarios.
El líder de la Cámara de los Comunes ha pedido disculpas por los abusos de los diputados
Dimite un asesor de Cameron por el escándalo de los gastos
REUTERS , 14 de mayo de 2009 .
Un destacado asesor parlamentario del líder de la oposición británica, David Cameron, ha dimitido por presentar unas reclamaciones de gastos "inaceptables", dijo el jueves el Partido Conservador, en lo que supone la primera renuncia por el escándalo de los privilegios de los parlamentarios. Tanto el Partido Laborista del primer ministro, Gordon Brown, como los conservadores de centroderecha de Cameron están bajo presión para tomar medidas estrictas ante las excesivas reclamaciones de gastos presentadas por los parlamentarios después de una serie de dañinas filtraciones.
El parlamentario conservador Andrew Mackay renunció como asesor político de Cameron después de que una revisión de sus gastos revelara una "situación inaceptable", dijo un portavoz del líder de la oposición.
Mackay es la primera persona en perder el cargo por el escándalo.
"Presentó sus papeles (...) para ser examinados y ese examen reveló un estado de los asuntos que no creo que fuera razonable o aceptable. Y por tanto presentó su dimisión inmediatamente y yo la acepté", declaró Cameron a periodistas.
Mackay había pedido pagos de intereses por la hipoteca de un inmueble en Londres propiedad conjunta de su mujer Julie Kirkbride, otra parlamentaria conservadora, al tiempo que ella ya estaba pidiendo gastos por su residencia de su distrito electoral, dijo una fuente política.
Un destacado asesor parlamentario del líder de la oposición británica, David Cameron, ha dimitido por presentar unas reclamaciones de gastos "inaceptables", dijo el jueves el Partido Conservador, en lo que supone la primera renuncia por el escándalo de los privilegios de los parlamentarios. Tanto el Partido Laborista del primer ministro, Gordon Brown, como los conservadores de centroderecha de Cameron están bajo presión para tomar medidas estrictas ante las excesivas reclamaciones de gastos presentadas por los parlamentarios después de una serie de dañinas filtraciones.
El parlamentario conservador Andrew Mackay renunció como asesor político de Cameron después de que una revisión de sus gastos revelara una "situación inaceptable", dijo un portavoz del líder de la oposición.
Mackay es la primera persona en perder el cargo por el escándalo.
"Presentó sus papeles (...) para ser examinados y ese examen reveló un estado de los asuntos que no creo que fuera razonable o aceptable. Y por tanto presentó su dimisión inmediatamente y yo la acepté", declaró Cameron a periodistas.
Mackay había pedido pagos de intereses por la hipoteca de un inmueble en Londres propiedad conjunta de su mujer Julie Kirkbride, otra parlamentaria conservadora, al tiempo que ella ya estaba pidiendo gastos por su residencia de su distrito electoral, dijo una fuente política.
EXPLICACIONES NECESARIAS
OBSERVATORIO, Heraldo de Aragón, pág 22 , jueves 14 de mayo de 2009.
La oposición pidió ayer explicaciones respecto a las graves acusaciones del fiscal de Teruel sobre el funcionamiento del Departamento de Medio Ambiente.Portavoces de los propios forestales denunciaron que descienden en número, competencias y presupuestos, mientras aumenta la importanciaa de Sodemasa, una de las sociedades dependientes de la Consejería.El caso subraya la necesidad de control y transparencia de estas empresas opacas.
La oposición pidió ayer explicaciones respecto a las graves acusaciones del fiscal de Teruel sobre el funcionamiento del Departamento de Medio Ambiente.Portavoces de los propios forestales denunciaron que descienden en número, competencias y presupuestos, mientras aumenta la importanciaa de Sodemasa, una de las sociedades dependientes de la Consejería.El caso subraya la necesidad de control y transparencia de estas empresas opacas.
EL FISCAL VERSUS BONÉ
La fiscalía de Teruel ha lanzado durísimas críticas contra el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno PSOE-PAR, que dirige Alfredo Boné, recogidas en la memoria del Fiscal General del Estado. El fiscal acusa a Medio Ambiente de “sabotear” su labor y califica de “muerte por inanición” el trato dado a los funcionarios, mientras se da trabajos a personal de Sodemasa, de “mayor fidelidad”. El Presidente Iglesias tendría que dar explicaciones.
(Publicado en “Heraldo de Aragón”, el 13 de mayo de 2009).
Rapapolvo de la Fiscalía de Medio Ambiente al departamento de Boné
MEMORIA DEL 2008.
13/05/2009 M. NAVARCORENA,
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.
La memoria del 2008 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, dependiente de la Fiscalía General del Estado, deja bastante mal parado al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno aragonés con respecto a su colaboración. Y no esconde la tensión que se está viviendo en sus relaciones, "quizás porque, de alguna manera, se sienten algo invadidos en sus competencias, vistas en ocasiones con un carácter exclusivamente patrimonial", puede leerse en el documento. No obstante, añade la memoria, "se están haciendo esfuerzos en aras a una normalización de las comunicaciones".
El texto señala, por ejemplo, los casos en los que "parece que la Administración esté jugando con las competencias para no dar una pronta respuesta al Ministerio Público". Y critica el trato y el estatus conferido a los agentes forestales, sobre los que recuerda que tienen la misma consideración que la policía judicial.
En concreto, y en relación con los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN), la Fiscalía de Teruel denuncia, en referencia al Servicio Provincial de Medio Ambiente, el "sabotaje de las actividades de la fiscalía" pese a la "aparente colaboración". Y aseguran estar "presionados para no realizar atestados o enviar diligencias".
De ahí que "el clima general que se ha podido constatar entre el colectivo de APN sea el de un cuerpo decididamente abandonado a una metafórica muerte por inanición". Además, introduce el hecho del traspaso que se está ejerciendo de sus funciones a personal laboral de la empresa pública Sodemasa "abocados a una mayor fidelidad en el ejercicio de su trabajo".
El duro informe destaca, sin embargo, la estrecha relación que la fiscalía mantiene con el Seprona de la Guardia Civil. Aunque la Fiscalía de Teruel, por ejemplo, asegura que la Unidad de la Guardia Civil de Delitos Urbanísticos "puede considerarse desactivada en la práctica, actuando sólo en posibles casos puntuales".
13/05/2009 M. NAVARCORENA,
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.
La memoria del 2008 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, dependiente de la Fiscalía General del Estado, deja bastante mal parado al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno aragonés con respecto a su colaboración. Y no esconde la tensión que se está viviendo en sus relaciones, "quizás porque, de alguna manera, se sienten algo invadidos en sus competencias, vistas en ocasiones con un carácter exclusivamente patrimonial", puede leerse en el documento. No obstante, añade la memoria, "se están haciendo esfuerzos en aras a una normalización de las comunicaciones".
El texto señala, por ejemplo, los casos en los que "parece que la Administración esté jugando con las competencias para no dar una pronta respuesta al Ministerio Público". Y critica el trato y el estatus conferido a los agentes forestales, sobre los que recuerda que tienen la misma consideración que la policía judicial.
En concreto, y en relación con los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN), la Fiscalía de Teruel denuncia, en referencia al Servicio Provincial de Medio Ambiente, el "sabotaje de las actividades de la fiscalía" pese a la "aparente colaboración". Y aseguran estar "presionados para no realizar atestados o enviar diligencias".
De ahí que "el clima general que se ha podido constatar entre el colectivo de APN sea el de un cuerpo decididamente abandonado a una metafórica muerte por inanición". Además, introduce el hecho del traspaso que se está ejerciendo de sus funciones a personal laboral de la empresa pública Sodemasa "abocados a una mayor fidelidad en el ejercicio de su trabajo".
El duro informe destaca, sin embargo, la estrecha relación que la fiscalía mantiene con el Seprona de la Guardia Civil. Aunque la Fiscalía de Teruel, por ejemplo, asegura que la Unidad de la Guardia Civil de Delitos Urbanísticos "puede considerarse desactivada en la práctica, actuando sólo en posibles casos puntuales".
REGENERAR LA VIDA PÚBLICA.
Uno de los efectos más perniciosos de los casos de corrupción es el riesgo de descrédito generalizado de la actividad política. Por eso resulta alentador el movimiento surgido entre los vecinos de La Muela para expresar su preocupación por los hechos denunciados y pedir la regeneración de la gestión municipal. Los políticos han de estar a la altura, lo que incluye que el Gobierno PSOE-PAR venza su insólita resistencia a hablar en las Cortes.
DURANTE los episodios más sangrantes de la corrupción política en diversos lugares de España ha sido frecuente, por desgracia, ver a los vecinos jalear ante las cámaras de televisión a políticos acusados de prácticas deshonestas y delictivas. Varios ediles implicados en notorios escándalos han revalidado su puesto con mayorías absolutas. La percepción de que la mala gestión pública es una variante tolerable de la picaresca, lo que es peor, la resignación ante actitudes y comportamientos que se ven como inexorables suponen una grave amenaza para la salud del sistema democrático. Por eso, que un grupo de vecinos de La Muela promueva una manifestación para expresar el rechazo por los hechos denunciados y pedir una solución para el Consistorio es señal de buena salud cívica. Escudado en que el asunto está sub iúdice, el Gobierno de Aragón da la callada por respuesta ante las peticiones, que han formulado tanto el PP como CHA, para que se explique en las Cortes. Se trata de una cerrazón incomprensible, que devalúa la vida parlamentaria y que tiene mal encaje con las reglas de transparencia que exige la democracia. El respeto a la actuación judicial no debiera servir de coartada para hacer dejación de la responsabilidad política.
(Editorial de “Heraldo de Aragón”, publicado el 7 de mayo de 2009).
"La colonización de las instituciones por los partidos políticos acarrea la nefasta consecuencia de la pérdida de voces independientes, altamente cualificadas, mientras prolifera el halago o el silencio. Hemos llegado a un punto en que los organismos de control, convertidos en campo de batalla de los partidos, carecen de una voz propia, cuando más falta hace, y callan por no molestar o repiten las bobadas en curso para no llamar la atención".
(tomado de LA COLUMNA , Todos tranquilos, Santos Juliá en EL PAIS , DOMINGO, 03.05.09)
(tomado de LA COLUMNA , Todos tranquilos, Santos Juliá en EL PAIS , DOMINGO, 03.05.09)
FUNCIONARIOS
El mal funcionamiento de la Administración publica, que no es culpa de los funcionarios sino de quienes los dirigen, lesiona los principios del Estado de derecho
Por Angel Garces Sanagustin, Heraldo de Aragón, 04/05/2009.
Las chanzas sobre funcionarios se propagan con sorna por la España zaragatera y ociosa. Nadie puede negar que existen funcionarios absentistas , impuntuales o vagos. Pero el problema no es tanto de ellos como de quienes consienten la
desidia. Acusar a los funcionarios del mal funcionamiento de la Administracion espanola es tan injusto como culpabilizar a los trabajadores de General Motors de la delicada situacion economica por la que atraviesa la empresa.
La ciudadanía debería conocer que hemos resucitado las cesantías decimonónicas, Durante el siglo XIX, el cambio de gobiemo implicaba el cese de los funcionarios desafectos y su sustitución por otros más proclives al nuevo gobiemo.
La inamovilidad de los funcionarios, de la que tanto se quejan algunos, fue un logro del Estado de derecho, pues permite preservar la independencia del empleado público. En la actualidad no se puede echar a los funcionarios, pero si se les puede relegar a las penumbras de la inactividad. Las Administraciones españolas son hoy un cementerio repleto de nichos en los que yacen los funcionarios que apostaron por la objetividad, la imparcialidad y la independencia.
Tambien debe saber la ciudadanía que los puestos de mayor responsabilidad son adjudicados por libre designación, es decir, a dedo. Y el problema no es tanto la libre designación como la libre remoción, inherente al sistema, con la que se garantiza la sumision absoluta del funcionario al poder político. Al final, hemos llegado a tal situación esquizofrénica que las palabras indican lo contrario de lo que significan.
El funcionario de carrera ya no puede hacer carrera y los funcionarios de empleo, interinos 0 eventuales, se caracterizan precisamente por no tener garantizado su empleo y,por lo tanto, por su precariedad y docilidad.
Además, el asunto de La Muela pone de relieve que han desaparecido los controles internos en la Administracion y que los interventores se han convertido en meras figuras decorativas.
Desaparecido el control de legalidad, solo queda la tenue línea que une a una persona con su conciencia. Eso sí, hemos inflado el panorama público de figuras como el Defensor del Pueblo
o el Justicia de Aragon, que deberian estudiarse en clases de antropología 0 de folclore antes que en las aulas de Derecho. Aunque, en honor a la verdad, el Justicia es una apreciable editorial.
Por otro lado, España es el único país del mundo desarrollado en el que la responsabilidad penal abarcar más supuestos que la responsabilidad política. Son múltiples los casos de políticos condenados en firme que continúan subrepticia o palmariamente en una actividad pública.
Y todo ello se ha hecho en nombre de la eficacia y de la democracia. Se llega a invocar la democracia para incumplir las leyes o para prevaricar. Deberíamos empezar a reivindicar que también somos un Estado de derecho. Al fin y al cabo, el articulo 1 de la Constitucion establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho.
No podemos soslayar esto último sin arrumbar las bases que sustentan nuestro sistema. Y los sindicatos? Ni están ni se les espera.
EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO.
La negociación de un documeno para garantizar transparencia y rectitud en la gestión local demuestra que hay fisuras por las que se pueden colar corruptelas.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) prepara desde finales del año pasado el Código del Buen Gobierno Local, un documento que servirá para garantizar la transparencia, la honestidad y la rectitud de los concejales en el ejercicio de su cargo. Al menos, ése es el compromiso que pretenden adquirir sus firmantes. No en vano, más allá de lo que convengan las leyes existe una cuestión tan importante o más en política que es la virtud moral en el ejercicio del cargo público. El documento, que se trabaja a partir de un borrador presentado por el PSOE el pasado verano, será realizado por cinco representantes de partidos diferentes, incluido el aragonés Joaquín Peribáñez, alcalde de Calamocha por el PAR. Permítaseme decir que es el que más fácil lo tiene para liderar este equipo de trabajo. Le sobra con leerse el sumario de la Operación Molinos y revisar las actas del Ayuntamiento de La Muela en estos últimos años para elevar sus conclusiones al resto de compañeros diciéndoles: "Esto es justo lo contrario de lo que hay que hacer". No es ninguna perogrullada, sobre todo después de ver la intentona de los ediles de su partido, convenientemente desautorizados y conminados a abandonar siglas y cargos, de conferir más poder a la alcaldesa de la localidad zaragozana, María Victoria Pinilla, encarcelada por presunta corrupción. Una señora a la que el juez imputa delitos tan graves como la malversación de fondos públicos, la prevaricación o el cohecho y que ha dejado a su ayuntamiento en una situación de colapso económico está para todo menos para un homenaje.
El nuevo código se inspira, en gran medida, en el que ya aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para sus altos cargos en marzo de 2005. El objetivo de los municipios firmantes, a la postre los representados en la federación, es que el documento promueva códigos de conducta que permitan crear confianza entre los políticos y los ciudadanos, "indispensable para que los primeros puedan desempeñar sus funciones de forma eficiente puesto que el respeto por el mandato del electorado va estrechamente unido al respeto de unas normas éticas". Así figura en el preámbulo del documento a debate, que pretende configurar una ética pública común que evite la mala gestión, destierre posibles actuaciones corruptas y generalice las buenas prácticas. El enunciado, tan fácil de formular como difícil de aplicar, requiere de medidas concretas. Desde las más obvias, como que los representantes electos se abstengan de ejercer sus funciones o utilizar las prerrogativas de su cargo para favorecer intereses privados, propios o ajenos, hasta las más específicas y complejas. En este extremo se enmarcarían las obligaciones de transparencia económica, como la formulación de bienes patrimoniales y de participación en sociedades de todo tipo, con especial incidencia en aquellas con intereses urbanísticos, previa a la toma de posesión del cargo municipal, medida ya prevista en la ley de bases de Régimen Local desde la última modificación de la Ley del Suelo.
Sobre el papel, con un código de esta naturaleza sería suficiente para conseguir el extrañamiento de las corruptelas en la actividad pública, pero la realidad nos demuestra que no es así. Frente a una mayoría de representantes públicos honrados, abnegados y pulcros, una minoría fácilmente identificable emponzoña la imagen de la política con sus malas prácticas. Condición humana. De lo contrario, ¿por qué habría que crear un código del buen gobierno local? En el país del hecha la ley, hecha la trampa, el verdadero método para desterrar el ejercicio perversamente interesado del cargo público pasa por escuchar a quienes lo padecen. Cuando en los últimos años, la oposición de un municipio como La Muela, que ponía de manifiesto gravísimas dificultades para la participación pública en el ayuntamiento y denunciaba que el equipo de gobierno cometía posibles desmanes, era permanente desoída por sus propios partidos, se estaban sembrando las bases del escándalo. La visión maniquea de lo público lleva a las organizaciones políticas a autorepresentarse en una defensa corporativa, en lugar de mantener una verdadera relación de corresponsabilidad con los electores. Y no digamos cuando se entremezclan los intereses estratégicos por posibles alianzas de gobierno, característica paradigmática en el Aragón de los últimos años.
El caso La Muela pone de manifiesto que además de responsabilidades judiciales de los encartados en la investigación policial y de responsabilidades políticas por la relajación de los controles públicos ha existido una aminoración del nivel ético institucional. Si la policía que investigaba los hechos denunciados ha sido capaz de establecer, y así se revela en la lectura del sumario, que el consistorio de La Muela se gobernaba como un cortijo, por qué las administraciones superiores no han sido capaces de controlarlo. Una cosa es la autonomía municipal y otra bien distinta, la inmunidad municipal. Sirva un simple dato recogido por la Policía. El balance de la Sociedad Urbanística Municipal de La Muela reflejaba al cierre del 2005 un campo de golf valorado en poco más de dos millones de euros. Al año siguiente esa instalación se había revalorizado hasta los 4.700.000 euros. Lo peor de todo es que el campo de golf ni estaba ni está construido, tal y como hace constar la consultora que audita las cuentas. ¿Nadie en la DGA, o en la DPZ, o donde fuere, había sido capaz de comprobar lo que estaba pasando en este aparentemente próspero municipio? Es difícil de entender, pero no. Como difícil resulta comprender que 30 años después de la conformación de los primeros ayuntamientos democráticos tengamos que estar hablando de esto.
(Artículo de Jaime Armengol, publicado en "El Periódico de Aragón", el 3 de mayo de 2009)
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) prepara desde finales del año pasado el Código del Buen Gobierno Local, un documento que servirá para garantizar la transparencia, la honestidad y la rectitud de los concejales en el ejercicio de su cargo. Al menos, ése es el compromiso que pretenden adquirir sus firmantes. No en vano, más allá de lo que convengan las leyes existe una cuestión tan importante o más en política que es la virtud moral en el ejercicio del cargo público. El documento, que se trabaja a partir de un borrador presentado por el PSOE el pasado verano, será realizado por cinco representantes de partidos diferentes, incluido el aragonés Joaquín Peribáñez, alcalde de Calamocha por el PAR. Permítaseme decir que es el que más fácil lo tiene para liderar este equipo de trabajo. Le sobra con leerse el sumario de la Operación Molinos y revisar las actas del Ayuntamiento de La Muela en estos últimos años para elevar sus conclusiones al resto de compañeros diciéndoles: "Esto es justo lo contrario de lo que hay que hacer". No es ninguna perogrullada, sobre todo después de ver la intentona de los ediles de su partido, convenientemente desautorizados y conminados a abandonar siglas y cargos, de conferir más poder a la alcaldesa de la localidad zaragozana, María Victoria Pinilla, encarcelada por presunta corrupción. Una señora a la que el juez imputa delitos tan graves como la malversación de fondos públicos, la prevaricación o el cohecho y que ha dejado a su ayuntamiento en una situación de colapso económico está para todo menos para un homenaje.
El nuevo código se inspira, en gran medida, en el que ya aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para sus altos cargos en marzo de 2005. El objetivo de los municipios firmantes, a la postre los representados en la federación, es que el documento promueva códigos de conducta que permitan crear confianza entre los políticos y los ciudadanos, "indispensable para que los primeros puedan desempeñar sus funciones de forma eficiente puesto que el respeto por el mandato del electorado va estrechamente unido al respeto de unas normas éticas". Así figura en el preámbulo del documento a debate, que pretende configurar una ética pública común que evite la mala gestión, destierre posibles actuaciones corruptas y generalice las buenas prácticas. El enunciado, tan fácil de formular como difícil de aplicar, requiere de medidas concretas. Desde las más obvias, como que los representantes electos se abstengan de ejercer sus funciones o utilizar las prerrogativas de su cargo para favorecer intereses privados, propios o ajenos, hasta las más específicas y complejas. En este extremo se enmarcarían las obligaciones de transparencia económica, como la formulación de bienes patrimoniales y de participación en sociedades de todo tipo, con especial incidencia en aquellas con intereses urbanísticos, previa a la toma de posesión del cargo municipal, medida ya prevista en la ley de bases de Régimen Local desde la última modificación de la Ley del Suelo.
Sobre el papel, con un código de esta naturaleza sería suficiente para conseguir el extrañamiento de las corruptelas en la actividad pública, pero la realidad nos demuestra que no es así. Frente a una mayoría de representantes públicos honrados, abnegados y pulcros, una minoría fácilmente identificable emponzoña la imagen de la política con sus malas prácticas. Condición humana. De lo contrario, ¿por qué habría que crear un código del buen gobierno local? En el país del hecha la ley, hecha la trampa, el verdadero método para desterrar el ejercicio perversamente interesado del cargo público pasa por escuchar a quienes lo padecen. Cuando en los últimos años, la oposición de un municipio como La Muela, que ponía de manifiesto gravísimas dificultades para la participación pública en el ayuntamiento y denunciaba que el equipo de gobierno cometía posibles desmanes, era permanente desoída por sus propios partidos, se estaban sembrando las bases del escándalo. La visión maniquea de lo público lleva a las organizaciones políticas a autorepresentarse en una defensa corporativa, en lugar de mantener una verdadera relación de corresponsabilidad con los electores. Y no digamos cuando se entremezclan los intereses estratégicos por posibles alianzas de gobierno, característica paradigmática en el Aragón de los últimos años.
El caso La Muela pone de manifiesto que además de responsabilidades judiciales de los encartados en la investigación policial y de responsabilidades políticas por la relajación de los controles públicos ha existido una aminoración del nivel ético institucional. Si la policía que investigaba los hechos denunciados ha sido capaz de establecer, y así se revela en la lectura del sumario, que el consistorio de La Muela se gobernaba como un cortijo, por qué las administraciones superiores no han sido capaces de controlarlo. Una cosa es la autonomía municipal y otra bien distinta, la inmunidad municipal. Sirva un simple dato recogido por la Policía. El balance de la Sociedad Urbanística Municipal de La Muela reflejaba al cierre del 2005 un campo de golf valorado en poco más de dos millones de euros. Al año siguiente esa instalación se había revalorizado hasta los 4.700.000 euros. Lo peor de todo es que el campo de golf ni estaba ni está construido, tal y como hace constar la consultora que audita las cuentas. ¿Nadie en la DGA, o en la DPZ, o donde fuere, había sido capaz de comprobar lo que estaba pasando en este aparentemente próspero municipio? Es difícil de entender, pero no. Como difícil resulta comprender que 30 años después de la conformación de los primeros ayuntamientos democráticos tengamos que estar hablando de esto.
(Artículo de Jaime Armengol, publicado en "El Periódico de Aragón", el 3 de mayo de 2009)
PASANDO DEL JUSTICIA
De la memoria anual presentada por el Justicia de Aragón, sorprende, y no gratamente, que durante 2008 la institución tuviera que tramitar 50 recordatorios de deberes legales, ¡la mayoría de ellos al Gobierno de Aragón!. La DGA y también el Ayuntamiento de Zaragoza han incumplido la Ley que regula el Justiciazgo, sobre todo en cuestiones relacionadas con el urbanismo, al no responder a las peticiones de información. Es un mal ejemplo que debería enmendarse.
(Comentario editorial publicado en “Heraldo de Aragón”, el 30 de abril de 2009).
(Comentario editorial publicado en “Heraldo de Aragón”, el 30 de abril de 2009).
LA DGA ESTUDIARÁ PUBLICITAR A SUS ASESORES.
ZARAGOZA. "Es un tema que se puede hablar , pero lleva más implicaciones". Con estas palabras, fuentes del Gobierno de Aragón respondieron a la sugerencia de El Justicia de que se publiquen en el Boletin Oficial los nombramientos y ceses de los asesores.En el caso del Ejecutivo autonómico, suman 60. Las mismas fuentes consideran que este asunto habría que hablarlo con los empresarios y sindicatos , puesto que "aparecer en el BOA conlleva unas implicaciones laborales especiales".El Justicia considera en su informe que esta medida pretende garantizar la transparencia,ejemplaridad y eficacia.Además advierte de que en otras comunidades autónomas como Valencia, Cataluña, Baleares, Galicia y Castilla y León ya se ha adoptado esta medida. *N.A.M. Heraldo de Aragón, pág 5, jueves 30 de abril de 2009. *
REIVINDICAR LO PÚBLICO
Tras décadas de predominio de lo privado, vuelve a reivindicarse con fuerza un papel activo de lo público, de la Administración. Para ser consecuentes hay que desprenderse de determinados prejuicios.
Se viven tiempos de reivindicación de lo público. Las voces son confusas, poco sutiles e incluso paradójicas. Faltan matices y se atiende a la inmediatez. Pero todos parecen coincidir en que tras décadas de dominio de lo privado, es hora de volver la mirada hacia lo público. No sólo como un necesario sujeto pasivo, como sujeto-garantía, también reclamando su presencia como sujeto activo, algo casi universalmente denostado hasta no hace demasiados meses.
No hay nada extraño en este “revival”. Al margen de consideraciones coyunturales, incluso de ciertos problemas estructurales, la historia demuestra con constancia su carácter cíclico, ciclos que se proyectan también sobre lo ideológico. Ni el liberalismo estaba muerto y desaparecido hace cuarenta años ni el socialismo lo estaba hace cinco. Uno y otro son fundamento de algunas de las más relevantes ideas que ha aportado el espíritu humano y, afortunadamente, seguirán allí para su reivindicación y uso por generaciones posteriores, con las lógicas adiciones que deben enriquecer nuestro bagaje intelectual y, a la postre, instrumental para gestionar sociedades cada vez más complejas.
Pero hoy es mi propósito comentar la resurrección de la ideología de lo público y del sustrato social y político que acompaña este fenómeno. Nada hay de extraño en ello. Los tiempos de crisis son siempre propicios para mirar hacia el espacio público. Más si, como es el caso, la crisis deriva de fallos evidentes de algunas de las premisas de un liberalismo mal entendido en sus últimas consecuencias. Por otra parte, toda crisis es tiempo natural para los miedos y desde los mismos, todos, incluso quienes fueron críticos implacables de lo público, esperan hoy su resguardo y, cómo no, su dádiva. Así, resulta lógico que hoy se busque en el espacio público un demiurgo omnipotente tanto en su faceta de poder controlador como en la de interviniente activo sobre la desgraciada realidad.
Creo que esa necesaria mirada debe ir acompañada tanto de una revisión crítica de lo hecho como de una valoración responsable de las últimas consecuencias que han acompañado el hacer y el no hacer. La mirada a un pasado que es todavía presente no puede ser complaciente. Nada sustantivo se corregirá si para el futuro no se es consecuente con los fallos y frivolidades generalizadas con las que se ha acometido la visión de lo público en las últimas décadas.
“No se han podido alcanzar los objetivos previstos porque aún no se ha podido constituir la correspondiente empresa pública”. Esta frase, pronunciada recientemente por un responsable político, podría haber sido enunciada por dirigentes políticos de prácticamente todo el arco parlamentario. Y, por qué no decirlo, por una parte sustantiva de la sociedad. Detrás de la misma parte una premisa poderosa: lo público es ineficiente, lo privado es eficiente. La paradoja radica en que la mirada a lo público que caracteriza los últimos meses no parece haber puesto en cuestión, al menos para muchos, esa premisa. Al menos no con todas sus consecuencias.
Son precisamente esas consecuencias las que resulta indispensable poner encima de la mesa. Creo que de nada sirve reclamar la intervención, preventiva, represiva o incentivadora, del poder público sin en paralelo desnudar algunos prejuicios y desmontar algunas comodidades. Hoy, como ayer, es preciso un poder público fuerte. Ello es compatible tanto con un modelo liberal como con otro de corte más intervencionista. Un núcleo público fuerte es condición, premisa del Estado y del funcionamiento eficaz de la Administración. Núcleo y funcionamiento que no excluyen la colaboración con el sector privado pero que sí distinguen con firmeza intereses y áreas de actuación. Así, es hora de reivindicar la importancia, durante estos años demasiado olvidada, de la Administración como garante no sólo del más eficaz cumplimiento del correspondiente programa de gobierno sino también como salvaguarda de los intereses de todos. En ello y para ello, el papel del Derecho Público y de los funcionarios públicos es esencial. Devaluarlo es abrir una grieta por la que no sólo se escapan posibles incomodidades y eventuales retrasos, sino también garantías, seguridad y transparencia. Y, aunque muchos se resistan a compartirlo, buen hacer. Procedimiento y función pública están construidos por su propia definición no sólo, lo que no es poco, para asegurar elementos esenciales del Estado de derecho, sino también para obtener las condiciones óptimas para el buen desempeño del trabajo.
Sí, mirar hacia lo público y reivindicarlo. Pero con todas sus consecuencias. Con la reivindicación consecuente del papel de la Administración y del Derecho Público. Con la reivindicación consecuente de las garantías, del control y transparencia que es inherente al actuar público en el Estado de derecho y en la democracia. Desde esas premisas se podrán seguir trabando formas de colaboración con el sector privado. Desde esas premisas se fortalecerá la legitimidad social de una Administración pública en demasiadas ocasiones debilitada por intereses y frivolidades.
(Artículo de José Tudela Aranda, Letrado de las Cortes de Aragón, publicado en “Heraldo de Aragón”, el 25 de abril de 2009).
Los puestos individuales deberían otorgarse siempre por mérito, aunque también es importante que la composición global de los consejos represente una mezcla de especialidades relevantes y experiencia. Este abanico debería afirmarse clara y públicamente en las especificaciones del trabajo.
(punto nº 31 del Informe NOLAN,Normas de conducta para la vida pública, Reino Unido , 1995)
(punto nº 31 del Informe NOLAN,Normas de conducta para la vida pública, Reino Unido , 1995)
LA CARGA DE LOS CARGOS
Da que pensar -y no necesariamente bien- el hecho de que más de la mitad de los asesores contratados -a dedo- por los distintos departamentos del Gobierno de Aragón tengan o hayan tenido previamente cargos políticos. Las asesorías parecen ser una buena salida labora para muchos “ex” y un complemento para otros. Pero ni el gobierno puede ser una agencia de colocación de amigos políticos ni los ciudadanos tienen por qué soportar una carga improductiva.
(Publicado en Heraldo de Aragón, el 13 de abril de 2009).
"SE PUEDE ARREBATAR A UN EJÉRCITO SU COMANDANTE EN JEFE, NO SE PUEDE PRIVAR AL HOMBRE MÁS HUMILDE DE SU LIBRE ALBEDRÍO"
Confucio.
Confucio.
Es una suerte disponer de políticos y de partidos tan polivalentes. No sólo representan al ciudadano en los diversos parlamentos e instituciones políticas: representan también al ciudadano en los órganos judiciales, en los consejos de las televisiones y otras corporaciones públicas, y, además, representan al impositor en las cajas de ahorros. Nos ahorran una tremenda cantidad de trabajo. Y así nosotros, los ciudadanos, podemos dedicarnos a disfrutar de la vida, sabiendo que lo nuestro queda en buenas manos.
(del artículo : Cajas, ENRIC GONZÁLEZ , EL PAIS , 01/04/2009 )
(del artículo : Cajas, ENRIC GONZÁLEZ , EL PAIS , 01/04/2009 )
TRANSPARENCIA Y CONTROL
Mientras el juez de La Almunia continúa su trabajo por la operación Molinos, se ha abierto un interesante debate acerca de los controles para evitar casos de presunta corrupción. La pasividad que, en general, muestran los políticos, choca con la exigencia ciudadana para que se refuercen las garantías. Aragón tiene pendiente la elaboración de códigos de buen gobierno y la puesta en marcha del Tribunal de Cuentas.
Diez días después de la detención de la alcaldesa de La Muela por varios presuntos delitos relacionados con la corrupción, su partido, el PAR, sigue teniendo dificultades para deslindar la obligada presunción de inocencia que corresponde al ámbito penal, de la reacción política a la que el caso obliga. Igual tibieza muestran los partidos mayoritarios, tanto el PP como el PSOE, socio de los aragonesistas al frente de un Gobierno de coalición que ha alcanzado su tercer mandato sin poner en marcha el Tribunal de Cuentas, pese a ser compromiso de Iglesias. Aunque es cierto que los controles, tanto los existentes en Aragón como las Cámaras autonómicas que tienen otras comunidades, nunca son una garantía al ciento por ciento, es evidente que los ciudadanos reclaman una actitud más comprometida para prevenir que una minoría de políticos desaprensivos se aprovechen de su cargo en beneficio personal o de sus partidos. La Asociación para la Defensa de la Función Pública denunciaba recientemente que su propuesta para que las instituciones elaboren un código de buen gobierno como el que impulsó el Gobierno Zapatero ni siquiera ha merecido respuesta. Regenerar la vida pública obliga a todos los partidos y pasa por aumentar la transparencia.
(Editorial de “Heraldo de Aragón”, publicado el 29 de marzo de 2009).
Diez días después de la detención de la alcaldesa de La Muela por varios presuntos delitos relacionados con la corrupción, su partido, el PAR, sigue teniendo dificultades para deslindar la obligada presunción de inocencia que corresponde al ámbito penal, de la reacción política a la que el caso obliga. Igual tibieza muestran los partidos mayoritarios, tanto el PP como el PSOE, socio de los aragonesistas al frente de un Gobierno de coalición que ha alcanzado su tercer mandato sin poner en marcha el Tribunal de Cuentas, pese a ser compromiso de Iglesias. Aunque es cierto que los controles, tanto los existentes en Aragón como las Cámaras autonómicas que tienen otras comunidades, nunca son una garantía al ciento por ciento, es evidente que los ciudadanos reclaman una actitud más comprometida para prevenir que una minoría de políticos desaprensivos se aprovechen de su cargo en beneficio personal o de sus partidos. La Asociación para la Defensa de la Función Pública denunciaba recientemente que su propuesta para que las instituciones elaboren un código de buen gobierno como el que impulsó el Gobierno Zapatero ni siquiera ha merecido respuesta. Regenerar la vida pública obliga a todos los partidos y pasa por aumentar la transparencia.
(Editorial de “Heraldo de Aragón”, publicado el 29 de marzo de 2009).
Una interesante opinión de Joan Prats:
Los corruptos son pocos, pero corruptibles somos todos. Si no tenemos políticas e instrumentos para prevenir la corrupción y reprimirla cuando se produce, entonces la administración estará siempre bajo sospecha. Para eso necesitamos control, vigilancia, oficinas de prevención antifraude y códigos de comportamientos y buenas prácticas. Falta mucho por avanzar
Los corruptos son pocos, pero corruptibles somos todos. Si no tenemos políticas e instrumentos para prevenir la corrupción y reprimirla cuando se produce, entonces la administración estará siempre bajo sospecha. Para eso necesitamos control, vigilancia, oficinas de prevención antifraude y códigos de comportamientos y buenas prácticas. Falta mucho por avanzar
EL ORO DE LA “OPERACIÓN MOLINO”.
La Operación Molino no ha hecho más que empezar y ya genera informaciones muy jugosas que dan idea de lo fino que han trabajado algunos de los implicados en la trama. Junto al dinero que se ocultaba en las cajas de seguridad –la cantidad hallada asciende casi al millón de euros- había también lingotes de oro, pues a la hora de guardar conviene no apartarse de los patrones clásicos, aunque la forma de recaudarlo no lo sea tanto. El juez Lajusticia tiene mucho trabajo por delante. La declaración de nuevos imputados sigue engordando la instrucción y a esta alturas del proceso, tan incipiente aún, se puede decir que el magistrado podría necesitar apoyos.
(Extraído de “El Periódico de Aragón, de 26 de marzo de 2009).
La Operación Molino no ha hecho más que empezar y ya genera informaciones muy jugosas que dan idea de lo fino que han trabajado algunos de los implicados en la trama. Junto al dinero que se ocultaba en las cajas de seguridad –la cantidad hallada asciende casi al millón de euros- había también lingotes de oro, pues a la hora de guardar conviene no apartarse de los patrones clásicos, aunque la forma de recaudarlo no lo sea tanto. El juez Lajusticia tiene mucho trabajo por delante. La declaración de nuevos imputados sigue engordando la instrucción y a esta alturas del proceso, tan incipiente aún, se puede decir que el magistrado podría necesitar apoyos.
(Extraído de “El Periódico de Aragón, de 26 de marzo de 2009).
MUNICIPIOS VULNERABLES.
La multiplicación de los casos de corrupción evidencia graves deficiencias institucionales.
LA DETENCIÓN de la alcaldesa del municipio zaragozano de La Muela, elegida primero por el Centro Democrático y Social y después por el Partido Aragonés, vuelve a poner de manifiesto que el poder local se ha convertido en el más vulnerable a la corrupción, independientemente de la adscripción política de quien lo ejerza. Los delitos que el juez imputa a los responsables del Ayuntamiento de La Muela son los mismos que se vienen repitiendo en cada uno de los casos semejantes: blanqueo de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Como también el mapa electoral recuerda al de los restantes municipios envueltos en prácticas ilegales: la alcaldesa lleva ininterrumpidamente en el poder más de dos décadas. E, incluso, las escenas posteriores a la detención parecen obedecer a un guión repetido sin variaciones: los detenidos por corrupción suelen contar con un alto grado de apoyo entre sus vecinos.
La amplitud del fenómeno, así como la reiteración de los esquemas políticos y sociológicos observados en cada caso, demuestran que la corrupción municipal tiene, sin duda, una causa necesaria en un afán de lucro que no repara en la licitud de los medios. Pero la causa suficiente habría que buscarla en las deficiencias del sistema institucional, incompetente para prevenir los abusos y sólo capaz de detectarlos y castigarlos por la vía penal cuando adquieren proporciones escandalosas. Y también para este punto existe un patrón de comportamiento que dicta la reacción de los grandes partidos, postergando la consideración de la corrupción municipal como lo que es: un grave problema institucional y no una sucesión de episodios aislados. Mientras que el PP ampara a sus militantes bajo sospecha y reclama el monopolio de la virtud cuando la corrupción afecta a los socialistas, el PSOE toma inmediatas medidas contra los encausados procedentes de sus filas. Pero ni uno ni otro, ni tampoco las restantes formaciones, parecen decididos a adoptar iniciativas políticas y parlamentarias que saneen y fortalezcan a los ayuntamientos.
La corrupción municipal se ha desarrollado al amparo de la burbuja inmobiliaria, pero también la ha retroalimentado. Los ayuntamientos vieron en las recalificaciones de terreno un instrumento para obtener recursos para las arcas municipales, supliendo las carencias a las que les condenaban los Presupuestos del Estado. Pero la zona gris en la que se desarrollaban estas prácticas fue dejando paso a la abierta ilegalidad, al cobrar protagonismo los intermediarios por cuenta propia y ajena entre los municipios y los promotores inmobiliarios. Del beneficio para los ayuntamientos y de la mejora de los servicios que prestan a los ciudadanos se pasó al enriquecimiento personal, transitando en muchos casos por la financiación de los partidos. La corrupción urbanística terminó por configurarse, así, como una coalición de intereses tejida a partir de un espejismo de prosperidad, pero imbatible mientras duró.
(Editorial del diario “El País”, publicado el día 23 de marzo de 2009).
CONSECUENCIAS POLÍTICAS
Las investigaciones judiciales determinarán el alcance de las responsabilidades penales en la gestión urbanística de La Muela. Pero lo judicial no agota las implicaciones y consecuencias de un caso que debería forzar a una seria autocrítica a los políticos de todos los partidos.
Lo ocurrido en La Muela en torno a la gestión de la alcaldesa María Victoria Pinilla no puede dejar de tener consecuencias en el sistema político aragonés. Es positivo saber que las posibles actuaciones irregulares no quedarán, al menos en este caso, impunes. Y los comportamientos delictivos son responsabilidad personal de quienes hayan podido incurrir en ellos y no deben servir para extender arbitrariamente un reproche general sobre toda la clase política. Ahora bien, parece claro así mismo que ni las instituciones ni los partidos políticos han sido capaces de ejercer los controles necesarios para descubrir, denunciar y frenar situaciones que, al calor del apogeo económico y urbanístico, resultaban desde hace mucho tiempo demasiado sospechosas y evidenciaban, al menos, una política temeraria y desmesurada. El caso de La Muela debe servir como punto de inflexión, como cierre de una época de laxitud y permisividad que no puede continuar. Es necesario crear instrumentos y hábitos políticos que tapen los huecos por los que penetra la corrupción y permitan atajarla de raíz. Resulta, por otra parte, digno de reseñar que sea un joven juez destinado en un puesto relativamente menor quien haya cogido las riendas de esta investigación. No es la Audiencia Nacional la única instancia llamada a combatir la corrupción, ni es bueno que así parezca. Hay en España miles de jueces y fiscales que también deben comprometerse en esa lucha.
(Editorial de “Heraldo de Aragón”, publicado el 22 de marzo de 2009).
SERVIR O SERVIRSE
Mi admirado Hipólito Gómez de las Roces suele decir que los políticos deben ir a las instituciones “a servir; no a servirse”. Ese enfoque aparentemente tan simple delimita claramente la frontera entre la honradez y la corrupción en el servicio público. Pero aplicar esa norma de conducta exige una austeridad casi jansenista y una rectitud a prueba de bombas. Cosas de otro tiempo, vamos. Que no son atributos que estén al alcance de esa legión de políticos que tienen menos moralidad que una almeja.
Los espíritus selectos no abundan en la política española. Cada día, sufrimos un sobresalto motivado por la conducta inmoral de un edil, la complicidad de un funcionario público y la connivencia de algún empresario. Un esquema que se repite y se basa en una cadena de corruptelas que, cada vez más sofisticadas, suelen quedar impunes. Con quebranto de la honra -¡qué inactual suena la expresión!- pero también, ¡ay!, con el aplauso de un vecindario que ha asumido el hediondo legado del gilismo. La corrupción es el lado oscuro de la democracia. Existe en todos los países. Sólo que en algunos no siempre se considera una práctica completamente reprobable. Una sociedad sin valores, como la nuestra, exhibe una asombrosa tolerancia con los estafadores que medran al amparo de la política. Con quienes no cumplen con su obligación, retuercen las leyes en beneficio propio y abusan de la confianza que depositamos en ellos. Sólo que a veces el sistema funciona y los pone a la sombra.
(Artículo de Rafael Fernández Ordóñez, publicado en “El Periódico de Aragón”, el 21 de marzo de 2009).
REGENERAR LA VIDA PÚBLICA
En su toma de posesión como Justicia de Aragón, Fernando García Vicente abogó por combatir a fondo la corrupción urbanística, un fenómeno que salpica a ayuntamientos y gobiernos dirigidos por todos los partidos y que está causando gran alarma social. La regeneración de la vida pública requiere controles y una transparencia que brillan por su ausencia más veces de lo deseable.
CONVERTIDO ayer oficialmente en el primer Justicia que podrá agotar el mandato máximo de quince años después de la reinstauración de la institución en la etapa autonómica, Fernando García Vicente hizo especial hincapié en un asunto que parece preocupar más a los ciudadanos que a los políticos. En efecto, los casos de presuntos delitos urbanísticos generan una gran alarma social, y se han convertido en algunas zonas de España con gran desarrollo urbanístico en un fenómeno casi endémico. La reflexión genérica de García Vicente coincide con la detención de la alcaldesa de La Muela y de cerca de una veintena de personas por presuntos delitos relacionados con el urbanismo. Como muy bien subrayó, las consideraciones efectuadas son totalmente independientes de este caso, sobre el que habrá de pronunciarse la Justicia. Pero está claro que, pase lo que pase, se impone un mayor rigor y transparencia en el cumplimiento de las normas, y en el uso del dinero público en los desarrollos, a veces desaforados, de municipios que muchas veces recurren a mecanismos de riesgo para compensar su falta de medios. Puesto que parece que los mecanismos de control existentes son mejorables, atajar cualquier práctica fuera de la ley ha de ser prioridad de las instituciones y la sociedad.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 20 de marzo de 2009).
EL COLAPSO HIPERMODERNO NO ES EL VACÍO ABSOLUTO.EL UNIVERSO SE HA VUELTO MÁS NIHILISTA, PERO A LA VEZ SE REIVINDICAN LOS DERECHOS DEL HOMBRE, ABUNDA EL VOLUNTARIADO Y LA MORAL NO HA MUERTO. JUNTO A UN HOMBRE CÍNICO SURGE OTRO MÁS RESPONSABLE.POR ESO EL FUTURO ESTÁ ABIERTO.HAY CONTRADICCIONES Y , POR LO TANTO,QUEDA ESPERANZA.
Gilles Lipovetsky, sociólogo y escritor.
Gilles Lipovetsky, sociólogo y escritor.
Si nos atenemos a los datos de la organizaciòn Transparency International , ocupamos (España) , sin embargo el puesto 28 -entre 180- entre los más limpios con una calificación de notable (6,8).La ciudadanía, en cambio,dice percibir alta corrupción, sobre todo política. Sólo que-y esto es básico-no le importa. Sólo un 2 % de los ciudadanos la cita como problema en las encuestas del CIS:
(tomado de Hijos de la picaresca , Rosa Maria Artal, en OPINIÓN El País, martes 17 de marzo de 2009).
(tomado de Hijos de la picaresca , Rosa Maria Artal, en OPINIÓN El País, martes 17 de marzo de 2009).
“El nepotismo y el amiguismo, el amor propio y el afán de poder, únicos móviles que entienden la mayor parte de los agentes de la vida social, hacen que en nuestro país aún no hayamos llegado al Estado de derecho, que estemos en un mal feudalismo del que quedan usos tales como la arbitrariedad del señor, el servilismo de los vasallos y el derecho de pernada”.
ADELA CORTINA.
ADELA CORTINA.
ATAJAR LA CORRUPCIÓN.
(Extraído del editorial de “Heraldo de Aragón”, publicado el 28 de febrero de 2009).
No es casualidad que España haya escalado puestos en las clasificaciones internacionales que establecen el triste ránquin de la corrupción. La falta de control, la opacidad y la consigna de que en el poder el fin justifica los medios son caldo de cultivo de unas prácticas delictivas que corroen la esencia de la democracia y que a veces comienzan a larvarse cuando se cruza la delgada línea que separa el respeto a la legalidad y las normas del buen gobierno por el provecho propio o de partido.
LA REFLEXIÓN CRÍTICA
(Artículo de José Tudela Aranda, publicado en “Heraldo de Aragón” el 26 de febrero de 2009)
La autocrítica no está bien vista. Pesimista o catastrofista es el juicio menor que se puede recibir por su ejercicio. En realidad, lo que no está de moda es la reflexión crítica. Son bastantes los problemas a los que hoy se enfrenta nuestro país. De ellos, no es el menor la erosión sufrida por ese pensamiento reflexivo y crítico que no se detiene ante el autojuicio cuando es necesario. Las causas son diversas y, seguramente, comprensibles. Pero las consecuencias son también diversas y en absoluto satisfactorias.
La España constitucional tiene muchos motivos para sentirse satisfecha. Incluso en momentos difíciles como el presente, complicado para cualquier valoración optimista, resulta evidente que el cambio sufrido en los últimos treinta años ha sido muy positivo si no espectacular. Progreso económico, progreso político, progreso social. Desde fuera de nuestras fronteras la visión ha ofrecido pocas dudas y se llegó a acuñar la marca “milagro español”.
En este marco histórico es fácil entender que la sociedad española realizase una inmersión profunda en la autocomplacencia. Se habían roto malditismos y victimismos atávicos. Se había olvidado la marginalidad histórica y política. Se había, incluso, alcanzado un desarrollo económico que permitía a una parte muy significativa de la población unos notables estándares vitales. Se había, se olvida con frecuencia, convertido un país de emigrantes en el país de Europa que más inmigrantes recibía. Todo ello sería suficiente para explicar la satisfacción individual y colectiva. Pero, además, es preciso tener presente que esa sociedad reaccionaba frente a la oscuridad y dureza de los años del franquismo. La suma de todo ello inevitablemente ayudaba a alejarse de visiones críticas y a erosionar lentamente la necesaria cultura de la responsabilidad.
Han pasado escasos meses desde que se inició la presente crisis que se anuncia histórica. Sin mucha precisión, se han aventurado algunas causas. Las más de las veces, mirando a un mundo exterior que no se llega a entender. Otras, mirando los edificios sin acabar, pisos sin vender y ladrillos sin distribuir. En muy pocas ocasiones se ha ido más allá. Son escasas las voces y los discursos que buscan causas más profundas. Pocas, en todo caso, las que miran hacia dentro y no apelan al azar o a los malos duendes del exterior. Por decirlo de forma expresiva, se echa en falta una reflexión serena, equilibrada pero sincera, sobre los posibles errores cometidos. Se echa en falta una visión que abandone las inercias y que busque proyectarse sobre el deber ser en este tiempo de cambio histórico.
No es sencillo en unas líneas aproximarse a esos nervios que subyacen a esta situación y que no sólo condicionan su presente, sino que serán condicionantes de la salida a la misma. Sí que es posible acercarse a describir alguna de las circunstancias cercanas a los mismos. Escasa competitividad; déficits del sistema educativo; carencias en innovación y desarrollo; debilidades productivas … pueden ser lugares propicios al acuerdo en una descripción somera. Mas, junto a estos y otros factores, debiera plantearse una reflexión seria sobre los valores que sostienen toda sociedad y que habrán de ser motor de la ansiada salida a la crisis.
Esa, creo, necesaria reflexión exige comenzar por la reivindicación de una cultura de la reflexión crítica y de la necesariamente correspondiente autocrítica. Esta, lejos de abonar catastrofismos y ser obstáculo para el progreso, es un requisito esencial para avanzar. De entrada, sólo desde la misma podrá obtenerse la que hoy emerge como nuestra primera, y no pequeña, carencia: un diagnóstico certero sobre la situación. Ni individual ni colectivamente es posible progresar si no se acepta la cuota de responsabilidad que a cada uno le corresponde en su devenir. Es seguro que la situación actual es la consecuencia de la suma de muchos y muy complejos factores. Pero también lo es que nadie es ajeno a su génesis. Sociedad civil, dirigentes políticos, cada uno de nosotros, debiera detenerse a pensar en los errores cometidos. Sólo entonces se comenzará a estar armado no sólo para salir de la crisis sino también para tramar una sociedad más justa y sólida.
La cultura de la autocrítica no es sólo una necesidad en situaciones como la presente. La reflexión crítica es un instrumento imprescindible para la formación de hombres y ciudadanos libres. El itinerario personal y colectivo siempre está suficientemente lleno de autocomplacencias y necesidad para debilitar la capacidad crítica. Crítica y responsabilidad son dos voces demasiado débiles tanto en la sociedad como en nuestra vida pública. El poder público, lejos de intimidarse por la misma, debe ser su primer motor y ejemplo.
La autocrítica no está bien vista. Pesimista o catastrofista es el juicio menor que se puede recibir por su ejercicio. En realidad, lo que no está de moda es la reflexión crítica. Son bastantes los problemas a los que hoy se enfrenta nuestro país. De ellos, no es el menor la erosión sufrida por ese pensamiento reflexivo y crítico que no se detiene ante el autojuicio cuando es necesario. Las causas son diversas y, seguramente, comprensibles. Pero las consecuencias son también diversas y en absoluto satisfactorias.
La España constitucional tiene muchos motivos para sentirse satisfecha. Incluso en momentos difíciles como el presente, complicado para cualquier valoración optimista, resulta evidente que el cambio sufrido en los últimos treinta años ha sido muy positivo si no espectacular. Progreso económico, progreso político, progreso social. Desde fuera de nuestras fronteras la visión ha ofrecido pocas dudas y se llegó a acuñar la marca “milagro español”.
En este marco histórico es fácil entender que la sociedad española realizase una inmersión profunda en la autocomplacencia. Se habían roto malditismos y victimismos atávicos. Se había olvidado la marginalidad histórica y política. Se había, incluso, alcanzado un desarrollo económico que permitía a una parte muy significativa de la población unos notables estándares vitales. Se había, se olvida con frecuencia, convertido un país de emigrantes en el país de Europa que más inmigrantes recibía. Todo ello sería suficiente para explicar la satisfacción individual y colectiva. Pero, además, es preciso tener presente que esa sociedad reaccionaba frente a la oscuridad y dureza de los años del franquismo. La suma de todo ello inevitablemente ayudaba a alejarse de visiones críticas y a erosionar lentamente la necesaria cultura de la responsabilidad.
Han pasado escasos meses desde que se inició la presente crisis que se anuncia histórica. Sin mucha precisión, se han aventurado algunas causas. Las más de las veces, mirando a un mundo exterior que no se llega a entender. Otras, mirando los edificios sin acabar, pisos sin vender y ladrillos sin distribuir. En muy pocas ocasiones se ha ido más allá. Son escasas las voces y los discursos que buscan causas más profundas. Pocas, en todo caso, las que miran hacia dentro y no apelan al azar o a los malos duendes del exterior. Por decirlo de forma expresiva, se echa en falta una reflexión serena, equilibrada pero sincera, sobre los posibles errores cometidos. Se echa en falta una visión que abandone las inercias y que busque proyectarse sobre el deber ser en este tiempo de cambio histórico.
No es sencillo en unas líneas aproximarse a esos nervios que subyacen a esta situación y que no sólo condicionan su presente, sino que serán condicionantes de la salida a la misma. Sí que es posible acercarse a describir alguna de las circunstancias cercanas a los mismos. Escasa competitividad; déficits del sistema educativo; carencias en innovación y desarrollo; debilidades productivas … pueden ser lugares propicios al acuerdo en una descripción somera. Mas, junto a estos y otros factores, debiera plantearse una reflexión seria sobre los valores que sostienen toda sociedad y que habrán de ser motor de la ansiada salida a la crisis.
Esa, creo, necesaria reflexión exige comenzar por la reivindicación de una cultura de la reflexión crítica y de la necesariamente correspondiente autocrítica. Esta, lejos de abonar catastrofismos y ser obstáculo para el progreso, es un requisito esencial para avanzar. De entrada, sólo desde la misma podrá obtenerse la que hoy emerge como nuestra primera, y no pequeña, carencia: un diagnóstico certero sobre la situación. Ni individual ni colectivamente es posible progresar si no se acepta la cuota de responsabilidad que a cada uno le corresponde en su devenir. Es seguro que la situación actual es la consecuencia de la suma de muchos y muy complejos factores. Pero también lo es que nadie es ajeno a su génesis. Sociedad civil, dirigentes políticos, cada uno de nosotros, debiera detenerse a pensar en los errores cometidos. Sólo entonces se comenzará a estar armado no sólo para salir de la crisis sino también para tramar una sociedad más justa y sólida.
La cultura de la autocrítica no es sólo una necesidad en situaciones como la presente. La reflexión crítica es un instrumento imprescindible para la formación de hombres y ciudadanos libres. El itinerario personal y colectivo siempre está suficientemente lleno de autocomplacencias y necesidad para debilitar la capacidad crítica. Crítica y responsabilidad son dos voces demasiado débiles tanto en la sociedad como en nuestra vida pública. El poder público, lejos de intimidarse por la misma, debe ser su primer motor y ejemplo.
Benach insta a Montilla a que facilite copia de los informes sospechosos
El presidente del Parlament da 15 días al Gobierno para fotocopiar los estudios
MIQUEL NOGUER - Barcelona - 25/02/2009
Los polémicos informes que el Gobierno catalán encargó a asesores externos en 2007 y cuya utilidad ha sido cuestionada deberán ver la luz. Todos. Así lo ha exigido el presidente del Parlament, Ernest Benach, al presidente de la Generalitat, José Montilla, después que este último negara a la oposición copias de los documentos sospechosos.
El requerimiento de Benach a Montilla es el resultado de la petición de amparo hecha por el diputado de CiU Jordi Turull. La semana pasada éste denunció ante la presidencia de la Cámara que el Departamento de Presidencia le había puesto trabas para obtener copia de varios informes cuyo título, precio o autor le pareció sospechoso. Si bien Presidencia le dejó acceder a los documentos, no le permitió hacer fotocopias, lo que impide dar a conocer su contenido completo.
La respuesta de Benach ha sido rápida: ha tardado apenas cuatro días hábiles. El presidente del Parlament echa mano del reglamento de la Cámara para recordarle a Montilla que no cabe una negativa a la petición de información del diputado. Benach cita en su carta el artículo 5.3 de dicho reglamento, que es meridianamente claro sobre el derecho que tienen los diputados a pedir información al Gobierno.
Dicho reglamento sólo limita este derecho en caso que el documento solicitado tenga carácter secreto. "Las autoridades o la administración requeridas, en un plazo no superior a 15 días, han de facilitar al diputado o diputada, directamente o mediante la presidencia del Parlamento, la información solicitada o bien deben permitirle el acceso libremente para que lo estudie y tome las notas que crea oportunas si, dada la índole de la documentación o según la normativa vigente, no pueden facilitarle copia de la misma", reza el reglamento.
Benach, en su carta, asegura que del título de los informes solicitados se desprende que no afectan a nadie ni pueden contener datos de carácter personal y que no han estado declarados secretos. Llegado a esta conclusión, Benach le da 15 días a Montilla para cumplir lo establecido por el reglamento. Si no lo hace, advierte, "el diputado que ha formulado la demanda de información estará facultado para hacer una pregunta en la primera reunión del pleno".
Los tres departamentos que se negaron a hacer copias de los documentos son los que dirigen los líderes del tripartito, José Montilla (Presidencia), Josep Lluís Carod Rovira (Vicepresidencia) y Joan Saura (Interior y Relaciones Institucionales). De momento, CiU se ha limitado a pedir amparo ante la falta de colaboración de Presidencia, pero en los próximos días hará lo mismo con los otros dos departamentos.
El Gobierno catalán manifestó ayer que estaba "estudiando detenidamente" la carta de Benach. Fuentes de Presidencia, sin embargo, avanzaron que por ahora no se plantean cambiar de actitud, pues entienden que hay documentos del Gobierno que no deben publicarse. El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, añadió que CiU tiene escasa legitimidad para hacer estas peticiones, ya que -recordó- en tiempos de Jordi Pujol los diputados de la oposición incluso tuvieron que recurrir a la justicia ordinaria para obtener información del Gobierno.
FLETA:INVESTIGACIÓN PENDIENTE
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el día 20 de febrero de 2009)
No se entiende, a no ser que haya interés en ocultar una verdad incómoda, que los socios del Gobierno de Aragón, PSOE-PAR, apoyados por IU, hayan rechazado la comisión de investigación que pedían los grupos parlamentarios del PP y la CHA en las Cortes. Años de obras y millones de dinero público enterrados en el edificio merecen una clarificación que se niega a la oposición y a los ciudadanos.
Desde que en 1994 la empresa Iris Park, propietaria del Gran Teatro Fleta, anunciara su cierre por inviabilidad económica, la voluntad política del Gobierno de Aragón por mantener en pie el edificio que diseñara en 1955 el arquitecto José de Yarza ha ido pareja a las vicisitudes del teatro, catalogado como bien de interés arquitectónico en 1986. Aunque posteriormente el ayuntamiento intentó su descatalogación para poder derruirlo y construir viviendas, el Gobierno de Aragón lo compró en 1998 por una cantidad en torno a los 1.170 millones de pesetas y anunció su rehabilitación. A partir de esta costosa operación -y ya con un cambio de gobierno en la DGA, puesto que el PP-PAR dio paso al equipo PSOE-PAR-, se aprobó un proyecto de rehabilitación que, en los casi diez años transcurridos, no ha podido acumular más calamidades. Hasta el punto de que, cuando la Sociedad General de Autores (SGAE) anunción en 2006 su intención de comprarlo, sus responsables describieron muy bien la suerte sufrida por el Fleta al sentenciar que del emblemático teatro solo quedaba "el espíritu".
En el camino hasta la nada, se han quedado 2.500 millones de las antiguas pesetas, más lo que costó la compra del inmueble, sin que los sucesivos responsables políticos de las obras hayan dado una explicación. Tras la operación fallida de la SGAE, ha causado estupor el anuncio oficial de que el Fleta (o su espíritu) volverá a ser lo que fue: un cine, ya que se prevé destinarlo a la Filmoteca. Los desgraciados avatares del proyecto exigen una explicación, y la negativa del PSOE-PAR, con la inestimable colaboración de IU, a que se cree la comisión de investigación confirman que la falta de transparencia se ha instalado en el quehacer político de los socios de Gobierno, lo que resulta muy preocupante y deja pendiente la necesaria clarificación de lo sucedido en el Fleta.
LA GENTE SUELE SORPRENDERSE AL DARSE CUENTA DE QUE AL ADMITIR UN ERROR NO SÓLO SE SIENTEN MEJOR,SI NO QUE A MENUDO LA RESPUESTA ES MUCHO MEJOR DE LO QUE ESPERABA.
CAROL TRAVIS, psicóloga social.
CAROL TRAVIS, psicóloga social.
NO DIGAS QUE NO ES POSIBLE
QUE YA NO TIENE SOLUCIÓN,
QUE TODO ESTÁ ACABADO.
NO.
EMPIEZA MAÑANA DE NUEVO.
Y OTRA VEZ.
Y OTRA VEZ.
(En pie de paz, Federico Mayor Zaragoza, Gedisa, Barcelona, 2008)
QUE YA NO TIENE SOLUCIÓN,
QUE TODO ESTÁ ACABADO.
NO.
EMPIEZA MAÑANA DE NUEVO.
Y OTRA VEZ.
Y OTRA VEZ.
(En pie de paz, Federico Mayor Zaragoza, Gedisa, Barcelona, 2008)
LA DECISIÓN.
(Análisis de Mikel Iturbe, publicado en "Heraldo de Aragón", el 14 de febrero de 2009).
Aquejado de una severa intolerancia hacia la crítica periodística, el alcalde Belloch, que entiende como propio el dinero público, ha decidido que la mejor forma de amedrentar a HERALDO pasa por suspender las inserciones publicitarias contratadas por el ayuntamiento. Se equivoca el alcalde, que fue aplaudido durane la Expo, si piensa que con su decisión, enmascarada en un supuesto control del gasto, podrá alterar la línea informativa de este centenario medio de comunicación. Con o sin publicidad del consistorio, HERALDO, que afortunadamente no cuenta con dependencias exclusivas y mucho menos institucionales, se mantendrá fiel a su compromiso con los lectores.
Aquejado de una severa intolerancia hacia la crítica periodística, el alcalde Belloch, que entiende como propio el dinero público, ha decidido que la mejor forma de amedrentar a HERALDO pasa por suspender las inserciones publicitarias contratadas por el ayuntamiento. Se equivoca el alcalde, que fue aplaudido durane la Expo, si piensa que con su decisión, enmascarada en un supuesto control del gasto, podrá alterar la línea informativa de este centenario medio de comunicación. Con o sin publicidad del consistorio, HERALDO, que afortunadamente no cuenta con dependencias exclusivas y mucho menos institucionales, se mantendrá fiel a su compromiso con los lectores.
El liderazgo ideal en la Administración Pública
OPINIÓN
Publicado el 29-01-2009 ,en Expansión por Oscar Cortés. Vicepresidente del Club Dirección Pública Esade Alumni
La elevada complejidad de la sociedad actual unida a un contexto marcado por la crisis económica presenta un escenario con elevada demanda de liderazgo en los diferentes ámbitos público, empresarial o social. Aunque abordar el concepto de liderazgo en lo público no es fácil, la Administración, como elemento clave en la provisión de valor público y bienestar social, también demanda líderes y equipos capaces de emprender procesos de reforma.
Mirando a la cúpula de las organizaciones públicas encontramos que los incentivos que encuentran los políticos para priorizar una reforma en el ámbito administrativo son muy débiles, especialmente porque su éxito es remoto en tiempo y posibilidades y la valoración del ciudadano va a ser muy baja cuando no nula.
De esta forma podríamos pensar en líderes en forma de directivos "ideales" que serían aquellos capaces de aglutinar al máximo nivel tres capacidades: formulación y diseño de políticas públicas, gestión interna para poner la maquinaria administrativa en marcha y consecución de un entorno que autorice, apoye, tolere o favorezca la implantación de la estrategia definida.
Por otra parte, las organizaciones en general, y las públicas en particular, están sometidas en estos tiempos a varios efectos concurrentes. Por una parte, el creciente valor de las personas y la proliferación de redes tenderán a deslocalizar el conocimiento y el poder. Por otra, se plantean nuevas demandas en el capítulo de las habilidades: escuchar, convencer, conversar, interactuar, cohesionar, ejemplificar, transparencia, inquietud y curiosidad permanente.
Es obvio que aglutinar en una o pocas personas todo lo anterior es un ideal que está lejos de existir. Podríamos, sin embargo, hablar de un óptimo en forma de liderazgo compartido y distribuido entre las diferentes personas que componen los equipos políticos y profesionales: líderes maestros, capaces de inculcar y fomentar la predisposición para que todos sepan qué aportar en un proyecto determinado; líderes que escuchen y generen cauces adecuados para la gestión del conocimiento como vía para estimular el aprendizaje organizativo; líderes que puedan producir micro-innovaciones en pequeñas actividades del día a día al servicio de los ciudadanos.
Líderes, a todos los niveles, capaces de llevarnos hacia una Administración pública inteligente en la sociedad del riesgo y del conocimiento que marca este comienzo del siglo XXI.
MUCHOS INFORMES, POCA INFORMACIÓN.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 6 de febrero de 2009)
La falta de transparencia, lejos de corregirse, se confirma como un preocupante estilo en el que parece instalado el Gobierno de Aragón. Pese a las reiteradas quejas de la oposición y de otras instancias para que haya información y claridad sobre los datos y funcionamiento de las empresas públicas, muy poco o nada se ha avanzado en este aspecto, y la promesa, reiterada por el presidente Iglesias en sus primeros discursos de investidura, de poner en marcha el Tribunal de Cuentas de Aragón ha quedado en eso, en un compromiso incumplido. Las trabas al necesario control y a la información sobre el uso y destino del dinero público se reprodujeron ayer, al inicio del periodo de Cortes de Aragón tras las largas vacaciones parlamentarias de invierno. Una proposición de ley del Partido Popular,que apoyó CHA, fue rechazada con los votos del PSOE, PAR e IU, que confirmó que su apoyo a los presupuestos municipales parece englobarse en un acuerdo político para todas las principales instituciones de Aragón. No se entiende qué motivo puede haber para rechazar que se aumente el control sobre las contrataciones externas para realizar unos informes, estudios y trabajos para los que el Gobierno aragonés ha presupuestado una cifra que supera los veinte millones de euros. La resistencia a aceptar normas básicas de buen gobierno daña la credibilidad de las instituciones y merma la confianza ciudadana.
JAPÓN LIMITARÁ A LOS EX-FUNCIONARIOS LA ENTRADA EN EMPRESAS PRIVADAS
Publicado el 04-02-2009 , por Expansión.com
El Parlamento japonés iniciará una reforma de la función pública con la que pretende eliminar la costumbre de que ministerios y agencias públicas medien para que funcionarios de alto rango obtengan puestos en empresas privadas tras su jubilación.
La práctica conocida como amakudari, que significa "caído del cielo", es ampliamente conocida, aunque es una fuente de corrupción y de interrelación de intereses entre sector público y privado, pero el primer ministro, Taro Aso, expresó ayer en el diario Yomiuri su intención de prohibir esta práctica, para lo que reformará la legislación de la Función Pública antes de fin el año.
Aso dijo abiertamente que no autorizará que los ministerios animen a que los servidores públicos obtengan la prejubilación para que puedan llegar a acuerdos con compañías privadas que trabajan con las instituciones niponas, lo que se conoce como watari, según la agencia local Kyodo. No obstante, el Gobierno prevé un período de transición de tres años hasta eliminar totalmente esta práctica.
Los partidos de la oposición criticaron la propuesta del gubernamental Partido Liberal Demócrata (PLD) para la reforma de la Autoridad de la Función Pública, pues opinan que no conseguirá eliminar estas prácticas.
Muchas de las grandes empresas japonesas cuentan entre sus filas directivas con ex funcionarios de alto rango, que en algunos casos se han convertido en centro de las críticas por casos de corrupción y manejo de información privilegiada, informa EFE.
El Parlamento japonés iniciará una reforma de la función pública con la que pretende eliminar la costumbre de que ministerios y agencias públicas medien para que funcionarios de alto rango obtengan puestos en empresas privadas tras su jubilación.
La práctica conocida como amakudari, que significa "caído del cielo", es ampliamente conocida, aunque es una fuente de corrupción y de interrelación de intereses entre sector público y privado, pero el primer ministro, Taro Aso, expresó ayer en el diario Yomiuri su intención de prohibir esta práctica, para lo que reformará la legislación de la Función Pública antes de fin el año.
Aso dijo abiertamente que no autorizará que los ministerios animen a que los servidores públicos obtengan la prejubilación para que puedan llegar a acuerdos con compañías privadas que trabajan con las instituciones niponas, lo que se conoce como watari, según la agencia local Kyodo. No obstante, el Gobierno prevé un período de transición de tres años hasta eliminar totalmente esta práctica.
Los partidos de la oposición criticaron la propuesta del gubernamental Partido Liberal Demócrata (PLD) para la reforma de la Autoridad de la Función Pública, pues opinan que no conseguirá eliminar estas prácticas.
Muchas de las grandes empresas japonesas cuentan entre sus filas directivas con ex funcionarios de alto rango, que en algunos casos se han convertido en centro de las críticas por casos de corrupción y manejo de información privilegiada, informa EFE.
ESPAÑA SE FUNCIONARIZA CADA VEZ MÁS.
Editorial del diario "El Mundo", publicado el viernes 30 de enero de 2009.
La crisis ha producido una fuerte destrucción de empleo durante el año pasado en todos los sectores de la economía española excepto en uno: las Administraciones Públicas. Según revela hoy EL MUNDO, el número de funcionarios y empleados del sector público creció en 116.000 personas el año pasado, mientras el paro se incrementaba en 1,2 millones de personas, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
La EPA refleja que por primera vez en la historia el número de empleados públicos supera los tres millones, lo que supone que el 18,6% de la población asalariada trabaja para las Administraciones del Estado. El dato adquiere especial relevancia si se compara con el pasado: hace 20 años, en 1988, el total de empleados públicos era de dos millones, exactamente un millón menos que ahora.
Por lo tanto, y a pesar de la retórica de los diversos Gobiernos sobre la necesidad de adelgazar el aparato del Estado, la realidad es que el número de empleados públicos ha ido creciendo de forma permanente hasta superar este hito de los tres millones.
El crecimiento ha sido desigual porque el proceso de transferencias de competencias ha reducido drásticamente el número de empleados de la Administración central mientras crecía el de las comunidades autónomas. A principios de 1990, las comunidades daban empleo a 400.000 funcionarios y hoy tienen en nómina a 1,6 millones de trabajadores, el 54% del total. Por contra, la Administración Central ya sólo representa un 17%.
El desembolso que las Administraciones Públicas realizan para pagar a esos tres millones de empleados públicos ascenderá a 108.000 millones de euros este año, lo que supondrá en torno al 10% del PIB. La masa salarial ha crecido más de un 5% tras un ejercicio en el que la inflación no ha llegado al 2% y en una situación de despidos masivos en muchos sectores industriales.
Los funcionarios nos cuestan a cada español 2.400 euros al año, una cifra muy considerable, máxime en unos momentos de crisis en los que tiende a reducirse la base laboral mietras se ensancha ese número de empleados públicos.
La congelación de los salarios de los funcionarios este año hubiera supuesto un ahorro de casi 6.000 millones de euros, una cifra sensiblemente superior al presupuesto del Estado y las comunidades en materia de Justicia. Pero el Gobierno no sólo no se ha atrevido a adoptar esa medida -como hizo Aznar en 1997- sino que ha aumentado los sueldos de los funcionarios por encima del doble de la inflación.
La cuestión es hasta dónde es sostenible desde el punto de vista económico esta espiral del incremento del número de funcionarios, entre los que se han disparado los asesores, los burócratas y el personal de servicio a los ministros, consejeros y altos cargos de todas las Administraciones, especialmente en las comunidades autónomas.
La hipertorfia funcionarial que padece España no ha significado, sin embargo, una mejora de los servicios ni de la calidad de la atención al público, por lo que resulta muy difícil de entender que, por ejemplo, las comunidades contrataran 88.000 nuevos empleados el año pasado.
Numerosos gobernantes en España han expresado su voluntad de recortar el sector público, pero ninguno de ellos ha podido hacerlo. Da la impresión de que Zapatero ni lo intenta, probablemente porque piensa que el empleo público puede aliviar el fuerte aumento del paro, lo cual es un error que hipoteca el futuro desarrollo económico del país.
La crisis ha producido una fuerte destrucción de empleo durante el año pasado en todos los sectores de la economía española excepto en uno: las Administraciones Públicas. Según revela hoy EL MUNDO, el número de funcionarios y empleados del sector público creció en 116.000 personas el año pasado, mientras el paro se incrementaba en 1,2 millones de personas, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
La EPA refleja que por primera vez en la historia el número de empleados públicos supera los tres millones, lo que supone que el 18,6% de la población asalariada trabaja para las Administraciones del Estado. El dato adquiere especial relevancia si se compara con el pasado: hace 20 años, en 1988, el total de empleados públicos era de dos millones, exactamente un millón menos que ahora.
Por lo tanto, y a pesar de la retórica de los diversos Gobiernos sobre la necesidad de adelgazar el aparato del Estado, la realidad es que el número de empleados públicos ha ido creciendo de forma permanente hasta superar este hito de los tres millones.
El crecimiento ha sido desigual porque el proceso de transferencias de competencias ha reducido drásticamente el número de empleados de la Administración central mientras crecía el de las comunidades autónomas. A principios de 1990, las comunidades daban empleo a 400.000 funcionarios y hoy tienen en nómina a 1,6 millones de trabajadores, el 54% del total. Por contra, la Administración Central ya sólo representa un 17%.
El desembolso que las Administraciones Públicas realizan para pagar a esos tres millones de empleados públicos ascenderá a 108.000 millones de euros este año, lo que supondrá en torno al 10% del PIB. La masa salarial ha crecido más de un 5% tras un ejercicio en el que la inflación no ha llegado al 2% y en una situación de despidos masivos en muchos sectores industriales.
Los funcionarios nos cuestan a cada español 2.400 euros al año, una cifra muy considerable, máxime en unos momentos de crisis en los que tiende a reducirse la base laboral mietras se ensancha ese número de empleados públicos.
La congelación de los salarios de los funcionarios este año hubiera supuesto un ahorro de casi 6.000 millones de euros, una cifra sensiblemente superior al presupuesto del Estado y las comunidades en materia de Justicia. Pero el Gobierno no sólo no se ha atrevido a adoptar esa medida -como hizo Aznar en 1997- sino que ha aumentado los sueldos de los funcionarios por encima del doble de la inflación.
La cuestión es hasta dónde es sostenible desde el punto de vista económico esta espiral del incremento del número de funcionarios, entre los que se han disparado los asesores, los burócratas y el personal de servicio a los ministros, consejeros y altos cargos de todas las Administraciones, especialmente en las comunidades autónomas.
La hipertorfia funcionarial que padece España no ha significado, sin embargo, una mejora de los servicios ni de la calidad de la atención al público, por lo que resulta muy difícil de entender que, por ejemplo, las comunidades contrataran 88.000 nuevos empleados el año pasado.
Numerosos gobernantes en España han expresado su voluntad de recortar el sector público, pero ninguno de ellos ha podido hacerlo. Da la impresión de que Zapatero ni lo intenta, probablemente porque piensa que el empleo público puede aliviar el fuerte aumento del paro, lo cual es un error que hipoteca el futuro desarrollo económico del país.
5 comentarios:
Vivan los que soñaron un poquito, como diría Emilio Gastón.
Triunfa la verdad, hoy algunos estamos de celebración, otros deberían reflexionar y pensar que aun pueden contribuir a mejorar el servicio que prestamos a los ciudadanos pero siempre dentro de la más absoluta legalidad.
FELICIDADES A ESTA ASOCIACIÓN, SEGUIR.
Importantísima sentencia cuyos efectos aún no somos capaces de calibrar. Mis felicitaciones a esa Asociación, pero también a los magistrados del Supremo que la han dictado. Ya era hora que el sentido común se impusiese sobre la arbitrariedad y la dejación general.
Véase este comentario en el blog de nuestros colegas asturianos del Conceyu por Otra Función Pública:
Los compañeros de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa nos remiten la importantísima sentencia dictada por la Sala de lo contencioso - administrativo del Tribunal Supremo el 29 de octubre de 2010, notificada a esa asociación el 28 de enero en el recurso de casación promovido por la misma (ver sentencia completa), en la que se declara la obligación de las Administraciones Públicas de incluir todas las plazas vacantes cubiertas por interinos en la oferta de empleo público.
La sentencia tiene una enorme trascendencia por varias razones, las fundamentales:
- Las Administraciones Públicas no pueden sustraer discrecionalmente puestos vacantes de la oferta de empleo público y, consecuentemente, de los procedimientos para ocupar esos puestos de trabajo de forma definitiva, de acuerdo con los principios constitucionales de publidad, igualdad, mérito y capacidad.
- Cuando una Administración Pública excluye plazas vacantes de la oferta de empleo público no sólo está cometiendo una actuación ilegal, sino que, además, con esta práctica ilegal vulnera el derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución, conforme al cual todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a acceder a los empleos públicos en condiciones de igualdad.
- No son lícitos para intentar justificar los recortes de la oferta de empleo público en la que no se incluyen todos los puestos vacantes, argumentos tales como la existencia de motivos económicos o de autoorganización, pues las plazas están presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos.
- El cumplimiento escrupuloso de esta obligación legal supondría un paso imprescindible para reducir la precarización del empleo público que hoy azota a la totalidad de las Administraciones del Estado y que incide muy negativamente sobre la calidad de los servicios públicos y sobre las condiciones de imparcialidad necesarias para el desempeño de las funciones públicas.
Finalizamos reiterando la importancia del éxito alcanzado por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, ejemplo del buen hacer de una asociación independiente en defensa del interés general.
No logro desentrañar la sentencia en este tamaño.
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