AHORA, LA DEMANDA CONTRA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2010.

Por fin, después del infructuoso trámite para completar el expediente administrativo correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2010, aprobada por Decreto 39/2010, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón, en los próximos días esta Asociación formalizará el escrito de demanda del recurso contencioso-administrativo promovido en su día contra la citada Oferta.

Las razones de la impugnación son, básicamente, las mismas que motivaron la efectuada contra la Oferta de 2007, anulada finalmente por el Tribunal Supremo, por vulnerar el derecho de acceso a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Dicha sentencia vendrá, por lo tanto, a reforzar el escrito de demanda, confiando esta Asociación en que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón venga a asumir, en esta ocasión, el criterio establecido por el Tribunal Supremo, lo que supondría su primer traslado a este nivel jurisdiccional.

Además de la no inclusión de la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos, cuyo cálculo habrá que relacionar con las que, en ejecución de sentencia, habrán de incluirse en la nueva Oferta de 2007, la Oferta de 2010 adolece de graves defectos formales de legalidad, que ponen de manifiesto el descuido y la falta de rigor en su aprobación por parte de la Dirección General de la Función Pública: no constan en el expediente las estimaciones de los Departamentos sobre las necesidades a atender en el ámbito de la Administración General, ni la propuesta del Departamento de Salud y Consumo sobre las necesidades de personal en el sector de salud, ni tampoco las necesidades de las diferentes entidades de Derecho público que, por primera vez, se incluyen en la Oferta, como son la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, Aragonesa de Servicios Telemáticos e Instituto Aragonés del Agua.

Si en el expediente no se han reflejado las necesidades de personal a incluir en la Oferta –salvo las de personal de la Administración educativa, a propuesta del Departamento de Educación, Cultura y Deporte-, ¿quién ha efectuado la estimación de tales necesidades y con qué criterio? La falta de tal propuesta priva de fundamento objetivo al Decreto aprobado. ¿Qué razones justifican que no exista una sola plaza de la Escala Auxiliar Administrativa en la Oferta, o que no se convoque por turno libre ni una sola plaza de personal laboral, cuando el número de personal laboral temporal se aproxima a las dos mil personas? ¿Cómo es posible, en cambio, que se incluyan plazas inexistentes en dicho momento, como son las correspondientes a la todavía no creada Clase de especialidad de Sociólogos y Politólogos? ¿Cómo cabe incluir las plazas que no existen y omitir las cubiertas por interinos? ¿Es posible mayor arbitrariedad en el manejo de los puestos públicos?

¿Por qué el Departamento de Presidencia se ha negado, a lo largo del año 2010, a facilitar a esta Asociación los datos relativos a las plazas ocupadas por personal interino? ¿Para evitar que los ciudadanos puedan ejercer el control del poder político y velar por su sujeción a la Ley? ¿Para gestionar la función pública desde la opacidad y la desinformación? Afortunadamente, la sentencia reciente del Tribunal Supremo ha dado un giro decisivo a la cuestión, algo que no podían imaginar los responsables de la función pública aragonesa, y que los sitúa en una posición cada día más comprometida, más insostenible.

Se hace necesario gestionar la función pública desde la transparencia y la legalidad, criterios que aún hoy no parece desear respetar el Gobierno de Aragón, a pesar del inequívoco fallo del Tribunal Supremo.