SIN OLVIDAR LA DEFENSA DEL DERECHO DE PETICIÓN.

Esta Asociación no olvida una de sus principales líneas de actuación, como es la reivindicación y el ejercicio del derecho fundamental de petición ante las instituciones públicas, una vez evidenciada la sistemática vulneración del mismo por parte del Gobierno de Aragón y también, lamentablemente, por las Cortes de Aragón, motivando este último supuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pendiente de sentencia tras su admisión a trámite.

Una vez más, las instituciones públicas aragonesas -con la honrosa excepción del Justicia de Aragón- han puesto de manifiesto su pobre concepción del Estado de Derecho, que se limita a ofrecer la vía del recurso a los Tribunales a quienes consideren que alguna de sus actuaciones es contraria a Derecho. Saben perfectamente la obligación que impone el ejercicio de un derecho fundamental como el de petición, pues se expone con total claridad en la Ley Orgánica 4/2001 que lo regula, pero, sencillamente, pues no cabe otra explicación, carecen de la voluntad de respetarlo, acaso desconociendo el alcance deslegitimador que para una autoridad pública conlleva el desprecio de derechos fundamentales de los ciudadanos. La cultura del poder parece hacerlos insensibles a la cultura democrática de los derechos ciudadanos.

Como ya señalaba la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, fruto de la Revolución Francesa, "toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución". Nuestra sociedad no carece de Constitución porque ambas cosas están garantizadas, pero existe -como podemos evidenciar de forma reiterada- un grave déficit de sentimiento constitucional en nuestra clase política, que se cree habilitada por razón de su posición de poder a ignorar los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Por ello, y porque entendemos que semejante actitud es impropia de un Estado democrático y compromete la vigencia efectiva de las normas más elementales de todo Estado de Derecho, esta Asociación va a impulsar acciones judiciales para defender el ejercicio del derecho de petición ante el Gobierno de Aragón, cuyo Presidente, Consejeros y altos cargos no han tenido el menor reparo, en estos últimos cuatro años, en desatender las peticiones de esta Asociación, incumpliendo el deber de respuesta que establece la Ley Orgánica 4/2001.

La semana próxima, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, se celebrarán unas jornadas con el título "Nuevas formas de participación política", con la intervención de diferentes constitucionalistas españoles, incluyendo también una ponencia del Director General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, Ignacio Celaya, que lleva por título "La experiencia aragonesa en el marco de las políticas normativas de participación ciudadana", en la que imaginamos omitirá toda referencia a la inadmisible actitud del Gobierno de Aragón en materia de derecho de petición y a su rotundo fracaso como Director General para que su programa de participación ciudadana incluya, como prioridad, la garantía del derecho fundamental de petición, sin lo cual la política puesta en marcha carece de toda credibilidad democrática. Acaso porque se rechaza, como dicho responsable manifestó a esta Asociación, que los ciudadanos pretendan marcar la agenda del Gobierno. Será éste, claro, el que marque la agenda de los ciudadanos, como debe ser en toda sociedad donde se pretende una nítida separación entre gobernantes y gobernados, algo que sin embargo no se corresponde con nuestro diseño constitucional.