OPOSICIONES, SEGÚN Y CÓMO: EL TRISTE ESPECTÁCULO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE.

Las instituciones se legitiman –al menos, en lo que hace a la legitimación de ejercicio- con el correcto cumplimiento de las funciones que tienen atribuidas. Por ello, el papel a cumplir por los Defensores del Pueblo o Comisionados Parlamentarios autonómicos –existentes en trece Comunidades Autónomas- en la defensa de los derechos de los ciudadanos debiera ser decisivo en la corrección de la arbitrariedad de los poderes públicos, a pesar de que sus resoluciones carezcan de fuerza vinculante equiparable a la de las sentencias de los Tribunales.

Conscientes del papel que han de jugar tales instituciones, entre las que se encuentra el Justicia de Aragón –elevado a la categoría de institución de la Comunidad Autónoma-, esta Asociación no ha dudado en formular su defensa del derecho de acceso a la función pública tanto al Justicia de Aragón como al Defensor del Pueblo. Particular importancia tuvo la sugerencia realizada por el Justicia de Aragón, recordando al Gobierno de Aragón la obligación de aprobar anualmente Oferta de Empleo Público, en respuesta a la queja de esta Asociación por la falta de su aprobación en el año 2008.

Esa obligación de aprobación, y el criterio de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de que no hay mayor negación del derecho de acceso a la función pública que la negación de los procesos públicos de selección legalmente establecidos, debiera pesar en los responsables de nuestra Administración a la hora de resolver cuestiones como las oposiciones a cuerpos docentes, donde el incumplimiento de unos se utiliza como coartada o argumento para el incumplimiento general.

Ahora, por lo que se ve, se apela a la ilegalidad como mecanismo de protección, demostrando con ello la falta de lógica en que parecen haberse instalado los sindicatos de la función pública. Se vuelve a la doctrina rechazada por el Tribunal Supremo: la falta de procesos a nadie lesiona ya que nadie puede acceder, y sobre todo a quien se quiere hacer creer que no lesiona es a los interinos cuyos puestos podrán seguir desempeñando uno o dos años más, por la falta de oferta. Pan para hoy, y ya veremos mañana. En definitiva, la Administración se maneja a beneficio personal, aunque ello se haga vulnerando sus principios más básicos, como es el régimen de acceso.

Se trata de evitar a toda costa que a los puestos de una Comunidad Autónoma puedan acceder ciudadanos españoles o europeos de fuera de la Comunidad, en un claro ejemplo de improcedente patrimonialización de los puestos públicos, para lo cual no se duda en poner las trabas necesarias a la movilidad territorial de los potenciales candidatos. Los sindicatos reclaman la no convocatoria de procesos selectivos para evitar que puedan concurrir candidatos de otras Comunidades Autónomas. Se renuncia al derecho propio para evitar que ese derecho pueda ser ejercido por otros, en una lógica cuyas consecuencias no pueden ser más funestas para la salud de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. La legalidad se subordina al interés personal, interpretado por los propios afectados.

Nos gustaría que la lógica del derecho se impusiera, en el ámbito de las Administraciones, a la lógica de los intereses personales y, sobre todo, a la lógica del interés electoralista de los sindicatos. La preponderancia de estos sólo se puede explicar, en todo caso, por la enorme dejación de responsabilidad en que han incurrido e incurren los máximos responsables de función pública de nuestras Comunidades Autónomas, y buena parte de los órganos e instituciones de control que debieran evitar que ello ocurra.

Por ello, y por entender que la actual polémica sobre las oposiciones a cuerpos docentes es la más palmaria demostración del grado de descomposición que muestran nuestras Administraciones Públicas en materia de selección de personal –desconociendo de forma pública y notoria la libre circulación de trabajadores que propugna la Unión Europea y que, en el ámbito interno español, es un principio del Estado autonómico que no cabe vulnerar-, esta Asociación se va a dirigir al Defensor del Pueblo español, al Defensor del Pueblo Europeo, al Justicia de Aragón y al resto de los Defensores del Pueblo autonómicos para reclamarles una actuación decidida a favor del acceso a la función pública docente de los ciudadanos, recordando a las Administraciones la obligatoriedad de aprobar la oferta anual de empleo público y la imposibilidad de invocar su inaplicación para impedir la libre circulación de trabajadores dentro del territorio español y europeo.