martes, 8 de febrero de 2011

LA ILEGALIDAD DENUNCIADA Y LA ILEGALIDAD DECLARADA.

Es una suerte poder revisar buena parte del camino recorrido por esta Asociación en su defensa del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, y descubrir que, pese al paso del tiempo, el discurso que se ha venido manteniendo desde el momento mismo de nuestra constitución en febrero de 2007 mantiene vigencia y coherencia. Ello tiene una explicación sencilla, pues la reivindicación de los principios y derechos constitucionales, al margen de estrategias marcadas por intereses personales o concretas coyunturas, es una garantía de coherencia y de fortaleza. Así lo hemos podido comprobar recientemente.

Es una suerte, por supuesto, mirar hacia atrás desde la perspectiva que ofrece la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha venido a avalar nuestras tesis, al anular la Oferta de Empleo Público de 2007 por no incluir los puestos vacantes ocupados por interinos y vulnerar, con ello, el derecho fundamental de acceso a la función pública que establece el artículo 23.2 de la Constitución Española.

No ocultamos la satisfacción por el hecho de que quienes han luchado por ese derecho de los ciudadanos sean precisamente los funcionarios de carrera, y no sindicatos ni plataformas de interinos, no agrupaciones de opositores ni academias de preparación, como cabría imaginar desde una óptica de los intereses defendidos.

Cuando se ha logrado el objetivo pretendido, todos los esfuerzos realizados cobran pleno sentido y recompensan. No nos hemos esforzado en vano, y celebramos que el pronunciamiento del Tribunal Supremo no sólo se proyecte sobre la Administración de nuestra Comunidad Autónoma, sino sobre todas las Administaciones Públicas españolas. Con ello podemos afirmar –o reafirmar- que defender la función pública aragonesa ha sido también defender la función pública en el conjunto de nuestro sistema constitucional, al vincular el régimen de acceso a la función pública y la aprobación de las ofertas de empleo público a las exigencias del derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución.

De las muchas consecuencias que cabría extraer del proceso vivido por esta Asociación en su lucha por el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, deseamos destacar la interesada disociación que algunos hicieron entre ilegalidades denunciadas –a las que calificaban como meras opiniones- e ilegalidades declaradas –reservando esta noción únicamente a las recogidas en las sentencias de los tribunales-, olvidando acaso, de forma intencionada, que sólo puede haber una ilegalidad declarada cuando alguien la ha denunciado previamente y ha solicitado un pronunciamiento judicial, superando para ello los numerosos obstáculos procesales que unos y otros procuran siempre levantar para evitar una sentencia como la ahora dictada.

No vamos a referirnos ahora al triste papel que jugaron los sindicatos mayoritarios de la función pública aragonesa –UGT y CCOO-, haciendo causa común con la Administración en la defensa de una Oferta de Empleo Público que ha declarado ilegal el Tribunal Supremo.

Preferimos, en esta nota, recordar la intervención del portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón, Ricardo Berdié, quien en su contestación a la intervención realizada por el Presidente de esta Asociación, Julio Guiral, ante dicha Comisión, alertando de la vulneración de la legalidad en materia de oferta de empleo público, replicó que no podía compartir las opiniones vertidas por la Asociación. Las ilegalidades de las que hablaba esta Asociación, mientras no hubiese sentencias de los tribunales que las declarasen, eran meras opiniones, dijo entonces, opiniones que en modo alguno él podía suscribir. Lamentamos entonces y lo hacemos nuevamente ahora el que algunos de nuestros cargos políticos hayan reducido a su mínima expresión la noción de Estado de Derecho y que la vulneración de la norma, por evidente que resulte, se niegue hasta que no la declare un tribunal.

Se olvidaba de citar, en aquella intervención, el conjunto de dificultades de orden económico y procesal que han de afrontar los ciudadanos para obtener un pronunciamiento judicial que dé amparo a sus derechos constitucionales, como ha sucedido en este caso. No se aludía al empeño de los letrados de la administración y de los sindicatos de la función pública –como UGT y CCOO- para tratar de negar capacidad procesal a esta Asociación para promover su recurso. El pretender privar a una asociación de la más elemental capacidad de acceso a los tribunales para defender la vigencia de los derechos fundamentales da una idea exacta de lo lejos que queda nuestra Administración del ideal de Administración democrática hacia el que debemos caminar.

Pese a ello, vencidos todos los obstáculos, ignoradas las descalificaciones que se nos dirigieron, esta Asociación ha obtenido la sentencia que se nos reclamaba para que nuestra denuncia no se limitara a una simple opinión, formulada en ejercicio de nuestra libertad de expresión. La ilegalidad ha sido declarada por los tribunales, y no por cualquier tribunal, sino por el Tribunal Supremo, y no se trata tampoco de una ilegalidad cualquiera, sino de una vulneración de un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Es posible que quienes desoyeron y rechazaron nuestra opinión nada digan ahora, e incluso intenten, en la medida que les resulte posible, evitar la ejecución de la sentencia ahora dictada, dejando así al descubierto su absoluta falta de compromiso con el Estado de Derecho y, por extensión, con nuestros valores democráticos.

31 comentarios:

Anónimo dijo...

Muy buen artículo de JULIO CALVO IGLESIAS

Anónimo dijo...

El caso es que la legalidad, o la inconstitucionalidad, ha sido declarada. ¿Qué dirá ahora el señor Berdié? ¿El consabido acatamiento de las sentencias de los Tribunales?

Anónimo dijo...

¿Y no hay responsables de la ilegalidad ahora declarada?

Anónimo dijo...

¿Qué es un proceso, un mero debate teórico y doctrinal?

Anónimo dijo...

¿Violar un derecho constitucional no tiene consecuencias políticas ni legales?

Anónimo dijo...

¿No van a dimitir Larraz ni Velasco?

Anónimo dijo...

¿No se va a cesar a Antonio Brun?

Anónimo dijo...

Guiral ha hecho historia al frente de la Asociación, con este éxito que pone en evidencia la mediocridad de la gestión de personal en nuestras Administración.

Anónimo dijo...

El acceso a oposiciones de maestro en Aragón ha desatado los nervios entre una parte de los aspirantes. Aducen que si otras comunidades no convocan plazas, las de aquí tendrán un efecto llamada al que acudirán desde otros territorios en los que se exige para optar a ellas un determinado grado de idioma, como en Valencia. Los sindicatos y la administración no lo ven tan problemático, pero algunos interinos --mejor situados-- reclaman incluso que se paralicen hasta hacerlas coincidir con las oposiciones de otras comunidades. Cuando no se convocan se exigen y si se ponen en marcha se pide menos competencia.

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Comentario:

¡Qué vergüenza! Ahora sólo aprueban los que ya son interinos, y encima se quejan de que tienen competencia. Es una degración total del sistema.

Anónimo dijo...

Comentario:

las plazas de Aragón quiero q sean para los mejores, me importa un ... donde hayan nacido, quiero q los maestros de mis niños sean los mejores y punto.
yo oposité a cuerpo superior de admon y ahí nadie se preocupaba de donde venía cada uno, lo importante era ser el mejor para ganar la plaza.

Anónimo dijo...

ULTIMA HORA.

HUELVA.- La Guardia Civil ha retirado esta tarde gran cantidad de documentación y ordenadores del Ayuntamiento de Ayamonte, en presencia del alcalde, el socialista Antonio Rodríguez, y de representantes de los juzgados del municipio.

Fuentes municipales han informado a Efe de que los agentes se han llevado "una furgoneta repleta de documentación", sin que se sepa el motivo exacto de la intervención.

El Ayuntamiento de Ayamonte está gobernado en minoría por el PSOE, después de que el Partido Andalucista rompiera en 2009 el pacto de gobierno.

Anónimo dijo...

La Guardia Civil interviene el Ayuntamiento de Ayamonte.

Los agentes se han llevado gran cantidad de documentación y ordenadores en un registro en el que ha estado presente el alcalde del municipio, el socialista Antonio Rodríguez.

diario de sevilla

Anónimo dijo...

¿opinión o sospecha?

Anónimo dijo...

Comentario:

16 de febrero. en sevilla. manifiestate contra la corrupcion de funcionarios y politicos. basta ya'¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Anónimo dijo...

La documentación registrada, tras un mandato judicial, por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva), gobernado por Antonio Rodríguez Castillo (PSOE), es de materia urbanística, y el caso está bajo secreto de sumario, según han explicado a Europa Press fuentes de la investigación.

Estas fuentes han precisado que no hay ningún detenido y que el registro ha tenido lugar esta misma mañana en el Consistorio ayamontino, tras una orden judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y portavoz del partido socialista en Ayamonte, José María Fernández López, ha asegurado este martes que ha habido un requerimiento de documentación por parte del citado juzgado y que el Consistorio se ha puesto a disposición del mismo --tanto los técnicos como el propio alcalde--, después de que la Guardia Civil haya requisado este martes "30 ó 40 cajas con documentación y ordenadores", según han informado fuentes cercanas al caso.

En declaraciones a Europa Press, Fernández, sin desvelar el tipo de documentación requerida, ha hecho hincapié en que "sólo han requisado documentación, pero ningún ordenador", así como ha insistido en que "no hay dramatismo porque está todo aclarado".

Según ha explicado el primer teniente de alcalde, "hace cuatro años volvió a pasar lo mismo, justo antes de las elecciones", por lo que se puede tratar de "algo cíclico", a lo que ha añadido que "las ventanas del Ayuntamiento son de cristal y todo es transparente".

Los agentes han llegado al Consistorio ayamontino sobre las 10,00 horas de este martes y han abandonado el mismo sobre las 16,30 horas.

Actualmente, el Ayuntamiento de Ayamonte está gobernado en minoría por el PSOE, después de que el PA rompiera el pacto de gobierno que mantenía con los socialistas en el mes de junio de.

DIARIO DE HUELVA.

Anónimo dijo...

Comentario:

Tengo la suerte de tener trabajo y por lo tanto pago impuestos, lo que ya no sé a donde va mi dinero ni si se mete a algún bolsillo en particular.

¿Es que nadie es capaz de acabar con el choriceo y la corrupción en España?

Que vergüenza de pais...., no nos merecemos esta clase politica. Ellos sabran porque no acaban con esta mangancia de una vez.

Anónimo dijo...

Comentario:

Esto es un sin vivir, digo yo que por que no se ponen de acuerdo y registran el mismo día todos los ayuntamientos que aun no lo han sido.

Anónimo dijo...

Lo mismo pero en Extremadura:

Si en un principio la oferta de 239 plazas docentes fue acogida con recelo por los sindicatos, que exigían al menos 410 para, entre otras cosas, dar cobertura a los más de 300 maestros que se jubilan este año, ahora parece que dan un paso atrás a la espera de lo que hagan otras autonomías con el fin de evitar el efecto llamada y un aluvión de opositores de otras autonomías. La semana pasada la mesa sectorial aprobaba la oferta, emplazando a este jueves la distribución de plazas por especialidad. Finalmente la reunión de este jueves se ha suspendido hasta la próxima semana cuando las otras comunidades autónomas deben desvelar sus cartas", según confirmó el presidente del sindicato PIDE, José Manuel Chapado."Tan irresponsable sería no convocar como convocar sin saber que se va a hacer finalmente en otras regiones", precisa.

En esta línea, ha recordado que, en la reunión del pasado 25 de enero con el Ministerio de Educación, cada comunidad planteó sus previsiones con lo que oferta de estas podría ampliarse o reducirse, provocando el flujo de opositores a las de mayor oferta. De hecho, "solo en Madrid, Castilla y León y Andalucía concurrieron hace dos años 50.000 opositores para magisterio" con lo que, según Chapado, hay que estar especialmente vigilantes a lo que ocurra en estas regiones. Desde CCOO también dejan la puerta abierta a una posible revisión. "Si las circunstancias cambiaran de manera sustancial tendría sentido replantearse la oferta", ha señalado. No obstante, reiteran que la situación no aconseja por el momento una medida tan negativa para el sistema educativo.

La voz más crítica parte del sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Extremadura (STE-EX), quien ha pedido a la Junta la total e inmediata congelación de la Oferta de Empleo Público (OPE) para la Enseñanza no Universitaria. A su juicio, la falta de oferta en otras regiones españolas produciría una avalancha de opositores de la que saldría "enormemente perjudicado" el profesorado interino de Extremadura. Aunque su cometido es la "defensa de la creación de puestos de trabajo definitivos", dadas las circunstancias, dicen no ver otra salida que la de congelar la oferta de empleo.

A este respecto, PIDE, CCOO y CSIF han recordado que STE-EX no tiene representación en la mesa sectorial de Educación y critican que sostenga ahora una postura contraria a la de la semana pasada. Los tres coinciden en que lo que realmente perjudicaría a los interinos sería la congelación de la convocatoria.

Desde CSI-F, su presidente autonómico en Enseñanza, Adrián Vivas, considera que se trata de "una oferta equilibrada ajustada a las necesidades de Extremadura". Para él, la ausencia durante tres años de oposiciones propiciaría el retorno a las tasas de principios de este siglo cuando había "cuatro interinos por cada diez profesores". En su opinión, esta oferta supone la oportunidad de dar estabilidad laboral a los interinos y sostiene que "no se puede hablar de efecto llamada cuando los docentes son cuerpos nacionales".

EL PERIODICO DE EXTREMADURA.

Anónimo dijo...

Comentario:

Ya ha pasado más veces, viene gente de fuera en tromba... Se meten en listas o sacan plaza (no porque sean mejores, simplemente la suerte, experiencia,etc...) y claro, ¿ordenadores en aulas?, ¿pizarras digitales?, ¿Rayuela?... Es injusto para los que trabajan aquí sean extremeños o no... Además, los pisos, los coches, la ropa, hasta los tuppers se los trean de caso con lo que Extremadura pierde renta y gana parados... Desvestir un santo para vestir a otro... No es justo, o convocan todas la CCAA o ninguna... Ha habido precedentes, así no...

Anónimo dijo...

Comentario:

y luego queremos ser europeos... pandilla de....

Anónimo dijo...

Comentario:

Increible lo que leo. Es mejor que no haya oposiciones en Extremadura. ¡Qué poco miran por nosotros!¡Qué vergüenza! ¿No veis que va a venir mucha gente de otros lugares de España?

Anónimo dijo...

Comentario:

En estas circunstancias sería mejor no convocar oposiciones y favorecer los intereses del profesorado interino de Extremadura!!!

Anónimo dijo...

Hay que seguir luchando, amigos.

Anónimo dijo...

Es significativo el silencio que guardan los sindicatos sobre este asunto.

Anónimo dijo...

Lamento decirlo pero nos tenemos que replantear el funcionamiento de las Comunidades Autónomas. Yo creo que las oposiciones las debería convocar en toda España el Estado central, con Tribunales formados por funcionarios estatales y autonómicos, pero el control de la organización de las oposiciones lo debería tener el Estado ya que tiene competencia en todo el territorio nacional para garantizar los principios básicos constitucionales.

Anónimo dijo...

Hace ya muchos años, en mi condición de funcionario de la Admón. central, desplazado fuera de mi tierra, a la que siempre había previsto volver en cuanto pudiera, pude comprobar como la implantación del Estado autonómico recortaba mis derechos y mis expectativas. En un supuesto régimen de libertades, recién estrenado entonces, arrancábamos con una perdida de derechos para un colectivo importante, como el de los funcionarios, sin una contraprestación equivalente para los ciudadanos, que no ganaban con ese sacrificio ninguna libertad o derecho adicionales. Una gilipollez a mayor gloria de la autonomía de regiones y nacionalidades.

Las convocatorias de plazas, recortadas en unos casos, aplazadas en otros y con distinto nivel de exigencia en todas, crean un maremagnum de difícil coordinación, que recorta derechos, introduce ineficacia, encarece los procesos… sin que nadie gane nada a cambio.

O se reconduce la situación o esto se va a la m… ¡Qué follón hemos montado para nada!

Anónimo dijo...

Totalmente de acuerdo con el último comentario. ¿Pero para eso no está la Dirección General de Función Pública? ¿No debería garantizar el cumplimiento de las normas básicas de función pública y vigilar que los procesos selectivos fueran iguales en toda España? creo que eso hoy en día es ciencia ficción.

Anónimo dijo...

Uno o varios funcionarios de la Ciudad de la Justicia de Valencia, la misma en la que trabajan jueces y fiscales, han colgado carteles en los pasillos con la imagen y el nombre del periodista del diario Levante-EMV que, en una formidable ejercicio periodístico, ha destapado las miserias de un pequeño sector de esta profesión. Ramón Ferrando, como así se llama el compañero, desveló la pasada semana que varios funcionarios se “escaqueaban” de su trabajo cada día con el simple método de “fichar” por la mañana y desaparecer. Con la colaboración de Levante-TV, se pudo verificar que estos aparcaban el coche ante la puerta, bajaban para marcar la entrada a su trabajo, y volvían a su vehículo para pasar el día rascándose los respetables.

Uno o varios de estos funcionarios, lejos de aceptar su vergüenza y el descrédito que provocan a todos los compañeros que sí cumplen con eficiencia y rigor su trabajo, han decidido matar al mensajero. Es decir, lanzar amenazas contra el periodista y el rotativo que ha destapado una historia que debería hacer sonrojar a muchos. El método se asemeja mucho al de un grupo matones; colgándo foto y nombre para acogotar al informador. Lo peor de este asunto es que ni la consellería de Justicia – que gestiona los recursos de la Ciudad de la Justicia – ni los sindicatos, han realizado una crítica abierta al escaqueo organizado de estos funcionarios. Y aún hoy, no han abierto la boca sobre la deleznable amenaza y caza al periodista.

LA VANGUARDIA.

Anónimo dijo...

La Unió de Periodistas Valencianas ha emitido un comunicado que reproduzco por su interés:

“La Unió de Periodistes Valencians denuncia la campanya d’assetjament que està patint el nostre company Ramon Ferrando, redactor del diari Levante-EMV per part de determinats treballadors de la Ciutat de la Justícia de València

En els últims dies a distints departaments de la seu judicial valenciana han aparegut cartells anònims amenaçadors on assenyalen a Ferrando com autor de les informacions que s’han posat de relleu l’actitud poc professional i d’absentisme laboral d’alguns treballadors de la Ciutat de la Justícia.

La Unió de Periodistes considera intolerable que es produïsca aquesta persecució ja no sols al company al que s’identifica fins i tot amb una fotografia, amb mètodes que recorden altres règims, si no també que aquesta campanya s’haja mantingut durant dies en llocs claus del recinte judicial- un edifici públic- sense que cap dels responsables haja pres cap mesura per evitar un intent d’intimidació que va contra la llibertat d’informació i el treball rigorós i contrastat d’un periodista.

La Unió de Periodistes exigeix tant dels treballadors com dels magistrats i fiscals respecte extrem a un dels pilars bàsics del nostre ordenament democràtic i insta a que es prenguen les mesures que calga per eradicar campanyes d’assetjament com la que estem denunciant”.

Anónimo dijo...

¿Algo que decir?