LA ILEGALIDAD DENUNCIADA Y LA ILEGALIDAD DECLARADA.

Es una suerte poder revisar buena parte del camino recorrido por esta Asociación en su defensa del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, y descubrir que, pese al paso del tiempo, el discurso que se ha venido manteniendo desde el momento mismo de nuestra constitución en febrero de 2007 mantiene vigencia y coherencia. Ello tiene una explicación sencilla, pues la reivindicación de los principios y derechos constitucionales, al margen de estrategias marcadas por intereses personales o concretas coyunturas, es una garantía de coherencia y de fortaleza. Así lo hemos podido comprobar recientemente.

Es una suerte, por supuesto, mirar hacia atrás desde la perspectiva que ofrece la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha venido a avalar nuestras tesis, al anular la Oferta de Empleo Público de 2007 por no incluir los puestos vacantes ocupados por interinos y vulnerar, con ello, el derecho fundamental de acceso a la función pública que establece el artículo 23.2 de la Constitución Española.

No ocultamos la satisfacción por el hecho de que quienes han luchado por ese derecho de los ciudadanos sean precisamente los funcionarios de carrera, y no sindicatos ni plataformas de interinos, no agrupaciones de opositores ni academias de preparación, como cabría imaginar desde una óptica de los intereses defendidos.

Cuando se ha logrado el objetivo pretendido, todos los esfuerzos realizados cobran pleno sentido y recompensan. No nos hemos esforzado en vano, y celebramos que el pronunciamiento del Tribunal Supremo no sólo se proyecte sobre la Administración de nuestra Comunidad Autónoma, sino sobre todas las Administaciones Públicas españolas. Con ello podemos afirmar –o reafirmar- que defender la función pública aragonesa ha sido también defender la función pública en el conjunto de nuestro sistema constitucional, al vincular el régimen de acceso a la función pública y la aprobación de las ofertas de empleo público a las exigencias del derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución.

De las muchas consecuencias que cabría extraer del proceso vivido por esta Asociación en su lucha por el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, deseamos destacar la interesada disociación que algunos hicieron entre ilegalidades denunciadas –a las que calificaban como meras opiniones- e ilegalidades declaradas –reservando esta noción únicamente a las recogidas en las sentencias de los tribunales-, olvidando acaso, de forma intencionada, que sólo puede haber una ilegalidad declarada cuando alguien la ha denunciado previamente y ha solicitado un pronunciamiento judicial, superando para ello los numerosos obstáculos procesales que unos y otros procuran siempre levantar para evitar una sentencia como la ahora dictada.

No vamos a referirnos ahora al triste papel que jugaron los sindicatos mayoritarios de la función pública aragonesa –UGT y CCOO-, haciendo causa común con la Administración en la defensa de una Oferta de Empleo Público que ha declarado ilegal el Tribunal Supremo.

Preferimos, en esta nota, recordar la intervención del portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón, Ricardo Berdié, quien en su contestación a la intervención realizada por el Presidente de esta Asociación, Julio Guiral, ante dicha Comisión, alertando de la vulneración de la legalidad en materia de oferta de empleo público, replicó que no podía compartir las opiniones vertidas por la Asociación. Las ilegalidades de las que hablaba esta Asociación, mientras no hubiese sentencias de los tribunales que las declarasen, eran meras opiniones, dijo entonces, opiniones que en modo alguno él podía suscribir. Lamentamos entonces y lo hacemos nuevamente ahora el que algunos de nuestros cargos políticos hayan reducido a su mínima expresión la noción de Estado de Derecho y que la vulneración de la norma, por evidente que resulte, se niegue hasta que no la declare un tribunal.

Se olvidaba de citar, en aquella intervención, el conjunto de dificultades de orden económico y procesal que han de afrontar los ciudadanos para obtener un pronunciamiento judicial que dé amparo a sus derechos constitucionales, como ha sucedido en este caso. No se aludía al empeño de los letrados de la administración y de los sindicatos de la función pública –como UGT y CCOO- para tratar de negar capacidad procesal a esta Asociación para promover su recurso. El pretender privar a una asociación de la más elemental capacidad de acceso a los tribunales para defender la vigencia de los derechos fundamentales da una idea exacta de lo lejos que queda nuestra Administración del ideal de Administración democrática hacia el que debemos caminar.

Pese a ello, vencidos todos los obstáculos, ignoradas las descalificaciones que se nos dirigieron, esta Asociación ha obtenido la sentencia que se nos reclamaba para que nuestra denuncia no se limitara a una simple opinión, formulada en ejercicio de nuestra libertad de expresión. La ilegalidad ha sido declarada por los tribunales, y no por cualquier tribunal, sino por el Tribunal Supremo, y no se trata tampoco de una ilegalidad cualquiera, sino de una vulneración de un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Es posible que quienes desoyeron y rechazaron nuestra opinión nada digan ahora, e incluso intenten, en la medida que les resulte posible, evitar la ejecución de la sentencia ahora dictada, dejando así al descubierto su absoluta falta de compromiso con el Estado de Derecho y, por extensión, con nuestros valores democráticos.