Zaragoza, 20 de mayo de 2008.
En fechas recientes tuvo lugar, en el Edificio Pignatelli y con presencia del Vicepresidente del Gobierno de Aragón, la presentación de un volumen titulado “Estudios jurídicos sobre el Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 (coordinados por la Asociación de Letrados de la Comunidad Autónoma de Aragón)”, iniciativa que sólo podría merecer la aprobación de esta Asociación si no fuese por determinadas circunstancias que la acompañan y que permiten cuestionar la corrección de la actuación de tal entidad y del titular de la Dirección General de Desarrollo Estatutario, en su calidad de miembro de dicha Asociación.
La Presidenta de la citada Asociación, en su apartado de “agradecimientos”, al inicio del citado libro, dedica una especial y elogiosa mención a la Dirección General de Desarrollo Estatutario, por haber apoyado de forma entusiasta el proyecto de libro de la Asociación, para señalar, a renglón seguido, que el titular de dicha Dirección General es “compañero y miembro de esta Asociación”, olvidando añadir su condición de colaborador en la obra editada por el Gobierno de Aragón.
No resulta especialmente estético que iniciativas de este tipo, en lugar de revestir un carácter institucional, se vean capitalizadas por entidades que defienden intereses corporativos –labor muy legítima, pero que ha de ejercerse en el ámbito estricto de las relaciones de servicio- y que ello, además, se respalde abierta y públicamente desde el propio Gobierno de Aragón, confundiendo con ello el Director General de Desarrollo Estatutario su responsabilidad pública con su condición de miembro de una asociación de carácter profesional, consciente de que al apoyar a dicha asociación se apoya a sí mismo, actúa pro domo sua, sin abstenerse siquiera de colaborar en el libro respaldado desde su Dirección General.
Deberían haberse barajado otras fórmulas posibles para evitar esta sensación de patrimonialización de lo público, como también la Presidenta de la Asociación debería evitar hacer figurar su dirección oficial, teléfono y correo electrónico públicos, en la tarjeta con la que se ha distribuido el citado libro, pues creemos que la Asociación de Letrados no puede ni debe tener su sede en el Edificio Pignatelli, como parece desprenderse de dicha tarjeta, salvo que se arbitre una fórmula expresa para el conjunto de las asociaciones interesadas.
En cualquier caso, esta Asociación va a dirigirse al Consejero de Presidencia, con el fin de participarle estas consideraciones, tan contradictorias con el reciente rechazo desde su Departamento a la incorporación de un panel asociativo al Portal del Empleado, desde el que las asociaciones de funcionarios de todo tipo puedan dar a conocer a todos los empleados públicos sus fines y sus actividades.
La Presidenta de la citada Asociación, en su apartado de “agradecimientos”, al inicio del citado libro, dedica una especial y elogiosa mención a la Dirección General de Desarrollo Estatutario, por haber apoyado de forma entusiasta el proyecto de libro de la Asociación, para señalar, a renglón seguido, que el titular de dicha Dirección General es “compañero y miembro de esta Asociación”, olvidando añadir su condición de colaborador en la obra editada por el Gobierno de Aragón.
No resulta especialmente estético que iniciativas de este tipo, en lugar de revestir un carácter institucional, se vean capitalizadas por entidades que defienden intereses corporativos –labor muy legítima, pero que ha de ejercerse en el ámbito estricto de las relaciones de servicio- y que ello, además, se respalde abierta y públicamente desde el propio Gobierno de Aragón, confundiendo con ello el Director General de Desarrollo Estatutario su responsabilidad pública con su condición de miembro de una asociación de carácter profesional, consciente de que al apoyar a dicha asociación se apoya a sí mismo, actúa pro domo sua, sin abstenerse siquiera de colaborar en el libro respaldado desde su Dirección General.
Deberían haberse barajado otras fórmulas posibles para evitar esta sensación de patrimonialización de lo público, como también la Presidenta de la Asociación debería evitar hacer figurar su dirección oficial, teléfono y correo electrónico públicos, en la tarjeta con la que se ha distribuido el citado libro, pues creemos que la Asociación de Letrados no puede ni debe tener su sede en el Edificio Pignatelli, como parece desprenderse de dicha tarjeta, salvo que se arbitre una fórmula expresa para el conjunto de las asociaciones interesadas.
En cualquier caso, esta Asociación va a dirigirse al Consejero de Presidencia, con el fin de participarle estas consideraciones, tan contradictorias con el reciente rechazo desde su Departamento a la incorporación de un panel asociativo al Portal del Empleado, desde el que las asociaciones de funcionarios de todo tipo puedan dar a conocer a todos los empleados públicos sus fines y sus actividades.
3 comentarios:
Plenamente de acuerdo.
Decía el periodista Miguel Angel Aguilar, a propósito del "caso Taguas", que el poder debe sentirse vigilado o controlado, y esa era la finalidad y función de la Cámara de Cuentas de Aragón. Pero es evidente que las Cortes han hecho dejación de su función de control del Gobierno para amparar, con su inactividad, la actuación de todo un entramado empresarial sin control financiero.
Todo es muy grave.
Deduzco que esto de pro domo sua es, para entendernos, como barrer para casa ¿no?
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