Zaragoza, 8 de mayo de 2008.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha dirigido, la pasada semana, sendos escritos de queja a las instituciones del Justicia de Aragón y del Defensor del Pueblo por la vulneración del derecho fundamental de petición por parte de miembros del Gobierno de Aragón, al haber incumplido la obligación de contestar que establece la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución española.
En concreto, y sin perjuicio de futuros escritos de queja, dado el reiterado y generalizado incumplimiento de las obligaciones que corresponden a los miembros del Gobierno de Aragón y altos cargos de la Administración autonómica ante el ejercicio del derecho fundamental de petición por parte de los ciudadanos, la Asociación ha formulado sendas quejas a las citadas instituciones por la falta de respuesta de dos peticiones, dirigidas al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, y al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, al haber transcurrido ampliamente los plazos marcados por la ley. En ninguno de los dos casos, se ha efectuado por los destinatarios el acuse de recibo exigido –dentro de los diez días siguientes a su recepción- ni la obligada contestación a tales peticiones –que ha de notificarse necesariamente dentro de los tres meses siguientes a su presentación-, debiéndose considerar tal inactividad de la Administración como una vulneración del contenido esencial del derecho fundamental.
Las quejas formuladas se refieren a los dos casos siguientes.
Con fecha 3 de octubre de 2007, la Asociación dirigió al Consejero de Presidencia, en ejercicio del derecho fundamental de petición, un escrito en el que solicitaba la adopción de las medidas necesarias para someter al personal eventual al mismo régimen de control de cumplimiento de sus obligaciones establecido para el personal funcionario de carrera, garantizando la publicidad de sus nombramientos y ceses en sus respectivos puestos de trabajo, a través de la publicación de los mismos en el Boletín Oficial de Aragón, corrigiendo, en su caso, las situaciones de absentismo injustificado o incumplimiento de obligaciones que puedan producirse en el conjunto de los órganos de asistencia directa a los miembros del Gobierno de Aragón.
Con fecha 1 de diciembre de 2007, la Asociación dirigió al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, en ejercicio del derecho fundamental de petición, un escrito en el que solicitaba que el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma incorporase la cláusula de revisión salarial pactada entre Administración y Sindicatos en el seno de la Mesa de la Función Pública, para dar con ello cumplimiento a la exigencia legal contenida en el artículo 21.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, al afectar tal Acuerdo de la Mesa de la Función Pública al incremento general de las retribuciones de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Dada la gravedad de la actuación de los responsables máximos de la Administración de la Comunidad Autónoma, la Asociación se ha dirigido al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para solicitarle que imparta instrucciones a todos los miembros del Gobierno y demás altos cargos de la Administración autonómica para que se respete el régimen legal aplicable al ejercicio del derecho fundamental de petición ante los órganos de la Administración autonómica.
En concreto, y sin perjuicio de futuros escritos de queja, dado el reiterado y generalizado incumplimiento de las obligaciones que corresponden a los miembros del Gobierno de Aragón y altos cargos de la Administración autonómica ante el ejercicio del derecho fundamental de petición por parte de los ciudadanos, la Asociación ha formulado sendas quejas a las citadas instituciones por la falta de respuesta de dos peticiones, dirigidas al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, y al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, al haber transcurrido ampliamente los plazos marcados por la ley. En ninguno de los dos casos, se ha efectuado por los destinatarios el acuse de recibo exigido –dentro de los diez días siguientes a su recepción- ni la obligada contestación a tales peticiones –que ha de notificarse necesariamente dentro de los tres meses siguientes a su presentación-, debiéndose considerar tal inactividad de la Administración como una vulneración del contenido esencial del derecho fundamental.
Las quejas formuladas se refieren a los dos casos siguientes.
Con fecha 3 de octubre de 2007, la Asociación dirigió al Consejero de Presidencia, en ejercicio del derecho fundamental de petición, un escrito en el que solicitaba la adopción de las medidas necesarias para someter al personal eventual al mismo régimen de control de cumplimiento de sus obligaciones establecido para el personal funcionario de carrera, garantizando la publicidad de sus nombramientos y ceses en sus respectivos puestos de trabajo, a través de la publicación de los mismos en el Boletín Oficial de Aragón, corrigiendo, en su caso, las situaciones de absentismo injustificado o incumplimiento de obligaciones que puedan producirse en el conjunto de los órganos de asistencia directa a los miembros del Gobierno de Aragón.
Con fecha 1 de diciembre de 2007, la Asociación dirigió al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, en ejercicio del derecho fundamental de petición, un escrito en el que solicitaba que el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma incorporase la cláusula de revisión salarial pactada entre Administración y Sindicatos en el seno de la Mesa de la Función Pública, para dar con ello cumplimiento a la exigencia legal contenida en el artículo 21.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, al afectar tal Acuerdo de la Mesa de la Función Pública al incremento general de las retribuciones de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Dada la gravedad de la actuación de los responsables máximos de la Administración de la Comunidad Autónoma, la Asociación se ha dirigido al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para solicitarle que imparta instrucciones a todos los miembros del Gobierno y demás altos cargos de la Administración autonómica para que se respete el régimen legal aplicable al ejercicio del derecho fundamental de petición ante los órganos de la Administración autonómica.
3 comentarios:
Magnífico, sigamos así.
Es más que lamentable la actitud de un gobierno incapaz de ajustarse a la ley y de respetar algo tan elemental como el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Qué pretenden lograr con una actitud semejante?
La Asociación parece con empuje, algo que es de celebrar.
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