miércoles, 27 de mayo de 2015
DIÁLOGO, COOPERACIÓN Y LEGALIDAD.
En
tiempos de incertidumbre –como los marcados por los resultados electorales del
pasado domingo-, importa mucho reafirmar los principios que han de servir de
guía en el comportamiento personal y colectivo. No podemos anticipar los
efectos que las pasadas elecciones autonómicas puedan tener en el
funcionamiento de las Administraciones Públicas, pero parece muy probable que
los servidores públicos van a ver sometidas a prueba todas sus virtudes
profesionales, entre las que se incluyen las de imparcialidad y compromiso con
la legalidad. No corresponde a los funcionarios marcar objetivos de la acción pública
–ni impedir u obstruir los fijados por el Gobierno legítimo-, pero tampoco es
posible olvidar el necesario sometimiento a la legalidad que corresponde a toda
decisión administrativa. El incumplimiento de la legalidad no es una
alternativa posible en el Estado de Derecho.
Esta
Asociación afronta el nuevo periodo reafirmando su plena confianza en valores
como el diálogo, la cooperación y la legalidad. Valores que valen –si se admite
la expresión- en todo lugar y circunstancia, pero que resultan indispensables en
aquellos espacios, como son las Administraciones, en los que se hallan en juego
el interés general y la realización de los derechos de los ciudadanos.
Hay
que saber que el diálogo es un modo necesario –en toda circunstancia- para
buscar soluciones compartidas, para avanzar en el respeto mutuo, para generar
confianza y solidaridad en todos los ámbitos, ya sea social como institucional.
El diálogo sirve para conocer las razones del otro y para poder sopesarlas, sin
necesidad de compartirlas, pero acaso hablar –y hacerlo con respeto- sirva para
descubrir los muchos matices que la realidad contiene, evitando los esquematismos
falsos que los prejuicios y la incomunicación producen. Nadie es propietario de
la verdad, pues la verdad es una permanente búsqueda en la que es
imprescindible la aportación de los demás. El diálogo nos permite avanzar en
esa búsqueda.
Hay
que practicar y fomentar el diálogo y la colaboración tanto en los círculos
sociales como en el seno de las instituciones. Las Administraciones Públicas,
donde el principio de jerarquía ha desplazado en muchas ocasiones el necesario
diálogo y la búsqueda de decisiones participativas e inteligentes, están
carentes de capital social suficiente, ese conjunto de relaciones de confianza
y cooperación recíproca que hace más eficiente el trabajo de todos, y que
permite aprender del consejo y la experiencia de quienes han acumulado
conocimiento tras años de actividad. El conocimiento ha de compartirse en las
organizaciones, y ha de evitarse su utilización como patrimonio individual, al
servicio de objetivos exclusivamente personales, como son la propia promoción
profesional.
El
diálogo y la cooperación han de tener como límite y como objetivo el respeto a
la legalidad, según impone la realidad de nuestro Estado de Derecho. Las normas
son la garantía de los derechos de todas las personas, particularmente de las
que cuentan con menos poder o menos recursos
económicos, y los avances sociales habrán de traducirse, necesariamente, en el
cambio de las normas, en la evolución del ordenamiento jurídico, nunca en su
incumplimiento.
El
progreso no puede asentarse, de ningún modo, en el desprecio hacia la legalidad. La
ilegalidad es intrínsecamente antidemocrática, pues supone una infracción de la
ley votada por la mayoría de los ciudadanos, lo que le otorga su legitimidad
democrática, y representa un fraude a la solidaridad colectiva. No es
admisible, por ello, que los servidores públicos puedan admitir excepciones a
la aplicación de la ley, o colaboren en olvidos selectivos que interesan al
poder político de turno o marcan un trato privilegiado de unos ciudadanos
respecto a otros.
La
legalidad, la cooperación y el diálogo son principios a tener en cuenta para
afrontar nuevos escenarios ciudadanos e institucionales, en los que el
pluralismo y las diferencias de planteamientos se incrementan, y esos valores
debemos reivindicarlos y practicarlos en el seno de las Administraciones Públicas,
tanto al inicio de una nueva legislatura, para ajustar los engranajes de
Gobierno y Administración a la orientación de la gestión pública que legítimamente
se establezca, como en el desarrollo de la actividad pública, pues legalidad,
cooperación y diálogo son principios que favorecen la buena administración y
que permiten avanzar hacia una sociedad decente, objetivo último que debiéramos
compartir la inmensa mayoría de los ciudadanos, y al que todos hemos de aportar
nuestro esfuerzo y nuestra capacidad de diálogo. También, y de forma inexcusable, los servidores públicos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


1 comentario:
A los nuevos diputados se les debería informar de todo lo acontecido en la Administración autonómica durante estos últimos años para que tengan una visión lo más plural posible. No hay que dejar que la información les llegue desde uno o dos puntos de vista.....
Publicar un comentario